Blog

Ignacio Cienfuegos, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, lidera  proyecto que conformó un panel técnico para retroalimentar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026-2037.

En el marco de la colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Ministerio del Deporte (MINDEP), el pasado 5 de abril de 2025 se constituyó en la Universidad Alberto Hurtado el panel técnico consultivo encargado de revisar y retroalimentar el borrador de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026-2037. La iniciativa, liderada por Ignacio Cienfuegos, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, busca enriquecer el proceso de actualización de este instrumento clave para el fomento de la actividad física en el país mediante una consultoría adjudicada en julio de 2024, y con término en mayo de 2025.

La reunión de constitución del Panel Técnico se realizó en la Sala de Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y contó con la participación de destacados expertos y expertas en política deportiva, así como de autoridades del Ministerio del Deporte, entre ellas la subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos, el jefe de la División de Política, Iván Castro, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Paulette Landon. También asistió el equipo académico UAH que impulsa la actualización de la política: Karina Retamal, Ana Farías y Francesco Penaglia. 

Ahora, el panel técnico deberá pronunciarse sobre el borrador de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026–2037, entregar recomendaciones de ajuste y proponer orientaciones para la actualización del Plan Estratégico Nacional del MINDEP, así como de los futuros planes de acción regionales asociados, en un proceso que ha convocado a más de 23,000 personas. Sobre este proceso, la subsecretaria Emilia Ríos señaló: “Ha sido muy importante contar con las voces de personas que por su trayectoria y participación en distintas instancias conocen el mundo de la actividad física y el deporte desde una mirada experta. Es por eso que los hemos convocado hoy para compartir con ellos todo lo que hemos levantado en este proceso y recoger los últimos comentarios y observaciones previo a avanzar al documento final que va a fijar la hoja de ruta del deporte y la actividad física en los próximos 12 años en nuestro país”.

Por su parte, Ignacio Cienfuegos explicó que «el panel de expertos y expertas está constituido por académicos, expertos, especialistas en políticas deportivas, pero también hay integrantes de organizaciones deportivas, tanto de alto rendimiento como a nivel de actividad física, así como entidades subnacionales. Entonces este panel básicamente tiene por objetivo retroalimentar y entregar observaciones a este borrador de propuestas que nosotros ya hemos construido a partir de todos los diálogos territoriales que se hicieron con la sociedad civil, con pueblos originarios, con niños, niñas y adolescentes, y con el intersector».

El panel técnico está conformado por las siguientes personas: Tito Pizarro (Universidad de Santiago de Chile), Carlos Matus (Universidad Católica de la Santísima Concepción), Rodrigo Soto (Universidad de Santiago de Chile), Miguel Ángel Mujica (Comité Olímpico de Chile), María Loreto González (Comité Olímpico de Chile), Sebastián Villavicencio (Confederación de Organizaciones Paralímpicas de Chile), Carolina Picasso (Olimpiadas Especiales Chile), Marco Antonio Verni (Club Deportivo Universidad Católica), Cristián González (Asociación de Municipalidades de Regiones), Andrés Chacón (Asociación de Municipalidades de Chile), Francisca Crovetto (medallista olímpica), Gustavo Alessandri (Asociación Chilena de Municipalidades) y Maickel Avilés (Asociación Chilena de Instituciones Privadas de Educación Física).

Carlos J. García, investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, publicó un artículo en la revista Observatorio Económico sobre los riesgos de las tarifas comerciales de Trump y su impacto en la economía global, tras 100 días de su mandato.

En la última edición de la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico UAH, analiza los primeros 100 días de la política comercial de Donald Trump en 2025. En su artículo, el investigador examina cómo las tarifas arbitrarias impuestas a diversos países han generado incertidumbre en los mercados financieros globales, contribuyendo al debate sobre las interconexiones entre comercio, finanzas y macroeconomía en un contexto de tensiones económicas internacionales.

El investigador CiPP destaca que, aunque Wall Street inicialmente subestimó las medidas de Trump, el impacto se manifestó en una caída significativa del valor de los bonos del Tesoro estadounidense, poniendo en riesgo la estabilidad del dólar. Además, explica que la respuesta de actores como China ha escalado el conflicto, intensificando las tensiones comerciales. 

Finalmente, Carlos J. García subraya que estas políticas podrían desencadenar una guerra comercial global, con el potencial de provocar una recesión económica debido a la profunda interdependencia entre los sistemas comerciales y financieros. 

Te invitamos a leer el artículo completo en la revista Observatorio Económico.

El investigador del CiPP Nicolás Fleet, junto a Alexis Cortés, ambos académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, abordaron en El Mercurio críticas al proyecto de ley “Financiamiento para la Educación Superior”, clarificando su diseño en el debate educativo.

En una serie de cartas al director en El Mercurio, tituladas «FES, ni impuesto ni injusto», Nicolas Fleet, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), junto a Alexis Cortés, director del Doctorado en Sociología de la UAH, han respondido a los cuestionamientos realizados en este mismo medio  sobre el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES), destacando su diseño como un contrato contingente al ingreso que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE) y promueve equidad en el financiamiento educativo. 

En una serie de tres cartas publicadas como réplica a una primera y subsiguientes cartas de investigadores de CLAPES UC y de otros expertos, que criticaban el sistema FES, Fleet y Cortés refutan la idea de que la retribución del FES sea un «impuesto», destacando que se trata de una decisión voluntaria de estudiantes e instituciones. Además, argumentan que la retribución contingente al ingreso, respaldada por expertos destacados y referentes internacionales en la materia como Nicholas Barr, asegura la autosustentabilidad del sistema. “Como planteó el mismo Nicholas Barr sobre el FES, el pasado 8 de abril: «La reforma tiene buen diseño y entrega una base sólida para desarrollos futuros”, comentan en una de las cartas publicadas.

Los investigadores del CiPP también defienden la regulación de aranceles que se propone con el proyecto de ley, que reemplaza el copago en deciles de mayores ingresos, como una medida para evitar distorsiones vistas en el CAE. Finalmente, aclaran que el FES es un contrato contingente con retribución basada en ingresos, no un impuesto, y que la regulación de aranceles y vacantes es compatible con la autonomía universitaria, contrario a la idea que postulan quienes critican el modelo, enfatizando la necesidad de realizar ajustes para garantizar sostenibilidad sin comprometer la equidad del sistema. 

¿Qué es FES?

El Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) es un nuevo sistema que reemplaza al CAE y otros instrumentos similares,  sujeto a la aprobación del proyecto de ley por el Congreso Nacional, que crea un sistema único que permitirá a cada estudiante cursar una carrera de educación superior sin pago de matrícula ni arancel durante sus estudios. Una vez egresados y con una ocupación laboral, los beneficiarios retribuirán al FES con un porcentaje de sus ingresos, que se ajusta según la renta del individuo

Te invitamos a leer la serie de cartas, tituladas FES: Ni impuesto, ni injusto, en El Mercurio.

María José Valdebenito y Nicolas Fleet, investigadores CiPP y académicos UAH, participaron en un seminario organizado por la Subsecretaría de Educación Superior y el Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, donde se abordaron temas relativos a trayectorias de formación, modernización del financiamiento de la educación superior, generación de conocimiento y desafíos de empleabilidad y complejización de los puestos de trabajo, como parte de las actividades de este Consejo Asesor.

El pasado 24 de abril de 2025, María José Valdebenito y Nicolas Fleet, investigadores asociados al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académicos de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participaron en el  seminario internacional “Desafíos para la construcción de un nuevo horizonte en educación superior”, organizado por la Subsecretaría de Educación Superior y el Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior. El evento realizado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, reunió a 48 expertos y expertas para debatir tópicos relativos a  las trayectorias de formación y los aportes al desarrollo de Chile; la modernización del financiamiento de la educación superior; la dinamización y reorganización de la generación de conocimiento y, por último, los desafíos de empleabilidad y complejización de los puestos de trabajo. En la ocasión, se contó con una charla central de la economista británica Lorraine Dearden,  académica de la University College London, titulada “La reforma al sistema de créditos estudiantiles en Chile. Evaluando la carga financiera y tasas de pago del FES”.

María José Valdebenito, experta en Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP), participó en el panel “La educación superior ante los desafíos de empleabilidad y complejización de los puestos de trabajo”, presentando su ponencia “El claroscuro de la articulación con los sectores socioproductivos en EFTP”. Por su parte, Nicolas Fleet moderó el panel “Dinamización y reorganización de la generación de conocimiento”, facilitando el diálogo con los académicos José Joaquín Brunner de la Universidad Diego Portales, Ronald Cancino de la Universidad de la Frontera, Silvia Díaz Acosta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para Desarrollo, y Carla Fardella de la Universidad Andrés Bello. 

Ambos investigadores CiPP integran el Consejo Asesor del Ministerio de Educación (Mineduc), creado en noviembre de 2024 con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Valdebenito participa en la comisión “Trayectorias Formativas y Procesos Académicos”, mientras que Fleet coordina la comisión “Arquitectura y Gobernanza del Sistema de Educación Superior”.

Te invitamos a revisar la participación de los investigadores en la transmisión del seminario:

Bloque 2 – Seminario internacional «Desafíos construcción de nuevo horizonte en educación superior»

Bloque 4 – Seminario internacional «Desafíos construcción de nuevo horizonte en educación superior»

La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez, alerta sobre decisiones regresivas en Hungría, EE.UU. y Reino Unido que amenazan derechos de diversidades sexuales.

