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 Gustavo Poblete analiza el proyecto de ley de infraestructura crítica para enfrentar el crimen organizado

El investigador Gustavo Poblete, en entrevista con el CiPP, examina al crimen organizado en Chile y plantea una mirada crítica ante la  opción de contar con  una ley de infraestructura crítica para enfrentarlo.

Estos grupos criminales lo que hacen es crear o generar escenarios económicos que les sean beneficiosos, por lo tanto no creo que resguardar lugares estratégicos vaya a mitigar o reducir lo que hacen estas bandas. La idea de fondo es preguntarse si las atribuciones militares pueden ser utilizadas en acciones cotidianas, es decir en la contingencia y esto porque básicamente las FF. AA no tienen una formación de orden público” así se refiere el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Gustavo Poblete, en entrevista con el CiPP, a la propuesta de que las FF.AA cuiden la infraestructura crítica y la seguridad de las calles como medida para enfrentar el crimen organizado.

Poblete enfatiza que la utilización de contingente militar para el combate a la delincuencia es muy diferente al trabajo que realiza Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), que son instituciones que tienen una formación para realizar esta tarea, mientras que los militares son instruidos para desempeñarse en una guerra. “El problema de fondo es si es que son la FF.AA las indicadas para resguardar la comuna o cualquier otro territorio de la República atendiendo a la contingencia o si es necesario profesionalizar las policías para que estas puedan con mayores recursos y también con mayores controles internos, resguardar el orden público”, explica el académico.

¿A qué se refiere cuando señala que los grupos criminales crean escenarios económicos?

Me refiero al tráfico de drogas, de personas y armas que necesitan de un escenario determinado que les permita realizar estos ilícitos porque lo que le interesa al crimen organizado es ganar dinero en forma ilegal y no está dentro de sus objetivos desestabilizar por ejemplo al gobierno comunal.

La petición que realizó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic de contar con apoyo militar para controlar la seguridad de su comuna tuvo una gran repercusión, ya que es la primera vez que esta medida es propuesta por un alcalde oficialista. ¿Qué opina de esta situación?

Está claro que Vodanovic abrió nuevamente un tema de fondo que es el uso de la fuerza militar y que después tuvo que rectificar sus declaraciones diciendo que necesitaban un contingente militar para resguardar escenarios o lugares estratégicos de la comuna, pero más allá de eso, todo esto surge porque en realidad hay una red de organizaciones criminales que son un conjunto de personas que se están organizando pero no para desestabilizar políticamente a la comuna, sino que lo que buscan es desestabilizar el orden económico.

Entonces ¿Hay un error al vincular la ley de infraestructura crítica con el crimen organizado? ¿Por qué?

No veo una sincronía entre lo que se pide y lo que se tiene que atacar porque el problema de fondo aquí es combatir el crimen organizado, entonces habría que repensar si la ley de infraestructura crítica está pensada para combatir el crimen organizado con motivaciones distintas de las políticas.

¿En qué debería enfocarse la lucha contra el crimen organizado en Chile?

Pienso que las bandas de narcotraficantes buscan apoderarse de espacios más cotidianos, como las poblaciones, es en esta perspectiva donde la intervención debería estar enfocada. No creo que tenga un impacto sobre estos grupos resguardar por ejemplo las estaciones del metro de la comuna de Maipú.

Carlos Garcia: Los alcances de las políticas industriales que se adopten en Chile serán clave 

El investigador del CiPP, Carlos García, en la edición N° 185 de la Revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH (FEN) analiza los cambios en la economía mundial y la importancia de las políticas industriales que se tomen en Chile.

“En los años sesenta, Taiwán exportaba azúcar, hoy microchips, en cambio Chile sigue “pegado” en cobre y productos básicos. Nuevamente la diferencia entre ambos países es por políticas industriales apropiadas y erradas (o ausencia de estas). Taiwán fomentó el capital físico y humano que permitió crear nuevas ideas que se materializaron finalmente en tecnologías que han cambiado la faz del país y lo han puesto directamente hacia el camino del desarrollo económico“, así concluye su artículo el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Carlos J. García, publicado en la edición N° 185 de la Revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, donde analiza el nuevo escenario de la economía internacional y la importancia de las políticas que se apliquen en el país.

El académico enfatiza que hay un cambio con la llegada de una serie de shocks (Trump, el COVID, la invasión de Ucrania y los peligros de una guerra nuclear con Rusia, la llegada de los robots, la inteligencia artificial, el calentamiento global, etc.), que establecieron que es clave contar con la tecnología y el conocimiento para sobrevivir a esta transformación. Con una industria de microchips concentrada en Taiwán, peligrosamente muy cerca de China y que es la base de las nuevas tecnologías, no resultó ser seguro, para los Estados Unidos y Europa, el libre comercio de décadas pasadas”, destaca el economista.

El autor se refiere a la reacción del gobierno de Estados Unidos que implementó el acta de reducción de la inflación el 2022 (IRA), programa de inversión pública de billones de dólares para los próximos 10 años. El objetivo es reducir los costos de la salud para las familias, combatir la crisis climática, reducir el déficit y cobrar más impuestos a las grandes empresas.

García explica que los alcances de las políticas económicas que se adopten en Chile serán trascendentes y se pregunta ¿Dónde se exportará el litio? ¿Cuál será la propuesta de nuestro país en la exportación de este recurso? ¿Exportaremos la materia prima o haremos nuestra propia política industrial para vender un producto de más valor agregado?

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Michelle Azuaje: la nueva aplicación “Sora” nos enfrenta a retos legales

La investigadora del CiPP, Michelle Azuaje, en una columna publicada en El Desconcierto, examina la nueva aplicación de inteligencia artificial (IA) denominada “Sora”.

“Sora se distingue de las aplicaciones que generan texto o imágenes que hemos venido conociendo en los últimos años bajo la denominación de “inteligencia artificial generativa”, en que va más allá, porque puede crear videos de hasta un minuto con escenas hiperrealistas en las que pueden aparecer “personas”, lugares, ciudades, objetos y entornos (sintéticos o imitaciones de existentes), de acuerdo las instrucciones recibidas. Open AI ha dicho que “no solo comprende lo que el usuario ha pedido en el prompt, sino también cómo existen esas cosas en el mundo físico”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje, en una columna publicada en el El Desconcierto. La académica de la Facultad de Derecho de la UAH, analiza la nueva aplicación llamada “Sora” de inteligencia artificial  (IA) que fue dada a conocer, en febrero pasado, por Open AI, la empresa detrás del ChatGPT y DALL-E y trata de un sistema que utiliza inteligencia artificial “IA” para generar videos a partir de prompts (textos o instrucciones en lenguaje natural), y se encuentra en fase de prueba por razones de seguridad.

Michelle Azuaje sostiene que esta aplicación puede ofrecer grandes aportes al mundo de la creatividad y la cultura pero hace que surjan una serie de interrogantes sobre la existencia o no de derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de que su utilización puede menoscabar a las personas. “El uso inadecuado de herramientas de generación de contenido hiperrealista ya ha dado lugar a la creación de Deep fakes que han implicado la vulneración de derechos tales como la imagen, la honra y la reputación, que han afectado especialmente a mujeres”.

Para la experta todas estas situaciones llevan a plantearse la necesidad de establecer regulaciones para el uso responsable de la IA, tarea que no es fácil porque al legislar no puede afectarse la libertad de expresión y creación. ”Algunas legislaciones (como en Estados Unidos) han prohibido ciertos usos maliciosos de los Deep fakes. Otras, como la “Propuesta de Ley sobre Inteligencia Artificial”, en la Unión Europea, buscan imponer el deber de revelar de forma clara y distinguible (salvo algunas excepciones) que el contenido ha sido generado o manipulado artificialmente”, expone la docente.

Finalmente, la académica se refiere a las propuestas surgidas en Chile.”Entre ellas se encuentra el Proyecto de Ley (Boletín Nº 16021-07) que busca incorporar al Código Penal como circunstancia agravante “haber cometido el delito mediante el uso o por medio de IA.” Sin embargo, tanto los riesgos como las oportunidades son diversas y pueden relacionarse con más de una disciplina, por lo que no existen fórmulas perfectas y se trata de un desafío muy difícil de abordar”, concluye la investigadora del CiPP.

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Miriam Henríquez inaugura nuevo Programa de Derechos y Cuidados de la Facultad de Derecho UAH

El programa fue presentado por la investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, junto a Victoria Martínez, y tiene por objetivo ser una plataforma interdisciplinar para la investigación académica y aplicada sobre derecho y cuidados.

“El interés y el trabajo de la Facultad de Derecho en materia de cuidados, no comienza hoy, sino que es el resultado de un esfuerzo sostenido de al menos cuatro años, con el apoyo de todas las unidades de la universidad, en una temática relevante pero cuyo estudio y tratamiento es aún incipiente en Chile”, así partió sus palabras, Miriam Henriquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) en la ceremonia de lanzamiento del Programa Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho de la UAH.

Dentro de los antecedentes que destaca, menciona el rol del Núcleo Constitucional de la UAH con quien se logró una incidencia directa en los órganos del proceso constituyente y, mediante una alianza con organizaciones de la sociedad civil, presentar “iniciativas populares de normas constitucionales” que establecieran el derecho a los cuidados como un derecho constitucional.

También reconoce la académica los esfuerzos realizados en conjunto con otras entidades para instalar los cuidados en la agenda pública, destacando las iniciativas impulsadas con el CiPP “Durante todo este tiempo hemos trabajado por instalar los cuidados en la agenda pública a través de columnas de opinión y entrevistas en medios de comunicación. Asimismo, en la realización de policy papers y seminarios, destacando el organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP”.

