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La jerarquía de los tratados de derechos humanos en la nueva constitución

La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, se refiere al debate que ha surgido en el proceso constituyente en relación a los tratados de derechos humanos, afirmando que es un error pensar que estos son impuestos por organismos internacionales ya que cada Estado por vía democrática decide ser parte de ellos  para aplicarlos internamente, retirarse o denunciarlos.

“La definición del rango de los tratados de derechos humanos se plantea como uno de los principales debates en este proceso constituyente. ¿Por qué este contenido es tan relevante? Porque el catálogo de derechos constitucionales que se configure podría complementarse o eventualmente ampliarse a través de los tratados de derechos humanos y las interpretaciones que de ellos realicen las cortes internacionales”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna titulada “Nuevamente al pizarrón: la jerarquía de los tratados” publicada en el diario La Tercera.

La Decana de la Facultad de Derecho afirma que durante estos últimos días algunos académicos han declarado ante el Consejo Constitucional sus discrepancia de que Chile incorpore tratados de derechos humanos argumentando que podrían afectar a la soberanía nacional, generarían una contradicción entre la supremacía constitucional y la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y  se podrían producir complicaciones debido a las interpretaciones que realizan los tribunales internacionales lo que traería una falta de certeza jurídica. ”Estas posiciones se parapetan en el miedo, el diseño constitucional y la práctica deben despejar esos temores”, puntualiza la abogada.

Miriam Henríquez recalca que los tratados internacionales se incorporan a los ordenamientos jurídicos del país en base a un procedimiento definido en la propia Constitución. “En la negociación, firma y ratificación del tratado interviene el Presidente de la República. Luego, el Congreso Nacional los aprueba, en lo pertinente, en la forma en que se aprueba una ley”, explicó la experta.

Puedes leer esta columna completa en el siguiente enlace: Columna de Miriam Henríquez: Nuevamente al pizarrón: la jerarquía de los tratados – La Tercera

Estado y Fundaciones: ¿cómo recuperar la confianza pública?

La preocupación de la ciudadanía se centra en los últimos días en el llamado caso Democracia Viva donde se cuestiona la reciente aparición de la fundación y la asignación directa de recursos. Gustavo Poblete Espíndola, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, aborda el tema en un artículo publicado en la Revista Mensaje.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, Gustavo Poblete, en un artículo publicado por la Revista Mensaje titulado “Caso Democracia Viva: Cómo repensar la relación Estado-fundaciones”, se refiere a la importancia de las fundaciones en nuestro ordenamiento jurídico y reflexiona sobre los principales desafíos de la Comisión Asesora Ministerial creada a raíz del caso Democracia Viva.

El académico y Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho UAH propone los temas que, en su opinión, debería tratar la Comisión Asesora Ministerial que buscará en 45 días establecer qué aspectos deberían ser perfeccionados sobre todo cuando se asignan fondos públicos. “La transparencia procedimental, la rendición de cuentas reforzada y la fiscalización efectiva son las temáticas mínimas que debiesen ser discutidas por esta Comisión y solucionadas, posteriormente, en el plano legislativo”, sostiene Poblete.

Gustavo Poblete señala que el Estado tiene la obligación de promover y apoyar las iniciativas de estas instituciones privadas sin fines de lucro, pero también, debe garantizar criterios objetivos y de plena transparencia en los procedimientos de asignación de recursos. “La ley refuerza la obligación del Estado en esta materia porque están comprometidos los dineros de la ciudadanía en el financiamiento de estos proyectos”, enfatiza.

Recordemos que la Comisión Asesora Ministerial tiene como Secretaria Ejecutiva a la abogada Valeria Libbert y está integrada por el abogado Francisco Aguero, la abogada María Jaraquemada, el ingeniero Ignacio Irarrázaval, el abogado Ramiro Mendoza, y la economista Jeannette von Wolfersdorff.

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Alza del salario mínimo para proteger a las familias, la paz social y las relaciones laborales

“Nuestro sueldo mínimo está por debajo del costo de la vida, incluso antes de las altas tasas de inflación de los últimos meses. Es lógico, por lo tanto, que el destino del incremento sea el consumo y no el ahorro, sobre todo si se tiene en consideración que los valores recientes de la canasta básica en enero de 2023 han colocado la línea de pobreza en los $219.9706 como valor por persona”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ana María Fernández, en el  artículo “El salario mínimo, un componente fundamental del trabajo digno” publicado por la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de nuestra casa de estudios.

En la publicación la académica de la FEN afirma que el salario mínimo actual en Chile es tan bajo que determina que un hogar en que ambos progenitores reciben este sueldo estaría justo en el umbral de la pobreza, lo que se hace más preocupante en el caso de familias monoparentales, con los mismos dos hijos a cargo ya que se requeriría de $659.910, lo que coloca en especial vulnerabilidad a las mujeres jefas de hogar. “En una familia de cuatro integrantes, donde ambos progenitores trabajan, se requeriría que entre ambos los ingresos pudieran alcanzar los $879.880, sólo para poder subsistir. Si se tiene en consideración que el ingreso medio de la población ocupada fue en 2021 de $681.031 y que el 50% de las personas ocupadas recibieron ingresos menores o iguales a $457.690 (INE, 2022), muchas familias de nuestro país deben destinar la mayor parte de sus ingresos a satisfacer las necesidades básicas», destaca la experta en el texto.

La investigadora puntualiza que en Chile existe una cultura patriarcal donde las mujeres deben asumir labores de cuidado y complementar el ingreso de los hombres, a quienes se les asigna el rol de proveedor principal. “En este sentido, el aumento del salario mínimo, unido al anterior acuerdo que reduce y flexibiliza la jornada laboral, es una política apropiada tanto para proteger económicamente a las familias, como para favorecer una mayor participación laboral de las mujeres en nuestro mercado de trabajo”, plantea Ana María Fernández.

En la publicación la autora enfatiza que la literatura ha demostrado que los sueldos y en concreto la regulación del salario mínimo es un buen instrumento para garantizar una mejor redistribución de las riquezas, especialmente en sociedades donde esta distribución no logra realizarse a través de la intervención del Estado por su baja capacidad recaudatoria, agregando que en Chile más de la mitad de las y los trabajadores ocupados poseen baja calificación, pues sólo han llegado a alcanzar niveles de educación primaria y muy principalmente secundaria y es esta masa laboral la que recibe los sueldos más bajos.

La experta afirma que la subida del salario mínimo era una medida indispensable para lograr la paz social y fortalecer las relaciones laborales.”Pareciera que los actores sociales de nuestro sistema de relaciones laborales están demostrando su madurez y, a través del diálogo social, estarían apostando por reformas concretas que pretenden romper el círculo vicioso de un modelo de desarrollo excluyente”, declara Fernández.

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Sebastián Salazar expuso sobre derechos fundamentales y estados de excepción ante el Consejo Constitucional

“Incluso en situaciones excepcionales y extraordinarias el imperio de los derechos fundamentales está por sobre todo”. Así lo expuso Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional.

Tras hacer una revisión histórica de las tradiciones y corrientes constitucionalistas sobre los Estado de Excepción, Salazar quien es coordinador académico del Núcleo Constitucional de la UAH, destacó su valorización como herramientas temporales para enfrentar ciertas situaciones de extrema gravedad y restablecer la normalidad. “Lo que hacen los Estados de Excepción es limitar o suspender el ejercicio de determinados derechos en función del que se esté señalando”, puntualizó el académico, quien apuntó que son las Fuerzas Armadas y de Orden, instituciones que tienen el monopolio exclusivo del uso de la fuerza, quienes generalmente ejercen esas atribuciones pero con respeto a los derechos fundamentales.

“Los problemas de hoy en esta materia son que no ha existido una claridad entre las distintas figuras de excepciones. Tenemos una legislación desordenada, no sistematizada y no coherente, debido a que muchas de estas normas han sido construidas de maneras esporádicas y puntuales y sin un desarrollo sistemático”.

Otro de los problemas que mencionó el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, fue que la ley que organiza los estados de excepción “está obsoleta” porque es del año 1989. El investigador del CiPP destacó que la Comisión Experta hubiera reafirmado los cuatro Estados de Excepción ( asamblea, catástrofe, de sitio y emergencia), que haya una redacción clara y precisa en la propuesta, que se consagren mayores estándares de control -ya sean formales o materiales- y que existan diversas prácticas institucionales.

