Derecho a la comunicación: debe ser la democratización del espacio público un tema en la nueva constitución?
agosto 2021
Segundo Coloquio CiPP: «Derecho a la comunicación: ¿debe ser la democratización del espacio público un tema en la nueva constitución?».
Este jueves 6 de agosto se realizó el segundo coloquio organizado por el CiPP-UAH. En esta oportunidad, Ximena Orchard y Amaranta Alfaro, ambas investigadoras del CiPP y académicas UAH, fueron las encargadas de exponer el tema del encuentro. Luego, Pedro Güell, también investigador del centro, realizó un comentario a partir de su exposición.
El objetivo de este coloquio, en palabras de las investigadoras, es generar un espacio de diálogo en torno al tema del derecho a la comunicación y el espacio público en un contexto de mayor visibilidad de ambos temas en la discusión pública, particularmente en los últimos meses, lo que ha provocado que trascienda los públicos habituales que discuten estos temas, generando una ventana de oportunidad. Creemos, señalan, que el tema del derecho a la comunicación seguirá en el debate público y su discusión va a requerir del involucramiento de distintos actores desde una mirada de política pública interdisciplinaria.
La presentación realizada por las investigadoras enuncia algunos puntos de interés dentro de un tema que se reconoce amplio y complejo. Se presentan algunos de sus componentes fundamentales y cómo el tema ha sido discutido desde los estudios sobre comunicación y medios. Señalan que se trata de una temática relevante desde su disciplina que ahora demanda una mayor interdisciplinariedad, sobre todo en un escenario donde el tema se ha puesto en la agenda pública, lo que abre una oportunidad para la reflexión y el aporte que el CiPP puede hacer.
¿Qué factores explican que el tema del derecho a la comunicación se haya puesto en la agenda pública del país y por qué resulta relevante discutirlo? es la interrogante que las académicas plantean como provocación inicial de su exposición, señalando que existen explicaciones contingentes y otras más permanentes.
En lo coyuntural, explican, hay dos hitos clave que generan un clima propicio para esta discusión: las elecciones presidenciales, en tanto algunos de los candidatos han hecho propuestas al respecto; y el propio debate constitucional, donde ya se escuchan voces que han planteado que el tema del derecho a la comunicación debiera quedar consagrado en el texto constitucional.
En lo más permanente, el tema se visibiliza por las distintas crisis de representación que vive nuestra sociedad, que se expresa en indicadores como la baja confianza en las instituciones, incluidos los medios de comunicación, junto a mayores niveles de escrutinio ciudadano.
En cuanto a la organización del sistema de medios de comunicación en nuestro país, son claras en señalar que existe un diagnóstico, ampliamente discutido en la literatura, que lo caracteriza con un déficit de pluralismo y democracia, un sistema completamente privado, y con problemas de concentración de propiedad en algunas industrias, junto con una crítica a la falta de pluralidad de los actores que son visibilizados, la poca diversidad de contenidos y una relación cercana entre los grandes medios y el poder político y económico.
Existe, en este sentido, un anhelo de visibilidad de distintos grupos que se ha expresado en un mayor interés sobre el tema del derecho a la comunicación en la sociedad.
Para entender mejor el concepto del que estamos hablando, Ximena Orchard explica que el Derecho a la Comunicación es un concepto que refiere a la necesidad de ajustar la comprensión, promoción, y protección de los derechos asociados a la comunicación a una perspectiva de derechos humanos, en el entendido que el ejercicio efectivo de estos derechos es esencial para la convivencia democrática.
Al mismo tiempo, es posible afirmar que este tema ha sido fruto de una batalla teórica y política que tiene cuatro décadas de desarrollo y es muy fuerte en nuestro continente.
De alguna manera, el tema del derecho a la comunicación recoge diversas agendas que buscan enfrentar las inequidades de acceso al espacio público, explica Orchard.
Por su parte, Amaranta Alfaro, contextualiza la situación el tema a nivel latinoamericano, entregando algunos datos como que los sistemas nacionales de medios de comunicación de la región comparten características distintivas. Destaca que el modelo de libre mercado ha dominado históricamente los sistemas de medios de comunicación en la región, esto como herencia de la privatización y transnacionalización de los años 80 y 90; existe un pluralismo limitado y políticas “capturadas por las élites económicas y políticas”, en lugar del bien público.
Comenta que en la región, es típico que un puñado de empresas controlen la mayoría de las licencias y atraigan la mayor parte de la publicidad de los medios; actualmente están experimentando una nueva era de reformas políticas en el área en la región.
Explica que el año 2004 fue donde se comenzaron a vivir modificaciones fundamentales a nivel de la región. Como por ejemplo el hecho de que haya lugar a nuevas funciones de los medios estatales y de los medios comunitarios, alternativos e indígenas. Hay además un foco en el sector audiovisual. Ambos puntos responden a un contexto de convergencia tecnológica y de crisis política. A modo de ejemplo exponen los casos de México, Uruguay y Argentina, países que cuentan con leyes que responden al pluralismo en medios.
Sobre el debate constitucional, las investigadoras plantean la interrogante: ¿qué significa que el Derecho a la Comunicación tenga estatus constitucional? su visión es que esto podría implicar establecer obligaciones explícitas en diversos ámbitos del conjunto de derechos, desde el acceso a la información pública, hasta la disponibilidad de herramientas que promuevan de manera efectiva la libertad de expresión y de opinión de prensa, entre otros potenciales compromisos para poder “igualar la cancha comunicacional”. En cualquier caso, concluyen, nos parece necesario que se realice un debate amplio sobre el tema.
Por su parte, Pedro Güell, junto con valorar y coincidir con el enfoque de fondo planteado por las expositoras, señala que en las últimas décadas ha habido un estancamiento en dos frentes importantes relacionados con el derecho a la comunicación. Por una parte, la experiencia dura de la censura y la persecución de los periodistas durante la dictadura; y por otra parte, una industria de información y comunicación que está completamente privatizada, hiperconcentrada, y es unilateral cultural e ideológicamente.
En su comentario, se refiere al contexto político en que la discusión sobre el derecho a la comunicación debería situarse como elemento de fortalecimiento de la democracia; cómo este podría inscribirse en el texto constitucional y cuál podría ser una contribución a hacer desde el CiPP.
También se refiere al espacio público exponiendo que para él esto significa “el lugar del procesamiento colectivo de sentidos y acuerdos, que está referido a cómo organizamos la vida en común, es decir, el lugar donde los individuos generan una forma de conversación, de relación que permite hacerse cargo de compartir lo común”.
Señala que la discusión sobre el derecho a la comunicación debe darse desde la perspectiva de los derechos colectivos, poniendo el centro en la calidad del espacio público como derecho colectivo.
Sobre lo constitucional, se pregunta, ¿puede un texto constitucional definir normas sobre el espacio público? Reconoce una paradoja, porque mientras más detallado es un texto constitucional más delimitado es el campo de lo políticamente debatible. Lo que ocurre en sociedades como la nuestra es que al no confiar en nuestro espacio público podemos querer detallar todas las reglas en la constitución.
Finalmente, sobre el aporte que el CiPP puede hacer en este tema, afirma que el espacio público está metido dentro de las políticas públicas, es decir, es una temática transversal a todas ellas.
Para poder ver el segundo coloquio CiPP, ingresa al siguiente link: