Derechos humanos y reparación por los actos de violencia ocurridos en el estallido social
mayo 2022
La necesidad de crear una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el estallido social
“Lamentablemente el gobierno anterior no abordó el tema de la reparación como un eje central para reconocer los daños producidos a las víctimas y es de esperar que este nuevo gobierno impulse una agenda más audaz, porque la falta de respuesta oportuna lo único que hace es postergar los anhelos de verdad, justicia y reparación”. Así lo sostiene Hugo Rojas, Profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado e Investigador del Instituto Milenio sobre Violencia y Democracia (VioDemos) y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH (CiPP), quien fue entrevistado por el equipo CiPP sobre su participación en la 40th International Congress of the Latin American Conference, “Polarización socioambiental y rivalidad entre grandes potencias”.
Rojas intervino en el panel “Los Derechos humanos, represión y la reciente ola de protestas sociales”, de la sección “Derechos Humanos y Memoria”. En su ponencia titulada “Justicia Transicional y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 en Chile”, propuso las bases metodológicas y políticas para avanzar hacia la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los hechos ocurridos en el país entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
El investigador del CiPP señaló que el volumen de denuncias, casos y detenciones fue tan alto que la institucionalidad no ha sido capaz de resolverlos. En estos momentos, agrega el académico, los organismos públicos y de la sociedad civil tienen bases de datos sobre los hechos ocurridos y muy diversos sistemas de registro que no están dialogando como debiera ocurrir. “Nosotros necesitamos un diálogo interinstitucional, además de la realización de audiencias e investigaciones independientes y objetivas, que nos permitan conocer los detalles de lo sucedido. No es sensato que los actos de violencia y de represión estatal cometidos durante el estallido social queden impunes”, puntualiza Rojas.
A partir de los hallazgos de la comisión de verdad que propone, sería posible avanzar hacia una política integral de reparación para las víctimas. Hugo Rojas, dice que para ello se requiere que los planes y las políticas de reparación sean discutidos con las asociaciones de víctimas en un trabajo que debe ser participativo y coproducido entre el Estado y la sociedad civil.
Destaca que también es necesario profundizar en las garantías de no repetición, tema que ha sido abordado en la Convención Constitucional. “Nosotros como sociedad no podemos conformarnos con la realización de esas discusiones en la subcomisión de verdad histórica, por el contrario es fundamental que diversos organismos hagan una autocrítica y estén dispuestas a innovar”, recalca el investigador del CiPP.
Parte de las reformas institucionales que está proponiendo actualmente la Convención Constitucional al sistema de justicia y a ciertos órganos autónomos, lamentablemente, comenta el académico, tienen que ver con las deudas pendientes a propósito de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Además, plantea Hugo Rojas, hay que hacerse cargo de los actos de violencia cometidos por ciudadanos, que causaron conmoción pública, pánico o terror. “Por ejemplo, quemar estaciones de metro no puede ser considerado como un mero incendio, hubo acciones irresponsables que provocaron miedo y esos hechos deben ser investigados y severamente sancionados por los tribunales de justicia si se acredita la participación de los acusados en esos hechos”, afirma el especialista. En este tema el Estado tiene que actuar rápido porque no es razonable que se abuse en la aplicación de la prisión preventiva y que se prolonguen las investigaciones si no hay pruebas suficientes, acota el investigador. “Estos y otros asuntos son complejos y son delicados. Sería un error político e histórico tratar de sembrar un manto de impunidad como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia republicana simulando que nada pasó. Como sociedad debemos enfrentar estas violaciones a los derechos humanos y también los abusos y actos violentos que los propios ciudadanos cometieron y que causaron pánico y miedo a la población. No podemos acostumbrarnos a vivir con esos niveles de violencia como si fuese algo normal o natural”, concluye Hugo Rojas.
Las cifras del estallido social
– Amnistía Internacional documentó, en el informe “Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, cómo Carabineros de Chile cometió graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. De acuerdo con cifras a marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
– En tanto, el reporte general del INDH, del 18 de marzo del 2020 se contabilizaron 1805 víctimas en las acciones judiciales emprendidas por el organismo. Los principales hechos citados son 1001 golpizas y 763 disparos.
– Por su parte Carabineros informó que entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se contabilizaron 5.885 situaciones de desorden público, 4.302 manifestaciones, 1.090 saqueos y 441 cortes de rutas. La institución reconoce haber realizado un total de 25.567 detenciones: 4.091 mujeres y 21.476 hombres.