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La imprescindible modernización de la Contraloría

“Es necesario tener una capacidad para revisar a las entidades públicas mucho más eficiente, pero ¿cómo podemos luchar con una cultura que menosprecia las auditorías internas y las fiscalizaciones de la contraloría?”. Es la interrogante que plantea Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en una columna de opinión publicada en el sitio web de Radio Cooperativa.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios recuerda que en la década de los ’90, se miraba a los auditores internos como personas que molestaban pidiendo documentos y estableciendo riesgos que nunca ocurrían. Por mucho tiempo, dice Borges, se viene hablando en Chile de realizar una modernización del Estado que aún posee estructuras del siglo pasado. “Por parte del Estado el problema es más profundo, y se observa que ha quedado atrás, muy atrás, bajo los escándalos de los dineros de las FF.AA. y de Orden, que han dejado al descubierto un tema muy profundo que tiene que ver con la vulnerabilidad del Estado en su conjunto”, advierte el doctor en contabilidad y finanzas.

Para Borges, lo que pasa en el Estado chileno no es más que el menosprecio de las auditorías preventivas y de los organismos de supervigilancia. “Otra arista del mismo problema es la situación de la estructura de financiamiento a fundaciones, que no solo vulnera la solidez de la estructura de gobernanza del país, sino que además deja al descubierto la posibilidad de que gran parte de las unidades del Estado tengan problemas de control, seguridad y supervigilancia”, puntualiza el investigador del CiPP.

Ante este escenario, el académico de la FEN señala la necesidad de fortalecer el rol y estructura de la Contraloría General de la República, “La Contraloría no sólo debe visar documentos legales, como era en el tiempo de pelucas blancas, sino tener una estructura más sólida que observe lo complejo de una sociedad y Estado en constante cambio. (…) Pero creo, tristemente, que para la modernización del Estado y la modificación de la Contraloría deberemos esperar mucho tiempo”, sentencia Borges.

Accede a la columna de opinión en el siguiente enlace.

Hugo Rojas expone ante exigentes comunidades académicas

“Es importante hacer el esfuerzo de presentar las investigaciones que uno está realizando en congresos internacionales por varios motivos. La audiencia buscada debiera ser lo más global posible; es decir, es bueno tratar de pensar que las ideas que uno está escribiendo le pueden interesar a personas que residen en otros países y no conformarse con una audiencia local”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Hugo Rojas, luego de participar en cuatro congresos mundiales con ponencias que fueron seleccionadas por sus respectivos comités científicos.

El académico de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) expuso en el Congreso de Estudios Latinoamericanos “América Latina y el Caribe: Pensar, Representar y Luchar por los Derechos”, organizado por la Latin American Studies Association, donde también  presentó la investigación Hacia la reparación integral de las víctimas de violencia policial durante la revuelta social chilena el 2019: lecciones y propuestas de Justicia Transicional”. Además, coordinó el panel en el que se discutió el borrador del libro colectivo “Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas”, junto a Sheila Velez-Martinez (Pittsburgh), Kim D. Ricardo (Illinois), Beth Lyon (Cornell), Charles R. Venator Santiago (Connecticut), Paz Acevedo y Javiera Morales (PUC). 

Hugo Rojas reflexiona sobre la relevancia de participar en este tipo de instancias de discusión académica con audiencias amplias y de presentar trabajos que planteen enfoques interdisciplinarios “Las comunidades científicas están valorando cada vez más las investigaciones comparadas e interdisciplinarias y participar en congresos internacionales facilita el intercambio de ideas con personas que puede que no conozcan en profundidad la realidad social chilena pero que pueden aportar a mejorar las investigaciones en desarrollo, tanto en lo teórico como en lo empírico”, destaca el experto.

El académico explica que estas actividades ayudan a formar redes de contacto con equipos de otras universidades del mundo lo que le parece muy relevante para ampliar el trabajo, ya que las investigaciones de vanguardia sobre fenómenos complejos son cada vez más asociativas y articuladas en redes de largo plazo. “Es conveniente exponer los resultados preliminares ante comunidades académicas exigentes, pues ello contribuye a mejorar la calidad de los trabajos. Por último y no menos importante, asistir a congresos internacionales permite aprender mucho al tener la oportunidad de seleccionar y escuchar investigaciones muy interesantes e innovadoras, que de otra manera quizás uno no hubiera conocido”, enfatiza Rojas.

El investigador también expuso en San Juan de Puerto Rico; en el 20° Congreso Mundial de Sociología de Melbourne, Australia; y en el 27° Congreso Mundial de Ciencia Política (IPSA), realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Enrique Rajevic expuso en audiencia pública del proceso constitucional

“Garantizar la separación entre las funciones de gobierno y administración, garantizar el acceso igualitario al empleo público y reconocer los derechos colectivos de los servidores y servidoras públicas, son pilares fundamentales para garantizar un empleo público profesional e imparcial”. Así lo sostuvo Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, quien expuso el 06 de julio en audiencia pública organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana del actual proceso constitucional.

El abogado expuso ante la comisión de “Sistema Político, Reforma Constitucional y forma de Estado” donde se refirió a diversas propuestas para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial en la nueva Constitución destacando que en Chile no existe un sistema donde el mérito sea el que impere para acceder a la administración pública. “Creo que sería muy frustrante que cambiemos la Constitución y sigamos teniendo el mismo modelo”, destacó el académico.

El secretario general de la UAH, Enrique Rajevic, afirmó que se deben reconocer los derechos colectivos laborales de los empleados públicos en la administración civil, es decir el derecho a negociación colectiva, sindicalización y huelga. “Esto no opera para el mundo militar porque tienen el monopolio del uso de la fuerza lo cual no es recomendable”, puntualizó el investigador del CiPP.

Las Audiencias Públicas fueron organizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todo en colaboración con casas de estudios superiores acreditadas de todo el país que permitieron que instituciones, entidades de la sociedad civil y personas individuales presentarán sus puntos de vista sobre alguna parte del articulado del anteproyecto de carta magna al Consejo Constitucional.

Es importante destacar que el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio, la Universidad Alberto Hurtado abrió las puertas de su campus patrimonial para recibir a 93 Audiencias Públicas que forman parte de los mecanismos de participación ciudadana en el contexto del proceso constitucional vigente.

Puedes ver la exposición de Enrique Rajevic en el siguiente enlace: Audiencia Pública – Enrique Rajevic.

Lieta Vivaldi: El negacionismo debilita el consenso social de no repetición de las violaciones a los DD.HH.

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“El negacionismo abarca una serie de acciones que incluyen la negación total o parcial, la justificación, la relativización, la banalización o la minimización de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar en Chile, además de ensalzar a quienes cometieron dichos crímenes”, así de categórica es Lieta Vivaldi, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH ante declaraciones que justifican el golpe de Estado y enaltecen la figura del General Augusto Pinochet como un gran estadista.

La académica de la Facultad de Derecho afirma en una Carta al Director publicada en el Diario La Tercera que el negacionismo atenta contra los principios básicos de convivencia y democracia, pues no reconoce lo experimentado por las víctimas y los familiares, negando la historia del propio país. Es por esta razón que las declaraciones del consejero constitucional más votado, Luis Silva, al reconocer admiración por Pinochet calificándolo como un hombre que logró rearmar al país, son para la abogada inaceptables.”El intento de legitimación del dictador Pinochet por parte del consejero Luis Silva es un acto negacionista. El “negacionismo” no es sólo negar las violaciones de derechos humanos, sino también minimizarlas, banalizar, legitimar y ensalzar la figura de los perpetradores”, destaca Vivaldi.

En entrevista con el equipo CiPP, la Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señala que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig); la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech); y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, a través de sus respectivos informes constataron que existieron crímenes de lesa humanidad que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión política y tortura.

“En Chile vemos expresado el negacionismo en la relativización de estos hechos, su negación o justificación. Lo sucedido no solo constituyen violaciones individuales a la vida o integridad física, sino a la propia humanidad de las personas que lo sufrieron. Además, trasciende lo individual hacia lo colectivo”, enfatiza la académica.

Lieta Vivaldi relata que esta negación de hechos tan dolorosos y dramáticos provocan que las personas comiencen a pensar que esos discursos son aceptables en la sociedad y permiten que se debilite el consenso social que establece que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser permitidas en sociedades democráticas y sobre todo, se crea el clima propicio para su repetición.