La decana de la Facultad de Derecho sostuvo que el nuevo Programa de Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho busca “desarrollar una plataforma interdisciplinar para la investigación académica y aplicada sobre derecho y cuidados, realizando actividades de incidencia pública y articulación con personas e instituciones nacionales y extranjeras”. Asimismo, señala que esta iniciativa es un paso necesario para consolidar los avances alcanzados y el posicionamiento de la UAH en esta materia y además sería el germen de un centro que proyectan crear como una unidad de investigación asociativa al interior de la universidad.

Por su parte, la directora del Programa Derecho y Cuidados UAH, Victoria Martínez Placencia,  abogada de la UAH, magister en Derecho de University College London y candidata a doctora en derecho de la UDP, expuso una una síntesis de la presentación que ambas académicas realizaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). ”Hasta el momento no existe un instrumento internacional que establezca expresamente el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo. Sin embargo, sostuvimos que existen suficientes instrumentos y antecedentes para que la Corte IDH, siguiendo su propia jurisprudencia, reconozca este nuevo derecho, a partir de la identificación del corpus iuris, la interpretación evolutiva de la CADH y el diálogo transnacional”, explicó la abogada.

Recordemos que el CiPP apoyó fuertemente esta iniciativa con la realización del coloquio “¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer? realizado en agosto 2023, que fue inaugurado por la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, donde se presentaron los resultados de un policy paper elaborado por académicas de la UAH e investigadoras del CiPP, y un selecto panel de reflexión integrado por Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de OIT para el cono sur; Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer; Malucha Pinto, destacada actriz y autora del libro «Cartas para Tomás” y Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa.

Al evento asistió el Rector de la UAH, Cristián del Campo SJ; el Vicerrector de Integración, Sebastián Kaufmann; la Vicerrectora de Investigación y Postgrado, Paula Barros; decanos y académicos/as de la Facultad de Derecho, Filosofía, Psicología y Sociología; y estudiantes.

Miriam Henríquez expone ante la CIDH sobre el derecho al cuidado

La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la urgencia de reconocer el derecho al cuidado.

Miriam Henríquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), asistió junto a las profesoras Victoria Martínez y Macarena Rodríguez, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, para exponer en la audiencia pública de la solicitud de opinión consultiva realizada por el Estado de Argentina sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado, y su interrelación con otros derechos. La cita se desarrolló desde el 12 al 14 de marzo de 2024.

En su exposición, Miriam Henríquez sitúa su participación en la instancia en representación de la UAH y desde la contribución del Núcleo Constitucional en los dos procesos constituyentes realizados en el país “Nos presentamos en esta audiencia en representación de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y del Núcleo Constitucional de esta casa de estudios, que es una instancia creada en el contexto del ciclo constituyente chileno que reúne a investigadores de distintas disciplinas y que incidió en ambos procesos constitucionales chilenos y en el debate público. En dicho marco colaboró técnicamente con organizaciones de la sociedad civil  para presentar sendas iniciativas populares de normas sobre el derecho constitucional a los cuidados logrando una amplia adhesión ciudadana”. 

El contexto de esta audiencia es la solicitud planteada por Argentina, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado que históricamente ha recaído en las mujeres y que ha provocado la normalización de una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra.

Por su parte, la directora del Programa Derecho y Cuidados de la UAH, Victoria Martínez, señaló en la audiencia que el derecho al cuidado es una realidad que merece ser reconocida como un derecho fundamental. “Proponemos a la Corte una configuración de los elementos de dos dimensiones de este derecho. Respecto del derecho a cuidar, son titulares todas las personas, hombres y mujeres, sin otra calidad ni condición. Los obligados son principalmente el Estado y, en algunos casos, puede importar cargas para particulares, por ejemplo, respecto de los empleadores en la conciliación laboral. Sobre su contenido, es una libertad que asegura a su titular decidir voluntariamente si cuidar o no, entendiendo el cuidado como la actividad concreta de cuidar de otra persona. Esto implica, también, que el Estado, como principal obligado, debe abstenerse de obstaculizar las decisiones voluntarias sobre el cuidado. Además el Estado debe garantizar el tiempo, los recursos y las condiciones necesarias para que la actividad de cuidado se desarrolle dignamente, y sin detrimento del bienestar de las y los cuidadores», puntualizó la académica.

Finalmente, Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho UAH, valoró esta  instancia donde la Corte escuchó los argumentos de 130 instituciones entre las que se encontraban Estados, organismos nacionales, regionales e internacionales, y organizaciones de la sociedad civil, quienes propusieron considerar el cuidado como un derecho fundamental y llamaron a los estados miembros de esta organización a asegurar su implementación.

Puedes ver esta presentación en el siguiente enlace.

Nicolas Fleet: el CAE es un negocio seguro para los bancos y una mala política pública

En una Carta al Director publicada en el diario El Mercurio el investigador del CiPP de la UAH, Nicolás Fleet, critica el Sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE).

“La única solución es que el Estado se haga cargo del CAE, generando alternativas de financiamiento y condonación que atiendan las condiciones de empleabilidad y salarios de los profesionales egresados del sistema de educación superior, así de tajante es el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Nicolás Fleet, en una Carta al Director publicada en el diario El Mercurio, donde se refiere al Sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) establecido en Chile en junio de 2005 mediante la ley 20027.

El académico hace referencia en su carta a la nota publicada por el Diario El Mercurio titulada “Más de medio millón de chilenos dejaron de pagar el CAE y la morosidad impacta en las cuentas fiscales”, donde se informa que, según datos de la Comisión Ingresa (entidad pública que administra el CAE), existe una deuda de más de 540 mil personas y el Estado ha debido pagar US$300 millones para responder como aval. Con relación a la nota de El Mercurio, Nicolás Fleet señala “En ella se expone el crecimiento sostenido de la morosidad estudiantil en los últimos años, mostrando elocuentemente que el CAE es una pésima política pública- aunque un negocio seguro para los bancos- tal como se planteaba desde las movilizaciones sociales de 2011 que demandaron su abolición”.

El sociólogo explica que durante las últimas décadas distintos trabajos e investigaciones han exhibido que este es un sistema perverso y un buen negocio para los bancos. “En 2009, la DIPRES mostró que los recursos gastados en las garantías estatales excedieron los recursos asignados a los estudiantes. O sea, ya estaba claro que la participación de los bancos era un ingrediente innecesario para este irracional sistema de financiamiento”.

Nicolás Fleet, se refiere también a un estudio del Ministerio de Educación, Mineduc, de 2022 que mostró que cerca del 70% de las y los deudores del CAE en etapa de pago tienen ingresos en promedio inferiores a $750.000 mensuales, lo que equivale a 465 mil personas. Asimismo, el 81% tiene ingresos inferiores a $1.000.000 y el 38% presenta ingresos inferiores a $250.000 mensuales. Por el contrario, tan solo el 8% posee ingresos superiores a $1.500.000. El aumento de la morosidad describe entonces una tendencia estructural que, como mostró un reporte del Mineduc de 2022, se asocia fuertemente también a la baja capacidad de pago de los profesionales egresados del sistema de educación”, explica el Director del Magíster en Sociología de la UAH.

Puedes leer esta carta en el siguiente enlace.

La ubicación geográfica y el acceso a la atención hospitalaria en Chile.

El investigador del CiPP de la UAH, Manuel Fuenzalida, publicó junto a otros un artículo académico que demuestra que la distribución de las instalaciones hospitalarias en Chile no es equitativa, lo que provoca graves desigualdades territoriales en la atención médica.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Manuel Fuenzalida, publicó el artículo “Análisis de la cobertura geográfica de camas hospitalarias públicas en Chile” coautoreado con Fernando Crespo, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH e Italo Lanio, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, en la Revista Geográfica de Chile Terra Australis (2023).

El artículo presenta los resultados de un estudio que se planteó conocer si la atención hospitalaria pública depende en gran medida de dónde se vive dentro de Chile. Para ello, los académicos realizaron un estudio transversal utilizando el Informe Estadístico de Altas Hospitalarias (años 2015 a 2019) donde seleccionaron 177 hospitales públicos, según su atención a determinadas patologías.

Los resultados muestran que en Chile existen pacientes mejor localizados en el territorio y que por ende, poseen un acceso más expedito para aprovechar el suministro de camas hospitalarias en base a sus necesidades o preferencias”, indican los autores.

Según indican los académicos, “esto se debería a que la existencia de un hospital, independiente de su capacidad resolutiva, permite un contacto más directo con la  población, dando respuestas inmediatas a las demandas de salud a través de servicios de atención cerrada y de urgencia”.

El estudio muestra que existen diferencias importantes según la zona del país y la comuna donde las personas residen “Las comunas ubicadas en las zonas centrales del país, con una mayor cantidad de población, presentan un mayor acceso, lo cual difiere en las zonas   periféricas urbanas  y  rurales”.

Por tanto, la distribución hospitalaria a lo largo del territorio no es equitativa originando una amplia desigualdad en la atención médica,  donde se observa que las comunidades ubicadas en zonas densamente pobladas suelen tener un mejor acceso a la atención hospitalaria en comparación con las áreas urbanas marginales y las localidades rurales. “Una arista que se consolida, es lograr comprender cómo la  ubicación  del  hospital  está  íntimamente relacionada con su   complejidad, ya que aquellos de mayor nivel  se localizan en las capitales regionales”, enfatiza la investigación.

