Fuente: La Tercera
Rafael Blanco y Leonardo Moreno en La Tercera: La experiencia de Argentina con sistemas de jurados “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”.
El investigador CiPP, Rafael Blanco, junto a Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, publicaron en el diario La Tercera una columna en donde plantean diferentes ideas relacionadas a la democracia, la legitimidad y el sistema de jurados. Comienzan expresando que la organización del sistema político democrático determina la forma en la que los ciudadanos y ciudadanas participan y contribuyen en la vida de sus comunidades y en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan.
A partir de esto, hacen mención también a ciertas obligaciones públicas, como lo es la de escoger a las autoridades que nos representan y conducen en las funciones de gobierno. Mencionan el hecho de que algunos países practican el voto obligatorio, sistema que impide que las autoridades electas sean precedidas de bajos niveles de participación. En esta misma línea de obligaciones, aluden al pago de tributos en proporción a las rentas, contribuyendo de esta manera a la redistribución de la riqueza. Como comparación, aluden al hecho de que en Chile se exhibe a los vocales de mesa como expresión de obligación ciudadana.
Siguiendo con los deberes de la ciudadanía pero entrando en materia de Justicia Penal, los investigadores mencionan los modelos de jurados propios de Europa Continental y América, como instancias que implican una relevante participación ciudadana que son “una manifestación más compleja y exigente de los deberes que la ciudadanía tiene con su comunidad”. Como ejemplo más cercano analizan el de Argentina, afirmando que el sistema de jurados en ese país “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”, son claros en decir que se evidencia una notoria mejoría en la imagen de la ciudadanía hacia el sistema penal y sus actores.
Los investigadores señalan que, aunque el sistema de jurados ofrece ventajas (en materia de imparcialidad, calidad del debate y complejidad de las deliberaciones), la discusión sobre su instalación no se trataría sólo de un debate técnico procesal o jurídico. Sería también un espacio formativo y relevante de participación ciudadana que podría incidir en la ciudadanía.
Por lo tanto, en opinión de los académicos, preservar acríticamente los modelos de jueces profesionales exclusivos, como los que existen en nuestro país, “impide evidenciar a la ciudadanía la complejidad y seriedad de la tarea de juzgamiento, concentrando la carga de deliberación en operadores cuya tarea perpetúa la lógica contramayoritaria en los actores profesionales sin abrir tales tareas y funciones a la ciudadanía”.
En conclusión, Blanco y Moreno consideran que el sistema de jurado posee el doble efecto de descargar al juez de una función que puede ser compartida con la ciudadanía, al traspasar cargas, tareas y responsabilidades a los ciudadanos y ciudadanas en la compleja y delicada función de definir que otro ciudadano o ciudadana es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.
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