“A nivel comparado encontramos varias experiencias en que se penaliza el negacionismo, como en Alemania o España, por ejemplo. Ahora bien, de todas maneras, el establecer leyes que sancionen el negacionismo no soluciona el problema de fondo. Para ello, es necesario avanzar más allá en garantías de no repetición, robustecer la memoria histórica, los discursos públicos, los sitios de memoria y la educación en derechos humanos en todos los niveles además de fortalecer la matriz cultural de los derechos humanos en la sociedad. La academia y universidades aún están muy al debe en cuanto a la incorporación de los derechos humanos en las mallas curriculares. A 50 años del golpe de Estado en Chile, se torna necesario enviar un mensaje a la sociedad que establezca con claridad que hechos como los que ocurrieron durante la dictadura no pueden volver a ocurrir”, puntualizó la consejera del INDH.

Puedes leer la carta al director de Lieta Vivaldi en el siguiente enlace: Banalizar la violencia, una amenaza a la democracia – La Tercera

Publican estudio bibliométrico de modelos computacionales y matemáticos de Innovación y Tecnología en la Empresa

“Un estudio bibliométrico, facilita el intercambio y la difusión de los resultados de la investigación dentro y fuera de la organización. Las empresas pueden fomentar una cultura de innovación abierta al proporcionar una plataforma para que los investigadores colaboren, intercambien conocimientos y publiquen su trabajo”, así lo explica Mauricio Castillo quien junto a Cristián Geldes, ambos investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, y los académicos de la UAH Víctor Muñoz y Mónica Soto y el doctor Alejandro Álvarez de la Universidad de La Serena, publicaron recientemente el artículo “Bibliometric Analysis of Computational and Mathematical Models of Innovation and Technology in Business” en el Journal Axioms (2023).

El trabajo efectuado por los académicos hace un análisis bibliométrico de los modelos computacionales y matemáticos de innovación y tecnología entregando información relevante para evaluar la calidad e importancia de las publicaciones, aplicando las matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita de comunicación donde se consideran los títulos de las publicaciones, tipos de documentos, idioma, resumen, autor y palabras claves o descriptores.

Esta investigación grupal es destacada por el investigador del CiPP, Cristián Geldes, quien valora la labor que se está efectuando en la Facultad de Economía y Negocios de la UAH. “Esta publicación demuestra el trabajo en equipo que estamos desarrollando en el Departamento de Gestión y Negocios, especialmente en el ámbito de la investigación en temas de innovación y estrategia, con el propósito de contribuir al desarrollo empresarial y la sociedad. En el caso de esta publicación quisiera destacar el liderazgo de Mauricio Castillo como experto en análisis bibliométrico”, enfatiza el docente.

Los académicos explican que el análisis bibliométrico presenta beneficios no solo para la academia, sino que también para las empresas y organizaciones que pueden acceder a información de un gran número de publicaciones y citas científicas, identificar a líderes de opinión que pueden colaborar como asesores y expertos en determinadas materias y conocer las tecnologías emergentes.

Puedes conocer este estudio en el siguiente enlace: https://www.mdpi.com/2075-1680/12/7/631

MDPI and ACS Style

Castillo-Vergara, M.; Muñoz-Cisterna, V.; Geldes, C.; Álvarez-Marín, A.; Soto-Marquez, M. Bibliometric Analysis of Computational and Mathematical Models of Innovation and Technology in Business. Axioms 2023, 12, 631. https://doi.org/10.3390/axioms12070631

La prestigiosa Revista “Pléyade” publicó reseña del libro sobre educación superior escrito por Nicolás Feet.

“El libro enfrenta una de las transformaciones más gravitantes de la segunda mitad del siglo XX en adelante: el paso de la centralidad obrera y manual en el trabajo a la hegemonía de los servicios, en especial, la profesionalización del trabajo”. Así se refiere, en un artículo publicado en la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, Pléyade, el actual subsecretario de educación superior, Víctor Orellana, al libro “Mass Intellectuality of the Neoliberal State. Mass Higher Education,  Public  Professionalism  and State Effects in Chile”, escrito por el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Nicolás Fleet.

“Los cambios en el trabajo y la masificación de la educación superior generan una verdadera intelectualidad de masas. Entre muchos efectos, este proceso va alterando al Estado, dado que en su crecimiento éste fundamentalmente incorpora más profesionales”, sostiene Orellana, quien destaca que Fleet aborda el fenómeno desde otra perspectiva diferente a las de la movilidad social individual y la distribución de las oportunidades.

Orellana hace hincapié en que las universidades tradicionales y elitarias concentran la capacidad de formación de profesionales para la conducción del Estado, especialmente monopólicas en cuanto a las disciplinas económicas y de este modo a la conducción de un ministerio clave en un Estado neoliberal como es Hacienda. Luego, comenta que los egresados de la masificación de mercado, de origen más popular, se incorporan al Estado en ministerios sociales y en puestos profesionales socioculturales, en un vínculo contractual más precario y subalterno. ”La derecha política se asocia a mayor presencia de economistas e ingenieros, mientras que durante los gobiernos de la Concertación se incorporan al Estado más cientistas sociales y profesiones socioculturales”, puntualiza Orellana.

En el libro comentado el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Nicolás Fleet, muestra que Chile ha experimentado una gran masificación de la educación superior y, por lo tanto, del predominio del trabajo profesional e intelectual en la estructura social; todo lo cual ha ocurrido en muy poco tiempo, fundamentalmente desde la década del 2000. Por eso, se trata de transformaciones que han afectado principalmente a las generaciones más jóvenes, que han transitado desde el trabajo manual o de rutina, que predominó en las generaciones de sus padres, hacia el trabajo intelectual.

Puedes leer el comentario del libro aquí.

Revisa aquí la publicación de Nicolás Fleet.

Nuevo libro permitirá enriquecer el debate constitucional

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“Este libro aborda la estructura y organización del gobierno del Poder Judicial en la constitución vigente, en la propuesta de la convención constitucional y en los debates posteriores,  analizando de modo crítico las opciones que se han planteado hasta la fecha, sugiriendo líneas matrices de cambios en esta materia”, así lo explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Rafael Blanco, con quien conversamos como equipo CiPP sobre la contribución del libro “Análisis de los órganos constitucionales del sistema de justicia, falencias y desafíos de cara al debate constitucional” del cual es director junto a Silvana Adaros y donde participaron los  académicos Leonardo Moreno, Eduardo Gallardo y Jaime Arellano.

El texto examina el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal en la actual constitución y el planteamiento de la Convención Constitucional. “Se analiza la Constitución de 1980 en adelante, incluyendo los debates que hemos tenido en el Consejo Constitucional y en los foros actuales que aún no han concluido, por lo tanto, es un texto de referencia muy útil para quienes quieren mirar la estructura institucional, las funciones y las atribuciones de estos diferentes órganos”, señala el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.

Se aborda la organización y la administración del Ministerio Público en la constitución vigente y las ideas de cambio señaladas por la Convención con el objetivo de ilustrar el trabajo que abordará el Consejo Constitucional. Los autores aconsejan eliminar a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones de los procesos de nombramiento del fiscal nacional y los fiscales regionales respectivamente, recomendando generar áreas de selección más abiertas, competitivas y meritocráticas que garanticen altos estándares de exigencia a los y las candidatas, proponiendo considerar instancias como la Alta Dirección Pública como opción para construir el sistema de selección, destaca Blanco.

Por otra parte, se sugiere mejorar la rendición de cuentas del fiscal nacional y los fiscales regionales, generando mecanismos que consulten la creación de comisiones especializadas en el parlamento ante las cuales las autoridades del Ministerio Público deban entregar las informaciones que permitan conocer los grados de eficiencia y eficacia de sus acciones, resguardando los datos que sean reservados o secretos.

En el trabajo se analiza la Defensoría Penal Pública, que en la actual constitución no es considerada como un órgano autónomo, y que a pesar de que la propuesta constitucional reconoce esta posibilidad, esta opción no es contemplada por la Comisión Experta. “Se analiza la organización de la Defensa Penal Pública y la necesidad de regularla como órgano constitucional autónomo, pues este actor del sistema penal forma parte de una tríada de instituciones que intervienen en el sistema penal acusatorio y que requieren de una estructura institucional que garantice altos niveles de autonomía para el ejercicio de sus funciones”, puntualiza el profesional.

