Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas es una iniciativa de la Universidad Alberto Hurtado
agosto 2021
agosto 2021
Miriam Henríquez en Bío Bío TV: “Sobre la paridad hay una discusión histórica sobre si esta alude a un mínimo o a un techo, y deberá ser la propia Convención Constituyente quien resuelva cuál interpretación aceptará”
En la tercera edición del programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, donde Pedro Güell y Miriam Henríquez son panelistas estables, participó además Juan Luis Ossa, investigador del CEP y doctor en Historia. Los panelistas compartieron, como en las ediciones anteriores, su visión sobre el trabajo de la convención.
Destacaron, como temas principales de interés, cómo el proceso político electoral que vive el país está afectando y afectará el trabajo de la convención, las implicancias y preocupaciones que surgen de la recientemente constituida Comisión de Derechos Humanos, y cómo la Convención abordará el tema de la diversidad y, en particular, qué interpretación adoptará sobre la concepción de paridad que aplicará al interior de sus diversos espacios y representaciones.
Sobre la vinculación entre los procesos eleccionarios del país y la convención, Pedro Güell señala que los resultados de las primarias y las futuras elecciones presidenciales van a afectar e impactar a la convención constitucional, en dos sentidos: por una parte, ya se empiezan a ver las primeras alineaciones entre los distintos bloques; y por otra, las elecciones presidenciales le quitarán mucho foco y prensa a la convención, lo que puede tener efectos positivos y negativos sobre ella. Reforzando esta reflexión, Miriam Henríquez comenta que ya se han visto algunos titulares que hablan de la “presidencialización” de la convención, y la “constitucionalización” de la elección presidencial. Con esto se apunta a que ambos procesos se estarían “imbricando”.
Sobre este mismo tema, Güell señala que a lo largo del proceso de la convención, se irán produciendo distintos ordenamientos, por ejemplo, entre los de derecha o de izquierda, y estos distintos bloques se irán modificando a lo largo del tiempo. Es decir, la propia diversidad interna de la convención generará alianzas de distinto tipo, aunque cada período pueda tener su formación y sus alianzas.
En este momento, continúa, estamos en el periodo de la formación de las comisiones y de las vicepresidencias, y el tema de las alianzas es importante porque, de alguna manera, dice sobre quiénes pueden juntarse con quiénes. No se trata por lo tanto sólo de cómo se construyen mayorías para llegar a una comisión o vicepresidencia, lo que es razonable, sino cómo se irán formando entre ellos, porque de alguna manera esto puede implicar cómo se irán conformando las alianzas fuera de la convención. Del mismo modo, que las alianzas externas afectarán a la convención internamente.
A modo de ejemplo, indica que este proceso ya se ha reflejado en las dificultades que están teniendo, crecientemente, la Lista del Pueblo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, para construir alianzas en torno a las diversas nominaciones. Esto muestra que, a partir del triunfo de Boric, el Frente Amplio tiene que mostrar ciertas posiciones más socialdemócratas, lo que obliga a una sintonía mayor entre el Partido Socialista, el PPD y el Frente Amplio, al menos del sector de la candidatura que representa Boric. Esto rompe, de alguna manera, las primeras alianzas que se produjeron cuando se formó la primera mesa de la convención, y modifica dónde estaba puesta la balanza en ese momento. Creo que si el partido Comunista se integra vitalmente a la candidatura de Boric, continúa Güell, probablemente van a existir nuevas alianzas en la Convención, pero donde el peso no estará puesto en el Partido Comunista, sino que en el Frente Amplio.
La pregunta que me surge es ¿cómo va a impactar a la derecha los resultados de las primarias? ¿Se va a generar un movimiento más centrífugo o centrípeto? Aún no está muy claro qué dirección seguirá el sector después del resultado de las elecciones primarias. Así como estos resultados le afectarán a este sector, también le afectarán a la Convención. Creo, por lo tanto, que las dinámicas de alianza, y por lo tanto, de acuerdos y desacuerdos en la convención, van a estar muy impactadas por la elección presidencial.
Sobre el desafío de la Convención respecto a la forma de interpretar el concepto de paridad, Miriam Henríquez señala que la convención ha tenido un amplio debate respecto a este tema. Se ha discutido si la paridad se entiende como que en todas las coordinaciones, debiera haber un hombre y una mujer, como techo, o si por el contrario, la idea de paridad pudiera significar, al menos un componente representado por una mujer, sin que obste que, en el caso de las coordinaciones donde sean dos, se pueda elegir a una segunda mujer. Este punto ha generado debate y lo seguirá generando, siendo un tema que la convención tendrá que dilucidar. De hecho se cuestionó la integración de la comisión de reglamento porque algunos sostenían que podía integrarse por dos mujeres, y otros sostenían que esa interpretación debía ser un hombre y una mujer. Un dato importante a considerar: el reglamento dice que las comisiones estarán integradas, al menos, por una mujer, pero la interpretación que hizo uno de los secretarios de la convención es que el mandato era que se eligiera a un hombre y una mujer. Entonces, es importante decir que el mismo órgano que está generando estas reglas podrá definir cómo se interpretarán.
Sobre el tema de la paridad, Pedro Güell, agrega que a su juicio la discusión ha sido si la paridad es una representación estadísticamente equilibrada o es binarismo. En su visión, la forma en que se manejan las diversidades dentro de la convención estaría afectando al conjunto de nuestras diferencias, como por ejemplo, las diferencias de género, de grupos ideológicos, entre pueblos originarios o primeras naciones. Su mirada es que si bien ahora se trata de una discusión sobre temas puntuales, como por ejemplo, cuál es el equilibrio al interior de una comisión, u otra, cree que se está generando material que incluso puede luego permear el propio texto constitucional. La pregunta que me parece importante hacernos, dice Güell, es ¿Qué es lo que significa representar diversidad?, ¿es un tema estadístico, es un tema que se fija binariamente, o existen otras formas de hacerlo?. Se trata de un tema presente en todas las democracias complejas, y veo que está apareciendo de muy buena manera en la Convención.
En opinión de Juan Luis Ossa, la diversidad es una riqueza y así como se está manifestando en la convención, debiera luego expresarse en la propia constitución, en el texto constitucional. Si bien, le dará un mayor grado de representatividad, debiera ir también de la mano de su gobernabilidad, de modo que la convención sea capaz de generar el texto constitucional.
