El derecho a la salud en la propuesta constitucional
En un reportaje publicado por CIPER Chile, el investigador del CiPP UAH y coordinador académico del Núcleo Constitucional de esta casa de estudios, Sebastián Salazar, analiza el sistema de salud establecido en el texto que será plebiscitado y se refiere a las limitaciones al legislador y la reinterpretación ideológica del Estado Social.
La discusión sobre el alcance de las instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud de la propuesta constitucional que se plebiscita este domingo 17 de diciembre fue abordada en un Reportaje por el medio CIPER, quien conversó con Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, y coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Éste se refirió a las limitaciones al legislador y la reinterpretación ideológica del Estado Social. “Las derechas sostienen que esto implica no solo a las prestaciones sociales, en este caso concreto en salud, sino que también a los regímenes jurídicos sobre los cuales se pueden articular las acciones en salud, sea a través de subsistemas públicos y privados completamente separados. La centroizquierda y la izquierda sostienen en cambio que, dentro de un marco general y común de articulación de políticas públicas, la elección se realiza a nivel de prestadores públicos y privados de las acciones en salud. Por tanto, hay una diferencia ideológica de niveles y de alcance”, explica Salazar.
El académico de la Facultad de Derecho de la UAH explica que la diferencia ideológica entre las posturas se relaciona con los niveles y el alcance de la participación de instituciones públicas y privadas en la prestación de servicios de salud. Ante ello Salazar sugiere que lo óptimo habría sido permitir ambas opciones, brindando al legislador democrático la capacidad de definirlas.
Sebastián Salazar argumenta que la propuesta refleja una visión diferente del concepto de Estado Social en comparación con el derecho comparado y otras derechas en el mundo. Se sostiene que la responsabilidad de satisfacer los derechos sociales fundamentales recae en el Estado. “En una economía de libre mercado, esto se puede realizar de diversas maneras, a través de la regulación, control, fiscalización y fomento de acciones tendientes a lograr dicho objetivo. La prestación directa de organismos públicos de bienes sociales es una de las tantas actividades administrativas que el Estado puede adoptar, sea a nivel nacional, regional o local”. Además, Salazar menciona la colaboración privada en la prestación de servicios públicos, señalando que la diferencia entre el rol público y privado a menudo radica en matices o intensidades.
El abogado argumenta que hay una tendencia por parte de estas corrientes a asociar los Estados Sociales directamente con el estatismo y el colectivismo monopólico. “Este temor lo que busca es separar completamente la política (Estado) de la economía (sociedad civil), en el que la satisfacción de los derechos sociales debe realizarse dentro del segundo ámbito, es decir, la economía”. Esto quiere decir, según el académico, que se busca separar completamente la esfera política y económica, desplazando la responsabilidad de la satisfacción de los derechos sociales hacia la economía, y esto, según su perspectiva, contradice los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
Salazar explica que la idea no sería incluir directamente a las ISAPRES en la Constitución, pero sí establecer la presencia de proveedores privados dentro de un marco de salud privado. Si estas instituciones enfrentaran problemas financieros y llegaran a quebrar, el Estado tendría la obligación de intervenir para salvarlas o generar alguna institución similar, ya que habría una obligación de asegurar su continuidad.
La propuesta constitucional, comenta el académico, establecería un marco restrictivo para el legislador, limitando su capacidad para realizar ajustes y priorizando la implementación de la visión ideológica específica. “Es más, el legislador estaría supeditado, como principal finalidad, a la de operativizar la definición programática de la derecha indicada anteriormente y a esta particular, refundacional e ideológica forma de comprender el Estado Social y Democrático de Derecho, en que se encuentran sustantivos elementos de subsidiariedad”, puntualiza Salazar.
Cristóbal Madero: las críticas a los SLEP y el olvido del fracaso de la educación municipal
El investigador del CiPP UAH, Cristóbal Madero, en la columna “Cómo llegamos a los SLEP… para no olvidar“, publicada en el diario La Tercera, se refiere a los cuestionamientos a los Servicios Locales de Educación (SLEP) distribuidos por todo el país, con el rol de reemplazar a las municipalidades o corporaciones municipales que estaban a cargo de la educación pública en las diferentes comunas del país.
“Ante las recientes críticas hacia los Servicios Locales de Educación debido a deficiencias notorias en algunos de ellos, no nos hace mal recordar cómo fue que llegamos a la convicción de que desmunicipalizar era un mejor camino” afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Madero, en una columna publicada en el diario La Tercera, donde puntualiza que en términos técnicos y financieros, al momento de llevar a cabo la reforma, el 70% de las comunas de Chile poseía menos de 8.000 estudiantes sumando al sector municipal y al particular subvencionado.
Madero, quien es académico de la Facultad de Educación de la UAH, sostiene que los países que son exitosos en educación son los que poseen una educación pública de calidad, explicando que se requiere la existencia de un modelo educativo cuyo eje sea la educación pública. “La verdad es que el mundo nos provee de ejemplo tras ejemplo indicando que sistemas educativos sin una fuerte presencia de establecimientos escolares administrados públicamente, no mejoran”.
El académico crítica el modelo de educación municipal aplicado en Chile donde se observa un bajo crecimiento y carencia de estímulos para las personas a cargo de los establecimientos escolares. “La autoridad municipal en ciclos de cuatro años de gobierno carece de los incentivos para apostar por la educación cuyos resultados son en su mayoría de largo plazo”, sostiene Madero.
Finalmente, Cristóbal Madero recalca que esta reforma busca mejorar la calidad de la educación no solo para un determinado sector de la población, sino que para todo el país. “Es cierto que hay un pequeño grupo de municipalidades en Chile con liderazgos importantes, y suficientes recursos económicos y humanos, que no necesitan de un nuevo sistema para proveer a quienes habitan su territorio de una mejor experiencia educativa. Sin embargo, la reforma busca mejorar la experiencia educativa no de una parte, sino de todos. Para lograrlo, la gran mayoría de los 346 municipios de Chile no estaba ni está preparado”.
Servicio Civil entrega reconocimiento a Eduardo Abarzúa por su compromiso con la función pública
El vicerrector académico de la UAH e investigador del CiPP de la UAH, Eduardo Abarzúa, recibió un reconocimiento del Servicio Civil por su dilatada trayectoria e importante contribución a mejorar y fortalecer la función pública en Chile en el marco de la celebración de los 20 años de la entidad.
El XV Encuentro Anual de Gestión de Personas, realizado el pasado miércoles 15 de noviembre, en el Hotel Plaza Santiago, fue el escenario donde la Dirección Nacional del Servicio Civil entregó un reconocimiento a Eduardo Abarzúa, Vicerrector Académico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) por su: “Apoyo, profesionalismo y compromiso que ha tenido en estos años con la función pública y la gestión de personas, a través de estudios, asesorías, formación y también desde su rol de consejero”.
El evento se realizó en el marco de la celebración de los 20 años del Servicio Civil y contó con la presencia de su director nacional, Felipe Melo, y más de 300 jefes y profesionales del área de Gestión de Personas de los servicios públicos centralizados del Estado.
Abarzúa, quien fue integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, entre los años 2014 y 2022, recibió este reconocimiento por su dilatada trayectoria e importante contribución a mejorar y fortalecer la función pública en Chile.
“Lo que uno ha dado, ha sido significativo para las personas […]. La política pública ha sido muy influyente en el desarrollo y el estatus que ha alcanzado la gestión de personas en el país. Y en ese sentido, me ha permitido acompañar al equipo y al Servicio y, en general, a las diferentes instituciones que han impulsado esta política”, señaló el investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, al recibir este reconocimiento.
Por su parte, Felipe Melo, director de la entidad, valoró el enorme aporte realizado por el Vicerrector Académico. “Eduardo Abarzúa ha sido un gran inspirador para muchos y muchas […]. Lo vemos tanto en los testimonios de las y los funcionarios del Servicio Civil como en los de muchos que han pasado por sus aulas, por sus clases en diferentes espacios. Su aporte, no solo ha sido desde el Consejo de Alta Dirección Pública, no solo con el desarrollo del conocimiento, a través de columnas de opinión o través de papers de investigación, sino también en generar vínculos, lazos al interior del mundo público”.
En esta ceremonia también recibieron un reconocimiento Raúl de la Puente, ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, actual presidente de la ANEF, y Elisa Ansoleaga, académica y directora de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales (UDP).
El actual presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, destacó el aporte de Eduardo Abarzúa. “Un tremendo ser humano, un tremendo profesional, un tremendo aporte en esta contribución en lo que ha significado también forzar una gestión moderna de las personas. Creo que el aporte de Eduardo, como consejero del Servicio Civil, en la vinculación con la ANEF y con las instituciones sindicales, permite un nivel de madurez también para nosotros y nosotras, quienes estamos en el Estado”, sostuvo el dirigente.
Lieta Vivaldi: alerta del retroceso de los derechos de las mujeres en la propuesta constitucional
La investigadora del CiPP de la UAH, Lieta Vivaldi, en una entrevista realizada por TVN se refirió a los riesgos que implica el inciso 1 del Artículo 16 de la propuesta constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
El próximo 17 de diciembre las y los ciudadanos decidirán si aprueban o rechazan la nueva propuesta constitucional que, según algunos, incluye en su articulado conceptos que permitirían cuestionar la continuidad de la ley de aborto en tres causales. “Al establecer la protección de la vida de quien está por nacer, nos enfrentamos a un riesgo, ya que se pone en igual lugar a un óvulo fecundado con los derechos de las mujeres o de las personas gestantes”, señaló la investigadora del CiPP, Lieta Vivaldi, en una entrevista realizada por el noticiario 24 Horas de TVN donde se analizó el inciso 1 del Artículo 16 de la propuesta constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
La normativa ha generado un amplio debate en el mundo académico y político, debido a que el nuevo texto reemplaza “al que está por nacer”por “quien está por nacer”. Esto, para algunos podría inclinar la balanza en favor de la proscripción del aborto en tres causales argumentando que la ley propuesta no deja ninguna duda cuando se habla “de quién está por nacer”, ya que se está refiriendo a un ser humano.
Recordemos que, en 2017, cuando la norma fue aprobada por el Congreso, la derecha recurrió al Tribunal Constitucional para impedir su promulgación. En esa oportunidad, dicha instancia, por seis votos a favor y cuatro en contra, declaró válida la ley.
Hugo Rojas presenta libro sobre la justicia transicional y afirma que este es un desafío intergeneracional
El investigador del CiPP de la UAH, Hugo Rojas, presentó, junto a un grupo de especialistas de diferentes países, el libro «Transiciones democráticas y memoria histórica. Aprendizajes de ida y vuelta entre América Latina y España» en un evento realizado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.
“Si las víctimas y las agrupaciones de derechos humanos no hubieran sido tan activas y no hubiesen persistido durante 33 años de una larguísima transición en Chile, el panorama que yo habría ofrecido sería bastante más desalentador y desolador. Nosotros debemos gran parte de los logros al trabajo constante, muchas veces silencioso, no reconocido y escuchado”, así lo afirmó el académico de la UAH, investigador del CiPP y del Instituto VioDemos, Hugo Rojas, en la presentación del libro colectivo titulado Transiciones democráticas y memoria histórica: aprendizajes de ida y vuelta entre América Latina y España, en un evento realizado el 21 de noviembre en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España.
El libro, editado por la Fundación Carolina, indaga sobre el concepto de memoria histórica y los tratamientos otorgados a las víctimas y responsables de las dictaduras en el marco de la justicia con el objetivo de analizar las políticas de los gobiernos democráticos en España y América Latina en relación con sus propios procesos transicionales.
Respecto a los aportes de su capítulo, Rojas señala que ofrece una visión panorámica sobre los logros alcanzados en el proceso de justicia transicional y los aspectos débiles o vacíos en los que todavía falta mucho por hacer. En su opinión, el proceso de justicia transicional se prolongará muchos años más en Chile, por lo que es imprescindible seguir aunando esfuerzos individuales y colectivos en las búsquedas de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Nuestra experiencia nos lleva a pensar que este es un desafío intergeneracional y que hay que saber pasar la posta o el testimonio a las futuras generaciones para que complementen los trabajos que mi generación y la anterior han tratado de llevar a cabo, por eso es importante preguntarse cómo estamos formando a las generaciones jóvenes para que ellos asuman un liderazgo”, puntualizó el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.
En la elaboración de esta obra también participaron Carlos Sanz (Universidad Complutense de Madrid), Lorena Balardini (Universidad de Buenos Aires), Antonio González Quintana (Consejo Internacional de Archivos), Ana Guglielmucci (Universidad del Rosario), Elena Martínez Barahona (Universidad de Salamanca) y Juan Pablo Vera Lugo (Universidad Javeriana de Bogotá), quienes se centraron en las experiencias latinoamericanas y española, bajo la pregunta de si existen enseñanzas útiles en los países examinados que puedan servir como modelo de buenas prácticas en materia de justicia transicional, memoria histórica e historia pública.
El libro expone las relaciones de ida y vuelta entre las transiciones y los procesos de democratización en España y cuatro países de América Latina: Chile, Argentina, Guatemala y Colombia. Para ello, rastrea un conjunto de iniciativas desarrolladas en las últimas décadas en torno a las políticas de verdad, justicia, reparación, memoria, garantías de no repetición y enfoque de géneros, ponderando específicamente aquello que América Latina puede aportar al debate democrático español y, por extensión, europeo.
