El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP UAH) cierra fase inicial de seguimiento legislativo con modelo de incidencia validado
julio 2026
El proyecto de 16 meses articuló 457 iniciativas legislativas con la expertise académica de la Universidad, generando participación en tres proyectos de ley y sentando las bases para una línea de trabajo institucional de continuidad.
Durante 16 meses, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado ejecutó un proyecto de seguimiento e incidencia legislativa que sistematizó el análisis de 457 iniciativas legales en tramitación entre 2022 y 2025, articulando la investigación académica interna con los debates parlamentarios en curso.
El proyecto nace de una convicción institucional clara: la universidad no se limita a producir conocimiento hacia adentro, sino que busca que ese conocimiento tenga incidencia pública en los espacios donde se toman decisiones que afectan a la ciudadanía. Como señala Krisha Gómez, abogada profesional de apoyo del área de seguimiento legislativo que lideró la implementación operativa del proyecto, «el CiPP cumple un rol que es bastante coherente con lo que históricamente ha sido el sello de la UAH, que es una universidad que no se conforma con producir conocimiento hacia adentro, sino que busca que ese conocimiento tenga incidencia pública».
Un modelo estructurado en tres fases
El equipo diseñó el trabajo en fases diferenciadas. Primero, construyó una base de datos robusta usando como fuentes principales el repositorio de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ley Chile y la Biblioteca del Congreso Nacional. Posteriormente clasificó todas las iniciativas por materias temáticas —educación, migración, trabajo, penal, entre otras— para identificar dónde existe mayor densidad de expertise interno disponible. En una tercera fase, creó un sistema de filtro para seleccionar proyectos con suma urgencia y viabilidad de incidencia real.
La selección de iniciativas respondió a tres criterios operacionales que actuaron conjuntamente. Krisha explica: «Usamos tres criterios que, en la práctica, terminaban actuando juntos. El primero fue la pertinencia temática, priorizamos los proyectos que calzaban con las líneas de investigación activas del Centro. El segundo tenía que ver con el estado y la velocidad de tramitación, donde la ventana de participación se cierra rápido. Y el tercero, que para mí es el más determinante en la práctica, fue la disponibilidad real de expertise académico interno».
Incidencia en tres proyectos legislativos
El proyecto logró participación concreta en tres iniciativas de ley. La más significativa fue el proyecto de Escuelas Protegidas, donde el CiPP realizó una presentación formal ante la Comisión de Educación. El aporte que lideró la académica Olave fue estratégico: mientras el proyecto tenía un enfoque punitivo centrado en revisión de mochilas y sanciones, la Universidad ofreció una distinción técnica clave entre el conflicto escolar como fenómeno visible y las condiciones estructurales —clima escolar, confianza institucional— que realmente sostienen la violencia en el tiempo.
Para Krisha, este resultado ilustra el valor diferencial que aporta una universidad al debate legislativo: «Esa mirada no estaba presente en la discusión, y creo que ahí es donde una universidad puede aportar algo que difícilmente surge desde otros actores, una perspectiva técnica, con evidencia, que no busca oponerse por oponerse, sino enriquecer el debate con matices». El aprendizaje anterior del Centro en el proyecto de Convivencia Escolar —donde no logró participación formal por falta de anticipación— sirvió de base para una intervención exitosa en Escuelas Protegidas.
Alianzas internas y lecciones de coordinación
El proyecto requirió contactar a quince académicos y académicas de distintas facultades, cubriendo áreas tan diversas como derecho penal, educación, migración y violencia intrafamiliar. Esa articulación mostró tanto el potencial como la complejidad de traducir los tiempos de la investigación académica a los de la tramitación legislativa.
«La investigación académica tiene sus propios tiempos, de maduración, de rigor, y el proceso legislativo tiene los suyos, que en ocasiones son muy acelerados y en otras todo lo contrario. El trabajo radicó en traducir esos dos ritmos, sin sacrificar la calidad técnica por la urgencia del calendario parlamentario», explica Krisha sobre uno de los desafíos principales enfrentados.
Tres aprendizajes institucionales para consolidar
El proyecto deja tres aprendizajes clave. Primero, la importancia de la anticipación: identificar proyectos en sus etapas iniciales de tramitación es determinante para la ventana de incidencia. Segundo, la sistematización de procesos —base de datos, formatos de minutas, criterios de priorización— genera consistencia y permite escalar sin reinventar cada intervención. Tercero, la necesidad de presencia sostenida en el Congreso más allá de activaciones puntuales, lo que requiere construir relaciones institucionales estables con comisiones y asesores legislativos.
Proyecciones y continuidad
El modelo probado, los instrumentos desarrollados y la red académica activada sientan una base para continuar este trabajo. El CiPP identifica como próxima prioridad la formalización de un convenio de colaboración con la Biblioteca del Congreso Nacional, contemplado desde el diseño original del proyecto pero pendiente de ejecutarse, que daría un canal más estable de acceso a información legislativa.
Simultáneamente, el CiPP mantiene seguimiento activo de dos iniciativas: el proyecto FES y el monitoreo de la implementación de la Ley de Escuelas Protegidas, que tras su aprobación fue parcialmente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, manteniéndola en tramitación.
«Este proyecto constituye un punto de partida para una línea de trabajo con vocación de continuidad, sustentada en herramientas que ya han demostrado su utilidad y con desafíos futuros orientados a fortalecer la articulación entre el ámbito académico y las instituciones públicas, promoviendo una colaboración más fluida y sostenible», concluye Krisha sobre lo que sigue para el Centro.
La experiencia valida un modelo donde la Universidad Alberto Hurtado no solo observa el proceso legislativo desde afuera, sino que se involucra activamente en él, ofreciendo rigor técnico en momentos donde ese recurso escasea, sin pretender reemplazar el rol de los parlamentarios ni tomar partido político, sino enriqueciendo el debate con evidencia y una mirada informada que refleja el compromiso institucional con la incidencia pública.