El pasado 21 de marzo Rafael Blanco, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, fue entrevistado por el diario El Mercurio (página A4) sobre “la tensión entre política y justicia en América Latina”. En su análisis Blanco enfatiza en el escenario social e institucional de los países donde han existido casos de corrupción que han afectado a diferentes autoridades políticas de la región y se refiere en particular a los casos de Argentina y Brasil.
El académico señala que todas las investigaciones contra los expresidentes parten de un nuevo escenario social e institucional y que habría tres fenómenos que coinciden en estos países. El primero de ellos, que “ha habido muchas reformas importantes en los últimos 20 años en América Latina a los sistemas de persecución y enjuiciamiento penal, las que han empoderado a las instituciones judiciales”. Uno segundo, que en todos estos países “ha existido un deterioro de los procesos políticos – democráticos y fuertes casos de corrupción”. Y el tercero, que “hay una ciudadanía menos tolerante a la corrupción, que exige más transparencia y respuestas más inmediatas”.
Sobre la tensión en sí, Blanco postula que esta podría producirse justamente porque la autonomía judicial está funcionando: “cuando la política no logra cumplir con sus metas y las demandas ciudadanas y se cometen delitos de fraude electoral o financiamiento irregular de la política, lo que los ciudadanos esperarían es que el Poder Judicial actúe. Ahora tiene que hacerlo en un contexto de legitimidad y respetando el principio de inocencia”.
En el caso de Argentina, el abogado afirma que “hay un problema en la generación de los miembros del Poder Judicial, asociado a organismos que están muy politizados, como el Consejo de la Judicatura. Hay gobernadores que tienen mucho poder político y que muchas veces logran extender ese poder político en los nombramientos de los fiscales”. Y señala que uno de los desafíos de este país es justamente “mejorar los niveles de independencia de los jueces”. Además critica la reforma impulsada por el actual gobierno asegurando que va en “dirección equivocada”. “Me parece que la reforma argentina debilita la autonomía del Poder Judicial y de los fiscales”, finaliza Blanco.
En el caso de Brasil, Blanco señala que no existe una separación real entre los roles de control de la investigación y de juicio. Este país “tiene un sistema acusatorio y ministerios públicos bastante autónomos, y la Corte Suprema goza de bastante legitimidad”. El problema es que los fiscales tienen un poder muy grande que no necesariamente se controla adecuadamente”. Explica que “aun cuando los países tengan ministerios públicos muy autónomos, si esa autoridad se traduce en niveles de descontrol o falta de accountability, puede pasar que un fiscal en medio de la crisis política que muchos países viven pueda comenzar a generar su propia agenda y verse a sí mismo como el ‘salvador de la democracia’. Esta situación representa un peligro dado que los fiscales “representan uno de los intereses – el de persecución penal de la comunidad-“ pero no son el único actor que debe garantizar el proceso penal, porque de esa manera “el principio de inocencia quedaría destruido”.
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