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Los artículos que han sido recientemente aprobados por el pleno de la Convención Constitucional en la materia, no permiten garantizar los derechos de aprovechamiento de agua, situación que no solo pone en alerta a las empresas que los utilizan con fines productivos como la agricultura y la minería, sino que impone un riesgo mayor al sector que precisamente tiene como fin proveer de agua potable y servicios de saneamiento a la población. Así lo plantean El director académico de CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Eduardo Saavedra, junto Carlos Ponce, director del Departamento de Economía FEN-UAH y Javier Tapia, Ph.D en derecho, University College London, quienes publicaron el artículo “Derechos de agua: Consecuencias económicas y sociales de su expropiación” en la Revista Observatorio Económico N°164/2021, en el que analizan las consecuencias financieras y sociales que traería una eventual expropiación de tales derechos.

Para los académicos, la gestión del agua en Chile ha sido un éxito en el desarrollo económico del país y en la mejora de las condiciones de vida de la población, gracias al mayor acceso al agua potable y el saneamiento en las zonas urbanas. Índices ubicados muy por encima de los demás países de América Latina, destacan los investigadores.

Las posibles consecuencias de poner en riesgo la seguridad de contar con los derechos de agua para las empresas sanitarias serían finalmente pagadas por los usuarios precisamente a quienes se supone se desea proteger, sostienen Saavedra y Ponce. Agregan  que la expropiación de estos derechos llevará a una caída abrupta del patrimonio de estas empresas aparejado a un empeoramiento de la clasificación de riesgos de estas. Esto traerá una baja en el valor de los Fondos de Pensiones que han invertido en bonos de deuda de las empresas sanitarias. Para los académicos esta consecuencia financiera se incrementará con las demandas en tribunales de las empresas afectadas que buscarán indemnizaciones compensatorias que probablemente impliquen un importante costo fiscal para Chile. A esto los investigadores suman los impactos negativos que provocará en la calidad del servicio y en el consumo humano.

El artículo 18 aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional comete un error al hablar de dos tipos de bienes distintos, dicen Saavedra y Ponce. “El artículo 18 propuesto para la nueva constitución de Chile confunde dos tipos de bienes distintos. Un bien es el agua que viene dada por la naturaleza (agua cruda) mientras que el otro bien es el agua destinada al consumo humano”.

Explican los académicos que “estos dos tipos de agua son diferentes: el agua para consumir es un bien final mientras que el agua cruda es un insumo que se usa para producir el bien final. Esta diferencia es clave para entender el rol de los derechos de agua. En rigor, el agua cruda se transforma mediante un costoso proceso productivo en un bien de consumo final”.

En ese proceso hay que extraer el agua, tratarla, transportarla y distribuirla. Por ello los investigadores se preguntan ¿Cómo y quién realizará, mantendrá y modernizará tales inversiones sin derecho de propiedad?

Revisa el artículo completo aquí.

Carlos J. García, investigador del CiPP y académico de la UAH, en La Tercera: “Las mediciones en Chile y el mundo encuentran una y otra vez que los efectos del salario mínimo son despreciables o positivos sobre el empleo”. 

El aumento del salario mínimo no reduce el empleo

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y académico de la UAH, Carlos. J García, escribió una columna que fue publicada el 29 de abril en el diario La Tercera titulada “Salario mínimo: mito y medición donde rebate uno de los argumentos usados para no aumentar el salario mínimo, que señala que su incremento reduce el empleo de los trabajadores que se beneficien con esta medida. “Esta lección no solo la recibieron muchos economistas en los Estados Unidos sino también en el mundo y por supuesto en Chile”, afirma el economista.

Carlos J. García cita el libro de David Card y Alan Krueger de 1995 y explica que “las mediciones en Chile y el mundo encuentran una y otra vez que los efectos del salario mínimo son despreciables o positivos sobre el empleo. Tan importante ha sido este resultado, que Card recibió el premio Nobel de Economía el año pasado, y Krueger seguramente lo hubiera recibido, pero lo perdimos lamentablemente el 2019”.

El académico señala que si uno toma la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 2020 se puede observar que el salario mínimo en Chile es solo más alto que en los casos de  México, Brasil y Rusia. También, agrega que el salario mínimo promedio de los países de la OCDE, medido incluso en dólares, es el doble que el de Chile. 

Finalmente, el investigador del CiPP puntualiza que el aumento del salario mínimo en el país a 400 mil pesos no tendrá ningún efecto negativo en la economía nacional. “Si en los países en que realmente tienen salarios mínimos altos, el aumento de éstos no tiene efectos o son directamente positivos, es difícil pensar que en Chile -considerando los niveles que tiene en nuestro país- tendrá algún efecto y menos si uno creé que servirá para mejorar la distribución de los ingresos”.

Lee esta columna aquí: https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-carlos-j-garcia-salario-minimo-mito-y-medicion/QSJT7XUAFJG2LJTFN7YCS6JZN4/

 

La Fundación Omar Dengo de San José, Costa Rica, fue anfitriona del seminario “Empleo, recuperación económica y transformaciones del mundo del trabajo: Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de innovación de las políticas activas de empleo”, organizado por el área Políticas Sociales del Programa EUROsociAL+, coordinada por el IILA-Organización internacional ítalo-latinoamericana. El seminario contó con el apoyo del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.

El objetivo del seminario que se realizó el 26 de abril pasado, fue generar un espacio de diálogo convocante respecto de las prioridades de acción e innovación de las políticas de empleo en la actual fase de recuperación económica y para adecuarse a las profundas transformaciones que vive el mundo del trabajo.

Las bases conceptuales del seminario fueron expuestas por el coordinador IILA de Políticas Sociales de EUROsociAL+, Francesco Maria Chiodi, quien expresó que la humanidad está viviendo un cambio de época bajo la presión de cinco mega tendencias globales: el avance tecnológico, la globalización, el cambio climático, el cambio demográfico, el individualismo. “El futuro es incierto, ya no existe aquella sociedad industrial con una idea alta del trabajo que nos ha acompañado por dos siglos y en función de la cual el mundo occidental plasmó y desarrolló los regímenes de bienestar social. El trabajo está cambiando bajo la presión de las mega tendencias globales y las políticas del mercado de trabajo no pueden limitarse a pequeños ajustes, más bien están llamadas a pensar nuevos diseños, a ser proactivas, actores en juego de las transiciones capaces de desarrollar acciones que las orienten”. De acuerdo con este enfoque, en su intervención se detuvo en diez grandes innovaciones urgentes de las políticas del mercado de trabajo.

El relanzamiento de las políticas Vi del mercado de trabajo estuvo en el centro del encuentro desde el acto inaugural. La Ministra Consejera y Jefa de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, Katja de Sadeleer, destacó los esfuerzos realizados por los países de América Latina para recuperar los puestos de trabajo perdidos producto de la pandemia por COVID-19, afirmando que “la región mostró una recuperación de un 6,2% en 2021 y se estima que ésta sólo será moderada en 2022. Esto quiere decir que, al igual que en Europa, una recuperación robusta y resiliente necesita reformas e inversiones que ataquen los nudos estructurales […] la crisis de los últimos años deja en evidencia la importancia de políticas que acompañen las dinámicas del mercado no sólo para reaccionar ante nuevas crisis, que se anuncian con una frecuencia cada vez mayor, sino también para responder a los grandes desafíos globales que conllevan –al mismo tiempo– amenazas y oportunidades para el desarrollo”.

En tanto la Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Silvia Lara Povedano, expresó que no se puede seguir apostando al modelo que considera el crecimiento económico como factor suficiente para generar empleo y reducir la pobreza de América Latina. “Eso no ha sucedido en los últimos 30 años y no tenemos por qué pensar que ahora con la reactivación económica va a suceder”, manifestó la autoridad ministerial, añadiendo que es importante cambiar la ecuación: “Cambiemos la ecuación, coloquemos el empleo no como variable residual o como variable de cierre. La propuesta es tomar el empleo como punto de partida, lo cual significa repensar la política. Tenemos que repensar cuál es el conjunto de políticas públicas que habría que echar a andar, en la medida en que nos propongamos partir del empleo y por eso insisto en la idea de colocar el empleo en el centro del proceso de recuperación”.

Respecto a la situación del empleo en Latinoamérica y el Caribe el Director adjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Leonardo Ferreira Neves, expuso que “sólo en la primera mitad del 2020 se perdieron 43 millones de empleos. Por otro lado, al tercer trimestre de 2021 se habían recuperado alrededor del 90% de los puestos de trabajo perdidos durante la primera mitad del 2020, pero falta todavía por recuperar 4,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 4,2 millones corresponden a ocupaciones de mujeres”.

Por ello, Leonardo Ferreira Neves hizo hicapié en un llamado mundial a la acción para tomar medidas a fin de construir un mejor futuro tras la crisis y que se basa en políticas de empleo planteadas por la OIT inspiradas en sus normas internacionales de trabajo, en particular el Convenio 122, para lo cual se deben considerar crecimiento económico y empleo inclusivos, protección de todos los trabajadores, protección social universal y diálogo social.

Eduardo Abarzúa, Vicerrector Académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, expresó que los planteamientos fueron sustantivos: “se ha discutido a nivel regional y en contraste con la experiencia europea respecto de políticas de empleo activas en el mercado del trabajo. Creo que las similitudes, pero también las proyecciones instalan desafíos únicos para nuestra región, entre otros, la cooperación interregional, las acciones afirmativas para grupos más vulnerables que se han visto afectados por la pandemia, pero también incorporar perspectivas más prospectivas como es el cambio climático o el tema de la pérdida de empleo ante los cambios tecnológicos”.

Por su parte, a modo de conclusión, la Directora del CIPP de la Universidad Alberto Hurtado y experta en Sistemas de Cualificaciones del Programa de la UE Eurosocial+, Ximena Concha, abordó la importancia de la discusión sobre empleo retomando el análisis de los impactos de las grandes y profundas transformaciones en el mundo del trabajo a raíz de fenómenos globales como los avances tecnológicos, la ecologización de las economías, el cambio demográfico y las migraciones, entre otros.  “Los mercados de trabajo están transitando hacia nuevas configuraciones y, junto con las oportunidades que ello abre, se agudizan viejas desigualdades y aparecen nuevos riesgos y nuevos costos”, señaló Ximena Concha, añadiendo también que “es necesario enfatizar el rol que juegan las políticas e instrumentos de formación, evaluación y certificación de competencias laborales que permiten apoyar eficazmente la actualización constante de las y los trabajadores a través de trayectorias formativas y laborales que hagan realidad la formación a lo largo de la vida y reconozcan los distintos tipos de aprendizaje”.

En sus saludos de cierre, Juan Manuel Santomé, Director del Programa EUROsociAL+, expuso que el empleo seguirá ocupando un lugar central en las políticas de la Unión Europea y que para el ámbito de la cooperación también lo va a ser. “El programa EUROsociAL es un programa de cooperación Unión Europea, América Latina y el Caribe y va a ser también uno de los pilares centrales de la cooperación a futuro”, añadiendo que “la Unión Europea y América Latina están llamadas a fortalecer un partenariado en los próximos años. Estamos en un momento de encrucijada y la Unión Europea y América Latina y Caribe tienen que ser aliados en salir hacia adelante”.

Sobre EUROsociAL+: es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de políticas de igualdad de género, políticas de gobernanza democrática y políticas sociales.

Sobre CIPP: El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios. Su misión es promover la incidencia de la Universidad en la creación e implementación de políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de la UAH, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.[GA1]

En el marco del programa de cooperación EUROsociAL+ de la UE se celebró el seminario “Los Cuidados como Cuarto Pilar de los Sistemas de Bienestar Social” en Buenos Aires Argentina.

Este viernes 22 de abril 2022, el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina fue anfitrión del seminario regional “Los Cuidados como Cuarto Pilar de los Sistemas de Bienestar Social” impulsado por el área de Políticas Sociales del Programa EUROsociAL+, el cual contó con el apoyo del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.

El objetivo del encuentro fue contribuir al diálogo entre los diferentes actores políticos de los países latinoamericanos, con el fin de avanzar en la reflexión sobre una organización sistémica de los cuidados que sea sostenible y se sustente en los principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social.

Una de las conclusiones que arrojó el seminario es que, durante los últimos años, en la región se ha consolidado la voluntad de implementar sistemas integrales de cuidado a fin de establecer instrumentos para el ejercicio del derecho al cuidado de las personas dependientes. Esta inclusión de la agenda de los cuidados está siendo acompañada por pronunciamientos institucionales que crean un escenario óptimo para reflexionar y  generar un mayor conocimiento sobre esta materia.

El Vicecanciller de la República Argentina, Embajador Pablo Tettamanti, abrió el evento junto al Embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico y María Cristina Perceval, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. “Una de las prioridades de nuestro país es garantizar una redistribución más justa de las tareas de cuidado”, aseguró el Vicecanciller argentino y agregó “en este sentido, el señor Presidente de la Nación informó sobre la remisión de un proyecto de ley a fin de establecer un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea añadió: “Nuestras sociedades están atravesando profundas transformaciones demográficas y sociales, sobre todo después de la crisis del Covid-19. Concebir a los sistemas de cuidados como pilar integrado de los sistemas de bienestar social es clave para el ejercicio de derechos como para la sostenibilidad del desarrollo que promovemos. Por eso es tan relevante el espacio de intercambio y reflexión que tuvimos en Buenos Aires, y que nos honra apoyar desde la Unión Europea a través de EUROsociAL”. Hacia el cierre del evento, la Embajadora Sabina Frederic, a cargo de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria destacó que “la construcción de un espacio en el que instituciones de diferentes países puedan aportar sus experiencias y capacidades en un proceso de aprendizaje mutuo, constituye no sólo una experiencia sumamente enriquecedora sino también un impulso a la promoción del desarrollo”.

Fue en el marco de esta actividad que la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del CIPP UAH, Miriam Henríquez, mencionó que en el contexto del proceso constituyente que se está realizando en Chile se aprobó el artículo 10, “este pasa a formar parte del borrador constitucional y trata precisamente sobre los derechos a los cuidados. Es una buena noticia para compartir, es una noticia que introduce muy bien la temática de este seminario”.

Del seminario participaron también Celina Lezcano Flores, Ministra de la Mujer de Paraguay; Francisco Delgado Jiménez, Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica; Lucía Cirmi Obón, Directora Nacional de Cuidados de Argentina; Anne Caroline Posthuma, Directora del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, OIT/Cinterfor; Ernesto Villalba, experto en validación y certificación de competencias del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, CEDEFOP; Julio Bango, sociólogo, Secretario Nacional del Sistema Integral de Cuidados de Uruguay (2015-2020); Laura Pautassi. Doctora en Derecho Social Universidad Buenos Aires e investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja Facultad Derecho, Universidad de Buenos Aires; Soledad Salvador, experta de EUROsociAL+, miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre desarrollo (CIEDUR); y Emanuele Pavolini, Doctor en Sociología Económica, Universidad Macerata (Italia); como algunos de los destacadas y destacados ponentes del seminario.

Sobre EUROsociAL+: es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de políticas de igualdad de género, políticas de gobernanza democrática y políticas sociales.

Sobre CIPP: El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios. Su misión es promover la incidencia de la Universidad en la creación e implementación de políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de la UAH, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.

El alza del salario mínimo no resuelve la situación económica

Hace seis años que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gobierno no llegaban a un acuerdo sobre el reajuste al salario mínimo, lo que cambió con el proyecto que el ejecutivo ingresará al Congreso para aumentar el salario mínimo a 400 mil pesos mensuales a contar de agosto de este año.

Para muchos chilenos y chilenas esta cifra no es suficiente para llegar a fin de mes, producto de la fuerte inflación que vive nuestro país. El  académico de la UAH, Carlos J. García, en una entrevista dada al CiPP señala que el aumento del salario no resuelve la difícil situación económica por la que atraviesa el país. “Una cosa es el valor real del salario mínimo, que mejora con este reajuste, y favorece a un grupo particular de trabajadores y otra cosa es el costo de la vida actual, que se ha visto mermada por la inflación de costo, energía, alimentos, etc., de estos meses y que afecta a todas las familias, muchas de ellas con salarios solo un poco por encima del mínimo”.

Este es el aumento más alto del salario mínimo en 25 años en Chile y el acuerdo considera un nuevo incremento a partir de agosto de 2021 llegando a 400 mil, y si la inflación acumulada en 12 meses supera el 7% a diciembre de este año, el sueldo mínimo será de 410 mil pesos en enero de 2023.

Para el economista existe una reticencia al elevar este salario. “Cuesta porque se instaló un mito: el salario mínimo produce desempleo. Sin embargo, la evidencia internacional y nacional indican lo contrario”.

El sueldo mínimo en Chile es muy inferior al que tienen los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala el académico “Si consideramos los países de la OCDE, en promedio, y medido en dólares, el salario mínimo es aproximadamente el doble que en Chile. ¿Cómo llegar a esos niveles? Mejorando primero la productividad de nuestros trabajadores, controlando poderes de mercado desmedidos en el sector privado sobre las negociaciones salariales y avanzando paulatinamente”.

El Investigador del CiPP, Carlos J. García, afirma que no le parece indispensable la propuesta del gobierno de entregar una “compensación transitoria” a las pequeñas y microempresas, destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual.”No lo creo necesario, pero tiene efectos políticos positivos e inmediatos: que se acepte el aumento del salario mínimo. En términos económicos, muchas de las empresas no pagan ese salario o muchos de sus empleados están por encima del salario mínimo. Se puede prestar para reducciones arbitrarias de salarios para recibir la ayuda y, peor aún, presiones futuras con el objeto de hacer estas transferencias permanentes”.

Finalmente, el economista destaca que la evidencia internacional muestra que el salario mínimo no es bueno para superar la pobreza y que mejores resultados se obtienen con transferencias directas del gobierno a las personas más necesitadas.

¿Reducir o eliminar el IVA a la canasta básica?

por equipo CiPP

Una de las opciones que han surgido para hacer frente a la fuerte inflación que vive el país y el alto costo de la vida, es establecer una canasta básica protegida reduciendo o eliminando el impuesto al valor agregado (IVA) de estos productos.

En una entrevista realizada por el CiPP el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Humberto Borges, señaló que esta es una decisión incorrecta porque disminuirá los recursos del Estado. “Es necesario diferenciar un grupo de productos… eso sería mejor”.

Es una mala política reducir el IVA a toda la canasta básica, argumenta el especialista, porque al no identificar determinados productos se deja la ventana abierta a la evasión a lo que se suma que es más difícil de fiscalizar que realmente los precios bajen.

El investigador del CiPP, señala que existen muchas críticas al IVA, porque es un impuesto regresivo, es decir, daña a las personas con menos recursos, pero recalca que es también una fuente de gran recaudación para el Estado. “Existen datos de la OCDE que muestran que el IVA entrega cerca del 40 % de los ingresos estatales”. Humberto Borges, destaca que el IVA al poseer una tasa fija permite no tener costos adicionales en fiscalizaciones y evita errores, razón por la que a gobiernos de distintos signos políticos les acomoda este tipo de impuesto.

“Al bajar el impuesto a estos productos influirá en la recaudación del Estado y ese es el problema porque Chile focaliza en el IVA gran parte de su recaudación, lo que perjudica a los más pobres”.

El investigador del CiPP, puntualiza, que se puede hacer una rebaja de tasa de impuesto en algunos productos como, por ejemplo, a los alimentos que tengan un componente de beneficios para una dieta saludable. “Si se concentra (la rebaja) en productos de salud, no discrimina y apoya a los pobres y a la clase media. Por el contrario, al disminuir la tasa en forma general, puede favorecer la compra de cosas que no son tan necesarias y facilitar a los grupos de mayores ingresos a adquirir una gran cantidad de productos a un costo menor”.

En varios países de Europa se aplica una política de disminución del IVA en los productos de primera necesidad, salud y educación. “Las tasas más altas se cobran a los productos que no son de primera necesidad”, señala Humberto Borges.

Un ejemplo de esta política es España que cobra entre un 4% y 5% de IVA a los productos alimenticios, aumentando la tasa en otros productos hasta llegar al 21%, aplicando la tasa mayor a aquellos que contaminan o generan enfermedades, lo que trae como consecuencia un mayor gasto fiscal, en gastos de salud.

Se debe investigar las causas del  alza de los alimentos

En los últimos días, el Director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, habló en diversos medios sobre las alzas de los alimentos, tras el llamado de parlamentarios a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar una posible colusión en el alza de los alimentos.

El académico y asesor de la FNE se refirió al tema en una entrevista dada al programa La Redacción de la Red el 22 de abril, donde destacó la importancia de investigar esta situación, ya que podría ser causa de otras razones y no de la colusión. “Una investigación rápida con todos los recursos de que dispone la Fiscalía Nacional Económica y eventualmente otras instituciones que puedan investigar temas de consumidor, como el mismo Sernac, pero en este caso la fiscalía económica que averigüé, que vea las razones por la cual los precios están subiendo”, señaló a la Red el economista.

También se puso en el escenario de que la colusión sea descartada, al igual que algún tipo de abuso anticompetitivo. “Nos quedamos con precios muy altos y con la población pasándola mal yo preferiría encontrar donde están las personas que requieren el apoyo hoy día e ir a esas personas”, sostiene el académico.

En tanto, en una columna de opinión publicada el 28 de abril en el medio on line Ex-Ante, el investigador también analizó el aumento de precios, especialmente en los aceites de cocina. Eduardo Saavedra explica que las alzas de precios en los alimentos obedecen a la guerra en Ucrania y a la presión inflacionaria derivada de la mayor liquidez que ha tenido la población chilena. “Ambas explicaciones podrían dar cuenta de una inflación anualizada del rubro alimentos que duplique a la de toda la canasta del IPC, pero me parece que no explican por qué el precio de los alimentos como los aceites de comida dupliquen su valor en menos de medio año, ni menos explican que estas alzas se verifiquen preferentemente en supermercados, muy por encima de las alzas de los mismos productos que se observan en ferias libres”, acota el investigador.

Saavedra dice que la inflación anualizada de alimentos sea el doble que la de toda la canasta del IPC se debe probablemente al embargo del aceite de girasol producido en Rusia y Ucrania, producto de la guerra, que eleva de inmediato su precio y el de todos sus aceites sustitutos. “Esta situación podría llevar a que quienes ofician de mediadores entre la producción y el consumo especulen acerca del futuro del mercado y, como consecuencia, acaparen estos productos que se hacen más escasos, pero que al ser de primera necesidad mantienen una demanda relativamente estable en el tiempo”, puntualiza el economista.

“Acaparar productos es validado en la jurisprudencia comparada como una posible práctica de abuso de posición de dominio, no siendo ni necesaria ni suficiente para demostrar un delito muy diferente como sería una colusión de precios”, opina Saavedra. Agrega que lo que parece más delicado es la constatación que las alzas de precios en los alimentos se habrían evidenciado con más fuerza en supermercados que en ferias libres. “La FNE puede no sólo investigar posibles acuerdos colusivos, sino también otras prácticas de abuso en contra de los consumidores que podrían configurarse en los mercados dominados por las cadenas de supermercados”, concluye Saavedra.

Conoce su entrevista y columna de opinión aquí:

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¿Prácticas abusivas o efectos externos en los precios de los alimentos? Por Eduardo Saavedra | Ex-Ante

Fabián Pressacco, investigador del CiPP y académico de la UAH: “No hay ´luna de miel´ y parece que nuestras pasiones y mezquindades están negando el espacio necesario que requiere cualquier gobierno para aterrizar y hacerse cargo de la conducción de un país”.

Los primeros días del gobierno de Gabriel Boric

por equipo CiPP

El Presidente, Gabriel Boric, calificó su primer mes de mandato como el despegue de un avión con turbulencias y llamó a sus ministros a reconocer las falencias en un balance que realizó junto a su gabinete en la Casona Compañía del barrio Yungay.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fabián Pressacco, en entrevista con el CiPP, afirma que estamos frente a una coalición novata que ha tenido ciertos tropiezos o pasos en falso y una cierta lentitud en los nombramientos para cubrir cargos. “Cuando Boric junta al gabinete en esa mini cumbre, en el fondo se hace una autocrítica y creo que eso está bien, pero a los gobiernos se los juzga por las cosas que hacen y no por los relatos que logran articular en torno a sus problemas”.

Pressacco señala que las polémicas que se han generado con las declaraciones de la ministra del interior, Izkia Siches, no han sido fáciles para el Presidente. “Yo diría que lo que hemos visto son tropezones del gobierno y no solo de ella que es un personaje muy bien valorado por la ciudadanía al ser la primera mujer que ocupa este cargo, pero le juega en contra no pertenecer a un partido político que la respalde y la apoye”.

El académico recalca que una de las tareas más desafiantes que tiene Gabriel Boric es alinear a una colisión muy heterogénea. “No nos olvidemos que Apruebo Dignidad es un conglomerado diverso y esto se acentúa al incorporar a algunos sectores de la ex Concertación pero que con su ingreso permiten al gobierno ganar  sustento político y seguridad para desplegar su programa”.

El cientista político advierte que observa en la sociedad chilena mucha rabia y frustración señalando que hay algo que está pasando que tiene que ver con una sociedad con poco margen y paciencia. “No hay ´luna de miel´ y parece que nuestras pasiones y mezquindades están negando el espacio necesario que requiere cualquier gobierno para aterrizar y hacerse cargo de la conducción de un país”.

El quinto retiro

El rechazo de la Cámara de Diputados a la opción de legislar un proyecto para un quinto retiro de los fondos previsionales de manera universal, que fue impulsado por parlamentarios, y también la iniciativa acotada que fomentaba el pago de deudas presentada por el Gobierno es otro de los frentes que debió enfrentar el nuevo mandatario.

Tras el resultado negativo de ambos proyectos, Boric dejó abierta la posibilidad de solicitar que el Senado revise la posibilidad de retomar la discusión del retiro acotado, una vía que existe al tratarse de una iniciativa presidencial. “El gobierno siempre estuvo en contra del quinto retiro por lo que no está tan claro que la ciudadanía le pase la cuenta. Habrá que ver si insiste con su propuesta en el Congreso”.

Para Pressacco el gran apoyo que muestra la ciudadanía a los retiros esconde un profundo rechazo al sistema privado de pensiones de Chile criticado por las bajas jubilaciones que otorga. “La gente apoya los retiros, aunque no tengan dinero en su cuenta previsional, porque rechaza el sistema de las AFP y por lo tanto es necesario avanzar en la agenda legislativa para un cambio del sistema previsional; o, mejor dicho, para crear un sistema previsional”.

La nueva constitución

El otro frente que preocupa al gobierno, puntualiza el académico, es la Convención Constitucional. “Si bien no es responsabilidad del gobierno, a este le afecta si se da un escenario que en el plebiscito de salida gane el rechazo. Sería una derrota para las ideas que el gobierno promueve”.

Hay un sector del país, destaca el académico, que está en desacuerdo con la opción de tener una nueva constitución “y es verdad que en términos electorales representa un sector minoritario pero que es muy fuerte en su capacidad de movilizar recursos políticos a través de la prensa, estudios de opinión, etc.”.

Pressacco recalca que sería lamentable que todo este proceso no logre instalar en Chile una nueva carta magna. “A mi parecer sería un gran daño para el país porque nos ha costado mucho defender un camino que es institucional para poder hacer reformas profundas que Chile quiere y necesita. Si esto fracasa va a surgir la pregunta ¿y entonces cómo? Y tampoco vamos a poder volver a levantar un proceso como este a la vuelta de la esquina. Esto es un esfuerzo gigantesco y por lo tanto el rechazo al nuevo texto constitucional implicaría clausurar esta posibilidad por lo menos por un tiempo”.

Enrique Rajevic, investigador del CiPP y académico de la UAH, en el primer ciclo de reflexión 2022 de ADAD: “Creo que el gran desafío es garantizar un sistema de empleo público profesional donde predomine el mérito y la capacidad”.

Esta afirmación la hizo Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado en el primer ciclo de reflexión 2022 de la Asociación de Derecho Administrativo ADAD. La actividad abordó el tema “Función pública: reflexión y cambios estructurales al régimen normativo vigente”, y se realizó por vía remota el 30 de marzo pasado.

Rajevic planteó la necesidad de separar el mundo de la exclusiva confianza del servicio civil. Agrega que hoy día es un sistema que no es consistente con el mérito y la capacidad, ya que tiene un elemento de exclusiva confianza muy fuerte que lo transforma en una especie de híbrido en el que desde su perspectiva termina predominando la confianza sobre el mérito.

Además, se refirió a la necesidad de regular los derechos colectivos, materia que en nuestra normativa constitucional está al debe básicamente por no decir nada respecto de temas como la negociación colectiva y prohibir la huelga.

“Yo diría que el test de la blancura se va a hacer después que se apruebe el nuevo texto constitucional y no tengamos los problemas que tenemos. Osea si seguimos teniendo una jurisprudencia que tiene que ir rellenando los problemas, si seguimos teniendo honorarios bajo subordinación y dependencia, si seguimos teniendo un régimen de contrata que finalmente hace que la carrera quede totalmente subordinada, bueno quiere decir que no funcionó”, comenta el investigador. Yo creo que los grandes desafíos son implementar esto a nivel legislativo y definir un régimen transitorio que se haga cargo de la realidad que tenemos hoy día”, sentencia Rajevic.

Si quieres ver y escuchar la exposición del profesor Enrique Rajevic, pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=A2BLn5bWm6k&feature=youtu.be&ab_channel=Asociaci%C3%B3ndeDerechoAdministrativoChile%7CADAD

 

Con llamado a una transición eco-social responsable

Chile inició el primer ciclo de seminarios de la iniciativa “Plaza de la Innovación y la Cohesión Social: Las Políticas Sociales ante las Transiciones Globales”.

Con la presencia de diversas autoridades nacionales e internacionales se dio el vamos al seminario “Por una transición eco-social. Diálogo eurolatinoamericano sobre el desafío de las políticas sociales en la transición ecológica” organizado por el Programa de la Unión Europea, EUROsociAL+, y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en alianza con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de Chile y el Observatorio Social Europeo.

Una de las principales materias abordadas en la cita fue la preocupación por la transición hacia una economía donde los modelos de desarrollo sostenibles conllevan costos sociales significativos que, si no son identificados y aminorados, van a profundizar la desigualdad existente en la mayoría de los países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe.

Respecto a este punto el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker, precisó que “si nos centramos en los desafíos de las políticas sociales en la transición ecológica, estaremos de acuerdo en que estos desafíos son urgentes, críticos y estratégicos en tanto nos sitúan directamente en la necesidad de generar acuerdos para lograr sociedades más justas y protectoras del patrimonio natural sin los cuales la vida en el planeta –tal y como la conocemos– no será posible”, añadiendo que ”el nuevo contrato social esperamos que conduzca a una nueva Europa climáticamente neutra para ir saliendo de los impactos negativos del cambio climático aquí en Chile como en muchos otros países de América Latina”.

Por su parte, la Secretaria General de la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA), Antonella Cavallari, afirmó que “la IILA ha hecho de la sostenibilidad ambiental un eje central de toda nuestra agenda. No sólo es un objetivo como tal, sino también una dimensión que permea nuestras acciones en diferentes campos como la igualdad de género, la cohesión social, y las pymes”. Además, destacó el valor de este tipo de seminarios ya que “nos encaminamos a culminar la fase actual del programa europeo euro social y tratamos de hacerlo de la mejor manera con una mirada hacia el futuro y en particular a los desafíos de innovación de las políticas de bienestar social ante los grandes cambios que estamos viviendo en América Latina y Europa”.

Sobre estos cambios sociales habló en la inauguración del evento la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, Francisca Perales, indicando que “hablar de cohesión social como un eje que ordene la política social en Chile es algo fundamental. Hemos estado debatiendo que una de nuestras líneas estratégicas para el Ministerio es precisamente cómo se construye un estado de bienestar donde las políticas sociales tengan como eje esa cohesión social, generar bienestar colectivo y poder adaptarse a los desafíos del siglo XXI donde, precisamente, la crisis hídrica y la crisis climática son algo que también afecta a las desigualdades de los y las personas que habitan los territorios”.

Quien también abordó la realidad nacional fue el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien en su intervención hizo hincapié en “la necesidad de incorporar una perspectiva feminista, de preocuparnos de construir trabajo decente y, por lo tanto, de asegurar que las transiciones que necesita el planeta y el país sean justas y un desafío de todos y todas. Como Estado, como Gobierno, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, compartimos estos principios y estos desafíos son parte de nuestro programa de gobierno”.

En tanto el Director académico del CIPP y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, planteó como interrogante “de qué manera América Latina podrá hacer la transición desde el modelo extractivista cuando la demanda mundial sigue siendo por productos que Latinoamérica regularmente genera y envía en bruto” poniendo como ejemplo la situación del litio en Chile. “Es difícil que tengamos la capacidad que tiene Corea para innovar y hacer las baterías de litio que hoy se requieren”, agregó.

Finalmente el Director Ejecutivo (s) de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Enrique O’Farrill, destacó la importancia del ciclo desarrollado por EUROsociAL “ha sido un apoyo indiscutible al desarrollo de políticas públicas más inclusivas, equitativas y democráticas, permitiendo el intercambio de buenas prácticas con expertos y expertas europeos y europeas que aportan con experiencia y capacitaciones que inciden positivamente en los cambios que Chile necesita para transitar a un desarrollo más sostenible e inclusivo en América Latina”.

Además, precisó que Chile “se encuentra atravesando cambios que impactan la economía, los medios productivos, el medio ambiente y la sociedad. Cada vez es más importante considerar la horizontalidad y la inclusión social como piso para la transición al desarrollo, involucrando a las comunidades locales y a la sociedad civil, orientando las políticas públicas hacia enfoques de consumo y producción más sostenibles”.

Para finalizar, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva expresó su satisfacción porque este seminario haya permitido instalar temas que hoy son importantes para la sociedad. “Ha aparecido en este encuentro la realidad a la que nos debemos de distintas maneras: los problemas, la crisis socio ambiental, la desigualdad, la pobreza, los desafíos futuros. Y el mundo académico tiene un papel que jugar en diálogo con los demás actores. Espero que nuestro Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, siga generando este tipo de espacios de reflexión a futuro”, expresó.

La actividad realizada en el aula magna de la Universidad Alberto Hurtado se enmarca en un ciclo de seminarios que se están llevando a cabo en la región. Los próximos webinarios están programados para el próximo 22 de abril en Buenos Aires, Argentina y el día 26 en San José de Costa Rica, en los cuales se abordarán los sistemas de cuidado y los desafíos en el mundo del trabajo, respectivamente.

Puedes volver a ver este seminario, y conectar con los próximos, en el siguiente link.

Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH: “En su primer mes, el gobierno ha mostrado claras dificultades en el manejo de agenda pública, apareciendo más bien reactivos a las problemáticas emergentes”.

La búsqueda de un nuevo sello comunicacional

Por equipo CiPP

La forma en que se comunica todo gobierno es clave para generar los apoyos y la legitimidad necesaria en el actual contexto social, es por esto por lo que en la actualidad los mandatarios enfocan la comunicación como un tema estratégico que se transforma en una herramienta clave para garantizar el éxito de toda gestión gubernamental.

La investigadora del Centro interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Directora del departamento de Periodismo de esta casa de estudios, Ximena Orchard, fue entrevistada por el equipo CiPP para conocer su visión sobre el desempeño comunicacional que ha mostrado el gobierno en sus primeros días de instalación. La investigadora señala que es evidente que el gobierno y sus nuevas autoridades están aún aclimatándose, ya que hablan desde un lugar muy distinto al que lo hicieron en la última década, y aún están buscando dar con la forma y tono adecuados.

Ximena Orchard, considera que el nuevo gobierno aún está buscando un sello comunicacional claro y enfatiza que “en su primer mes han mostrado claras dificultades en el manejo de agenda pública, apareciendo más bien reactivos a las problemáticas emergentes, y perdieron tiempo en polémicas evitables en torno a actuaciones de la Ministra Siches”.

La académica señala que durante el periodo previo al cambio de mando mantuvieron una comunicación afectiva y basada en marcar rasgos identitarios del nuevo Presidente. No obstante, afirma la periodista, una vez en La Moneda, eso se vuelve insuficiente, y secundario. “Ese sello puede mantenerse, pero debe complementarse con una estrategia más robusta de control de agenda pública, en la cual el gobierno logre instalar temas propios, transmitir mensajes de forma clara y unificada sobre los problemas contingentes, y cerrar flancos de conflicto”.