Miriam Henríquez, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó una columna de opinión en La Tercera titulada «Ofensiva global contra las diversidades sexuales«, donde examina decisiones recientes en Hungría, Estados Unidos y el Reino Unido que restringen los derechos de las personas LGBTI+.

En su análisis, Henríquez detalla cómo el Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional a mediados de abril que prohíbe actos públicos de la comunidad LGBTI+ y define solo dos sexos, masculino y femenino, según el sexo biológico al nacer, excluyendo a personas transgénero, intersexuales y no binarias. Asimismo, Miriam Henríquez también señala el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.168, que limita el reconocimiento de género y elimina protecciones contra la discriminación. Además, la investigadora menciona el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que excluye a mujeres trans de la definición legal de «mujer» en la Ley de Igualdad de 2010. «Invocar el pluralismo para negar derechos no es proteger la diversidad, es institucionalizar la exclusión», afirma Henríquez.

Finalmente, la columna subraya el riesgo de retrocesos en democracias consolidadas y su impacto global. «Donde se niega el derecho de unos, pronto se niega el derecho de todos«, advierte Miriam Henríquez en su columna.

Te invitamos a leer la columna completa en La Tercera.

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Cienfuegos, lidera un estudio que revela un rezago en la enseñanza de gestión pública en Chile frente a los principios del llamado enfoque Post-Nueva Gestión Pública.

En un reciente estudio publicado en la revista Journal of Public Affairs Education, el investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Ignacio Cienfuegos, junto a Francesco Penaglia y Karina Retamal, todos académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), examinan la enseñanza de la administración pública en los programas universitarios en Chile. Esta investigación, desarrollada por los académicos del Departamento de Política y Gobierno UAH, detectó una presencia marginal de principios Post-Nueva Gestión Pública (Post-NPM), como participación ciudadana, transparencia, colaboración interinstitucional e innovación pública, en los planes de estudio de programas de educación superior.

A través de un análisis de contenido de 22 programas universitarios chilenos, el estudio revela un fuerte predominio de la Nueva Gestión Pública (NPM), un modelo que surgió en los años 90 con una orientación marcada hacia la eficiencia, el control de gestión y la incorporación de prácticas del sector privado en la administración pública. Aunque el 50% de las mallas curriculares incorpora contenidos Post-NPM, su presencia es limitada, lo que refleja una tensión entre la eficiencia burocrática y los valores democráticos de participación y equidad.

El paradigma Post-NPM, explican los autores, responde a las críticas al modelo anterior, buscando fortalecer la legitimidad democrática de la acción pública mediante mayor apertura, colaboración y diálogo con la ciudadanía. En ese sentido el artículo contribuye a un tema identificado por la literatura especializada en educación en administración pública como el desafío más significativo: la promoción de valores democráticos y la influencia del contexto político en los programas académicos.

Te invitamos a leer el artículo completo en la revista Journal of Public Affairs Education.

El investigador asociado del CiPP y académico de la  Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Carlos Díaz, presentó en Manchester y Berlín una investigación sobre el impacto de las ferias callejeras en la delincuencia.

Carlos Díaz,  investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), y académico de la  Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) presentó el paper académico  “When ‘eyes on the street’ are not enough: Insights from itinerant street markets”, coescrito con Sebastián Fossati (University of Alberta, Canadá) y Nicolás Trajtenberg (University of Manchester, Reino Unido) en dos seminarios internacionales que abrieron un espacio de diálogo interdisciplinario en torno a los desafíos contemporáneos de las ciudades. 

El 26 de marzo se presentó en el Department of Criminology de la University of Manchester en Reino Unido, y el 28 de marzo en una conferencia de la Urban Economics Association en la Humboldt University en Berlín, Alemania, ante investigadores internacionales especializados en economía urbana, criminología y estudios sociales.

Centrado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el estudio analiza el impacto de las aglomeraciones urbanas, particularmente aquellas generadas por ferias callejeras, en la ocurrencia de delitos. “Específicamente, mostramos que los hurtos aumentan en presencia de estas aglomeraciones, mientras que los robos con violencia no presentan cambios significativos”, explicó. 

Uno de los aportes del estudio es su enfoque en la escala espacial del fenómeno: “Los efectos sobre los hurtos son muy localizados, observándose principalmente en un radio de 100 metros alrededor de la feria, y tienden a desaparecer a medida que nos alejamos del lugar”, detalló Carlos Díaz.

Consultado por la relevancia de la participación en seminarios internacionales, el investigador CiPP destacó que “estas actividades no solo enriquecen la investigación a través del feedback académico, sino que también permiten ampliar nuestras redes internacionales de colaboración, lo cual es fundamental para el desarrollo de nuevas investigaciones conjuntas, oportunidades de intercambio estudiantil, y proyectos interuniversitarios”.

Te invitamos a leer el paper en el sitio de Social Science Research Network.

La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez, en columna publicada en El Mercurio Legal, examina la destitución de la senadora socialista Isabel Allende, cuestionando la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la lealtad constitucional.

Miriam Henríquez, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) publicó una columna en El Mercurio Legal titulada “Caso Allende: la lealtad constitucional del Tribunal Constitucional chileno”. En ella, analiza la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que, por mayoría absoluta, acordó la destitución del cargo a la senadora Isabel Allende Bussi por infringir los artículos 60 y 93 de la Constitución, al participar en la fallida compraventa al Estado de la casa de su padre, Salvador Allende.

La investigadora del CiPP cuestiona la interpretación del TC, que equipara la lealtad constitucional con el cumplimiento general de la Constitución. “Tal como se entiende el principio de lealtad constitucional en el Derecho comparado, este no se infringe simplemente por contravenir algunas normas constitucionales, sino por colocar en peligro la eficacia de sus principios estructurales”, afirmó. 

En su análisis, Miriam Henríquez se apoya en jurisprudencia comparada, incluyendo sentencias del Tribunal Constitucional español y artículos de la Ley Fundamental alemana, así como en el caso previo del diputado Hugo Gutiérrez (rol N° 8123-20, 2020).

Te invitamos a leer el texto completo en El Mercurio Legal.

Conducido por Michelle Azuaje-Pirela, investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Derecho UAH, el podcast AdáptIAte explora cómo regular la inteligencia artificial para proteger derechos, en un diálogo accesible con expertos, expertas y la ciudadanía.

El pasado 15 de abril se estrenó AdáptIAte, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) conducido por Michelle Azuaje-Pirela, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la UAH. A lo largo de los cinco episodios que tendrá la primera temporada, el programa presentará conversaciones con expertos y expertas del sector público-privado, universidades y grupos subrepresentados, analizando la regulación de la inteligencia artificial, la protección de datos, y los derechos de las personas en un lenguaje accesible.

La investigadora del CiPP señaló en el episodio inaugural del podcast, “Ciudadanía”, que busca “trasladar a un lenguaje sencillo algunos de los principales desafíos que traen las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para el derecho”. En ese contexto, la invitada del primer episodio, la abogada María Jaraquemada de la Fundación Ciudadanía Inteligente, afirmó que “La tecnología, como todo, ha venido a ayudarnos y facilitarnos en muchas cosas, pero también tiene complejidades, especialmente cuando hay brechas de edad o dificultad de acceso.”

El programa, financiado por el Fondo de Innovación y Creatividad UAH 2024, divulga resultados del Fondecyt Regular N° 1230895: “Los límites a la adopción de decisiones automatizadas en la Administración del Estado”. Es producido por Estado Diario y Plataforma Podcast, con apoyo del Núcleo Constitucional UAH, el CiPP, Tremendas, y Legal Tech de la Universidad Central.

Puedes escuchar el programa a través de Spotify y Apple Podcast

Una carta en El Mostrador del investigador CiPP y académico de la Facultad de Derecho UAH, Gustavo Poblete, plantea  dudas sobre la aplicación de los protocolos de Carabineros tras la muerte de dos hinchas de Colo-Colo en un partido de Copa Libertadores.

Gustavo Poblete, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó una carta al director en El Mostrador sobre la tragedia del pasado 10 de abril en las afueras del Estadio Monumental, titulada “El uso de la fuerza en los estadios”. Ese día, dos hinchas de Colo-Colo fallecieron durante incidentes previos al partido contra el equipo Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores, en un contexto de disturbios que involucró a Carabineros.

En su carta, el investigador CiPP plantea dudas sobre el uso de la fuerza policial, cuestionando si se respetaron los protocolos de la Circular 1832. “Es cierto que las policías velan por el resguardo de la seguridad pública, pero eso no significa que puedan cumplir sus labores sin ninguna limitación. Se trata de una facultad que lleva consigo obligaciones y responsabilidades”, afirmó. 

Además, destacó que la intervención debe ser gradual y respetar los derechos humanos, subrayando que la muerte de personas en un evento deportivo no es justificable bajo ningún nivel de aplicación de la fuerza.

Gustavo Poblete llamó a esclarecer los hechos y evaluar responsabilidades, sugiriendo posibles consecuencias penales para los funcionarios involucrados y responsabilidades del Estado por los daños. 

Te invitamos a leer el texto completo en El Mostrador.

El investigador CiPP, académico de Facultad de Derecho UAH y coordinador académico del Núcleo Constitucional UAH expuso investigaciones sobre el proceso constituyente chileno en eventos  académicos en Estados Unidos.

