Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional
diciembre 2021
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso junto a Isabel Aninat, en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre la necesidad de garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial en la nueva constitución.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso el lunes 20 de diciembre ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, junto a Isabel Aninat S., Decana de la Facultad de Derecho de la UAI, sobre el acceso a las funciones y empleos públicos en el contexto de una propuesta para garantizar un servicio civil profesional e imparcial en la Nueva Constitución. El texto base de su exposición fue suscrito por más de 100 personas que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y/o al ejercicio de la función pública. Entre ellos/as hay académicos/as de diversas universidades nacionales, dentro de las cuales participan los investigadores asociados al CiPP, Paulette Landon, Eduardo Saavedra, Cecilia Osorio, Ignacio Cienfuegos, Pedro Güell, y Héctor Oyarce, como también Miriam Henríquez, Eduardo Abarzúa, Rafael Blanco y el propio Rajevic, quienes además son parte del Núcleo Constitucional de la UAH.
El profesor Rajevic parte señalando cómo la constitución actual aborda la temática del empleo público y cómo lo han hecho anteriores textos constitucionales. Señala, “el artículo 19, número 17 de la actual constitución reconoce el derecho de acceso a las funciones y empleos públicos y lo hace siguiendo un texto muy parecido que tienen las constituciones de 1833 y 1925”. Este artículo señala textualmente “La constitución asegura a todas las personas la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes, sin que exista la posibilidad de recurso de protección por infracción a esta garantía fundamental”.
Sobre las implicancias en el tiempo de esta norma, Rajevic señala: “desde el siglo XIX a la fecha esta norma no se ha transformado en algo equivalente a la existencia de un concurso público o un acceso igualitario a los empleos públicos por parte de las personas”, según explica esto ocurre porque los “otros requisitos” a los que alude el texto constitucional se entendió que debían mirar el mérito y la idoneidad, pero no se llegó a la conclusión que eso implicaba realizar concursos públicos.
De hecho, agrega el académico, “la constitución de 1925 quiso reaccionar a esto al establecer la idea de que el acceso a los empleos públicos fuera a través de un Estatuto Administrativo”. De esa manera, se pensó que se podía garantizar el mérito, pero …” no se dijo nada más y en la práctica, los comentaristas tanto desde el punto de vista jurídico como desde la gestión, nos dicen que hubo clientelismo y patronazgo”.
Respecto a la constitución de 1980, el profesor Rajevic señala que esta repite esta misma norma “y agrega en el artículo 38 la idea de la carrera funcionaria”, y si se mira este artículo “dice que la ley tiene que garantizar una carrera funcionaria y que para acceder a esa carrera se debe hacer de una manera que sea igualitaria”.
Sin embargo, si se mira la realidad del empleo público hoy, se observa un segmento de carrera funcionaria, un segmento de exclusiva confianza, y los demás sistemas de empleo ” que uno podría pensar que son poquitos”, pero “en la práctica lo que ocurre hoy es que casi tres cuartas partes del empleo público corresponde a una categoría que se llama empleo a contrata”, al que las personas entran en forma directa, sin pasar por un concurso público.
El otro grupo importante que forma parte de “los otros sistemas de empleo”, son las personas que están contratadas bajo la modalidad de honorarios y que prestan servicios de manera permanente, los que tampoco ingresan a través de un concurso público.
En materia de cifras, los académicos entregaron un completo documento a la Comisión, sin embargo, mencionan algunas que resultan muy llamativas y preocupantes, que muestran que en diez años, desde el 2011 al 2020, la dotación de personas que trabajan en el Estado ha pasado de 220.000 a 236.000, con una muy baja proporción de personas bajo la modalidad de planta y un aumento preocupante de las “otras categorías de empleo, a contrata y honorarios que no están obligadas a ingresar por sistemas de concurso público.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, al 2020, de las 336.000 personas que integran la dotación, hay sólo 93.000 que son de planta, y de esos una parte son de “exclusiva confianza”, por lo que “ni siquiera decimos que los 93.000 entran bajo un sistema de concurso”, afirma el profesor Rajevic.
Y, si se mira a la categoría de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, “nos encontramos con que aquellos que están en jornada completa son 30.000 al 2020 y el 2011 eran 20.000, es decir, no han ido cayendo”, lo que hablaría de la falta de eficacia del programa de reconversión que se aplicó los últimos años, “…lo que muestran las cifras es que de nuevo crecen”. Por su parte, las personas en la modalidad “a contrata” también aumentaron los últimos diez años, pasando de 121.000 el año 2011 a 228.000 el año 2020.
Enrique Rajevic es enfático al señalar, como conclusión de estos datos, que “el gran crecimiento del empleo público los últimos diez años se está dando en las otras categorías de empleo, sin garantizar a las personas que cuando el Estado hace una convocatoria para un cargo público, lo hace de una manera que garantice la igualdad de oportunidades”.
Explica que toda esta situación se agrava aún más cuando en el año 2017 la Dirección del Servicio Civil dicta una norma que señala que cuando se ingresa a un cargo público bajo la modalidad a contrata o bajo el código del trabajo, que tampoco tiene la exigencia de concurso público, “ es necesario un procedimiento transparente de reclutamiento y selección basado en el mérito, que tiene que tener un perfil, una comisión”, pero que sin embargo, “tiene una letra chica” al señalar que esas exigencias pueden no cumplirse si la autoridad por resolución fundada resuelve no aplicarlas.
Según las cifras que entrega el académico para los años 2018, 2019 y 2020, sólo en el 50% aproximado de las convocatorias realizadas en el sector público, se aplicó la regla establecida por el Servicio Civil, por lo que se puede concluir que “en la mitad de los casos, se entra a dedo”, afirmó Rajevic.
Termina su exposición, señalando que “nuestro punto es que esto tiene que cambiar transformando el derecho fundamental que hemos tenido hasta el momento”.
En la segunda parte de la exposición ante la Comisión de Derechos Fundamentales, la académica Isabel Aninat, presentó las principales propuestas del grupo de académicos que están representando, y que buscan replantear la forma cómo se ha formulado el derecho fundamental en la constitución vigente.
Proponen seis puntos que debería considerar la nueva constitución, dentro de los cuales, se considera establecer que el empleo público respete y promueva criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género; que se consagre el deber de respetar el carácter técnico y profesional del empleo público, asi como la dignidad de todas las personas en las distintas etapas de la carrera funcionaria; que en materia de derechos colectivos se consagre el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, aplicando al sector público las mismas normas del sector privado; y que en el nivel regional y municipal se apliquen los mismos principios y estamentos, sin perjuicio de mantener, como hasta ahora, cierta flexibilidad para las municipalidades.
Los académicos concluyen su exposición, reafirmando la necesidad de establecer una distinción nítida entre “gobierno” y “administración”, señalando que sólo con dicha distinción se podrán llevar a cabo políticas de largo plazo y con una mirada integral sobre la administración pública y se podrá lograr “ un servicio civil profesional e imparcial para Chile y así construir un mejor Estado”.
Para revisar la presentación ante la comisión, revisa este LINK en el minuto 1:11:35.
Para conocer el texto completo con las propuestas entregadas a la Comisión, puedes revisarlo en este enlace.