Enrique Rajevic propone reforzar facultades de Contraloría para una fiscalización más eficaz
julio 2025
El investigador del CiPP, académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la UAH, publicó una columna de opinión en La Tercera analizando el rol de la Contraloría General de la República en el marco del “Caso Licencias”. En su análisis, propone reforzar sus facultades para una fiscalización estatal más eficaz y oportuna, clave para la probidad y la gestión pública.
En su reciente columna de opinión publicada en La Tercera, el investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Enrique Rajevic, aborda el rol de la Contraloría General de la República (CGR) a raíz del reciente “caso licencias”. En su análisis, Rajevic propone dos áreas clave para potenciar las atribuciones de este organismo fundamental en la fiscalización del Estado.
En primer lugar, el investigador CiPP sostiene que es fundamental otorgarle a la CGR acceso a las cuentas bancarias de los organismos públicos. Esto permitiría al ente fiscalizador contrastar información y facilitar su control, ya que el secreto bancario carece de sentido para instituciones sujetas a transparencia. De acuerdo a Rajevic, esta medida ya planteada por contralores anteriores, no debería demorarse en su implementación.
En segundo lugar, el académico propone avanzar en otorgar a la CGR atribuciones sancionatorias directas en ciertos casos. Explica que el sistema actual, donde las jefaturas deciden las sanciones o se requiere la intervención de Tribunales Electorales Regionales (TER) tras la petición de un tercio del concejo, ha provocado retardos injustificados en los sumarios. El investigador del CiPP cita ejemplos de leyes recientes que ya otorgan esta facultad directa a la Contraloría en casos específicos, como las infracciones a la Ley de Declaración de Intereses y Patrimonio o la Ley de Compras.
Rajevic concluye que estas propuestas optimizarían la fiscalización estatal, siempre bajo el necesario contrapeso del control judicial.
Te invitamos a leer el texto completo en La Tercera.