CiPP cerró su ciclo de cuatro conversatorios reflexionando sobre el modelo de empleo público al que Chile debe avanzar
El pasado martes 21 de noviembre en el Auditorio Manuel Larraín de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el cuarto coloquio del Ciclo sobre Políticas Públicas que organizó el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH, titulado “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”.
“No hay gobernabilidad sin confianza en las instituciones”. Esa es una premisa de la Agenda de Modernización del Estado chileno, cuya implementación comenzó en el 2019. Y, sin duda, este proceso abre una oportunidad única para avanzar también hacia la concreción de un modelo de empleo público profesional e imparcial, que garantice la nítida separación entre lo que son las funciones de Gobierno y la de la Administración.
La relevancia de este tema es lo que llevó al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) a organizar el coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, con el cual finalizó su ciclo de cuatro conversatorios sobre políticas públicas en distintos ámbitos. El evento se realizó el pasado martes 21 de noviembre en el auditórium E11 de la UAH. Congregó a autoridades de la administración del Estado, a académicos/as e investigadores/as nacionales e internacionales, autoridades de la UAH, dirigentes/as sindicales, funcionarios/as públicos y estudiantes.
El objetivo fue reflexionar sobre las dificultades que presenta el modelo chileno de empleo público y realizar recomendaciones a las y los encargados de la toma de decisiones. Importante destacar que, en esta ocasión, el conversatorio se enmarcó en el proyecto de investigación, financiado por el Fondecyt Regular, «¿Tiene Chile un Servicio Civil Profesional e imparcial? «, que están desarrollando los investigadores del CiPP, Enrique Rajevic, secretario General de la UAH, académico de la Facultad de Derecho y director del Postítulo en Derecho Administrativo y Gestión Pública de esta universidad y Nicolás Fleet, académico del Departamento de Sociología y director del Magíster en Sociología, de la UAH.
El conversatorio se estructuró sobre la base de la exposición de Rajevic y Fleet, quienes prepararon un policy paper especial para este encuentro, en el cual presentaron los avances de su investigación.
La mirada de las autoridades de la Administración del Estado
Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, relevó la importancia de la investigación que están llevando adelante Rajevic y Fleet -que se está nutriendo también con datos de la Contraloría- valorando de igual modo, el desarrollo de este conversatorio, al enfatizar: “Justamente, son estos espacios académicos donde se da el puntapié inicial. Sin estas instancias, la verdad que este tema, prácticamente no aparece”. La importancia de estas materias, explicó, radica en un tema esencial: “No hay modernización real sin tocar el tema clave que son las personas que trabajan al servicio del Estado”.
La jurisprudencia, explicó, ha intentado reflejar parte de la distinción entre gobierno y administración. Sin embargo: “Ha quedado truncado, porque a nivel legal y Constitucional no ha habido ese mismo reconocimiento”. Sobre el status actual, dijo: “Pasamos de la extrema precarización a un régimen donde la contrata, prácticamente, se ha transformado en una planta”.
Cristián Valdivieso, subdirector(s) de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, valoró también que su institución sea parte de este proyecto de investigación pues se trata: “De un proyecto que tiene a la vista la discusión de base, respecto del modelo de empleo público”.
Destacó que con el Servicio Civil (que cumple 20 años) se “incorporó la intencionalidad de generar una carrera dentro de la función pública”. La Ley 20.955, significó un avance, por ejemplo, se instaló la práctica de reclutamiento y selección de personal. Hoy, precisó, el 99,7% de los servicios públicos cuenta con un procedimiento de esta naturaleza. Y se ha avanzado de un 49% a un 64% de personas que ingresan al Estado, a través de este mecanismo.
A su juicio, uno de los desafíos importantes de abordar: “Es el ejercicio de liderazgo público para el cumplimiento de la función. Si hablamos de un empleo profesional, imparcial, también tenemos que meter en la juguera de la discusión, todo el componente de gestión del desempeño […]. El margen de acción que hay respecto de poder profesionalizar y modernizar el Estado tiene también una responsabilidad en los líderes y lideresas”.
Exposición de Rajevic y Fleet: ¿Cómo fortalecer el empleo público profesional e imparcial?
Para Enrique Rajevic, lo fundamental de la investigación que están llevando adelante para fortalecer un Servicio Civil imparcial y profesional: “Es buscar mecanismos que permitan que las personas que trabajan para la administración pública, lo hagan con una vocación de servicio público de largo plazo, bajo la conducción de los gobiernos, pero sin ser colonizados (por decirlo de algún modo) con la política, de manera tal, de resguardar la continuidad de las políticas públicas, la integridad de las personas que trabajan, las mismas organizaciones públicas, la experiencia y la especialidad de las personas que trabajan y la competencia en definitiva y eficacia en la prestación de servicios públicos”.
El desafío entonces, es tener un empleo público que funcione bajo reglas del mérito y capacidad: “Y no, bajo el riesgo de que lo vayan a echar, porque el jefe de alguna manera le tiene antipatía o por algún otro tipo de problema subjetivo”. Esto no implica, acotó, que haya que desconocer: “Una capa de personas que trabajan para el gobierno y que responden al principio democrático y, por tanto, que tienen que ser elegidos por esas razones”.
Su diagnóstico recae sobre la regulación, explicando que el Estatuto Administrativo si bien procura evitar efectivamente la intervención de la política, lo cierto es que lo hace a través de “la contrata” como mecanismo de contratación que se ha transformado en una válvula: “el empleo a contrata, que es un empleo donde se puede nombrar a las personas directamente y desvincular con mayor libertad. Y esto es lo que ha empezado a crecer reduciéndose la importancia que tiene el empleo de carrera, lo cual también probablemente quiere decir que hay una impresión de que el empleo de carrera tampoco es la mejor fórmula”.
Al respecto, la jurisprudencia, hasta ahora: “Ataca los bordes, resuelve problemas, pero no genera un nuevo modelo de empleo”, concluyó.
Nicolás Fleet mostró los patrones de crecimiento del empleo público, consignando que, en los últimos 25 años, el Estado, en general, se ha triplicado. Y la profesionalización del empleo público también se ha ampliado: “Hasta ser ya más de la mitad del Estado. El estamento profesional crece, sobre todo en el último periodo, a unas tasas que son sobre el 7%”. Y la pregunta de fondo es cómo se vincula esa mayor profesionalización con la calidad: “Qué capacidad tiene este estamento profesional para producir mayor eficiencia o mayor efecto sobre la calidad de la política pública”.
Otra interrogante que se abre en torno a estas tasas de crecimiento, es su causa: “En qué medida esto responde a un proceso político, a necesidades sociales, a tendencias poblacionales, y en qué medida, frente a los cambios de gobierno, se preserva una capacidad funcionaria que asegura la continuidad y estabilidad del Estado”.
Por qué no avanzamos
En el primer panel -moderado por Ignacio Cienfuegos, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH e investigador del CiPP – participaron tres expositores/as que coincidieron en varios aspectos: Rodrigo Lavanderos, coordinador de Modernización del Estado, del Ministerio de Hacienda, sostuvo que se ha producido: “una atomización en la reglamentación y normativa que rige al sector público”, planteando la interrogante si Chile: ¿Necesita un estatuto único de empleo público o nos vamos por el camino de los estatutos sectoriales? Si no nos hacemos esa pregunta desde el origen, mover la aguja del empleo público va a ser cada vez más difícil”.
Otro tema, señaló, que, claramente, aún no se ha podido resolver es la: “Separación entre los funcionarios administrativos de los funcionarios de gobierno”. Otros factores son: “Algunos impulsos refundacionales permanentes en cada cambio de signo político y sin haber cambios de signo político”.
Amaya Fraile, socióloga, magíster en Políticas Públicas con amplia experiencia en el sector público y modernización del Estado, co-fundadora de la consultora Magenta, puso el énfasis en la necesidad de precisar qué se va a entender como empleo público: “No sólo como un problema del Estado central”, señalando que los datos de ministerios y sus servicios son “parciales”, porque el empleo público abarca también: “Las Fuerzas Armadas y de Orden, empresas públicas, organismos autónomos, los municipios, etc. Creo que debemos llegar a un rango de 1 millón de personas”.
En esa línea, indicó que cuando se aborda el empleo público hay que: “Hablar desde esa diversidad”. Y lo que no ayuda son, precisamente, la fragmentación de estatutos, pues cada sector tiene su propia normativa: “Hay un montón de estatutos donde están atomizadas las normas. Entonces, tenemos que trabajar en algún mecanismo que permita tener una norma directriz”.
Para Enrique Paris, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, con una vasta experiencia en el sector público en cargos de responsabilidad, si bien se ha avanzado en algunos aspectos, la principal razón por la cual le ha costado mucho a Chile destrabar los problemas que experimenta el empleo público: “Es la incapacidad del sistema político para ponerse de acuerdo en cuál es el espacio de la política y cuál es el espacio que le corresponde a la administración”.
Este tema es de tal relevancia que: “Mientras no definamos con claridad las reglas que son propias de la administración, de esa administración indiferente, pero que debe ser eficiente, eficaz, nos vamos a seguir topando con problemas, en donde la política tenga la tentación de colonizar la administración, incluso muchas veces en la pretensión de algunos desde la administración de pretender hacer mejor la política. Son dos carriles distintos que hay que separar”.
¿Hacia dónde deberíamos avanzar?
El segundo panel -moderado por el vicerrector Académico de la UAH, Eduardo Abarzúa, tuvo la intervención de cuatro panelistas, dos de ellos expertos internacionales: Miguel Sánchez Morón, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Derecho Administrativo, de la Universidad de Alcalá de Henares, España, destacó que para consolidar un modelo de función pública profesional e imparcial: “No hay fórmulas mágicas, depende, sobre todo, de la evolución de la convicción de la cultura política, administrativa y jurídica de cada país”.
En el caso de los países europeos: “En términos generales, durante el Siglo XIX adquirieron la convicción de que era necesario contar con ese tipo de gestión pública para garantizar las funciones de Estado y para garantizar imparcialidad de la prestación”. Esto se fue implementando a diferentes ritmos. En el caso español, en el año 1918: “Se aprobó un estatuto legal que garantizó la inamovilidad de los funcionarios públicos». Luego, en la Constitución Política (1978): “Se optó por garantizar las bases esenciales del sistema de función pública de carrera e imparcial” que a la postre fue decisivo. Hoy, cerca del 80% de los empleados públicos tienen este estatuto profesional de inamovilidad.
Un tema que sigue pendiente, explicó, es que: “No hemos sido capaces de garantizar para el grueso de los altos cargos de la administración, ese régimen de profesionalidad […]. Las/los Directores generales se siguen nombrando en función de la confianza política […]. Los partidos políticos en España todavía tienen un excesivo protagonismo en la vida pública, incluso dentro de la administración”.
Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford (Reino Unido), profesor titular y asociado en el Departamento de Ciencias Políticas, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, planteó reformas en cinco puntos: Meritocracia, la cual: “Está muy correlacionada con indicadores de menor corrupción y efectividad del gobierno”. La desburocratización, en el sentido de dar mayor autonomía, pues con: “Unos directivos públicos que trabajan como directivos en el sector privado, como Nueva Zelanda, Suecia, Australia, de hecho, existe menos, no más corrupción”.
Una tercera reforma debería apuntar hacia la Transparencia: “Una política transparente produce déficit de confianza al principio, porque decir la verdad no es agradable, pero al cabo del tiempo, genera superávit de confianza”. Mestizaje ideológico: “Creo mucho en la bondad de muchas reformas neoliberales y en lo contrario, en muchas reformas social-demócratas para compensar”, destacando en esta línea el modelo de Nueva Zelanda. Y, por último, Experimentación y Fontanería: “No podemos valorar sólo las políticas públicas por los resultados objetivos, sino que hay que medirlos de manera científica: ver si efectivamente dan valor a la sociedad, si tienen impacto social”.
Para Beatriz Corbo, abogada, profesional experta del Servicio Civil y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, avanzar implica considerar mecanismos de mérito y confianza. En segundo término, hay que abordar derechamente el tema del empleo público, porque hasta ahora ha sido de manera tangencial, pues pareciera ser que es una discusión: “…que nadie quiere tener, porque es difícil tenerla”. Otro elemento a considerar, agregó, es tener: “Una mejor comprensión de lo que son los cargos de gobierno y lo que son los cargos de administración”.
Concluyó, afirmando que: “Si comprendemos mejor eso, probablemente, vamos a poder tener una mejor bajada hacia lo que es el empleo público”.
José Pérez, presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), fue enfático en señalar que, el proceso de modernización del Estado debe ser con la participación de las y los funcionarios públicos y sus dirigentes sindicales, quienes son los que tienen la experiencia en el trabajo estatal, ya que: “Trabajamos para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno […]. Además, hemos impulsado que todos estos cambios, que son de voluntad política primero y después de aspectos legislativos y también técnicos, no pierdan el foco final, que es la atención a la ciudadanía con servicios públicos de calidad”.
Recalcó que: “Partimos con fortalecer el desarrollo laboral; acuñamos el trabajo decente para los trabajadores públicos y estamos disponibles para avanzar en todos los procesos y subsistemas, pero con participación de las organizaciones sindicales”.
Mirada de las autoridades de la UAH
El rector de la UAH, Eduardo Silva, SJ, también estuvo presente en el evento. Al respecto, dijo que, con este coloquio, el CiPP sigue cumpliendo con su objetivo de: “Abordar temas que son de preocupación de todos, aprovechando las competencias de nuestros académicos y poniendo eso, al servicio justamente de los diferentes públicos relevantes. En este caso, de la Contraloría, del Servicio Civil, de académicos de otras universidades y también de estudiantes”.
Los contenidos de este encuentro, dijo, aportan a mejorar: “Algo tan vital, como lo es un Estado más moderno, más eficiente, más capaz, más meritocracia y más imparcial. Cabe decir, que no depende de los vaivenes de los cambios de gobierno. El Estado requiere una situación más estable y ese es el fruto de esta investigación”.
Eduardo Abarzúa, vicerrector Académico de la UAH, hizo un positivo balance de la actividad desde varias perspectivas. Primero, resaltando el proyecto de investigación de Rajevic y Fleet pues pone: “En relieve, la producción académica de nuestra universidad y de nuestro Centro”. También destacó el nivel de la convocatoria, que congregó a académicos, investigadores/as de talla internacional, y directivos y profesionales del sector público: “Reunir a este grupo de personas, con distintas perspectivas sobre el Estado y hacer este diálogo interdisciplinar, pero también multiactores, creo que es relevante”.
En ese sentido, dijo que el CiPP: “Cumple con su propósito de entregar la investigación y el desarrollo de la universidad para que se tomen mejores decisiones, decisiones basadas en la democracia”.
Eduardo Saavedra, decano de la FEN-UAH y director Académico del CiPP, recordó que para el CiPP: “El empleo público ha sido siempre de gran preocupación de varios investigadores del Centro, dedicados al tema de modernización del Estado”. Una materia relevante pues: “Todo lo que se espera de una economía moderna requiere de un Estado, cuyos trabajadores den lo mejor de sí y tengan además el espacio para dar lo mejor de sí”. Revisa acá la transmisión del coloquio
Enrique Rajevic y Nicolás Fleet presentan resultados preliminares de investigación sobre el modelo de empleo público en Chile.
Los investigadores del CiPP UAH Enrique Rajevic y Nicolás Fleet, presentaron los resultados preliminares de una investigación que están realizando sobre el modelo chileno de empleo público, en el Coloquio organizado por el CiPP “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?.
En el marco del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), los investigadores del CiPP Enrique Rajevic y Nicolás Fleet, expusieron las principales conclusiones de un “policy paper” que prepararon con ocasión de este evento, que contiene los primeros resultados del proyecto de investigación, financiado por el Fondecyt Regular N° 1231868 de 2023, denominado“¿Tiene Chile un Servicio Civil Profesional e imparcial?.
En su exposición, los académicos hicieron referencia a un panorama conceptual, doctrinario y estadístico de la evolución de la carrera funcionaria en Chile como también de sus patrones de crecimiento y estabilidad e inestabilidad en el periodo de 1995 a 2022.
Enrique Rajevic, quien se desempeña como secretario general de la UAH, destacó que un servicio civil profesional e imparcial es esencial para la continuidad y el desarrollo adecuado de las políticas públicas, más allá de los cuatro años que dura cada gobierno. Esto supone una regulación que impida una excesiva influencia de la política en el empleo público. “Nosotros queremos contribuir con este trabajo generando mejores evidencias y datos como también avanzar en algunas líneas para mejorar el empleo público”.
Rajevic señaló que se debe garantizar la separación entre las funciones de gobierno y administración como también el acceso igualitario e imparcial al empleo público. “Cuando decimos imparcial nos referimos a que las personas que estén en la administración pública no estén gracias al gobierno de turno, sino que por una vocación de servicio que trascienda al gobierno que está en ese momento, es lo que se ha denominado eficacia indiferente, esto quiere decir que se trabaja con la misma preocupación y profesionalismo si gobierna la derecha, la izquierda o el centro”.
El profesor Rajevic también abordó el tema de la confianza y cómo impacta en ella contar con funcionarios/as públicos mejor preparados. Señaló que la confianza en las instituciones públicas ha caído fuertemente y que contar con un empleo público profesional e imparcial permite tener personas que estén mejor preparadas y especializadas, fortaleciendo la integridad y la continuidad de las políticas públicas. “Permite que no haya funcionarias y funcionarios preocupados de no hacerle el favor a quién está gobernando”.
El académico destacó la promulgación de la Ley de Protección al Denunciante, normativa que entrega protección a funcionarios/as públicos que sean testigos o víctimas de hechos de corrupción y que denuncien estas situaciones. “Esta ley permite que las personas que trabajan en la administración pública tengan buenos incentivos para proteger la probidad, lo que produce mayor confianza ciudadana”.
Por su parte, Nicolás Fleet, quien es académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, explicó que la modalidad de contratación denominada “a contrata” ha pasado a ser la forma predominante en la administración pública, donde se observa un crecimiento sostenido. “El estudio muestra que las y los trabajadores de planta constituían el 70,4% de la administración pública en 1995, y las contratas el 25,6%, sin embargo, en 2022 este cuadro cambia drásticamente ya que los funcionarios de planta alcanzan un 24,8% del total de dotación mientras que aquellos contratados bajo la modalidad “a contrata” suman un 69,4%.”.
Fleet, aclaró que, si bien se observa un aumento de la dotación del personal de la administración pública en Chile, nuestro Estado no es grande, destacando que la evidencia internacional muestra que para un buen funcionamiento se requiere un sector público profesional y bien dotado. “Los países desarrollados tienen un Estado que es más grande que el chileno y a pesar de que se observa un crecimiento nuestro Estado sigue siendo pequeño”.
El investigador afirmó que ha existido un proceso de modernización del Estado, pero este avance choca con la politización que hace más difícil ponerse de acuerdo. “Desde mi punto de vista hay una camisa de fuerza porque el Estado tiene un marco neoliberal y no puede desarrollar con total despliegue algunas capacidades que están dormidas sobre todo en el ámbito productivo y en el desarrollo de funciones públicas como la educación y la salud”, enfatizó Fleet.
¿Por qué no avanzamos? fue la interrogante planteada a las y los expertos que participaron en el primer panel del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el CiPP de la UAH.
El primer panel de reflexión realizado en el marco del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) fue moderado por el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, y tuvo como foco conversar acerca de las razones que explican que el mundo político no le dé prioridad a modernizar el modelo de empleo público chileno pese a sus evidentes carencias. Participaron de esta conversación, el coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos, la cofundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo asesor de la Fundación Pivotes, Amaya Fraile, y el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris.
El coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos señaló que existe una deuda en cuanto a la modernización del Estado enfatizando que hay una inmovilidad y que es necesario indagar en las causas de esta situación. Un primer elemento que menciona es que Chile fue reconocido por tener un estatuto público común, ”más allá de la legitimidad de su origen”. Por ello, una de las preguntas que se deben responder es “¿Qué pasó con el estatuto unificador?” destacando que esta normativa hizo que Chile fuese reconocido por tener un estatuto administrativo que logró aunar al sector público con todas sus complejidades.
Lavanderos explicó que la situación actual es muy diferente, dado que existe “una hipertrofia de los sectores y subsectores públicos” y hay sectores donde el estatuto administrativo es incluso minoritario como norma general. “(…) y estamos llenos de normas especiales, y hemos producido una atomización en la reglamentación y en la normativa que rige el sector público chileno”.
Para ejemplificar se refiere a la situación compleja que se da en el sector de la salud donde no existen estatutos comunes, sino que hay cuatro leyes diferentes para los médicos. Incluso a las y los facultativos que trabajan en urgencia se les aplican tres normativas distintas. “En definitiva, actualmente existe una gran diversidad para gestionar la administración pública y no existe un patrón único”. Concluye Lavanderos este punto señalando que esta situación ha hecho repensar el origen y genera la pregunta válida “de si Chile necesita o no un estatuto único de empleo público o nos vamos por el camino de los estatutos sectoriales”, y aunque la pregunta no sea fácil de responder, de no querer hacerla “mover la aguja del empleo público, no será fácil”.
En su intervención, la cofundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Pivotes, Amaya Fraile, plantea que es importante precisar cuál es el concepto de “empleo público” que se quiere analizar, que no se limita a quienes están regidos por el estatuto administrativo sino “a todos quienes trabajan en el Estado” que según sus estimaciones llegaría a un millón de personas aproximadamente. Por lo que cuando se habla de empleo público se habla de una gran diversidad, donde se han ido creando distintos estatutos y normativas para distintos grupos dentro del Estado.
En opinión de Fraile, esta atomización de normas también es una causa que ha complejizado la modernización del Estado y ha producido una inamovilidad, a raíz de la gran cantidad de estatutos que existen “le dan poder a la inamovilidad porque surge la pregunta ¿Qué parto reformando? (…) esta realidad le ha dado poder al estatuto para que no se toque”.
Amaya Fraile, sostuvo que no solo se debe buscar la solución a través de la “inamovilidad per se” que permite que las personas no sean desvinculadas de la administración pública sino que también le parece que es importante ver qué aspiraciones tienen los funcionarios para su carrera. “Creo que es importante analizar qué es lo que quiere ese empleado público de su carrera recordemos que se aplicó una consulta pública que se aplicó antes del anteproyecto de ley y que tuvo 58.000 mil respuestas donde participaron el 60% de funcionarios y un 40% de no funcionarios. Los resultados mostraron que existía un 90% de acuerdo para que existiera una única modalidad contractual con indemnización por despido es decir yo no sé si eso sea lo mismo que inamovilidad”, expuso la panelista.
La especialista declaró que es importante plantearse ¿qué es lo que buscamos?¿Qué necesitamos del empleo público para que sea productivo? ¿Buscamos un Estado que responda a las necesidades de sus ciudadanos o a la estabilidad de sus funcionarios?. “Me parece que son dos preguntas que debemos hacernos tratando de llegar a un equilibrio y no tengo la respuesta de cuál puede ser ese equilibrio”.
Finalmente, cerrando este panel, el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris, expresó que para responder la pregunta del panel “¿Por qué no avanzamos” es fundamental tener en claro que cuando se diseña cualquier tipo de sistema institucional referido al empleo “hay que resolver un problema de agencia” que implica solucionar el problema entre las expectativas que tienen los políticos y el sistema político y las que tienen en este caso las y los empleados públicos y la administración, situación que no está resuelta en Chile. “Creo que la clave es cómo logramos definiciones, más allá de los estatutos, que se traducen en normas y leyes de rango constitucional y otras de rango legal para lograr separar las carreras de los políticos de aquellos que están en la administración pública, cómo hacemos muy costoso cambiarse de un lugar a otro”.
Parísseñaló que es importante escuchar a las personas y manifestó su preocupación por los datos entregados por la última encuesta, CEP, correspondiente al periodo septiembre a octubre de 2023, que reveló que el 59% de las y los encuestados considera que el nivel de corrupción es mucho mayor que hace 5 años atrás. “No recuerdo que los datos que se muestran tuvieran esta magnitud en encuestas anteriores. Lo más alarmante es que el 73% percibe que la corrupción está extendida en el servicio público a mucha gente o en casi toda la gente. Entonces cuando hablamos de empleo público es vital poner atención en la percepción y expectativas que tiene la ciudadanía acerca de lo que hace el Estado y sus funcionarios y funcionarias”.
El decano de la FEN de la Universidad Santo Tomás, consideró también que es importante mirar la tradición del empleo público en Chile para aprender de esta experiencia y no volver a copiarla ya que el modelo de empleo público antes de los noventa y del golpe de Estado era un modelo de patronazgo. “No era un modelo de carrera funcionaria lo que no es solo una característica chilena sino en el mundo, probablemente los países más desarrollados migraron desde los modelos de patronazgo a los de mérito”.
Empleo público en Chile: ¿Hacia dónde deberíamos avanzar?
El segundo panel de reflexión realizado en el marco del Coloquio CiPP “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, tuvo como foco abordar las perspectivas de cómo mejorar el modelo chileno de empleo público y contar con una Administración Pública eficaz para servir a las personas.
¿Hacia dónde deberíamos avanzar? fue la interrogante que abordó el segundo panel del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Moderó este panel el Vicerrector Académico de la UAH e investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, quien fue durante 8 años integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil de Chile, institución que hace pocos días atrás le entregó un reconocimiento por su apoyo, profesionalismo y compromiso con la función pública y la gestión de personas en el país.
Participaron de este diálogo, el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón, la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Beatriz Corbo, el director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF, José Pérez Debelli.
En la primera intervención, el académico de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón, explicó que en los países europeos existe una administración pública profesional y no politizada, lo que significa que el ingreso al Estado se realiza rindiendo pruebas selectivas que miden el mérito y la capacidad. “Prácticamente en todos los estados europeos se cuenta con una función pública profesional e imparcial. Durante el siglo XIX la mayoría de los estados europeos adquirieron la convicción de que era necesario contar con una función pública o una burocracia profesionalizada para garantizar las funciones del Estado y asegurar de manera imparcial el funcionamiento de los servicios”.
Morón relató que este fenómeno se fue dando de manera paulatina en los diferentes países europeos y que en el caso de España se consolidó en 1918 cuando se aprobó un estatuto legal que garantizó la inamovilidad de las y los funcionarios públicos que accedieran a los diferentes servicios estatales.
