Carlos J. García investigador del CIPP y académico UAH: El equipo económico del nuevo gobierno debiera hacer Inversiones públicas en áreas claves.
El presidente Gabriel Boric dio a conocer su gabinete, sorprendiendo a muchos con la designación de Mario Marcel como Ministro de Hacienda. Para conocer su visión sobre esta y otras designaciones, en particular, en el equipo económico del nuevo mandatario, el equipo CiPP conversó con el economista e investigador asociado al CiPP, Carlos J. García. ¡Conoce aquí sus opiniones!
El equipo económico del nuevo gobierno debiera hacer Inversiones públicas en áreas claves, Por equipo CiPP
“La designación de Mario Marcel como Ministro de Hacienda es valiosa porque coloca a la cabeza del equipo económico un economista creíble”. Así lo cree Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. También aprobó la designación de Nicolás Grau en la cartera de Economía. “Un economista serio, investigador destacado que adiciona o suma a dar credibilidad a Marcel” agrega el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH (FEN).
Con respecto al principal desafío del nuevo equipo económico, Garcia considera que será enfrentar las reformas en un escenario macroeconómico complejo. “Ya el Fondo Monetario Internacional alertó que este año las expectativas de crecimiento son menores a nivel mundial, con más incertidumbre y fluctuaciones en los mercados internacionales”, puntualiza el economista.
García señala que la realización de las reformas que propone el presidente electo es compleja y por ello hace una recomendación al nuevo gobierno. “Yo sugeriría al equipo económico hacer inversiones públicas en áreas claves para asegurar el crecimiento futuro de la economía y con ello las reformas sin exacerbar la inflación”, explica el investigador. Esas áreas serían en capital humano e infraestructura, dice el académico.
Estas inversiones se requieren, básicamente para encarar, comenta García, los desafíos importantes que enfrenta Chile como el cambio climático, la robotización y la consecuencia de la pandemia actual. Esto, agrega el docente, para mejorar la competitividad de la economía chilena a través de puertos, carreteras, aeropuertos y embalses.
Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH, sobre la ley de amnistía que se discute en el Congreso: “El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar”
El investigador CiPP y académico UAH, Ignacio Cienfuegos, fue entrevistado por el equipo CiPP acerca de la discusión sobre el proyecto de amnistía que beneficiaría a los denominados presos de la revuelta y los desafíos para el presidente electo en torno a este tema. ¡Conoce aquí sus opiniones!
Contra el tiempo se discute en el Congreso la ley de amnistía para los presos de la revuelta, por equipo CiPP
El presidente electo, Gabriel Boric, quien asumirá el poder el 11 de marzo próximo, se comprometió durante su campaña a trabajar por la libertad de los llamados “presos de la revuelta”. Hace unos días la Comisión de Constitución del Senado declaró admisible sustituir la figura del indulto por amnistía finalizando el estudio de las indicaciones al proyecto. De esta manera lo despachó a la sala de la cámara alta, lo que permitiría liberar a un número indeterminado de detenidos en el contexto de las manifestaciones que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Ignacio Cienfuegos, afirma que pareciera ser este el camino correcto ya que técnicamente es más adecuada una ley de amnistía porque el indulto sólo beneficiaría a los que están condenados y no a la mayoría de los presos que actualmente se encuentran en prisión preventiva. “El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar”, señala el académico.
El proyecto requiere un quórum de 22 votos para su aprobación y sus impulsores esperan que se vote lo antes posible ya que el parlamento entrará en receso por periodo de vacaciones de verano y si la Comisión de Constitución no alcanza a despachar el proyecto de amnistía, pasaría automáticamente para marzo, mes en el que probablemente haya solo dos días de labor legislativa antes del cambio de mando presidencial.
Ante la posibilidad que esta iniciativa no se apruebe, Gabriel Boric podrá optar a decretar un indulto, facultad exclusiva del Presidente y que no necesita de la participación del Parlamento, que podría hacerlo una vez que asuma el 11 de marzo.
Ignacio Cienfuegos destaca que si bien el Presidente ha tenido cambios de opinión y ha matizado su postura sobre el indulto o amnistía a los denominados presos de la revuelta, esto fue un tema de su campaña. “Así se comprometió con su coalición Apruebo Dignidad, particularmente el Partido Comunista con más fuerza” comenta el especialista. Advierte que Boric tendrá críticas y presiones. “Dudo que tenga los votos y ahí tendrá que dar explicaciones a la opinión pública del por qué no cumple esa promesa pudiendo argumentar en función de los equilibrios políticos y la oposición de otras fuerzas a esa idea” puntualiza el investigador.
Coincide con José Miguel Vivanco de Human Right Watch, en el sentido que es una mala idea el indulto para quienes cometieron ciertos delitos en el contexto del estallido social y también para los carabineros involucrados en violaciones a los derechos humanos. En su opinión la mayoría no son presos políticos. “En teoría son gente que ha sido privada de ciertos derechos básicos como ciudadanos, que han sido censurados en su expresión, que han sido perseguidos políticamente por pensar distinto y no es el caso aquí” dice Cienfuegos.
Para él indultar a gente que cometió ciertos delitos en el contexto de una revuelta de un estallido social es una mala idea porque eso genera desincentivos para la protesta pacífica. Entiende que el estallido social, desde el punto de vista político, ha sido muy virtuoso generando un despertar, posibilitando cambios importantes como el acuerdo por la paz, la instalación de la convención constituyente y la posibilidad de una nueva constitución. “Si no hubiese pasado el estallido social probablemente no hubiéramos tenido esta gran posibilidad de transformación social”, puntualiza el docente.
Cienfuegos cree que es una mala señal porque las protestas también se manifestaron con mucha violencia, con mucha destrucción, vulnerando a todas luces el Estado de Derecho, algo básico para la convivencia democrática. “El Presidente de la República, una vez que asuma, podrá revisar algunos casos específicos donde habrá tal vez motivos para indultar a alguien que ha sido condenado injustamente” sostiene el investigador.
El docente plantea que ha quedado en evidencia que con la prisión preventiva tenemos un problema en los procedimientos judiciales ya que hay detenidos que llevan entre seis meses a dos años privados de libertad por lo que es partidario de revisar esa figura legal. “Períodos muy largos de prisión preventiva con gente que aún no tiene condena, no sólo en el contexto del estallido social, sino que es un problema estructural de nuestro sistema judicial y probablemente eso es lo que hay que revisar”, concluye Cienfuegos.
Eduardo Abarzúa, investigador del CIPP y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH: El proceso constitucional y la gobernabilidad son los principales desafíos del próximo gabinete.
Luego que el presidente electo diera a conocer su gabinete el viernes recién pasado, el equipo CiPP conversó con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la la UAH e investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, para conocer su visión de estos nombramientos y sobre cuáles cree son los principales desafíos que tendrán que enfrentar a contar del 11 de marzo próximo.
El proceso constitucional y la gobernabilidad son los principales desafíos del futuro gabinete, Por equipo CiPP
El futuro gabinete representa el cambio de época que está viviendo nuestro país, con un núcleo generacional de actores políticos con temprana vivencia y experiencia en los conflictos pendientes del país. Así lo expresa Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado quien analizó el futuro gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric. “Hay un segundo anillo de actores con probada experiencia sectorial, pero tal vez con menor conocimiento del ámbito público que es relevante en un período presidencial corto”, agrega el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH. Para él la buena noticia es que el estallido social del 2019 continúa conduciéndose con una institucionalidad que está cambiando y que si bien, es un proceso de final abierto, esta generación está cuidando.
Uno de los principales desafíos de este gabinete será apoyar el trabajo y la ejecución del proceso constitucional, dice Abarzúa. Se trata de asegurar las condiciones adecuadas para el trabajo cotidiano, el proceso del plebiscito y la implementación que ello conlleva. “Respecto de esto último, será clave la conciliación de los cambios estructurales que requieren un nuevo Estado para implementar una potencial nueva constitución con las urgencias propias a resolver en un ciclo económico con dificultades e incertidumbre”, argumenta el académico. Para lo anterior, agrega Abarzúa, se requieren capacidades de lectura y resolución de conflictos y negociación con actores e intereses diversos.
“Estamos frente a un conglomerado que tiene una base de sustentación amplia y que al decantar en el gobierno se ha ampliado aún más. Todo esto plantea un desafío de gobernabilidad, ¿cómo le das sustentabilidad a un arco político tan amplio?”, dice el investigador del CIPP. Sin duda estamos frente a un cambio del escenario político que será necesario cuidar y potenciar, opina el docente.