Sebastián Salazar, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho y coordinador del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó durante marzo en tres eventos académicos en Estados Unidos: En la Universidad de Texas intervino en el III Global Summit of Constitutionalism; en Chicago participó en la Conferencia Anual de la Comparative and International Education Society (CIES); y en Connecticut estuvo invitado al último encuentro del Yale Doctoral Colloquium. Estos encuentros reunieron a expertos y expertas en derecho, política, y educación.

Desde el 20 al 22 de marzo, durante el Summit en Texas, Sebastián Salazar presentó en el panel “Challenges and Opportunities for Democratic Constitution-Making: Lessons from Chile” un borrador de su artículo académico titulado “A paradoxical continuity of the recent decade of Constitutional-making processes in Chile: An examination of the institutional design of the Economic Constitution in the drafts”, en el que también participaron las académicas Claudia Heiss y María Cristina Escudero de la Universidad de Chile, y Pamela Figueroa, Presidenta del Consejo Directivo de Servel

En un segundo panel, “Judicial Roles in Building Social Cohesion Amid Division”, el investigador CiPP, expuso un trabajo coescrito con el académico UAH Gonzalo García Pino, titulado “There and Back Again: Challenging the Chilean Constitutional Court’s Preventive Constitutional Review”. 

El 25 de marzo, en la Conferencia Anual de la CIES en Chicago, Salazar presentó en el panel “Educational Reform and Policy in Latin America” una versión preliminar del trabajo coescrito con el investigador Carlos Navia de la Universidad de Cambridge, titulado “Ten Years After Failed Constitutional Change in Chile: Can We Still Imagine a New Regulation for the Right to Education?”.

Finalmente, en Connecticut, Salazar asistió a seminarios con los académicos Richard Post, Alon Harel, y Sam Moyn en la Escuela de Derecho de Yale. Además, el 31 de marzo estuvo invitado al último encuentro del Yale Doctoral Colloquium, en el que comentó un borrador del profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Luis Eugenio García-Huidobro, sobre las “Audit Institutions”.

En un reportaje de Las Últimas Noticias, María José Valdebenito, investigadora CiPP, académica de la Facultad de Educación UAH e integrante del Consejo Asesor del Mineduc para modernizar la educación superior, analiza la relevancia y desafíos de los  Centros de Formación (CFT) Estatales a seis años de su creación en el país. 

María José Valdebenito, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), abordó en un reportaje de Las Últimas Noticias (LUN) la relevancia y desafíos que presentan  los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales como política pública. A seis años de su creación, estos centros han alcanzado una matrícula de 15.041 estudiantes en 2024, con un crecimiento del 31% respecto al año anterior, según el Servicio de Información de Educación Superior (SIES). Sin embargo, Valdebenito subraya que persisten desafíos en su implementación.

“En general, los países desarrollados cuentan con una oferta pública robusta en educación técnica profesional. Es un componente esencial para el crecimiento equitativo y el desarrollo regional”, afirmó Valdebenito en LUN. Además, la investigadora CiPP destacó que los CFT pueden articular el subsistema técnico-profesional chileno, actualmente fragmentado y desconectado de los sectores productivos y la enseñanza media. En ese sentido, señaló las limitaciones del sistema: “Se instalaron en lugares donde no siempre había una demanda suficiente o una oferta pertinente para garantizar la sostenibilidad.” 

María José Valdebenito enfatizó la necesidad de un diseño territorial que alinee los CFT con las demandas locales, fortaleciendo su vínculo con el desarrollo productivo. La académica, también directora del Magíster en Política Educativa UAH, actualmente está participando en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación para modernizar la educación superior, aportando su experiencia en trayectorias formativas.

Te invitamos a leer el reportaje disponible en el sitio de Las Últimas Noticias.

La investigación de Nicolás Barrientos, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, publicada en la Revista Saberes Educativos, explora las motivaciones y barreras que enfrentan los estudiantes al considerar programas de postgrados, destacando factores emocionales y prácticos.

Un estudio liderado por Nicolás Barrientos, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), explora la percepción estudiantil sobre los postgrados a través de un enfoque cualitativo para comprender los procesos de pensamiento detrás de la decisión de cursar estos programas. El artículo publicado en la Revista Saberes Educativos de la Universidad de Chile y titulado “Percepción estudiantil sobre los postgrados” cuenta con la colaboración de los investigadores David Álvarez de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Carlos Aparicio de la Universidad Miguel de Cervantes, y Mauricio Araneda de la UAH. 

A partir del análisis del discurso de un grupo focal, el estudio identifica motivaciones clave, como el desarrollo personal y profesional, pero también barreras significativas. “Nuestro objetivo era comprender cómo los estudiantes perciben la educación de postgrado y qué factores pesan más en su toma de decisiones. No es solo una cuestión de interés académico, sino también de oportunidades y restricciones externas”, explicó Barrientos. En particular, el investigador destacó el componente afectivo: “La autorregulación, por ejemplo, juega un papel clave: las personas comparan su ‘yo real’ con su ‘yo ideal’ y su ‘yo del deber’, lo que puede generar emociones como tristeza o ansiedad”, afirma.

El investigador señala que este estudio abre la puerta a nuevas líneas de investigación, especialmente en el uso de tecnologías como inteligencia artificial y redes sociales para personalizar programas de postgrado. Asimismo, los hallazgos sugieren mejoras en políticas educativas, como becas y horarios flexibles, para superar limitaciones económicas, familiares, y de tiempo. “La tecnología nos permite reimaginar la educación”, afirmó el investigador CiPP.

Te invitamos a leer el artículo disponible en el sitio de la Revista Saberes Educativos.

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, expuso en la Conferencia Anual de la Asociación Americana de Administración Pública (ASPA) 2025 sobre los desafíos de la corrupción y la transparencia en la gestión pública latinoamericana.

Ignacio Cienfuegos, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad Alberto Hurtado, participó como expositor en la Conferencia Anual de la Asociación Americana de Administración Pública (ASPA) 2025. El evento, realizado entre el 28 y el 31 de marzo en formato híbrido desde Washington D.C., Estados Unidos, incluyó más de 150 paneles bajo el tema «Not Robots Yet: Keeping Public Servants in Public Service».

En su ponencia titulada “Determinants of Corruption in Public Administration: The Chilean Case (1950-2020)” en el panel titulado “Corruption in Global Public Administration”, Cienfuegos abordó las problemáticas de la corrupción en el sector público de América Latina, basándose en una investigación desarrollada con el académico Luis Garrido,  de la Universidad de Chile. Este estudio, actualmente en evaluación  para su publicación en la revista Public Administration and Development (PAD), analiza los factores de la corrupción en Chile entre los años 1950 y 2020 mediante métodos estadísticos inferenciales y modelos econométricos. 

Sobre su participación, Cienfuegos destacó que la Conferencia ASPA “se trata del congreso académico en la disciplina más importante a nivel internacional, donde participan los más destacados investigadores en administración pública de diversas universidades del mundo”. 

Te invitamos a conocer más de la Conferencia ASPA y el programa 2025 en su sitio web.

Un encuentro organizado por la UAH y Lincoln Institute reunió a expertos, expertas, y autoridades para debatir el impacto del mercado del suelo en el desarrollo urbano de la capital. Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Enrique Rajevic, secretario general de la UAH, ambos investigadores asociados al CiPP, participaron del evento que contó con la presencia del rector de la UAH y del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

El pasado jueves 3 de abril se llevó a cabo en la Universidad Alberto Hurtado (UAH) el seminario “El precio del suelo de Santiago en el largo plazo: análisis y reflexiones a 43 años del inicio del Boletín del Mercado del Suelo”, un evento clave para comprender la evolución histórica del valor del suelo urbano en la capital chilena. Organizado por el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, en conjunto con el Lincoln Institute of Land Policy, la actividad tuvo lugar en la Sala Bellarmino del campus patrimonial e inició con las palabras de bienvenida del rector Cristián Del Campo SJ.

​​Uno de los momentos centrales del encuentro fue la entrega oficial de los registros históricos del Boletín del Mercado del Suelo de Santiago a la UAH, realizada por su autor, el economista Pablo Trivelli. Este boletín, que documenta la variación del precio del suelo desde 1982, es considerado una fuente única a nivel internacional. Enrique Rajevic, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y secretario general de la UAH, participó en el primer bloque de la actividad comentando el valor de estos registros históricos.“Estos datos no solo capturan un momento histórico, sino que apoyan directamente la investigación académica y el diseño de políticas públicas”, señaló Rajevic.

El seminario también contó con un panel moderado por la investigadora CiPP y decana de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, Paulette Landon, donde se abordaron los impactos del mercado del suelo en el desarrollo urbano y las posibilidades de intervención pública. En este panel también participó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, la investigadora Camila Cociña (IIED), y Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero.

El cierre del evento estuvo a cargo de Ivo Gasic, director del Magíster en Ordenamiento Territorial y Geografía UAH, quien enfatizó que la información histórica sobre el mercado del suelo permite comprender los desafíos de la actual crisis habitacional en el país. “La inflación constante del precio del suelo afecta a los sectores más vulnerables y complica la ejecución de proyectos públicos. Este seminario marca un hito en el análisis territorial en Chile”, concluyó.

La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH publicó en La Tercera una columna de opinión sobre los riesgos que enfrenta la independencia judicial en Chile y el mundo, en el contexto del llamado “Caso Audios”.

