Eduardo Abarzúa, investigador del CiPP y vicerrector académico de la UAH, fue entrevistado por la periodista Mirna Schindler en el programa AlPanPan de El Mostrador, donde analizó la desvinculación temprana de Isabel Amor del Sernameg desde una debilidad de origen del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
En el programa ALPanPan de El Mostrador, Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue entrevistado por la periodista Mirna Schindler para conocer su opinión sobre el caso de la profesional Isabel Amor, quien fue desvinculada 48 horas después de haber asumido como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) de la Región de Los Ríos por la causal de “pérdida de confianza”.
En la entrevista, Eduardo Abarzúa es taxativo cuando señala que “este caso agrava un problema de origen del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP)”.
El académico explica que con el sistema de ADP las personas son seleccionadas a través de un largo proceso basado en el mérito, pero son desvinculadas sin que la autoridad esté obligada a expresar causas que estén vinculadas con su desempeño. Desde el día en que son nombradas quedan sujetas a la exclusiva confianza de la autoridad, facultad que es y ha sido aplicada con total autonomía.
Además, el vicerrector académico de la UAH explica que existen datos que comprueban que, al término del primer año de gobierno, en cada uno de los cambios de coalición, el 40% de las y los directivos de primer nivel han sido desvinculados, y esa cifra llega al 60% en el segundo año.
Sobre la situación de la profesional Isabel Amor, Eduardo Abarzúa comenta que se trata de la “extralimitación de una facultad que la ley ha dado a las autoridades”. Asimismo, explica que los datos comprueban que se trata de una facultad que es utilizada y es uno de los déficit de la reforma.
En países más avanzados en estos temas, a los directivos públicos, “se les pide neutralidad política y lealtad con el ejecutivo. No se les pide que adhieran a temas que no son medibles”.
El investigador del CiPP señala que la situación de Isabel Amor, como también algunos de los elementos que han aparecido en el caso “Hermosilla”, hacen urgente la necesidad de una reforma del sistema de ADP. Recuerda que, en los dos procesos constitucionales, integró algunos de los grupos que presentaron propuestas en esta dirección.
Para Eduardo Abarzúa, existe suficiente evidencia que indica que las y los directivos públicos deben ser nombrados y desvinculados por razones de mérito y desempeño, y no por exclusiva confianza. Es decir, “un directivo público sólo debería ser removido por razones vinculadas con el incumplimiento a su convenio de desempeño”, concluye.
Si quieres escuchar la entrevista completa, puedes hacerlo en el siguiente enlace:
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