Empleo público en Chile: ¿Hacia dónde deberíamos avanzar?
El segundo panel de reflexión realizado en el marco del Coloquio CiPP “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, tuvo como foco abordar las perspectivas de cómo mejorar el modelo chileno de empleo público y contar con una Administración Pública eficaz para servir a las personas.
¿Hacia dónde deberíamos avanzar? fue la interrogante que abordó el segundo panel del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Moderó este panel el Vicerrector Académico de la UAH e investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, quien fue durante 8 años integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil de Chile, institución que hace pocos días atrás le entregó un reconocimiento por su apoyo, profesionalismo y compromiso con la función pública y la gestión de personas en el país.
Participaron de este diálogo, el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón, la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Beatriz Corbo, el director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF, José Pérez Debelli.
En la primera intervención, el académico de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón, explicó que en los países europeos existe una administración pública profesional y no politizada, lo que significa que el ingreso al Estado se realiza rindiendo pruebas selectivas que miden el mérito y la capacidad. “Prácticamente en todos los estados europeos se cuenta con una función pública profesional e imparcial. Durante el siglo XIX la mayoría de los estados europeos adquirieron la convicción de que era necesario contar con una función pública o una burocracia profesionalizada para garantizar las funciones del Estado y asegurar de manera imparcial el funcionamiento de los servicios”.
Morón relató que este fenómeno se fue dando de manera paulatina en los diferentes países europeos y que en el caso de España se consolidó en 1918 cuando se aprobó un estatuto legal que garantizó la inamovilidad de las y los funcionarios públicos que accedieran a los diferentes servicios estatales.
Por su parte, la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Beatriz Corbo, se refirió al sistema de Alta Dirección Pública cuyo objetivo es dotar a las instituciones de gobierno, a través de concursos públicos y transparentes, de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas definidas por la autoridad. “Este sistema ha logrado instalarse a pesar de lo contra cultural que fue en sus orígenes, hoy nadie pone en duda la relevancia de los procesos de selección donde el mérito, la igualdad y la no discriminación son elementos centrales”, destacó la panelista.
La especialista recalcó que un gran avance en la modernización del Estado sería contar con una mejor distinción entre aquellos cargos que son de gobierno y los que son propios de la administración pública. Además, dijo que el empleo público y la Alta Dirección Pública requieren de una mirada sistémica porque hoy hay mucha asimetría entre la estabilidad de los empleados públicos y la inestabilidad de los altos directivos.
El director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente, indicó en su exposición que para lograr una profesionalización del empleo público se requiere de un conjunto de reformas en cinco temas clave: la meritocracia, la desburocratización, la transparencia, el mestizaje ideológico y la experimentación o fontanería.
Lapuente recalcó que la “meritocracia” se refiere a lograr y mejorar la profesionalización de la administración pública y que hay datos que muestran una relación entre profesionalización y menor corrupción. “La encuesta “Expertos” que realiza el Instituto de Cualidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo muestra que una profesionalización de la administración pública se relaciona con indicadores menores de corrupción”.
La “desburocratización” es, según Lapuente, un tema que deben mejorar España y Chile. Señala que vale la pena mirar como ejemplo a Nueva Zelanda donde existe una mayor autonomía de los recursos humanos. En relación a la “transparencia” aclaró que es necesario que exista un acceso a la información porque esto aumenta la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
En cuanto al “mestizaje ideológico» nuevamente puso de ejemplo el modelo de administración pública de Nueva Zelanda donde se observa muy bien este concepto. En cuanto a la “experimentación y fontanería” manifestó que es necesario contar con directivos creativos que prueban diferentes medidas y las evalúen. “Me gusta pensar que el directivo público es un científico o un fontanero porque como diría la premio nobel de economía, Esther Duflo, no existen botones mágicos para las políticas públicas. En realidad deberíamos ser como fontaneros que luchamos contra la ignorancia, la ideología y la inercia”, expresó Victor Lapuente.
En su exposición, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, sostuvo que la modernización del Estado sigue siendo un desafío pendiente enfatizando que es importante que estas transformaciones sean realizadas con la participación de las y los empleados públicos. “Es un tema que se habla, pero no se concreta donde la ANEF ha estado siempre dispuesta a conversar y a contribuir en este proceso. Las y los funcionarios públicos podemos hacer una importante contribución porque somos los que más conocemos los servicios y el Estado”.
Perez Debelli destacó que la ANEF cumplió 80 años que han estado caracterizados por abrazar un sindicalismo sociopolítico, no partidista, donde han tenido y tienen una opinión de lo que pasa en nuestra sociedad y el mundo. “Poseemos una mirada sobre el Estado que también busca que sea más moderno, fuerte, presente, participativo y activo, tenemos mucho que decir y aportar. Esperamos sentarnos con el gobierno en una mesa sectorial para abordar estos temas”.
El dirigente argumentó que no se debe perder el foco de que la administración pública tiene por principal función servir a la ciudadanía y que son las y los funcionarios del Estado quienes ejecutan las políticas públicas por lo que es fundamental que tengan un “trabajo justo” donde existan y se reconozcan los derechos colectivos .Además, planteó que el Estado subsidiario restringe a la administración pública. “Limita a las trabajadoras y trabajadores en sus funciones y tareas. Por ejemplo a los cerros de Antofagasta no pueden acudir porque ahí están las fundaciones donde, lamentablemente, hay gente que pretende llevarse el Estado para la casa, denunció el presidente de la ANEF.
En el cierre de este segundo panel, el Vicerrector Académico de la UAH, Eduardo Abarzúa, elogió la realización de este coloquio al entregar un análisis de la realidad del empleo público en Chile, junto con entregar herramientas y propuestas concretas para abordar la modernización del Estado. También valoró las exposiciones de los profesores Sanchez Morón y Lapuente en tanto han permitido visualizar cómo se ha abordado este proceso en España y otros países.