Rafael Blanco critica la posibilidad de ampliar la justicia militar en Chile
mayo 2024
Rafael Blanco critica la posibilidad de ampliar la justicia militar en Chile
En una columna de opinión publicada por El Mostrador, el investigador del CiPP, Rafael Blanco junto al académico Leonardo Moreno señalan que sería un error y un retroceso ampliar la jurisdicción militar encomendándole el conocimiento y decisión de delitos cometidos por militares contra civiles.
Rafael Blanco, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y Leonardo Moreno, ambos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, entran de lleno al debate sobre la opción de entregar a la justicia militar el conocimiento y decisión en torno a eventuales hechos ilícitos que miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros puedan cometer en determinadas circunstancias como el resguardo a infraestructura crítica, en Estados de Excepción Constitucional, el resguardo de zonas fronterizas o el resguardo del orden público en materia de actos electorales o plebiscitarios. Los académicos son taxativos al señalar que una medida como ésta “representa un retroceso y un error en materia de debido proceso y Estado de Derecho”.
Los investigadores argumentan que la justicia militar no es un fuero adecuado para investigar y juzgar delitos cometidos por militares contra civiles, ya que carece de las garantías necesarias para un proceso penal justo e imparcial.
Dentro de los argumentos que desarrollan en su columna, Rafael Blanco y Leonardo Moreno señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que la jurisdicción militar debe limitarse al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo, y que en ningún caso debe extenderse a civiles.
También señalan que, desde la recuperación de la democracia, Chile ha realizado grandes esfuerzos por acotar la justicia militar, de modo que quede circunscrita sólo a casos de delitos militares, “evitando su inadecuada extensión a civiles y a delitos relacionados con acciones no militares”, explican.
Además, los académicos critican el modelo inquisitivo que caracteriza al sistema de justicia militar vigente en Chile, calificándolo de «anacrónico» y «carente de sistemas institucionales de defensa para los mismos militares imputados».
A modo de conclusión, los académicos Blanco y Moreno, señalan que “no es correcto ampliar la jurisdicción militar y mucho menos encomendar el conocimiento de delitos cometidos por militares contra civiles a esta jurisdicción especializada, sin contravenir estándares de un proceso penal en forma y los compromisos suscritos por nuestro país ante las instancias internacionales”.
Ante ello, destacan la importancia de fortalecer el sistema de justicia ordinario, que dispone de un modelo acusatorio formal y con alta reputación «probablemente es de aquellos más reputados en América Latina», concluyen.
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