En esa línea, a nivel ciudadano el desafío es manejar la decepción que se produce cuando el proceso de cambio que vivimos no se logra en los tiempos esperados, acota el académico quien recuerda las palabras de Albert Hirschman: “Hoy, estamos en un ciclo donde lo público es lo importante, pero la decepción genera desmovilización y acelera una vuelta a la primacía del interés privado”.
Finalmente a nivel programático, el investigador piensa que deberá concentrarse en un par de reformas: el sistema de salud, el tema previsional (seguridad social) y su financiamiento consecuente, que si bien puede ser visto como un tema funcional, deberá tener un sello que asegure condiciones más igualitarias del financiamiento del Estado y su quehacer.
A nivel de Hacienda, el presidente electo optó por alguien con experiencia y que conoce desde la década de los ochenta los problemas y brechas que generó la revolución capitalista, en palabras de Manuel Gárate, impuesta en dictadura, plantea el docente. “Creo que él puede encabezar un proceso de modernización completa del Estado que ponga foco en la tecnología y las personas” afirma Abarzúa. Respecto a Economía opina que los desafíos son instaurar una política industrial en nuestro país y una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Por ello cree que la trayectoria de investigación del nuevo ministro es consistente con esta mirada. “Por último, la interlocución con los ministerios sectoriales, a partir de principios comunes, las prioridades del programa gubernamental y los mecanismos de resolución de conflictos, son claves para el devenir en un período corto y con complejidades legislativas”, concluye el académico.
Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH, publicó “La educación técnico-profesional y su potencial para mejorar la trayectoria educativa y laboral de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas: una revisión regional”, en la serie Asuntos de Género Nº 160 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
El interés de aumentar la participación femenina en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) responde a la necesidad de transformar los estilos de desarrollo de los países con igualdad y sostenibilidad, junto con favorecer la autonomía económica de las mujeres. Los programas de estudio de la Educación Técnico Profesional (ETP) impartida en el sistema escolar, se visualizan como un espacio prometedor de formación en competencias STEM, considerando que cerca de la mitad de las ocupaciones en estas áreas demandan cualificaciones técnico-profesionales, ya sea de nivel secundario o postsecundario.
Este documento revisa los espacios de provisión de la ETP secundaria de un conjunto de países de América Latina para explorar el potencial de esta formación en impulsar trayectorias laborales y educativas de estudiantes mujeres en áreas STEM. Se encuentra que una serie de aspectos curriculares, organizacionales y culturales limitan este potencial, llevando a que los programas de la ETP en áreas de la “industria y producción” y de las “nuevas tecnologías” continúen siendo visualizados como tradicionalmente masculinos. A ello se suma la falta de antecedentes sistemáticos que permitan cuantificar y caracterizar la problemática de género en la ETP y relevarla como tema de interés. No obstante, en algunos países, distintas iniciativas empiezan a desplegarse con la convicción y firmeza respecto a la necesidad de producir cambios que promuevan la participación femenina en programas de la ETP afines a áreas STEM.
Los 8 países de América Latina revisados son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay. Por su parte, los programas examinados son aquellos que están dentro de las disciplinas STEM, principalmente las tecnologías e ingenierías, así como también los que remiten a sectores u ocupaciones en las cuales se desarrollan competencias STEM y, por lo tanto, propician la inserción laboral o continuidad de estudios superiores en estas áreas. La revisión se realiza a partir de fuentes secundarias y primarias.
Revisa la publicación en el siguiente enlace: https://www.cepal.org/es/publicaciones/47563-la-educacion-tecnico-profesional-su-potencial-mejorar-la-trayectoria-educativa
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH expuso, junto a Maite Gambardella, ante la Convención Constitucional la Iniciativa Popular de Norma que garantiza un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile.
Este lunes 18 de enero, el investigador del CiPP y académico de la UAH, Enrique Rajevic, intervino en la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema de la Convención Constitucional, junto con Maite Gambardella, investigadora adjunta del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos expusieron la Iniciativa Popular de Norma Constitucional, orientada a garantizar, en la nueva Constitución, un Servicio Civil profesional e imparcial, la cual está respaldada por más de 140 personas, académicos de distintas universidades y expertos en materias relacionadas a la función pública.
Consagrar la nítida diferencia entre Gobierno y Administración Pública; garantizar el acceso igualitario al empleo público y el reconocimiento de los derechos colectivos de las personas que trabajan en la Administración Pública, son los tres pilares de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional (IPNC) “Propuesta Constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile” (Nº 16.898), apoyada por académicos de distintos planteles de educación Superior, entre ellos, la UAH, y expertos que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y ejercicio de la función pública.
Sesión Nª 28 de la Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional
La exposición – presencial en la sede del ex Congreso Nacional – a cargo de Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico de la UAH y de Maite Gambardella, subdirectora del Centro de Investigación en Derecho y Sociedad de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la desarrollaron ante la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema de la Convención Constitucional.
Enrique Rajevic y Maite Gambardella expusieron en la Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional.
Rajevic recordó que esta propuesta también ya la habían expuesto, tanto en la Comisión de Derechos Fundamentales como en la Subcomisión Forma de Estado que está integrada a la Comisión de Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal de la Convención: “Parte de estas propuestas fueron expuestas primero ante la Comisión de Derechos Fundamentales, lo que tiene que ver con los derechos de las y los servidores públicos, y también en la Comisión sobre Forma de Estado, porque nos pareció que también hay una dimensión que tiene que ver con esta descentralización o regionalización más profunda, a la que se está apuntando; y también volcamos el texto en una Iniciativa Popular que está en este minuto circulando en la plataforma de participación de la Convención”.
En su exposición, el investigador del CiPP, enfatizó que lo fundamental de esta IPNC es que aspira a consagrar, constitucionalmente: “…una diferenciación nítida entre lo que es el Gobierno versus lo que es la Administración Pública. Algo que, en nuestras constituciones históricas, las que han tenido vigencia efectiva, vale decir la de 1833, la de 1925 y la de 1980, no hicieron. Lo que quisiéramos es que eso se corrigiera”.
En esa línea, sostuvo que la actual Constitución Política: “…le encarga al Presidente de la República o a la Presidenta, el gobierno y la administración del Estado como jefe de Estado. Y los ministros de estados son colaboradores directos inmediatos en las dos funciones, entonces al juntar las dos funciones en las mismas autoridades, la verdad que empieza a confundirse qué es una, qué es otra. Y esto viene de las constituciones anteriores”.
Enrique Rajevic y Maite Gambardella expusieron en la Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional.
Es por ello que, calificó como “bastante sinuosa” la frontera entre Gobierno y Administración Pública, agregando que: “…las acusaciones que ha habido – particularmente, en los últimos tres cambios de Gobierno, con cambio de coalición política – de la existencia de operadores políticos o de la inestabilidad de las personas que están en los cargos de Alta Dirección Pública, tienen que ver con esto también, con esa falta de diferenciación”.
Y en este contexto, Rajevic detalló las funciones que deben cumplir: “El Gobierno es quien conduce, quien dirige políticamente el Estado, define las políticas públicas, lo encabeza quien ejerce la Presidencia […]. En cambio, lo que debería hacer la Administración es implementar políticas públicas que son las que define el Gobierno y promover o garantizar servicios públicos y ahí están los funcionarios y funcionarias, incluidos los altos directivos públicos, si lo tradujéramos a la nomenclatura actual, porque también son parte de aquello de la Administración no del gobierno, no deberían ser, desde nuestra perspectiva, de exclusiva confianza, es decir, habrían tres estamentos, una dirección política, una dirección pública y funcionarios y funcionarias”.
La Iniciativa Popular de Norma Constitucional “Propuesta Constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile” es la Nª 16.898 y requiere recolectar 15 mil apoyos para que sea debatida y votada en el seno de la Convención Constitucional
Sobre los atributos que deben cumplir las y los funcionarios públicos, Rajevic sostuvo que: “Todos los que desempeñan un cargo público tienen que estar sujeto a probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía, transparencia, pero quien esté en la Administración, además, sea funcionario directivo o sea funcionario o funcionaria común, tiene que ejercer sus funciones en forma imparcial, objetiva y políticamente neutral; políticamente neutral, porque tiene que respetar una suerte de eficacia indiferente: se trabaja bien, sea el Gobierno que sea, -sea de derecha, sea de izquierda. Y la ley tiene que resguardar que se puedan cumplir con esos atributos, tanto lo que tiene que ver con el ingreso, con el desarrollo como con la desvinculación del empleo público”.