Otro aspecto importante que es abordado alude al tema de la distancia ya que mientras más lejos se encuentran las instalaciones hospitalarias públicas, menos frecuencia existe en el uso de una cama, situación que se observa en los servicios periféricos o rurales del territorio. Es decir, la investigación muestra que las listas de espera y la falta de camas hospitalarias en el sistema de salud público chileno son una dura realidad para las personas más vulnerables. “La espera para una hospitalización definitiva puede verse hoy como uno de los mayores desafíos críticos que enfrenta la población y el sistema de atención hospitalario en su totalidad, el estrecho margen entre las camas que diariamente se necesitan y las que se desocupan, responden al desbalance estructural que afecta al país”, indica el artículo.

Metodológicamente, el estudio seleccionó 177  hospitales públicos según la atención a determinadas patologías, luego clasificó el total de egresos hospitalarios en tres niveles de cobertura geográfica en base al  lugar  de  residencia  del  paciente (local,  adyacente  y  no  adyacente), y mediante estas y otras variables, logró identificar 5 clases que explican distintos niveles de variabilidad en la cobertura geográfica de un hospital, siendo estas denominadas: muy baja, media baja, media, alta y muy alta.

Puedes leer este artículo en el siguiente enlace.

Fuenzalida, M., Crespo, F., & Lanio, I. (2023). Analysis of the geographic coverage of public hospital beds in Chile. Revista Geográfica De Chile Terra Australis, 59. https://doi.org/10.23854/07199562.2023591.fuenzalida

Carlos J. García: La robotización y sus efectos en las economías emergentes y a nivel mundial

En dos prestigiosas revistas internacionales, el investigador del CiPP de la UAH, Carlos J. García, analiza las consecuencias que producirá la robotización en países emergentes y en la economía mundial.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Carlos J. García, publicó artículos académicos en dos prestigiosas revistas. Se trata de Labour Economics y Applied Economics Letters.

El primer artículo se titula “Robots en acción en países emergentes: ¿Qué tan malo podría ser? y se publicó en la Revista  Labour Economics, coautoreado con Wildo D. González y Tiare Rivera, ambos titulados de la UAH.

Según se señala en la publicación, “La contribución de nuestro estudio a la literatura es que consideramos no sólo el impacto directo de los robots en el mercado laboral en las pequeñas economías emergentes en desarrollo, sino también los ajustes de equilibrio general desencadenados por este fenómeno, como los flujos comerciales, la competitividad del sector exportador y los flujos de capital, especialmente ajustes del tipo de cambio”.

Los autores explican que el impacto que los robots tendrán en las economías en desarrollo emergentes, en las primeras décadas será negativo a nivel agregado y luego se revertirá debido a los aumentos de productividad. “Estas economías se adaptan al auge de los robots no sólo con una caída de la tasa de interés, sino también con una depreciación real en el mediano plazo y una reducción de los costos marginales. A pesar de estos ajustes, la fuerza laboral sale perdiendo y la brecha en términos de crecimiento económico con el mundo desarrollado aumenta dramáticamente”.

La investigación indica que lo más probable es que los países en desarrollo adopten robots mediante la importación directa de máquinas para su uso en sectores menos automatizados como la industria y la agricultura. Se espera que estas economías experimenten efectos más severos sobre el empleo porque las nuevas tecnologías se caracterizan por salvar empleos en lugar de crearlos”, explican los investigadores.

Por su parte, el segundo artículo de Carlos J. García, se denomina Robotización: ¿Qué tan malo podría ser a nivel global?”, coautoreado con Wildo D. González, y publicado en la revista Applied Economics. En este se analiza la heterogeneidad del impacto global de la robotización, mostrando que si bien los países de altos ingresos se benefician en su mayoría, no sucede lo mismo con los de ingresos medios-altos que sufrirán efectos adversos. Todo esto sugiere la urgencia de realizar reformas en políticas de capital humano e inversión pública para adaptarse a esta nueva realidad tecnológica.

Puedes leer estos artículos en los siguientes enlaces:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537124000083?via%3Dihub

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2024.2302911

La realidad de las universidades regionales en Chile

El investigador del CiPP, Nicolás Fleet, publicó, junto a otros, el artículo “Desigualdades Regionales entre universidades estatales en Chile: perspectivas sobre centralización y desarrollo neoliberal” en la Revista Education Policy Analysis Archives.

“Este artículo presenta los resultados de una  investigación que busca mostrar las desigualdades regionales que se producen entre el centro y la periferia del país que se expresan dentro del funcionamiento de las universidades estatales en variables como el financiamiento institucional, reclutamiento de estudiantes profesores y prestigio. Además, analizamos cuáles son las estrategias que las universidades adoptan para responder a estas inequidades generando diferentes modelos de desarrollo”, señala el investigador del CiPP, Nicolás Fleet, quien publicó el artículo académico titulado Desigualdades Regionales entre universidades estatales en Chile: perspectivas sobre centralización y desarrollo neoliberal” en la Revista Education Policy Analysis Archives, coautoreado con los académicos Álvaro Palma y Arturo Flores de la Universidad de Tarapacá y Braulio Montiel de la Universidad de Chile.

La investigación se realizó entre el 2019 y el 2020 y fue financiada por la Universidad de Tarapacá (UTA). “A partir de las perspectivas de las principales autoridades de las universidades estatales y regionales y de las estadísticas públicas sobre educación superior analizamos las fuentes de desigualdad regional en el sistema  universitario chileno.”, explica Nicolás Fleet, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH.

Fleet, quien es además director del Magíster en Sociología de la UAH, comenta que existe una escasa investigación sobre la desigualdad regional en la educación superior chilena lo que es una situación preocupante y reconocida en los debates globales. Recordemos que en 1981 cuando se promulgó la Ley General de Universidades se crearon 12 casas de estudios estatales de norte a sur del país, desprendidas y derivadas de las sedes regionales ya existentes de las Universidades de Chile y Técnica del Estado.

En este estudio los testimonios de los rectores vinculan las percepciones de desigualdad regional con las dimensiones históricas, políticas y gerenciales que han determinado el desarrollo de sus casas de estudios señalando que las transformaciones neoliberales impuestas desde 1981 institucionalizaron patrones de mercantilización reforzando las “desigualdades de origen” para las universidades estatales-regionales. “La dialéctica entre centralización y desarrollo neoliberal se expresa en la medida que los incentivos estatales no siempre se acoplan con las misiones regionales que estas instituciones buscan llevar a cabo, lo cual puede explicar casos como la actual crisis de la Universidad de Aysén” afirma Fleet.

Desde la década de 2000, las tendencias de masificación, regulación y protestas estudiantiles remodelaron la educación superior, lo que llevó a una reforma sectorial en 2018. Sin embargo, se considera que las desventajas competitivas continúan obstaculizando el papel público de las universidades estatales-regionales. “El artículo contribuye a mostrar una dimensión, de la desigualdad regional, muy poco explorada, y menos a nivel internacional, de la educación superior chilena”, destaca el investigador.

Puedes leer el artículo en el siguiente enlace.

Fleet, N., Flores, A., Montiel, B., & Palma, Álvaro. (2024). Regional inequalities among state universities in Chile: Perspectives on centralization and neoliberal development. Education Policy Analysis Archives, 32. https://doi.org/10.14507/epaa.32.8193

Crimen organizado: la urgencia de contar con una política carcelaria adecuada

En una columna publicada en el diario La Tercera el investigador del CiPP, Rafael Blanco, junto a otros expertos, abordan la necesidad de adoptar medidas en las cárceles ante el crecimiento del crimen organizado.

Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), junto al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, Ignacio Castillo, y el juez del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Eduardo Gallardo, plantean la necesidad de adoptar medidas en las cárceles ante el crecimiento del crimen organizado, en una columna de opinión publicada en el diario La Tercera, titulada: «Los desafíos de la crisis carcelaria y el crimen organizado».

Al inicio de la columna, los expertos contextualizan el tema haciendo referencia a la situación de violencia en el Ecuador: “Una de las razones que explica la situación de violencia que azota al Ecuador se relaciona con la intervención de facciones criminales que han operado y controlado, de manera impune, los recintos penitenciarios de ese país. Este fenómeno es una constante en países de nuestro entorno”.

Señalan que tanto en el caso del Tren de Aragua, surgido en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, como en el del Comando Vermelho y el Primeiro Comando nacidos en las cárceles de Brasil, se observa el fracaso estatal en la “gobernanza” carcelaria, ya sea por el abandono como por la inexistencia de políticas adecuadas de segregación de la población penal. Si a lo anterior le agregamos fenómenos de corrupción y connivencia de los agentes penitenciarios, se verifica el cóctel perfecto para la concreción de serios conflictos como los que hace un tiempo vimos en Brasil y hoy se repiten en Ecuador”, destacan los especialistas.

En el texto se enfatiza que el desgaste del control estatal de las cárceles es un proceso que lleva originándose durante años y que se explica por dos fenómenos, uno de los cuales, es que los recintos carcelarios se convierten en un territorio controlado por el crimen organizado. “Desde el cual operan con tranquilidad, seguridad y eficiencia, y ello porque la cárcel deja de ser -para ellos- un castigo y se transforma en su centro de negocios delictuales”. Y, el segundo fenómeno es que “la cárcel termina por constituirse en un espacio para las políticas de reclutamiento de las organizaciones criminales, en especial de soldados que se ubican en su base”.

Los especialistas plantean que la gobernanza de las cárceles en un país en que hoy difícilmente se puede negar el crecimiento del crimen organizado requiere adoptar cinco medidas que emergen como prioritarias: una efectiva política de resguardo de la dignidad de los presos; políticas estrictas de segregación que eviten el contacto entre presos comunes y miembros de las organizaciones criminales; un régimen de segregación reforzado, es decir una cárcel de alta seguridad para los jefes y miembros relevantes de las organizaciones criminales; una sofisticada actividad de persecución penal e inteligencia policial dentro de las cárceles; y una institucionalidad enfocada a su función principal de custodia y seguridad, concluyen los expertos.