Miriam Henríquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó en el diario La Tercera la columna de opinión «No estamos exentos». En el texto, aborda las amenazas a la independencia judicial, la democracia y los derechos humanos, en el contexto del llamado «Caso Audios» y otras reformas globales.

Con relación al “Caso Audios” – que alude a la filtración de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla, la también abogada  Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, quienes revelaban supuestos pagos a funcionarios del SII y la CMF –, la académica señala que   evidenció en Chile  la importancia de jueces libres de injerencias indebidas. Asimismo, hizo referencia a otros  ejemplos internacionales como las elecciones de jueces en México y Bolivia, la destitución de magistrados en Ecuador, y recientes cambios en Israel y Argentina. Para Miriam Henríquez, estas situaciones reflejan una creciente influencia política que tensiona la autonomía judicial.

En su columna, Henríquez  también aborda el proyecto de reforma constitucional en Chile que busca modificar el gobierno judicial y crear un nuevo órgano de nombramientos. Finalmente, la investigadora llamó a estar atentos a corrientes autoritarias y populistas que puedan afectar el equilibrio de poderes. 

Te invitamos a leer el texto completo en la página de La Tercera.

La investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Victoria Martínez, participó en un conversatorio sobre las barreras que enfrentan las mujeres en cargos de responsabilidad por las tareas de cuidado. 

La académica Victoria Martínez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y directora del Programa Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó en el conversatorio «El cuidado invisibilizado: desafíos y oportunidades para el liderazgo femenino en cargos de responsabilidad». El evento, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Regional Santiago y el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), se realizó el pasado miércoles 26 de marzo en las dependencias del IEJ en Santiago.

En su intervención, la investigadora del CiPP destacó cómo las responsabilidades de cuidado, a menudo invisibilizadas, representan un obstáculo significativo para que las mujeres accedan y se mantengan en posiciones de liderazgo. Desde su experiencia en derecho y cuidados, enfatizó la urgencia de diseñar políticas públicas que equilibren estas demandas y promuevan una mayor equidad en el ámbito laboral y social.

El panel del conversatorio también incluyó a Tania Rojas, abogada y profesora de la Universidad de Valparaíso, y Susan Sepúlveda, jueza y directora de Magistradas Chilenas, quienes enriquecieron el diálogo con sus perspectivas sobre derecho, género y justicia. La discusión fue moderada por Patricia Fuenzalida, relatora de la Corte Suprema y profesora de la Pontificia Universidad Católica, quien guió el intercambio entre las expositoras y el público.

Te invitamos a revisar lo que fue el conversatorio «El cuidado invisibilizado: desafíos y oportunidades para el liderazgo femenino en cargos de responsabilidad»

En una carta al director publicada en El Mercurio, el investigador del CiPP y Vicerrector de integración de la UAH, Cristóbal Madero, analiza los riesgos que enfrentan las universidades libres frente a gobiernos autoritarios en el mundo.

Cristóbal Madero SJ, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector de Integración de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó una carta al director titulada “Defender la universidad” en el diario El Mercurio. En el texto, reflexiona sobre los ataques a la autonomía universitaria en diversos países y su impacto en la democracia, y plantea una tesis clara: “Las universidades libres son un peligro para los autoritarismos”.

El investigador del CiPP destacó casos como el traspaso de universidades estatales a fundaciones privadas en Hungría en 2017, el cierre de la Universidad Centroamericana en Nicaragua en 2023, y las presiones contra universidades en Estados Unidos en 2025 por sus políticas de diversidad. Lo que estos y muchos otros casos tienen en común es la amenaza que la universidad representa, en su mejor versión, a modelos de sociedad y de liderazgos particulares”, afirma.

Finalmente, en la carta subraya que las universidades, al gozar de alta confianza ciudadana, son esenciales para la búsqueda de la verdad y la supervivencia de la democracia. 

Te invitamos a leer la carta completa en: El texto completo está disponible en: ver aquí.

La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez, participó en el seminario «Avances y desafíos de la justicia constitucional a 20 años de la reforma”, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) donde se reflexionó sobre la reforma constitucional de 2005 que radicó la acción de inaplicabilidad en esta entidad.

El pasado 4 de abril, Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), participó en el primer panel del seminario «Avances y desafíos de la justicia constitucional a 20 años de la reforma”, organizado por el Tribunal Constitucional (TC), el cual contó con la participación de destacados/as académicos/as y juristas.

En el panel “Cuestiones sustantivas y adjetivas de la inaplicabilidad tras la reforma del 2005”, moderado por la ministra Catalina Lagos Tschorne, participaron la decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez; la profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), Catalina Salem Gesell; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte (UCN), Gonzalo Cortés Moreno; y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Atacama, Emilio Garrote Campillay.

Durante su intervención, la decana Miriam Henríquez enfocó su ponencia en un elemento que ha servido para caracterizar a la acción de inaplicabilidad en estos últimos 20 años: su carácter concreto. 

“Mi conclusión es que, a 20 años de la vigencia de la acción de inaplicabilidad, es necesario distinguir dos tipos de exámenes. Un control de los efectos inconstitucionales que un precepto legal, no afectado por un vicio de inconstitucionalidad, genera por su aplicación en una gestión judicial específica. Y otro, de un precepto legal que necesariamente producirá efectos inconstitucionales porque es inconstitucional. El primero conduce a un control concreto y el segundo a un control abstracto de constitucionalidad”, aseguró la académica.

El seminario también contó con la participación de Gonzalo García, director del Núcleo Constitucional UAH y académico de la Facultad de Derecho UAH, quien moderó una de las mesas de discusión. 

El evento completo está disponible para su visualización en el sitio web del Tribunal Constitucional: 

Hugo Rojas coedita una obra, publicada por Ediciones UAH, que explora desafíos jurídicos y sociales en América Latina y el Caribe sobre el rol de los sistemas jurídico-políticos.

El pasado 13 de marzo en la Sala Bellarmino de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Hugo Rojas, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Derecho de la UAH, lanzó el libro Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas, coeditado con Sheila Vélez Martínez, académica de la Universidad de Pittsburgh, donde se analizan los retos de la justicia social en la región. Publicado por Ediciones UAH como parte de la Colección Derecho, el texto reúne perspectivas interdisciplinarias de 24 autores de nueve países.

El lanzamiento fue presentado por Marianne González, profesora de la Universidad de Chile, y Roberto Gargarella, académico de la Universidad de Buenos Aires, quien elogió la diversidad de la obra, con 16 capítulos escritos por expertos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Uruguay, abarcando derecho, sociología, filosofía, ciencia política e historia.

Sheila Vélez Martínez destacó que el libro fusiona la tradición crítica latinoamericana con el movimiento Latina and Latino Critical Legal Theory (LatCrit). En ese sentido, la académica lo describió como un llamado a la acción para reimaginar el derecho como herramienta de justicia social, empoderando a estudiantes, académicos/as y activistas frente a las complejidades de las Américas.

Por su parte, Marianne González resaltó el tono optimista del libro, considerándolo valioso en tiempos de discursos opresivos. La obra aborda temas como los derechos indígenas, la migración y la justicia transicional, ofreciendo reflexiones clave para enfrentar los desafíos contemporáneos de las sociedades latinoamericanas.

Hugo Rojas también presentó el libro “Teoría crítica del derecho y justicia social en las Américas” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y contó participación de los académicos de la casa de estudio argentina, Luis Caro Zottola y Lourdes Bascary, quienes reflexionaron sobre el rol del derecho en la transformación social.

Para más información, consulte el libro en el sitio de Ediciones UAH.

Nicolás Barrientos propone una escala para detectar y prevenir el acoso en entornos públicos y privados en un artículo internacional.

Nicolás Barrientos, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), publicó un artículo académico en la revista Journal of Ecohumanism del Reino Unido, para abordar la prevención del acoso laboral. El estudio, presentado preliminarmente en el Coloquio CiPP sobre Ley Karin en 2024, desarrolla una herramienta que mejora la detección y prevención de este problema en los sectores público y privado.

El artículo, titulado “Design and Validation of a Scale for Perception of Key Factors for Workplace Harassment Prevention”, se basa en un análisis exhaustivo de políticas y prácticas efectivas. En él, se explora cómo el clima organizacional y el liderazgo influyen en la incidencia del acoso, proponiendo una escala con tres dimensiones: institucional, normativa y social. El trabajo se alinea con el Convenio N°190 de la OIT y la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”.

El estudio se centró en la validación de una escala de percepción de factores clave para la prevención del acoso laboral, construida mediante un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, utilizando una muestra de 480 personas, compuesta por dirigentes sindicales y empleadores. Se contó con la activa colaboración de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. (CUT)

La herramienta genera insumos para políticas preventivas y ambientes laborales más saludables. Su enfoque práctico busca fortalecer la capacidad de las organizaciones para abordar el acoso desde una perspectiva basada en evidencia, según detalla el estudio publicado en la revista.

Los autores explican que, mediante un análisis bibliométrico, se explora la productividad científica en este campo, destacando la creciente importancia de abordar el acoso laboral como una cuestión crítica de salud laboral.

Los hallazgos presentados no solo refuerzan la necesidad de una implementación más efectiva de las políticas existentes, sino que también subrayan la urgencia de adoptar un enfoque proactivo en la identificación y prevención de este fenómeno en todas sus manifestaciones.