Servicio Civil Profesional e Imparcial también en regiones y municipios
Maite Gambardella
En tanto, Gambardella, expuso la importancia de aplicar todos estos principios al ámbito regional y municipal. Esto, puntualizó: “…porque también esos cargos son electos por mandato popular y tienen su personal de exclusiva confianza, de manera que responden también al principio político mientras que las demás personas que trabajen en esos lugares debiesen responder al mérito, la capacidad técnica y profesional, con una vocación que trascienda el ciclo político de quien gobierne, sin perjuicio de la flexibilidad que tiene que existir en estos espacios para crear o suprimir empleo y fijar sus remuneraciones como hoy día establece la ley, en el caso de las municipalidades”.
Asimismo, enfatizó que estos cargos estos electos democráticamente y los de exclusiva confianza: “Deben estar establecidos en la Constitución y la ley en estos tres niveles, nacional, regional y municipal y el resto del personal en estos mismos tres niveles, debe poder acceder a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que lo que establezca la Constitución y la ley, resguardando siempre la igualdad de oportunidades y promoviendo criterios de inclusión, de no discriminación y de equidad de género”.
Otra arista relevante de la IPNC, destacada por Gambardella, es la referida a los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos: “Se propone eliminar las restricciones a los derechos colectivos en la Administración Civil, encargando a la ley la regulación de la Sindicalización, la Negociación Colectiva y la Huelga, estableciendo ciertas excepciones en el caso de que se paralicen servicios esenciales o que se impida la continuidad del servicio público”.
Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH sobre la controversia sobre el rol de la primera dama: “Todas esas fundaciones sociales se las dejaría a la sociedad civil y no me parece que ese rol deba estar liderado por la esposa, pareja o compañera del presidente”.
El investigador CiPP y académico UAH, Ignacio Cienfuegos, fue entrevistado por el equipo CiPP para conocer su opinión sobre el debate acerca del rol de la primera dama, a menos de dos meses que asuma el cargo el Presidente electo, Gabriel Boric.
El rol de la Primera Dama, por equipo CiPP
“Todas esas fundaciones sociales se las dejaría a la sociedad civil y no me parece que ese rol deba estar liderado por la esposa, pareja o compañera del presidente”. Así lo cree el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH (CIPP), Ignacio Cienfuegos, quien agrega que este es un cargo bastante arcaico en la historia de Chile. “La figura de la primera dama en Chile es bastante antigua y aparece desde los primeros periodos de la República con una tradición que es hacerse cargo de algunas labores o actividades sociales acompañando al presidente de la nación”, señala el docente.
En nuestro país, la primera dama es un título protocolar y es un cargo que se mantiene ad-honorem cumpliendo funciones como acompañar al Presidente en viajes oficiales y dirigir o coordinar las actividades sociales de la presidencia. En 1990 durante el gobierno de Patricio Aylwin, se creó la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República y a partir de ahí distintas primeras damas crearon fundaciones con diversos fines sociales. En Chile la primera dama se hace cargo de siete fundaciones que son Fundación Integra, Fundación de las Familias, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), Tiempos Nuevos (MIM), Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), Fundación Artesanías de Chile, y Fundación Chilenter. Estas funciones para el académico, Ignacio Cienfuegos, deben estar a cargo de la sociedad civil.
A poco menos de dos meses de que el presidente electo asuma el cargo se informó que su pareja, Irina Karamanos, asumirá como primera dama lo que causó gran controversia debido a que hasta hace unas semanas Gabriel Boric había mantenido la postura que tuvo durante su campaña cuando dijo que el cargo de primera dama no tiene ningún sentido. “No puede existir ningún cargo público que esté suscrito al parentesco”.
Irina Karamanos decidió asumir el cargo de primera dama, pero con el compromiso de reformarlo.
Gabriel Boric es criticado por varios sectores que consideran que no ha mantenido una postura clara frente a afirmaciones que realizó durante la campaña presidencial lo que para Cienfuegos puede traerle problemas. El académico, afirma que muchas veces se ve que los presidentes electos al asumir el cargo cambian o matizan muchos de sus planteamientos. “Cambia de opinión o matiza con mayor intensidad que otros casos de presidentes electos y es importante que explique para no perder credibilidad, entonces debe aclarar porque ayer pensaba A y ahora piensa B. En este caso, debiera explicar porque finalmente va a utilizar la figura de la primera dama, lo importante es argumentar y convencer cuales fueron las razones de este cambio de opinión”, afirma el especialista.
El docente destaca que en otros países el rol de la primera dama es diferente y cita como ejemplo a Estados Unidos donde su función es apoyar la agenda y ciertas partes del programa de gobierno lo que le da una gran visibilidad. “Su importancia es tan relevante que han salido figuras políticas como Hillary Clinton que fue candidata a presidenta. Otro ejemplo es Michelle Obama que hoy se ve con proyecciones políticas”, comenta Cienfuegos.
Otro ejemplo que cita el académico es el de la actual Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, que fue presidenta del país trasandino. Cienfuegos afirma que la pareja del presidente electo, Irina Karamaros, debería tener un rol en todo lo referente a temas de género en la agenda de gobierno ya que es un asunto que maneja y agrega que es absurdo el debate de si debe estar casada o no con Gabriel Boric para asumir este cargo.
El investigador termina diciendo que en Alemania y en los países del norte de Europa no existe la figura de primera dama, solo se observa un rol protocolar y no se le asigna un papel preponderante ni responsabilidades.
Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH sobre el manejo comunicacional del presidente electo: Bajo perfil hasta que se entre a la Moneda.
La investigadora CiPP y académica UAH, Ximena Orchard fue entrevistada por el equipo CiPP para conocer su visión y análisis de lo que ha sido, hasta ahora, el diseño comunicacional del presidente electo Gabriel Boric. Conoce aquí sus opiniones.
Bajo perfil hasta que se entre a la Moneda por equipo CiPP
El manejo comunicacional del presidente electo, Gabriel Boric, es de bajo perfil y ha sido exitoso en la medida de que no se han visto grandes desalineamientos públicos con relación a los dirigentes de su coalición. Así lo cree Ximena Orchard, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado. “En general se han alineado bastante detrás de este diseño de mantener un bajo perfil, dejar las vocerías al mismo Boric y su equipo inmediato, y eso ha permitido mantener percepciones públicas bastante positivas en torno a la figura del presidente electo” agrega la periodista.
Ximena Orchard, investigadora CiPP
También destaca que se han aprovechado todas las oportunidades comunicacionales que refuerzan esa mirada como son las muestras espontáneas de cariño y de aprecio hacia su figura. “Son muchas las apariciones que se han visto de gente que llega hasta La Moneda chica a entregar cosas, regalos, en fin, encuentros con algunas personas que se han hecho públicos, o se han destacado en las redes sociales del nuevo gobierno. Esto refuerza la idea de cercanía y afectividad como atributos del presidente electo” argumenta la docente.
La directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado cree que este diseño tiene sentido en la medida que Boric todavía no tiene capacidad efectiva de tomar decisiones ejecutivas. De esta manera, se protege de ser emplazado a pronunciarse permanentemente respecto de temas de la contingencia que todavía están dentro de la agenda de trabajo ejecutivo y comunicacional del gobierno actual que está de salida, comenta Orchard. “Hasta ahora, su primera decisión relevante es el diseño del nuevo gabinete, el que se hizo en una presentación donde se privilegió un tono afectivo y se puso en valor la diversidad del grupo de profesionales escogidos. Previo a ello, ha estado más bien protegido de potenciales flancos de crítica y es esperable que intente mantener esa línea hasta el 11 de marzo próximo” afirma la docente.
Si bien, las percepciones públicas hacia Gabriel Boric siguen siendo principalmente positivas, esto hay que ponerlo en su justa medida, dice Orchard. “En general, todos los presidentes electos inician sus períodos con percepciones públicas bastante buenas y la pregunta es ¿Cuánto dura eso? ¿Cuándo comienza a tensionarse? y ¿Cuánto cae el apoyo público? La curva normal de apoyo público a las figuras presidenciales es justamente empezar arriba y bajar, en algunos casos hasta muy abajo, como hemos visto en el último gobierno. Luego suele haber algún tipo de recuperación hacia el final del período”, sostiene la investigadora.