Para la investigadora del CiPP esta es una tarea tanto política como comunicacional que no son separables y cita los problemas que ha enfrentado la Ministra del Interior, Izkia Siches, “el gran aprendizaje es que el costo de errores no forzados es sumamente alto y, para el gobierno, significan perder el control de la agenda pública por muchos días”.

En estos primeros días del gobierno, destaca la periodista, hemos visto que hay una decisión de dar mayor protagonismo a los/las ministros/as y más bien hay una idea de replegar al primer mandatario. “Esto es comunicación política donde se busca proteger a las máximas autoridades, en este caso el Presidente, reservándose para las apariciones menos conflictivas, y que sean autoridades de menor rango como, por ejemplo, los ministros o subsecretarios, quienes arriesguen más capital político frente a temas complejos”.

Sin embargo, para la investigadora del CiPP esa estrategia tiene límites y cree que el gobierno para mostrar capacidad de conducción debe estar apoyado comunicacionalmente con el liderazgo del Presidente que hasta ahora muestra un correcto manejo comunicacional y claridad para transmitir las prioridades de su gobierno.

Las redes sociales como instrumento de comunicación

En estas semanas de instalación del gobierno muchas de las reacciones ante las primeras crisis han sido a través de las redes sociales y tanto el Presidente Gabriel Boric, como su círculo más cercano se han caracterizado por hacer varias declaraciones a través de las redes sociales. Para la académica es necesario realizar cambios “ya que las cuentas de redes sociales del Presidente, la Ministra Vocera de Gobierno o la Ministra del Interior no son hoy, ni pueden ser lo que eran hace un año atrás”.

La especialista destaca que el desafío que se tiene en este frente es mantener la posición de autoridad intentando retener algunos de los elementos de cercanía que los caracterizaron en el pasado. Y evitar asumir el sesgo de Twitter como perspectiva única para monitorear la opinión pública.

En la actualidad existe un plan de monitoreo permanente de las redes sociales por parte del gobierno aunque muchos analistas sostienen que el riesgo de una política comunicacional centrada en los medios digitales dejan fuera a muchos ciudadanos que todavía se informan a través de la televisión, diarios de papel y radios.

María Paola Sevilla, investigadora del CiPP y académica UAH: “Tanto estudiantes hombres como mujeres de la ETP afirman que la práctica profesional es una experiencia central en su trayectoria formativa y que es el espacio que tienen para poder aplicar los conocimientos adquiridos en contexto laboral real”.

Expertos destacan el valor de la práctica profesional en la educación técnico profesional

Con gran éxito se realizó el conversatorio online en UAH TV Digital “Equidad de género en las transiciones al mundo laboral” organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP UAH. El evento tuvo por objetivo reflexionar y debatir respecto a los principales desafíos de las políticas públicas para hacer frente a los nudos problemáticos que hoy día dificultan a las estudiantes mujeres de la Educación Técnico Profesional insertarse laboralmente en sectores económicos tradicionalmente masculinos y concretar sus aspiraciones de carrera.

En el encuentro se analizaron los resultados de un estudio que examinó los facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de prácticas profesionales y la proyección laboral de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la Educación Técnico Profesional (ETP), que fue realizado durante los años 2020-2021 por la UAH en alianza con CDUC Universidad Católica del Norte y el Instituto Profesional Virginio Gómez, y contó con el apoyo de FONIDE.

La presentación del primer panel donde participaron los autores de esta investigación, María Paola Sevilla y Mauricio Farías, estuvo a cargo de la directora ejecutiva del CiPP UAH, Ximena Concha, quien señaló Tenemos el convencimiento que avanzar en equidad de género permite no solo responder a las demandas de una sociedad más justa eliminando barreras culturales, sino también mejorar la productividad de las empresas porque al incorporar mujeres se atraen nuevos talentos, perspectivas y visiones que contribuyen al mejor desempeño de las organizaciones”

La académica de la Facultad de Educación de la UAH e investigadora principal del estudio “Abriendo caminos: Prácticas profesionales de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la educación Técnico – Profesional (ETP)”, Paola Sevilla, señaló que la UAH desde hace varios años está estudiando la problemática de género en la educación técnico profesional y relató que al realizar esta investigación  una de las situaciones que más les llamó la atención es que las estudiantes en rubros masculinizados no solo accedían menos a espacios de prácticas laborales o trabajos, sino que también eran más propensas a no continuar en la educación superior. “En los datos encontramos que mientras los estudiantes hombres continúan en los estudios superiores con un porcentaje del 75% y seguían en carreras relacionadas como las ingenierías, las mujeres lo hacían en menos de un 30 %”.

La investigadora del CiPP, María Paola Sevilla, afirmó que en base a estos datos comenzaron a investigar las experiencias educativas de las alumnas mientras estaban en estas especialidades vinculadas a rubros masculinizados y descubrieron que un punto determinante en la vida de estas estudiantes era la práctica profesional. “No solo era difícil conseguir estas prácticas, sino que muchas veces eran destinadas a labores que no estaban relacionadas con el perfil de egreso”.

María Paola Sevilla recalcó que uno de los hallazgos importantes de este estudio fue corroborar que los estudiantes de la educación técnico profesional valoran altamente las prácticas profesionales independientemente de la problemática de género y señaló que el estudio muestra que la práctica profesional tiene un gran valor para los y las estudiantes de la educación media técnico profesional como dispositivo de orientación vocacional. “Tanto estudiantes hombres como mujeres afirman que la práctica profesional es una experiencia central en su trayectoria formativa y que es el espacio que tienen para poder aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto laboral real”.

El coautor de esta investigación, Mauricio Farías, afirmó que en Chile falta mucho por hacer en términos de prácticas profesionales si se compara con la realidad de la educación técnica en países desarrollados donde estas instancias de formación parten mucho antes. “Los estudios muestran que estudiantes con menos de 15 años que han tenido experiencias laborales tienen mucho mejor empleabilidad, mejores salarios y están más contentos con sus carreras”.

Farías se refirió a las denuncias de acoso sexual que afectan a las mujeres durante el inicio de su vida laboral, incluida su práctica profesional, que son declaradas por las estudiantes de educación técnico profesional de la educación media y superior en este estudio. “Es urgente abordar esta realidad con protocolos claros. Nosotros invitamos a realizar acciones como por ejemplo que las empresas capaciten a sus trabajadores y que se entienda que estas prácticas no deben permitirse y en definitiva se haga ese cambio cultural”.

La segunda parte del seminario fue conducido por el académico de la Facultad de Educación de la UAH e investigador del CiPP, Leandro Sepúlveda, y participaron representantes del mundo público y privado, quienes se refirieron a los desafíos de las políticas públicas para dar respuesta a las interrogantes surgidas con esta investigación.

La primera intervención fue del Secretario Ejecutivo de Educación Técnico Profesional del Mineduc, Cristian Lincovil, quien destacó el aporte de la UAH con este estudio afirmando que deja en claro que la práctica profesional es un elemento vital en la formación de los estudiantes “Hoy aparece como un espacio donde los alumnos tienen una experiencia laboral pero muchas veces no es realmente un proceso formativo y creo que tenemos mucho que avanzar”.

Lincovil, relató que el Ministerio de Educación se ha propuesto que la educación técnico profesional sea vista y entendida como parte integral de la educación y deje de estar enfocada sólo a la formación para el trabajo. “Corresponde que sea un espacio de aprendizaje que permita la participación plena de los estudiantes y que nos permita acompañar un proceso de transformación social del modelo de desarrollo para avanzar en un modelo más humano y sustentable”.

También se refirió al problema de género en la educación técnico profesional afirmando que en este gobierno se trabajará con las comunidades educativas creando espacios de discusión y visibilización, destacando que se está trabajando en un nuevo curriculum para la educación técnica, que, entre otras cosas, busca terminar con la mirada sexista de la educación.

La asesora de Género de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc, Carolina Muñoz, agradeció a la Universidad Alberto Hurtado el aporte que hace con sus investigaciones desde hace años a la educación técnica. También señaló que el estudio plantea analizar el tema de la desigualdad como un problema público complejo. “Es un problema social de gran envergadura y amplio alcance que requiere de respuestas públicas integrales”.

Carolina Muñoz dijo que es importante que en la educación superior se incluya y amplie la mirada de género puntualizando que dentro de las respuestas más inmediatas que se pueden dar a la realidad que muestra este estudio está la ley de discriminación de género y acoso en la educación superior. “La ley no solo invita a hacer protocolos, sino que es explícita al señalar que las instituciones de educación superior requieren políticas integrales y para esto aborda esta problemática desde la aplicación de esta normativa hasta la prevención y sanción de estas conductas”.

En tanto, el representante de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, dijo que le llamó la atención de este estudio la difícil realidad que enfrentan estos estudiantes para conseguir prácticas profesionales “Me asombró lo que muestra el estudio en relación a las prácticas profesionales. Hay que hacer una política pública que genere esta integración y conexión entre los diferentes actores que participan en la educación técnico profesional”.

Si quieres ver y escuchar el conversatorio, sigue este enlace: https://www.uahurtado.cl/conversatorio-equidad-de-genero-en-las-transiciones-al-mercado-laboral-de-la-etp/

 

Mauricio Castillo Vergara, investigador del CiPP y académico de la UAH, publicó el artículo “Measuring open innovation in SMEs: an overview of current research”, junto a Omar Carrasco y Domingo García, en la Revista Review of Managerial Science (2022)

“Nuestros resultados pueden ayudar a los gobiernos a aumentar su conciencia para apoyar el desarrollo de las PYMES a través de medidas políticas de Innovación abierta”, así lo sostiene Mauricio Castillo, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado,  quien, junto a Omar Carrasco de la Universidad Central de Chile y Domingo García Pérez de Lema de la Universidad Politécnica de Cartagena, España, realizaron un estudio que combina la técnica bibliométrica con el análisis sistemático para indagar sobre la innovación abierta en las Pyme. El trabajo fue publicado en la prestigiosa revista Review of Managerial Science, referente en artículos de revisión que se sitúa en el cuartil Q1 con un alto factor de impacto.

La innovación abierta (Open Innovation) es una estrategia que adoptan las empresas para innovar mediante la incorporación de conocimientos tanto de fuera como de dentro de sus empresas, explotando su conocimiento y explorando el conocimiento de su entorno. El método adoptado para medir OI es heterogéneo debido a la amplitud del concepto y la aplicación de varias métricas y prácticas de OI. Este estudio analiza los diversos métodos utilizados para medir el OI a través de una revisión sistemática de la literatura empírica.

Para cumplir con este objetivo, se implementó un enfoque metodológico de dos pasos: primero, una revisión sistemática de la literatura, y segundo, un análisis bibliométrico. Finalmente, se seleccionaron 125 artículos empíricos de 2009 a 2020 de las bases de datos Web of Science y Scopus. Los resultados muestran que la literatura empírica utiliza una amplia variedad de métodos para medir las actividades de OI. Si bien esto aumenta la riqueza del concepto, dificulta el desarrollo de la teoría. Con base en la revisión sistemática de la literatura realizada, es claro que existen diferentes perspectivas relacionadas con la medición de OI:

(1) fuentes de conocimiento externo, conocimiento interno y colaboración;

(2) explotación de tecnología y exploración de tecnología;

(3) entrante, saliente y acoplado; y

(4) apertura.

Este estudio tiene implicaciones importantes para los investigadores y los gerentes de las PYMES, los ayudará a desarrollar una mejor comprensión de cómo se pueden medir las actividades de OI.

Este trabajo tiene importantes implicancias. “Desde una perspectiva académica, el estudio puede ser de ayuda para los investigadores, ya que pueden centrar su atención en los problemas más novedosos y menos investigados para promover avances metodológicos y desarrollar una mejor comprensión de Innovación Abierta en las PYME”, plantea el académico.

Desde una perspectiva empresarial y de política pública, el estudio facilita a los gerentes y agentes públicos desarrollar una mejor comprensión del amplio alcance de las medidas y prácticas de innovación abierta. Las PYMES han adoptado innovación abierta para reaccionar activamente a los cambios del mercado, satisfacer las demandas de los clientes o desarrollar nuevos canales de venta. “Por lo tanto, la clasificación de estas prácticas ayudará a los gerentes o dueños de negocios a identificar las variables que han permitido a las PYMES desarrollar ventajas competitivas”, concluye Castillo.