Sobre las distintas comisiones que ya se han conformado, y en particular sobre la de Derechos Humanos, Miriam Henríquez, recuerda que hay 3 comisiones que ya están funcionando, Reglamento, Ética y Presupuesto, y hay otras tres que ya se han aprobado, en las que se acordaron sus objetivos generales y está pendiente definir cuáles serán sus objetivos específicos y sobre qué temas van a tratar. Reconoce que la comisión que ha generado mucho movimiento y reacciones ha sido justamente la comisión de Derechos Humanos, en la que reconoce un alto grado de complejidad, entre otros, porque su definición aborda muchos temas y muy diversos (como verdad, reconciliación, y reparación), y aún no está claro qué va a hacer. Lo que se sabe es que tiene un mandato de hacer algo en 30 días.
Un elemento llamativo, en opinión de Henríquez, es que si bien esta comisión ha despertado muchos cuestionamientos por parte de profesores y expertos, no se debe olvidar que su aprobación fue muy alta, con cerca de 103 convencionales, aunque cabe preguntarse qué habrá entendido cada convencional cuando aprobó esta comisión, cuál habrá sido el móvil para haberla aprobado, porque queda la impresión que cada uno la aprobó con un sentido distinto, si se considera que aún no han sido capaces de fijar sus objetivos específicos.
Sobre esta misma comisión, Juan Luis Ossa, señala su preocupación desde el mismo nombre que se ha dado: “Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación, y Garantías de No Repetición”. Señala que si bien le parece muy relevante que la Convención se tome en serio el tema de los derechos humanos, y en una concepción moderna de ellos, desde su visión como historiador, estima que el uso de la expresión “verdad histórica” no corresponde porque se entromete en la historiografía y en el pensamiento crítico y el derecho a disentir.
En opinión de Güell es importante considerar que las constituciones se meten inevitablemente con la discusión histórica, e incluso historiográfica. Las constituciones, quiérase o no, son historia. No puede dejar de considerarse que esta constitución se construyó en un determinado contexto y espacio, y es probable que esa lectura histórica quede de alguna manera marcada en la introducción del texto legal o en muchos de los párrafos de la constitución. Lo que quiero decir, es que la constitución no podrá evitar hacer una reflexión histórica. Y, por otra parte, aunque no lo quiera, la constitución va a crear ciertas ideas históricas, por ejemplo, sobre los Derechos Humanos. Es decir, la constitución no es sólo un texto jurídico, va a tener mucho de historiografía y afirmación histórica. Y esto me parece inevitable.
En este contexto, la discusión que plantea Juan Luis es muy válida porque nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos relacionamos con esas afirmaciones históricas? Desde nuestra mirada como civilización ya sabemos que aquello que llamamos verdades son afirmaciones que hacemos para seguir avanzando y construyendo, pero jamás las damos como verdades absolutas, ni menos como algo que pueda anular el derecho a disentir respecto a esa misma verdad. Entonces, si bien el concepto de “verdad histórica” es un concepto muy complicado, también representa una tradición de la que tenemos que hacernos cargo en el buen sentido. Cuando se habla de “verdad histórica “ en el concierto de los Derechos Humanos en general se alude a la serie de Comisiones de Verdad, Justicia y Reconciliación que se han hecho a lo largo de nuestra historia, y que fueron un avance muy notable respecto del respeto y superación de los atropellos a los Derechos Humanos, y de los fenómenos de reparación y reconciliación. Con esto quiero decir, que desde la manera de abordar nuestras afirmaciones y convencimientos históricos, no podemos situarnos en el lado de la pura y dura verdad. Pero, por otra parte, la idea de verdad tiene también una tradición que es muy respetable y lo que hoy se busca decir es: “esta vez como sociedad, vamos a decir con toda la fuerza que tenemos, aquello que pensamos”. Entonces, yo comparto la preocupación sobre el concepto de “verdad histórica”, y ojalá no caigamos en la idea de una verdad histórica dura y cerrada, pero al mismo tiempo, creo que debemos acoger la idea de que queremos tener convencimientos muy firmes, en algunos campos, y especialmente en el de los Derechos Humanos, concluye Güell.
Ya finalizando el programa, los panelistas comparten algunas reflexiones de cierre o también algún “dato freak” en torno a la Convención.
Miriam Henríquez comenta, como dato freak, que un tema que está siendo discutido en la Convención es ¿cuántos convencionales constituyentes son 2/3? Explica que algunos habían entendido que eran 104, porque al dividir los 2/3 da como resultado 103,3 y la mayoría lo aproximaba a 104. Pero existe una ley del año 1876 que creó lo que se conoce como la Ley del Redondeo, que señala que cuando el resultado es menos de 0,5 se redondea hacia abajo, y aplicado esto, los 2/3 serían 103 y no 104 como se había calculado inicialmente.
Ya en el cierre, Pedro Güell, plantea como pregunta ¿cómo se crea un cierto lenguaje común en un escenario de alta diversidad, donde uno de los elementos más característicos de esa diversidad es el propio lenguaje? Es decir, no es que nuestras diversidades sean una cosa, y nuestros lenguajes otra, sino que en los lenguajes se instalan y muestran las diversidades, y por lo tanto, la defensa de la particularidad del lenguaje es una defensa de la diversidad. Entonces, la pregunta es cómo se hace una constitución que tiene que ser escrita en “un lenguaje”, no sólo en español, sino también en el lenguaje jurídico y racional, etc.
En este contexto, le parece muy destacable que, a raíz de la discusión con la convencional Teresa Marinovich, la presidenta Loncón haya señalado esta semana que así como existe el lenguaje de la razón jurídica y política, que tiene que estar presente en la discusión, hay también un lenguaje que hemos aprendido en nuestra historia ancestral, que tiene que ver con aceptar la diversidad del otro, “y a eso nosotros lo llamamos “amor”. Y, por eso, la presidenta Loncón les dijo: les propongo que también nos situemos desde el lado del amor. Me parece muy interesante, señala Güell, cómo la Convención Constituyente se va abriendo a muchos lenguajes y miradas, donde resulta muy interesante que su planteamiento haya sido: hay otras maneras de ver y abordar el tema de la diversidad. Me alegró mucho oírlo. dice Güell.
Sobre este mismo tema, Juan Luis Ossa, puntualiza que a él le gustaría ver crecientemente un respeto por las minorías. Las democracias viven de las minorías y las mayorías. Quisiera que, sin importar si hayas tenido más o menos convencionales, ningún grupo sea excluido de este proceso.
Para cerrar el programa, Miriam Henríquez, plantea que en las próximas semanas se irá viendo una Convención que irá dejando una primera etapa de un trabajo más hacia adentro, donde se están tomando decisiones entre los convencionales, pero donde aún no se ha salido a comunicar estas decisiones y a buscar la participación que, sabemos, será central en este proceso, lo que probablemente ocurrirá en las próximas semanas.