El trabajo contó con la colaboración de Juan Carlos Armijos (Universidad Santo Tomás), David Álvarez (Universidad Tecnológica Metropolitana), Carlos Aparicio Puentes (Universidad Miguel de Cervantes) y Víctor Manuel Yáñez Jara (Universidad Andrés Bello). “Estamos trabajando en ampliar la validación de la escala con bases de datos más grandes y con poblaciones de diferentes contextos culturales, para obtener resultados aún más representativos y robustos”, señaló Barrientos.

El artículo, disponible en inglés, puede ser consultado de manera abierta a través del siguiente enlace: Leer artículo completo.

El documento presentado en la Universidad Alberto Hurtado incluye orientaciones prácticas para la prevención de la violencia, acoso laboral y sexual en el sector público e incluye una introducción de Eduardo Abarzúa, vicerrector académico UAH e investigador asociado al CiPP.

El pasado 13 de marzo de 2025, en el campus patrimonial de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el Servicio Civil de Chile y la UAH lanzaron el “Manual de Orientaciones para la Prevención de la Violencia, Acoso Laboral y Sexual (VALS)». Eduardo Abarzúa, vicerrector académico de la UAH e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), dio las palabras de bienvenida al lanzamiento que reunió a autoridades y expertas en la materia en Chile.

El lanzamiento también contó con la asistencia de Francisco Silva, director Nacional del Servicio Civil; Pamela Gana, superintendenta de Seguridad Social (SUSESO), Patricia Roa, oficial de Programación de la OIT Cono Sur y José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Enmarcado en el Proyecto Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo, el manual es un trabajo colaborativo entre el Servicio Civil y la UAH, basado en un convenio firmado en 2016 y se fundamenta en el Convenio N°190 de la OIT, la Ley Karin (N°21.643) y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Su objetivo es ofrecer una guía práctica para prevenir, investigar y sancionar la violencia laboral, con un enfoque en la perspectiva de género.

Para la elaboración de la guía se conformó una mesa de trabajo con representantes de diversas organizaciones, lo que refleja un esfuerzo multisectorial por alinear las políticas públicas con estándares internacionales. En esta mesa trabajaron el Servicio Civil; OIT Cono Sur; ANEF; la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT Chile); la Contraloría General de la República (CGR); el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Mintrab); la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO); el Instituto de Seguridad Laboral (ISL); el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MMEG); el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), y la UAH con la asesoría técnica brindada por la Facultad de Economía y Negocios, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Servicio Civil y la UAH.

Eduardo Abarzúa no solo participó en el lanzamiento, sino que también aportó con la introducción del manual. En ella, destaca que “la modernización del Estado pasa por consolidar condiciones que aseguren la dignidad de quienes en él se desempeñan”. Además, subraya que el documento compila normas y criterios preventivos para erradicar conductas de violencia y acoso, un aporte clave para el sector público.

La guía práctica incluye ámbitos clave como la integración de la seguridad y salud laboral, la responsabilidad del liderazgo y la actualización de procedimientos. Todo ello, con un enfoque en la formación especializada y la optimización de los tiempos de investigación, según detalla su introducción.

Te invitamos a leer el documento que está disponible en su versión completa en el siguiente enlace: “Manual de Orientaciones para la Prevención de la Violencia, Acoso Laboral y Sexual (VALS)».

Revive aquí la ceremonia de lanzamiento

El académico del CiPP analiza en la revista International Review of Economics & Finance cómo el gasto fiscal orientado a inversión puede estabilizar economías tras choques severos.

En una reciente publicación en la revista International Review of Economics & Finance, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Carlos J. García, junto a los economistas Gabriel Valenzuela Vicencio y Wildo González, analiza cómo una política fiscal expansiva puede estabilizar economías abiertas frente a choques severos. 

El artículo, titulado “The valuation of economic recovery: The case for investment-led fiscal spending policies in open economies”, publicado en el volumen 99 de la prestigiosa revista, muestra que el gasto fiscal dirigido a inversión, en un contexto de tipos de cambio flexible y flujos de capital, supera en bienestar a ciertas políticas monetarias.

El estudio destaca que, al priorizar la inversión y considerando que los hogares valoran la recuperación tras las crisis, se genera un círculo virtuoso: el gasto estimula el consumo, acelerando la recuperación sin comprometer la estabilidad de largo plazo en inflación y deuda. Este enfoque ofrece una alternativa viable para países como Chile ante shocks económicos raros pero intensos, explica el resumen del artículo.

Para leer el artículo completo, visita el sitio de International Review of Economics & Finance: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056025001765.

El programa «Chile Cuida» (2025-2030), presentado por el gobierno el 6 de marzo de 2025, busca atender el envejecimiento poblacional y la sobrecarga de las mujeres con un sistema nacional de apoyos y cuidados, según explicó Victoria Martínez, investigadora del CiPP, en entrevista con el CiPP sobre los desafíos legales y sociales de esta política que reconoce el derecho al cuidado en Chile.

El pasado jueves 6 de marzo de 2025, el Presidente Gabriel Boric Font encabezó la presentación de la primera Política Nacional de Apoyos y Cuidados (2025-2030) y su Plan de Acción (2025-2026), también conocido como programa «Chile Cuida». Este lanzamiento marca un hito en el reconocimiento del derecho al cuidado en Chile, buscando establecerlo como un cuarto pilar de la protección social, al mismo nivel que la educación, la salud y las pensiones. 

En entrevista con el CiPP, Victoria Martínez, investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), directora del programa Derecho y Cuidados y académica de la Facultad de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, destaca la urgencia de esta política ante el envejecimiento de la población y la baja natalidad, una de las más bajas del mundo. La investigadora del CiPP subraya que, sin la intervención del Estado, las familias no podrán responder solas a las crecientes necesidades de cuidados en el país.

¿Por qué es crucial en Chile tener una política nacional de apoyos y cuidados en este momento?

Es crucial desde muchos puntos de vista. El primero, y por el que los cuidados han estado en la agenda pública desde hace unos años, es que  la pandemia del COVID dejó al descubierto como muchas tareas de cuidado estaban a cargo de las familias y mayoritariamente eran responsabilidad de las mujeres. Otro hito importante es el envejecimiento de la población y la baja natalidad en el país, una de las más bajas del mundo. Esto nos pone frente a la circunstancia de que en pocos años habrán más personas mayores, más personas con algún grado de dependencia y por lo tanto las necesidades de cuidado van a aumentar. Entonces, si el Estado no se involucra, las familias no van a dar abasto y las mujeres no pueden seguir sobrellevando este trabajo solas. 

¿Cómo refleja esta política los valores y necesidades sociales que tiene el país, especialmente en los temas de cuidado y apoyo? 

Es ineludible, tanto para este gobierno como para el gobierno siguiente, abordar el problema de los cuidados. Las diferencias van a ser en cómo y cuáles son los objetivos de esa política. En este gobierno se ha planteado una fórmula, un enfoque comunitario de los cuidados y también un enfoque de redistribución. Como decía antes, la baja natalidad y el envejecimiento de la población provocará que el Estado se involucre más en los cuidados, pero podría suceder que otro Gobierno tenga otros objetivos, por ejemplo, privilegiar más la familia como espacio de cuidado y no tener un enfoque estatal o comunitario; o apoyar a las mujeres para que sigan desarrollando tareas de cuidado y no necesariamente redistribuir esta labor. Son importantes los objetivos de la política, porque no hay una sola forma de responder al problema.

¿Qué desafío legal existe para la implementación de la política? 

La política en Chile se decidió viendo el ejemplo de Uruguay, que aprobó una ley que creó un sistema nacional de cuidados y luego se demoraron muchos años en aprobar la política. En Chile se siguió el camino inverso, de aprobar primero la política nacional y luego, en paralelo, aprobar la ley. Puede que no se apruebe la ley en este gobierno sino que en un gobierno distinto, con un nuevo Congreso. En cualquier caso, este proyecto de ley que está en tramitación es como la obra gruesa de una infraestructura mayor; la única prestación que está asegurada en esa ley son los servicios y apoyos comunitarios a personas con dependencia severa y sus cuidadores. Es decir, las necesidades más apremiantes de cuidado. Entonces, el desafío legal es que se apruebe el proyecto de ley bajo las ideas del Gobierno actual. De lo contrario, tendremos la discordancia de una ley que puede ir en una dirección distinta a lo que la política nacional establece.

Es decir, ¿que la implementación de la política está generando las bases para construir el sistema nacional de cuidado?. 

Exactamente. Esa fue la apuesta del gobierno, que es una apuesta entendible dadas las circunstancias políticas. No tienen una mayoría política como para aprobar una ley extensa y detallada , tampoco están las condiciones económicas para hacer algo presupuestariamente muy exigente. Entonces se optó por una visión minimalista en lo inmediato, pero con una gran proyección en el futuro. 

En ese sentido, ¿cómo aborda la política la intersección del cuidado con otros problemas sociales, como la pobreza y la desigualdad de género, desde un enfoque de derechos humanos? 

La política intenta abordar el problema de la desigualdad de género. La reconoce y la resalta. Pero no creo que en este momento la política contribuya a la redistribución de género. Lo que se va a ofrecer concretamente son centros  comunitarios de cuidado y ahí se va a asistir a personas con dependencia severa y sus cuidadores. Esta fórmula no cambia a la persona que  cuida: El 85% de las personas cuidadoras de personas con dependencia severa son mujeres. Pero es un inicio, estamos en un momento de reconocer esas desigualdades y tratar de mejorar las circunstancias en que estos trabajos se desarrollan.

