Pedro Güell, investigador CiPP, en el Evento “Calidad, Políticas Públicas y Salud”: “Es urgente debatir hoy en Chile cuáles son los valores rectores que van a definir qué es una política pública de calidad, y no cómo hacemos políticas de más calidad desde un concepto tecnocrático”.
El académico hizo esta afirmación en el evento «Calidad, Políticas Públicas y Salud: construyendo territorios centrados en el buen vivir de las personas y comunidades”, en el marco del Ciclo de Conversatorios Constituyentes por el Derecho a la Salud, donde realizó una exposición que planteó un análisis crítico e histórico sobre el desarrollo de la idea de calidad en las políticas públicas y su relación con los procesos de deliberación política, e identificó desafíos a tener en cuenta a la hora de impulsar políticas públicas que tengan sentido y sean eficaces.
Sobre el concepto de calidad, Güell precisa que se trata de una cuestión relativa que depende de lo que cada uno considera como valor. En una mirada histórica, señala que la idea de calidad de las políticas públicas, aparece con importancia a fines de los años ochenta, “antes se hablaba de otras cosas, como racionalización, modernización, y planificaciones de largo plazo, y sabemos que las palabras no son neutrales”.
Explica que en el contexto de este nuevo neoliberalismo, la idea de calidad en las políticas públicas tuvo, al menos, cuatro significados.
Primero, la calidad implicaba alejar lo más posible las ideologías y criterios políticos del diseño e implementación de las políticas públicas. La única manera de hacer bien las cosas era por la vía de la economía, lo que fue la inspiración de la Constitución del ochenta.
Segundo, calidad significaba aumentar la eficacia de los resultados y la eficiencia de los recursos, aplicando criterios técnicos y como única unidad de medida la monetaria.
Tercero, si el costo de la provisión privada de un bien servicio era igual o más bajo que la provisión pública, entonces, la prioridad de las políticas públicas la tenían los privados, porque mientras menos cosas hiciera el Estado era mejor.
Cuarto, las políticas públicas no debían asociarse a los derechos universales al bienestar, el que sólo podía conseguirse por medio del mercado y de manera individual, lo que sustenta el concepto de “focalización”.
En el contexto de la transición, se mantienen varias de estas ideas, y se agregan otros elementos a la idea de calidad en las políticas públicas. Güell destaca las siguientes:
El beneficiario de las políticas públicas debía ser considerado como un cliente, y las políticas públicas de calidad deben satisfacer los requerimientos de ese cliente, surgiendo con fuerza el concepto de “satisfacción usuaria”, que se expresa en los OIRS.
Una participación social, a través de las distintas formas de la Ley 20.500, “no vinculante”, pero sí con derecho a voz (COSOC, Consejos de la Sociedad Civil, entre otros).
La idea de que el diseño de las políticas públicas tiene que estar asociado a la evidencia científica, lo que refuerza el rol de los tecnócratas frente a la intromisión de los políticos en el diseño de políticas públicas, que se expresa en la frase “diga usted lo que quiera, pero hágalo como científico, y basado en evidencia”. Surgen los ingenieros civiles como los únicos que tienen la capacidad de modelar las políticas públicas.
Concluye Güell esta revisión histórica señalando que “No hay una definición absoluta de calidad, ni parámetros técnicos consensuales para operacionalizar lo que puede ser entendido como calidad de las políticas públicas”.
Para el académico, existe otra manera de entender la calidad de las políticas públicas. Mi conclusión central, señala, es que “no puede separarse la idea de calidad del debate sobre cuáles son los valores que deben orientar una política pública, no se trata de un hecho técnico sino político, porque lo que está en juego es la definición de qué es lo público en los derechos y cuáles son las reglas que deben guiar la vida pública, y eso es estrictamente político”.
Por lo tanto, un debate urgente en Chile hoy es cuáles son los valores rectores que van a definir qué es una política pública de calidad, y no cómo hacemos políticas públicas de más calidad, desde un concepto tecnocrático”.