Puedes leer la columna en el siguiente enlace.

Ignacio Cienfuegos: ¿Cuál es la cultura que quiere promover el gobierno?

El investigador del CiPP, Ignacio Cienfuegos, en una columna publicada en El Mostrador se pregunta por la cultura que busca impulsar el Presidente, Gabriel Boric, después de las últimas declaraciones del diputado Gonzalo Winter.

“Gran revuelo han generado las declaraciones del diputado Gonzalo Winter, quien analiza el “momento estratégico” del Gobierno y las correlaciones de fuerzas que estarían enfrentándose en lo que él llamó la “disputa política e ideológica”. Es así como la oposición y sectores oficialistas asociados al Socialismo Democrático han manifestado reparos a su lectura y al llamado que hace, a abocarse a una “batalla cultural”, así lo señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ignacio Cienfuegos, en una columna publicada en el medio El Mostrador, titulada: «La batalla cultural del Gobierno, pero ¿cuál batalla?».

El académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH destaca que no existe una definición  de los propósitos culturales de la actual administración. “Sería oportuno volver a la pregunta sobre ¿cuál sería el objetivo cultural que persigue el actual Gobierno?, aspecto que, asumo, no ha sido suficientemente aclarado todavía (pese a estar pronto a cumplirse dos años de Gobierno). En su intervención, Winter habla de “justicia social” como uno de los valores centrales que estarían inspirando las reformas que actualmente promueve el Gobierno (pensiones y pacto fiscal)”, declara el investigador.

Cienfuegos enfatiza que la izquierda tradicional ha buscado desde la Ilustración en el siglo XVIII alcanzar como valor universal la justicia o equidad social, sin embargo este ideal ha sido atacado por la “nueva izquierda», fenómeno que ha sido descrito, entre otros, por la filósofa estadounidense, Susan Neiman, autora del libro Izquierda ≠ Woke, quien señala –según explica el académico– que “La firme distinción entre justicia y poder y la confianza en el progreso, han querido ser reemplazados por una política de identidad emancipadora (de ahí también el nombre de “izquierda lacaniana”), donde la movilización política se concentraría en características como la raza, el género y la orientación sexual, en vez de en las distinciones clásicas de clase, ideología o sistema económico (…)”.

El académico se pregunta “¿Es nuestra nueva izquierda chilena una izquierda woke?, ¿es esa la cultura que quiere promover?” subrayando que no hay una respuesta a estas interrogantes, agregando que la búsqueda de acuerdos del gobierno con otras fuerzas políticas y la inclusión de figuras de “la vieja izquierda” parecieran mostrar que existe una renuncia a la cultura identitaria.

Puedes leer esta columna en el siguiente enlace.

Los logros alcanzados en la igualdad de género

La investigadora del CiPP y Decana de la Facultad de Derecho de la UAH en una columna publicada en el diario La Tercera aborda los avances alcanzados en la igualdad de género con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer.

“La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para aquilatar los adelantos que como sociedad hemos logrado en uno de los principales retos que tenemos en materia de derechos humanos: la igualdad de género”, así lo señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera, titulada «8 de marzo, balance y llamado a la acción».

La académica se refiere a importantes logros conquistados estos últimos años que han permitido a las mujeres tener espacios que hasta hace poco no existían. “El hito más próximo es la entrada en vigor de la ley que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que permitirá a cientos de trabajadoras que desempeñan labores de cuidado no remunerado que todo o parte de su jornada laboral pueda ser desarrollada bajo la modalidad de teletrabajo, así como otras medidas de flexibilidad”.

La ley “Papito Corazón” que fortalece los mecanismos de cobro de las pensiones de alimentos adeudadas también es mencionada por la especialista como un importante aporte que permite generar una cultura de responsabilidad de los padres que no viven con sus hijos.

Miriam Henríquez subraya que entre el 2020 y el 2022 se concretaron reformas constitucionales para que los órganos constituyentes de los dos procesos constitucionales fueran paritarios. “La Convención Constituyente, el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad estuvieron integrados equilibradamente por hombres y mujeres. De este modo se reconoció el aporte de las mujeres”, enfatiza la Decana de la Facultad de Derecho.

Puedes leer la columna aquí.

La falta de profesores en Chile

En una entrevista publicada por la Revista de la Red Educacional Ignaciana, el investigador del CiPP de la UAH, Cristóbal Madero, analiza la realidad de la educación en Chile enfatizando que  uno de los principales problemas es el déficit de docentes.

“No tengo muchas dudas de que el desarrollo del país está relacionado con lo que pase en educación en los próximos años”. Así lo sostiene el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Cristóbal Madero, quien fue entrevistado por la Revista de la Red Educacional Ignaciana (REI) para conocer su visión sobre la realidad de la educación en Chile.

El académico de la Facultad de Educación de la UAH destaca que el problema más recurrente que enfrentan los establecimientos educacionales es la carencia de profesores. “En cualquier colegio, ya sea privado o municipal, la respuesta rápida es que faltan profesores. Hablo especialmente de asignaturas como Religión, Filosofía y Ciencias en educación básica y media. Las cifras muestran que, del alrededor de 250 mil docentes que hay en Chile, escasean los idóneos para cada asignatura requerida, es decir, aquellos con el título en la asignatura que enseñan”, argumenta el investigador del CiPP.

Madero señala que esta es una realidad relativamente nueva que no solo se observa en Chile, sino que también en América Latina y que una de las causas sería una serie de reformas educativas que masificaron la educación primaria y secundaria permitiendo la formación de docentes en forma rápida lo que terminó por devaluar la profesión.

Además, critica el sistema de gratuidad aplicado en las universidades que se ha convertido en un obstáculo para mejorar el nivel académico de los profesores. “La beca “vocación” era una buena estrategia para lo anterior, pero la gratuidad, una muy mala política pública, hizo que la beca perdiera relevancia”, explica el experto.

El docente afirma que la clave es invertir y exigir más a las facultades de educación destacando que valores como la responsabilidad social en la formación de las generaciones futuras y la justicia son de gran importancia especialmente cuando se trabaja con estudiantes de bajos recursos.

Puedes leer la entrevista en el siguiente enlace.

Lo fortuito y lo intencionado en la innovación

En una columna de opinión publicada en el medio El Mostrador el investigador del CiPP, Mauricio Castillo, se refiere a la innovación  como  un proceso polifacético que puede estar impulsado por lo  casual y lo deliberado a diferencia del azar que da origen a descubrimientos inesperados.

“Hay varios casos en los que el nacimiento de productos rompedores suele surgir de fuentes inesperadas. El azar, la aparición y acontecimientos por casualidad de forma feliz o beneficiosa, ha sido parte de la configuración de trayectorias de innovación. Sin embargo, los procesos intencionados y los modelos de gestión han demostrado ser decisivos a la hora de fomentar un terreno fértil para avances revolucionarios”, así lo explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Mauricio Castillo, en la columna “Innovación y azar” publicada en el medio El Mostrador.

El académico de la Facultad de Economía (FEN) de esta casa de estudios, analiza la contribución tanto de los aspectos fortuitos como de los intencionados para innovar, explicando que muchos avances se han producido a partir de eventos fortuitos o azarosos. “Consideremos el caso clásico de Alexander Fleming, que dio con la penicilina en 1928 mientras trabajaba con cultivos de bacterias. Las propiedades antibióticas del moho que descubrió revolucionaron la medicina y salvaron innumerables vidas”, puntualiza Castillo.

Para el experto el azar es un elemento importante dentro de la innovación, pero señala que este ingrediente no se puede forzar para que aparezca, destacando que las organizaciones pueden crear un entorno que fomente la creatividad, la curiosidad, la exploración y la amplitud de miradas, creando las condiciones necesarias para que se produzcan esos eventos inesperados.

Mauricio Castillo enfatiza que lo fundamental es tener claro que muchas innovaciones de éxito surgen de estrategias y modelos de gestión deliberados, cuando las empresas invierten en investigación y desarrollo, y emplean equipos interdisciplinares para el aporte de conocimientos e ideas. “Ejemplos notables son los de Apple Inc, famosa por su enfoque estratégico de la innovación. Mediante una combinación de liderazgo visionario, pensamiento de diseño e implacable orientación al cliente, Apple ha introducido constantemente productos revolucionarios como el iPhone, el iPad y AirPods.”, subraya el académico.

Para el investigador del CiPP, la innovación es un proceso diverso y variado que puede estar impulsado por lo fortuito y lo intencionado a diferencia del azar que da origen a descubrimientos inesperados. “Los procesos estratégicos y los modelos de gestión proporcionan la estructura y la dirección necesarias para convertir estos descubrimientos en innovaciones tangibles. Adoptar ambos aspectos enriquece el panorama de la innovación, fomentando la resistencia y la adaptabilidad”, explica Mauricio Castillo. “En el emocionante viaje de la innovación, el azar puede traer sorpresas, pero recordemos que la mayoría de las veces, el éxito radica en la constancia, la disciplina y el esfuerzo sostenido”, concluye el investigador del CiPP.

En el siguiente enlace puedes acceder a la columna.

Investigadores e investigadoras del CiPP se reunieron para planificar el 2024

CiPP reunió a sus investigadores e investigadoras en la Casa Central de la UAH para evaluar el trabajo realizado en 2023 y planificar las acciones a realizar en 2024.

