Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, junto a Jaime Arellano, en El Mercurio “Construir un sistema de competencias y de pesos y contrapesos entre los distintos poderes y Órganos del Estado es una de las claves para edificar correctamente un genuino sistema democrático”.
Así lo expresaron Rafael Blanco, investigador asociado del CiPP y académico UAH, junto a Jaime Arellano, profesor de la UAH y ex director CEJA, en su columna de opinión “Poder Jurisdiccional y Democracia” publicada el 9 de febrero del 2022 en el diario El Mercurio, en la que se refieren a la iniciativa presentada por un grupo de convencionales para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de Corte, sus implicancias y riesgos.
Los académicos señalan que “la ubicación institucional y estructura organizacional del aparato de justicia, así como de los sistemas de selección, remoción y evaluación de sus miembros deben pensarse desde una óptica que garantice su independencia del Poder Ejecutivo, Legislativo o de cualquier otro órgano, poder estatal o influencia privada”. Por ello dicen que deben evitarse propuestas o soluciones que sometan a los jueces y juezas de todas las instancias a mecanismos de evaluación del desempeño frente a entes u órganos políticos temporales, que limiten o afecten la debida independencia externa. En ese sentido dicen que la iniciativa presentada por un grupo de convencionales para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de Corte va en la dirección equivocada y transgrede lógicas básicas de un Estado de Derecho.
“Para lograr una genuina independencia externa debe edificarse un sistema de selección y nombramientos a través de sistemas transparentes, participativos y meritocráticos, cuidando que ello sea abierto a personas de fuera de la carrera judicial”, apuntan Arellano y Blanco. Como opción proponen la creación de Consejos de la Magistratura, que normalmente están integrados por representantes de los propios jueces y juezas, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y asociaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados o representantes de las facultades de derecho del país.
En síntesis, se requiere que cada juez y jueza detente el total del poder jurisdiccional para adjudicar soluciones en contextos de total prescindencia político-partidista. En ese sentido, la inamovilidad aparece como una garantía asociada a la necesidad de contar con jueces que estén suficientemente resguardados de sufrir presiones de salida o remoción por la naturaleza de sus decisiones.
Los académicos creen que las soluciones pasan por eliminar las tareas de nombramiento, remoción y calificaciones que en la actualidad realiza la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones, concentrando en el alto tribunal de la República las tareas propias de casación y uniformidad del derecho y en las cortes de Apelaciones, la revisión de sentencias definitivas. “Una opción es trasladar el sistema de selección y nombramiento a un ente autónomo de base constitucional, que se integre de modo de evitar el control político por un grupo, partido o facción y que, al mismo tiempo, evite el control por lógicas endogámicas del aparato judicial”, sostienen los investigadores.
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