Por su parte, la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Beatriz Corbo, se refirió al sistema de Alta Dirección Pública cuyo objetivo es dotar a las instituciones de gobierno, a través de concursos públicos y transparentes, de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas definidas por la autoridad. “Este sistema ha logrado instalarse a pesar de lo contra cultural que fue en sus orígenes, hoy nadie pone en duda la relevancia de los procesos de selección donde el mérito, la igualdad y la no discriminación son elementos centrales”, destacó la panelista.
La especialista recalcó que un gran avance en la modernización del Estado sería contar con una mejor distinción entre aquellos cargos que son de gobierno y los que son propios de la administración pública. Además, dijo que el empleo público y la Alta Dirección Pública requieren de una mirada sistémica porque hoy hay mucha asimetría entre la estabilidad de los empleados públicos y la inestabilidad de los altos directivos.
El director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente, indicó en su exposición que para lograr una profesionalización del empleo público se requiere de un conjunto de reformas en cinco temas clave: la meritocracia, la desburocratización, la transparencia, el mestizaje ideológico y la experimentación o fontanería.
Lapuente recalcó que la “meritocracia” se refiere a lograr y mejorar la profesionalización de la administración pública y que hay datos que muestran una relación entre profesionalización y menor corrupción. “La encuesta “Expertos” que realiza el Instituto de Cualidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo muestra que una profesionalización de la administración pública se relaciona con indicadores menores de corrupción”.
La “desburocratización” es, según Lapuente, un tema que deben mejorar España y Chile. Señala que vale la pena mirar como ejemplo a Nueva Zelanda donde existe una mayor autonomía de los recursos humanos. En relación a la “transparencia” aclaró que es necesario que exista un acceso a la información porque esto aumenta la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
En cuanto al “mestizaje ideológico» nuevamente puso de ejemplo el modelo de administración pública de Nueva Zelanda donde se observa muy bien este concepto. En cuanto a la “experimentación y fontanería” manifestó que es necesario contar con directivos creativos que prueban diferentes medidas y las evalúen. “Me gusta pensar que el directivo público es un científico o un fontanero porque como diría la premio nobel de economía, Esther Duflo, no existen botones mágicos para las políticas públicas. En realidad deberíamos ser como fontaneros que luchamos contra la ignorancia, la ideología y la inercia”, expresó Victor Lapuente.
En su exposición, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, sostuvo que la modernización del Estado sigue siendo un desafío pendiente enfatizando que es importante que estas transformaciones sean realizadas con la participación de las y los empleados públicos. “Es un tema que se habla, pero no se concreta donde la ANEF ha estado siempre dispuesta a conversar y a contribuir en este proceso. Las y los funcionarios públicos podemos hacer una importante contribución porque somos los que más conocemos los servicios y el Estado”.
Perez Debelli destacó que la ANEF cumplió 80 años que han estado caracterizados por abrazar un sindicalismo sociopolítico, no partidista, donde han tenido y tienen una opinión de lo que pasa en nuestra sociedad y el mundo. “Poseemos una mirada sobre el Estado que también busca que sea más moderno, fuerte, presente, participativo y activo, tenemos mucho que decir y aportar. Esperamos sentarnos con el gobierno en una mesa sectorial para abordar estos temas”.
El dirigente argumentó que no se debe perder el foco de que la administración pública tiene por principal función servir a la ciudadanía y que son las y los funcionarios del Estado quienes ejecutan las políticas públicas por lo que es fundamental que tengan un “trabajo justo” donde existan y se reconozcan los derechos colectivos .Además, planteó que el Estado subsidiario restringe a la administración pública. “Limita a las trabajadoras y trabajadores en sus funciones y tareas. Por ejemplo a los cerros de Antofagasta no pueden acudir porque ahí están las fundaciones donde, lamentablemente, hay gente que pretende llevarse el Estado para la casa, denunció el presidente de la ANEF.
En el cierre de este segundo panel, el Vicerrector Académico de la UAH, Eduardo Abarzúa, elogió la realización de este coloquio al entregar un análisis de la realidad del empleo público en Chile, junto con entregar herramientas y propuestas concretas para abordar la modernización del Estado. También valoró las exposiciones de los profesores Sanchez Morón y Lapuente en tanto han permitido visualizar cómo se ha abordado este proceso en España y otros países.
Coloquio CiPP analizará el sistema de empleo público chileno
Destacados académicos/as y expertos/as se darán cita el próximo martes 21 de noviembre, en un coloquio CiPP que examinará el modelo chileno de empleo público y formulará propuestas para mejorar su profesionalidad e imparcialidad.
“¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?” es el título del cuarto y último coloquio que realizará el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), como parte de un ciclo sobre políticas públicas que ha convocado este segundo semestre 2023. El encuentro se efectuará el próximo martes 21 de noviembre entre las 09:00 y las 13:00 hrs. en el auditorio E11 de esta casa de estudios (Erasmo Escala #1823, Santiago). El objetivo es reflexionar sobre las dificultades que presenta el modelo chileno de empleo público para asegurar su profesionalidad e imparcialidad y realizar propuestas para avanzar en esa dirección.
En la oportunidad, los investigadores del CiPP y académicos de la UAH, Enrique Rajevic y Nicolás Fleet, presentarán un panorama conceptual, doctrinario y estadístico de la evolución de la carrera funcionaria en Chile, como también de sus patrones de crecimiento y estabilidad e inestabilidad en el período 1995 al 2022.
Este evento se realizará en el marco del proyecto Fondecyt Regular 2023 que se adjudicó Enrique Rajevic cuyo nombre es “¿Tiene Chile un servicio civil profesional e imparcial?”, investigación que parte del supuesto de que un servicio civil o sistema de empleo público debe ser profesional e imparcial para determinar la continuidad y el desarrollo adecuado de las políticas públicas, además de favorecer la integridad del servicio. “La idea de este coloquio es analizar cómo podemos contar con un modelo de empleo público que vaya más allá de los gobiernos de turno. El proyecto Fondecyt que estamos desarrollando junto a Nicolás Fleet va en esa línea, donde el desafío es contar con una administración pública que funcione obviamente bajo la dirección del gobierno pero que no deba reinventarse cada cuatro años”, destaca el académico.
En tanto el coinvestigador de este proyecto Fondecyt, Nicolás Fleet, enfatiza que en esta investigación les interesa también avanzar en la observación estadística del estado. “Es un aspecto muy poco claro en Chile, sobre todo en poder estimar en qué medida los patrones de crecimiento obedecen a cambios políticos, ya sea de política pública o bien a cambios de gobierno, y en qué medida la rotación de funcionarios con estos cambios de política se inscribe o no dentro de una profesionalización y por lo tanto mayor capacidad de la gestión pública», explica el sociólogo.
En el evento participarán también el Director Jurídico de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic, el Subdirector(s) de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil de Chile, Cristóbal Valdivieso el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris, el Coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos, el Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF, José Pérez Debelli, el Director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotenburgo, Víctor Lapuente, y el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón.
Inteligencia artificial: ¿Cómo proteger la intimidad, imagen y voz de las personas?
Michelle Azuaje, investigadora del CiPP UAH, en una columna de opinión publicada en el medio El Mostrador, se refiere a la importancia de tener una legislación que proteja a las personas de las diversas aplicaciones y contenidos que recrean tanto imágenes como voces utilizando la inteligencia artificial (IA).
En una columna de opinión titulada “Clonación de voces e imágenes con inteligencia artificial: ¿qué tan protegidos estamos?”, publicada por el medio El Mostrador, la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje, se refiere a la importancia de tener una normativa que resguarde los derechos al honor, intimidad, imagen y voz de las personas frente a las problemáticas éticas y jurídicas que se derivan del uso generalizado de la inteligencia artificial (IA), que en la actualidad permite mantener conversaciones con la percepción de que se trata de una persona real o la creación de canciones con la voz casi idéntica de destacados artistas.
Azuaje contextualiza el tema recordando la situación ocurrida con el cantante Bad Bunny donde un joven chileno se hizo viral al crear una canción con IA y usar la voz del artista puertorriqueño. También expone la situación de Scarlett Johansson quien estableció una demanda por la clonación de su voz e imagen a través de una app. “Casos como estos hacen temer también por el uso inadecuado de la voz e imagen de los artistas, que hoy se ven enfrentados a nuevas amenazas”, señala la académica.
La abogada explica que la IA impone nuevos desafíos para el derecho, ya que, si bien existen normativas que protegen la imagen y la voz de las personas, artistas, e intérpretes puede que estas no sean suficientes. En este aspecto destaca la creación en España de la Ley Orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial. “(Esta Ley) busca entre otras cosas, identificar contenidos generados por IA; delimitar infracciones y responsables de la utilización de la IA cuando vulneren las condiciones de la normativa sobre comunicaciones audiovisuales; actualizar la normativa penal para calificar como “injuria” la simulación de imágenes o voces de personas generadas por IA sin autorización y con ánimo de menoscabar el honor, fama, dignidad o la propia estimación de una persona o con fines de publicidad; crear nuevas medidas cautelares para facilitar la retirada urgente de imágenes o audios generados con IA sin autorización; así como crear un nuevo delito electoral, para sancionar la difusión de forma intencionada de imágenes o audios de las personas candidatas que estuviesen alterados o recreados mediante el uso de IA”, destaca Michelle Azuaje.
“Le Monde Diplomatique” destaca reflexión realizada en el Coloquio CiPP sobre la revolución 4.0
La edición chilena del medio “Le Monde Diplomatique” realizó una cobertura especial de las reflexiones realizadas durante el Coloquio organizado por el CiPP UAH “La Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?”.
Una cobertura especial sobre el coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?”, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizó la edición chilena on line del medio “Le Monde Diplomatique”, publicación francesa que ofrece análisis y opiniones documentadas sobre política, cultura y actualidad mundial. El medio recogió en una nota las opiniones vertidas por los panelistas sobre las implicancias y consecuencias que provocarán los cambios tecnológicos en Chile y el resto de América Latina, en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
La columna titulada “Las nuevas tecnologías amenazan con aumentar las brechas entre América Latina y los países desarrollados” destaca las intervenciones de Juan Jacobo Velasco, Oficial Nacional de Información Laboral de la Oficina de OIT para el Cono Sur de la OIT; del Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel y del investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, Carlos García, quienes participaron en el coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?” organizado por el CiPP de la UAH el pasado 17 de octubre de 2023.
De las palabras de Juan Jacobo Velasco de la OIT, se releva su reflexión sobre los fuertes impactos que están teniendo los cambios tecnológicos en el mercado laboral, los procesos de producción y el consumo en América Latina. “En este contexto podría aumentar la brecha entre los países latinoamericanos y las naciones desarrolladas, al igual que las desigualdades de ingresos, de derechos y de oportunidades en la región”, expresó Velasco.
También la nota hace referencia a la opinión del Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel, quien durante el encuentro destacó que Chile está a la vanguardia en tecnología en la región. “Recientemente fue lanzado el índice latinoamericano de inteligencia artificial (IA) y si bien ahí queda en evidencia que Latinoamérica está lejos de las grandes potencias como Estados Unidos, Europa y Asia, dentro de la región, Chile destaca por su capacidad de infraestructura y de conocimiento”.
El medio “Le Monde Diplomatique” destaca asimismo el análisis realizado por Carlos J. García, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, quien señaló que un aspecto clave para poder sumarse y adaptarse a estos cambios es el nivel de desarrollo del capital humano. Agregó el académico que la revolución 4.0 aún está en proceso de maduración y que tiene sus matices claroscuros, en el análisis de las economías emergentes, sin embargo se debe estar atento a sus potenciales efectos negativos. “Habrá un impacto negativo en los salarios reales, aumentará la brecha de género y la distribución del ingreso”, advirtió García.
Mauricio Castillo, investigador del CiPP UAH, en una columna de opinión publicada en CNN Chile aborda los desafíos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para poder sumarse a la revolución 4.0.
En una columna de opinión publicada en el medio CNN Chile, el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de esta casa de estudios, Mauricio Castillo, aborda los desafíos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para poder sumarse a la revolución 4.0. Entre ellos señala que resulta clave el contar con acceso a internet en todo el territorio nacional con conexiones de alta velocidad y redes estables.
Castillo, quien también es miembro de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), explica que la gran mayoría de las pymes no tiene recursos para sumarse a este cambio, situación que se observa en toda América Latina y el Caribe. En esta región, las Pymes representan casi el 90% de las unidades productivas y generan el 60% del empleo formal presentando niveles bajos de rendimiento en relación a las grandes compañías. “A esto se suma que los factores fundamentales de competitividad y crecimiento han ido en declive en la región. Ante este panorama, la adopción de tecnologías digitales, que están ganando relevancia a nivel mundial, puede ofrecer una oportunidad para mejorar su sostenibilidad y existencia en los diferentes países del área”, afirma el académico.
Mauricio Castillo, declara que esta transformación digital impactará las industrias manufactureras de manera significativa en las cadenas de suministro, los modelos de negocio y los procesos comerciales.
Asimismo, indica que en países como el nuestro resulta clave promover acuerdos amplios entre todos los sectores involucrados. ”Las PYMES en nuestro país se enfrentan a esta realidad sin muchos recursos, capacidades ni conocimientos. Por ello se hace urgente aunar esfuerzos para alcanzar un acuerdo público-privado que comprometa al gobierno, la academia, la sociedad civil y, por supuesto, al mundo empresarial”, subraya Castillo.