“El hecho de que el presidente electo tenga un buen nivel de aprobación actual, si bien es positivo para su gestión, obviamente tendrá que intentar extenderlo lo más posible. Es esperable que aquello se modifique con el transcurso de los meses y en la medida que Boric empiece a tomar decisiones que obviamente, algunas de ellas, van a contar con oposición”, puntualiza Orchard.
La mayoría de los gobiernos comienzan con niveles de apoyo altos que después se van desgastando, eso es lo natural. Además, agrega la periodista, los niveles de apoyo y las percepciones positivas hacia la figura del presidente electo que se muestran hoy en algunos sondeos de opinión que circulan, no son mayores que las que comparativamente tenían en los inicios de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. “Está dentro de los esperable, incluso algunos de ellos partieron con percepciones más altas al inicio de su período, por lo tanto, eso más bien habla de la curva normal de un gobierno que acaba de ser electo por mayoría democrática”, argumenta la docente.
También piensa que en parte esta estrategia del bajo perfil ha funcionado en la medida que se observa cierto “fair play” en el mundo político y económico hacia la figura del presidente electo. “Tanto Boric como su círculo no han sido controversiales respecto a la actual administración, fair play que también se ha dado en el sentido opuesto”, plantea Orchard. Sin embargo, advierte que esta suerte de “fair play” en la arena política y económica se va a poner a prueba realmente cuando Gabriel Boric inicie su mandato como presidente.
La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP puede ser el cuarto actor en el mercado del gas licuado. Así lo cree Eduardo Saavedra, director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien participó como asesor en el estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que descubrió una falta de competencia en ese mercado.
El académico fue entrevistado por el equipo CiPP para conocer su visión acerca de las conclusiones de este informe y cuáles son a su juicio algunas de las medidas que podrían tomarse.
“El Estado ya tiene una herramienta a mano que es una empresa pública. ENAP envasa gas, solo que tiene planta envasadora en Linares y San Fernando, si tuviera en cada región del país perfectamente podrían envasar gas y ser el cuarto actor en el mercado mayorista y ya con cuatro actores, sobre todo uno público, la dinámica de competencia es muy diferente”, argumenta el académico.
Los municipios, sostiene Saavedra, vieron una oportunidad de replicar el modelo de las farmacias populares intentando obtener gas barato y traspasar la baja en el costo a los usuarios. Sin embargo, agrega el investigador, el mercado del gas, sobre todo el de venta en balones (GLP), es bastante diferente a los remedios ya que no hay un poder de compra del Estado que permita comprar barato y traspasarlo a los usuarios. Por lo tanto, sentencia el docente, no hay ninguna ventaja relativa de los municipios sobre otros posibles actores.
La ENAP, que tiene la capacidad, junto a la eliminación de las restricciones que existen para que los distribuidores puedan vender de cualquier marca podría mejorar la competencia en ese mercado, dice el economista.
En el estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde participó como asesor Eduardo Saavedra, se descubrió que hay diferentes barreras que se le ponen a los potenciales entrantes al mercado del envase del gas licuado. Estos necesitan de distribuidores minoristas que en la práctica hoy en día les dicen que no pueden vender su gas, salvo que sea exclusivo, encareciendo el costo. “El problema es que no hay ninguna razón económica, ni técnica que diga que los distribuidores minoristas solo deben vender de una marca de gas, podrían vender de todas y eso generaría mayor dinámica de precios”, puntualiza el Saavedra.
Esta situación puede corregirse con medidas de tipo administrativas que no necesitan una ley y que indique abiertamente que los distribuidores minoristas puedan vender de cualquier marca. Así lo recomienda la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que también señala que hay que separar aguas frente al intento de los mayoristas de entrar al mercado minorista. Además, recomienda eliminar los premios tanto por ventas como por fidelidad, al igual que cualquier tipo de barreras en los contratos que tienen los minoristas con los mayoristas.
Esto para corregir el mercado y la falta de competencia que detectó la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Recordemos, señala el académico, “que la entidad descubrió mayores márgenes de los mayoristas en seis años, es decir, mayor diferencia de precios versus los costos”. Se calculan unos 180 millones de dólares de sobreprecio, de ganancia. Cuando estos márgenes no se reducen significa que la competencia es baja ya que no hay nuevos actores entrando al mercado. Ahí suenan las alarmas de que hay falta de competencia, concluye el académico.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, en Radio Agricultura “Los cargos públicos no pueden ser patrimonio de nadie, tienen que distribuirse por mérito y capacidad y por razones públicas, no por razones privadas”.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, fue entrevistado por el programa radial “Donde las papas queman” de Radio Agricultura, donde se refirió a los fundamentos de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional para garantizar la existencia de un sistema de empleo público profesional e imparcial para Chile y diferenciar al Gobierno de la Administración Pública, que fue elaborada en base a un texto suscrito por numerosas personas dedicadas al estudio y/o al ejercicio de la función pública, entre ellos/as académicos/as de diversas universidades nacionales y de un grupo de investigadores asociados al CiPP y académicos de la Universidad Alberto Hurtado.
Durante la entrevista radial, el profesor Rajevic explicó que el gobierno es básicamente las autoridades ganadoras en elecciones populares y el personal de apoyo de su exclusiva confianza. Se trata del aparato de gobierno o estamento de dirección política. “En el poder ejecutivo están las autoridades elegidas democráticamente, como el Presidente quien designa ministros y subsecretarios, conformando una capa de personal que responde a una confianza política«, comenta el académico. El resto del personal son los funcionarios y funcionarias, dentro de los cuales hay directivos públicos. “La propuesta se pregunta quienes son el personal del Estado que tiene que cambiar con cada elección, porque democráticamente las personas queremos un cambio, y qué otra parte de funcionarios públicos se deben mantener porque son los que están realizando las prestaciones de servicios públicos de atención a las personas”, dice el abogado.
Debe haber un equilibrio para que las democracias funcionen. “Los gobiernos necesitan formar sus equipos pero también necesitan un número de funcionarios públicos, yo diría el grueso, que estén al margen de la confianza del gobierno, y que estén ahí por su calidad técnico profesional”, concluye el especialista en derecho administrativo. Se trata de una capa que al mantenerse ayuda a que haya continuidad en las políticas públicas, desarrollo de una expertise y más integridad.
La Constitución habla de carrera funcionaria y las personas que trabajan en la administración pública deberían estar sujetas a ese sistema salvo los cargos de exclusiva confianza. Sin embargo, abarca a un grupo muy pequeño, prácticamente una tercera parte de las personas que trabajan en el servicio público. Esto, según Rajevic, no porque hayan crecido los cargos de exclusiva confianza sino que porque hay una suerte de válvula de ajuste que es el empleo a contrata y, por otro lado, los honorarios que se han salido de norma. Las cifras a nivel del gobierno central del año 2011 indican que el personal de planta sumaba 84 mil personas y a contrata 121 mil. Para el 2020 la planta subió a 93 mil y la contrata se duplicó a 228 mil. En el mundo municipal un 60 por ciento del personal es a honorarios.
La propuesta también trata el acceso en igualdad de oportunidades a los empleos públicos. Se trata de que entren por capacidad y mérito, salvo los cargos de elección popular y los de exclusiva confianza.
Hay un aspecto de la Constitución de 1833 que se trató de cambiar en la del 1925 y del 80, que es el derecho a acceder a los empleos y funciones públicas. Rajevic señala que la carta magna dice que sólo se piden los requisitos que pide la Constitución y la ley. Lo que no se opone a que el legislador pueda crear sistemas de empleo con reclutamiento directo como así se ha entendido, aclara el investigador. “Esa parte queda coja, hay que cambiarla, hay que decir que ese acceso debe ser en igualdad de condiciones con las reglas de inclusión, equidad que quiera poner el constituyente y el legislador pero no puede ser simplemente el derecho a acceder, es el derecho a acceder en igualdad de oportunidades”, afirma el docente. “Los cargos públicos no pueden ser patrimonio de nadie, tienen que distribuirse por mérito y capacidad y por razones públicas, no por razones privadas”, sentencia el abogado.
El documento también aborda el reconocimiento a los derechos colectivos de los que trabajan en el sector público como la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, salvo que afecten servicios que son esenciales o a la continuidad de un servicio público. “Así garantizamos que el trabajo sea digno con condiciones adecuadas, pero con un marco de regulación”, plantea Rajevic.