En materia de gobierno del Poder Judicial, Rafael Blanco, señala que en el libro se sugiere erradicar de la Corte Suprema las funciones administrativas y de gestión, dejando únicamente las tareas propias de una corte de casación. “La propuesta se orienta a crear órganos especializados a cargo de las tareas de nombramientos, remociones y control disciplinario de jueces, por una parte y generar órganos a cargo de las tareas de administración, gestión y control presupuestario por otra. También se sugiere que la Corte disminuya su número de integrantes y tenga potestades de unificación del derecho y contar con facultades como el certiorari, entre otros aspectos”, explica el académico.

En la presentación del libro que fue editado por Ediciones Der, participó la investigadora del CiPP y Decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, quien destacó el aporte de este trabajo. “Este libro no se agota en marcar las falencias de la constitución actual, sino que plantea propuestas de soluciones a las que llama desafíos que a mi parecer es un eufemismo para con mucho respeto sugerir a los órganos constituyentes cuales pueden ser las soluciones a propósito del diagnóstico que realizan lo que puede alimentar el debate constitucional”, señaló la abogada.

Si te interesa el libro, puedes encontrarlo en el siguiente link.

Si quieres revivir el evento de lanzamiento del Libro, puedes verlo en el siguiente link.

La urgencia de regular los arriendos en Chile

“Chile tiene un déficit en materia de vivienda que se calcula en alrededor de 600.000 a 700.000 unidades, por ello el arriendo se ha asomado como una política relevante”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, María Paz Trebilcock, en una columna titulada “¿Por qué es importante eliminar los requisitos del arriendo?” publicada en el sitio web de la Radio Universidad de Chile.

La académica del Departamento de Sociología de la UAH afirma que en los últimos años los arriendos han tenido un aumento de hasta un 40% en algunos sectores lo que causa un gran impacto en el pago y en los requisitos exigidos para poder optar a un alquiler. “Si se pretende que el precio del arriendo no sea más que un 25% del sueldo, las posibilidades de acceder a él se vuelven cada vez más escasas. Si a esto se suman los requisitos de pagos adelantados, el universo de posibles arrendadores se limita cada vez más”, destaca la socióloga.

María Paz Trebilcock, puntualiza que es urgente proteger los arriendos porque de lo contrario aparecen formas muy precarias de acceso a la vivienda como los subarriendo o el alquiler de casas de material ligero que son ocupadas generalmente por los migrantes. “Hemos visto que una de las principales causas para llegar a vivir a un campamento es no poder pagar el arriendo. Es por ello que se hace fundamental resguardar este mercado, tanto desde el punto de vista del arrendatario, como también del arrendador”, destaca la especialista.

La investigadora recalca en esta columna que es importante flexibilizar el acceso a la vivienda formal ya que de lo contrario comienzan a surgir formas precarias y muy poco dignas de morada.

Puedes revisar esta columna en el siguiente enlace.

Convocar, informar y entusiasmar: los desafíos del proceso constituyente

“El principal desafío es que una ciudadanía fatigada y distanciada con el cambio constitucional se entusiasme, se informe, se interese y concurra con su opinión”, señala la investigadora del Centro interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, en una columna denominada “Los desafíos de la participación ciudadana” publicada en el diario La Tercera.

En opinión de Henríquez, “ciertos aspectos del diseño del proceso participativo son acertados, otros constituyen un reto por su acotada ejecución”.

La académica afirma que la decisión de encomendar a la Universidad de Chile y Católica de recoger y sistematizar la participación ciudadana fue acertada debido a la desconfianza que muestra la ciudadanía con las instituciones, lo que se contrapone con la alta credibilidad que tienen las universidades. “La encuesta Chile Dice (Universidad Alberto Hurtado y Criteria, 2022), aplicada tras el plebiscito ratificatorio de 2022, dio cuenta que las universidades eran las instituciones mejor evaluadas para liderar el actual proceso constituyente alcanzando un 67%. Además, las universidades regionales permiten la descentralización de aquella participación”, destaca la abogada.

Entre el 23 de junio y el 7 de julio, las personas y organizaciones de la sociedad civil deberán lograr las firmas exigidas para que las iniciativas populares de norma sean discutidas por el Consejo Constitucional y desde el 7 de junio y el 7 de julio se realizarán las consultas y diálogos ciudadanos y las audiencias públicas. “Se recibieron más de 1.800 solicitudes de audiencias públicas, las que se realizarán entre el 30 de junio y el 1 de julio ante el Consejo y simultáneamente en las 40 universidades acreditadas de todo Chile. Además, se inscribieron casi 1.200 iniciativas populares de norma respecto de todos los capítulos del anteproyecto, incluso sobre las normas transitorias”, puntualiza la decana.

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La recuperación económica y la política fiscal expansiva

En caso de crisis la población demanda repetidamente una política gubernamental más activa para recuperar el pleno empleo y los gobiernos se esfuerzan por satisfacer estas demandas. “Una política fiscal expansiva aplicada de forma precisa resultaría ser una respuesta más valorada por la población para hacer frente a una perturbación de origen externo y volver así rápidamente al pleno empleo más que usar simples reglas que garanticen el cumplimiento de objetivos limitados como la inflación o el control de la deuda, aunque éstos sigan siendo necesarios para garantizar la estabilidad a medio y largo plazo”, así lo explica Carlos J.  García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien publicó un artículo en la revista Observatorio Económico analizando los resultados del estudio “Cuando se valora la recuperación económica: un caso de Política Fiscal Expansiva en economías abiertas” de los autores Carlos J. García y Wildo González de la UAH junto a Gabriel Valenzuela del Instituto Nacional de Estadísticas.

En este trabajo se exploró si el aumento del gasto fiscal se reutiliza como subsidio para impulsar el gasto privado y si la recuperación económica producida por la política fiscal es valorada por los hogares e incluida en sus preferencias. Estas condiciones, según el estudio, operan en conjunto, es decir, ninguna de ellas basta por sí sola para lograr la recuperación económica. “En la medida en que las subvenciones ayudan a mantener la inversión privada y el consumo de los hogares restringidos, la valoración de la recuperación del consumo de los hogares optimizadores impulsa este gasto y viceversa. Se muestra numéricamente para distintos casos que es este mecanismo conjunto el que asegura una recuperación rápida de la economía”, comenta García.

Un aporte crucial del estudio es establecer que el supuesto egoísmo, pieza central en la literatura económica más ortodoxa, no necesariamente se cumple en una crisis. Generalmente se plantea que las acciones colectivas se producen si y sólo si los individuos reciben algún beneficio. Sin embargo, existe evidencia desde la neuroeconomía, que apoyaría la relevancia de un componente social relacionado con la valoración de pertenecer a un grupo, tener redes y evitar el ostracismo. “En una economía en la que los agentes pueden estar totalmente asegurados, la preocupación por los demás agentes se deja en manos de los seguros, y las preferencias egoístas serían adecuadas. Sin embargo, en ausencia de dicho seguro, aparecen conceptos como la reciprocidad y la aversión a la inequidad”, explica el experto.

Puedes leer el artículo en el siguiente enlace: https://fen.uahurtado.cl/2023/noticias/revista-observatorio-economico-no-177/

Analiza los detalles del estudio en el siguiente enlace: https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/05/ILADES-UAH-Working-Paper-No-343.pdf

La jornada de 40 horas: Una apuesta para aumentar la productividad y mejorar la calidad laboral

“En promedio los trabajadores chilenos trabajan 1,910 horas anuales, muy por encima del promedio de la OCDE que está en 1.716 horas, no solo por las largas jornadas, sino por los escasos días de feriados legales al año. Reducir horas y días anuales de trabajo es uno de los objetivos que pretende esta reforma”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Ana María Fernández, en un artículo publicado en la edición N° 177 de la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios.

La reforma laboral que reduce la jornada semanal de 45 a 40 horas (Ley 21.561) fue publicada en el Diario Oficial el pasado 23 de abril, modificando el artículo 22 inciso primero del Código del Trabajo (CT) y reduciendo, en el inciso segundo, el grupo de trabajadores sin limitación de jornada.

La académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, señala que hay estudios que muestran que en los países donde se trabaja menos horas anuales y existe una mayor flexibilidad laboral tienen una mejor productividad como España, Francia, Portugal, Reino Unido. En Chile en cambio la jornada laboral es muy extensa y con baja productividad. “Según las estadísticas de la OCDE, Chile es el quinto país de menor productividad laboral de este colectivo y a su vez es de los que presenta las mayores tasas de utilización de mano de obra (OCDE, 2023)”. La reducción de jornada impulsaría a las empresas, explica la docente en su publicación, a buscar soluciones de organización en sus procesos más eficientes.