La educación de niñas y niños migrantes forzados y refugiados
La necesidad de respetar y cumplir con el derecho a la educación de las niñas y niños migrantes forzados y refugiados en el mundo, es abordado en una columna en el medio The Clinic por Cristóbal Madero, investigador del CiPP UAH en el marco de la conmemoración mundial del día del migrante forzado y el refugiado.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Cristóbal Madero, publicó la columna “No podemos olvidar el derecho a la educación de migrantes forzados” en el medio The Clinic, con motivo de la conmemoración del día del migrante forzado y el refugiado, iniciativa impulsada desde 1914 por la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil. “Se trata de un día para tomar conciencia y solidarizar con lo que significa en la vida de las personas y comunidades el migrar forzadamente, no por opción, y acogerse a refugió en una tierra distinta a la del nacimiento”, señala el investigador.
Madero, quien es académico de la Facultad de Educación de la UAH, afirma que existen múltiples vulneraciones que enfrentan estas personas. Sin embargo, para él, el derecho a la educación se transforma en un hecho sensible y relevante pues entre el 2021 y el 2022, el número de refugiados en edad escolar creció en un 50%, de 10 a 14.8 millones de niños y niñas. “7 millones no tienen acceso a educación. El nivel educativo más disponible es la primaria, en donde solo pueden ser recibidos 6 de cada 10 niños y niñas. La rapidez a la que crece el número de refugiados en el mundo no hace previsible ni a corto ni mediano plazo una mejora de esta situación”, advierte el docente.
Las cifras oficiales de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, señalan que existen 35.3 millones de refugiados, 5.4 millones buscando acogerse a esa condición, 62.5 millones de desplazados internos y 5.2 millones de personas con necesidad de protección internacional. “Hablamos de una población de más de cinco veces el tamaño de Chile. Nunca había habido tantas personas en esta situación en la historia de la humanidad. 3 de cada 4 de estas personas migran a países de ingresos bajos y medios, y solo 114.300 de 108.400.000 han sido reasentados en un tercer país con proyección de una mejor vida”, argumenta el investigador del CiPP.
El investigador del CiPP UAH, Mauricio Castillo, participó en la reunión anual de la Red Iberoamericana de Universidades para la Innovación y el Desarrollo Sostenible (REDUiS) realizada los primeros días de octubre en ciudad del Saber en Panamá, donde se trabajó el modelo de “cuádruple hélice” y su contribución al ecosistema de innovación.
Mauricio Castillo, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó en el Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Universidades para la Innovación y el Desarrollo Sostenible (REDUiS) que se realizó en la ciudad del Saber en Panamá la semana del 02 de octubre de 2023. El objetivo de este evento en el que se dieron cita especialistas y académicos/as de alto nivel, fue analizar el modelo de “cuádruple hélice” que plantea que la estructura económica de un país se basa en la colaboración de empresas, universidades, gobierno y sociedad civil en un ambiente de colaboración que genere un ecosistema de innovación.
Consultado sobre la importancia del evento realizado, Mauricio Castillo, quien es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, valora el trabajo que realiza REDUiS y, en particular, que en este tipo de encuentros sea posible conocer la visión de diferentes investigadores, actores vinculados a parques tecnológicos, oficinas de transferencia tecnológica y centros de apoyo a la innovación, superando las dificultades propias de este tipo de iniciativas. “Estoy muy contento de participar en esta red, que nos ha permitido consolidar un equipo de trabajo con objetivos comunes. No es fácil convocar a un número tan importante de países en torno a una temática tan relevante, y el desafío era mayor, ya que los miembros también tenemos diversos perfiles”.
El propósito de REDUiS, formada en 2018 con 9 países miembros, es contribuir al desarrollo conceptual y metodológico del enfoque de Cuádruple Hélice y al desarrollo de modelos de innovación que ubiquen al ciudadano como centro de los procesos de innovación. La Red se trazó 4 ejes de trabajo: Análisis de estrategias de vinculación Universidad – Empresa – Gobierno – Sociedad Civil; Modelos de vinculación de Cuádruple Hélice; Hoja de ruta para la implementación del modelo de Cuádruple Hélice; y Estrategia de comunicación con una perspectiva de incidencia en política pública.
Mauricio Castillo explicó que además de trabajar en torno a los objetivos de la red, tuvieron la oportunidad de presentar las estrategias de vinculación de cuádruple hélice obtenidas de un estudio realizado por la Red a un conjunto de actores de la ciudad de Panamá, que incluía a las distintas partes interesadas. “Dentro de las actividades participamos en un Think Tank denominado “revolucionando el futuro con IA en los negocios”, organizado por Escala Latam en el marco de los cluster de innovación corporativa”, comentó el investigador del CiPP.
El proyecto REDUiS cuenta con el financiamiento del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), creado por los gobiernos de los países iberoamericanos para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoamérica. “Si bien este año se termina el financiamiento de CYTED, los miembros hemos decidido continuar con la red que será liderada por la corporación Uniminuto en Colombia”, advirtió Castillo.
Miriam Henríquez: el rol del Presidente en la propuesta constitucional
Miriam Henríquez, investigadora del CiPP UAH publicó una columna de opinión en el medio La Tercera donde se refiere a las normas transitorias que regularán el tránsito desde el actual orden jurídico al nuevo de aprobarse el nuevo texto constitucional y el rol del presidente.
Las normas transitorias que regularán el tránsito desde el actual orden jurídico al nuevo que regiría si se aprueba la propuesta de nueva constitución y el rol fundamental del Presidente de la República, es el tema que aborda Miriam Henríquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en una columna de opinión publicada en el medio La Tercera. “Casi la mitad de las normas transitorias delineadas están dirigidas al Presidente de la República para que dé curso a la tramitación de proyectos de ley”, explica la investigadora.
Henríquez, quien es decana de la Facultad de Derecho de la UAH, explica en su columna que el borrador de texto constitucional establece casi 60 normas transitorias cuyo objetivo es regular el tránsito desde el orden jurídico actual, enmarcado por la Constitución de 1980, al nuevo orden que regiría si se aprueba la nueva Constitución el 17 de diciembre.
Miriam Henríquez, destaca el rol fundamental que debería jugar el actual presidente de la República en este proceso. “En el evento de entrar en vigencia la nueva Constitución, el Presidente Boric deberá preparar e iniciar durante el año 2024 la tramitación de un número significativo de leyes que den forma a los órganos que se crean y para adecuar la legislación vigente”. Se trata de proyectos relacionados con la gestión y administración del Poder Judicial, la formación y el perfeccionamiento de jueces; el tribunal de Cuentas; la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las víctimas. También corresponde al jefe de Estado reformar las leyes del Ministerio Público, del Tribunal Calificador de Elecciones, de las municipalidades, del gobierno y la administración regional.
En la mayoría de los casos el plazo es de un año. “A diferencia de las normas transitorias que dispuso la Convención Constitucional, en el borrador no se establecen plazos al Congreso Nacional para la tramitación total de estas leyes, sino sólo a la Presidencia de la República para la presentación de los mencionados proyectos”, destaca Henríquez.
El trabajo formal y el deporte de alto rendimiento
Ana María Fernández, investigadora del CiPP UAH fue entrevistada en el medio RH Management donde se refiere a la precariedad laboral y el escaso apoyo que viven los deportistas de alto rendimiento en Chile.
Hugo Catrileo, maratonista chileno que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la época en que no era un deportista conocido, fue despedido de la empresa de telefonía en la que trabajaba como vendedor, debido a sus constantes entrenamientos. El sitio web “RH Management” entrevistó a Ana María Fernández, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, para conocer su opinión sobre esta problemática.
La académica afirma que si bien no existe una obligación legal para las empresas de dar facilidades a sus trabajadores y trabajadoras que realizan actividades deportivas de alto rendimiento, sería deseable que lo hagan, así como frecuentemente apoyan otras acciones vinculadas con el deporte.
Desde el punto de vista de las normas legales, señala Fernández, “no hay una obligación para la empresa en darle a un trabajador las facilidades o permisos para competir, para ensayar o lo que sea. Tampoco en el marco jurídico internacional del trabajo va más allá de este derecho de compatibilizar la vida familiar y laboral”.
Por lo tanto, un trabajador o trabajadora que se ausenta de su trabajo para realizar una actividad deportiva o de otro tipo, estaría faltando a sus obligaciones. “Ese trabajador está faltando a las obligaciones que emanan del Código del Trabajo, de su vinculación contractual”, explica la académica.
No obstante, Ana María Fernández, quien es académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, estima que sería deseable que las empresas apoyen este tipo de actividades “si las empresas financian clubes deportivos, camisetas y campeonatos, con más razón debería apoyar a sus trabajadores/as que están en ese tema. Sería muy poco consistente de una empresa que apoya al deporte que no lo hiciera en las competiciones de sus propios empleados/as”.
Por ello, algunas personas como la diputada Erika Olivera, han planteado la necesidad de hacer políticas públicas que apoyen a estos trabajadores que entrenan para el deporte de alto rendimiento.
El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado realizará el próximo martes 21 de noviembre un Coloquio denominado “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”.
En el marco de un ciclo sobre políticas públicas, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizará el próximo martes 21 de noviembre un Coloquio denominado “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”. El evento se desarrollará entre las 09:00 y las 13:00 hrs. en el Auditorio E11 de la UAH ubicado en Erasmo Escala #1823, Santiago.
El objetivo del Coloquio es reflexionar sobre las dificultades que presenta el modelo chileno de empleo público para asegurar su profesionalidad e imparcialidad y realizar recomendaciones a las y los tomadores de decisiones para avanzar en esa dirección.
En la oportunidad, los investigadores del CiPP y académicos UAH, Enrique Rajevic y Nicolas Fleet, presentarán un panorama conceptual, doctrinario y estadístico de la evolución de la carrera funcionaria en Chile, como también de sus patrones de crecimiento y estabilidad/inestabilidad en el período 1995 al 2022.
Con posterioridad, se abrirá un espacio de reflexión junto a destacados invitados e invitadas nacionales e internacionales. En un primer panel titulado «¿Por qué no avanzamos?», se conversará acerca de las razones que hacen que el mundo político no le dé prioridad a modernizar este modelo pese a sus evidentes carencias.
Mientras que en el segundo panel «¿Hacia dónde deberíamos avanzar?», se abordarán las perspectivas de cómo mejorar el modelo chileno y contar con una Administración Pública eficaz para servir a las personas. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto FONDECYT Regular N° 1231868 de 2023 (¿Tiene Chile un servicio civil profesional e imparcial?).
Al finalizar la actividad, se entregará un certificado de participación a todas las personas asistentes. Para cualquier consulta adicional, no dude en contactarse a través del correo cipp@uahurtado.cl
Programa Coloquio CiPP
08:45 -09:00 Recepción y acreditación de participantes.
9:00 – 09:30 Inauguración:
Eduardo Saavedra, Director Académico CIPP.
Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.
Cristóbal Valdivieso, Subdirector (S) Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil de Chile.
9:30 – 10:00 Presentación Policy Paper: Enrique Rajevic y Nicolas Fleet, investigadores CiPP y académicos de la Universidad Alberto Hurtado.
10:00 – 11:00. Panel: ¿Por qué no avanzamos?
Modera: Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales.
Enrique Paris Horvitz, Decano Facultad de Economía y Negocios en Universidad Santo Tomás.
Amaya Fraile, Co-fundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo asesor de la Fundación Pivotes.
Rodrigo Lavanderos Werner, Coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda.
José Pérez Debelli, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF.
Miguel Sánchez Morón, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Víctor Lapuente, Director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotenburgo.
Beatriz Corbo, Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
12:30 – 13:00 Clausura.
*Aquellas personas que vivan fuera de Santiago de Chile podrán solicitar el link para participar de esta actividad vía streaming al correo cipp@uahurtado.cl
Te invitamos a inscribirte para asegurar tu participación a través del siguiente enlace.
Coloquio CiPP “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”
En el marco de un ciclo sobre políticas públicas, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizará el próximo martes 21 de noviembre un Coloquio denominado “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”. El evento se desarrollará entre las 09:00 y las 13:00 hrs. en el Auditorio E11 de la UAH ubicado en Almirante Barroso #10, Santiago.
En este cuarto coloquio CiPP se abordarán las dificultades que presenta el modelo chileno de empleo público para asegurar su profesionalidad e imparcialidad. En un primer panel de conversación titulado «¿Por qué no avanzamos?» se reflexionará acerca de las razones que hacen que el mundo político no le dé prioridad a modernizar este modelo pese a sus evidentes carencias. Mientras que en el segundo panel «¿Hacia dónde deberíamos avanzar?» se abordarán las perspectivas de cómo mejorar el modelo chileno y contar con una Administración Pública eficaz para servir a las personas.
Esta actividad se realiza en el marco del proyecto FONDECYT Regular N° 1231868 de 2023 (¿Tiene Chile un servicio civil profesional e imparcial?).
Al finalizar la actividad, se entregará un certificado de participación a todas las personas asistentes. Para cualquier consulta adicional, no dude en contactarse a través del correo cipp@uahurtado.cl
Programa preliminar Coloquio CiPP
08:45 -09:00 Recepción y acreditación de participantes.
9:00 – 09:30 Inauguración: Eduardo Saavedra, Director Académico CIPP.
9:30 – 10:00 Presentación Policy Paper: Enrique Rajevic y Nicolas Fleet, investigadores CiPP y académicos de la Universidad Alberto Hurtado.
10:00 – 11:00. Primera Mesa de reflexión: ¿Por qué no avanzamos?
Enrique Paris Horvitz, Decano Facultad de Economía y Negocios en Universidad Santo Tomás.