Por último, el docente destaca que el estamento funcionario se caracteriza por que tiene que actuar de manera imparcial, objetiva y políticamente neutral. Además de respetar la probidad, la eficiencia, la eficacia, la jerarquía, la responsabilidad y la transparencia.
La «Propuesta constitucional para garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile», está identificada como la Iniciativa Nº 16.898 en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional, que se encuentra en la plataforma Chileconvención.cl donde es posible votar por ella.
Esta propuesta fue elaborada en base a un texto suscrito por numerosas personas dedicadas al estudio y/o al ejercicio de la función pública, entre ellos/as académicos/as de diversas universidades nacionales como la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Santiago, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Santo Tomás.
Dentro de los/as académicos/as de nuestra Universidad que participan de esta iniciativa, destacan los investigadores asociados al CiPP, Miriam Henríquez, Paulette Landon, Eduardo Abarzúa, Rafael Blanco, Enrique Rajevic, Cecilia Osorio, Eduardo Saavedra, Ignacio Cienfuegos, Pedro Güell, y Héctor Oyarce.
Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH, “Lo espiritual, esa dimensión que no le es ajena a nadie, dialoga con la educación y no a un nivel abstracto, sino que en términos de política educativa”.
Cristobal Madero, investigador CiPP y académico UAH fue entrevistado por el equipo CiPP para conocer sobre el documento “Educación y Espiritualidades en una Nueva Constitución” que él junto a un grupo de educadores de diferentes religiones y credos entregaron a la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Quisimos conocer cuáles fueron las motivaciones de este grupo y cómo se gestó la idea de elaborar este texto y presentarlo ante la Convención Constitucional. ¡Conoce aquí sus opiniones!
Un grupo de educadores representantes de diferentes religiones y credos elaboró el documento “Educación y Espiritualidades en una Nueva Constitución” que fue presentado a la ex Presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, quien lo dio a conocer al resto de los convencionales el 20 de diciembre pasado. El documento contiene las conclusiones obtenidas luego de analizar veintidós constituciones de diferentes países con el objetivo de encontrar en ellas la relación entre dos conceptos fundamentales para una sociedad: el sistema educativo y el ámbito espiritual, entendido éste como la religiones, las cosmovisiones y las espiritualidades seculares.
En las constituciones analizadas el tratamiento del tema de la religión, las cosmovisiones y la espiritualidad no es uniforme. Los países europeos y de raigambre anglosajona tienen más desarrollados los aspectos de lo religioso y lo espiritual en sus constituciones. En las latinoamericanas, por su parte, el énfasis está mucho más orientado hacia la consagración de su propia multiculturalidad y, por lo tanto, el reconocimiento de la espiritualidad de los pueblos originarios.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CiPP), Cristóbal Madero, señala que en un principio comenzó a funcionar en la Facultad de Educación un grupo que analizaba la educación religiosa en Chile y que posteriormente a raíz de la instauración de la Convención Constituyente optaron por hacer una discusión más amplia. “Se nos ocurrió invitar a un grupo más grande al cual llamamos Educación y Espiritualidades”, dice el académico.
Madero, afirma, que lo interesante del grupo que preparó este informe fue su diversidad ya que eran personas de diferentes religiones y credos pero que tenían en común el trabajar en el área de la educación y coincidían en que lo que se diga sobre el área en la nueva constitución no puede estar alejado del componente espiritual. “Chile es un país laico y cada día se va secularizando más rápido y el tema público no es cómo salvamos las religiones (con las cuáles sin duda la sociedad se enriquece), sino que cómo lo espiritual, esa dimensión que no le es ajena a nadie, dialoga con la educación y no a un nivel abstracto, sino que en términos de política educativa”, puntualiza Madero.
El académico señala que el interés de la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, tanto en su vida académica como el compromiso con su pueblo y todo lo que ello conlleva, apareció como una gran alternativa para presentar el documento. “Más allá de la disciplina lingüística, como mapuche ella está preocupada de estos temas y nos pareció super pertinente poder hacer una presentación y crear este documento”, argumenta Madero.
El investigador del CiPP, relata que le entregaron el documento a Elisa Loncón y ella lo expuso ante al pleno de la Convención desde la presidencia. “Nosotros queríamos presentar pero no salimos elegidos. Sin embargo, creo que finalmente esto fue mejor porque ella lo promovió desde adentro”, señala el docente.
Documento elaborado por un grupo diverso.
En la elaboración de este trabajo participaron personas provenientes de diferentes credos y religiones, eso es para Madero un reflejo de lo que es el Chile actual, donde hay una gran diversidad de miradas, al igual que al interior de este grupo donde participaron budistas, judíos, mapuches, católicos, etc. “Era súper importante para nosotros poder tener un grupo amplio y ponernos de acuerdo en algunos mínimos y nos dimos cuenta de que eran más que mínimos”, enfatiza Cristóbal Madero.
El académico destaca la participación de la profesora Silvia Calfuqueo, que ejerce la docencia en la comunidad de Llaguepulli, conocedora de la cosmovisión, idioma y cultura mapuche, quien los impulsó a mirar otras cosmovisiones no tradicionales. “Nos obligó a todos a abrirnos, a salirnos de religiones tradicionales y nos hizo muy bien y salió un documento que nos aúna en temas comunes como la idea de que las personas tienen derecho a vivir una espiritualidad y formarse en ella”, destaca el docente.
Madero, afirma que el documento no busca unificar a todos en una espiritualidad sino que exista un resguardo de las espiritualidades como derecho, de modo de garantizar el respeto y desarrollo de todas las expresiones religiosas y espirituales, sin discriminación alguna, como componente esencial de una sociedad plural y democrática, garantizando el derecho a desarrollarla libremente y tener el derecho a vivir la espiritualidad propia y colectiva, y poder expresarla encontrando espacios para ello en un sistema educativo plural.
En el documento entregado se afirma que la educación contribuye de manera sustancial al desarrollo de toda persona a lo largo de su vida, pero de manera especial durante la niñez y la adolescencia y que es por lo tanto clave en la construcción de una sociedad que aspira a un proyecto colectivo diverso y plural.
También se señala, que la espiritualidad puede ser formada y que esto es beneficioso para el crecimiento y fortalecimiento de una sociedad con mayor conciencia de sí misma y ayuda a dar respuesta a las grandes preguntas que se formulan en el contexto educativo.
Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH, en La Tercera: “Si la nueva constitución establece un Estado social de derecho, debe ser con enfoque de género, interseccional e intercultural”.
El pasado 11 de enero, Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH, publicó una columna de opinión en el diario La Tercera en la que abordó el derecho al cuidado. Para contextualizar, la investigadora señaló que “Hace algunas semanas atrás el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado junto a Comunidad Mujer impulsó una iniciativa popular de norma constitucional sobre el derecho a los cuidados (N° 9638). A su vez, el último día del 2021, dieciséis convencionales ingresaron una iniciativa de norma constituyente sobre el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.
Miriam Henríquez es clara en decir que cuando una iniciativa popular es impulsada, implica, entre otras cosas, responder a ciertas interrogantes que son legítimas. Una de ellas, probablemente la que más se repite, explica Henríquez, es entender en qué consiste el derecho al cuidado. “El derecho al cuidado es el derecho que tienen todas las personas a ser cuidadas, al autocuidado y a cuidar”, explica. Y continúa, “este derecho debiera ser reconocido como un derecho social porque permite atender el bienestar de las personas y fundamental porque es central para asegurar una vida digna”.
En todo esto, Henríquez explica que existe una demanda de género, y esta se refiere al hecho de que son las mujeres quienes fundamentalmente asumen las tareas de cuidados de infantes, personas enfermas, en situación de discapacidad y ancianas. “El trabajo doméstico y de cuidado no solo no es reconocido, tampoco es remunerado, teniendo además, altos costos para las mujeres, como la inserción laboral o en la carrera profesional”. Por lo tanto, explica la investigadora, la demanda de género tiene que ver con que se reconozca como un derecho multidimensional y que, respecto al derecho a cuidar, su titular pueda decidir si se desea o no hacerlo, con la posibilidad de cuidar en condiciones de dignidad y protección social.
Sobre el rol del Estado, Miriam Henríquez enfatiza en que éste no puede ser un mero espectador y si la nueva constitución establece un Estado social de derecho, debe ser con enfoque de género, interseccional e intercultural.
