Enrique Rajevic, investigador CiPP “Necesitamos lograr una articulación virtuosa entre la dignidad de las personas que trabajan en la administración pública y una buena gestión pública de cara a los ciudadanos”.
Rajevic hizo esta afirmación en el conversatorio «Desafíos de la protección de los derechos funcionarios», organizado por la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA).
En la oportunidad, participaron además, Luis Aranda, jefe de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la CGR y Enrique París, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, con la moderación y comentarios de Graciela Lepe Uribe, SubJefa de la División Jurídica de la CGR.
Enrique Rajevic realizó la exposición denominada “Derechos Funcionarios: dignidad e interés general” en la que se refirió a los problemas y desafíos que genera la protección de los derechos funcionarios.
Puntualizó que cuando se escucha hablar de los “derechos” se tiende a pensar que el foco fueran sólo los funcionarios y funcionarias de la administración pública, sin embargo, no se debe perder de vista el “interés general”.
Luego enfatiza la importancia de “profesionalizar el empleo público» y, citando las recomendaciones sobre integridad pública de la OCDE (2017), recuerda que se debe avanzar hacia un servicio público basado en atributos como la meritocracia, los valores y la buena gobernanza, como también que sea profesional e imparcial, de modo de garantizar “un alto nivel de competencia e integridad, así como la continuidad en el desarrollo, asesoramiento e implementación de políticas al servicio del interés público”.
Otro de los desafíos planteados por Rajevic se refiere a la necesidad de diferenciar entre Gobierno y Administración, destacando el rol que juegan los propios funcionarios públicos cuando ejecutan políticas públicas en gobiernos de distinto signo, lo que está en línea con la idea de un servicio civil profesional.
Señala que el mundo municipal tiene desafíos particulares en este ámbito, dado que presenta alta heterogeneidad entre municipios, una pluralidad de regímenes de personal y tareas, y el factor político es muy importante, en tanto los alcaldes y concejales pueden ser reelectos y tienen un contacto muy estrecho con la comunidad, lo que resulta en un escenario más riesgoso a las malas prácticas.
En este marco de desafíos para alcanzar una buena gestión pública, el investigador del CiPP valoró como iniciativas que apuntan en la dirección correcta, la Estrategia Nacional Anticorrupción lanzada por la CGR como también el portal y la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de esta entidad, que además se informó que se extenderá al reclamo que contempla el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Con este tipo de acciones “la CGR ha demostrado que, sin necesidad de aplicar leyes, se pueden hacer cosas que sean relevantes e importantes para tener un mejor Estado y un trato más digno tanto para los funcionarios y funcionarias como para la ciudadanía”, concluye el académico.
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