El mundo político en la realidad desconfía de aquellos que no han sido nombrados por su propia coalición
diciembre 2022
Eduardo Abarzúa analiza los despidos al interior de los organismos del Estado
“Es un hecho el fracaso del espíritu de la Alta Dirección Pública (ADP), como es evidente que el sistema necesita un cambio mayor”, señala el Vicerrector Académico de la UAH e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH, Eduardo Abarzúa, en una entrevista realizada por el diario La Tercera que analiza las cifras que revelan que un 52,7 % de personas con cargos directivos en el aparato estatal han sido desvinculadas en los ocho meses que lleva el gobierno.
Abarzúa fue miembro del Consejo Superior de Alta Dirección Pública entre el 2014 y el 2021, entidad que tiene por tarea aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública, administrar el sistema y preseleccionar a algunos de los candidatos para ocupar cargos estatales. Para el académico los despidos masivos que se observan con el cambio de cada nuevo gobierno demuestran que este organismo no está funcionando bien y que requiere de transformaciones importantes.
El Vicerrector Académico de la UAH afirma que el sistema “dejó una puerta abierta” donde además del mérito que debe poseer la persona seleccionada para el cargo debe contar con la exclusiva confianza del ejecutivo. “El filtro de mérito se produce para seleccionar a las personas, pero para despedir basta invocar la pérdida de confianza, dado que el actual modelo de ADP los considera como funcionarios de exclusiva confianza en cuanto a su remoción, lo que les permite desvincularlos sin expresión de causa”, destaca Abarzúa.
Para el especialista existe un problema cultural ya que si bien la ley permite las desvinculaciones, cada gobierno en Chile muestra que solo creen y se fían de las personas que pertenecen a su círculo. “El mundo político en la realidad desconfía de aquellos que no han sido nombrados por su propia coalición, por lo que se usa al máximo la discrecionalidad para el despido de aquellos en cuyo nombramiento no se participó. En los hechos, el sistema de ADP se usa como un instrumento para seleccionar profesionales idóneos, pero políticamente ‘cercanos’ al gobierno de turno”, puntualiza el académico.
Cada concurso público para elegir un funcionario ADP le cuesta al Estado $10 millones para los cargos de primer nivel jerárquico y $7,5 millones para los cargos de segundo nivel.
Puedes revisar esta entrevista en el siguiente enlace.