En una jornada de trabajo realizada el 23 de enero en la Sala de Postgrados de la Facultad de Derecho, investigadores e investigadoras asociadas del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, se reunieron para evaluar los principales avances alcanzados por el trabajo del CiPP el 2023, y para proyectar los focos de trabajo y prioridades para el 2024.

En la oportunidad, el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios, Eduardo Saavedra, destacó la importancia del Centro para la Universidad “el CiPP es un espacio abierto a todas y todos los académicos de la universidad interesados en las políticas públicas, que busca servir de plataforma para aumentar la incidencia pública de la UAH”.

Durante la actividad, académicos y académicas de las facultades de Economía y Negocios, Derecho, Ciencias, Sociales y Educación de la UAH, destacaron como uno de los logros la realización de cuatro coloquios CiPP sobre políticas públicas, entre los meses de agosto y noviembre, que permitieron abordar de manera interdisciplinaria temas relevantes de la agenda pública nacional, como son: la situación de los cuidados en el país, la realidad de los asentamientos precarios, el impacto en las Pymes de la llamada Revolución 4.0, y la necesidad de avanzar hacia un empleo público profesional e imparcial en Chile.

A modo de recapitulación, se compartieron datos de los cuatro coloquios. En ellos participaron 865 personas, 226 de forma presencial y 639 vía streaming. Los coloquios convocaron a 35 expertos y expertas, de los cuales 14 eran académicos y académicas de la UAH y 21 eran invitados externos. Estos expertos y expertas participaron de interesantes paneles de reflexión.

Asimismo, se destacó que fruto de estos encuentros, el CiPP iniciará una serie de publicaciones de Policy Papers que serán presentados en marzo próximo, los que fueron elaborados por los equipos de académicos y académicas del CiPP que expusieron en cada uno de los coloquios.

También se señaló como un avance del 2023, el diseño y aprobación de un Diplomado en Políticas Públicas que el CiPP ofrecerá a contar de junio de 2024, y que está dirigido a profesionales del sector público o privado, tanto a nivel nacional, regional y local, que deseen mejorar sus habilidades técnicas y directivas para diseñar e implementar políticas públicas con resultados de alto impacto, y/o trabajar de manera colaborativa con el estado.

Una especial valoración se realizó al hecho que tres investigadores del CiPP se adjudicaron proyectos Fondecyt de Iniciación 2024, a saber, Nicolás Fleet e Ignacio Cienfuegos de la Facultad de Ciencias Sociales y Gustavo Poblete de la Facultad de Derecho.

Con respecto a las prioridades para el 2024, las y los investigadores coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer las iniciativas realizadas el 2023 como espacios permanentes que ofrezca el CiPP, los que debieran permitir crecientemente realizar un aporte desde la academia a la discusión en los temas clave de la agenda pública.

También se acordó promover espacios más sistemáticos de diálogo entre las y los académicos que participan del Centro, que permitan abrir conversaciones en torno a las investigaciones que cada uno de ellos y ellas está impulsando, y generar colaboraciones que enriquezcan la reflexión y el trabajo interdisciplinario asociado a las áreas temáticas que aborda el CiPP. De esta manera, se podrá potenciar la incidencia pública de la Universidad.

En el cierre de esta actividad, Ximena Concha, directora ejecutiva del CiPP, valoró la jornada y los compromisos declarados por todas y todos los asistentes de seguir aportando con el crecimiento y la consolidación del centro. “Nos parece relevante lo declarado por las y los investigadores que asistieron a esta jornada, de profundizar su participación e iniciativa en el Centro el 2024, de manera que el CiPP pueda no sólo mantener sino que ampliar el nivel de actividad y resultados alcanzados durante el año anterior”, concluyó.

Reformas constitucionales: la tarea del Congreso 

En una columna publicada en el diario El Mercurio la investigadora del CiPP de la UAH y decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, se refiere a las posibles reformas a la actual Constitución en el Parlamento.

“Si alguna lección nos dejó este ciclo constituyente es que no todos los asuntos relevantes deben ser contenidos constitucionales. Otros temas pendientes, ampliamente discutidos y disputados en los pasados procesos constituyentes, podrían aprobarse como reformas por vía legal”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Miriam Henríquez, en una columna publicada en El Mercurio.

La Decana de la Facultad de Derecho de la UAH plantea que existe una flexibilización de los requisitos para reformar la Constitución lo que permite no convertirla en un texto sumamente desarrollado como sucedió con los procesos anteriores, declarando que no debiera contener aspectos que por lo general no se regulan constitucionalmente, sino que son más bien áreas de las políticas públicas.

Henríquez se refiere a las opiniones que señalan que puede ocurrir una mutación constitucional, esto es, que no se modifique el texto de la Constitución actual orientada por las 12 bases constitucionales. La académica señala que es importante analizar el valor jurídico-normativo y el sentido político que tienen estos pilares que surgieron del acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria el 12 de diciembre de 2022. “Ellas fueron un piso mínimo y también un límite de los contenidos que podía aprobar la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. De su cumplimiento estuvo a cargo el Comité Técnico de Admisibilidad”, sostiene la abogada.

La decana explica que jurídicamente las “12 bases” fueron vinculantes para el proceso constituyente que culminó el 17 de diciembre donde finalizó su vigencia y eficacia jurídica. “Sin embargo, desde el punto de vista político sería esperable que quienes eventualmente ejerzan el poder de reforma constitucional —si son los mismos legisladores que las suscribieron— se comporten coherentemente y que en toda propuesta de reforma constitucional o de desarrollo de políticas públicas orienten su regulación por aquellas”, subraya la investigadora del CiPP.

Puedes revisar esta columna en el siguiente enlace.

Los nuevos profesionales del Estado

Por: Gabriela Lobos Hernández
En entrevista con el CiPP, el académico Nicolás Fleet se refirió al objetivo y fundamento del proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó que busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa.

“Cambio político y reconfiguraciones profesionales del Estado en Chile: explorando afinidades entre alternancia en el poder y emergencia de nuevos profesionalismos públicos y tecnocracias posneoliberales”, es el proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 adjudicado por Nicolás Fleet, académico del Departamento de Sociología e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Esta investigación busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa, la que, por lo pronto, permite explicar el proceso de expansión estatal. “Espero poder observar, la reproducción de distinciones ideológicas y desigualdades sociales propias del sistema educativo dentro del Estado”, precisa Fleet, quien además es Director del Magíster en Sociología de la UAH.

“Este proyecto busca explicar el proceso de cambio político de la última década en Chile, que incluye un inédito período de alternancia en el poder y un ascendente ciclo de movilizaciones sociales – que culminan con el estallido social de 2019 – , un proceso constituyente, y la irrupción de una nueva coalición de izquierda, desde la perspectiva de los cambios y reconfiguraciones de la composición del aparato del Estado y de la emergencia de grupos profesionales y tecnocracias que, desde posiciones de liderazgo o subalternas, mantienen una vinculación con movimientos sociales”, afirma Nicolás Fleet.

El académico señala que el Estado neoliberal chileno ha crecido significativamente en las últimas décadas, realidad que es contraria a la creencia común de que el Estado neoliberal es un “estado mínimo”. También plantea que las carreras y universidades de egreso tienen un efecto político específico. “Me interesa distinguir en qué medida con los cambios de gobierno cambian también los tipos de profesionales que ocupan el Estado y cómo las profesiones y las universidades pueden constituir roles y afinidades políticas, con diferentes niveles de eficacia ideológica, en cada gobierno”, explica el sociólogo.

En un libro publicado previamente por Nicolás Fleet llamado “Mass intellectuality of the neoliberal state” (Palgrave Macmillan, 2021), explica que el modelo neoliberal hizo que la educación superior chilena transformara a la clase media. El docente señala que la masificación de la educación en Chile permitió, entre otras cosas, la emergencia de una serie de profesionalismos y tecnocracias que se identificaron con las demandas sociales que han movilizado el proceso político en el país en la última década.  El sociólogo plantea que sobre esta base se sostiene una dirección post-neoliberal, que quiere cambiar la orientación del Estado.

Por ello, esta investigación también se enfoca en estudiar el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Con la idea de profesionalismos y tecnocracias posneoliberales busco poder caracterizar al gobierno actual a partir de un tipo de ocupación del aparato público, que implica movilizar cuadros profesionales que se vinculan o representan movimientos y demandas sociales en ámbitos sectoriales”, destaca Nicolas Fleet. “Me interesa poder mirar efectos significativos a nivel del trabajo público y la administración. En qué medida pueden ir cambiando el Estado desde dentro, agregó el experto.

Miriam Henríquez: La ley de cuidados es un paso importante para el trabajo decente y la equidad de género

En una columna publicada en el diario La Tercera la investigadora del CIPP, Miriam Henríquez, destaca la  entrada en vigencia de la ley que beneficiará  a las mujeres trabajadoras que ejercen labores de cuidados no remunerados en Chile.

“Con esta ley, se avanza en romper con el círculo vicioso de cuidados, pobreza, desigualdad y exclusión, transformándolo en un círculo virtuoso de autonomía económica para las mujeres”  afirma  la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera  denominada  “Una oportunidad para los cuidados” donde se refiere a la entrada en vigencia a finales de este mes de la ley que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La nueva ley incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados. Establece que el empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora que, durante la vigencia de la relación laboral, tenga el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, sin recibir remuneración por dicha actividad, que toda o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo posibiliten.

En opinión de Miriam Henríquez,“Sin duda es un paso importante en materia de cuidados, de trabajo decente y de equidad de género”.