Si quieres escuchar el programa completo, sigue este link.
Carlos J. Garcia, investigador CiPP: «Sin una inflación desbordada, es temerario desinstalar en el país la política monetaria expansiva del Banco Central».
En este momento parte de la inflación es producto de la crisis más que una señal genuina de recuperación. Sin una inflación desbordada, es temerario desinstalar la política monetaria expansiva del Banco Central. Por el contrario, sólo en la medida que la crisis se supere, será momento de ir aumentando paulatinamente la tasa de interés y reduciendo las facilidades de crédito. En especial, por que la propia pandemia está mutando con nuevas sepas que ponen un manto de duda sobre el futuro inmediato de la economía chilena y tasas de crecimiento del PIB por sobre el 6% para el 2021.
Ante este escenario, parece relevante plantearse las siguientes preguntas desde una mirada de política pública:
¿Seguirá nuestro Banco Central su estrategia de enfocarse solo en controlar la inflación a diferencia de los bancos centrales de las economías desarrolladas que también consideran lo que sucede con la actividad y el empleo?
¿Debemos cambiar en Chile la ley orgánica del Banco Central para que de una vez por todas se considere como objetivo explícito la actividad y el empleo?
Enrique Rajevic, investigador CiPP “Necesitamos lograr una articulación virtuosa entre la dignidad de las personas que trabajan en la administración pública y una buena gestión pública de cara a los ciudadanos”.
Rajevic hizo esta afirmación en el conversatorio «Desafíos de la protección de los derechos funcionarios», organizado por la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA).
En la oportunidad, participaron además, Luis Aranda, jefe de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la CGR y Enrique París, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, con la moderación y comentarios de Graciela Lepe Uribe, SubJefa de la División Jurídica de la CGR.
Enrique Rajevic realizó la exposición denominada “Derechos Funcionarios: dignidad e interés general” en la que se refirió a los problemas y desafíos que genera la protección de los derechos funcionarios.
Puntualizó que cuando se escucha hablar de los “derechos” se tiende a pensar que el foco fueran sólo los funcionarios y funcionarias de la administración pública, sin embargo, no se debe perder de vista el “interés general”.
Luego enfatiza la importancia de “profesionalizar el empleo público» y, citando las recomendaciones sobre integridad pública de la OCDE (2017), recuerda que se debe avanzar hacia un servicio público basado en atributos como la meritocracia, los valores y la buena gobernanza, como también que sea profesional e imparcial, de modo de garantizar “un alto nivel de competencia e integridad, así como la continuidad en el desarrollo, asesoramiento e implementación de políticas al servicio del interés público”.
Otro de los desafíos planteados por Rajevic se refiere a la necesidad de diferenciar entre Gobierno y Administración, destacando el rol que juegan los propios funcionarios públicos cuando ejecutan políticas públicas en gobiernos de distinto signo, lo que está en línea con la idea de un servicio civil profesional.
Señala que el mundo municipal tiene desafíos particulares en este ámbito, dado que presenta alta heterogeneidad entre municipios, una pluralidad de regímenes de personal y tareas, y el factor político es muy importante, en tanto los alcaldes y concejales pueden ser reelectos y tienen un contacto muy estrecho con la comunidad, lo que resulta en un escenario más riesgoso a las malas prácticas.
En este marco de desafíos para alcanzar una buena gestión pública, el investigador del CiPP valoró como iniciativas que apuntan en la dirección correcta, la Estrategia Nacional Anticorrupción lanzada por la CGR como también el portal y la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de esta entidad, que además se informó que se extenderá al reclamo que contempla el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Con este tipo de acciones “la CGR ha demostrado que, sin necesidad de aplicar leyes, se pueden hacer cosas que sean relevantes e importantes para tener un mejor Estado y un trato más digno tanto para los funcionarios y funcionarias como para la ciudadanía”, concluye el académico.
Si quieres escuchar el conversatorio sigue este link:
Fuente: Observatorio por las Trayectorias Educativas.
Cristóbal Madero y Leandro Sepúlveda, Investigadores CiPP y académicos UAH, integran el nuevo Observatorio por las Trayectorias Educativas.
Cinco centros de investigación del país, incluido el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, se unieron para lanzar un Observatorio por las Trayectorias Educativas. Todos ellos trabajan en el tema de la exclusión escolar en Chile y buscan incidir en políticas públicas para proteger las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes.
En Chile, el 45% de niños, niñas y jóvenes no culmina su trayectoria educativa en los 12 años lineales establecidos; la repitencia escolar ha aumentado de 2% a 4% en la última década; y cada 12 minutos un/a estudiante es excluido/a de la escuela, un número que podría aumentar al doble debido a la pandemia, según MINEDUC.
Ante este escenario, surge la decisión de crear el Observatorio por las Trayectorias Educativas. Se trata de una iniciativa de Fundación Súmate del Hogar de Cristo, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la PUCV, del Centro Justicia Educacional de la Universidad Católica, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, todas instituciones preocupadas por las trayectorias educativas y aprendizajes efectivos de niñas, niños y jóvenes sin importar su condición de origen o situación social y económica.
“La pandemia nos ha mostrado la deuda que tenemos con los niños, niñas y jóvenes que tienen trayectorias frágiles y/o que están fuera del sistema escolar. Esto lo vemos porque las y los estudiantes no tenían vínculos con sus escuelas y con el cierre de las mismas. Esos vínculos hoy terminaron de cortarse”, explica Liliana Cortés, directora ejecutiva de Fundación Súmate y vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas. Y agrega: “La pandemia nos muestra la urgencia de avanzar hacia un modelo educativo integral, donde el equilibrio entre los conocimientos y el desarrollo emocional configure una forma de relacionarse entre docentes, familias y estudiantes, llena de emociones, motivante y con altas expectativas. Todos los actores de las comunidades estamos desafiados”,
Para efectos de esta iniciativa, que busca además visibilizar este problema en el debate público, las cinco instituciones concluyen en un documento cuáles son los 10 factores principales que conllevan a la exclusión escolar. Entre ellos, figuran situaciones como que el 62,5% de niños, niñas y jóvenes que abandonan el sistema escolar pertenecen al 40% de la población con menores ingresos, o que un 11% de las y los estudiantes de primero medio no logra avanzar de nivel educativo, porque no se logran adaptar a la transición, por nombrar algunos motivos. También se cuentan el ausentismo frecuente a clases, la repitencia escolar, el rezago escolar y la variable de género, todas circunstancias que desencadenan que niños, niñas y jóvenes se vean en la situación de dejar de asistir a clases.