Finalmente, la investigadora propone que el derecho al cuidado sea un derecho constitucional para que su satisfacción “no dependa del gobierno o congreso de turno”.
Para leer la columna completa ingresa en el siguiente link:
Humberto Borges, investigador CIPP y académico UAH, sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU) propuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera: Es un cuchillo de doble filo para el próximo gobierno.
Humberto Borges, investigador CiPP y Director del Diplomado en Gestión Tributaria de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, fue entrevistado por el equipo CiPP para conocer su visión sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. Conoce aquí sus opiniones.
Pensión Garantizada Universal: un cuchillo de doble filo para el próximo gobierno.
El Presidente Sebastián Piñera desea financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) con cosas fácilmente aprobables que no provocarán una gran discusión en el Congreso, pero que no subvencionan totalmente esta iniciativa. Así lo sostiene Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP).
El académico sostiene que el gobierno de Gabriel Boric deberá enfrentar grandes batallas como tratar de modificar las exenciones gravitantes que posee el gremio de los camioneros y el mundo agrícola, lo que le permitiría tener un financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) y tapar el agujero que provocaron los retiros de las AFP para las pensiones futuras. “Es como tomar un cuchillo de doble filo, donde te vas a cortar de todas maneras, por un lado, si discutes algunos impuestos tocarás a grupos que van a luchar contra ti y si no apruebas la Pensión Garantizada Universal será un golpe para aquellas personas que tienen pensiones muy bajas y esperan este beneficio social”, asegura Borges.
Lo que está sucediendo con el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es que va a golpear al gobierno entrante, dice el investigador. Esta forma de financiamiento no lo dejará con capacidad de maniobra para seguir con otras políticas asociadas a temas sociales como el término del CAE, modificaciones al tema medio ambiental y otros.
El académico es partidario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) porque la política de pensiones, basada en las AFP, y los retiros del 10% hoy no están cubriendo a todas las personas, dejando a un importante número de la población con pensiones mínimas, por lo que, para Borges, financiar estas jubilaciones con impuestos o aportes estatales es totalmente justificable.
En el financiamiento, el especialista en tributos, apunta a las exenciones de instrumentos de capital, como las acciones, y también en tomar en cuenta otras exenciones, como las que poseen los DFL2 que benefician a un grupo importante de contribuyentes. “Hay personas que compraron varias viviendas para arrendar y no pagan impuestos, esa es una exención que si debe cambiarse”, señala Borges. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con la aprobación del impuesto a los super ricos, porque si se usa una base muy baja para cobrarlo se pueden cometer errores como fue el caso de España u otras naciones, donde la base es muy baja por lo tanto existe escape de inversiones o traspaso de riqueza entre familiares, para arrancar de los impuestos. Será una buena opción, pero siempre que esté bien acotada. Si son montos altos cercanos a US $5 millones, cantidad más alta que otros países, corresponde a un monto razonable, declara el experto.
Humberto Borges, destaca que ninguno de los gobiernos de derecha o centro izquierda han abordado las exenciones de sectores intocables que poseen grandes patrimonios y que pagan impuestos bajos con el cálculo de rentas presuntas. “Las empresas de transportes (fletes) que son los camioneros y las del sector agrícola. Sin embargo, nadie quiere colocarle el cascabel al gato porque eso significa pelearse con gremios fuertes”, comenta el docente.
El investigador es claro en la manera que debería financiarse la pensión garantizada universal. Se debe recurrir a las exenciones que él denomina “malas» o “dañinas” porque han permanecido en el tiempo y no responden a una situación determinada. Por ejemplo, se pueden entregar exenciones o ayudas a algunos sectores por causa de la pandemia y por un tiempo limitado. “Si yo quiero darle un beneficio a una industria debe ser momentánea, ya que es por una crisis, como el caso del turismo durante la pandemia actual”, concluye el académico.
Paola Bordón, en Revista Mensaje, sobre los ganadores del Premio Nobel de Economía año 2021: “Revolucionaron la manera en que hacemos estudios empíricos y, de paso, nos ayudaron a cambiar ciertos paradigmas del pensamiento económico”.
La sola predicción por parte de la teoría económica ya no es suficiente, ahora tenemos herramientas para testear esas teorías de manera mucho más rigurosa. El premio Nobel de economía del año 2021 apunta en esa dirección. Se trata de tres economistas, el canadiense David Card, el israelí-estadounidense Joshua Angrist y el holandés-estadounidense Guido Imbens, quienes aportaron en la perfección de los experimentos naturales. La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, y directora del Magíster en Economía Aplicada y Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Paola Bordón Tapia, se refiere a estos avances en una didáctica columna que publicó en la Revista Mensaje el pasado 20 de diciembre.
Bordón señala en su columna que David Card fue reconocido por sus contribuciones al estudio empírico de la economía laboral. Por su parte, Joshua Angrist y Guido Imbens fueron galardonados por sus contribuciones metodológicas al análisis de relaciones causales.
La investigadora del CiPP explica que la importancia de estos galardonados es que “revolucionaron la manera en que hacemos estudios empíricos y, de paso, nos ayudaron a cambiar ciertos paradigmas del pensamiento económico”
Algunos de sus hallazgos, que son descritos por la autora en su columna, han permitido demostrar que el aumento del salario mínimo y la inmigración no perjudican necesariamente el empleo ni las remuneraciones generales, como resultado de sus “experimentos naturales”.
Concluye Bordón señalando que “la sola predicción por parte de la teoría ya no es suficiente, y ahora tenemos herramientas para testear esas teorías mucho más rigurosas. Estos avances metodológicos han significado el ajuste de nuestros modelos teóricos, acercándonos cada vez más a la realidad en una disciplina como la economía, que estudia fenómenos sociales complejos y que creía tener modelos y predicciones teóricamente sólidas”
Fabiola Miranda, investigadora CiPP y académica UAH: Las mujeres, pueblos originarios y las diversidades están jugando un papel fundamental en la Convención Constitucional.
Fabiola Miranda, investigadora CiPP y académica UAH, fue entrevistada por el equipo CiPP para conocer su visión sobre cómo ha sido la participación de las mujeres, los pueblos originarios y las diversidades en la Convención Constitucional. ¡Conoce aquí su opinión!
Las mujeres, pueblos originarios y las diversidades están jugando un papel fundamental en la Convención Constitucional. Es la primera vez en nuestra historia que son parte del poder constituyente. Así lo cree Fabiola Miranda, investigadora del CIPP quien agrega que “esto responde a una ventana de oportunidad política que se construye gracias a los movimientos sociales, como el feminismo, que se fueron conformando desde los años 80 y 90 hasta nuestros días”.
El hecho de que nuestra Convención recoja esas voces va dando esperanzas de refundar el Estado en el sentido de lo que realmente hoy somos como sociedad, dice la doctora en Ciencias Políticas. “Cada vez las mujeres somos menos invisibles y que se reconozca que siempre hemos estado en la política o hemos intentado estarlo, pero no se nos han dado todos los espacios, es un avance”, comenta Fabiola Miranda. También menciona como un punto positivo la paridad en el órgano constituyente ya que es un paso muy importante en el reconocimiento de esta deuda histórica que existe con las mujeres. En el debate del reglamento se puso ese tema como mecanismo de participación y se dio la discusión sobre las garantías de igualdad de género durante el proceso constituyente. “Hubo problemas en concebir la paridad como un techo porque esto finalmente derivó en algunos casos en que algunas candidatas que fueron electas tuvieron que ceder su cupo a hombres a efecto de mantener esta igualdad material, entonces que el reglamento haya establecido el esperado reconocimiento de la paridad en el sistema político y que al final sea un piso y no un techo también es un avance”, plantea la investigadora.
El hecho de que haya mujeres tampoco viene a asegurar que se represente la voz de todas las chilenas señala Miranda. “Yo creo que en eso hay que tener cierto cuidado ya que hay un gran trabajo en avanzar en que cada día sean más diversas las experiencias y los territorios de donde provienen esas mujeres que llegan a estos poderes políticos y administrativos del Estado”, acota la académica.
Fabiola Miranda cree que la Convención ha venido a recabar lo que los movimientos sociales han expresado, sobre todo el feminista, en torno a romper las brechas culturales que van haciendo que las mujeres sean siempre ciudadanas subordinadas. Lo mismo piensa que ocurre con la población LGBTIQ+ que ha ido tomando espacios para ir generando cambios estructurales profundos como los que se empiezan a observar en cuanto a la paridad y otros sobre el reconocimiento de otras dimensiones de la persona.
La investigadora afirma que el ejercicio de la Convención Constitucional nos lleva a un cambio cultural y lo vemos representado también en la conformación de éste órgano. “En la diversidad de personas y pueblos que conviven en esta comunidad política y que estaban siendo invisibilizados, la gran representación de personas independientes y una elección de dos Presidentas mujeres es histórico” dice Miranda. Una mujer mapuche, figura de escaños reservados que encarna el debate sobre la plurinacionalidad y otra mujer médica, odontóloga, María Elisa Quinteros, proveniente de los movimientos sociales y territoriales que instala una dimensión desde los territorios que trae a la palestra los temas de salud y la descentralización del poder.
También le parece una señal muy clara que se haya logrado un consenso tan amplio y rápido en torno a la Vicepresidencia de Gaspar Domínguez, un médico que también se reivindica regionalista de la red de constituyentes disidentes, un hombre joven que se reclama también hijo de la educación pública. La relevancia política y reivindicativa del poder que alcanzaron estos constituyentes que están asumiendo la mesa directiva no se limita a su identidad -como mujer y como miembro de las disidencias sexo-genéricas- sino también a que sus actividades políticas, académicas y sus orígenes no son de la clase alta ni de Santiago, sino a los valores que encarnan, movilizan y normalizan; se manifiesta en su trabajo en la Convención, y en su activismo previo. Como dijo la ex presidenta Loncón hace unos días «lo extraño se vuelve normal».
“Estamos frente a un ejercicio importante e histórico de reflejar a un Chile más real haciendo el ejercicio inverso, recabando las voces de los pueblos de Chile, de la nación, para devolverlo al Estado y que de acuerdo a esto se puedan generar políticas públicas cada vez más acordes a lo que somos y en ese sentido el principio de lo que es el derecho a la igualdad y a la diferencia provenientes de los movimientos feministas nos han mostrado que también es posible avanzar en ese sentido” enfatiza Miranda.
Investigadores/as del CIPP contribuyen con una Iniciativa Popular de Norma Constitucional para garantizar la existencia de un sistema de empleo público profesional e imparcial para Chile y diferenciar al Gobierno de la Administración Pública.
Se trata de la «Propuesta constitucional para garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile», identificada como la Iniciativa Nº 16.898 en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional (https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/16898).
El foco de la propuesta es garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a funciones y empleos públicos con las excepciones que la propia Constitución admita (como los cargos de exclusiva confianza o los de elección popular), respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género, y distinguir nítidamente Gobierno y Administración.
En coherencia con lo anterior, se estima que la nueva constitución debe contemplar las siguientes definiciones:
Primero, que el Gobierno es quien tiene la conducción política, define las políticas públicas y dirige la Administración Pública. Es encabezado/a por el/la Presidente/a y lo integra el personal de exclusiva confianza del Ejecutivo (Ministros/as, Subsecretarios/as, Delegados/as Regionales, etc.).
Segundo, que la Administración está a cargo de implementar las políticas públicas definidas por el Gobierno y de proveer o garantizar la provisión de servicios públicos. Estará integrada por personal directivo y personas funcionarias, que constituyen el servicio civil quienes no serán de exclusiva confianza del Gobierno.
Por otro lado, se reconocen los derechos colectivos de los/as funcionario/as, lo que implica reconocer la sindicalización, negociación colectiva y huelga, salvo que esta última (la huelga) paralice servicios esenciales o impida la continuidad del servicio público, en que se aplicará el procedimiento que establezca la ley.
Se señala además que estos principios se aplicarán tanto en el nivel central, como en los niveles regional y municipal. Asimismo, los relativos al acceso a los empleos se aplicarán a otros órganos del Estado, como los legislativos y jurisdiccionales.
El objetivo de esta iniciativa es resguardar la eficacia, continuidad e integridad en la ejecución de las políticas públicas, asumiendo también la perspectiva del trabajo decente que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
La propuesta fue elaborada en base a un texto suscrito por numerosas personas dedicadas al estudio y/o al ejercicio de la función pública, entre ellos/as académicos/as de diversas universidades nacionales como la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Santiago, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Santo Tomás.
Dentro de los/as académicos/as de nuestra Universidad que participan de esta iniciativa, destacan los investigadores asociados al CiPP, Miriam Henríquez, Paulette Landon, Eduardo Abarzúa, Rafael Blanco, Enrique Rajevic, Cecilia Osorio, Eduardo Saavedra, Ignacio Cienfuegos, Pedro Güell, y Héctor Oyarce.
¿Por qué apoyar esta propuesta?
Porque separar gobierno y administración y garantizar un servicio imparcial resguarda la continuidad y la integridad en la ejecución de las políticas públicas, lo que implica que quienes trabajan en la Administración Pública lo hacen con la misma calidad, en forma independiente de quien gobierne.
Porque un servicio civil imparcial contribuye a prevenir y combatir la corrupción.
Porque un servicio civil prioriza el mérito y el interés general sobre la confianza política, lo que permite contar con instituciones públicas más eficaces.
Porque el reconocimiento del Servicio Civil y de los derechos colectivos de los/as funcionarios/as públicos/as resguarda la perspectiva del trabajo decente.
Finalmente, porque garantizar el servicio civil de la forma propuesta impedirá que a través de las leyes anuales de presupuesto se precarice el sistema de empleo público, como ha ocurrido en las últimas décadas, y generará un sistema de empleo público coherente, a diferencia del que experimentamos en la actualidad.
Te invitamos a conocer en detalle el articulado propuesto como también a apoyar la propuesta, para lo cual debes ingresar con tu clave única o el número de serie del carnet de identidad en la siguiente dirección.
Si quieres profundizar en esta temática, te invitamos a leer la editorial del último Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, titulado «Una propuesta constitucional para garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile», de los autores Eduardo Abarzúa C. y Enrique Rajevic M.
Carlos García, investigador CiPP y académico UAH, en El Mostrador sobre programa económico de Gabriel Boric: “Es un programa moderado, en gran parte gradual y coherente”.
Carlos García, académico e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), publicó el pasado 2 de enero en el medio El Mostrador, una columna de opinión en la que analiza algunos elementos del programa económico del presidente electo, Gabriel Boric.
García parte su columna aclarando que si bien no es partidario de Boric, su columna apunta, entre otras cosas, a desmitificar el programa económico en ciertos temas sensibles.
En primer lugar menciona las pensiones; y explica que todos aquellos que quieran seguir en su AFP podrán hacerlo; el programa del presidente electo propone un sistema que reemplaza a las AFP pero en parte. Hay un pilar no contributivo que asegura una pensión básica de 250 mil pesos y otro contributivo con los ahorros de los pensionados; Sobre la salud se propone un sistema universal, explica, que asegure mejores condiciones de salud y para quienes deseen asistir a clínicas privadas, existirán seguros complementarios voluntarios, siguiendo la lógica de las Isapres.
Sobre los impactos tanto negativos como positivos que podría generar el programa sobre la actividad y la inversión, el investigador es tajante al decir que no generarían impactos negativos, “el propio programa es lo suficientemente claro para que cualquier persona medianamente instruida se dé cuenta de que los temores de acabo de mundo son infundados”, dice. Y continúa: “es un programa moderado, en gran parte gradual y coherente. Muchas de estas iniciativas se encuentran en libros y artículos de autores connotados a nivel internacional. Por ejemplo, recomiendo revisar el último libro de Minouche Shafik directora del London School of Economics que por lo demás está lejos de ser considerada una marxista ortodoxa ni mucho menos”.
García menciona un peligro en todo esto: las expectativas. Explica que muchas veces no leemos los programas, por el contrario, nos centramos en informarnos a través de las redes sociales, debates en los que se cometen errores, propaganda electoral descalificadora, noticias infundadas, comparaciones odiosas con otros países, entre otras. Por todo esto, explica García, es importante que el próximo gobierno cuente con un equipo económico de primera, y que por sobre todo sea creíble: “Es vital que pueda comunicar de manera simple pero contundente la magnitud de las reformas y su desarrollo, y que no se enrede en la política partidista”, finaliza.
El director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, y asesor de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Eduardo Saavedra, fue entrevistado por diferentes medios de comunicación debido al informe final sobre el mercado del gas que emitió la FNE. El estudio abordó los segmentos de gas licuado y de gas natural en el período comprendido entre 2010 y 2020 y concluyó que en ambos segmentos el precio de este combustible es superior al que debería existir en un mercado competitivo.