Ana María Fernández puntualiza que se espera que esta reforma produzca una mejora cualitativa y cuantitativa en el empleo que favorecerá especialmente a los grupos de trabajadores más vulnerables del mercado laboral como los jóvenes y  las mujeres. Además, agrega que las empresas de nuestro país no pueden determinar su capacidad de producción basándose en la necesidad de contar  con eternas jornadas de trabajo. “Las empresas chilenas no pueden seguir centrando su ventaja comparativa en largas jornadas de trabajo de baja productividad, es decir, en la mercantilización de la mano de obra. Los costes económicos y sociales son demasiado altos. La jornada de 40 horas rige en la mayoría de los países de la OCDE con buenos resultados y Chile está en condiciones de no ser una excepción», destaca la experta.

En cuanto a las pymes se señala que puede que sean las entidades que presenten mayores dificultades para adaptarse a esta normativa enfatizando que deben enfocarse a alcanzar un mayor  crecimiento económico para salir del umbral de subsistencia aumentando la productividad laboral y competitiva. “La reforma viene acompañada de incentivos estatales en fomento productivo y capacitación, que deben saber aprovechar. Las micro y pequeñas empresas certificadas con el sello de las 40 horas declaran que la reducción las desafió a encontrar “tiempos muertos” , que la motivación de los trabajadores ha mejorado y que han registrado incluso aumentos en la productividad laboral”, destaca la investigadora.

Puedes leer este artículo en el siguiente enlace.

UNESCO y el gobierno inician proceso participativo para actualizar política de Inteligencia Artificial

“El Futuro de la Inteligencia Artificial en el Estado”, es el nombre del taller sobre actualización de la política nacional de inteligencia artificial organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación donde participó la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Michelle Azuaje.

Este taller es uno de los seis que serán convocados por la oficina regional de la UNESCO en distintas regiones del país, donde concurrirán actores del sector público y privado, académicos y organizaciones sociales con el objetivo que esta actualización de la política de Inteligencia artificial se desarrolle en un espacio abierto de gran participación. Los resultados de estos encuentros serán un importante insumo para la jornada final  que organiza “Min Ciencia”, la oficina de Unesco Montevideo y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en octubre de este año.

En este primer taller que fue encabezado por la  subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza y la Responsable del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO Montevideo, Eleonora Lamm, participaron abogados, ingenieros, cientistas políticos, ingenieros, programadores, en total más de 30 especialistas junto a representantes de la sociedad civil, reparticiones del Estado y del  sector público.

Chile será el primer país de la región en aplicar la metodología de Evaluación de Preparación (RAM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO, una herramienta que permite evaluar las  dimensiones jurídicas y regulatorias, sociales y culturales, económica, científica y educativa, tecnológica e infraestructura que requiere un territorio para  la aplicación de las  recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO  aprobada el 2021 que busca la la promoción de la paz, la justicia y el respeto por los DDHH y las libertades de los derechos fundamentales suscrita  por sus 193 Estados Miembros.

Investigadores CiPP participan como evaluadores del Índice de Políticas para Pymes de la OCDE

“Esta es la segunda vez que participo en esta instancia, y me resulta interesante, pues permite establecer vínculos entre los temas que investigamos y el desempeño de las Pymes. En esta versión se añaden aspectos relacionados con digitalización y con mi proyecto de investigación”, señala el docente,  Mauricio Castillo quien junto al académico, Cristián Geldes, participaron como evaluadores independientes del Índice de Políticas para Pymes de la OCDE.

Los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académicos de la FEN UAH apoyaron la recopilación de información y datos relacionados con la economía, las políticas y el rendimiento de las Pymes en Chile y compararon información sobre políticas y programas para el desarrollo y las iniciativas empresariales en la región, verificando recursos públicos, poniéndose en contacto con las partes interesadas pertinentes y asistiendo a reuniones con representantes gubernamentales. Además, tuvieron la oportunidad de participar en reuniones con el Gobierno chileno para discutir y analizar algunos aspectos sobre las políticas públicas que afectan a las Pymes.

La segunda versión denominada “Índice de Políticas para Pymes de América Latina y el Caribe: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente” fue organizada en conjunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),  el Banco de Desarrollo de América Latina y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). Aumentando el número de participantes de siete a diez países: Chile, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El Índice de Políticas para Pymes es una herramienta de evaluación comparativa que ha ayudado a economías emergentes en diversas regiones del mundo durante la última década a monitorear y evaluar el progreso de las políticas que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este informe evalúa las fortalezas y debilidades que existen en las diferentes áreas de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas para Pymes.

Rafael Blanco expone en seminario sobre litigio estratégico en República Dominicana.

«El litigio estratégico: una nueva mirada en la solución del conflicto» es el seminario que reunió a destacados expositores nacionales e internacionales convocado por la Universidad Dominicana O&M y organizaciones de la sociedad civil. En el evento realizado en República Dominicana expuso el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco.

El tema central de este seminario fue el litigio estratégico en la solución de conflictos donde el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Rafael Blanco, habló sobre los desafíos de la representación de intereses de víctimas e imputados en el contexto de sistemas procesales penales adversariales.

Esta actividad es el primer seminario internacional que se celebra en ese país con el objetivo de promover herramientas y experiencias sobre esta materia, así como el respeto y la protección de los derechos humanos para permitir que las decisiones trasciendan la solución particular de un caso y genere un impacto social o jurídico que beneficie a toda la ciudadanía.

Durante el desarrollo de la actividad jurídica  se trataron los  temas: Desafíos estratégicos en el proceso penal;  litigación estratégica en materia de ciberdelitos;  garantías y derechos en el sistema penal de cara a las exigencias del sistema interamericano; litigio estratégico en materia de violación de derechos  fundamentales; elementos críticos del litigio estratégico penal y la  de admisibilidad y exclusión de prueba; el litigio estratégico: romper paradigmas y crear precedentes en el proceso administrativo.

Deep fakes, distorsión de la realidad y desafíos jurídicos

“Los recientes desarrollos tecnológicos nos están llevando a transitar por parajes inimaginables que muchos no ven y otros solo ven como una “curiosidad”, pero que encierran debates profundos y que han afectado y pueden seguir afectando los derechos de miles de personas a nivel mundial”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Michelle Azuaje,   en el  artículo “Deep fakes, distorsión de la realidad y desafíos jurídicos” publicado en la revista de extensión Telos número 22 donde plantea los principales riesgos del uso de videos e imágenes ultra falsas o Deep fakes.

Un Deep fake es un video, una imagen o un audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona. También llamados «medios sintéticos»,caracterizados por ser muy convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos.

Son   generados por la inteligencia artificial y sus formas más comunes de aplicación las encontramos en videos o como filtros de realidad aumentada. “Los Deep fakes pueden emplearse para poner a personas en situaciones en las que no estuvieron realmente (como el papa Francisco, caminando por las calles usando un abrigo blanco de Balenciaga) sin que necesariamente podamos advertir la falsedad del contenido. Pueden hacerse con fines humorísticos o de parodia (en principio, amparados por la libertad de expresión), o para mejorar algunas obras cinematográficas, por ejemplo, a través de “doblajes sintéticos sincronizados” (como promete TrueSync), pero también con los fines más perturbadores” señala la académica en la publicación.

La investigadora del CiPP se pregunta en esta publicación ¿qué tan preparadas están las legislaciones para hacer frente a estos riesgos?, enfatizando que el abaratamiento, sofisticación y masificación de estas tecnologías  la hacen mucho más accesible  lo que genera que un número mayor de personas puedan ser víctimas. “En sus orígenes los deepfakes atacaron principalmente a personas famosas (es decir, a unas pocas personas, como Gal Gadot, Taylor Swift, Scarlett Johansson, más recientemente influencers, escritoras, entre otras), pero el abaratamiento, sofisticación y masificación de estas tecnologías puede llegar a perjudicar a un sinnúmero de individuos a nivel mundial y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el sistema de justicia”, declara la especialista.

Michelle Azuaje, experta en propiedad intelectual y derecho digital, afirma en esta publicación que el avance de la tecnología nos hace plantearnos sobre los retos globales que hoy enfrentamos y responder a la interrogante sobre el rol y lo que puede hacer el derecho al respecto. “Sabemos que deben tomarse algunas medidas, sí, pero… ¿lo estamos haciendo?, ¿saben o deben saber los operadores de justicia, incluso en una pequeña localidad, lo que es un deepfake?, ¿lo saben los abogados?, ¿deberían saberlo?, ¿quién nos prepara para ello?, ¿cómo se entendería correctamente probada la falsificación de uno de estos, enfatiza la abogada.