A esto se suma la situación actual en pandemia. De acuerdo a cifras del MINEDUC, 40 mil niños, niñas y jóvenes que debieran permanecer en el sistema educativo formal no se matricularon en ningún establecimiento este año.
“Este Observatorio busca ayudar a fortalecer la conceptualización que tenemos acerca de las trayectorias educativas y sus implicancias. Pretendemos ayudar, primero, poniendo a disposición datos e información de distintos sistemas de monitoreo que existen a nivel país, algunos de ellos desde el propio sistema de gobierno (como el actual sistema Sistema de Alerta Temprana, SAT) y otros, a través de estudios de los centros de investigación que participan del Observatorio. Segundo, queremos colaborar a través de la interpretación y el apoyo a las políticas públicas de estos mismos datos. Y tercero, dando apoyo a las campañas de sensibilización respecto de la función social que a todos les corresponde en promover un sistema educativo más inclusivo, más orientado a permitir la diversidad de niños, niñas y jóvenes que habitan en este país”, señala Verónica López, vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas.
“No hablemos más de desertores, porque somos nosotros, el país, a través de sus escuelas los que vamos empujando a los estudiantes a desertar. Por eso hoy hablamos de exclusión escolar o educativa. Es necesario instalar ciertas estrategias de tipo preventivas y de monitoreo para conocer cuáles son los estudiantes que se van desenganchando de la experiencia escolar (…) El foco no debería estar puesto exclusivamente en calidad, y mucho menos entender por calidad el rendimiento de una prueba estandarizada, sino que el foco tiene que estar en la noción de trayectorias educativas. En la idea de trayectorias positivas, diversas, y eso tiene que ver con la idea de un camino que él o la estudiante tiene que poder recorrer”. concluye Verónica López.
Toda la información respecto al Observatorio se puede encontrar en trayectorias educativas.cl, un espacio en donde las instituciones comparten sus experiencias, conocimientos y recursos sobre la exclusión escolar con la comunidad.
julio 2021
Fuente: El Mostrador
[Columna de Opinión] Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico de la UAH en El Mostrador: “ El proceso de instalación de los gobernadores regionales ha estado marcado por las desinteligencias del gobierno”.
En su columna, Pressaco analiza lo que ha sido el proceso de instalación de los gobernadores regionales en el marco de las desinteligencias del gobierno y propone tres focos que deberían ser abordados para potenciar el aprovechamiento de este nuevo y esperanzador proceso.
Sobre la actuación del gobierno, el investigador señala que, teniendo tiempo suficiente para hacerlo de mejor manera, este no ha acondicionado las instalaciones de las futuras autoridades regionales, ha mantenido las dependencias de los intendentes para los delegados presidenciales en lugar de destinarlas a los gobernadores electos ….y como guinda de la torta promovió un recorte del presupuesto de instalación/operación de las nuevas autoridades para trasladar esos recursos a los delegados presidenciales.
Si bien esta última medida pudo ser revertida por el reclamo unánime de los gobernadores, pone en evidencia, entre otros, la deficitaria capacidad de gestión de un gobierno para atender los requerimientos del proceso de instalación; algo semejante a lo observado con la Convención Constitucional.
Además, señala que más allá de las débiles competencias de las nuevas autoridades y de los interrogantes que surgen en torno a la relación con los delegados presidenciales, los gobernadores serán actores políticamente relevantes en el nuevo escenario.
Por lo tanto, más allá de los problemas, este proceso representa un avance para Chile y lo pone a la altura de muchos países desarrollados y de la región que, con una estructura unitaria, han avanzando en democratización del régimen político territorial y descentralización fiscal.
En este sentido, Pressacco identifica tres focos de acción que deberían ser abordados para potenciar el aprovechamiento de este esperanzador proceso.
Primero, dotar a los gobiernos regionales de más recursos. Es sólida la evidencia que vincula positivamente al proceso de descentralización con el mayor desarrollo y equidad territorial. Por ello, el despliegue de políticas territoriales requiere de dotar con más recursos a los gobiernos regionales y con más capacidad de incidencia a las autoridades territoriales en la asignación de los recursos del gobierno nacional en los territorios.
Segundo, avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad territorial. En este punto, Pressacco señala que es fundamental que el proyecto de Ley de Rentas Regionales (ingresado al congreso en septiembre del año pasado) avance rápidamente y que las iniciativas que considere se orienten no solo a incrementar los recursos regionales sino a disminuir las brechas entre los territorios.
y, Tercero, el traspaso de competencias desde el nivel regional al subregional. El académico señala que todavía quedan varios asuntos que resolver en esta materia: el cuestionado “silencio administrativo”, el rol de la Contraloría como entre dirimente en caso de desacuerdo entre el Gobierno regional y los Delegados presidenciales así como el deber de la autoridad regional de coordinarse con el Delegado y el órgano responsable de la materia en el gobierno central.
Concluye señalando que la elección democrática del gobernador regional es una gran noticia al democratizar el régimen del gobierno regional. Por sí sola no constituye una solución, pero contribuye a la construcción de un camino que permitirá impulsar nuevas reformas que reconozcan la diversidad social, cultural y territorial y a generar un entorno en el que las preocupaciones y sueños de las ciudadanías regionales se puedan materializar. Quizás, el desafío más relevante de este proceso es avanzar en la consolidación de las capacidades regionales para la construcción de un proyecto colectivo.
Para leer su columna completa, sigue el siguiente link: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/07/19/gobernadores-regionales-el-inicio-de-un-camino-y-tres-focos/
Fuente: El Mercurio
Rafael Blanco en El Mercurio: “Preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”
Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, publicó en El Mercurio una columna de opinión donde plantea ciertos puntos relevantes para el debate constituyente. En primer lugar explica que, una clara y nítida separación de potestades y funciones que garanticen un sistema de pesos y contrapesos que evite vulneración de derechos y garantías de la ciudadanía, es fundamental. Para lograr esto, continúa, es imprescindible contar con un Poder Judicial independiente en lo externo, que juzgue de manera imparcial y autónoma.
Blanco afirma que debe haber especial cuidado en la manera en que el Estado organiza y distribuye roles en el subsistema de justicia penal. Es por esto que el mandato de la Convención Constituyente en torno a dar forma a potenciales reformas a los órganos de sistema de justicia penal, resulta especialmente delicado y relevante para la democracia y un sano sistema político de genuina separación de funciones.
Reconoce aspectos donde nuestro país exhibe logros importantes en materia de justicia penal, como también otros que requieren ser revisados y mejorados y llama la atención sobre la necesidad que a la hora de definir los contornos de mejora de este sistema, la convención constitucional, replique el debate respetuoso, complejo, informado y serio, como el que dio origen al diseño e instalación del actual sistema de persecución y enjuiciamiento criminal en nuestro país.