En materia de cuidados, las innovaciones de esta ley beneficiarán “a miles de trabajadoras y trabajadores del sector privado que tienen a su cargo el cuidado no remunerado de menores de 14 años; de adolescentes menores de 18 años con discapacidad; o de personas en situación de dependencia severa o moderada, cualquiera sea su edad”, destaca la decana.

Acerca del trabajo decente, incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados.

En relación a las brechas de género, Miriam Henríquez explica que esta iniciativa busca superarlas y se refiere a los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que muestran que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral alcanza el 51,5 por ciento, mientras que en los hombres asciende al 71,4 por ciento, es decir una de cada tres mujeres no es parte de la fuerza de trabajo porque ejerce tareas de cuidados. “Con estas medidas posiblemente más mujeres podrán incorporarse al mercado laboral o permanecer en él”, explica la académica.

Cabe destacar que el proyecto se remite a privados, pero está siendo discutido también en una mesa del sector público. La ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Puedes revisar la columna en el siguiente enlace.

La responsabilidad del Estado  por actuaciones policiales

Por: Gabriela Lobos Hernández
En una entrevista realizada por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH el investigador, Gustavo Poblete, se refirió a la adjudicación del Proyecto Fondecyt 2024 que le permitirá estudiar situaciones de violencia policial en Chile.

¿Qué condiciones deben presentarse para que el Estado indemnice a las víctimas de lesiones causadas por Carabineros o la Policía de Investigaciones?  Esa es la pregunta que busca responder Gustavo Poblete, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), quien se adjudicó un Fondecyt de Iniciación 2024 llamado “La falta de servicio por actuaciones policiales”.

El académico de la Facultad de Derecho de la UAH abordará la responsabilidad del Estado y las actuaciones policiales. Poblete explica que hay una serie de casos donde es importante  analizar el razonamiento judicial de jueces y juezas para decidir la procedencia de indemnización de perjuicios por parte del Estado. La idea es  identificar y reconstruir los criterios judiciales que utilizan los tribunales de justicia cuando deciden estos casos. Esto es útil porque permite determinar si la actuación del Estado es negligente o diligente. Si procede de manera negligente quiere decir que debe indemnizar a las víctimas que sufrieron daños por parte de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile. Por el contrario, si lo hace de manera diligente entonces el Estado estaría actuando bajo el imperio del derecho y por lo tanto estas personas no podrían recibir ninguna indemnización”, puntualiza el investigador del CiPP.

El especialista comenta que esta investigación también analizará los casos de las víctimas del estallido social de octubre de 2019 donde hay personas muertas, heridas y mutiladas. Destaca que, según diferentes organismos nacionales e internacionales, la represión policial de las protestas implicó la violación de los derechos humanos de los manifestantes. Así lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la visita que hizo al país entre octubre y noviembre de ese año. “Estos casos son emblemáticos, porque encontramos una gran cantidad de personas con mutilaciones de sus globos oculares producidas por Carabineros con armas letales”, comenta el académico.

Otra de las situaciones que se investigará es el actuar de la fuerza pública en eventos masivos, ya sean deportivos, culturales o musicales. “En este tipo de casos, la fuerza pública actúa, por lo general, fuera de estos recintos, motivados por algún desorden o alteración pública. Sin embargo, el problema surge cuando utilizan carros lanza agua o gases lacrimógenos para controlar esta situación y dañan a otras personas. Entonces la pregunta que debe ser solventada es si ese daño debía ser tolerado por esas personas o si el Estado tiene que compensar económicamente a quien sufre perjuicios y que solo deseaba disfrutar de una jornada de entretenimiento, plantea Poblete.

Municipios y emergencias: transferencias de recursos y aprendizajes

Por: Gabriela Lobos Hernández
En entrevista con el CiPP, el académico Ignacio Cienfuegos, se refiere al proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó con el objetivo de estudiar e identificar la discrecionalidad en las transferencias de recursos desde el nivel central a los municipios en emergencias y los aprendizajes institucionales derivados de aquello.

¿El criterio político influye en el proceso de distribución de recursos a los municipios en el contexto de emergencias? ¿Los municipios aprenden de las catástrofes? Estas y otras interrogantes busca responder el proyecto de iniciación 2024 Fondecyt, “Municipios y Emergencias ¿Qué pasa en los desastres? Transferencias desde el nivel Central y Aprendizaje Colectivo en los Gobiernos Locales en Chile”, que se adjudicó el académico Ignacio Cienfuegos,  investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La investigación está orientada a identificar los aprendizajes organizacionales que dejó la crisis sanitaria en los municipios chilenos. “El proyecto tiene como objetivo estudiar las variables que explican la existencia de una  discrecionalidad en la distribución de los recursos hacia los municipios en contextos de emergencias, así como los procesos de aprendizaje colectivo en las políticas de los gobiernos locales en Chile, en respuesta a las barreras o decisiones discrecionales del nivel central en este mismo contexto”, señala el académico.

El director del Magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, explica que existen mecanismos institucionales a través de los cuales el sistema político transfiere recursos con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad socio-territoriales y que por lo general están relativamente institucionalizados dejando escaso margen de discrecionalidad a la autoridad gubernamental. Sin embargo, advierte que existen otros recursos en manos del ejecutivo nacional que pueden ser distribuidos de manera discrecional. “Queremos entender el cambio organizacional que pudiese haberse producido como respuesta al desastre natural del COVID, específicamente sobre políticas financieras y de gestión de riesgos del municipio y si esos cambios indicarían algún nivel de aprendizaje colectivo y cambio sustantivo para los gobiernos locales”, enfatiza el docente.

El régimen político municipal  vigente  en  Chile  garantiza  la  autonomía  municipal  como  norma  constitucional,  pero  se  trata  de  una  autonomía  acotada  y  se  expresa  en  tres  ámbitos. En primer lugar,  los  municipios  no  tienen  atribuciones  para  participar  en  los  procesos  de  decisiones  sobre  temas relevantes y que afectan sus funciones o la calidad de vida de la ciudadanía local. En segundo lugar, el sistema de financiamiento de los municipios reconoce muy poco margen de maniobra para que estas entidades puedan generar nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas asociadas a distintos tributos y, en  tercer lugar, no tienen la posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley aprobada  en el Congreso.

Cienfuegos destaca que la investigación, permitirá explorar la implicancia de las transferencias gubernamentales discrecionales a los municipios como efecto de la crisis, en los procesos de recuperación y aprendizaje organizacional de los gobiernos locales, demostrando la interacción de factores externos e internos y su implicación para los gobiernos locales al hacer frente a los shocks financieros y manejo de las vulnerabilidades futuras. “En este sentido, será clave el identificar las múltiples dimensiones de la resiliencia en gobiernos locales, donde aparece evidente el papel de las políticas y decisiones definidas centralmente al inhibir, debilitar o mejorar las capacidades de los gobiernos locales al enfrentar emergencias, aspecto que será considerado también en el estudio del caso chileno y del cual existe escasa evidencia disponible“, puntualiza el investigador del CiPP.

Recordemos que el académico participó en noviembre de 2022 en el XXVII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo  (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, organizado por el Gobierno de Bolivia donde fue coordinador y panelista de la mesa titulada “Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local”. En la instancia se presentó un estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, que muestra que el gobierno central contó con recursos de libre disposición para apoyar a los municipios que fueron distribuidos con criterios políticos partidistas. Los alcaldes de la coalición de gobierno recibieron en promedio un 61% más de transferencias que los ediles que no pertenecían a Chile Vamos.

Municipios y emergencias: transferencias de recursos y aprendizajes

Por: Gabriela Lobos Hernández

En entrevista con el CiPP, el académico Ignacio Cienfuegos, se refiere al proyecto Fondecyt de Iniciación  2024 que se adjudicó con el objetivo de estudiar e identificar la discrecionalidad en las transferencias de recursos desde el nivel central a los municipios en emergencias y los aprendizajes institucionales derivados de aquello.

¿El criterio político influye en el proceso de distribución de recursos a los municipios en el contexto de emergencias? ¿Los municipios aprenden de las catástrofes? Estas y otras interrogantes busca responder el proyecto de iniciación 2024 Fondecyt, «Municipios y Emergencias ¿Qué pasa en los desastres? Transferencias desde el nivel Central y Aprendizaje Colectivo en los Gobiernos Locales en Chile», que se adjudicó el académico Ignacio Cienfuegos,  investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La investigación está orientada a identificar los aprendizajes organizacionales que dejó la crisis sanitaria en los municipios chilenos. «El proyecto tiene como objetivo estudiar las variables que explican la existencia de una  discrecionalidad en la distribución de los recursos hacia los municipios en contextos de emergencias, así como los procesos de aprendizaje colectivo en las políticas de los gobiernos locales en Chile, en respuesta a las barreras o decisiones discrecionales del nivel central en este mismo contexto», señala el académico.

El director del Magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, explica que existen mecanismos institucionales a través de los cuales el sistema político transfiere recursos con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad socio-territoriales y que por lo general están relativamente institucionalizados dejando escaso margen de discrecionalidad a la autoridad gubernamental. Sin embargo, advierte que existen otros recursos en manos del ejecutivo nacional que pueden ser distribuidos de manera discrecional. «Queremos entender el cambio organizacional que pudiese haberse producido como respuesta al desastre natural del COVID, específicamente sobre políticas financieras y de gestión de riesgos del municipio y si esos cambios indicarían algún nivel de aprendizaje colectivo y cambio sustantivo para los gobiernos locales», enfatiza el docente.