Para conocer el artículo, sigue este link.

Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH en El Mercurio: “(en la convención) se han promovido ideas para instalar un consejo o cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, idea que se aparta de la fisonomía y lógica orgánica de un ente persecutor criminal que debe ser eficiente, eficaz y oportuno en la persecución del delito”

El trabajo de la Convención Constituyente y sus comisiones especializadas tienen el mandato de revisar la institucionalidad en materia de justicia para mejorar su arquitectura, orgánica, funcionamiento, reglas y competencias de cara a las exigencias de un Estado de Derecho, generando pesos y contrapesos al interior del sistema judicial. Sin embargo nos estamos alejando de esa pretensión. Así lo cree Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien planteó esta visión en una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio el pasado 22 de marzo.

 “Para ello era necesario erradicar de la Corte Suprema las funciones administrativas y de gestión, así como las atribuciones en materia de nombramiento y control disciplinario para evitar lesionar la independencia interna de los jueces”, sostiene Rafael Blanco. Eso se ve imposible de alcanzar con la fórmula de un Consejo de Justicia que favorece la politización del órgano y que solo logra trasladar el problema de un lugar a otro. Además, agrava los problemas de independencia interna al permitir evaluar el trabajo de los jueces y juezas en audiencias públicas contradiciendo la inamovilidad e independencia en la función jurisdiccional.

  La idea era transformar a la Corte Suprema en “un genuíno órgano de casación que podría uniformar el derecho y dotar de mayor certeza al funcionamiento del sistema jurídico”, puntualiza el académico. 

Con relación al Ministerio Público, señala que “Se han promovido ideas para instalar un consejo o cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, idea que se aparta de la fisonomía y lógica orgánica de un ente persecutor criminal que debe ser eficiente, eficaz y oportuno en la persecución del delito”, dice Blanco. Dichas instancias se configuran con cabezas unipersonales que permiten identificar responsabilidades y exigir rendiciones de cuenta de modo más claro.

Si quieres leer su columna completa, sigue este link: https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=FWLXE3GKMX4ZYE6OAHKQ5VYSIEDV57BOMF2O2P6FSOLZ3M56CR5Q

 

Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, en Conversatorio sobre cobertura e información de la violencia de género en Chile: “Este es un tema relevante que se refiere a la comunicación con perspectiva de derechos humanos e incorporar la cobertura e información de la violencia de género en Chile  es parte de esa agenda”.

Los medios de comunicación, la igualdad de género, la estereotipación y el manejo sexista de las noticias, la falta de datos sobre mujeres víctimas de violencia en Chile son los temas que abordó el conversatorio “Cobertura e información acerca de la violencia de género en Chile” organizado por el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

La investigadora del CiPP y directora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, Ximena Orchard, destacó la realización de esta actividad y afirmó que abordar esta temática es de gran importancia. “Este es un tema relevante que se refiere a la comunicación con perspectiva de derechos humanos e incorporar la cobertura e información de la violencia de género en Chile es parte de esa agenda”.

Ximena Orchard, agradeció el trabajo impulsado por las académicas del Departamento de Periodismo de la UAH en diferentes programas de formación para los estudiantes como también a los grupos feministas que han permitido analizar estos temas y abordarlos desde otra perspectiva.

La académica, destacó a las alumnas y alumnos por el interés que han mostrado siempre frente a estos temas. “Nos han desafiado constantemente no solo a reflexionar, sino que a actuar e incorporar la perspectiva de género en su propia formación”.

El conversatorio fue moderado por la investigadora del CiPP y académica del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales, Amaranta Alfaro, y se enmarco en el Programa Anual de Vinculación con el Medio sobre Medios y Género en alianza con Wikimedia Chile y la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile

El encuentro contó con la participación de la feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Yoselin Fernández, quien afirmó que en los últimos años se ha progresado mucho en generar conciencia sobre estos temas y el rol que juegan los medios de comunicación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres destacando que hay un avance en las coberturas y tratamiento periodístico. “En este cambio hay un rol fundamental de las mujeres, las periodistas y de los movimientos feministas  para instalar estos temas en la opinión pública”.

Yoselin Fernández enfatizó que en la actualidad existe un récord de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión en torno a cómo los medios de comunicación han abordado casos de femicidios. “Un ejemplo concreto es la gran cantidad de denuncias sobre el femicidio de Fernanda Maciel”.

Otra de las panelistas que participó en este conversatorio fue la directora ejecutiva de Wikimedia Chile, Patricia Díaz, quien declaró que en Chile no existe una cifra concreta de cuántos son los femicidios que hay en el país lo que provoca que no se pueda informar en forma certera de esta realidad. “No hay un apartado de violencia de género y de femicidio de Chile en Wikimedia como si lo hay de Perú, México, Brasil y Honduras”.

Patricia Díaz relató que en Wikimedia en español hay muy pocas mujeres a cargo de la edición de contenidos lo que influye en las temáticas que se abordan y recalcó que es urgente dar espacio y mostrar esta realidad.

La integrante de la Comisión de Observatorio y denuncia de la Red de periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, Magda Escobar, expuso que se han alcanzado importantes logros durante estos últimos años, pero recalcó que aún queda mucho por hacer y afirmó que sigue existiendo una deuda de responsabilidad de los medios de comunicación con las audiencias y sus trabajadoras. “Las periodistas muchas veces deben replicar líneas editoriales que no consideran la perspectiva de género ni de derechos humanos”.

Si quieres escuchar el conversatorio, sigue este enlace:

Te invitamos a participar del ciclo de seminarios que se realizarán en Chile, Argentina y Costa Rica los días 20, 22 y 26 de abril respectivamente.

1. Santiago, Chile / 20 de abril de 2022 / 10 AM:

Por una transición eco-social. Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de las políticas sociales en la transición ecológica

2. Buenos Aires, Argentina / 22 de abril de 2022 / 11 AM:

Los cuidados como cuarto pilar de los sistemas de bienestar social. Diálogo eurolatinoamericano en torno a los desafíos para avanzar

3. San José, Costa Rica / 26 de abril de 2022 / 10 AM:

Empleo, recuperación económica y transformaciones del mundo del trabajo. Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de innovación de las políticas activas de empleo

 

¡INSCRÍBETE!

 

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En este conversatorio se discutirán los resultados de un estudio que examinó los facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de prácticas profesionales y la proyección laboral de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la Educación Técnico Profesional (ETP). Asimismo, un panel conformado por representantes del sector público, mundo empresarial y organismos internacionales nos entregarán su visión respecto a cómo potenciar la equidad de género en las transiciones al mercado laboral fortaleciendo las prácticas profesionales de la ETP.

Viernes 8 de abril de 2022

Presentan:

María Paola Sevilla, UAH.

Mauricio Farías, SUMMA/ I-Tek.

Comentan:

Carolina Muñoz, Asesora Subsecretaría Educación Superior-Mineduc.

María Fernanda Prada, División de Educación-BID.

Cristian Lincovil, Secretario Ejecutivo ETP-Mineduc.

Patricio Donoso, Cámara Chilena de la Construcción.

11:30 a 13:00 horas.

 

UAH TV DIGITAL

Actividad gratuita.  Inscríbete y te llegará el link de conexión a tu correo el mismo día del evento.

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Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH: “Para establecer una ley de amnistía e indulto se requiere un cierto consenso o acuerdo con las diferentes fuerzas políticas”.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció que el gobierno dará suma urgencia al proyecto de indulto o amnistía que tratará de dejar libre a los presos del estallido social  y que busca amnistiar a los detenidos en las manifestaciones sociales ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021.

En opinión de Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, el gobierno se adelantó al darle suma urgencia a este proyecto y sostiene que “para establecer una ley de amnistía e indulto se requiere un cierto consenso o acuerdo con las diferentes fuerzas políticas”.

Para Cienfuegos es primordial que el gobierno llegue a un acuerdo con los distintos sectores políticos y en especial con las fuerzas políticas que lo apoyan para dar una muestra de coherencia y unidad en torno a la propuesta. “Si el gobierno no llega a un acuerdo con los sectores que lo apoyan, difícilmente logrará convencer al resto”, enfatiza el académico.

El gobierno se enfrenta a una situación que lo complica porque fue una promesa en la campaña presidencial, sostiene el docente, quien agregó que “es una forma de dar señales a su base política y de cumplir una promesa de campaña, pero como ha reconocido el propio Ministro Jackson y señalado algunos parlamentarios oficialistas, faltó mayor trabajo “prelegislativo” para darle efectivamente viabilidad política al proyecto.

Humberto Borges, investigador CiPP y académico UAH: “ Todo gran cambio tributario debe tener una importante meta que haga posible la recaudación”

Falta comunicar el objetivo de la Reforma Tributaria

Por equipo CiPP

“Todo gran cambio tributario debe tener una importante meta que haga posible la recaudación” señala Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y director del Diplomado en Gestión Tributaria de Formación Directiva de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, quien recuerda el caso de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, donde  el objetivo  fue “educación gratuita y de calidad”.

La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric, dice el académico, es ambiciosa y necesita ser comunicada de forma atractiva. “Al gobierno le falta comunicar el objetivo de esta reforma tributaria, ya que recaudar por recaudar no es motivante. La meta debería estar enfocada a la pensión universal y a los cambios en el sistema de pensiones”, señala Borges.

El experto enfatiza que una reforma tributaria duradera no se debe mirar parcialmente y señala que los impuestos son una herramienta que pertenece a un sistema, y por tal motivo, al cambiar una parte de él se puede dañar el sistema completo. Un ejemplo de esto, agrega Borges, es la reforma generada para financiar la política de Educación Superior que generó descontento en la clase media y en las pymes, ya que se vieron afectadas con las modificaciones tributarias.

El diagnóstico realizado en la campaña presidencial por Gabriel Boric y su equipo sobre la desigualdad y la reforma tributaria le pareció muy acertado a Borges, “pero las soluciones pueden ser muy ambiciosas y podrían cometer el error, al no incentivar la innovación en algunas áreas claves o dañando a la clase media y baja, aumentando impuestos sin sentido”. Borges, agrega que hay que ser cautelosos a la hora de aumentar los impuestos, ya que no se obtendrán recursos al cobrar una tasa muy elevada que incentive a los inversionistas a irse del país y/o el surgimiento de negocios informales.

Reforma tributaria en dos fases

El académico de la Facultad de Economía y Negocios, Humberto Borges, señala que «desde el punto de vista político, es necesario dividir el proyecto», asegurando que aumentar el impuesto a la renta personal en los tramos más altos, elevar los gravámenes verdes e impulsar propuestas para disminuir la elusión tributaria, serían medidas que no debieran tener problemas para ser respaldadas por la oposición y tener una fácil tramitación en el Congreso. «Ese sería el primer paso», señala el investigador.

Borges explica que aplicaría en esta primera etapa un aumento a la renta personal en los tramos más altos. Las personas que ganan menos de $700.000 quedan exentas y luego, agrega el  experto, se paga en forma escalonada de acuerdo con el segmento. “Para que se aprobara la reforma tributaria de Bachelet se transó el impuesto del tramo más alto, este es uno de los peores males ya que se disminuyeron las tasas o eliminó el impuesto al tramo de ingresos más altos, destruyendo lo progresivo del Impuesto Global Complementario (impuesto a las personas)”, acota el académico.

El investigador del CiPP afirma que en esta primera etapa de la reforma tributaria aplicaría impuestos verdes a las mineras con el objetivo de que se hagan cargo de toda la destrucción que provocan al medio ambiente. Sería un gravamen especial que podría ir disminuyendo en la medida que realicen mejoras a la zona donde se encuentran, opina Borges. “Siempre he pensado que debería existir un impuesto similar a la forma de cobro de la Mutual o la Asociación Chilena de Seguridad que te van bajando el valor si vas mejorando y en este caso se premiaría la inversión en el tema ecológico”, destaca el académico.

Otro caso de gravámenes verdes debería aplicarse a las salmoneras señalando que el impacto ambiental que ha causado esta industria en el sur es enorme y no se han hecho cargo, comenta el investigador.