Gloria Hutt Hesse, Presidenta Evópoli y Consejera Constitucional por la Región Metropolitana.
11:00 – 11:30: Coffee Break
11:30 – 12:30 Segunda Mesa de reflexión ¿Hacia dónde deberíamos avanzar?
José Pérez Debelli, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF
Miguel Sánchez Morón, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Víctor Lapuente, Director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
12:30 – 12:45 Clausura.
*Aquellas personas que vivan fuera de Santiago de Chile podrán solicitar el link para participar de esta actividad vía streaming al correo cipp@uahurtado.cl
Te invitamos a inscribirte para asegurar tu participación a través del siguiente enlace.
María Paz Trebilcock: “vivir en campamentos es un acto de violencia estructural”
La investigadora del CiPP UAH, María Paz Trebilcock, reflexiona en una columna de opinión publicada en los medios Cambio XXI y El Periodista, sobre la ley de usurpaciones y el déficit de vivienda en nuestro país y sus impactos, en el marco de las actividades de divulgación de los principales resultados del Coloquio “Acceso a la vivienda en campamentos: un problema de violencia estructural”, realizado por el CiPP el 03 de octubre recién pasado.
En una columna difundida en los medios Cambio XXI y El Periodista, la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), María Paz Trebilcock, publicó la columna Ley de usurpaciones: ¿quién responde por el déficit de vivienda?, donde analiza la falta de viviendas en Chile, el aumento sostenido de los valores en el mercado inmobiliario, los altos costos de los arriendos y la proliferación de los campamentos en Chile.
Esta columna forma parte de las actividades de divulgación de los principales resultados del Coloquio “Acceso a la Vivienda en Campamentos: un problema de violencia estructural”, que fue realizado por el CiPP el 03 de octubre pasado, con la colaboración del Centro de Estudios en Conflictos y Cohesión Social (COES) y del Instituto Milenio de investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).
La académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, se pregunta en esta columna sobre las soluciones que se darán al problema de falta de viviendas que existe en Chile, agregando que la política habitacional deja afuera a muchas personas. “Las soluciones que provee la política habitacional son lentas y excluyen a un sinnúmero de chilenas y chilenos por no cumplir ciertos requisitos que la misma ley resguarda. Si a esto se suma una ley de usurpaciones que criminaliza con penas de cárcel a quienes habitan en asentamientos informales ¿qué se va a hacer para dar soluciones de vivienda?”, explica la socióloga.
María Paz Trebilcock señala que vivir en campamentos es un acto de violencia estructural porque el Estado se desliga territorial e institucionalmente de proveer el derecho a la vivienda. “Son los hogares más pobres, donde no llegan las políticas sociales, los que usando sus propios recursos buscan una solución temporal al problema de vivienda”, enfatiza la investigadora del CiPP.
La docente declara que es urgente contar con una ley que resuelva el problema de vivienda en el país y que no es justo que las y los ciudadanos paguen con multas o privación de libertad la ineficacia estatal que no ha sido capaz de garantizar este derecho que hasta el día de hoy se les ha negado.
Carlos J. García: El gobierno ha sido bastante más sensato que el Banco Central
Carlos J. García, investigador del CiPP UAH, en la columna “Luces y sombras del presupuesto 2024” publicada en el diario La Tercera analiza el presupuesto 2024 presentado por el gobierno al parlamento calificándolo de moderado y que contribuirá al crecimiento del próximo año y a resolver problemas sociales puntuales, sin grandes cambios.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Carlos J. García, en una columna titulada “Luces y sombras del presupuesto 2024” publicada en el diario La Tercera explica que el presupuesto 2024 es moderado y que contribuirá en casi un punto al crecimiento del próximo año focalizándose en salud, educación, vivienda, seguridad, emergencias, cuidados y cultura.
“El gobierno ha sido bastante más sensato que el Banco Central, que después de mantener por largos nueves meses la tasa de interés de política de interés en 11,25%, se está viendo obligado a reducirla de manera abrupta y a los niveles observados en otros países”, afirma Carlos J. García en esta columna de opinión, indicando que desde el punto de vista del crecimiento a largo plazo el presupuesto es modesto y que básicamente está destinado a resolver temas sociales puntuales pero no existirán grandes cambios.
En definitiva, García plantea que “el Chile de 2024 será, probablemente, un poco mejor que el Chile de 2023. Nada comparable a la experiencia actual de los países desarrollados y su marea de subsidios al sector tecnológico que están produciendo polos increíbles de desarrollo, nuevas invenciones y una demanda sideral de capital humano especializado”.
El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH enfatiza que es necesario tener una inversión pública mayor y un pacto fiscal mucho más audaz ya que el crecimiento potencial de la economía chilena es cada vez más pequeño. “Subrayo “con suerte” porque el crecimiento potencial de nuestra economía es cada vez menor desde comienzos de este siglo. Así, los ingresos tributarios seguirán siendo limitados, alcanzando solo para hacer ajustes parciales, todos insuficientes para conseguir el desarrollo económico”, concluye el economista.
Enrique Rajevic en Congreso Multigremial: “Hoy existe una ciudadanía activa, preocupada y crítica ante el crecimiento urbano”.
El investigador del CiPP UAH Enrique Rajevic, participó como panelista en el “1er Congreso Multigremial: Crisis de Vivienda y de Ciudad, una emergencia para todos” que se realizó el 24 de octubre en el Ex Congreso Nacional. El académico expuso sobre “Las certezas jurídicas y los permisos de construcción”, donde afirmó que hoy existe un cambio de paradigma al existir una ciudadanía más informada y empoderada y con mayor preocupación por el tema urbanístico.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) Enrique Rajevic, participó como panelista en el “1er Congreso Multigremial: Crisis de Vivienda y de Ciudad, una emergencia para todos” que se realizó el 24 de octubre en el Ex Congreso Nacional, y que tuvo como objetivo generar propuestas efectivas que permitan revertir urgentemente las fuertes problemáticas que está viviendo el sector de la construcción que, en su conjunto, impiden la reactivación económica, desincentivan la producción de viviendas y dificultan la implementación del Plan de Emergencia Habitacional.
La instancia fue organizada por las entidades participantes de la Mesa Multigremial que está compuesta por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de directores de Obras, la Asociación de Revisores Independientes, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de Chile. Esta organización se define como un esfuerzo público-privado conjunto para mejorar el desarrollo de la actividad, considerando que las instituciones participantes comparten un propósito común: la construcción de mejores ciudades para las personas.
Enrique Rajevic expuso sobre “Las certezas jurídicas y los permisos de construcción” explicando que en los años 90 lo importante era construir y crecer lo que se refleja al realizar un análisis de la “ley número 19.472 de la calidad de la construcción” de 1996 y de la “ley número 19.878 de publicidad para gestiones administrativas sobre construcción” del año 2003.
El académico de la Facultad de Derecho de la UAH y secretario general de esta casa de estudios, afirmó que hoy existe un cambio de paradigma porque existe una ciudadanía mucho más informada, preocupada por el tema urbanístico y empoderada. “Hoy no toda inversión es vista como positiva, en la actualidad hay una ciudadanía activa, preocupada y crítica ante el crecimiento urbano”, explicó el abogado.
Rajevic puntualizó que se necesitan equipos estables en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que las políticas tengan permanencia porque en la actualidad se observa que hay una rotación de acuerdo con el gobierno de turno.“Uno quisiera ver más continuidad en ciertas políticas, hay un tema pendiente de modernización del Estado que permita una separación entre el gobierno y la administración pública”, enfatizó el investigador.
El académico expresó que el derecho positivo que existe sobre estas materias es bastante fragmentario y no da respuesta a todos los temas, lo que obliga a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República a dar respuestas aplicando principios. “Por lo tanto, debemos clarificar las normas que tenemos y contar con soluciones legislativas”declaró el abogado.
La Mesa Multigremial ha trabajado en la revisión de los procesos relacionados con las modificaciones de las leyes que afectan la construcción de nuestras ciudades, entre ellas la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, así como las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Puedes ver la exposición del académico Enrique Rajevic en el siguiente enlace.
CiPP organizó coloquio “La Industria 4.0 y Pymes: ¿cómo nos subimos a esta revolución?”
El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas realizó un encuentro para debatir sobre el desarrollo de la Industria 4.0 en las Pymes y el rol de las políticas públicas con investigadores/as CiPP, representantes del Ministerio de Economía y Corfo, de la OIT Cono Sur y de gremios empresariales.
Amenazas y oportunidades. Esas son las dos caras del impacto que está teniendo la evolución de la industria 4.0. Una dicotomía que se potencia aún más cuando hablamos de las Pequeñas y Medianas Empresas, las PYMES, unidades de negocios que en nuestro país son las que más empleo generan y son importantes proveedoras de insumos de las grandes empresas. De ahí también la importancia de generar instrumentos que les permitan sortear las barreras y adoptar las nuevas tecnologías con la menor zozobra posible y así, continuar compitiendo en los mercados cada vez más tecnologizados.
Sobre este tema ahondó el CiPP, a través del desarrollo del coloquio “La Industria 4.0 y Pymes: ¿cómo nos subimos a esta revolución?”, para lo cual convocó un panel de reflexión compuesto por académicos y académicas de la Universidad Alberto Hurtado e internacionales; representantes del Ministerio de Economía y Corfo; de la OIT Cono Sur y de gremios empresariales. Contó, en esta especial ocasión, con la colaboración de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (Faedpyme) y del Journal of Technology Management & Innovation (JOTMI).
Estructurado en dos paneles, se analizó el panorama marcado por el avance sin precedentes de tecnologías como la Robótica, la Inteligencia Artificial y la Internet de las Cosas. El encuentro, realizado el pasado 17 de octubre en el Campus B de la UAH (ubicado en Avenida Los Leones 1200, Providencia) fue el tercero de un ciclo de 4 coloquios que ha preparado el CiPP, continuando así en la senda de aportar con investigaciones multidisciplinarias para incidir en el debate sobre políticas públicas relevantes para el desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad.
Así lo enfatizó también el decano de la Facultad de Economía y Negocios, FEN-UAH y director Académico del CiPP; Eduardo Saavedra, quien, al inaugurar el coloquio, explicó que la motivación del CiPP está puesta, al igual que la UAH en su conjunto, en la búsqueda del bien común, subrayando el compromiso del CiPP: “Con esta tarea de alcanzar una sociedad más justa, más inclusiva y con mejores condiciones para aquellos que más lo necesitan. Y el trabajo interdisciplinar en la elaboración de políticas públicas es fundamental. No hay política pública si no se conversa con muchos actores de diferentes disciplinas”.
1er Panel: efectos económicos, jurídicos y en la gestión empresarial de la Industria 4.0
Expusieron los académicos de la Facultad de Economía y Negocios, Carlos García y Cristián Geldes, y la académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Michelle Azuaje (los 3, investigadores del CiPP), quienes prepararon, junto a Mauricio Castillo, también académico de la FEN e investigador CiPP, un documento “policy paper” que resume los resultados de sus investigaciones especialmente para este evento.
Carlos García abrió el coloquio con la exposición en torno a los efectos económicos de la Robótica y la Inteligencia Artificial. Y si bien, precisó que esta revolución tecnológica aún está en proceso de madurez y tiene sus matices claroscuros, en el análisis de las economías emergentes, colocó la voz de alerta, señalando, por ejemplo, que: “Los países emergentes adoptarán los robots importando directamente las máquinas debido a la falta de capital humano”, esto porque en estas naciones no se han desarrollado las capacidades humanas para fabricarlos localmente, además que la curva descendente del valor de estas máquinas: “Ha sido brutal en los últimos 30 años”, lo que favorece, obviamente, la importación.
Es por ello que: “Se espera que estas economías experimenten efectos más graves sobre el empleo”, pues estas nuevas tecnologías, precisó: “Se caracterizan por sustituir puestos de trabajo en lugar de crearlos”, sentenciando especialmente: “Los desafíos de la robotización y de la Inteligencia Artificial en la PYME son importantes, incluso son severos. Por lo tanto, una de las cosas que como país tenemos que pensar es implementar políticas industriales, que promuevan o generen subsidios importantes para que la industria tanto PYME como otras industrias se suban a esta revolución como lo están haciendo otros países”.
Michelle Azuaje, abordó las oportunidades y desafíos de esta revolución tecnológica desde la mirada ética y jurídica: “No podemos utilizar la tecnología sin tener en cuenta que existen ciertos riesgos asociados e ignorando que se puede vulnerar derechos de personas o afectar su acceso a ciertas oportunidades”. Por ejemplo, precisó, está el sistema de propiedad intelectual que protege los activos intangibles como lo es la tecnología, que: “muchas organizaciones no conocen. Si voy a adoptar, o voy a crear tecnología, debería saber que ese es el sistema jurídico para hacerlo”.
Un sistema, en el cual, agregó: “Debemos crear nuevos equilibrios, Y ahí, necesitamos el rol del Estado para facilitar que las PYMES tengan acceso a datos, a sistemas informáticos, que sepan lo que es y cuáles son las formas de protegerse y de proteger a los usuarios y consumidores y no vulnerar sus derechos”. Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de capacitarse en materias de ciberseguridad, sobre todo en el uso de soluciones basadas en Inteligencia Artificial.