El régimen político municipal  vigente  en  Chile  garantiza  la  autonomía  municipal  como  norma  constitucional,  pero  se  trata  de  una  autonomía  acotada  y  se  expresa  en  tres  ámbitos. En primer lugar,  los  municipios  no  tienen  atribuciones  para  participar  en  los  procesos  de  decisiones  sobre  temas relevantes y que afectan sus funciones o la calidad de vida de la ciudadanía local. En segundo lugar, el sistema de financiamiento de los municipios reconoce muy poco margen de maniobra para que estas entidades puedan generar nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas asociadas a distintos tributos y, en  tercer lugar, no tienen la posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley aprobada  en el Congreso.

Cienfuegos destaca que la investigación, permitirá explorar la implicancia de las transferencias gubernamentales discrecionales a los municipios como efecto de la crisis, en los procesos de recuperación y aprendizaje organizacional de los gobiernos locales, demostrando la interacción de factores externos e internos y su implicación para los gobiernos locales al hacer frente a los shocks financieros y manejo de las vulnerabilidades futuras. «En este sentido, será clave el identificar las múltiples dimensiones de la resiliencia en gobiernos locales, donde aparece evidente el papel de las políticas y decisiones definidas centralmente al inhibir, debilitar o mejorar las capacidades de los gobiernos locales al enfrentar emergencias, aspecto que será considerado también en el estudio del caso chileno y del cual existe escasa evidencia disponible», puntualiza el investigador del CiPP.

Recordemos que el académico participó en noviembre de 2022 en el XXVII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo  (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, organizado por el Gobierno de Bolivia donde fue coordinador y panelista de la mesa titulada “Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local”. En la instancia se presentó un estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, que muestra que el gobierno central contó con recursos de libre disposición para apoyar a los municipios que fueron distribuidos con criterios políticos partidistas. Los alcaldes de la coalición de gobierno recibieron en promedio un 61% más de transferencias que los ediles que no pertenecían a Chile Vamos.

Los nuevos profesionales del Estado

Por: Gabriela Lobos Hernández

En entrevista con el CiPP, el académico Nicolás Fleet se refirió al objetivo y fundamento del proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó que busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa.

“Cambio político y reconfiguraciones profesionales del Estado en Chile: explorando afinidades entre alternancia en el poder y emergencia de nuevos profesionalismos públicos y tecnocracias posneoliberales”, es el proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 adjudicado por Nicolás Fleet, académico del Departamento de Sociología e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Esta investigación busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa, la que, por lo pronto, permite explicar el proceso de expansión estatal. “Espero poder observar, la reproducción de distinciones ideológicas y desigualdades sociales propias del sistema educativo dentro del Estado”, precisa Fleet, quien además es Director del Magíster en Sociología de la UAH.

“Este proyecto busca explicar el proceso de cambio político de la última década en Chile, que incluye un inédito período de alternancia en el poder y un ascendente ciclo de movilizaciones sociales – que culminan con el estallido social de 2019 – , un proceso constituyente, y la irrupción de una nueva coalición de izquierda, desde la perspectiva de los cambios y reconfiguraciones de la composición del aparato del Estado y de la emergencia de grupos profesionales y tecnocracias que, desde posiciones de liderazgo o subalternas, mantienen una vinculación con movimientos sociales”, afirma Nicolás Fleet.

El académico señala que el Estado neoliberal chileno ha crecido significativamente en las últimas décadas, realidad que es contraria a la creencia común de que el Estado neoliberal es un “estado mínimo”. También plantea que las carreras y universidades de egreso tienen un efecto político específico. “Me interesa distinguir en qué medida con los cambios de gobierno cambian también los tipos de profesionales que ocupan el Estado y cómo las profesiones y las universidades pueden constituir roles y afinidades políticas, con diferentes niveles de eficacia ideológica, en cada gobierno”, explica el sociólogo.

En un libro publicado previamente por Nicolás Fleet llamado “Mass intellectuality of the neoliberal state” (Palgrave Macmillan, 2021), explica que el modelo neoliberal hizo que la educación superior chilena transformara a la clase media. El docente señala que la masificación de la educación en Chile permitió, entre otras cosas, la emergencia de una serie de profesionalismos y tecnocracias que se identificaron con las demandas sociales que han movilizado el proceso político en el país en la última década.  El sociólogo plantea que sobre esta base se sostiene una dirección post-neoliberal, que quiere cambiar la orientación del Estado.

Por ello, esta investigación también se enfoca en estudiar el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Con la idea de profesionalismos y tecnocracias posneoliberales busco poder caracterizar al gobierno actual a partir de un tipo de ocupación del aparato público, que implica movilizar cuadros profesionales que se vinculan o representan movimientos y demandas sociales en ámbitos sectoriales”, destaca Nicolas Fleet. “Me interesa poder mirar efectos significativos a nivel del trabajo público y la administración. En qué medida pueden ir cambiando el Estado desde dentro”, agregó el experto.

Miriam Henríquez: la ley de cuidados es un paso importante para el trabajo decente y la equidad de género

En una columna publicada en el diario La Tercera la investigadora del CIPP, Miriam Henríquez, destaca la  entrada en vigencia de la ley que beneficiará  a las mujeres trabajadoras que ejercen labores de cuidados no remunerados en Chile.

“Con esta ley, se avanza en romper con el círculo vicioso de cuidados, pobreza, desigualdad y exclusión, transformándolo en un círculo virtuoso de autonomía económica para las mujeres”  afirma  la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera  denominada  “Una oportunidad para los cuidados” donde se refiere a la entrada en vigencia a finales de este mes de la ley que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La nueva ley incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados. Establece que el empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora que, durante la vigencia de la relación laboral, tenga el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, sin recibir remuneración por dicha actividad, que toda o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo posibiliten.

En opinión de Miriam Henriquez,“Sin duda es un paso importante en materia de cuidados, de trabajo decente y de equidad de género”.

En materia de cuidados, las innovaciones de esta ley beneficiarán “a miles de trabajadoras y trabajadores del sector privado que tienen a su cargo el cuidado no remunerado de menores de 14 años; de adolescentes menores de 18 años con discapacidad; o de personas en situación de dependencia severa o moderada, cualquiera sea su edad”, destaca la decana.

En materia de trabajo decente, incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados.

La investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, explica que esta iniciativa busca superar brechas de género y promover el trabajo decente. También se refiere  a los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que  muestran que  la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral alcanza el 51,5 por ciento, mientras que en los hombres asciende al 71,4 por ciento, es decir una de cada tres mujeres no es parte de la fuerza de trabajo porque ejerce tareas de cuidados. “Con estas medidas posiblemente más mujeres podrán incorporarse al mercado laboral o permanecer en él”, explica la académica.

Cabe destacar que el proyecto se remite a privados, pero está siendo discutido también en una mesa del sector público. La ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

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Proyecciones económicas y financieras para el 2024

El investigador del CiPP UAH, Carlos J. García, en una entrevista realizada por el Diario Financiero se refiere, junto a otros/as expertos y expertas, a las proyecciones económicas y financieras para el nuevo año.

Termina el 2023 con una inflación controlada y alejándose del fantasma de la recesión. Sin embargo, la reactivación económica no se concreta y la desocupación va en aumento. Como es tradición, el Diario Financiero recurrió a distintos expertos y expertas para entregar sus proyecciones para el 2024. “Las perspectivas son de un crecimiento muy moderado, una recuperación lenta, tasas de desempleo persistentes, pero con una reducción de la inflación”, es la visión entregada por Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH).

“Por esa razón es probable que las tasas de interés del Banco Central lleguen a 5%, pero en general se proyecta un crecimiento más bien lento, en torno al 1%”, proyecta el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.

El Diario Financiero destaca, de las opiniones de las y los expertos que fueron consultados, que se espera una aceleración del mercado inmobiliario chileno, una estabilización del IPSA, un rally en la industria cripto y un leve crecimiento en el mercado accionario de Estados Unidos.

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El Desafío de la Seguridad Pública

En una entrevista realizada por Meganoticias el investigador del CiPP UAH, Sebastián Salazar, se refirió a los desafíos en materia de seguridad que debe enfrentar el gobierno y a la implementación de algunas iniciativas contempladas en la propuesta constitucional rechazada hace pocos días.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Sebastián Salazar, fue entrevistado por Meganoticias para conocer su opinión, junto a la de otros/s expertos/as, sobre los desafíos en materia de seguridad que debe enfrentar el gobierno y la implementación de algunas iniciativas contempladas en la propuesta constitucional que fue rechazada hace pocos días atrás.

Diferentes iniciativas para enfrentar el tema de la seguridad en el país que fueron planteadas en el texto constitucional que fue rechazado por la ciudadanía el domingo 17 de diciembre, son estudiadas por el Congreso Nacional. Una de ellas es la creación de la Fiscalía Supraterritorial que sería una unidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público.

Esta Fiscalía Supraterritorial desempeñaría sus funciones frente a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de investigación. “Independiente del resultado, la Fiscalía Supraterritorial se va a implementar igual, está avanzando en el Senado una reforma constitucional al texto vigente que está dentro de los proyectos priorizados en el acuerdo de seguridad entre el gobierno y el poder legislativo”, planteó Sebastián Salazar, coordinador del Núcleo Constitucional de la UAH.

Otra de las iniciativas es la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y a la Defensoría de las Víctimas que está contemplado en un proyecto de ley del Presidente de la República, Gabriel Boric, con el objetivo de entregar apoyo gratuito e integral a quienes han sido afectados por la delincuencia con ayuda psicológica, social y representación social.

Estas dos iniciativas, la Fiscalía Supraterritorial y la  Defensoría de las Víctimas, estaban incluídas en la propuesta constitucional rechazada por la ciudadanía por lo que no lograron alcanzar el rango constitucional. Sin embargo, varias expertas y expertos han planteado que el control del delito y el combate del crimen tiene que ver más con la elaboración de políticas públicas.