¿Ahí es cuando la participación ciudadana es fundamental para identificar áreas de mejora?

De hecho, este proyecto de ley y la política se construye sobre la base de participación ciudadana, desde las cuidadoras y desde las personas que hoy día cuidan. Las organizaciones de cuidadores han sido clave para que esta política salga y el proyecto de ley avance. Pero creo que los cuidados también hay que mirarlos desde un punto de vista más amplio y, en esto el derecho del trabajo es muy importante para compartir labores de cuidado. Los futuros cambios demográficos nos van a desafiar a cambiar la organización de los cuidados.

¿Y cómo se alinea esta política con los compromisos de Chile en convenciones internacionales? 

En materia de cuidados hay tratados sobre grupos vulnerables que abordan el cuidado, por ejemplo, La Convención de Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin embargo,  no existe un tratado que establezca el derecho al cuidado como derecho humano de alcance general. Actualmente, estamos en espera del pronunciamiento de la Corte Interamericana, instancia donde participamos el año pasado desde la Facultad de Derecho UAH. En ese momento, Argentina le pidió a la Corte una opinión consultiva para determinar si existe este derecho en el Sistema Regional de Derechos Humanos y en qué consiste. Cuando tengamos esa respuesta de la Corte Interamericana, vamos a tener un antecedente con mayor autoridad para exigir que el derecho al cuidado sea garantizado por los Estados. 

¿Crees que el reconocimiento puede fomentar una cultura de cuidado y de apoyo mutuo dentro de las familias? 

Sobre la base de los cambios demográficos proyectados, tendremos que pensar el cuidado fuera de las fronteras de la familia. El desafío está en cómo el Estado y la sociedad pueden interpretar esos cambios y colaborar en que esto no signifique que tengamos una población de personas solas y descuidadas. Entonces, creo que hay que entender el cuidado como un valor social, no solo dentro de la familia.

¿Y qué papel crees que juega el marco constitucional en la promoción de los cuidados?

Este es un tema complejo, porque tuvimos una oportunidad enorme de que los cuidados pudieran ser  parte de la Constitución. Antes de las discusiones de los procesos constituyentes, los cuidados no eran un tema constitucional. Yo diría que a futuro es poco probable que se modifique el texto constitucional, pero sí que la jurisprudencia constitucional o la jurisprudencia de las Cortes en materia de derechos reconozca un derecho al cuidado o aspectos del cuidado que son relevantes. Ese ha sido el camino de varios países de América Latina: Ecuador, México y Colombia no tienen un derecho al cuidado en sus constituciones, pero sí su jurisprudencia constitucional ha reconocido este derecho. 

En tu opinión, ¿crees que esta política podría ser vista como un modelo a seguir para otros países? 

Todavía es temprano para ver si será un modelo a seguir porque primero vamos a tener que evaluar cómo es despachada por el Congreso, cómo se implementa y qué resultados provoca. En materia de políticas públicas es muy importante evaluar qué es lo que efectivamente produce. Lo más probable es que sí mejore las circunstancias en que hoy día las personas cuidadoras cuidan, por lo tanto mejore la calidad de vida también de las personas que son cuidadas. Esta discusión se inserta en una región que ha resaltado la necesidad de que el Estado se involucre más en los cuidados, para que no siga siendo solo un trabajo de las mujeres. Esa perspectiva es característica de América Latina y creo que es muy relevante porque Chile está avanzando dentro del contexto de América Latina. Por lo tanto, que todos estemos discutiendo lo mismo nos permite evaluar qué funciona allá, qué funciona acá, y no cometer los mismos errores.

 

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, publicó en CIPER Chile una columna de opinión donde analiza cómo el patronazgo político en Chile sigue siendo una práctica recurrente en la administración pública y con marcada presencia en el nivel municipal, señalando que el país sigue esperando la dilatada e indispensable reforma al empleo público. 

Ignacio Cienfuegos, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó la  columna de opinión “‘Pega para los cabros’: el uso discrecional del empleo público para los intereses del que gobierna” en CIPER Chile. En su texto, Cienfuegos analiza los datos disponibles sobre el empleo público y la rotación en los cambios de gobierno que demuestran que el patronazgo político en Chile sigue siendo una práctica recurrente en la administración pública y con marcada presencia en el nivel municipal. 

Asimismo, señala que si bien este gobierno ya no tiene tiempo para abordar este tema, es esperable que sí lo hagan quienes se postulen a las elecciones presidenciales. “Habrá que estar atento a lo que plantean los presidenciables en la campaña que se aproxima y esperar que, de una vez por todas, se aborde la dilatada e indispensable reforma al empleo público en Chile”

En su reflexión, el investigador del CiPP describe cómo opera el patronazgo político entendido como “el uso discrecional del empleo público para los intereses particulares de la coalición o partido que gobierna”, fenómeno que se presenta como opuesto al mérito, citando el libro Jobs for the Boys de Merilee Grindle.. . 

En el caso de Chile, señala , Ignacio Cienfuegos, a pesar de los avances realizados, donde destaca la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, la crisis del empleo público se ha ido exacerbando. Prueba de aquello es que más del 60% de los directivos seleccionados por concursos públicos son removidos con cada cambio de gobierno, reflejando una crisis que fomenta incompetencia y corrupción. Esto es problemático, porque un sistema de mérito debe garantizar no solo un reclutamiento bajo criterios objetivos, sino también, la permanencia  de dichos funcionarios considerando su desempeño y no la confianza política”, explica.

En ese sentido, el autor también destaca que el panorama se ve agravado por el crecimiento del empleo público en la última década, equivalente a un crecimiento del 60%, y los costos de la alta rotación, como los $2.822 millones que fueron gastados en promedio anualmente, en los procesos de selección de Directivos Públicos entre 2010 y 2016.

Te invitamos a leer la columna en el sitio de Ciper Chile: ver aquí.

En el Diario Financiero, el académico del CiPP Carlos J. García proyecta un crecimiento promedio de 1,6% para el período 2022-2025, y lo atribuye a un agotamiento del modelo económico chileno.

En una reciente publicación en el Diario Financiero, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Carlos J. García, fue consultado, junto a otros expertos/as, sobre el desempeño económico del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Según su proyección, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crecerá en promedio un 1,6% durante el período 2022-2025, lo que lo posicionaría como el registro más bajo desde la década de los ‘90.

En el artículo, titulado “Gobierno enfrenta el fantasma de terminar con el menor crecimiento desde los ‘90”, García argumenta que este resultado no se debe exclusivamente a la gestión del Ejecutivo, sino a “un agotamiento del modelo de crecimiento que el país ha seguido en los últimos 50 años”. 

Otros expertos y expertas consultados en la nota también explicaron que los dos primeros años del gobierno estuvieron marcados por un ajuste económico tras los desbalances de la pandemia, los retiros de las AFP y conflictos geopolíticos globales, lo que normalizó la actividad tras un período de alto gasto e inflación.

Para leer el artículo completo, visita el sitio del Diario Financiero.

Miriam Henríquez, investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha publicado una columna de opinión en La Tercera titulada «Muy lejos de la paridad y demasiado cerca de los cuidados«, en el marco de la conmemoración internacional del día de las mujeres. 

En su artículo, Miriam Henríquez reflexiona sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para participar plenamente y en igualdad de condiciones en la vida política en Chile, especialmente en el contexto de la renovación de las autoridades presidenciales y parlamentarias.

A diciembre de 2024, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile está compuesta por un 35,5% de diputadas y el Senado por un 26% de senadoras, a pesar de la ley de cuotas vigente desde 2017. En vista de lo anterior, la investigadora del CiPP señala que los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales fueron aún más desalentadores, con ninguna mujer electa como gobernadora regional y solo un 16,2% de las municipalidades encabezadas por mujeres.

Miriam Henríquez también destaca que la subrepresentación política de las mujeres no se debe a la falta de capacidad, mérito o interés, sino a obstáculos políticos, sociales, culturales y económicos. Entre estos, menciona los estereotipos de género, la violencia política, la falta de recursos económicos y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados.

Un reciente estudio de ONU Mujeres, citado por la decana de Derecho, revela que una de las principales barreras para la participación plena de las mujeres en la política es el tiempo dedicado a las tareas de cuidados. Por lo que, Miriam Henríquez hace un llamado a la acción para reconocer y visibilizar las necesidades de las mujeres, promover la corresponsabilidad social y de género en materia de cuidados, y crear mecanismos que permitan conciliar la vida personal y familiar con la carrera política.

Por último, la académica subraya la importancia de trabajar de manera decidida y comprometida para alcanzar una democracia paritaria en Chile, asegurando que más mujeres puedan acceder y permanecer en la política.

Te invitamos a leer la columna completa en La Tercera.

En el Día Internacional de la Mujer, las académicas UAH, Lieta Vivaldi y María Teresa Rojas, subrayan en una Carta al director publicada en La Tercera la necesidad de reconocer y valorar el trabajo de cuidados, mayoritariamente realizado por mujeres, y de cerrar la brecha salarial que persiste en Chile

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la académica Lieta Vivaldi, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), y María Teresa Rojas, directora de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado (UAH),  reflexionan sobre las persistentes desigualdades de género que afectan el desarrollo democrático de la sociedad chilena. En una Carta al director publicada en La Tercera, subrayan que el trabajo de las mujeres sigue siendo una materia de inequidad significativa.