Uno de los ámbitos que destaca es que nuestro país goza de un sistema penal de corte acusatorio que ha logrado instalar un modelo de persecución criminal a cargo de fiscales que gozan de una autonomía constitucional que logra dotar a la función de persecución de una razonable independencia para realizar sus tareas. Este aspecto contrasta con la experiencia comparada que, según señala Blanco, muestra múltiples ejemplos donde las Fiscalías y Ministerios Públicos son empleados por la administración política de turno y hacen uso de sus facultades para perseguir o encarcelar rivales políticos.
Ante esto, el investigador es claro en decir que “preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”.
En cuanto a los aspectos que podrían ser mejorados, menciona una mejor rendición de cuentas de la fiscalía, o una revisión de los sistemas de designación y remoción de sus autoridades, como de la estructura y rediseño del gobierno corporativo de la entidad, “a condición de no transigir o dañar los activos logrados en materia de autonomía”.
En materia de la Defensa Penal Pública, Blanco señala que resulta sensato explorar mecanismos y diseños que aumenten la debida autonomía funcional de la defensa o incluso consagren un modelo de autonomía constitucional equivalente al del Ministerio Público.
En cuanto a los estándares de independencia y autonomía de jueces y juezas que requiere un sistema de justicia penal, el académico señala que estos están razonablemente garantizados en nuestro actual sistema judicial, en especial lo que atinge a los estándares de independencia externa. Por lo que las futuras reformas deberían centrarse en mejorar aquellos niveles de independencia interna, que van de la mano con un rediseño de competencias de la Corte Suprema, que evite la superposición y concentración de roles jurisdiccionales, disciplinarios y de administración y gestión. A esto podrían sumarse el debate para introducir un modelo de juzgamiento por jurados en los casos penales más graves y la urgente reforma en materia de una jurisdicción de ejecución penal que logre una tutela jurisdiccional efectiva en materia carcelaria, concluye Blanco.
Para revisar su columna completa ingresa en el siguiente link.
Pedro Guell, investigador CiPP, en Bío Bío TV: “La sola existencia de la convención constituyente está generando hechos muy significativos que implican un antes y un después.”
En la segunda edición del programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, donde Güell es panelista estable junto a Miriam Henríquez y Carolina Tohá, participaron además Andrea Gutiérrez, activista feminista y León Cohen psiquiatra. Los participantes conversaron sobre cuáles eran, a juicio de cada uno, los hechos más significativos de la convención los últimos días.
Pedro Guell destaca, en primer lugar, que un aspecto necesario de observar dice relación con cómo la sociedad va a sostener a la propia convención. En este punto, destaca los resultados positivos que muestran las primeras dos encuestas que evalúan los apoyos y la confianza que genera la convención en la ciudadanía, la encuesta de CADEM que muestra un 63% de apoyo positivo y la de Pulso Ciudadano que alcanza un 73%. Esto, a juicio del académico, es una señal de que “partimos bien”.
Sobre la manera particular en que la convención se ha ido desarrollando hasta ahora, Güell llama la atención sobre una sensación –que se ha escuchado mucho estos días– de que sería necesario esperar a que la convención llegue a ser algo distinto a lo que ha sido hasta ahora. Ante esto se pregunta “¿Cuál es la expectativa temporal que tenemos sobre la convención? ¿Será una entidad madura en algún momento?, como que en algún momento llegará a ser algo que no sabemos bien qué es. Como que lo que vemos ahora de ella no tuviera su propia densidad porque luego será lo que tiene que llegar a ser …”
Yo no comparto esa visión, señala el académico, “creo que la convención es un proceso que tiene tareas distintas en momentos distintos inevitablemente, y que esas tareas se van cumpliendo con su propia madurez y densidad en cada momento”.
Para ejemplificar esta afirmación, Güell recuerda que “la convención partió no sólo como un ensayo y error sino que afirmando lo que ella es respecto de la historia de Chile: Esto es distinto y es más diverso que todo lo que hemos tenido como representación política hasta el momento. Y lo hizo con total madurez el primer día, por ejemplo, instalando en la presidencia a una persona que representa a las mujeres, a las minorías, a los territorios”.
No es casualidad entonces que en este momento se están definiendo reglamentos para definir reglamentos; y comisiones para definir comisiones. Ya hay cosas muy serias que están ocurriendo, señala el investigador.
Por lo tanto, hay que mirar a la Convención con la densidad que tiene cada uno de los momentos que vive, sin esperar que ocurra algo distinto a lo que ya está ocurriendo.
Es cierto, continúa Güell, que todos tenemos una expectativa sobre el proceso constituyente, yo la tengo y se expresa en un país más justo, democrático, igualitario, etc, pero creo que debemos observar lo que el proceso está produciendo en cada momento.
Lo que quiero decir es que independientemente de que en 12 o 14 meses tengamos una nueva constitución, como producto central de este proceso, hay hechos que aún sin haber redactado ni siquiera un reglamento, ya están listos. Por ejemplo, sobre la visibilidad, reconocimiento y forma de conversar sobre los pueblos originarios hay un antes y un después en el país a partir de la instalación de la convención.
Lo mismo respecto de la identidad y posición de la derecha al interior de la sociedad, por la sola existencia de la convención y dada la forma en que este sector se ha situado dentro de la convención.
Es decir, creo que no sólo hay que mirar el largo proceso en el marco de las expectativas ciudadanas sobre este proceso, sino que observar lo que la constitución está produciendo en cada momento.
Por eso, no hay que esperar a que se forme y agarre su ritmo de producción, sino que los hechos que genera cada día serán ya muy significativos.
Con relación a la importancia de la comunicación durante el proceso constituyente, la opinión de Güell es que se debe hacer énfasis no solo en la necesidad de una comunicación coordinada en la que los ciudadanos puedan anclarse, y seguir el proceso, sino que también hay un tema de cultura comunicacional de los propios constituyentes.
En este sentido, recuerda que así como la política se equivocó cuando los actores políticos descubrieron que no eran parte de un colectivo sino que les iba mucho mejor como protagonistas individuales en las redes y los medios, en el caso de los constituyentes se deberá hacer el trabajo inverso. Esto implica mostrar que no son protagonistas individuales sino que son representativos de colectivos legítimos y de un empeño nacional, así con todas sus letras. De alguna manera, se observa una suerte de pudor de lo colectivo que tiene que ser cuidado, y es un trabajo interno que ellos tienen que hacer.
Creo que si se entusiasman con los liderazgos y vitrinas individuales, van a empezar a trabajar para la galería, concluye Gúell, “pero no creo que esto vaya a ocurrir”.
