Competencias territoriales y financiamiento: modernización del fondo común municipal
enero 2022
Enrique Rajevic y Fabián Pressacco, investigadores CiPP y académicos UAH expusieron ante la Convención Constitucional la propuesta “competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
El pasado 28 de diciembre, Enrique Rajevic y Fabian Pressaco, investigadores CiPP e integrantes del Núcleo Constitucional de la UAH expusieron ante la subcomisión 2 de la comisión 3 Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobierno locales y organización fiscal, de la Convención Constitucional. En la ocasión, los académicos presentaron la propuesta “Competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
En la primera parte de su exposición, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Fabián Pressacco señaló que el estallido social, el proceso constituyente y las elecciones han puesto en el debate político, las desigualdades territoriales existentes en nuestro país en ámbitos tan disímiles como la seguridad ciudadana, las áreas verdes y el acceso a servicios fundamentales. El docente afirmó que en Chile la vida y las oportunidades dependen del territorio donde se nace. “Solo para dar un dato de contexto podemos mencionar que el índice de desarrollo humano comunal del año 2020 señala que el 60% de las comunas de Chile tiene un nivel de desarrollo medio bajo o bajo”, dijo el especialista.
El análisis presentado por los académicos muestra que la columna vertebral del sistema de financiamiento municipal ha sido el Fondo Común Municipal que es un mecanismo de distribución solidario de los ingresos de todas las municipalidades al que se suma un aporte fiscal. Fue creado en el marco de la Ley de Rentas Municipales de 1979 y experimentó una reforma importante el 2008 donde se estableció una modificación en los criterios de distribución que permitió recaudar recursos. “El aporte fiscal se verificó el año 2008, al cual se le agregó también el pago de impuesto territorial, que es otro de los ingresos propios del Fondo Común Municipal, y que corresponde a un conjunto de inmuebles públicos estatales que hasta ese momento estaban exentos del pago de ese impuesto”, sostuvo el investigador del CIPP, Fabián Pressacco.
El académico destacó que el impuesto territorial es un ingreso importante para las municipalidades pero que dada la segmentación socioeconómica de las comunas en varios municipios el ingreso por esta vía es mínimo. “En muchas comunas este ingreso es bastante marginal porque, por los valores definidos por el Servicio de Impuestos Internos, muchas propiedades agrícolas y no agrícolas están exentas del pago de contribuciones”, aseveró Pressacco.
Desafíos y propuestas
Las municipalidades deben ejercer su competencia de manera autónoma. “Hoy día la Constitución habla de que administran sus recursos de manera autónoma, pero es más que administrar los recursos desde nuestra perspectiva. Si uno mira por ejemplo las constituciones de Alemania y España observa que hablan de una autonomía en la gestión de sus respectivos intereses”, sostuvo Rajevic.
En la propuesta presentada por los profesores de la Universidad Alberto Hurtado se señala que la Constitución debe garantizar que el financiamiento que se entregue a las municipalidades les permita cumplir en forma adecuada con las tareas y funciones que les asigne las normas legales.
Rajevic, señaló que los proyectos de ley que otorguen nuevas funciones o tareas a las municipalidades deberán contemplar las fuentes de financiamiento para que los municipios puedan costearlas, ya que actualmente este es solo un principio legal que suele no ser respetado. “Eso está hoy día en la ley, pero no en la Constitución y normalmente no se cumple”, declaró el académico.
Planteó además que la asignación de recursos a las municipalidades debe considerar los costos de producción territorial que tienen los bienes públicos que le corresponde proveer a los municipios y que es necesario tomar en cuenta la situación real de cada comuna y sus habitantes para garantizar un estándar de igualdad mínimo entre las personas que habitan el territorio nacional.
Equidad Territorial
Otro tema propuesto fue el de generar una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos públicos. Hoy existen disposiciones constitucionales que apuntan en esta dirección, pero la propuesta de los académicos de la Universidad Alberto Hurtado sugiere que deben precisarse con diferentes medidas como, por ejemplo, establecer criterios de distribución que logren que los ingresos fiscales entre los distintos niveles de gobierno y administración territorial en la Ley de Presupuestos permitan el adecuado desarrollo de sus competencias y que se disponga de los recursos necesarios para que puedan ejercer sus responsabilidades.
La proposición señala que la asignación de recursos desde el gobierno central a los entes territoriales debe realizarse sobre la base de criterios objetivos y transparentes que eviten la potencial dependencia o clientelismo municipal. También se plantea establecer el principio de equidad en la tributación. “Debe existir un principio de equidad en la tributación para que las empresas contribuyan en relación al impacto territorial que producen”, afirmó Rajevic.
En la exposición se expresa que es necesaria la implementación de mecanismos de redistribución que permitan un desarrollo territorial armónico y equitativo, atendiendo a la desigualdad existente entre las rentas territoriales de las diferentes regiones y comunas donde se observa una gran disparidad.
Los especialistas recomiendan establecer el principio de responsabilidad de la administración de recursos de los gobiernos subnacionales (municipios y regiones) para evitar que pudieran existir ineficiencias.
Enrique Rajevic, explicó que la descentralización requiere de una “reingeniería” del nivel central, regional y municipal definiendo las competencias que tendrá cada uno. “Creemos difícil que la Constitución detalle cada una de estas competencias y podría ser riesgoso ya que puede rigidizar el futuro. Sin embargo, consideramos que deberían darse ciertos criterios, como por ejemplo, adoptar el principio de subsidiariedad de la Unión Europea que entrega las competencias al nivel territorial público que sea más eficaz para lograr el resultado pretendido en cada caso”, manifestó el académico de la Facultad de Derecho.
La propuesta señala que el principio de equidad territorial debería iniciar una reformulación de las áreas metropolitanas que son conurbanizaciones que agrupan a varias municipalidades y que en Chile tienen un alto grado de desigualdad.
El estudio recomienda que la nueva Constitución debiera mantener el concepto de área metropolitana y asignarles entre sus tareas la integración social y el acceso equitativo a los bienes y servicios públicos urbanos y rurales en el territorio que comprendan.
También se sostuvo que debiera crearse un Fondo Metropolitano al que debieran entregarse una parte de los ingresos de las municipalidades para desarrollar inversiones y programas que reduzcan la desigualdad territorial, especialmente la urbana.
Revive acá la transmisión en vivo de la Convención Constitucional.