Los intentos de control de los poderes judiciales por las administraciones de los países, no es un hecho nuevo y se ha incrementado en los últimos tiempos

El canal de televisión de Estados Unidos Vivoplay, en su programa Latinoamérica en Vivo realizó una entrevista el pasado 1 de abril a Rafael Blanco, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, esto a raíz de la entrevista publicada por el diario El Mercurio hace semanas atrás en la que el académico analizó la tensión entre política y justicia en América Latina.

Señala Blanco que es evidente que en los últimos años en América latina se han producido de manera sistemática los fenómenos de judicialización de la política, donde los sistemas de justicia penal de persecución criminal han conocido casos que han involucrado a ex presidentes de la república e incluso también legisladores. De acuerdo a estudios académicos, existen tres elementos comunes a este fenómenos, primero, un deterioro evidente de la calidad de la política, que se traduce en múltiples fenómenos de corrupción en diversos países de la región; el segundo elemento dice relación con reformas a los modelos, a los sistemas de justicia penal de persecución criminal que en los últimos 20 o 30 años han mejorado en cuanto a su independencia y que han logrado mayores dosis de autonomía; y el tercero, la existencia de una ciudadanía mucho más exigente, empoderada, y menos tolerante con los casos de corrupción. Estos tres fenómenos producen un traslado de la problemática desde la sede política a la sede de los tribunales: hay poderes judiciales y ministerios públicos que gozan de mayor autonomía que comienzan a perseguir casos de corrupción que se han hecho comunes en los distintos países. En opinión de Blanco, esta es una buena noticia “porque lo que los ciudadanos esperan de sus sistemas políticos democráticos, es que cumplan con el mandato de que todos son iguales ante la ley y que los delitos se persiguen y se sancionan” y esa es una demanda que se ha estado escuchando en los sistemas judiciales de los países, enfatiza.

Blanco asegura que, tal como señalan los informes de transparencia internacional, una de las características de nuestra región es que presenta altos índices de corrupción y esos casos de corrupción están ligados, entre otros factores, al financiamiento irregular de la política, fraudes electorales, pero también sobornos, delitos de la administración pública, y todos esos casos llegan a instancias judiciales precisamente porque han fallado los controles administrativos. Respecto a esta situación, es necesario analizar si los sistemas de justicia penal en los países de la región responden efectivamente a condiciones de genuina autonomía e independencia. Lo que se observa es que hay tareas pendientes en la región con algunas diferencias por países. Por ejemplo, Chile y Uruguay exhiben altos niveles de independencia judicial en sus ministerios públicos y entidades encargadas de la persecución penal. Sin embargo, otros como Perú y Bolivia muestras importantes rezagos en esta materia y requieren mejorar.

Con relación a cómo percibe el poder político de la región esta situación, el académico señala que en general su crítica es que “son perseguidos injustamente y con lógicas políticas. Yo nunca he escuchado a un presidente perseguido por casos de corrupción decir que el sistema de justicia funciona bien, que es imparcial, generalmente son críticas o reproches al modo arbitrario en que se ejerce ese poder”.

Los sistemas administrativos, los gobiernos de turno, “tratan siempre de maximizar no solo sus atribuciones sino también su poder, y eso se ha manifestado en la creación de consejos de la magistratura o de la judicatura, para nombrar y remover jueces, y esos consejos se han politizado fuertemente, este es el caso de Argentina y Perú. Por ejemplo, hoy en Perú hay una junta nacional de justicia que está a cargo del nombramiento de jueces para ir generando mayores dosis de independencia e imparcialidad. Por lo tanto, los intentos de control de los poderes judiciales por las administraciones no es un hecho nuevo, es algo que se ha incrementado en los últimos tiempos”.

Por eso, señala el académico, “el gran desafío de las agendas democráticas es garantizar una genuina separación de poderes, y eso supone altos niveles de independencia de los fiscales y de los jueces”. La tarea es entonces revisar los mecanismos de nombramiento y remoción de jueces y garantizar altos niveles de autonomía de los ministerios públicos.

Finalmente analiza que en los últimos años los sistemas judiciales sí han mejorado, se han empujado reformas para garantizar mayor independencia y autonomía pero quedan tareas pendiente en la mayor parte de los países latinoamericanos particularmente en los casos de Bolivia y Perú para garantizar mayor nivel de independencia de los jueces, también algunas provincias de Argentina. Y por otro lado, si lo que queremos son sistemas penales funcionando correctamente, debemos revisar el debido uso de mecanismos cautelares. Aquí hay un punto muy crítico: “el uso excesivo de prisiones preventivas en ciertos países durante los procesos penales, me parece que ha sido visto con preocupación por muchos sistemas judiciales y académicos, un uso que muchas veces puede ser cuestionable bajo la lógica del estado de derecho”, agrega.