Si quieres escuchar el programa completo, sigue este link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/especiales/2021/07/19/veo-veo-constituyente-la-instalacion-de-la-convencion-constitucional.shtml
Fuente: La Tercera
Rafael Blanco y Leonardo Moreno en La Tercera: La experiencia de Argentina con sistemas de jurados “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”.
El investigador CiPP, Rafael Blanco, junto a Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, publicaron en el diario La Tercera una columna en donde plantean diferentes ideas relacionadas a la democracia, la legitimidad y el sistema de jurados. Comienzan expresando que la organización del sistema político democrático determina la forma en la que los ciudadanos y ciudadanas participan y contribuyen en la vida de sus comunidades y en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan.
A partir de esto, hacen mención también a ciertas obligaciones públicas, como lo es la de escoger a las autoridades que nos representan y conducen en las funciones de gobierno. Mencionan el hecho de que algunos países practican el voto obligatorio, sistema que impide que las autoridades electas sean precedidas de bajos niveles de participación. En esta misma línea de obligaciones, aluden al pago de tributos en proporción a las rentas, contribuyendo de esta manera a la redistribución de la riqueza. Como comparación, aluden al hecho de que en Chile se exhibe a los vocales de mesa como expresión de obligación ciudadana.
Siguiendo con los deberes de la ciudadanía pero entrando en materia de Justicia Penal, los investigadores mencionan los modelos de jurados propios de Europa Continental y América, como instancias que implican una relevante participación ciudadana que son “una manifestación más compleja y exigente de los deberes que la ciudadanía tiene con su comunidad”. Como ejemplo más cercano analizan el de Argentina, afirmando que el sistema de jurados en ese país “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”, son claros en decir que se evidencia una notoria mejoría en la imagen de la ciudadanía hacia el sistema penal y sus actores.
Los investigadores señalan que, aunque el sistema de jurados ofrece ventajas (en materia de imparcialidad, calidad del debate y complejidad de las deliberaciones), la discusión sobre su instalación no se trataría sólo de un debate técnico procesal o jurídico. Sería también un espacio formativo y relevante de participación ciudadana que podría incidir en la ciudadanía.
Por lo tanto, en opinión de los académicos, preservar acríticamente los modelos de jueces profesionales exclusivos, como los que existen en nuestro país, “impide evidenciar a la ciudadanía la complejidad y seriedad de la tarea de juzgamiento, concentrando la carga de deliberación en operadores cuya tarea perpetúa la lógica contramayoritaria en los actores profesionales sin abrir tales tareas y funciones a la ciudadanía”.
En conclusión, Blanco y Moreno consideran que el sistema de jurado posee el doble efecto de descargar al juez de una función que puede ser compartida con la ciudadanía, al traspasar cargas, tareas y responsabilidades a los ciudadanos y ciudadanas en la compleja y delicada función de definir que otro ciudadano o ciudadana es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.
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Fuente: La Tercera
Eduardo Abarzúa en La Tercera, sobre propuestas de reducción progresiva de la jornada laboral: “Se requiere un amplio proceso de diálogo social de los actores laborales representativos como única manera de incorporar la heterogeneidad de nuestro mercado laboral”.
El investigador CiPP y académico UAH publicó la columna «Diálogo Social para la nueva organización del Trabajo» en un FRENTE a FRENTE con el investigador del CEP Rafael Sánchez, titulado ¿ Es conveniente introducir cambios en la extensión de la jornada laboral semanal?.
En su columna, Abarzúa señala que las múltiples iniciativas que se han visto últimamente desde el Poder Legislativo o del Ejecutivo para regular la organización del trabajo dejan la impresión que “la discusión no incorpora la complejidad de las formas de empleo y trabajo que se despliegan en nuestra economía y tampoco la perspectiva de los diferentes actores laborales. Casi todas las discusiones e ideas de reforma tienen de referencia una imagen simplificada del trabajo, aquel que se desempeña de manera presencial, con supervisión directa, igualdad de poder entre las partes y con salarios atractivos”.
Frente a esto, el académico señala que “en el actual contexto socioeconómico y de relaciones laborales, iniciativas que parecen correctas y modernizadoras, como la flexibilidad de las jornadas y el teletrabajo, pueden significar, paradojalmente, la intensificación de las jornadas, el aumento del doble trabajo, una mayor precarización del empleo y el sufrimiento de las personas”.
Si bien reconoce que una parte de nuestro mercado laboral requiere de la fijación de ciertos mínimos que permitan configurar “auténticas relaciones de trabajo” (contratos escritos, sueldo mínimo, limitar jornadas, establecer descansos, fijar permisos para necesidades básicas, etc), su visión es que debemos preguntarnos si el camino normativo tiene la posibilidad de abordar los múltiples y crecientes cambios en el trabajo “considerando los tiempos legislativos limitados, producto de las múltiples demandas de la ciudadanía y el encaje futuro de la legislación a la potencial nueva Constitución que redefinirá la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil”.
Con respecto a la discusión sobre la reducción progresiva de la jornada laboral, el académico señala que “esa discusión requiere, como demuestra la experiencia comparada, un amplio proceso de diálogo social de los actores laborales representativos como única manera de incorporar la heterogeneidad de nuestro mercado laboral”.
Si quiere conocer la columna completa, siga este link.
Humberto Borges, investigador CiPP y académico UAH “Realizar investigaciones en el área tributaria es vital, debido a los grandes cambios que se proponen por los candidatos presidenciales y que se vislumbran a futuro muchos cambios impositivos en el país”.
El académico hizo esta afirmación en una charla dictada a los estudiantes de la carrera de Contadores Públicos y Auditores (CPA) de la Universidad del Bío Bío, donde entró de lleno en la discusión sobre las propuestas tributarias que se han planteado en el marco de las primarias presidenciales.
En cuanto a la relevancia de la investigación en el área tributaria, Borges señaló “que en Chile aún se necesita profundizar en el desarrollo de semilleros de investigadores y la instancia que genera la Universidad del Bío Bío, invitando a diversos académicos e investigadores del país a explicar desde su disciplina de investigación, aporta a los futuros egresados de la carrera para desarrollar su investigación de titulación”.
Explicó que existen diversas miradas detrás de algunas de las propuestas de cambios que se realizan en el área tributaria, como las implicancias de disminuir los impuestos del IVA no focalizándose, por ejemplo, en los alimentos menos dañinos lo que serviría para apoyar una política de salud.
Además, se refirió a los beneficios DFL2 que apoyan a la economía mediante la generación de empleos en la industria de la construcción, pero indicando que “se debe evitar la exención de impuestos por más de una vivienda DFL2, ya que esto produce un aprovechamiento de algunos grupos”.
