Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH y otros, en Revista Mensaje: “A pesar de todas las leyes y políticas, Chile sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar, lo que se ha incrementado por la pandemia”.
El investigador del CiPP publicó una columna en la edición de julio de Revista Mensaje, junto a Jaime Portales, Jefe del Área de Estudios e Incidencia, Fundación Súmate y Ana Verocai, Directora Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay, en la que describen cómo Uruguay ha abordado los desafíos de la retención y reinserción escolar, y reflexionan sobre cómo fortalecer una acción equivalente en nuestro país.
Señalan que si bien Chile cuenta con una serie de políticas y programas que se preocupan de la retención y el reingreso escolar, estos dispositivos no están articulados entre sí y por lo tanto no han logrado los resultados esperados. La clave estaría en dar a estas iniciativas mayor coherencia sistémica de manera de conformar un sistema de protección de trayectorias educativas que tuviera varios de los elementos que se rescatan de la experiencia de Uruguay.
Dentro de los avances de Chile en materia legal, mencionan la Ley que establece doce años de escolaridad obligatoria, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los subsidios especiales a la retención, sin embargo señalan que nuestro país sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Este número se incrementó en cerca de 40.000 niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia del Covid-19. Lo preocupante es que miles de esos niños y jóvenes no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde.
¿Cómo lo ha hecho Uruguay?
Si bien reconocen que restan aún desafíos, “por primera vez en su historia Uruguay logró universalizar el ingreso a la educación media. El 99,2% de quienes egresan de primaria se inscriben en la media. Hoy se sabe dónde está cada uno y así se le puede acompañar. Incluso a los que no están en el sistema de educación formal se les acompaña con otras propuestas de educación no formal, para volver a vincularlos al sistema formal”.
La clave de la política aplicada por este país estaría en la existencia de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE) que se sostiene en una premisa fundamental, según explican los investigadores: “es el Sistema Educativo Uruguayo (SE) quien asume la responsabilidad de generar la «situación pedagógica» para que todos puedan permanecer y aprender en la escuela”.
Su principal característica sería su alcance universal con anclaje territorial, que se expresa en la frase “a todos y en todas partes”, que contempla varias dimensiones, como por ejemplo, el seguimiento a los estudiantes que egresan de la educación inicial y primaria, el acompañamiento en los tránsitos entre un nivel a otro, un trabajo preventivo a nivel territorial y una plataforma informática que permite, entre otras cosas, un sistema de alertas tempranas que se activan cuando un estudiante falta a clases tres veces en forma consecutiva, o dos veces en cinco días.
Y, ¿ Qué puede aprender Chile en materia de políticas públicas de la experiencia Uruguaya?
Se destacan tres elementos de política pública que serían útiles para mejorar la situación de nuestro país en materia de retención y reingreso.
El primero, cómo se realiza el seguimiento de las cohortes y contar con trayectorias informadas de las y los estudiantes;
El segundo, un fuerte trabajo a nivel territorial y local. En este punto, los investigadores señalan que en el marco de la implementación de la Nueva Educación Pública, los Servicios Locales de Educación podrían convertirse en los principales implementadores y articuladores de las políticas y programas de retención y reingreso escolar en su jurisdicción; .
y, finalmente, un tercer elemento, sería la figura de lo que en Uruguay se llama “referentes de trayectoria educativa”, que son equipos y personas que trabajan en los establecimientos educativos o en el nivel territorial, haciendo seguimiento y acompañamiento personalizado a las niñas, niños y jóvenes para que continúen su trayectoria educativa.
por Equipo CiPP