Humberto Borges recomendaría en esta primera etapa buscar crear mecanismos para enfrentar la elusión tributaria y para esto plantea que se debe reformar la competencia del director del Servicio de Impuestos (SII) en lo referido a la capacidad de querellarse, y enfatiza que el cargo debe ser por carrera funcionaria y no por criterio de los gobiernos respectivos. “De esa forma, se evitarán los perdonazos a empresas y políticos, recobrando un poco de la credibilidad perdida por el SII. A su vez, se debe generar una política de persecución y recaudación de impuestos a evasores, lo que permitirá terminar con la percepción de que existen personas privilegiadas”, dice Borges.

El especialista señala que hay situaciones cometidas por el SII que lo hacen ver como una entidad poco equitativa. “El perdonazo a Johnson creó mucho ruido porque se le otorgó una millonaria condonación de impuestos. ¿Por qué no se hizo eso con las pequeñas empresas? se les cobra una multa e intereses altos (15 %) por situaciones de tributos impagos a Pymes y pequeñas empresas“. Humberto Borges dice que la elusión tributaria en Chile es una realidad que hay que combatir y cree que si se lograse controlar hay varios puntos del PIB que se podrían recuperar, pero debe existir una política equitativa con las distintas empresas.

El director del Diplomado en Gestión Tributaria de Formación Directiva FEN UAH, Humberto Borges, señala que dejaría para la segunda etapa de la reforma tributaria el impuesto al patrimonio, argumentando, que se requiere una muy buena planificación y trabajo de expertos para  calcular el patrimonio real. “Hay que ser cuidadoso con este tema por ejemplo una persona que tiene tres propiedades le puede traspasar una a su hijo y baja el monto y por ende ya no paga el impuesto correspondiente. Hay miles de trucos que se pueden hacer para distorsionar el patrimonio”, enfatiza el académico.

En cuanto al royalty minero empezaría por aplicarlo a las empresas menos productivas que son aquellas mineras extractivas y que entregan menos valor al no refinar los minerales. “Se debe consensuar el royalty minero para que la ley afecte a las empresas menos productivas y que entregan menos valor al no refinar los minerales”, destaca el docente.

Afirma que se debe acordar el impuesto a los súper ricos, principalmente sólo afectando a grandes fortunas que se dediquen a la especulación y no a empresas productivas. Además, destaca que hay que trabajar un proyecto de eliminación de exenciones, enfocado en la eliminación de las rentas presuntas agrícolas y de transporte, pero consensuando con los actores de estas industrias con una política de apoyo en temas referidos a cambios de matriz energética, urgencias por la guerra en Ucrania y la sequía que afecta a la industria agrícola.

Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, en La Tercera, sobre la consagración en el proyecto de nueva Constitución de un Estado Regional y no unitario: Los esfuerzos por descentralizar al Estado unitario han logrado pobres resultados, parece lógico, por lo mismo, idear nuevas fórmulas.

El investigador del CiPP e integrante del núcleo constitucional de la UAH, Enrique Rajevic, escribió una columna de opinión en el diario La Tercera, titulada “Autonomía regional y unidad estatal” en la que reflexiona a partir de la natural preocupación que ha despertado la consagración en el proyecto de nueva Constitución de la autonomía de las regiones y comunas, en la lógica de un Estado Regional y no unitario -como ha sido desde el inicio de la República-. 

Señala Rajevic que “dicha preocupación es fácil de entender, dado que esta norma podría perjudicar la gestión pública, pues un Estado de este tipo es mucho más complejo de administrar, junto con debilitar la unidad y la identidad de nuestro país. Sin embargo, los esfuerzos por descentralizar al Estado unitario, que ya estaban expresados en la Carta de 1925 y fueron profundizados por la de 1980 y sus reformas (hasta la elección de gobernadores/as regionales en 2021), han logrado pobres resultados, como lo demuestra la composición de la inversión pública comparada con otros países”.

“Parece lógico, por lo mismo, idear nuevas fórmulas – señala Rajevic -. Y a esto responde este Estado Regional”

La autonomía de las regiones aprobada por los constituyentes no es ilimitada, dice el académico, quien explica que lo acordado responde a los fines e intereses de la región y que las entidades territoriales deben gobernarse en atención al interés general de la República reconociendo la unidad estatal. A su vez  también se reconocen entidades estatales centralizadas cuando la ley lo disponga por razones de eficiencia e interés general. Pese a estas disposiciones, para Rajevic, convendría mejorar el texto precisando las competencias específicas del Estado para asegurar un mínimo de estándares comunes y políticas para todo el país.

 El modelo planteado puede ajustarse con las próximas discusiones sobre las atribuciones de la cámara territorial o las reglas comunes a la administración pública para garantizar su profesionalidad ante los gobiernos de turno, indica el académico.

 Revisa su columna completa en el siguiente link: https://www.latercera.com/opinion/noticia/autonomia-regional-y-unidad-estatal/3BZD2NKXCZBBNOVX7MRZQGEAAM/

 

Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: “El quinto retiro provocaría presiones inflacionarias extras y menos liquidez en el mercado de capitales”.

El equipo CiPP entrevistó a Carlos J. García para conocer su visión sobre la discusión instalada hoy en la agenda pública sobre un posible quinto retiro de fondos de las AFP. Conoce aquí sus opiniones.

El polémico quinto retiro, Por equipo CiPP

“Desde un punto de vista económico, los retiros anteriores cumplieron con el rol de mantener la demanda de la economía, sin ellos la economía se hubiera desplomado”. Así lo sostiene Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. En este momento ese rol ya pasó, ya que la economía se recuperó fuertemente y ahora tenemos en cambio presiones inflacionarias, advierte el especialista.

El hecho de que la coalición que apoyó los retiros anteriores no quiera respaldar el quinto retiro es un tema político, que va más allá de las razones económicas, comenta García quien agrega que “desde un punto de vista económico uno debiera cambiar de opinión dependiendo de las condiciones, puesto que lo importante es el bienestar del país”. Si se deteriora la situación del país durante este año por el shock energético, el docente cree que se deberán implementar las políticas fiscales y monetarias respectivas más que seguir retirando fondos.

El quinto retiro provocaría presiones inflacionarias extras y menos liquidez en el mercado de capitales, sentencia el académico. “Esto se explica por la mayor demanda de bienes y servicios que causaría y por las menores opciones de financiamiento de largo plazo”, puntualiza el investigador.

Frente a las iniciativas de ayudas gubernamentales a las personas, el académico señala que “el gobierno debería hacer lo que es correcto desde un punto de vista económico, más allá de presiones particulares”.

El investigador plantea que sin duda evitar los retiros ayuda a las AFP, pero en la actual coyuntura las razones de no más retiros van más allá de favorecer o no a esta industria. “Las AFP viven de administrar los fondos de pensiones, sin estos, obviamente el negocio de estas se termina”, puntualiza García.

Sobre la propuesta de un autopréstamo que permite que los afiliados puedan retirar hasta un 15 por ciento de sus fondos con un mecanismo de devolución, lo considera innecesario en la actual coyuntura del país.

Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH en conferencia internacional en Florida International University, analiza el proceso de justicia transicional chileno, desde 1990 hasta hoy, e identifica las variables principales que han contribuido a avanzar en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.

“La experiencia chilena (sobre justicia transicional) sigue despertando interés para las discusiones comparadas y también son de utilidad para quienes lideran transiciones políticas hacia la democracia, o esperan que en el futuro sus respectivos países transiten hacia una democracia”, así lo cree el académico UAH, Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP UAH)  e  Investigador del Instituto Milenio sobre Violencia y Democracia (VioDemos)

Rojas formuló estas y otras ideas en la Conferencia “Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional en el Futuro de Cuba”, realizada los días 19 y 20 de febrero en la Facultad de Derecho de Florida International University, en el marco del VII Encuentro Anual “Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba” organizado por el Centro de Estudios de Convivencia (CEC-Cuba).

El académico explicó que en esta conferencia participó un grupo de expertos en derechos humanos y justicia transicional, que se refiere a cómo las sociedades responden al legado de violaciones masivas y graves de los derechos humanos.

Respecto a su participación, comenta que “Se me pidió que efectuara una evaluación del proceso de justicia transicional que ha ocurrido en Chile desde 1990 hasta hoy, tratando de identificar las variables principales que han contribuido a que se haya avanzado en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Es importante precisar las variables políticas trascendentales, pues en ocasiones la agenda de justicia transicional se ve favorecida y entra en movimiento, mientras que bajo otras circunstancias esa agenda se ve obstaculizada o se desacelera”, afirmó el investigador.

Participantes Encuentro Anual “Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba” organizado por el Centro de Estudios de Convivencia (CEC-Cuba).

El programa de la conferencia se estructuró a partir de cinco charlas magistrales “Justicia Transicional y Reconciliación Nacional: Análisis de la Experiencia Chilena”, dictada por el profesor Hugo Rojas; “Memoria, Justicia Transicional y Reconciliación en Cuba”, a cargo de María Werlau (Directora de Archivo Cuba); “Las transiciones en Europa”, ponencia presentada por Fredo Arias King (Presidente de Casla Institute); “Impacto del envejecimiento en la protección social de Cuba», de Carmelo Mesa Lago (University of Pittsburgh); y “Desafíos y propuestas para los cuidados a personas mayores en Cuba”, por parte de Elaine Acosta (Florida International University).

A partir de estas exposiciones los participantes trabajaron en talleres grupales de discusión y formulación de propuestas, acordando abordar en el próximo encuentro las temáticas “Relaciones internacionales y servicio exterior” y “Participación de la diáspora en la reconstrucción nacional”.

Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, “El cambio de mando presidencial estuvo lleno de simbolismos y emociones que reflejan el nuevo proceso político que comenzará a vivir Chile con la llegada de una nueva coalición diferente a la que conocíamos durante estos últimos 30 años”.

Un cambio de mando lleno de simbolismos y emociones

por equipo CiPP

El Presidente Gabriel Boric, asumió el cargo en una ceremonia cargada de simbolismos que muchas veces rompieron el protocolo al que estábamos acostumbrados en los tradicionales cambios de mando y que reflejan para el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Fabian Pressacco, el nuevo proceso político que comenzará a vivir Chile con la llegada de una nueva coalición diferente a la que conocíamos durante estos últimos 30 años.

Para el académico, el que Boric y su equipo aparecieran con un estilo renovado, el desayuno en Cerro Castillo con dirigentas sociales de Viña del Mar, el Ford Galaxie conducido por una suboficial de carabineros, son detalles, algunos pequeños, otros no tanto, cargados de simbolismo político. “Los invitados y los no invitados al cambio de mando, la presencia de las mujeres en roles donde siempre había habido hombres, la presencia de los pueblos originarios, dicen mucho de lo que quiere comunicar el nuevo gobierno”, comenta el investigador.

Pressacco, afirma que este es un gobierno que no seguirá conversando con las mismas personas y que recoge las demandas del estallido social lo que queda de manifiesto en el primer discurso del Presidente donde se refiere a los marginados, a la educación, los derechos humanos y al pueblo mapuche,  donde incluso, señala el académico,  redefine la problemática señalando que es un conflicto entre el Estado chileno que ha sido maltratador, negador de la existencia y la identidad de la cultura de este pueblo. “Hay un reconocimiento a una aspiración ciudadana y la aborda de una manera dialogante, creativa y reconocedora”, dice Pressacco.

El académico destaca que en su discurso el mandatario hace un recorrido por la historia y menciona a Balmaceda, Aguirre Cerda, Frei Montalva, Allende, Aylwin y Bachelet, donde para él, Boric  se instala en una caravana que lo define. “Está tratando de decir que viene de ahí, de qué lado de la historia está y es interesante este sentido de la historia porque Boric habla de ser parte de un proceso que va más allá de estos cuatro años y eso me parece una postura muy de estadista y republicana”, señala el docente.

El director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAH, Fabián Pressacco, afirma que estos días han estado plagados de símbolos y señales que valora, teniendo claro que lo simbólico no resuelve los problemas, pero hay muchas cosas en la agenda política chilena que tienen un amplio espacio para ser abordadas simbólicamente y que no tiene que ver necesariamente con lo material sino con el reconocimiento.

“Hay un cambio cultural donde se observa que hay asuntos que requieren recursos materiales, pero también hay temas que requieren un abordaje que es mucho más complejo y que pasa por esto que es simbólico. No es un sucedáneo de lo material, sino que es algo necesario que tiene un valor propio”, puntualiza el investigador del CiPP.

Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, junto a Jaime Arellano, en El Mercurio “Construir un sistema de competencias y de pesos y contrapesos entre los distintos poderes y Órganos del Estado es una de las claves para edificar correctamente un genuino sistema democrático”.

Así lo expresaron Rafael Blanco, investigador asociado del CiPP y académico UAH, junto a Jaime Arellano, profesor de la UAH y ex director CEJA, en su columna de opinión “Poder Jurisdiccional y Democracia” publicada el 9 de febrero del 2022 en el diario El Mercurio, en la que se refieren a la iniciativa presentada por un grupo de convencionales para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de Corte, sus implicancias y riesgos.

Los académicos señalan que “la ubicación institucional y estructura organizacional del aparato de justicia, así como de los sistemas de selección, remoción y evaluación de sus miembros deben pensarse desde una óptica que garantice su independencia del Poder Ejecutivo, Legislativo o de cualquier otro órgano, poder estatal o influencia privada”. Por ello dicen que deben evitarse propuestas o soluciones que sometan a los jueces y juezas de todas las instancias a mecanismos de evaluación del desempeño frente a entes u órganos políticos temporales, que limiten o afecten la debida independencia externa. En ese sentido dicen que la iniciativa presentada por un grupo de convencionales para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de Corte va en la dirección equivocada y transgrede lógicas básicas de un Estado de Derecho.

“Para lograr una genuina independencia externa debe edificarse un sistema de selección y nombramientos a través de sistemas transparentes, participativos y meritocráticos, cuidando que ello sea abierto a personas de fuera de la carrera judicial”, apuntan Arellano y Blanco. Como opción proponen la creación de Consejos de la Magistratura, que normalmente están integrados por representantes de los propios jueces y juezas, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y asociaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados o representantes de las facultades de derecho del país.

En síntesis, se requiere que cada juez y jueza detente el total del poder jurisdiccional para adjudicar soluciones en contextos de total prescindencia político-partidista. En ese sentido, la inamovilidad aparece como una garantía asociada a la necesidad de contar con jueces que estén suficientemente resguardados de sufrir presiones de salida o remoción por la naturaleza de sus decisiones.

Los académicos creen que las soluciones pasan por eliminar las tareas de nombramiento, remoción y calificaciones que en la actualidad realiza la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones, concentrando en el alto tribunal de la República las tareas propias de casación y uniformidad del derecho y en las cortes de Apelaciones, la revisión de sentencias definitivas. “Una opción es trasladar el sistema de selección y nombramiento a un ente autónomo de base constitucional, que se integre de modo de evitar el control político por un grupo, partido o facción y que, al mismo tiempo, evite el control por lógicas endogámicas del aparato judicial”, sostienen los investigadores.

Revisa su columna de opinión en el link a continuación.

Carlos J. García, sobre los efectos de la invasión a Ucrania en la economía chilena “El petróleo es un insumo básico en toda la economía, es imposible que si este shock negativo dura varios meses no afecte a algún sector”.

La invasión de Rusia a Ucrania generará una serie de efectos en la economía nacional si el conflicto bélico se mantiene por varios meses, a pesar de estar geográficamente al otro lado del mundo. Así lo estima Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, quien destaca que el impacto en los mercados financieros mundiales dependerá de la duración del conflicto bélico.

Rusia es uno de los mayores productores de petróleo, gas natural y carbón en el mundo, por eso no es extraño que el precio del crudo haya subido más de un 8% en un día, superando los US$ 100 por barril, el valor más alto en siete años. “El petróleo es un insumo básico en toda la economía, es imposible que si este shock negativo dura varios meses no afecte a algún sector,” señala el académico.

El economista se refiere al petróleo que es una materia prima para muchos combustibles, principalmente la gasolina y el diésel, que son usados principalmente en el transporte y la energía. “Los efectos del alza del petróleo se verán en caso de que la guerra dure más de lo esperado porque los precios subirán directamente. Se encarecerá el costo de la energía y tendrá efectos de segunda vuelta en toda la inflación”, dice García.

Además, plantea que, si bien habrá un impacto negativo por el mayor precio del petróleo y efectos financieros, por otro lado, habrá mayores precios del cobre. Sin embargo, en general los efectos económicos debieran ser negativos en caso de que la guerra persistiera, puntualiza el especialista.

García termina diciendo que si la guerra se extiende, sus efectos sobre la economía chilena podrán verse reflejados también en otras áreas. “En la medida que la economía mundial se resienta, también afectará negativamente los fondos de pensiones”, manifiesta el investigador del CiPP.

Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH: “El 71 % de las estudiantes de la educación técnico profesional superior es víctima de acoso sexual durante el inicio de su vida laboral incluida su práctica profesional, y en la ETP media un 51% sufrió algún tipo de acoso sexual”.

Un estudio realizado por la Facultad de Educación de la UAH y el Centro Interdisciplinar de Politicas Públicas ( CiPP) de esta casa de estudios analiza las prácticas profesionales de las estudiantes de la educación técnico profesional (ETP) en Chile en sectores tradicionalmente masculinos que ofrecen buenas perspectivas salariales como la construcción, minería, metalmecánica, electricidad y telecomunicaciones revelando que una gran cantidad de mujeres son victimas de algun tipo de acoso sexual.

Conoce la cobertura de prensa de este estudio
www.cnnchile.com/pais/71-tituladas-carreras-rubrosasculinizados-etp-acoso-sexual_20220307/
www.lared.cl/2022/noticias/en-chile-el-71-de-las-estudiantes-de-educacion-tecnico-profesional-es-victima-de-acoso-sexual-durante-el-inicio-de-su-vida-labora/
www.elciudadano.com/actualidad/71-de-las-estudiantes-de-educacion-tecnico-profesional-es-victima-de-acoso-sexual-durante-el-inicio-de-su-vida-laboral/03/07/

Así lo demuestra el estudio “Abriendo caminos: Prácticas profesionales de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la educación Técnico – Profesional (ETP)” cuya investigadora principal es la académica de la UAH e investigadora del CiPP, Paola Sevilla, y su coautor es Mauricio Farias, quienes analizaron las prácticas profesionales de estudiantes mujeres de la educación técnico profesional (ETP) y examinaron las principales barreras y limitantes que enfrentan las mujeres al inicio de sus trayectorias laborales en estos sectores. Esto es cuando aún son estudiantes de la Educación Técnico Profesional (ETP) y realizan su práctica profesional para obtener su título técnico, ya sea de nivel medio o superior.

El equipo de CiPP entrevistó a Paola Sevilla, investigadora principal de este estudio para profundizar en los resultados del estudio que lideró.

Sevilla explicó que la investigación que fue financiada por el Fondo de Investigación y Desarrollo de Educación del Ministerio de Educación (FONIDE) muestra que estas estudiantes deben enfrentarse continuamente a diversas formas de acoso sexual que va desde piropos hasta insinuaciones de caracter sexual que son relatadas por una gran cantidad de entrevistadas. “Entre las tituladas de carreras ETP superior vinculadas a rubros masculinizados el 71% declara haber sufrido acoso sexual, en alguno de sus tipos, durante su iniciación laboral, incluida su practica profesional. En la ETP media un 51% sufrio algún tipo de acoso sexual”.

Las prácticas profesionales son difíciles de encontrar por el hecho de ser mujer y esta es una instancia importantísima en la educación técnico profesional, ya que permiten, según señala Paola Sevilla, validar los aprendizajes logrados en el aula entregando conocimientos y madurez vocacional que sólo se logra en el contexto laboral. Sin embargo, más del 70% de las entrevistadas de la ETP profesional manifestó que durante su práctica profesional no recibió el apoyo, monitoreo o el acompañamiento de sus instituciones. “La práctica profesional es un momento clave en estos procesos de transición , es difícil para cualquier estudiante que se enfrenta al mercado laboral pero mucho más para las estudiantes mujeres en estos rubros porque deben hacer frente a barreras adicionales”, afirma la académica.
El estudio exhibe la desconfianza que existe en el mundo empresarial para incorporar mujeres a prácticas profesionales en rubros masculinizados y se observa que muchas veces deben enfrentar sobreprotección y paternalismo, además en algunas ocasiones son asignadas a funciones o tareas que no responden al perfil de su especialidad y carrera.

La investigación en su fase cuantitativa cubrió todo el territorio nacional con la implementación de una encuesta on line en todas las empresas que reciben estudiantes en práctica y la fase cualitativa de la investigación se efectuó en la Región Metropolitana y en las regiones de Coquimbo y del Bio Bio y consistió en la realización de una gran cantidad de encuestas realizadas en las instituciones educativas, los liceos técnicos e instituciones de educación superior y entrevistas a mujeres tituladas sobre su experiencia en la iniciación de su vida laboral y en su prácticas profesionales . También se aplicó esta encuesta a las empresas que otorgan prácticas a estas estudiantes.

El estudio hace un llamado a tomar medidas para enfrentar esta grave situación y entrega una serie de recomendaciones para todas las instituciones de educación técnico profesional del país (liceos, centros de formación técnica e institutos profesionales ), mundo empresarial y el Estado para avanzar en la igualdad de género en sectores tradicionalmente masculino.

Si quieres conocer esta investigación, revisa el siguiente link: Informe Practicas ETP-UAH

Revisa el siguiente video sobre la temática que aborda esta investigación: https://www.youtube.com/watch?v=1uG5GkiV4ak

 

Rafael Blanco, académico UAH e investigador CiPP “Mientras sigamos disminuyendo las atribuciones de la Fiscalía sobre la policía y jibarizando las responsabilidades o atribuciones de la Defensoría, claramente volvemos a un modelo inquisitivo”.

Es un buen momento para discutir la autonomía de la Defensoría Penal Pública en la Convención Constituyente. Así lo cree Rafael Blanco Suárez, investigador del CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, quien fue entrevistado por la Revista 93 de la Defensoría Penal Pública, donde sostiene que desde que se instaló la reforma procesal penal hay conocimiento acumulado que denota la necesidad de hacer mejoras en los gobiernos del Poder Judicial y del Ministerio Público; y en la estructura institucional de la Defensoría Penal Pública. Por ello estima que hay una oportunidad para dotar a esta última de un nuevo estatus de autonomía constitucional.

“ …. (la defensoría penal pública) Es la más desdibujada, porque normalmente las miradas se concentran en la necesidad de reformar la institucionalidad de las policías -particularmente de Carabineros- y en cómo redibujar la estructura de gobierno del Ministerio Público. Y como ambos actores tienen responsabilidad en la persecución del delito, la gente suele estar muy preocupada de cómo se persigue el delito y no de cómo se defiende a quien aparece justa o injustamente imputado, pero que tiene derecho a ser tratado y considerado como inocente. Es una lógica contra mayoritaria y eso requiere una mirada mucho más compleja y sofisticada. Y creo que eso está en la mirada de varios constituyentes, pero no de todos”, sostiene Blanco.

El modelo acusatorio es tripartito. Por un lado, el Ministerio Público, órgano autónomo constitucionalmente, que persigue el delito. Luego los jueces, en un modelo jurisdiccional de control de garantías y adjudicación, y un tercer actor, la defensa penal pública. “El sistema acusatorio requiere de tres prestadores autónomos entre sí, con volumetrías institucionales equivalentes, para que puedan prestar adecuadamente los servicios a los que están llamados”, señala el investigador del CiPP.

Para el abogado lo ideal es “una defensa penal pública funcional y patrimonialmente autónoma, que tenga a su cargo de manera especializada y única, no compartida, sólo prestaciones de defensa penal, no de otros tipos de defensa, y que al mismo tiempo se ocupe este espacio para promover una idea de debido proceso que la defensa penal se ha preocupado también de inocular en los convencionales. No sólo promuevo una institucionalidad, sino que lo hago para conseguir un objetivo, que es el debido proceso”, puntualiza el académico.

Rafael Blanco plantea que en Chile hay quienes no creen en un modelo de balance de poder y quisieran quitar más atribuciones a la defensoría y dotar de más de ellas a la policía. “Y eso lo hemos visto cada vez que en las reformas se promueve la idea de dejar que la policía haga trabajo investigativo sin control de la Fiscalía, lo que está ocurriendo en varias partes de América Latina”, dice el jurista.

El riesgo político más grande probablemente esté dado porque en la Convención no se produzcan los quórum necesarios para avanzar en la autonomía constitucional de la defensa penal pública. “O sea, que avancen el Poder Judicial y el Ministerio Público y se quede como el pariente pobre del sistema de justicia penal. Y eso podría producirse por la incomprensión de su rol contra mayoritario, del que nos acordamos sólo cuando vemos a un inocente privado de libertad, cuando el sistema penal fracasa y la sociedad se conmociona, pero el daño ya está hecho y es irreversible”, comenta Blanco.

“Mientras sigamos disminuyendo las atribuciones de la Fiscalía sobre la policía y jibarizando las responsabilidades o atribuciones de la Defensoría, claramente volvemos a un modelo inquisitivo”, sentencia Rafael Blanco.

Revisa su entrevista completa: https://www.dpp.cl/resources/descargas/revista93/Revista-93-N25/A_Confesi%C3%B3n_de_Parte.pdf

 

Eduardo Saavedra, director académico del CIPP y académico de la UAH, en el medio El Desconcierto: “En la constitución de 1980, los derechos sociales no estaban en ninguna parte”.

El director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, de la UAH, Eduardo Saavedra, dio una entrevista al medio El Desconcierto donde destaca la importancia del cambio constitucional desde una visión economicista de la sociedad a una mirada que tenga por eje a “la armonía de vivir juntos”.

Afirma Saavedra que “Me parece que el cambio constitucional es tremendamente necesario. Diría que la Constitución de 1980, más allá de su génesis, de haber nacido en dictadura, es tremendamente desbalanceada en la parte de los derechos de las personas. No bajaba a terreno qué es lo que significaba el derecho a vivir. De vivir con salud, con educación, ¿a vivir en qué? Y esos derechos sociales no estaban en ninguna parte”.

El académico afirma que es la carta magna la que enmarca los caminos de un país y que es la Constitución del 80 la que nos transformó en una sociedad muy focalizada al éxito económico sin tomar en cuenta el sentido de vivir con armonía. En ella, argumenta Saavedra, lo que prima es el derecho de propiedad y deja sin espacio el tema de la desigualdad dando prioridad al crecimiento. “Esto nos lleva a ser un país que creció de manera desbalanceada y por eso pasó lo que tenía que pasar el 2019”, puntualiza Saavedra.

El investigador, señala que hay una sensación en la población de ser continua y sistemáticamente abusada en el ámbito económico y afirma que este sentimiento empezó a gestarse antes del estallido social. Esto, agrega el académico, se relaciona con el nepotismo, el abandono del estado, el abuso de las empresas grandes contra las más pequeñas y los casos de colusión. El tema de los gremios es un asunto que le preocupa ya que hoy no existe un control adecuado de las asociaciones gremiales ni protocolos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Argumenta que todo debe estar respaldado o grabado y disponible ante cualquier investigación.

También analiza la situación energética del país y declara que se vivirán serios problemas a partir de marzo, ya que Chile no produce petróleo y debe importarlo. Además, la falta de agua nos llevará a tener grandes inconvenientes con el tema de la energía eléctrica, acota el docente.

Eduardo Saavedra destaca la designación del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien considera un economista con gran trayectoria, seriedad y un gran conocedor de la administración de las arcas fiscales. En cuanto al futuro Ministro de Economía, Nicolás Grau, señala que tiene grandes desafíos y le pide que no abandone los contenidos que en otra época han sido propios de esta cartera como son el consumidor, la competencia y temas regulatorios.

Revisa su entrevista completa en el enlace.

Eduardo Saavedra, Director Académico del CiPP en Revista Observatorio Económico: Algo Huele Mal en la Industria del Gas

Eduardo Saavedra, Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, publicó un artículo en la Revista Observatorio Económico N° 162 donde analiza los resultados de la serie de abusos revelados por un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que se producen transversalmente en toda la industria del gas, en particular aquellos que ocurren en el mercado de distribución mayorista del gas licuado de petróleo (GLP) que se vende en balones y aquellos abusos que involucran a la principal empresa distribuidora de gas natural en Chile.

Saavedra, Ph.D. en Economía, Cornell University y Director del Departamento de Economía, de la Facultad de Economía de la UAH, señala que es conveniente revisar por qué es importante para los usuarios lo que sucede en estos mercados, en qué consisten exactamente los abusos detectados, cuál es su alcance en términos de posibles sanciones en tribunales y, más relevante aún, qué decisiones se pueden o deben tomar a nivel de gobierno y parlamento para corregir el mal funcionamiento de estos mercados.

¿Qué encontró la fiscalía en su estudio?, Lo primero que se encuentra es que el mercado es altamente concentrado y las participaciones de mercado son muy estables, siendo Abastible la empresa de mayor tamaño con poco más de 40% del mercado, seguida de Lipigas con poco más de 30% y finalmente Gasco con poco más de 25%, señala Saavedra en el artículo.

También señala que, “adicionalmente, las empresas rivalizan en muchos mercados, ya sea en la dimensión geográfica como en la dimensión de los productos ofrecidos (distintas categorías de GLP envasado, granel, industrias, comercio, etc.), lo que pone una cuota extra de cuidado respecto de posibles conductas coordinadas en que estas tres empresas podrían enganchar”.

Agrega que “Una luz amarilla que surge de estos hechos es que la concentración y simetría de participaciones de mercado entre estas empresas no se haya visto afectada en los últimos ocho años, período de enormes fluctuaciones en el precio internacional del petróleo, cuya volatilidad podría haber afectado la rentabilidad de algunas empresas y así éstas haber buscado nuevos mercados afectando la simetría prevaleciente. Muy por el contrario, no sólo no hubo entrada relevante sino que además las participaciones de mercado se mantuvieron alarmantemente estables durante casi una década., con márgenes para las distribuidoras mayoristas que subieron desde un 35% en el período 2012-2014 a 50%-55% entre 2015 y 2020”.

“Concluye la FNE, explica Eduardo Saavedra,  que el mercado mayorista del GLP se caracteriza por una baja intensidad competitiva, estimándose que la falta de mayor competencia resulta en mayores rentas para las empresas distribuidoras mayoristas en US$261 millones anuales”.

¿Hay indicios de un acuerdo colusivo en la distribución mayorista de GLP envasado?, se pregunta Saavedra, y señala que “(…) de los antecedentes públicos del estudio de mercado, que es lo que se tiene a la vista, no es posible afirmar que haya un acuerdo colusivo entre las distribuidoras mayoristas de GLP.

Revisa el artículo completo en:

Algo Huele mal en la Industria del Gas

 

Rafael Blanco, investigador CiPP y Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, en El Mostrador: La institucionalidad de que se dote a la Defensa Penal Pública debe ser abordado como un tema prioritario por la Convención Constitucional.

El pasado 21 de enero, Rafael Blanco, investigador CiPP, junto a Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, publicaron una columna de opinión en El Mostrador, titulada “Autonomía y especialidad de la Defensa Penal Pública en la nueva Constitución” en la cual señalan que el diseño de un sistema judicial integral supone hacerse cargo de la estructura, funciones y ubicación institucional de la Defensoría Penal Pública, y que se trata de una materia que debe ser abordada en forma prioritaria por la Convención Constitucional. Revisa aquí su columna.

Fuente El Mostrador

Autonomía y especialidad de la Defensa Penal Pública en la nueva Constitución, por Rafael Blanco y Leonardo Moreno

El diseño de un sistema de justicia integral que logre satisfacer las exigencias de un genuino Estado de Derecho supone hacerse cargo de la estructura, funciones y ubicación institucional de la Defensoría Penal Pública. En efecto, esta institución es parte central del entramado que toda democracia debe edificar para racionalizar y controlar el actuar de los órganos estatales encargados de la persecución criminal estatal.

Los diques de contención más importantes que todo sistema democrático debe garantizar frente a las potenciales arbitrariedades, errores o excesos del accionar policial y del Ministerio Público no se agotan con la consagración de un soporte normativo teórico y abstracto de reglas y garantías procesales, si no que supone, adicionalmente, un diseño institucional que asegure que tales derechos y garantías serán debidamente representadas y exigidas ante el Sistema de Justicia. Allí es donde se visualiza como un rol central la institucionalidad de que se dote a la Defensa Penal Pública y debe ser abordado como un tema prioritario por la Convención Constitucional

No resulta novedoso evidenciar los resquemores que produce en la ciudadanía el derecho que todas las personas imputadas o acusadas tienen, a ser presumidas inocentes, con la doble manifestación de regla de trato y carga de la prueba que se impone al Estado. Esta obligación deriva de nuestra actual carta fundamental, de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile y de nuestras reglas procesales. Las encuestas sin embargo evidencian que la comunidad suele estar más inclinada y preocupada del incremento de las prerrogativas policiales y del Ministerio Público o del uso de la prisión preventiva o de las penas privativas de libertad como regla general.

Existen, sin perjuicio de lo señalado , momentos en los que es posible visualizar la relevancia del actuar de la Defensa Penal Pública con toda su elocuencia, así ocurre en contextos de regímenes autoritarios o menos democráticos que abusan del poder estatal y del sistema de persecución penal para perseguir opositores y manipular los sistemas de enjuiciamiento criminal en pos de sus idearios políticos, tal como lo acreditan los recientes informes de Naciones Unidas en los casos de Venezuela o Nicaragua. Lo mismo ocurre cuando se constata que el Estado ha perseguido, encarcelado, acusado o condenado a personas que luego se demuestra su inocencia, quedando en evidencia los errores-a veces inexplicables cometidos por el Estado persecutor. Lo referido ha sido motivo de extensos e ilustrativos trabajos por parte del denominado Proyecto Inocente que tiene amplio despliegue y reconocimiento en Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países de América Latina y que ha develado que los errores del sistema de justicia se concentran en problemas o deficiencias asociadas a la prueba pericial, los reconocimientos de testigos, la conducta de los agentes del Estado, confesiones viciadas o incluso representaciones judiciales deficientes de la propia defensa. Todo lo señalado tiene un doble problema de la mayor gravedad, ya que se persigue o condena a un inocente y al mismo tiempo queda en la impunidad el verdadero responsable de los hechos.

Por lo expuesto es que resulta fundamental garantizar un sistema de pesos y contrapesos, donde el Ministerio Público, más allá de sus sistemas de autocontrol y regulación o uso adecuado del principio de objetividad, tenga un legítimo contradictor que pueda: representar debidamente los intereses de la parte imputada o acusada; evidenciar los problemas de que puedan adolecer las pruebas de cargo; exigir que las medidas cautelares personales respeten los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; controlar que la penas que sean impongan se ajusten a la legalidad vigente; y lo más importante, argumentar y demostrar con investigaciones autónomas y pruebas propias, la inocencia de la parte imputada o acusada en su caso.

Todo lo anterior supone necesariamente una Defensa Penal Pública dotada de las herramientas institucionales, procesales y presupuestarias que le permitan cumplir a cabalidad sus funciones. Desde la óptica institucional es necesario migrar desde una Defensa situada en la órbita del Poder Ejecutivo como la chilena, a una Defensa Penal autónoma constitucionalmente a objeto de asegurar altos niveles de independencia en el ejercicio de sus potestades, que le permita representar los intereses de sus representados frente al sistema de justicia, participar de los debates de políticas públicas con completa separación de los intereses y visiones de la Administración de turno, e incluso litigar internacionalmente para evidenciar las responsabilidades del Estado frente al sistema interamericano.

Una cuestión complementaria a la anterior refiere a la necesidad, igualmente crítica, de construir un espacio no sólo autónomo para la Defensa Penal sino asimismo especializado y único, evitando de esta manera la creación de un mega servicio de Defensas que aglutine todo tipo de prestaciones judiciales en una misma institución. La evidencia comparada demuestra que instituciones de defensa general tienden a desnaturalizar la función compleja y central de la Defensa Penal, e incluso afectar presupuestariamente la posibilidad de desarrollar una defensa activa en lo investigativo y probatorio.

Como es obvio la prestación de servicios de Defensa Penal, a diferencia de otros servicios de asistencia jurídica o judicial, enfrenta las sanciones más severas del sistema de justicia, supone eventualmente enfrentar condenas a cadenas perpetuas, enfrentar el poder punitivo de la Policía y el Ministerio Público, lo que torna a este tipo de servicios en único, complejo y especial. Ello ha sido por lo demás evidenciado por la Asociación Interamericana de Defensorías Penales (AIDEF) y por el propio sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Enlace a columna en El Mostrador:

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2022/01/21/autonomia-y-especialidad-de-la-defensa-penal-publica-en-la-nueva-constitucion/