Cristián Geldes, analizó los desafíos desde la perspectiva de la gestión empresarial, atribuyéndole un rol fundamental: “Desde la gestión empresarial para implementar la industria 4.0 es necesario que a nivel de la empresa haya una decisión estratégica, es decir una decisión que esté a nivel de gerencia, que involucre recursos, políticas, programas y personas dedicadas a la transformación a la industria 4.0. Y también se requiere el desarrollo de un ecosistema innovador y de emprendimiento vinculado a la industria 4.0, porque para que haya un desarrollo de la empresa, se necesitan proveedores, gente que provea financiamiento y vinculación con gente que está investigando y desarrollando esto”.
El rol de los privados es vital, dijo, pero también el Estado tiene su papel: “Dando políticas, dando luces hacia donde se quiere ir, pero el actuar de los privados es clave”.
2° Panel: ¿Cómo apoyar la adopción de la Industria 4.0 en las Pymes de la región?: Rol de los distintos actores?
Moderó este panel, Mauricio Castillo, académico de la FEN, investigador del CiPP y miembro de la Faedpyme, quien recordó que este coloquio del CiPP fue la antesala de la inauguración del Workshop “Industria 4.0 en la PYME: Management & Technology”, que congregó – durante dos días (17 y 18 de octubre)- a investigadores, investigadoras, académicos y académicas y profesionales de la comunidad científica de Hispanoamérica.
Castillo destacó la importancia de los ecosistemas: “…que son los que, finalmente, fortalecen el desarrollo de innovación e implementación de estas tecnologías y la colaboración entre los diferentes actores, esa mirada de la cuádruple hélice que es tan difícil de desarrollar”.
Marisol Alarcón, jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, subrayó la importancia de la alianza público-privada para impulsar la digitalización y adopción de tecnologías en las PYMES: “La colaboración público-privada es fundamental para el diseño de políticas públicas, para la implementación de estas, para su evaluación y para la mejora continua. Y para lograr que esto sea efectivo, el trabajo en recaudar y analizar datos es fundamental”.
El problema con los datos, explicó, es que están muy segregados, lo que demora la toma de decisiones. Es por ello, explicó, que desde el Ministerio de Economía: “Estamos generando un observatorio de datos económicos que sea el espacio donde se agrupen todos estos datos y con eso poder entregar a quienes necesitan los datos desde afuera, como es la academia, un emprendedor, pero también para quienes estamos en el Estado, diseñando políticas públicas”.
Antonia Madrid, académica e investigadora de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) y directora de la cátedra Emprendimiento Santander UPC, de España, destacó que la PYME en Europa se está enfrentando: “Exactamente a los mismos obstáculos que la PYME en Latinoamérica: la falta de recursos financieros, precisamente por el tamaño que tiene y que viene dado por el puesto inicial de la tecnología, el tiempo que les lleva implementar esa tecnología y la falta de integración de los diferentes procesos. En segundo lugar, la falta de capacitación de los empleados, aquí es necesario realizar una capacitación específica en actitudes tecnológicas y aumentar la capacitación de forma continua. Y otra barrera es la falta de infraestructura”.
Abogó por generar mayor conocimiento sobre la PYME: “Necesitamos la colaboración de todos los ecosistemas para que efectivamente el conocimiento llegue a la academia y podamos adaptar los currículums a las necesidades de la industria, basadas en esta transformación digital y que exista sinergia entre los actores del modelo de innovación de las cuatro hélices”.
Marcelo Fuster, Gerente General de la Asociación de Industrias Metalúrgicas Metalmecánicas (ASIMET AG), agradeció al CiPP de la UAH por poner: “En una tribuna tan importante la necesidad de que Chile tenga una industria manufacturera. Esa industria no es cualquiera, tiene que ser una industria 4.0 que esté basada en todos los tamaños de empresa, desde las más grandes a las más chicas. Para nosotros, las PYMES son ese eslabón importante que permite a las grandes crecer. Por lo tanto, entrar al mundo de la digitalización y apoyar a las personas para que puedan manejar esto, es una gran tarea que tenemos todos”.
Juan Jacobo Velasco, oficial de información laboral de la oficina de la OIT Cono Sur, considera que estas transformaciones tecnológicas, se irán consolidando en un: “Proceso muy rápido y va a generar presiones para que haya esta necesidad de repensar todo el sistema”. Consignó tres aspectos fundamentales, entre ellos que la estructura laboral y productiva de América Latina y El Caribe: “Está marcada por la dualidad, es decir, un sector pequeño, muy moderno, conectado con el resto del mundo, donde hay altos niveles de formalidad, y el resto, básicamente, que es menos formal, con menos capacidad para tener acceso a nuevas tecnologías”.
Por lo tanto, dijo, la irrupción tecnológica podría “exacerbar” estas brechas. Ayudaría a minimizar este fenómeno, aclaró, si se implementan políticas que promuevan la formalización del empleo y de las unidades productivas. Otro aspecto es que estas nuevas tecnologías: “Pueden ser utilizadas positivamente para facilitar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con condiciones laborales decentes”.
Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de CORFO, sostuvo que los riesgos que pueden impedir aprovechar las potencialidades de estas nuevas tecnologías están puestos: “En los sesgos en la accesibilidad que tenemos hacia las tecnologías en general. Y ahí tenemos una misión desde el Estado”, contando que la CORFO en el sector de la PYME ha ido materializando este esfuerzo por reducir esas brechas, ejemplificando que la PYME tiene menos accesos a datos, siendo que la IA: “Penetra muy rápida y fácilmente en sectores que son abundantes en data”. De ahí, que los programas de digitalización: “No son solo para abrir canales de venta por Instagram, esa es una caricatura” si no que es la digitalización de todos los procesos de la empresa, solo así se puede gozar de las virtudes de la Inteligencia Artificial, a partir de la data que genere la propia empresa.
Ximena Concha, directora Ejecutiva del CiPP, calificó de muy enriquecedor este coloquio, coincidiendo en que el mensaje clave estuvo puesto: “En la colaboración entre la academia y el mundo social y político, entendiéndola como una estrategia para potenciar las fortalezas de este proceso de transformación tecnológica y así, no nos ganen las debilidades y amenazas”, recalcando que si las PYMES no se preparan: “No solo vamos a afectar a empresarios, sino que también vamos a afectar el empleo”.
Aprovechó la ocasión para invitar al cuarto y último coloquio CiPP que será el próximo 21 de noviembre, en el cual se reflexionará en torno a la interrogante: “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”.
Investigadores/as CiPP presentan análisis interdisciplinario sobre la revolución 4.0 y sus efectos sobre la Pyme
En el coloquio Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución realizado por el CiPP el pasado 17 de octubre, investigadores del CiPP de las facultades de Economía y Negocios y de Derecho de la UAH presentaron un policy paper con un análisis interdisciplinario sobre las nuevas tecnologías y su impacto en las Pymes con recomendaciones para las y los tomadores de decisiones.
Michelle Azuaje, académica de la Facultad de Derecho de la UAH junto a Mauricio Castillo, Carlos J. García y Cristián Geldes, de la Facultad de Economía y Negocios, todos ellos investigadores del CiPP, presentaron los resultados de un trabajo interdisciplinario en el Coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿cómo nos subimos a esta revolución” que fue realizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP el pasado 17 de octubre. En dicho texto, analizan esta problemática desde la perspectiva económica, jurídica y de la gestión de las empresas, y formulan recomendaciones de política para las y los tomadores de decisiones.
Carlos Garcia: “Mi visión es pesimista”
Las consecuencias de la aparición de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la economía fueron abordadas por el investigador del CiPP, Carlos J. García, quien señaló que los países sufrirán grandes cambios y que las consecuencias dependen del nivel de desarrollo que posean. “Habrá un impacto negativo en los salarios reales, aumentará la brecha de género y la distribución del ingreso. La literatura muestra que un aspecto clave es el nivel de desarrollo del capital humano», puntualizó el académico de la FEN
García explicó que existen pocos estudios sobre las secuelas de estas nuevas tecnologías en las economías emergentes y que lo más probable es que estos países importarán los robots y máquinas en lugar de producirlos debido a la falta de capital humano. “Mi pesimismo viene de estudios y de análisis científicos, mirando lo que ha sucedido en países desarrollados y observando las características que tenemos nosotros. Es una tecnología que es difícil de trasladar y adoptar en nuestros países”.
El economista planteó que “si el país no emprende las reformas necesarias para la producción e incorporación de robots y otras tecnologías similares, sus aspiraciones de alcanzar los niveles de renta de los países desarrollados volverán a retrasarse”.
Mauricio Castillo: «Esta revolución 4.0 es una realidad que está a la vuelta de la esquina”
El investigador del CiPP y académico de la FEN, Mauricio Castillo, estuvo a cargo de moderar el segundo panel del coloquio donde destacó el cambio que representa la Industria 4.0 y el preocupante rezago de las Pymes. “La Industria 4.0, también conocida como la Cuarta Revolución Industrial, ha revolucionado la forma en que las empresas operan y compiten en el mercado global. Sin embargo, su adopción en las Pymes ha sido lenta y presenta desafíos significativos debido a limitaciones de recursos y conocimientos tecnológicos”.
El académico de la FEN alabó la realización de este encuentro destacando la importancia de contar con espacios de diálogo con especialistas y académicos nacionales e internacionales, sector gobierno y la empresa para intercambiar puntos de vista, resaltando el aporte de la academia. “En este policy paper, analizamos desde nuestra mirada académica la importancia de promover políticas públicas que faciliten la incorporación de la Industria 4.0 en las Pymes, con un enfoque en la economía actual y futura”.
Castillo puntualizó que esta actividad permite plantearse el desafío de apoyar y preparar a las pymes para la llegada de estos grandes cambios. ”Este encuentro nos hace también visualizar cómo podemos ayudar a las pymes que en la actualidad están poco incorporadas a estas nuevas tecnologías”,destacó el experto.
Michelle Azuaje: “Esto es un cambio transversal”
La investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Derecho, Michelle Azuaje, destacó que las organizaciones que deseen hacer uso de estas tecnologías deben preocuparse desde ya por tomar en cuenta no sólo los aspectos técnicos de sus desarrollos, sino además los aspectos éticos y jurídicos teniendo como base cuatro pilares: protección de la privacidad, prevención o eliminación del sesgo, transparencia y evaluación del impacto en las personas y la organización
La experta explicó que muchos trabajos podrían verse afectados citando un informe de la OIT denominado “La Inteligencia Artificial Generativa y el empleo: Un análisis global de los posibles efectos sobre la cantidad y la calidad del empleo” que explica que los efectos de la IA pueden afectar mayormente a las mujeres que tradicionalmente han asumido los trabajos administrativos. “En este informe se señala que el chat GPT afectaría principalmente a las mujeres porque es capaz de desarrollar ciertas actividades administrativas”, enfatizó la académica.
Cristián Geldes: “A nivel empresarial ingresar a esta revolución debe ser una decisión estratégica”
Para el investigador del CiPP, Cristián Geldes, la implementación y desarrollo de estas tecnologías permitirán a las empresas mejorar el desempeño empresarial, las ventas, la velocidad de producción, la calidad de los productos y provocará una reducción de los costos, entre otros aspectos
Geldes, declaró que el ingreso de las empresas a este mundo de la revolución 4.0 debe ser una decisión estratégica y un elemento fundamental de la organización. “Tiene que ser una para la empresa la implementación y desarrollo de estas tecnologías que deben estar acordes a sus necesidades y planes”, comentó el académico de la FEN.
Chile es líder en América latina en nuevas tecnologías
Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP
Fernando Hentzschel, Gerente de Capacidades de Corfo, fue uno de los panelistas en el coloquio Industria 4.0 en la Pyme: ¿cómo nos subimos a esta revolución? organizado por el CiPP de la UAH, con quien conversamos sobre las cifras, que muestran a Chile a la vanguardia en tecnología en la región, y también para conocer cómo se está preparando el país para esta gran revolución.
El Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel, participó como panelista en el coloquio Industria 4.0 en la Pyme: ¿cómo nos subimos a esta revolución? Organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) el pasado 17 de octubre en el nuevo campus B de esta casa de estudios. Al finalizar el evento, conversamos con él sobre las cifras, que muestran a Chile a la vanguardia en tecnología en la región, y también para conocer cómo se está preparando el país para esta gran revolución.
“Recientemente fue lanzado el índice latinoamericano de inteligencia artificial (IA) y si bien ahí queda en evidencia que Latinoamérica está lejos de las grandes potencias como Estados Unidos, Europa y Asia, dentro de la región, Chile destaca por su capacidad de infraestructura y de conocimiento”, subraya el Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel.
El representante del gobierno comenta que este es un estudio pionero que revela la situación de la inteligencia artificial (IA) en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Brasil y México elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y la Organización de los Estados Americanos (OEA), más la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el HAI de Stanford. “Se reconoce en este estudio la infraestructura que poseemos, pero creo que es importante no olvidar que Santiago no es Chile”, aclara Hentzschel.
Las nuevas tecnologías amenazan con ampliar la brecha entre los países ricos y pobres al desviar la inversión hacia las economías avanzadas, donde la automatización ya está consolidada y lo mismo puede ocurrir entre los habitantes de países donde existe mucha inequidad.“Los sesgos que impregnan la IA pueden agrandar las brechas sociales. Es importante no perder de vista que Chile es un país que tiene mucha desigualdad y las zonas rurales no son como nuestras urbes», enfatiza el Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Hoy lo que falta hacer es traspasar hacia nuestros tejidos productivos las bondades que tiene la IA, afirma, Fernando Hentzschel, subrayando que en la CORFO se está trabajando con las pymes, donde uno de los programas estrella es “Digitaliza Tu Pyme”, con 500 mil beneficiados a la fecha y que tiene por objetivo ayudar a micro, pequeñas y medianas empresas a incorporar herramientas tecnológicas en la administración de sus negocios. “La IA penetra rápidamente en sectores que tienen muchos datos como la minería, manufactura, minería, energía y probablemente el mismo aparato público y otros, sin embargo, las pymes no están aquí y es por eso que uno de los grandes esfuerzos que se han venido haciendo es la digitalización que permite mejorar la gestión y aumentar la competitividad y rentabilidad de sus procesos”.
Finalmente, Fernando Hentzschel, hace hincapié en la realización del Foro de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe que se efectuará en Chile el lunes 23 y martes 24 de octubre. Iniciativa convocada por el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe(CAF), UNESCO y el Gobierno de Chile, donde las distintas naciones podrán compartir sus preocupaciones respecto de la IA, describir las políticas públicas que están empujando y definir políticas regionales para abordar este desafío. En el encuentro se firmará la “Declaración de Santiago”, para comprometer la voluntad de los 24 países -y los que en el futuro se sumen– para trabajar en conjunto y que nuestro continente sea representado en bloque a nivel internacional en esta materia.
Juan Jacobo Velasco de la OIT: “La revolución 4.0 puede aumentar la brecha entre América Latina y los países desarrollados”
Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP
Juan Jacobo Velasco de la oficina de OIT cono sur participó como panelista en el seminario “Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?” organizado por el CiPP UAH. En su exposición, se refirió a la situación de Latinoamérica frente a la llegada de estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) afirmando que el panorama es complejo debido a las características de la región.
El Oficial de Información Laboral del Equipo de Trabajo Decente de la OIT, Oficina de País para el Cono Sur de América Latina, Juan Jacobo Velasco, participó como panelista en el coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?” organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) que se realizó el pasado 17 de octubre en el nuevo campus B de esta casa de estudios.
En su exposición, Velascoseñaló que esta revolución tecnológica 4.0 modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos, la producción y el consumo, lo que inevitablemente tendrá efectos en el mercado del trabajo. Para el experto este proceso es particularmente importante para una sociedad como la latinoamericana que se caracteriza por tener altos niveles de desigualdad y donde se corre el riesgo de acrecentar las brechas aumentando las desigualdades de ingresos, de derechos y de oportunidades.
Los datos muestran que, en términos de distribución de la renta, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, incluso la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas) estima que el crecimiento medio de los países de América Latina y el Caribe será del 1,3% en 2023.
¿Qué características tiene América Latina que pueden complicarla con la llegada de la IA y las nuevas tecnologías?
Para América Latina es mucho más complejo porque hay estructuralmente un problema de alta informalidad productiva, laboral, y tecnológica, lo que es una de sus mayores características. Esta es una condición de base que eventualmente se puede exacerbar si hay una adopción rápida de estas nuevas tecnologías.
¿Qué otros elementos hacen que este proceso sea difícil?
América Latina posee una sociedad segmentada y de dualidad productiva que muestra brechas sociales importantes, lo que es complicado frente a esta revolución 4.0, por lo tanto es muy importante considerar todos estos aspectos y reaccionar rápidamente para facilitar que estas brechas se vayan acortando.
¿Cómo es la economía en la región?
Hay mucha informalidad que es un problema que se observa en toda América Latina donde existen economías duales lo que refleja las grandes brechas. Por un lado hay un sector que generalmente es muy moderno, que usa tecnología de punta y que se vincula y comercia con el resto del mundo y, por otro lado, hay sectores que están enfocados en los mercados locales y que tienen menores niveles de ingresos con graves problemas estructurales,que cuenta con una fuerza laboral con menor formación y educación y con muy poco acceso a la tecnología y a los mercados sofisticados.
¿Qué pasará con los países latinoamericanos y la brecha que existe con las naciones desarrolladas?
Esta brecha podrían aumentar porque hay grandes problemas de base en muchas áreas que requieren replantearse, entre ellas, el sistema educacional que debe permitir que las personas desarrollen mejores competencias y que estén habilitadas para desempeñarse en trabajos donde puedan convivir con estas nuevas tecnologías. Esto requiere tiempo y hacer esta transición en forma rápida es un proceso muy complejo.
Investigadores del CiPP expondrán en Coloquio sobre la Industria 4.0 y su impacto en en la Pyme
Exponentes nacionales e internacionales se darán cita en el próximo coloquio“Industria 4.0 en la Pyme: ¿cómo nos subimos a esta revolución?”que se realizará el 17 de octubre en el campus B de la UAH y que se enmarca dentro de un ciclo de conversatorios sobre políticas públicas, organizado por el CiPP.
Destacados académicos y académicas, representantes del mundo empresarial, organizaciones internacionales y autoridades del gobierno participarán en el próximo coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿cómo nos subimos a esta revolución?” que se realizará el martes 17 de octubre entre las 09:00 y las 12:30 hrs. en el campus B de la UAH y que se enmarca dentro de un ciclo de conversatorios sobre políticas públicas, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP).
El coloquio se llevará a cabo en el marco del Workshop «Industria 4.0 en la Pyme: Management & Technology» que se efectuará desde el 17 al 18 de octubre. En la oportunidad, la inauguración estará a cargo de Marisol Alarcón, Jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía.
El académico CristiánGeldes destaca la realización de este evento. “La Industria 4.0 representa una serie de nuevas tecnologías que están cambiando al mundo, como son la internet de las cosas, la robótica, computación en la nube, inteligencia artificial, entre otros. Sin embargo, en Chile y Latinoamérica hay un menor avance en el desarrollo e implementación de la Industria 4.0, representando un gran desafío para estos países”, destaca el experto.
Asimismo, Geldes puntualiza que uno de los objetivos del coloquio es reflexionar, desde la evidencia científica, sobre los desafíos y estrategias que deben ser impulsados desde la política pública para la incorporación de la industria 4.0 en las pequeñas y medianas empresas y sus impactos a nivel de la gestión, la economía y la regulación. “Se presenta el Coloquio “Industria 4.0 en la PYME: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?” donde junto a actores públicos y privados se buscará responder a esta pregunta considerando distintas miradas como la economía, el derecho y la gestión empresarial”, explica el investigador.
En la ocasión, los académicos de la Facultad de Economía y Negocios, Cristián Geldes, y Carlos J. García, y la académica de la Facultad de Derecho, Michelle Azuaje-Pirela, presentarán las conclusiones de un policy paper que ha sido elaborado para este coloquio, que analizará la situación de la revolución 4.0 desde una perspectiva interdisciplinaria y formularán recomendaciones de política pública para los tomadores de decisiones.
En un segundo momento, se desarrollará un panel de reflexión moderado por el investigador del CiPP, Mauricio Castillo e integrado por Antonia Madrid-Guijarro, académica de la Universidad Politécnica de Cartagena y coordinadora de Innovación y Emprendimiento en UPCT para la European University of Technology; Fernando Hentzscheck, gerente de Capacidades Tecnológicas de CORFO; Marcelo Fuster, gerente general de la Asociación Gremial Metalúrgica Metalmecánica (ASIMET AG); y Juan Jacobo Velasco, Oficial nacional de Información Laboral de la Oficina de OIT para el cono sur.
Este evento se enmarca en el proyecto Fondecyt 11220339 financiado por ANID, con el apoyo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad UAH, la Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme (Faedpyme), el Journal of Technology Management & Innovation (JOTMI), y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP).
Inscríbete en el Coloquio «Industria 4.0 en la PYME» completando el siguiente formulario.
La propuesta constitucional requiere principios rectores en materia tributaria
El investigador del CiPP, Humberto Borges, en una columna publicada por radio Cooperativa critica que se aborde nuevamente el tema tributario en el proyecto constitucional, afirmando que la propuesta actual comete el mismo error que el texto anterior al no enfocarse en la creación de una base universal de convivencia tributaria.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Humberto Borges, se refiere a la proposición de la exención de pagos de contribuciones a la primera vivienda puntualizando que lo que se está haciendo es legislar directamente una exención tributaria cuestión que no corresponde realizar en un texto constitucional. “Este tema puede ser visto como justo por problemas de pensiones y los bienes de personas de edad. Pero eso es una situación que debe ver la administración tributaria -el SII, respeto de tasación- y le corresponde al Congreso legislar el tema, es decir, la propuesta constituyente debe ser una base para legislar y no debe tener exenciones, tasas o impuestos que nuevamente puedan deteriorar la convivencia interna del país”, explica el experto.
Borges recuerda que también fue crítico con la primera propuesta constitucional porque a su juicio estaba enfocada en crear una estructura federal impositiva señalando que las entidades territoriales podrían crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio. “Lo que finalmente puede producir más deterioro en la convivencia interna del país, es decir, impuestos distintos por regiones siendo desiguales los pagos por ciudadano según territorio”, recalca el especialista.
El director del Diplomado de Gestión Tributaria de la UAH, Humberto Borges, advierte que esta nueva propuesta constitucional tiene bastantes posibilidades de no ser aprobada en el próximo plebiscito y que pareciera que está destinada a fracasar. “Al suceder un nuevo rechazo no se saldrá del invierno o letargo del país, al igual que la historia del día de la marmota, pero en este caso sería una constitución de la marmota que nos mantendrá congelados en el tiempo”, sentencia el investigador del CiPP.
Hugo Rojas analiza la realidad chilena a 50 años del golpe en el diario el Heraldo de Colombia
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Hugo Rojas, fue entrevistado por el diario El Heraldo de Colombia que publicó el reportaje “Chile: Sigue dividida a 50 años del golpe de Estado”, con ocasión de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973.
El Diario El Heraldo de Colombia entrevistó al investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, Hugo Rojas para conocer su visión sobre la realidad chilena a 50 años del golpe en el marco de la reciente conmemoración del 11 de septiembre de 1973.
“La persistencia de víctimas y familiares, de las asociaciones de derechos humanos y los activistas, han trenzado cierto liderazgo político y han encontrado terreno en algunos funcionarios públicos que han sido receptivos a las demandas de justicia transicional. Pero este proceso todavía puede tardar décadas”, así lo explica Hugo Rojas en la entrevista explicando que la sociedad chilena no tiene una interpretación consensuada sobre cómo debiera ser entendida su historia reciente.
El investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia, VIODEMOS se refiere en esta entrevista a la fragmentación política que vive el país que ha llevado a la necesidad de la generación de pactos amplios para gobernar y cumplir las promesas de campaña. “A diferencia de lo que ocurría antes que el número de conglomerados era menor y como ahora está tan fragmentado, ningún partido por sí mismo alcanza una mayoría. Entonces lo que está pasando en Chile es que para gobernar es imprescindible un comportamiento político de generación de alianzas”, explicó el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.
Rojas señala que durante estos 50 años el estado chileno tiene un modelo neoliberal que no ha sido capaz de disminuir las desigualdades que hay en la sociedad “El 1% de Chile se ha enriquecido muchísimo en las últimas cuatro décadas y en nuestro país todavía tenemos pobreza e indigencia. Esta desigualdad de los sectores vulnerables y de las clases medias hizo que salieran a protestar masivamente a las calles en 2019 contra los altos niveles de endeudamiento, por las fragilidades de las familias para pagar a los establecimientos hospitalarios en casos de enfermedad y las desigualdades abismantes entre la educación pública y la educación privada”, enfatizó el experto.
En la entrevista el investigador del CiPP, Hugo Rojas, analiza el surgimiento de los Republicanos explicando que han aumentado su votación debido a que han sabido capturar las insatisfacción y molestia del electorado con los partidos tradicionales, poseen una proclama de combate contra la delincuencia y un discurso xenófobo contra los migrantes.
El aporte de la Bancada Julieta Kirkwood en la agenda legislativa feminista
El diario electrónico El Mostrador entrevistó a Lieta Vivaldi, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, para analizar la contribución de la llamada “Bancada Julieta Kirkwood” en la agenda legislativa feminista.
Los últimos años la agenda legislativa feminista ha estado marcada por la bancada “Julieta Kirkwood”, creada en diciembre de 2017 con el nombre de quien fue referente del movimiento feminista en el Chile de los años ’80. Durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, un grupo de parlamentarias formaron este espacio para defender los derechos de las mujeres desde la Cámara. El diario electrónico El Mostrador entrevistó a Lieta Vivaldi, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, para analizar la contribución de esta colectividad.
“Uno de los mayores logros de la bancada, es precisamente la creación de la Comisión de Mujeres, la cual permite abordar las problemáticas de género por fuera de la Comisión de Familia, donde se hacía hasta el momento de la creación”, destacó Lieta Vivaldi. En esa instancia han emanado numerosas iniciativas legales, como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; la tipificación del delito de femicidio; la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, y la Ley que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, entre otras normas.
“Con la creación de la bancada, se han impulsado más proyectos de ley que contribuyen a la igualdad de género en seis años que en toda la década anterior”, resaltó Vivaldi, quien agregó que, de esta manera, se validó el trabajo de las mujeres en el plano legislativo.
Para la académica de la Facultad de Derecho de la UAH es destacable que desde su creación hasta la actualidad, la bancada ha presentado numerosas iniciativas que lograron mayor o menor adhesión, lo que no sucedía antes, donde las propuestas eran rechazadas mayoritariamente.