Puedes leer este artículo en el siguiente enlace: TELOS 122.pdf

Gas a precio justo: valor público y barreras a la innovación

“Las soluciones innovadoras tanto en el sector público como privado no ocurrirían de manera espontánea”. Es la opinión de Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, al referirse a la polémica generada en torno al programa  “gas a precio justo” .

“La innovación seguiría un proceso que parte con la definición de un problema, seguido de la generación y selección de ideas, que posteriormente requieren ser testeadas mediante pilotos, para luego implementarlas, evaluarlas, difundirlas y escalarlas en la medida de lo posible”, argumenta Cienfuegos en su columna de opinión publicada en Radio Universidad de Chile.

Estas iniciativas que buscan entregar bienes a hogares vulnerables a un costo inferior al mercado, señala el académico del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, nacen en un contexto de reproche al sector privado. Recordemos que el mercado del gas licuado fue cuestionado por la Fiscalía Nacional Económica, FNE, por carecer de una regulación adecuada desde una perspectiva competitiva. Es así como en el país se abrió un debate sobre si esta “falla del mercado” debía resolverse, únicamente, a través de mejorar la regulación de la industria o por una participación estatal. Para Cienfuegos debe existir la posibilidad de innovar desde el Estado, a fin de generar “valor público”, es decir orientarse “hacia la satisfacción de necesidades y deseos de la ciudadanía, con soluciones que salgan de la caja, más allá del solo cumplimento del mandato legal”, comenta el investigador del CiPP. Sin embargo, la preocupación de gran parte de la opinión pública sería el “despilfarro de recursos” por parte del Estado en el desarrollo de esta idea “innovadora”, puntualiza  el docente.

Accede a la columna de opinión en  el siguiente link: Gas a precio justo: valor público y barreras a la innovación.

Desafíos a largo plazo

“Las necesidades y prioridades del gasto planteado por la autoridad son todas muy válidas e importantes para el ciudadano común, pero mantienen la estrategia asistencialista de los últimos 50 años”. Así lo plantea Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado quien destaca que el país debe enfrentar no solo la desigualdad sino que también otros desafíos fundamentales de nuestra sociedad, como son la robotización y el calentamiento global.

“Basta con observar lo que es posible hacer con la Inteligencia Artificial para darse cuenta de que la robotización y tecnologías similares golpearán nuestras vidas en forma dramática”, comenta el académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad en su columna de opinión “Política fiscal en el largo plazo”, publicada en La Tercera .

El calentamiento global también inquieta a García quien advierte que el gasto de la población chilena en alimentación se incrementará. “Mis cálculos, basados en datos más bien conservadores, indican que los alimentos subirán de precios en un 25% en términos reales en los próximos años y décadas, básicamente por los esfuerzos de mitigación de esta crisis”, sentencia García.

Accede a la columna de opinión de nuestro investigador en el siguiente enlace: Columna de Carlos J. García: Política fiscal en el largo plazo – La Tercera

Hugo Rojas investigara sobre justicia transicional en Iberoamérica

“El objetivo del proyecto es identificar y analizar las políticas de los gobiernos democráticos en España y América Latina, en relación con sus propios procesos transicionales, problematizando en torno al concepto de memoria histórica los tratamientos otorgados a las víctimas y responsables de las dictaduras en el marco de la justicia transicional en un sentido amplio”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Hugo Rojas, quien será coautor y parte del equipo interdisciplinario y transnacional de trabajo que investigará sobre «Transiciones democráticas y memoria histórica: aprendizajes de ida y vuelta entre España y América Latina» .

El académico señala que el equipo de investigadores se centrará en las experiencias latinoamericanas y española, bajo la pregunta guía de si existen enseñanzas útiles entre los distintos países del área que puedan identificarse como modelos de buenas prácticas, tales como la justicia transicional, la memoria histórica, la rehabilitación posconflicto, las políticas de género o la historia pública.” Se realizarán estudios de casos que combinarán aproximaciones comparadas, partiendo de una noción de «ida y vuelta», es decir, no unidireccional y bajo la hipótesis de que las transiciones latinoamericanas ofrecen enseñanzas valiosas para el debate democrático, no sólo para España, sino para toda Europa”, destaca Rojas.

El proyecto de investigación ha sido patrocinado por Fundación Carolina y contempla ser ejecutado el 2023 con una serie de publicaciones y una conferencia internacional a realizarse en la Casa de América, Madrid y permitirá realizar una importante investigación en el ámbito de derechos humanos, transiciones a la democracia y justicia transicional.

El grupo de trabajo se constituyó el 5 de mayo y está integrado  por: Hugo Rojas, Facultad de Derecho y Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado e Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia, Chile. Carlos Sanz, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, España (coordinador), Lorena Balardini, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Antonio González Quintana, Consejo Internacional de Archivos, España, Ana Guglielmucci, Programa de Antropología en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, Elena Martínez  Juan Pablo Vera Lugo, Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Barahona, Facultad de Derecho e Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España y Juan Pablo Vera Lugo, Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Fabian Pressacco: El Gobierno reordena sus prioridades.

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“El Presidente en forma muy talentosa ha logrado que su coalición asuma que no hay tanto espacio para lo que se quiere hacer, aunque se considere que esos cambios son muy valiosos, sin embargo no ha renunciado a las reformas estructurales en materia tributaria, de salud y de pensiones”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fabian Pressacco, en una entrevista realizada por nuestro equipo donde analiza la situación del gobierno.

Pressacco, cree que no ha sido fácil para Gabriel Boric gobernar porque ha debido enfrentar el hecho de ser minoría en el Congreso forzándolo a negociar con un sector que pareciera no querer que las cosas cambien. Además, tuvo que asumir el fracaso del plebiscito de salida. Este escenario adverso lo obligó a desplegar toda su habilidad política para administrar de la mejor manera posible las anheladas transformaciones que los distintos sectores de la coalición oficialista tienen que asumir. De una u otra manera, la coyuntura social y política del país ha modificado los tiempos e, incluso, ciertas prioridades. “Es muy complicado gobernar en un país donde cualquier iniciativa es cuestionada y en donde avanzar, incluso, en mínimas iniciativas se hace difícil, sin embargo Boric ha logrado desplegar un tono que apunta a reforzar la necesidad de conversar, negociar y, de esa manera, a lograr acuerdos” enfatiza el académico.

Las observaciones del docente del Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Fabián Pressacco, coinciden con las declaraciones que realizó el primer mandatario durante el discurso de la Cuenta Pública 2023 donde afirmó que se han reordenado las prioridades del gobierno. “Es un gobierno que partió con un programa muy ambicioso y que ha tenido que hacer cambios y ajustes muy radicales en función de los datos del entorno. En ese proceso de pérdida hay integrantes de la coalición de gobierno que les cuesta más aceptarlo”, explica el politólogo y sociólogo.

El académico considera que es muy difícil poder realizar un nuevo proceso constituyente si el 17 de  diciembre el electorado se pronuncia en contra del proyecto de carta magna. Recordemos que esa instancia democrática será con voto obligatorio. “Nadie pensaba que los republicanos sacarían la cantidad de votos que alcanzaron, pero hay que ver si están dispuestos a ceder, ya que no les vendría mal hacerlo si piensan tener una opción presidencial. Me parece que si este proceso no resulta hay poco espacio y energía para hacer otro”, puntualiza el investigador.

En cuanto a las figuras del gobierno con mayor proyección el académico destaca a la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a quien considera que posee mucho carisma, templanza y una alta valoración entre la ciudadanía, un 66 por ciento de aprobación, según la última encuesta Cadem. Evaluación que se explicaría por la aprobación de las 40 horas semanales de trabajo. Camila Vallejos es otra de las figuras del gobierno que el docente considera que tiene una excelente proyección política y pieza clave de la actual administración.

Otro de los personeros del gobierno que mira con interés es al Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, a quien perfila como personaje fundamental en los temas de seguridad, destacando su  tono mesurado a lo que se suma que cuenta con una muy buena evaluación de la ciudadanía reflejada  en la última encuesta Cadem que le otorga un 64 % de aprobación. También hay que considerar, más allá de los conflictos al interior del PPD, a la ministra del Interior Carolina Tohá. Su firmeza y claridad, así como su desempeño en la interpelación del Congreso, la destacan como una figura relevante del Gobierno.

