Las barreras que enfrenta la ley de aborto en tres causales

abril 2023

Las barreras que enfrenta la ley de aborto en tres causales

Por: Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“La realidad es que pese a que tenemos una ley de aborto en tres causales esta no está cumpliendo su objetivo a cabalidad ni tampoco se está implementando de manera correcta,  me parece que a largo plazo podremos avanzar en reformas legales pero en la actualidad necesitamos políticas públicas que permitan y faciliten que la ley que ya tenemos sea aplicada en la mejor forma posible, de manera que no existan barreras, sino que por el contrario se facilite a las mujeres el poder acceder a los procedimientos sin ser estigmatizadas, con la información pertinente, sin retrasos innecesarios y sin causar mayor victimización de la que ya pueden estar viviendo debido a  la situación en la que se encuentran”, así de categórica es la conclusión de la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Lieta Vivaldi, con quien conversamos como equipo CiPP para conocer las principales conclusiones de la investigación del proyecto Fondecyt Regular donde participó, junto a otros académicos y académicas, titulada «Representaciones sociales de actores relevantes vinculadas con las principales barreras a las prestaciones garantizadas en la ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales en Chile» y de una segunda investigación que fue liderada por la Dra. Lidia Casas sobre el rol de la Atención Primaria de Salud en el acceso a la prestación.

La académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Lieta Vivaldi, señala que esta ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley IVE) que fue promulgada el 2017, adolece de problemas en su implementación, situación que llevó a la creación de un equipo interdisciplinario que investigó lo que está  sucediendo en la atención primaria de salud,  que es el lugar donde llegan las mujeres para dar a conocer su situación, recibir información y ser derivadas al nivel secundario. “En la atención primaria de salud detectamos principalmente falta de capacitación del personal de salud, lo que tiene como consecuencia que las mujeres no sean debidamente informadas sobre esta ley a lo que se agregan los retrasos en cuanto a la derivación”, relata la abogada.

Otra de las problemáticas encontradas es la objeción de conciencia por parte de los médicos lo que a juicio de la académica debiera revisarse, ya que Chile es el único país en el mundo donde las instituciones se pueden cuestionar, lo que la académica considera una especie de permiso para desobedecer la ley. “Esta objeción de conciencia está establecida de tal forma que es muy fácil invocarla, ya que solo se requiere señalar que es incompatible con razones profesionales, pero no obedece al sentido real de la objeción de conciencia que tiene que ver con una razón profunda y personal que conlleva a que el personal de salud no realice lo que la ley comanda”, enfatiza la actual consejera del INDH.

La investigación también contemplo la realización de un análisis a la realidad de los hospitales donde un número elevado de médicos se han declarado objetores de conciencia, lo que para la entrevistada es uno de los aspectos complicados de la implementación de la ley IVE que permite interrumpir el embarazo de mujeres con riesgo de vida para la gestante,  inviabilidad del feto y violación.”En algunos hospitales descubrimos que existía una auto gestión donde siempre hay un turno que no es objetor, sin embargo me parece que se requiere una mayor intervención del Estado realizando reglamentos que regulen el tema”, comenta Vivaldi.

En las investigaciones antes mencionadas también participaron las académicas de la Universidad de Chile, Adela Montero y Mirliana Ramírez; la investigadora de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, y la pediatra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Paz Robledo. Junto a ellas, también formaron parte de los equipos de trabajo Daniela González, trabajadora social de la Universidad de Chile, Jorge Babul, Juan José González y Natalia Bozzo de la UDP, entre otras personas.

La investigación del Fondecyt se desarrolló entre enero de 2021 y comienzos del 2023, se utilizó un enfoque cualitativo, donde se entrevistaron 71 integrantes de los equipos de salud provenientes de 12 instituciones de salud pública, cuatro instituciones de salud privada y dos organizaciones de la sociedad civil del país. El 70% de la pesquisa contempló a mujeres, y apuntaron, principalmente, a gineco obstetras, matronas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, mujeres usuarias, entre otros profesionales.