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La propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial

La Investigadora del CiPP UAH, Michelle Azuaje, participó en el tercer módulo del Programa de Formación de Formadores OMPI-INDECOPI, realizado en la ciudad de Lima, Perú, donde expuso sobre las interacciones entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías.

¿Quién posee los derechos de autor cuando una obra es generada por IA? ¿Pertenece al creador del algoritmo, al usuario que lo emplea o a la propia IA? Esas interrogantes surgen en el estudio de las interacciones entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías que la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje, abordó en el tercer Módulo del Programa Formación de Formadores del Centro de Formación en Propiedad Intelectual, realizado en la ciudad de Lima, Perú, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre 2023.

El encuentro se desarrolló bajo el alero de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Su finalidad fue fortalecer la capacidad nacional institucional y de recursos humanos mediante un mayor desarrollo de la infraestructura y otras instalaciones con el fin de lograr mayor eficiencia y promoción de un equilibrio justo, al mismo tiempo que satisfacer la creciente demanda local de especialistas en propiedad intelectual (PI), profesionales, funcionarios públicos y otras partes interesadas. Con el aporte de la Doctora en Derecho, especialista en Pl y derecho digital, Michelle Azuaje, los asistentes pudieron interiorizarse de los desafíos de la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia.

La actividad busca proporcionar a los formadores los conocimientos y habilidades necesarios para formar posteriormente a públicos específicos en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías.

Humberto Borges lidera organización académica para el desarrollo de la investigación contable

El investigador del CiPP y director del Diplomado en Gestión Tributaria de la Facultad de Economía y Negocios UAH, Humberto Borges, fue recientemente elegido presidente de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC).

“Yo me dedico a estudiar todo aquello que tenga que ver con la mala utilización de información financiera y no financiera. Bajo ese paraguas, lo que hace CAPIC en sus investigaciones es ser una entidad que se basa en los temas éticos de la profesión. La vinculación no es solamente con la investigación, sino también referida a  mejorar la calidad de los profesionales de la carrera”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Humberto Borges, luego de ser elegido presidente de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC) para el periodo 2023-2026.

CAPIC es una sociedad científica fundada en la ciudad de Valdivia el 24 de noviembre de 1990, por representantes de las carreras de auditoría de las universidades e instituciones de educación superior pertenecientes al Consejo de Rectores, con el propósito de fomentar el desarrollo de la contabilidad a través de la investigación.

La elección tuvo lugar durante la XXXIV Conferencia Académica de la CAPIC, realizada del 22 al 24 de noviembre en la Universidad de Piura, Lima, bajo el lema “Sostenibilidad e Inclusión: aportes desde la investigación Contable”. En la oportunidad, Humberto Borges expresó que le resulta muy gratificante liderar la CAPIC, destacando el aporte que realiza la entidad.

Esta es la primera vez que un académico de la UAH lidera la CAPIC que ha experimentado un crecimiento significativo, incluyendo a expertos y expertas de universidades de Argentina, Colombia, Perú y España.

Eduardo Saavedra sobre la propuesta constitucional: “parece que a los chilenos nos atrae movernos polarizadamente”

El director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Eduardo Saavedra, en la editorial de la edición especial de la Revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) señala que la Constitución propuesta es reduccionista en cuanto a los derechos sociales y que no enfrenta las causas del estallido social.

“La nueva propuesta de carta magna, escrita por una amplia mayoría de constituyentes de la derecha más radical, refleja intereses que enfatizan los derechos asociados a la libertad individual, pero al igual que la Constitución vigente, es reduccionista  respecto  de  los  derechos  sociales”, señala el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Saavedra, en la editorial de la edición especial de la Revista Observatorio Económico, publicada por la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.

Eduardo Saavedra, quien es decano de la FEN, afirma que los deseos de cambios derivados del  “estallido  social” se reflejaron en las urnas en octubre de 2020 cuando el 80% de las y los votantes  manifestó  su  deseo de cambiar la Constitución de 1980 y, posteriormente en mayo de 2021, con la victoria de los sectores más radicales de la izquierda chilena para escribir la nueva constitución, sin embargo, puntualiza el académico esta propuesta fue rechazada porque  representaba los intereses partisanos de quienes la redactaron y no del país.  “La Constitución de 1980 resalta los derechos de propiedad individuales, pero  poco  o  nada  menciona  acerca  de  los  derechos  sociales;  mientras  que  la  fallida  propuesta  de 2022 resaltaba los derechos sociales con muy poco de derechos sobre la libertad individual”, sostiene el investigador.

Eduardo Saavedra plantea que la actual propuesta constitucional al igual que la Constitución del 80 es reduccionista respecto de los  derechos  sociales y que al no enfrentar las  causas  del  descontento  popular  de  2019, este podría aparecer nuevamente con alguna circunstancia que ocurra después del plebiscito del 17 de diciembre 2023. “Parece que a los chilenos nos atrae movernos polarizadamente, como en un  péndulo,  sin  apuntar  al  sano  equilibrio  entre  libertad  individual  y  equidad  colectiva”.

El economista subraya que el nuevo texto tiene marcados tintes populistas al buscar consagrar a nivel  constitucional algunas prerrogativas propias de rango legal, además cataloga de partisano el blindaje a las AFP y de populistas el dejar exento de tributos a la primera vivienda. “Todo indica  que,  al  no  atacar  las  causas  del  descontento  popular  de  2019,  este  aparecerá con cualquier escenario post 17 de diciembre de 2023”, expone el académico.

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Miriam Henríquez: “No es no es lo mismo reformar la Constitución de 1980 que cambiar el texto constitucional propuesto”

La investigadora del CiPP de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna difundida en el diario La Tercera señala que tanto la Constitución de 1980 como la nueva carta magna requerirán de modificaciones cualquiera sea la opción que triunfe en el plebiscito de este domingo 17 de diciembre, pero que ambas opciones deberán sortear diferentes exigencias.

“No tiene las mismas aristas reformar la Carta actualmente vigente que cambiar el texto constitucional propuesto. Más allá de quién debería impulsar los cambios en cada caso, es relevante considerar las exigencias que deberán sortearse en una y otra hipótesis ante el Congreso Nacional” afirma la investigadora del  CiPP,  Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera donde se refiere al  Plebiscito Constitucional que se llevará a cabo este domingo donde se deberá votar “A favor” o “En contra” del texto de Constitución propuesto.

La decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, sostiene en esta columna que tanto la Constitución de 1980 como la nueva Constitución requerirán de reformas. “Improbablemente el asunto constitucional se clausurará con una eventual entrada en vigencia de la Constitución propuesta por el Consejo Constitucional y difícilmente un cuarto proceso constitucional tendrá cabida en el corto plazo”, destaca la académica.

Si gana la opción “En contra” la Constitución de 1980 mantendría su vigencia y su reforma requerirá el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio de acuerdo con la reforma constitucional efectuada por la ley N° 21.481 de 2022. “Esta enmienda se impulsó ante la posibilidad del triunfo del rechazo en el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre, con el fin de dotar a la Carta de mayor flexibilidad en caso de que fuera necesario reformarla si no era aprobada una nueva Constitución. Escenario que aconteció en 2022 y que podría repetirse”, puntualiza la investigadora.

Miriam Henríquez, explica que, si gana la opción “En contra”, lo más probable, es que con distintas agendas, las fuerzas políticas buscarán reformar la Constitución actual. “Ya sea para insistir, por ejemplo, con el establecimiento de un auténtico Estado social y democrático de derecho; o para constitucionalizar temas como el redistritaje o la propiedad de los fondos de pensiones”,  concluye la abogada.

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Carlos J. García: La propuesta de nueva constitución prácticamente deja sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central

En un artículo publicado en la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) el investigador del CiPP de la UAH, Carlos J. García, entrega su opinión de cómo define la administración y rol del Banco Central la nueva propuesta de Constitución.

“La propuesta de la nueva constitución política prácticamente dejó sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central de Chile”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Carlos J. García, a pocas horas de que 15,4 millones de chilenos votarán A favor o En contra de la iniciativa de nueva Carta Fundamental, 

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH cuestiona la conformación del Consejo del Banco Central afirmando que se requiere de una rotación más alta de todas las autoridades que toman las decisiones de política monetaria, estabilidad financiera y administrativas para fortalecer la autonomía y los vínculos con la democracia, “La administración del Banco Central, en esta nueva propuesta, claramente, retrocede respecto de la anterior: el consejo sigue siendo de cinco consejeros, manteniendo el tiempo de duración del cargo en 10 largos años”, sostiene García.

El economista plantea que nuevamente se le asigna por objetivo al Banco Central velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. “En otras palabras, establece nueva y erróneamente que el bienestar de la población es sinónimo de estabilidad de precios. No hay duda de que una inflación baja es valorada, basta con recordar las crisis de Argentina y Venezuela, pero esto depende la situación que enfrente el país”, recalca el docente.

Para el investigador del CiPP el pleno empleo, concepto económico que hace referencia a una situación donde la totalidad de la población activa de un país se encuentra trabajando, no está claramente definido como una tarea irrenunciable a diferencia de lo que se observa en los bancos centrales de países desarrollados como Nueva Zelandia, Canadá, Noruega, Australia, etc. “No queda bien definido, no es un objetivo per se y, perfectamente, el objetivo de pleno empleo puede sacrificarse si los consejeros así lo definen sin responder a nadie, ni nada. Así, de nuevo, el objetivo de pleno empleo no está propuesto claramente como sí es definido abrumadoramente en otros bancos centrales de países desarrollados”, subraya García.

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