Sistemas judiciales en la propuesta de nueva constitución
septiembre 2022
Conversatorio organizado por la Universidad de Atacama aborda los sistemas judiciales y la propuesta constitucional
“El texto que se propone va a requerir reformas si es aprobado para que realmente garantice un genuino sistema democrático de distribución de poder”, señaló el investigador del CiPP, Rafael Blanco, en el conversatorio “Sistemas judiciales en la propuesta de nueva constitución” organizado por el Programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Atacama y la Fundación Chile Descentralizado, que se realizó el 29 de agosto recién pasado.
El académico se refirió a la Defensoría Penal Pública destacando que la propuesta constitucional le entrega plena autonomía. “Me parece que la propuesta constitucional coloca a la defensa penal como un órgano constitucional autónomo que es un paso muy significativo ya que es una autonomía legal que era necesaria”, destacó Blanco.
El docente cuestionó la propuesta constitucional que establece que la defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrá ser licitada o delegada a abogados particulares, pudiendo contratar excepcionalmente a estos últimos en los casos y formas que establezca la ley. “Es un error que la prestación de servicios de defensa sólo tenga que hacerse por el Estado y no también por organismos de la sociedad civil que era una riqueza del modelo que se elimina con el nuevo texto constitucional”, puntualizó el abogado.
Rafael Blanco, señaló que en el país el modelo de externalización de servicios de la Defensoría Penal Pública funciona bien y que posee un modelo de control que muestra positivos resultados. ”No me parece una buena decisión eliminar los modelos de externalización de servicios de la Defensa Penal Pública, fíjense que Chile es de los pocos países en la región que cuenta con un modelo de auditoría y de control bastante exhaustivo e intenso sobre la prestación de servicios por parte de la sociedad civil”, dijo el investigador del CiPP.
El académico afirmó que el nuevo texto constitucional tampoco resuelve en el Ministerio Público la forma en que se debate abierta y participativamente la política de persecución criminal. “Es un gran déficit a nivel latinoamericano. Se señala que esa política ahora la va a definir el comité del Ministerio Público lo que es un avance pero me parece que la sociedad civil en el ámbito territorial y cada comunidad debería poder participar en ese proceso de definiciones de la política criminal”, puntualizó el especialista.
En esta actividad también participaron el presidente nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Mauricio Olave, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, Mario Maturana, y los ex convencionales constituyentes Ruggero Cozzi y Andrés Cruz.
Puedes ver esta exposición en el siguiente enlace: