El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar
enero 2022
Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH, sobre la ley de amnistía que se discute en el Congreso: “El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar”
El investigador CiPP y académico UAH, Ignacio Cienfuegos, fue entrevistado por el equipo CiPP acerca de la discusión sobre el proyecto de amnistía que beneficiaría a los denominados presos de la revuelta y los desafíos para el presidente electo en torno a este tema. ¡Conoce aquí sus opiniones!
Contra el tiempo se discute en el Congreso la ley de amnistía para los presos de la revuelta, por equipo CiPP
El presidente electo, Gabriel Boric, quien asumirá el poder el 11 de marzo próximo, se comprometió durante su campaña a trabajar por la libertad de los llamados “presos de la revuelta”. Hace unos días la Comisión de Constitución del Senado declaró admisible sustituir la figura del indulto por amnistía finalizando el estudio de las indicaciones al proyecto. De esta manera lo despachó a la sala de la cámara alta, lo que permitiría liberar a un número indeterminado de detenidos en el contexto de las manifestaciones que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Ignacio Cienfuegos, afirma que pareciera ser este el camino correcto ya que técnicamente es más adecuada una ley de amnistía porque el indulto sólo beneficiaría a los que están condenados y no a la mayoría de los presos que actualmente se encuentran en prisión preventiva. “El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar”, señala el académico.
El proyecto requiere un quórum de 22 votos para su aprobación y sus impulsores esperan que se vote lo antes posible ya que el parlamento entrará en receso por periodo de vacaciones de verano y si la Comisión de Constitución no alcanza a despachar el proyecto de amnistía, pasaría automáticamente para marzo, mes en el que probablemente haya solo dos días de labor legislativa antes del cambio de mando presidencial.
Ante la posibilidad que esta iniciativa no se apruebe, Gabriel Boric podrá optar a decretar un indulto, facultad exclusiva del Presidente y que no necesita de la participación del Parlamento, que podría hacerlo una vez que asuma el 11 de marzo.
Ignacio Cienfuegos destaca que si bien el Presidente ha tenido cambios de opinión y ha matizado su postura sobre el indulto o amnistía a los denominados presos de la revuelta, esto fue un tema de su campaña. “Así se comprometió con su coalición Apruebo Dignidad, particularmente el Partido Comunista con más fuerza” comenta el especialista. Advierte que Boric tendrá críticas y presiones. “Dudo que tenga los votos y ahí tendrá que dar explicaciones a la opinión pública del por qué no cumple esa promesa pudiendo argumentar en función de los equilibrios políticos y la oposición de otras fuerzas a esa idea” puntualiza el investigador.
Coincide con José Miguel Vivanco de Human Right Watch, en el sentido que es una mala idea el indulto para quienes cometieron ciertos delitos en el contexto del estallido social y también para los carabineros involucrados en violaciones a los derechos humanos. En su opinión la mayoría no son presos políticos. “En teoría son gente que ha sido privada de ciertos derechos básicos como ciudadanos, que han sido censurados en su expresión, que han sido perseguidos políticamente por pensar distinto y no es el caso aquí” dice Cienfuegos.
Para él indultar a gente que cometió ciertos delitos en el contexto de una revuelta de un estallido social es una mala idea porque eso genera desincentivos para la protesta pacífica. Entiende que el estallido social, desde el punto de vista político, ha sido muy virtuoso generando un despertar, posibilitando cambios importantes como el acuerdo por la paz, la instalación de la convención constituyente y la posibilidad de una nueva constitución. “Si no hubiese pasado el estallido social probablemente no hubiéramos tenido esta gran posibilidad de transformación social”, puntualiza el docente.
Cienfuegos cree que es una mala señal porque las protestas también se manifestaron con mucha violencia, con mucha destrucción, vulnerando a todas luces el Estado de Derecho, algo básico para la convivencia democrática. “El Presidente de la República, una vez que asuma, podrá revisar algunos casos específicos donde habrá tal vez motivos para indultar a alguien que ha sido condenado injustamente” sostiene el investigador.
El docente plantea que ha quedado en evidencia que con la prisión preventiva tenemos un problema en los procedimientos judiciales ya que hay detenidos que llevan entre seis meses a dos años privados de libertad por lo que es partidario de revisar esa figura legal. “Períodos muy largos de prisión preventiva con gente que aún no tiene condena, no sólo en el contexto del estallido social, sino que es un problema estructural de nuestro sistema judicial y probablemente eso es lo que hay que revisar”, concluye Cienfuegos.