Sobre las críticas al plan piloto de ENAP: «Ese cálculo mezcla peras con manzanas”

«El cálculo de los $117.000 por cilindro confunde costos fijos con variables». Así de tajante es Eduardo Saavedra, Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado al ser consultado por Las Últimas Noticias acerca de las críticas que se han realizado al plan piloto de ENAP.

Saavedra, quien fue asesor de la Fiscalía Nacional Económica, FNE, en el estudio del gas, explicó que nadie duda que ENAP gastó $591 millones en el piloto, lo que para unos 5.700 cilindros, da un promedio de $117.000, pero ahí se confunden los costos fijos con los costos variables. “Ese cálculo mezcla peras con manzanas. Toda inversión de largo plazo tiene componentes de costos fijos importantes, por ejemplo, los cilindros, pero la diferencia es que el cilindro una empresa lo usa durante 30 años, y el cálculo de los $177.000 amortiza ese costo en un año”.

El Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH recordó que el estudio de la FNE concluyó que, entre el 2010 y el 2020, el precio del gas fue superior al que debería haber existido en un mercado competitivo. “En el caso del gas de cilindro, los consumidores pagaron 181 millones de dólares anuales en exceso”, acotó el académico.

La recomendación de la FNE fue eliminar los contratos de exclusividad de las grandes distribuidoras con los distribuidores más pequeños. “Hoy usted le compra al camioncito que pasa por su casa, que solo ofrece una marca, y ni siquiera sabe cuánto cobran las otras empresas. Si usted elimina esos contratos de exclusividad, ese camioncito andará con las tres marcas y las nuevas que se sumen y usted va a comprar más barato, porque podrá escoger y eso hará que las empresas compitan, incluso sin que entre ENAP”, comenta Saavedra.

El director académico del CiPP considera que el ingreso de ENAP al mercado del gas, aunque tuviera costos más altos, igual podría beneficiar a los consumidores. “Pero para eso ENAP no puede entrar con 60 mil cilindros, sino con dos millones y medio por lo bajo. Es imposible inyectar competencia a un mercado de tres gigantes con una empresa chiquitita que tiene el 1% del mercado”, concluye el Decano de la FEN de la UAH.

Accede a la entrevista completa en el siguiente enlace.

Estudio sobre el rol de la Defensoría Penal Pública durante el estallido social

“Con esta investigación se busca dar cuenta del rol que cumplió la Defensoría Penal Pública (DPP) durante los meses del estallido social que se vivió en Chile desde el 18 de octubre de 2019 hasta la declaración de estado de excepción por la pandemia global causada por COVID-19 el 17 de marzo de 2020. En esos  cinco  meses,  aunque  con  mayor  intensidad durante los dos primeros, en las principales ciudades del país se llevaron a cabo numerosas protestas y manifestaciones masivas en la vía pública, se cometieron  actos  de  delincuencia  y  crímenes  de  diversa  índole,  y  agentes del  Estado  incurrieron  en  violencia  desmedida  e,  incluso,  en  graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes”, así lo señala el artículo académico titulado “Los delitos del estallido social  y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019” publicado en el último volumen de la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La investigación  socio – jurídica e interdisciplinaria fue realizada por el académico Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Director del Departamento de Ciencias del Derecho y profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado; y las y los académicos Javiera Farías, doctoranda en criminología de la Universidad de Barcelona y ayudante de investigación; José Manuel Fernández, profesor de derecho penal UAH e investigador VioDemos; y Tomás Pascual, profesor de Litigación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el documento se explica que la Constitución y el Código Procesal Penal, además de los tratados internacionales ratificados por Chile, obligan al Estado a ofrecer asistencia jurídica gratuita a quienes lo requieran, lo cual es especialmente relevante en el ámbito penal. Con ocasión de la revuelta o el estallido social ocurrido en Chile entre el último trimestre de 2019 y comienzos de 2020, la Defensoría Penal Pública adoptó un conjunto de medidas para ofrecer defensa jurídica a quienes eran detenidos o formalizados por los órganos de persecución penal. “En esta investigación se compara el comportamiento delictual en el país entre los años 2017 y 2021. Se identifican los delitos del estallido social. Se trata de un conjunto de delitos cuyas frecuencias aumentaron considerablemente en los meses convulsionados: a) robos en lugar no habitado, b) desórdenes públicos, c) alteraciones al orden público, y d) atentados y amenazas contra la autoridad”, se señala en el documento.

Las y los académicos explican que la gran cantidad de delitos que se produjeron durante el estallido social y sus especificidades pusieron a prueba a todo el sistema judicial chileno, ya que la sensación de injusticia se incrementó con el malestar social existente en el país. Esta situación explica, según el documento, los mecanismos desplegados por la Defensoría para asegurar servicios oportunos de defensa penal. ”En contextos de disturbios sociales, el surgimiento de dichas creencias parece especialmente importante porque puede incrementar la percepción de injusticia, potenciando el malestar social que da origen a dichos disturbios.”, puntualiza el trabajo

La investigación destaca aquellas buenas prácticas de la Defensoría Penal Pública observadas durante este periodo recalcando que podrían robustecerse institucional y normativamente para que el sector justicia esté mejor preparado para enfrentar fenómenos criminológicos complejos o no habituales, como los ocurridos durante el estallido.

Ficha bibliográfica: Farías, J., Fernández, J., Pascual, T., & Rojas, H. (2023). Los delitos del estallido social y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019. Derecho PUCP, (90), 79-114. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202301.003

Indexación: Scopus, SciELO, Redalyc, ESCI (WoS), DOAJ, Google Académico, Hein Online.

Revisa la versión digital de la publicación en el siguiente enlace: Los delitos del estallido social y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019

El SII y su enfoque automatizado: ¿Hacia dónde se dirige la interacción personal?

“Hago un llamado a detener por un momento la marcha inexorable de esta avalancha de digitalización en el quehacer del Servicio de Impuestos Internos, y a recordar y reflexionar en que los problemas de índole fiscal, más que informativos o estadísticos, son humanos, y que la comunicación directa y cercana no solo nos resulta más grata, sino —por qué no—, tanto o más eficaz para resolver los desafíos que tienen tanto los contribuyentes como el propio Fisco”, así de categórico es el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Eduardo Irribarra, en una columna titulada “El SII y su enfoque automatizado: ¿Hacia dónde se dirige la interacción personal? publicada en el sitio web de la Radio Universidad de Chile.

El académico de la Facultad de Derecho de la UAH afirma que hasta hace un tiempo el Servicio de Impuestos Internos (SII) reformuló la relación con los contribuyentes a través de “un nuevo trato” que se caracterizó por ser más horizontal y facilitador dentro del proceso de transformación digital del Estado. “Esta nueva mirada se reflejó en diversos aspectos del quehacer de este organismo, como es la posibilidad de extender la Revisión de la Actuación Fiscalizadora al conocimiento de aspectos tanto de fondo como de forma, en una mejor comunicación entre los fiscalizadores y los contribuyentes, y en un énfasis en el respeto a los derechos de los contribuyentes, especialmente en lo tocante al derecho de ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración (art. 8 bis del Código Tributario)”, destaca el abogado.

Irribarra, puntualiza que el avance de la inteligencia artificial y la sofisticación de los sistemas informáticos está provocando que el SII se transforme en un organismo más centrado en lo cuantitativo y orientado a los resultados, dejando de lado los énfasis más humanos olvidando, que hay situaciones que los sistemas computacionales no pueden resolver. “En la era digital actual, la mayoría de los trámites ante este organismo se realizan de forma digitalizada, y es común escuchar la frase “ya no se reciben papeles” en sus pasillos. Sin embargo, es importante destacar que, según la Circular N° 41 de 2021, los funcionarios tienen la instrucción expresa de aceptar tanto documentos físicos como digitales. A pesar de esto, quienes nos dedicamos al ámbito tributario hemos notado una progresiva impersonalidad en los procesos digitales, acentuada en parte con ocasión de la reciente pandemia. Por ejemplo, en algunas situaciones, nos encontramos con la dificultad de acceder al funcionario responsable de resolver un asunto en particular, como si el análisis”, plantea el experto.

Para el Director del Departamento de Derecho del Trabajo, Empresa y Economía de la Facultad de Derecho de la UAH, es importante que el SII cuente con un canal de comunicación directo donde funcionarios del organismo puedan dar solución en forma rápida a situaciones que requieren la interacción humana.

Puedes leer esta columna completa en el siguiente enlace.