Las autoras destacan que, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos, la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 20% aproximadamente. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas señala que esta brecha se incrementa en las mujeres que ocupan altos cargos o poseen posgrados.

Otro punto crucial abordado en la carta es la falta de compensación económica y valoración social del trabajo de cuidados, que es realizado mayoritariamente por mujeres. Estudios del Banco Central (2021) indican que este trabajo representa un 25,6% del PIB ampliado, pero carece de reconocimiento y apoyo adecuado.

A pesar de la reciente presentación de una política y plan nacional de apoyos y cuidados (2025-2030) por parte del gobierno, las autoras instan a la clase política a avanzar en un acuerdo que reconozca la importancia del trabajo de cuidar. Subrayan que este trabajo es fundamental para la sociedad y requiere condiciones materiales, tiempo y consideración en la seguridad social de quienes lo ejercen.

Finalmente concluyen que, para lograr una verdadera equidad de género, es esencial que se implementen medidas concretas que valoren y apoyen el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos.

Te invitamos a leer la Carta al director en el sitio de La Tercera.

Una innovadora metodología desarrollada por Carlos J. García, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, que cuantifica los beneficios económicos de la alimentación saludable y evalúa políticas contra la obesidad en países emergentes, ha sido publicada en el journal Economic Analysis and Policy.

Carlos J. García, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha publicado un artículo académico en la edición de marzo del journal Economic Analysis and Policy. La publicación da cuenta de una  investigación que propone una metodología complementaria al análisis econométrico tradicional, diseñada para estimar el impacto económico de la alimentación saludable y evaluar políticas contra la pandemia de obesidad en países emergentes. 

El estudio titulado Impacto económico y políticas para la pandemia de obesidad en economías emergentes (Economic impact and policies for the obesity pandemic in emerging economies) cuantifica el impacto de la alimentación saludable utilizando un modelo estructural basado en hechos estilizados, que define las preferencias, la relación entre enfermedad y obesidad, y la percepción de los agentes sobre la alimentación saludable. Para ilustrar la metodología, el modelo se ha estimado con econometría bayesiana para un país emergente representativo, en este caso, Chile.

La metodología propuesta por el investigador del CiPP es complementaria a otras alternativas existentes, y contribuye a cuantificar los beneficios de segunda ronda de los programas alimentarios y las políticas públicas. De esta manera, cuando los programas de evaluación indiquen que una u otra alternativa es beneficiosa, la propuesta de García mostrará cómo estos beneficios se transfieren a toda la economía y su productividad. 

Los resultados de la investigación indican que una economía emergente podría estar renunciando a una parte sustancial de su crecimiento si la pandemia de obesidad no se aborda adecuadamente con políticas que cambien el comportamiento de los agentes. Esta metodología añade un criterio adicional para clasificar las diferentes políticas, reforzando el diseño y el debate de políticas públicas en esta área y en otros asuntos de interés público.

Te invitamos a leer el artículo completo en el journal Economic Analysis and Policy.

En entrevista con la Facultad de Economía y Negocios, el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, aclara que la reforma de pensiones no implica expropiación y que la preocupación de las aseguradoras de Estados Unidos radica en la disminución de sus rentas oligopólicas.

Fuente: Facultad de Economía y Negocios UAH.

Inexactitudes y falacias sustentan el deseo de levantar un caso para que intervenga el Gobierno estadounidense en favor de sus intereses oligopólicos. Esto es lo que advierte el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Saavedra, en la carta que el gremio de las aseguradoras de vida estadounidenses (American Council of Life Insurers, ACLI) envió a las autoridades chilenas reclamando por algunas disposiciones incluidas en la reforma del sistema de pensiones, proyecto que se despachó a ley el pasado 29 de enero. Una de las cuestiones más relevantes de la arremetida de la ACLI es la acusación de expropiación. Sin embargo, Saavedra fue enfático en descartar tal presunción.

En la misiva, argumentan que esta reforma no solo impactará negativamente a los trabajadores y a la economía del país, sino que también vulneraría los derechos de inversión de compañías extranjeras que operan en el sector previsional chileno, acusando que algunas disposiciones “socavan” el Tratado de Libre Comercio de Chile y EE.UU. En la ACLI participan los grupos Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum) y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC).

De esta arremetida de las AFP con capitales estadounidenses, la Facultad de Economía y Negocios conversó con Eduardo Saavedra, quien también fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2014-2020):

¿En términos generales, qué te parece la carta?

En la carta veo inexactitudes, amenazas y el deseo de mantener un derecho con argumentos falaces, sobre todo cuando hablan del impacto en los trabajadores que tendrá esta reforma al sistema de pensiones.

En la carta señalan que con algunas disposiciones de la Reforma de Pensiones (RP) se estaría socavando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Chile, ¿es así?

No lo socava, ni remotamente. Se han hecho varias modificaciones a DL-3500, que es el decreto que regula las actividades de los fondos de pensiones de la AFP. Por ejemplo, se ha facilitado la entrada de nuevas empresas. Eso no existía cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde la Comisión Marcel, hace 15 años, se licitan los trabajadores nuevos que entran al sistema, a la AFP que cobra menos comisión al afiliado. Así entraron las AFP Modelo y UNO; Plan Vital licitó después, cuando quería tener más afiliados. Como los afiliados no se mueven de AFP, estas licitaciones son una fórmula para crecer.  Y cuando se hicieron estas modificaciones, nadie reclamó, nadie dijo que era expropiatorio, porque parte de las reglas del juego de mercado es que la entrada de nuevos actores se facilite, sobre todo cuando hay rentas significativas de los incumbentes que son los que están, entre los cuales están estas empresas norteamericanas de aseguradoras. Los grandes beneficiados de esto, son los trabajadores que, por un tiempo al menos, ven reducidas las comisiones que tienen que pagar cuando estas se licitan.

¿Y esta fórmula de licitar nuevos afiliados a la AFP que cobra menos comisión ha funcionado bien?

El sistema ha funcionado bien y han bajado las comisiones. Pero no ha funcionado perfecto. Sigue habiendo rentas oligopólicas, rentas elevadas para inversiones pequeñas y, por lo tanto, este reclamo de las compañías estadounidenses, lo único que me hace pensar es que quieren elevar la conversación para que el Gobierno de Estados Unidos haga algo, presione y logre un mejor trato para ellos.

¿En qué caso la reforma hubiese violentado el Tratado de Libre Comercio con EEUU?

Por ejemplo, que les expropiaran los activos o les quitaran los trabajadores. Eso podría ser considerado dañino para sus inversiones. Pero aquí, no es el caso.

¿Qué hay detrás de este reclamo?

Es importante decir que las AFP tienen ciertas rentas; rentas que son enormes para las pocas inversiones que hacen. Principalmente, esas rentas son producto de las comisiones que cobran por gestionar los ahorros previsionales de sus afiliados y de las cotizaciones. Entonces cuando ellos dicen que les están expropiando, se refieren a esas rentas. No dicen explícitamente: «lo que yo pierdo son las rentas que tengo, la comisión que cobro por los ingresos de los trabajadores mes a mes». Por lo tanto, lo importante aquí es dejar claro que en una economía de mercado las rentas sobre económicas o más allá de las rentas que deberían ser las razonables para el nivel de riesgo de estas industrias, esa renta no constituye un derecho de propiedad. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué es lo que están perdiendo? ¿Pierden afiliados? No, porque tienen el derecho a participar también por esos mismos afiliados a una comisión menor. Entonces, lo que pierden son rentas. Pero las rentas en una economía de mercado no constituyen derecho de propiedad. Eso tenemos que tenerlo muy claro.

Sobre esa base, cuando ellos dicen que podrían ir a buscar reparaciones legales, ¿eso no llegaría a buen puerto?

Ellos recurrirán ante el CIADI, que es un foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados que está en el Banco Mundial, sede Washington. Pero, probablemente, les iría pésimo en el CIADI. Yo creo que ellos quieren construir un caso para que intervenga el Gobierno de Estados Unidos, diciéndole a Chile: «ustedes me cambian la ley o les aplico sanciones».

¿Se siente como una amenaza cuando dicen que Donald Trump va a tener en cuenta sus reclamos para cuando revise los acuerdos comerciales?

Por supuesto que es una amenaza y ellos están construyendo el caso para despertar al Gobierno norteamericano y decir: «miren a Chile, nos están expropiando». Eso ya lo han hecho otras veces. Cuando fue la expropiación del cobre en 1971, obviamente las empresas norteamericanas fueron a presionar y el Gobierno de Estados Unidos intervino. Donald Trump lo está haciendo ahora con México y Canadá, subiendo aranceles para presionar políticas migratorias.

La ACLI afirma  que no se les trata justamente por la disposición que establece la licitación del 10% de afiliados. Ahí hablan de la expropiación, que no es un trato justo y equitativo.

Aquí no hay expropiación porque no se les está prohibiendo a ellos participar. Si el mercado estuviese mucho más concentrado a lo que está hoy día, y si es que hay un actuar coordinado de las AFP norteamericanas para ponerse de acuerdo en variables de mercado, el Tribunal de la Libre Competencia podría resolver, dependiendo de cómo se lleve el caso, que en esas licitaciones no participen. Pero esto no es el caso como se ha aplicado en Chile, ni es el caso que pretende este nuevo cambio legal.

