Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos?
diciembre 2021
Fabiola Miranda y Carolina Rojas, investigadoras CiPP y académicas UAH, junto a Isidora Mora, publicaron “Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos? en Oñati Socio-Legal Series. (2021)
¿Cómo se tratan los casos de violencia hacia las mujeres en los tribunales de familia en Chile? Esta es la interrogante principal que busca responder el estudio “Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos?» que fue desarrollado por Fabiola Miranda, como investigadora principal, junto a Carolina Rojas, ambas investigadoras CiPP y académicas de la UAH y la investigadora Isidora Mena.
El artículo analiza el rol del campo psicosocial en la justicia familiar en Chile como un modo de gestión y abordaje de la vulnerabilidad. Metodológicamente, se basa en un trabajo de campo cualitativo a través de entrevistas a profesionales psicosociales del área de la justicia familiar y observaciones a Tribunales de Familia de la Región Metropolitana de Santiago. Se realiza una breve revisión sociohistórica de lo psicosocial en la acción pública y, en particular, del rol ocupado por profesionales no formados en derecho en los espacios de justicia familiar creados al alero de las reformas de finales del siglo XX. Luego, se reflexiona sobre las tensiones del ejercicio profesional de estos actores, específicamente en el tratamiento de denuncias por violencia de pareja en contexto intrafamiliar.
Se concluye que el despliegue del campo de lo psicosocial en los espacios jurídicos resulta fundamental en el marco de las nuevas exigencias de la acción pública, las cuales requieren la inclusión del enfoque de la vulnerabilidad. Esto también está altamente asociado con el cumplimiento del mandato de eficiencia requerido a nivel procedimental por el nuevo sistema de justicia familiar.
Entrevistada por el CiPP la investigadora principal del estudio, Fabiola Miranda, habla sobre la relevancia del estudio y sus principales conclusiones. Contextualiza señalando que la investigación analiza las políticas que existían a finales del 2010 en adelante, sabiendo que hay una política pública concertada desde el año 2005 donde participan actores de justicia y del poder ejecutivo representado en aquel entonces por el Servicio Nacional de la Mujer.
El estudio que fue financiado por el Ministerio de la Enseñanza de Francia y galardonado por el Instituto de las Américas de París, indaga en los tribunales de justicia de familia de la Región Metropolitana para conocer la labor de los profesionales psicosociales que son en su mayoría trabajadores sociales y psicólogos. “Ver cómo las instituciones de justicia reciben los casos, que pasa con los actores que trabajan ahí, como los interpretan, que piensan y qué valoración le dan a esta temática, es interesante. Una cosa es cómo se monta la política pública y otra es la recepción por parte de la ciudadanía, pero también por parte de quienes las implementan”, afirma la académica Fabiola Miranda.
La especialista señala que si bien la problemática de violencias contra las mujeres ha tenido un amplio desarrollo desde las ciencias sociales esto no se ha dado desde el punto de vista de los actores que trabajan al interior de los tribunales de justicia. “Las mujeres y el tema de género siguen siendo una deuda en Chile, es cosa de ver nuestra legislación y darse cuenta que nos da un marco de protección bastante débil en el espacio privado con sanciones que todavía distan de ser ejemplares y acordes a los compromisos asumidos por Chile a nivel internacional”, declara la docente.
El estudio muestra que existe un gran avance en el tema del femicidio pero todavía las mujeres tienen una sensación de desamparo, no existe una ley de violencia de género y hay un tipo de uniones que no son cubiertas por la ley actual como las relaciones que se dan en el marco de la diversidad sexual, donde no existen márgenes claros para poder determinar en qué casos existe un femicidio u otro tipo de figura. “No solamente hay una deuda con las mujeres que siempre va a ser una de las más importante, sino que con toda una población que ha sido dejada de lado por las políticas públicas y que en ese sentido ni siquiera es sujeto de derecho para la justicia”, destaca Miranda.
La investigación muestra que el acompañamiento psicosocial está muy enmarcado dentro de una institución judicial, pero, a pesar de ello, la contribución de estos profesionales es fundamental y tiene gran acogida por parte de las víctimas. En la actualidad hay una apertura de los profesionales jurídicos, jueces y fiscales por conocer la opinión de estos especialistas. “A partir del mayo feminista, las demandas de reivindicaciones sociales de la revuelta popular o del estallido social, han empezado a ser valorados desde otra esfera”, dice la académica.
Para finalizar, la investigadora señala que es importante mediar entre lo que es el marco de la justicia y el tema de la violencia de género y las expectativas que tiene la ciudadanía en relación con las respuestas que entregan los tribunales. “La ciudadanía muchas veces no sabe que existen trabajadores sociales, psicólogos, que están disponibles dentro de las instituciones de justicia y no existe claridad la mayoría de las veces del rol que juegan estas personas”, concluye Fabiola Miranda.
Para revisar el artículo completo, sigue este enlace: https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1343