Empleo público en Chile: ¿Por qué no avanzamos?
¿Por qué no avanzamos? fue la interrogante planteada a las y los expertos que participaron en el primer panel del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el CiPP de la UAH.
El primer panel de reflexión realizado en el marco del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) fue moderado por el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, y tuvo como foco conversar acerca de las razones que explican que el mundo político no le dé prioridad a modernizar el modelo de empleo público chileno pese a sus evidentes carencias. Participaron de esta conversación, el coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos, la cofundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo asesor de la Fundación Pivotes, Amaya Fraile, y el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris.
El coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos señaló que existe una deuda en cuanto a la modernización del Estado enfatizando que hay una inmovilidad y que es necesario indagar en las causas de esta situación. Un primer elemento que menciona es que Chile fue reconocido por tener un estatuto público común, ”más allá de la legitimidad de su origen”. Por ello, una de las preguntas que se deben responder es “¿Qué pasó con el estatuto unificador?” destacando que esta normativa hizo que Chile fuese reconocido por tener un estatuto administrativo que logró aunar al sector público con todas sus complejidades.
Lavanderos explicó que la situación actual es muy diferente, dado que existe “una hipertrofia de los sectores y subsectores públicos” y hay sectores donde el estatuto administrativo es incluso minoritario como norma general. “(…) y estamos llenos de normas especiales, y hemos producido una atomización en la reglamentación y en la normativa que rige el sector público chileno”.
Para ejemplificar se refiere a la situación compleja que se da en el sector de la salud donde no existen estatutos comunes, sino que hay cuatro leyes diferentes para los médicos. Incluso a las y los facultativos que trabajan en urgencia se les aplican tres normativas distintas. “En definitiva, actualmente existe una gran diversidad para gestionar la administración pública y no existe un patrón único”. Concluye Lavanderos este punto señalando que esta situación ha hecho repensar el origen y genera la pregunta válida “de si Chile necesita o no un estatuto único de empleo público o nos vamos por el camino de los estatutos sectoriales”, y aunque la pregunta no sea fácil de responder, de no querer hacerla “mover la aguja del empleo público, no será fácil”.
En su intervención, la cofundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Pivotes, Amaya Fraile, plantea que es importante precisar cuál es el concepto de “empleo público” que se quiere analizar, que no se limita a quienes están regidos por el estatuto administrativo sino “a todos quienes trabajan en el Estado” que según sus estimaciones llegaría a un millón de personas aproximadamente. Por lo que cuando se habla de empleo público se habla de una gran diversidad, donde se han ido creando distintos estatutos y normativas para distintos grupos dentro del Estado.
En opinión de Fraile, esta atomización de normas también es una causa que ha complejizado la modernización del Estado y ha producido una inamovilidad, a raíz de la gran cantidad de estatutos que existen “le dan poder a la inamovilidad porque surge la pregunta ¿Qué parto reformando? (…) esta realidad le ha dado poder al estatuto para que no se toque”.
Amaya Fraile, sostuvo que no solo se debe buscar la solución a través de la “inamovilidad per se” que permite que las personas no sean desvinculadas de la administración pública sino que también le parece que es importante ver qué aspiraciones tienen los funcionarios para su carrera. “Creo que es importante analizar qué es lo que quiere ese empleado público de su carrera recordemos que se aplicó una consulta pública que se aplicó antes del anteproyecto de ley y que tuvo 58.000 mil respuestas donde participaron el 60% de funcionarios y un 40% de no funcionarios. Los resultados mostraron que existía un 90% de acuerdo para que existiera una única modalidad contractual con indemnización por despido es decir yo no sé si eso sea lo mismo que inamovilidad”, expuso la panelista.
La especialista declaró que es importante plantearse ¿qué es lo que buscamos?¿Qué necesitamos del empleo público para que sea productivo? ¿Buscamos un Estado que responda a las necesidades de sus ciudadanos o a la estabilidad de sus funcionarios?. “Me parece que son dos preguntas que debemos hacernos tratando de llegar a un equilibrio y no tengo la respuesta de cuál puede ser ese equilibrio”.
Finalmente, cerrando este panel, el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris, expresó que para responder la pregunta del panel “¿Por qué no avanzamos” es fundamental tener en claro que cuando se diseña cualquier tipo de sistema institucional referido al empleo “hay que resolver un problema de agencia” que implica solucionar el problema entre las expectativas que tienen los políticos y el sistema político y las que tienen en este caso las y los empleados públicos y la administración, situación que no está resuelta en Chile. “Creo que la clave es cómo logramos definiciones, más allá de los estatutos, que se traducen en normas y leyes de rango constitucional y otras de rango legal para lograr separar las carreras de los políticos de aquellos que están en la administración pública, cómo hacemos muy costoso cambiarse de un lugar a otro”.
París señaló que es importante escuchar a las personas y manifestó su preocupación por los datos entregados por la última encuesta, CEP, correspondiente al periodo septiembre a octubre de 2023, que reveló que el 59% de las y los encuestados considera que el nivel de corrupción es mucho mayor que hace 5 años atrás. “No recuerdo que los datos que se muestran tuvieran esta magnitud en encuestas anteriores. Lo más alarmante es que el 73% percibe que la corrupción está extendida en el servicio público a mucha gente o en casi toda la gente. Entonces cuando hablamos de empleo público es vital poner atención en la percepción y expectativas que tiene la ciudadanía acerca de lo que hace el Estado y sus funcionarios y funcionarias”.
El decano de la FEN de la Universidad Santo Tomás, consideró también que es importante mirar la tradición del empleo público en Chile para aprender de esta experiencia y no volver a copiarla ya que el modelo de empleo público antes de los noventa y del golpe de Estado era un modelo de patronazgo. “No era un modelo de carrera funcionaria lo que no es solo una característica chilena sino en el mundo, probablemente los países más desarrollados migraron desde los modelos de patronazgo a los de mérito”.