En otro aspecto, el académico se refirió a la existencia de una desigualdad estructural en el Impuesto Global Complementario, destacando que se trata de un tema que, en general, los candidatos no están abordando.
Sobre la situación de los impuestos regionales, Borges explicó la posibilidad de que en un futuro las regiones más desarrolladas deban pagar impuestos diferenciados y más altos, basados en el Índice de Desarrollo Humano Regional (IDHR), y con esos recursos apoyar a las regiones más empobrecidas.
Finalmente, respecto a las exenciones, el investigador del CiPP señaló que hay que preocuparse de las empresas de la industria del turismo, las cuales han sido dañadas por la pandemia, explicando que una exención o disminución de impuesto focalizado no es una mala política siempre y cuando se restrinja a un corto periodo de tiempo.
La Industria 4.0 ha sido descrita como una revolución tecnológica que cambiará la industria manufacturera, así como aspectos socioeconómicos de la sociedad de manera amplia. Uno de los pilares tecnológicos que la sustentan –del que existen limitadas investigaciones—es la tecnología conocida como Realidad Aumentada (AR). La AR, por sus siglas en inglés, es una tecnología en la que objetos virtuales y reales se integran en tiempo real, generalmente en 3D lo que permite al usuario ver información adicional, como objetos superpuestos, instrucciones explicativas o videos interactivos. A diferencia de la realidad virtual, la AR complementa la realidad en vez de reemplazarla por completo. Sus impactos en educación y en especial en las carreras de ingeniería son múltiples, por ejemplo, facilitando el aprendizaje, aumentando la motivación y atención de los alumnos/as. Sin embargo, en un reciente estudio, hemos demostrado que dichos beneficios no se obtendrán si los usuarios no se deciden a adoptar estas nuevas tecnologías y prevalecen las resistencias a su uso por sobre la aceptación y que la influencia del entorno resulta clave en la mayor o menor favorabilidad de esas conductas.
¿Qué rol les cabe a las políticas públicas en el desarrollo y difusión de estas nuevas tecnologías como lo es la AR? ¿Qué rol le cabe al mundo académico?
Creemos que las políticas públicas juegan un rol fundamental tanto en el necesario desarrollo de programas de formación que permitan contar con capital humano preparado para hacer frente a los desafíos que implican estas nuevas tecnologías; como también en el fomento a la I+D para fortalecer su incorporación. Por su parte, el mundo académico y los centros de educación tanto de nivel medio y superior son claves para que se produzca la incorporación activa de estas tecnologías de RA en las aulas y para obtener una buena receptividad por parte de los estudiantes, y así estar preparados para abordar la industria 4.0
Miriam Henríquez y Pedro Guell, investigadores CiPP y académicos UAH, en el programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV analizan los primeros días de la Convención Constitucional. ¡Conoce sus opiniones!.
El programa, conducido por el economista Guillermo Larraín, contó con la participación de Henríquez y Güell, junto a Carolina Toha.
Consultados sobre su visión general sobre lo que ha sido el proceso de instalación de la Convención Constitucional, Miriam Henríquez destaca dos elementos principales.
El primero, que considera muy positivo, es la preocupación y voluntad que ha demostrado la Convención por representar la diversidad de quienes la conforman en los distintos órganos que se han ido instalando, ya sea en materia de paridad, género, territorios, y pueblos originarios, entre otros. Así lo hemos visto, señala la académica, en lo que fue la elección de la presidencia y vicepresidencia, y estimo lo seguiremos viendo en la conformación de su Mesa ampliada de 9 miembros, y en sus comités temáticos y funcionales.
El segundo elemento, que a diferencia del anterior le parece preocupante, es el rol que podría jugar la Corte Suprema en el trabajo de la Convención. Señala que a juzgar por los anuncios de reclamación que ya se han escuchado, al parecer la Corte Suprema tendrá un rol en este proceso mayor al que habíamos imaginado, que era de tipo excepcional, y todo indica que habrá un especial celo en verificar si se dará o no cumplimiento a los procedimientos establecidos en el reglamento.
Por su parte, Pedro Guell menciona que de alguna forma la convención constitucional refleja una parte importante de la historia vivida por el país desde hace mucho tiempo, lo que genera, en primer lugar, un sentimiento de gran emoción.
Todo indica, además, que deberemos hacer un esfuerzo como sociedad de ponernos en disposición a mirar las cosas desde una óptica distinta a la acostumbrada. Lo que hemos visto hasta ahora, y estimo seguiremos viendo durante un tiempo, comenta el investigador, es una entidad “en búsqueda de un guión”, intentando descubrir cuál es el lugar que ocupa dentro de las demás instituciones y actores del país, cómo se relaciona con ellas, y cuál es el lugar político que debe ocupar. Para la Convención será por tanto un tiempo de exploración, y donde muchos ejercerán presiones sobre ella, indica Güell.
Respecto a esta manera “distinta” de hacer la cosas, Henríquez ejemplifica con el enrolamiento y posterior sorteo que se utilizó como forma para definir cómo se iban a sentar en el Hemiciclo. Esta forma “rompe todo lo que conocemos y estamos acostumbrados”, la forma habitual hubiera sido por mayorías.
Sobre los temas que deberán observarse a futuro, Guell señala que habrá que mirar cómo la ciudadanía irá apoyando el trabajo de la Convención. Si bien en estas primeras semanas es necesario tolerar un cierto desorden, esto debería ir mejorando a futuro para no afectar su imagen. En esta línea, creo que deberemos estar atentos a las primeras encuestas que se den a conocer sobre cómo se evalúa la convención y ver qué efectos tendrán sobre ella.
Sobre el rol que ha jugado la derecha, Henríquez recuerda que todos, menos la derecha, estuvieron de acuerdo en la idea de ampliar la mesa directiva. No quisieron participar porque no estaría claro cuál sería la función de esa mesa. Sin embargo, cuando hablan de arbitrariedad hay que considerar la importante mayoría que se alcanzó en la decisión tomada.
Güelll agrega que la derecha se ve claramente desconcertada. No logra armar un juego ni es claro en qué lugar o posición estará. Si optará por ponerse al margen o entrará en la discusión. Todo indica que tendrá que reinventarse, y aprender a jugar en un tipo de relaciones que hasta ahora no ha jugado. Su comportamiento “como bloque” ha sido ineficaz y los margina, no les ha permitido participar en las decisiones que se han tomado. Esperemos, dice Güell, que los liderazgos que se impongan en la derecha sean aquellos más dialogantes.
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Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH y otros, en Revista Mensaje: “A pesar de todas las leyes y políticas, Chile sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar, lo que se ha incrementado por la pandemia”.