Otro punto que cuestionan es el rol que tendrá el Instituto de Previsión Social (IPS) y cuestionan la posibilidad de que ingrese al mercado un inversor público

En mi opinión, hay mercados que funcionan relativamente bien con empresas públicas y privadas, y a eso no hay que tenerle miedo. El mercado cuando no funciona como plantean los libros de texto, tiene como una opción regular y tiene otras opciones complementarias o sustitutas, incluso la propiedad pública. Y aquí estamos hablando de un mercado que tiene siete AFP y que se le permite la entrada de inversionistas nuevos que van a hacer lo que hacen hoy día las AFP: inversión. Eso significa más competencia y más competencia siempre es bueno.

Argumentan también que otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión.

No hay ninguna ventaja competitiva, porque hoy día ya se licita la cartera de afiliados nuevos que entran al sistema y las AFP participan. Y no es discriminatorio decir que la única obligación es que, si la AFP participa en la licitación con un precio más bajo de las comisiones, ese precio tiene que ser válido para todos sus afiliados. Y por eso, probablemente, las AFP muy grandes no quieren participar, porque tendrían que bajar el precio a toda la cartera de afiliados que tienen. Y por eso entran nuevas AFP a muy buen precio y validan el sistema. La preocupación latente en la carta es que esta licitación ya va a ser por el 10% de afiliados de todo el sistema y eso les va a revolver un poco el gallinero.

Ellos hablan que no es justo el trato porque “han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”

Me encantaría saber cuáles son las grandes inversiones que hacen los incumbentes en una industria que deja 700 mil millones de pesos de rentas y de beneficios anuales. Me parece que son mucho menos esas inversiones, porque en esos beneficios están descontadas las depreciaciones de aquellas grandes inversiones. Si son grandes gastos, también están descontados, y dejan una renta tan grande que la verdad es que es un negocio muy lucrativo a costa de los trabajadores chilenos.

¿Cómo observas la entrada de un inversor estatal?

El Estado muchas veces tiene otra función y objetivos distintos a los de un privado. El privado busca maximizar los beneficios de su empresa. Y, por lo tanto, llega a una cierta cotización. Si son muchos, va a ser la cotización muy parecida al costo medio de la empresa. Pero cuando son pocos, es mucho más grande que el costo medio.  Y eso es lo que está sucediendo en las AFP hoy día. De allí las enormes ganancias que tienen. Porque una vez que tienen a la gente capturada, mensualmente le va cayendo el centavito. Bueno, esa cotización quizá es un 20%, un 30%, un 40% por encima de aquella que se va a dar cuando haya una licitación. Pero si entra un ente estatal, el ente estatal quizá no está interesado en maximizar beneficios. Quizá el ente estatal está interesado en maximizar el bienestar global del sistema, que ya es algo más complejo. En la práctica, probablemente el inversionista público haría lo mismo que haría una AFP que fuera administrada por los propios cotizantes, como en otros países existe. Iría a costo medio, o sea, no querría perder dinero, pero lo cual significa cobrar bastante más bajo y por lo tanto captar más afiliados.

Y la pregunta que uno se hace es ¿cuál es la dinámica de la industria cuando el nuevo entrante tiene ese otro objetivo? Si su interés es el costo medio, entonces le va a generar dinámica competitiva a la industria, mucho más grande que aquellos que maximizan beneficios. Y eso es un temor, porque eso no podría alegarse como expropiación, porque entró alguien y bajó el precio. Pero lo quieren alegar diciendo que es estatal. La argumentación es confundir peras con manzanas, que es muy propio de sectores radicales que dicen que el Estado no debería siquiera existir en esta industria. ¿Cómo funcionaron las AFP  cuando partieron? Con un laissez-faire increíble que lo único que llevó fue a enormes ganancias para sus dueños.

En la carta también señalan que las medidas afectan la confianza de inversores de larga data y que disuadirían las inversiones futuras

Chile ha dado muestras que es un país que respeta los derechos de propiedad, respeta las instituciones. E insisto, este cambio es dentro de la institucionalidad, este cambio es conocido por los que llegaron acá. Chile no tiene que seguir saliendo al pizarrón a demostrar que es un país que respeta los derechos de propiedad. Y, ciertamente, si es que se da una dinámica más competitiva en la industria, van a bajar las comisiones, ya no va a haber tanta aseguradora norteamericana queriendo entrar al mercado AFP en Chile. Pero eso es más bien una reacción propia, porque el mercado ya no da tanta renta como daba. Pero de aquí a que un inversionista minero, un inversionista tecnológico, dijera:  ´Chile se convirtió en Venezuela´, por favor. Esto es un pataleo de unos pocos empresarios que ven que sus derechos de rentas se están viendo amenazados. Y esas rentas no son propias de una economía de mercado.

Esta  reforma es un acuerdo de un espectro político amplio que, finalmente, se pone de acuerdo en introducirse a una industria que funciona pésimo hace muchos años y les extrae renta a los trabajadores por muchos, muchos años.

¿Preocupa el hecho de que entren actores extranjeros a un sector tan sensible como el de las AFP?

Hay mucha gente a la que le preocupa, a mí no. A mí lo que me preocupa es que entren extranjeros que intenten meter a sus gobiernos para lograr beneficios. Como creo que está siendo este caso. Eso está fuera de la regla del mercado. Y parte de las reglas del juego es que, cada cierto tiempo, se hacen cambios legales. Meter al gobierno, y sobre todo un gobierno que ha dado muestras de que puede introducirse a la economía de mercado, porque lo único que le importa son las rentas de empresas norteamericanas, quizás nos hace cuestionar a muchos más sobre lo qué hacen los norteamericanos acá en Chile. Cuando se aprobó la entrada de capital extranjero a la industria de las AFP, dijimos bienvenidos todos, y jugamos con las reglas del mercado. Pero si ellos no quieren jugar con las reglas del mercado, ahí yo me cuestiono si vale la pena tener este tipo de empresas acá. Esto no es la guerra fría, no es la hegemonía de Estados Unidos en la época de Ronald Reagan o Bush padre. Esta es una época en donde un gran actor que no existía en aquella época, que es China, podría venir también a invertir acá. También está Japón, están los países de la Unión Europea, o sea, ¿nos afectaría que el gobierno norteamericano se ofendiera? Por supuesto que sí, pero tampoco quedaríamos solos contra el mundo.

Por último, en la carta aseguran que esta reforma perjudica la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores, poniendo como ejemplo que obligaría a los gestores de inversión a tomar decisiones subóptimas, que desalentaría la inversión en instrumentos financieros de largo plazo, el hecho de licitar cada dos años el 10%  de la cartera de afiliado. ¿Podría ser un efecto?

Las AFP eligen su portafolio pensando en que los trabajadores que ingresan van a quedarse hasta los 60, 65 años y, por lo tanto, los fondos que tienen los invierten en activos de más largo plazo. Además, para asegurar que haya dinero efectivo para poder traspasar cuando alguien se cambia, el sistema les obliga a que haya un encaje. Esto significa que no pueden invertir un cierto porcentaje de los fondos que tienen. Tienen que mantener guardados líquidos, de manera que si un trabajador dice me jubilo o me cambio de AFP, haya un traspaso efectivo de dinero. Lo planteo por lo siguiente: En este cambio de ley, el encaje bajó, con lo cual hay más ganancia para las AFP, van a poder invertir más, van a tener menos dinero en encaje. Entonces, lo primero es que hay un beneficio que ellos no mencionan que es la reducción del encaje. Lo segundo, es que no todos los trabajadores se van y ahí queda el encaje en la AFP. Y las AFP invierten óptimamente, sin restricciones, en función del perfil de sus afiliados. Si tienen afiliados jóvenes probablemente invierten a más largo plazo. Si ven que tienen afiliados no tan jóvenes, tienen que asegurar que los fondos no sean tan volátiles. Por lo tanto, tiene que ser un mix de portafolio. No todo se tira a largo plazo. Y por lo tanto, hoy día hay una suboptimalidad, pero que se refiere a que es óptimo dada nuevas restricciones.

¿Y qué es lo que sucede con esta reforma? Le están diciendo, mire, yo sé que un porcentaje bajo de sus afiliados se va, pero ahora se va a ir un porcentaje más grande. Y, por lo tanto, va a tener que asegurarme que va a tener el dinero líquido cuando yo licite el 10% de los afiliados al sistema. Y si usted no se lo gana, tiene que hacer el traspaso de fondos. Por lo tanto, a aquella AFP que quiera cobrar caro por la comisión, se le va a ir gente. 

Entonces, es un mercado que debería obligar al que quiere mantener afiliados a apostar por menores comisiones, por menor precio. Entonces, ¿es subóptimo? No lo sabemos. Puede ser que se mueva en el margen de la optimalidad de las inversiones. Me refiero en el margen a que es una restricción que ya tienen, que es cuántos trabajadores ellos creen que se le van a ir en los próximos dos años, hoy día quizás eso va a aumentar. Pero para los trabajadores, la buena noticia es que se van a ir en la medida en que alguien les bajó la comisión, y si les bajó la comisión es un beneficio para los trabajadores y en el neto es imposible que lo que les perjudica sea más grande que el beneficio que obtienen pagando menos comisión porque si no, no se cambiarían. Entonces, eso de nuevo es un argumento falaz. El tratar de meter en este baile a los trabajadores para que ellos también reclamen diciendo que es malo, lo que no va a suceder. No, es un argumento malo. Aquí, el único riesgo que veo es a las rentas oligopólicas de los inversionistas estadounidense de las AFP más grandes de Chile