Enrique Rajevic, “En la discusión constitucional tenemos la oportunidad de tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público para Chile”.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, participó en el Seminario “Reforma al Estatuto Administrativo” organizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
En la oportunidad, Rajevic realizó un análisis crítico de la situación del empleo público en el país en el marco del Estatuto Administrativo, y delineó aspectos fundamentales que deberían quedar consagrados en el nuevo texto constitucional de manera de avanzar en esta materia.
El académico inicia su exposición con una afirmación: la promesa que contiene la actual constitución sobre la existencia de un servicio público profesional y de carrera no ha funcionado. En esta materia, “el Estatuto Administrativo es una cáscara vacía”.
El Estatuto Administrativo tiene varios problemas, señala Rajevic. Uno de ellos, es la erosión de la carrera funcionaria. Casi el 70% de los funcionarios están contratados bajo la modalidad de “contrata”, y eso implica que no existe obligación de ser seleccionados bajo algún sistema transparente y meritocrático.
La situación de los contratos a honorarios es muy preocupante. Si bien se produjo una disminución de esta modalidad en virtud del programa de traspaso de honorarios a contrata, que consiguió pasar de 49.000 personas el 2014 a 27.000 el 2019, el año pasado se produjo un aumento considerable llegando a 45.000 contratos a honorarios, es decir, las cifras se dispararon nuevamente, afirma el académico.
La calificación de los funcionarios se ha desnaturalizado, no opera ni como un incentivo ni como castigo. El 98% de los funcionarios está en lista 1 de manera permanente, por lo que el sistema no discrimina y no cumple su objetivo. La misma situación ha ocurrido con el programa de mejoramiento de la gestión, PMG.
Otro aspecto que genera dificultades es la negación de los derechos colectivos para los funcionarios públicos, los que terminan siendo tolerados y operan pero con dificultades.
Existe una confusión entre gobierno y administración, y no existen fronteras claras con la política, lo que produce una sospecha sobre cualquier persona que llega con el nuevo gobierno, o bien con aquellos que se van. Se trata de un tema riesgoso para la probidad, reconoce Rajevic, porque promueve el clientelismo, y desalienta la identificación de los funcionarios y funcionarias con el interés general y no con el gobierno de turno.
En definitiva, concluye Enrique Rajevic, no tenemos un buen sistema de empleo público, nuestra rotación es más alta que la del promedio de la OCDE. Y, a nivel de directivos, es escandalosa. Lo que demuestra que la Alta Dirección Pública no ha logrado lamentablemente modelar la promesa que estaba detrás de su creación.
Pero, ¿por qué hemos llegado a esta situación?, se pregunta Rajevic.
Existen varias razones, una de ellas, es que el Ministerio de Hacienda en algún momento, no quería compromisos de largo plazo y le temía al sistema de carrera. Pero tampoco tenemos un modelo alternativo que nos muestre un camino y aún persiste una imagen negativa de la carrera funcionaria.
Sobre el proyecto que el gobierno ha anunciado en esta temática, el académico señala que ya no tiene tiempo para impulsarlo, por lo que la discusión importante en este momento es la constitucional.
“En la discusión constitucional podemos tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público para Chile”, afirma el académico.
Hay tres aspectos que deberían quedar consagrados en la nueva constitución, propone Enrique Rajevic.
Lo primero, consagrar de manera nítida el carácter profesional y técnico de la administración pública. Esto debiera operar en los tres niveles territoriales (central, regional y municipal), distinguiendo tres estamentos. Uno de dirección política, de exclusiva confianza; un estamento de dirección pública; y un estamento de funcionarios y funcionarias. Los dos últimos estamentos deberían ser prescidentes de la política, y trabajar bajo la “lógica de la eficacia indiferente”.
Lo segundo, es garantizar el acceso igualitario al empleo público, reconociendo inclusión y paridad, a través de mecanismos que garanticen la concursabilidad.
Y, lo tercero, es reconocer los derechos colectivos para los funcionarios y funcionarias, en coherencia con la idea de “trabajo decente” que ha propuesto la OIT, finaliza el académico.
Para escuchar su ponencia, siga el enlace: