Este plan obedece a una obligación que tenemos aún pendiente como sociedad
diciembre 2022
¿Dónde están? Una pregunta urgente de responder
Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP.
“El Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos obedece a una obligación que tenemos aún pendiente como sociedad y que el Estado en forma particular también ha adquirido en acuerdos internacionales, respondiendo a la necesidad de que finalmente exista una búsqueda activa de aquellas personas que siguen desaparecidas desde hace años”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Lieta Vivaldi quien fue entrevistada por el equipo CiPP para conocer su visión sobre esta iniciativa de la cual forma parte al ejercer su rol de consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Este plan ya comenzó a implementarse en su primera fase y es definido por el gobierno como un instrumento de política pública para avanzar en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile, esto es detenidos desaparecidos y ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido encontrados. “Han pasado años de la desaparición forzada de muchas personas, es en este sentido que no podemos estar tranquilos como sociedad hasta que estas sean encontradas, lo que amerita contar con un plan de búsqueda con altos estándares internacionales que tenga un presupuesto permanente entregado por el Estado”, señala Lieta Vivaldi.
En Chile, señala la docente, siguen existiendo más de 800 personas que han sido víctimas de desaparición forzada, cuyos restos aún no han sido encontrados. “Personas, seres humanos cuyas familias vieron salir de sus hogares y que, por la acción criminal de agentes del Estado, nunca más volvieron. No sabemos cabalmente qué les pasó, cuál fue el derrotero criminal que siguieron, cuál es su paradero y/o destino, y cuál fue su destino final”, relata la abogada.
Frente a esta realidad la académica puntualiza que es importante tener en cuenta que tanto la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, como otros instrumentos internacionales relevantes, establecen una serie de principios que, considerando la obligación de los Estados de buscar efectivamente a las personas desaparecidas, reafirman buenas prácticas para lograrlo. Estos principios contemplan que la búsqueda tiene que realizarse bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva; que se debe respetar la dignidad humana de las víctimas y persona desaparecida en cada una de las etapas; que debe regirse por una política pública, teniendo como uno de sus objetivos centrales la protección y el apoyo amplio a las víctimas; que este trabajo debe tener un factor diferencial, dependiendo de las diversas personas que están en situación de vulnerabilidad; y que la búsqueda debe respetar el derecho a participación de los familiares de las víctimas.
Para la abogada es importante que este proyecto, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, convoque a los familiares de las víctimas en cada región. “Es fundamental el rol esencial que tienen las personas victimizadas y sus familiares para participar activamente, tanto en el diseño como en la ejecución e implementación del plan de búsqueda de las personas y, también, en la evaluación de los diversos programas, estrategias y acciones que se definan”, declara Vivaldi.
La actual consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lieta Vivaldi, destaca que en el último informe anual de esta entidad se aborda esta temática en el capítulo número siete denominado “Desaparición forzada de personas en dictadura: deberes internacionales en materia de justicia transnacional donde se señala que se “reafirma la deuda del Estado de Chile frente a las obligaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas, aun pasados más de 30 años del inicio del periodo democrático, y pese a las innumerables normativas y recomendaciones internacionales sobre el tema”.
La investigadora del CiPP comenta que en este capítulo se observa el impulso que debe dar el ejecutivo al tema de buscar los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas y asegurar que el plan de búsqueda contará con un presupuesto compatible con la tarea y que será permanente en el tiempo.”Esta es una instrucción que debe venir de la máxima autoridad de la nación que permitirá abordar las fracturas que existen en Chile para poder mirarse y sanarse”, dice la experta.
Etapas del Plan Nacional de Búsqueda
Esta iniciativa tiene como objetivos ampliar la recopilación, el análisis y la sistematización de aquellos documentos que contengan información sobre quienes fueron desaparecidos forzadamente; y extender las investigaciones judiciales y extrajudiciales para los delitos de inhumación y exhumación, lo que será efectuado a través de cuatro etapas. La primera que ya comenzó y se esta dearrollando a lo largo del país corresponde a la escucha participativa, colaborativa y colectiva de las víctimas, sus familias, expertos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La segunda busca avanzar en la adquisición de compromisos y coordinación de las diversas instituciones del Estado. En la tercera etapa serán revisadas las observaciones, para así redactar una propuesta de Plan Nacional de Búsqueda que contenga los ejes programáticos, acciones precisas y plazos determinados para su ejecución, documento que será presentado ante los familiares y sus agrupaciones. Posteriormente, la estrategia será sometida a la aprobación del Comité Interministerial de Derechos Humanos, el que en su mérito determinará la aptitud de ésta para ser difundida y aplicada.
Puedes conocer más sobre este plan en el siguiente enlace: Plan nacional de búsqueda.