El investigador del CiPP publicó una columna en la edición de julio de Revista Mensaje, junto a Jaime Portales, Jefe del Área de Estudios e Incidencia, Fundación Súmate y Ana Verocai, Directora Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay, en la que describen cómo Uruguay ha abordado los desafíos de la retención y reinserción escolar, y reflexionan sobre cómo fortalecer una acción equivalente en nuestro país.
Señalan que si bien Chile cuenta con una serie de políticas y programas que se preocupan de la retención y el reingreso escolar, estos dispositivos no están articulados entre sí y por lo tanto no han logrado los resultados esperados. La clave estaría en dar a estas iniciativas mayor coherencia sistémica de manera de conformar un sistema de protección de trayectorias educativas que tuviera varios de los elementos que se rescatan de la experiencia de Uruguay.
Dentro de los avances de Chile en materia legal, mencionan la Ley que establece doce años de escolaridad obligatoria, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los subsidios especiales a la retención, sin embargo señalan que nuestro país sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Este número se incrementó en cerca de 40.000 niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia del Covid-19. Lo preocupante es que miles de esos niños y jóvenes no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde.
¿Cómo lo ha hecho Uruguay?
Si bien reconocen que restan aún desafíos, “por primera vez en su historia Uruguay logró universalizar el ingreso a la educación media. El 99,2% de quienes egresan de primaria se inscriben en la media. Hoy se sabe dónde está cada uno y así se le puede acompañar. Incluso a los que no están en el sistema de educación formal se les acompaña con otras propuestas de educación no formal, para volver a vincularlos al sistema formal”.
La clave de la política aplicada por este país estaría en la existencia de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE) que se sostiene en una premisa fundamental, según explican los investigadores: “es el Sistema Educativo Uruguayo (SE) quien asume la responsabilidad de generar la «situación pedagógica» para que todos puedan permanecer y aprender en la escuela”.
Su principal característica sería su alcance universal con anclaje territorial, que se expresa en la frase “a todos y en todas partes”, que contempla varias dimensiones, como por ejemplo, el seguimiento a los estudiantes que egresan de la educación inicial y primaria, el acompañamiento en los tránsitos entre un nivel a otro, un trabajo preventivo a nivel territorial y una plataforma informática que permite, entre otras cosas, un sistema de alertas tempranas que se activan cuando un estudiante falta a clases tres veces en forma consecutiva, o dos veces en cinco días.
Y, ¿ Qué puede aprender Chile en materia de políticas públicas de la experiencia Uruguaya?
Se destacan tres elementos de política pública que serían útiles para mejorar la situación de nuestro país en materia de retención y reingreso.
El primero, cómo se realiza el seguimiento de las cohortes y contar con trayectorias informadas de las y los estudiantes;
El segundo, un fuerte trabajo a nivel territorial y local. En este punto, los investigadores señalan que en el marco de la implementación de la Nueva Educación Pública, los Servicios Locales de Educación podrían convertirse en los principales implementadores y articuladores de las políticas y programas de retención y reingreso escolar en su jurisdicción; .
y, finalmente, un tercer elemento, sería la figura de lo que en Uruguay se llama “referentes de trayectoria educativa”, que son equipos y personas que trabajan en los establecimientos educativos o en el nivel territorial, haciendo seguimiento y acompañamiento personalizado a las niñas, niños y jóvenes para que continúen su trayectoria educativa.
El proyecto Apruebo Somos Mayoría Pro DD-HH y Urgencias Humanitarias ya ha publicado sus primeras 3 de 12 cápsulas informativas. El proyecto, conformado por un colectivo de estudiantes y académicos de la Universidad Alberto Hurtado, entre ellos el investigador asociado del CiPP Héctor Oyarce y el profesor Sebastián Cox, busca informar sobre los Derechos Humanos y poder responder a la pregunta: ¿qué debemos saber sobre los DDHH y qué debemos hacer para cumplirlos exigir su respeto, protección y garantías por parte del Estado, las Autoridades e Instituciones Públicas, incluidas las FFAA y Policías, en y por Chile 2020-2021?
Lo primero que destaca Oyarce sobre esta iniciativa es que “la creatividad y originalidad la han puesto los alumnos y alumnas de diversas carreras como Derecho, Periodismo,Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo Social, y Psicología. Ellos son quienes han creado este material, con nuestro apoyo como profesores”.
Sobre la relevancia de esta iniciativa desde la mirada de políticas públicas, Héctor Oyarce es claro en afirmar que “hay Urgencias Humanitarias que necesitan ser tratadas aquí y ahora, y de cuya más oportuna e integral solución depende la vida y la existencia digna y segura de cientos de miles de personas, sus familias y grupos – comunidades humanas, sujetas a discriminaciones, exclusiones, abusos y violencias, es decir, a una violación sistemática, permanente y grave de sus Derechos Humanos”.
Es por esto que el proyecto busca propiciar y asegurar la identificación y exigibilidad de la institucionalidad y autoridades del Estado que deben hacerse responsables de las Catástrofes Humanitarias denunciadas y el levantamiento y promoción de posibles políticas y planes de interés público con enfoque en derechos humanos, junto a sus principales protagonistas y liderazgos sociales. El escenario actual de la nueva constitución refuerza esta voluntad, asegura.
Estas primeras cápsulas explican de manera clara y concisa conceptos claves como ¿qué son los Derechos Humanos?’,¿qué diferencia existe entre Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, cuales son sus características, así como también su historia?. En el marco de la nueva Constitución, en sus cápsulas explican la relevancia y urgencia de escribir explícitamente Derechos Humanos en la nueva Constitución ya que en la vigente, no lo está.
El investigador asociado destaca que la educación en Derechos Humanos, es una práctica educativa estratégica para impulsar la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas y equitativas, que protejan los derechos humanos de la población y amplíen la ciudadanía. Ante esto, su foco se centra en las organizaciones de la Sociedad Civil, funcionarios públicos y académicos y formadores de opinión pública: comunidades universitarias y de medios de comunicación, porque “todos juegan un rol fundamental”.
En palabras de Hécor Oyarce: “nuestro interés es incidir también en la comunidad universitaria en la Educación en Derechos Humanos, porque su estudio tiene impacto en varios niveles: en la formación integral de los estudiantes; en la forma en que se desempeñará en su trabajo, y en el progreso de los derechos humanos en la comunidad donde la universidad se inserta. Los compromete ética y políticamente a movilizarse para producir cambios.
Para poder ver estás primeras cápsulas puedes ingresar en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCX6tGYLmvucXqWpZjQ1-V9Q