La urgencia de este debate se explica porque, a pesar de todos los avances alcanzados, la tecnocracia es la que domina el modelo prevaleciente en Chile, expresado en el “modelo Dipres”. También se explica porque buena parte de la protesta social tiene que ver con las orientaciones que hay detrás de las políticas públicas predominantes. Y finalmente, porque estamos escribiendo la nueva constitución, que es el marco básico que definirá cuáles son los criterios rectores de las políticas públicas. Y, “el debate sobre calidad de las políticas públicas es inseparable del debate constitucional”.
Sobre cómo avanzar en una conceptualización de la calidad de las políticas públicas y qué desafíos presenta en la actualidad, señala que resulta fundamental comprender que existen diversas tendencias que están cambiando la forma de la acción pública. Una de ellas, es la complejidad, es decir, la existencia de “muchas fuerzas distintas, intraducibles unas en otras, que están operando al mismo tiempo, y que no es fácil entender el efecto agregado de todas estas distintas fuerzas, y no existe un centro rector capaz de coordinar todas estas fuerzas, ni el mercado, ni el Estado ni la política clásica”.
Esto implica, señala el académico, que las políticas públicas ya no pueden ser pensadas en formato “Estado céntricas”, tecnocráticas, lineales, o sectoriales, es decir, el modelo clásico de políticas públicas desde los ochenta. Hoy no pueden darse por supuestas las condiciones de éxito o viabilidad de una política pública, como capital social, democracia, participación, capacidad de articular demandas, gobernabilidad, entre otras.
En este marco, el desafío más grande que tienen las políticas públicas es que están obligadas a, simultáneamente, alcanzar sus objetivos y contribuir a co-construir las condiciones sociales de su propia viabilidad, por lo que están sometidas a una exigencia inédita, y esto cambia el tipo de indicadores para medir sus impactos, superando sólo los de eficiencia económica.
En la última parte de su exposición, Pedro Güell, responde la pregunta ¿Cuáles son los criterios nuevos que requiere el debate sobre las políticas públicas?
Parte señalando que se trata de criterios principalmente políticos, que implican una reflexión sobre el sentido de lo público, las reglas que lo regulan, y sobre los derechos. Señala que se debe luchar por resignificar el concepto de calidad en las políticas públicas, asumiendo que hoy ya no es posible un “decálogo” sobre esos criterios de calidad.
El primer criterio a considerar dice relación con la construcción de mundos de sentidos compartidos entre los actores. No se puede dar por sentado que existen esos mundos compartidos a partir de los cuales derivar las políticas públicas. En este punto, recuerda que “son infinitos los errores que hemos cometido en políticas públicas por suponer que existen estos mundos compartidos, desde el Transantiago hasta las leyes de descentralización”. Por tanto, el primer objetivo de una política pública debiera ser construir estos mundos de sentido compartido, y este debiera ser el sentido más profundo de la participación social en las políticas públicas, como condición de viabilidad de las mismas. Los derechos humanos son uno de los horizontes civilizatorios que la humanidad ha construido que deben ser considerados.
El segundo criterio a considerar es que las políticas públicas deben considerar las divergencias y puntos de conflicto como condición de calidad, lo que implica una capacidad de procesar las divergencias.
El tercer criterio es el aprendizaje como valor clave de calidad de las políticas públicas, lo que supone disponer de canales múltiples de aprendizaje y disponer de mecanismos para transformar esos aprendizajes en cambios.
El cuarto y último criterio es que en este nuevo escenario de mayor complejidad, aumenta la probabilidad del fracaso. Pocas políticas públicas terminan como empezaron y las mejores son las que supieron aprender de sus fracasos, señala el académico. Por lo tanto, el fracaso no es el fin evaluativo de una política pública, sino que un momento inevitable de ellas. Las políticas públicas deben pensarse como sistemas adaptativos, donde el fracaso es un componente de ellas, lo que supone otras lógicas de liderazgo y conducción que no lo castiguen.
Mi conclusión, termina Güell, es que una política pública de calidad es un hecho político en sí mismo y, en las actuales condiciones, se requiere incluso más política que antes, porque las condiciones sociales requeridas, no pueden darse por supuestas. En este sentido, la calidad de la política pública depende de la calidad de la política que la atraviesa.
Si quieres escuchar su intervención, sigue este link (minuto 27:46)
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