El sistema con que opera el gas natural en nuestro país no sirve y debe cambiarse

“Es un sistema que no se ocupa en ninguna parte del mundo, es pésimo, no sirve para nada y eso es lo que se requiere cambiar”. Es la rotunda opinión del Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Eduardo Saavedra, quien fue consultado por Chilevisión respecto de las conclusiones del comité de expertos que integró y su análisis sobre el mercado del gas natural.

Dicha instancia emitió un informe donde propone un cambio completo en la comercialización del gas natural que permita que otras compañías puedan entrar a este negocio usando las cañerías de Metrogas y de otras empresas en regiones. En la nota se explica que esto permitiría que terceros puedan ocupar toda la red de gas desde los terminales hasta los canales de distribución generando competencia donde hoy no existe. “Siempre la competencia es el mejor motor para ejercer presión de precios a la baja”, señala Eduardo Saavedra.

Los expertos son partidarios de una suerte de “multicarrier del gas”, parecido a lo que se aplicó en 1994 con las llamadas a larga distancia donde se dio la posibilidad a los consumidores de elegir entre ocho compañías telefónicas. Así se terminó con el monopolio logrando una baja en los precios. Eso también sucedió con los celulares donde se rompió la exclusividad al permitir a las nuevas empresas arrendar antenas a otras establecidas que tenían, hasta ese instante, el control del negocio.

Con una medida de este tipo, aseguran los expertos, el mercado del gas natural cambiaría en forma radical, permitiendo que cada consumidor decida a quién comprar considerando una variedad de precios y ofertas.

Puedes ver el reportaje en el siguiente link.

La ausencia del derecho al cuidado en el anteproyecto constitucional

“El derecho al cuidado es multidimensional e involucra el derecho de toda persona a cuidar y a recibir cuidados. Sobre el derecho a cuidar, es evidente que son las mujeres quienes asumen fundamentalmente estas labores respecto de niños, niñas, personas enfermas, en situación de discapacidad y ancianas. Ellas cubren las necesidades mínimas e indispensables para la vida y subsistencia dignas de las personas dependientes”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en la columna “Un derecho omitido: el derecho al cuidado”  publicada en el diario La Tercera.

La Decana de la Facultad de Derecho de la UAH afirma que llama la atención que en el anteproyecto de constitución elaborado la Comisión Experta que será presentado el 7 de junio al Consejo Constitucional se omita el “derecho al cuidado” ya que esta iniciativa concitó en el proceso pasado un amplio consenso. “¿Cuáles fueron los argumentos para negarse a constitucionalizar el derecho al cuidado? Del debate de las enmiendas presentadas durante la discusión de la Comisión puede inferirse que las motivaciones para preterir este derecho fueron la amplitud con que se propuso, la pretensión de establecerlo como un derecho autónomo y la conveniencia que representaría la existencia de ciertos “trabajos sociales” gratuitos”, declara la académica

Miriam Henríquez explica en esta columna que en la propuesta constitucional rechazada por la ciudadanía se establecía que toda persona tiene derecho al cuidado y  que este  reconocimiento fue  fruto de varias iniciativas populares que lograron un amplio apoyo. “Este derecho quedó establecido en el texto constitucional propuesto a la ciudadanía y, según las encuestas, no fue una razón que motivara el rechazo”, destaca la abogada.

La investigadora del CiPP señala que está claro que las y los comisionados han debido hacer importantes concesiones para llegar a acuerdos, pero es difícil de entender porque el “derecho al cuidado” quedó fuera de este proyecto. “Este trabajo no es hoy reconocido como una labor productiva, tampoco es remunerado, y se realiza con altísimas consecuencias personales para las mujeres. Porque cuando las mujeres cuidan generalmente lo hacen a costa de su inserción laboral, de su carrera profesional, de la participación política o con directo daño para su integridad física o mental”, argumenta la académica.

La abogada afirma que el Estado no puede ser un espectador de cómo las tareas del cuidado recaen hoy en las mujeres y que es importante que el Consejo Constitucional reflexione sobre esta realidad. “Es la Constitución la que debe establecer que el Estado es el garante de su ejercicio con base en un modelo de corresponsabilidad social y de género. Si la nueva Constitución establece un Estado social de derecho, el reconocimiento del derecho al cuidado es central en esa configuración”, manifiesta la experta.

Puedes revisar la columna completa en el siguiente link: Columna de Miriam Henríquez: Un derecho omitido: el derecho al cuidado – La Tercera

El desafío de los problemas perversos

“Una de las dificultades por las que un gobierno no se puede concentrar únicamente en lo que la literatura sobre políticas públicas denomina como “problemas perversos” (la delincuencia cae en esa categoría), es que son problemas para los que, con mucha suerte, solo se pueden entregar soluciones parciales o, en la mayoría de los casos, la “sensación de estar siendo resueltos”. Es la reflexión de Ignacio Cienfuegos Spikin, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, luego de las polémicas declaraciones de la presidenta del Partido por la Democracia (PPD) Natalia Piergentili, “quien atribuyó como razón fundamental del estancamiento en las bases de apoyo hacia la coalición de gobierno a una retórica política de seguir hablándole ‘a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres’”.

El académico del Departamento de Política y Gobierno de nuestra casa de estudios, en una columna de opinión titulada “Monos peludos y problemas perversos” publicada en el diario electrónico El Mostrador, comentó que esta situación tensionó aún más la relación de los partidos del oficialismo y, en particular, a las denominadas “dos almas”.

De esta manera, explica Cienfuegos, “y a partir de la interpretación de un supuesto sentido común que reflejarían las encuestas de opinión y sobre todo los últimos resultados electorales, habría que terminar de “enterrar” la agenda identitaria con la que habría llegado el Gobierno a La Moneda, centrándose más decididamente en los problemas que “realmente le importan a la gente”, a saber: la delincuencia”.

Ante esto, el académico señala que es racional que un gobierno busque conectarse con estas supuestas prioridades llevando a la agenda estos problemas en desmedro de las propias y legítimas convicciones.

Ignacio Cienfuegos explica que los llamados “problemas perversos”, tendrían múltiples causas y a veces incluso efectos inciertos cuando se abordan, por lo que su solución definitiva “se pudiera concretar, siendo optimistas (si se toman decisiones que apunten a sus causas), más bien en el largo plazo, cuando el Gobierno en ejercicio ya no está en el poder”, llevando a los gobiernos a intentar construir otros problemas igualmente relevantes que debieran ser considerados.

“Con todo, los gobiernos y en especial los gobernantes, a través de la persuasión (…), deben construir retóricas y mostrar evidencia que dé cuenta no solo de cómo están poniendo el máximo esfuerzo en resolver (aunque sea parcialmente) los problemas (perversos), sino también intentar “construir” problemas, es decir: argumentar y persuadir sobre otros problemas igualmente relevantes que debieran ser considerados”, concluye Cienfuegos.

En el siguiente link podrás acceder a la columna de opinión.

Chile necesita reducir la Tasa de Política Monetaria

“En la medida que la inflación caiga durante este año, la recarga sobre la tasa de interés para personas y empresas en términos reales y en UF empeorará en la medida que la tasa del Banco Central no baje también.” Así de claro es Carlos J. García, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, en su columna de opinión titulada “Por qué Chile necesita reducir la Tasa de Política Monetaria” que fue publicada en el medio El Mostrador.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH entra de lleno en el debate económico luego de la proyección del Banco Central en su último IPoM de una reducción del crecimiento del PIB de un -0,5% el 2023. A juicio de García, esta cifra “no es congruente con una Tasa de Política Monetaria alta hasta fines de año: la recuperación de nuestro país requiere de una reducción de esta tasa en los próximos meses”.

El profesor García explica en su columna en qué consiste esta Tasa y qué efectos tiene en la economía a nivel global y también en la vida de las personas.

“La Tasa de interés de Política Monetaria (TPM) no solo es la tasa que cobra el Banco Central a los bancos comerciales. También tiene importantes efectos sobre la economía, puesto que sirve de referencia para el resto del sistema financiero”, explica García.

“Pongamos un ejemplo simple: la tasa de interés de los créditos de consumo en agosto de 2021 era de 18%, en cambio, en abril de este año es de 29%, ambas medidas en pesos. Si restamos a cada uno de estos porcentajes la inflación de ambos meses, respectivamente, y luego restamos ambas cifras, tendremos que el exceso que están pagando las personas es de aproximadamente 5,7% en términos reales”, ejemplifica el académico.

Puedes leer su columna completa en el siguiente link.