Eduardo Saavedra Ph.D. en Economía, Cornell University y Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado participó en la elaboración del informe de la FNE que señala que cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en Chile y que, en el caso del gas natural, el sobreprecio fluctúa entre US$ 78 millones y US$ 87 millones cada año para los clientes de Metrogas.
En el mercado del gas licuado, que es utilizado en 80% de las comunas del país, esto se traduce en un sobreprecio de 15% por cada balón, producto de la baja intensidad competitiva entre los actores del mercado, quienes no traspasan completamente sus reducciones de costos a los consumidores.
Esta situación permitió a los distribuidores mayoristas, en el 2020, aumentar sus márgenes desde un 34% a un 53% si se compara con el margen que obtenían a fines del 2014.
Al analizar el segmento del gas natural, la FNE detectó que el sobreprecio fluctúa entre 12,7% y 20,2% para los clientes residenciales de Metrogas, debido a que esta compañía está acogida a una norma legal que le permite sobrepasar, a través de una empresa relacionada llamada AGESA, el límite máximo de rentabilidad a que está sujeta como empresa distribuidora de gas natural.
La FNE confirmó la recomendación propuesta en octubre de prohibir que las empresas Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución del gas licuado a los consumidores y propuso cambios de regulación para bajar los precios.
Con la publicación del informe final del ente fiscalizador las empresas aludidas criticaron errores de metodología y de cálculo relevantes, acusaron una extrema simplificación del funcionamiento real del mercado del gas licuado que omite una serie de costos ligados a la operación y se insistió en que la propuesta de prohibir que las empresas mayoristas participen en el mercado minorista puede terminar afectando el servicio.
Avanzar en la transversalización de la paridad en el sistema político es el nombre de la columna de opinión que Fabiola Miranda, investigadora CiPP y Maite Olivares, ambas académicas de la Universidad Alberto Hurtado, publicaron en el diario La Tercera. En su columna las investigadoras analizan las representaciones políticas de las mujeres en nuestro país.
Para contextualizar, las académicas explican que a partir del año 2017 se implementó la Ley de Cuotas de 20.840, la que obliga a los partidos políticos a presentar en sus listas un porcentaje de al menos 4’% de mujeres a las elecciones parlamentarias, esto para incrementar la inclusión de mujeres en cargos de representación política.
La implementación de esta ley, explican, logró un aumento de las mujeres en cargos de elección parlamentaria, pasando de 19 a 35 diputadas de los 155 escaños de la Cámara Baja. No obstante, a pesar de las mejoras, según cifras de la ONU MUJERES, Chile en 2020 seguía ocupando el puesto 87 a nivel global.
Con respecto al proceso constituyente, las académicas dicen que este ha sido valorado positivamente por votantes nacionales y también destacado a nivel internacional. Esto responde, explican, a la manera en cómo ha sido conformada la Convención, pues es paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios, así como también el hecho de que la ha presidido una mujer indígena, Elisa Loncón.
La paridad política es imprescindible para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y democrática, pues la toma de decisiones debe incluir a aquellas personas que han sido históricamente marginadas, explican las académicas; esto a partir de las legislaciones alejadas del respeto por los Derechos Fundamentales. “De ahí la necesidad de avanzar, en contraste a los mayoritarios, hacia sistemas proporcionales que permitan una mayor participación de las mal denominadas “minorías”, como supuestamente seríamos las mujeres y las disidencias sexuales”, dicen.
En su columna también hacen alusión al reciente presidente electo, Gabriel Boric, quien ha asegurado siempre la incorporación de una perspectiva feminista transversal en el gobierno “en todos los aspectos, materias y espacios de la gobernanza del país” (p.206), comprometiendo así, la conformación de un gabinete paritario.
Las últimas elecciones dan cuenta de la importancia de la participación de las mujeres en la política, las cifras así lo avalan; en primera vuelta participó un 53%, mientras que en la segunda un 63% asistió a votar.
Finalmente las investigadoras son claras en decir que es importante avanzar hacia una democracia paritaria que, en el sistema político en su conjunto y en todos los tipos de elecciones, asegure la participación y la inclusión a esos espacios de quienes hemos sido históricamente excluidos y excluidas.
Para leer la columna completa sigue el siguiente link: https://www.latercera.com/opinion/noticia/avanzar-en-la-transversalizacion-de-la-paridad-en-el-sistema-politico/VQKC2DDT5NG2RF3CPBOALYMTCM/
Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH, publicó el libro «Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile», en la prestigiosa editorial inglesa Palgrave Macmillan (2022).
El autor es profesor de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e Investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH (CiPP).
El objetivo del libro es comprender de mejor manera el fenómeno de la indiferencia social. “Todas las personas seleccionamos y priorizamos temas o situaciones a las cuales prestamos especial atención en nuestras vidas cotidianas. Pareciera ser que lo normal es que nos involucremos en aquellos asuntos que son de interés público o que son especialmente relevantes, tal como ocurre con el caso de los derechos humanos. Sin embargo, en todas las sociedades hay sectores sociales que prefieren no hablar de derechos humanos ni están dispuestos a ayudar a quienes se encuentran en dificultades. Esta investigación entonces trata de explicar qué lleva a las personas a no ser empáticas con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señala el autor.
Desde un punto de vista conceptual, el libro ofrece un marco teórico sobre la indiferencia social, y una tipología de sujetos indiferentes a las violaciones a los derechos humanos. Dicha teoría fue testeada empíricamente a través de una encuesta nacional y a través de la realización de más de cincuenta entrevistas en profundidad. Es la primera investigación a nivel mundial que analiza a través de datos recolectados de primera fuente las causas y consecuencias sociales de la indiferencia a las violaciones a los derechos humanos en una sociedad determinada.
Según el profesor Rojas, “los aprendizajes de este libro son un aporte concreto a la necesaria revisión de las políticas públicas en materia de derechos humanos, en especial en el ámbito de la educación, pues el 16% de los adultos son indiferentes y otro 18% es ambivalente en temas de derechos humanos en Chile. Además, son una mirada refrescante para repensar cómo se están diseñando e implementando las garantías de no repetición en nuestro país”.
Antecedentes del libro:
Autor: Hugo Rojas.
Título: Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile.
Editorial: Palgrave Macmillan.
Ciudad: Londres.
Páginas: 203.
ISBN (Hardcover): 978-3-030-88169-6
ISBN (Ebook): 978-3-030-88170-2
DOI: 10.1007/978-3-030-88170-2 Informaciones
Enrique Rajevic y Fabián Pressacco, investigadores CiPP y académicos UAH expusieron ante la Convención Constitucional la propuesta “competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
El pasado 28 de diciembre, Enrique Rajevic y Fabian Pressaco, investigadores CiPP e integrantes del Núcleo Constitucional de la UAH expusieron ante la subcomisión 2 de la comisión 3 Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobierno locales y organización fiscal, de la Convención Constitucional. En la ocasión, los académicos presentaron la propuesta “Competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
En la primera parte de su exposición, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Fabián Pressacco señaló que el estallido social, el proceso constituyente y las elecciones han puesto en el debate político, las desigualdades territoriales existentes en nuestro país en ámbitos tan disímiles como la seguridad ciudadana, las áreas verdes y el acceso a servicios fundamentales. El docente afirmó que en Chile la vida y las oportunidades dependen del territorio donde se nace. “Solo para dar un dato de contexto podemos mencionar que el índice de desarrollo humano comunal del año 2020 señala que el 60% de las comunas de Chile tiene un nivel de desarrollo medio bajo o bajo”, dijo el especialista.
El análisis presentado por los académicos muestra que la columna vertebral del sistema de financiamiento municipal ha sido el Fondo Común Municipal que es un mecanismo de distribución solidario de los ingresos de todas las municipalidades al que se suma un aporte fiscal. Fue creado en el marco de la Ley de Rentas Municipales de 1979 y experimentó una reforma importante el 2008 donde se estableció una modificación en los criterios de distribución que permitió recaudar recursos. “El aporte fiscal se verificó el año 2008, al cual se le agregó también el pago de impuesto territorial, que es otro de los ingresos propios del Fondo Común Municipal, y que corresponde a un conjunto de inmuebles públicos estatales que hasta ese momento estaban exentos del pago de ese impuesto”, sostuvo el investigador del CIPP, Fabián Pressacco.
El académico destacó que el impuesto territorial es un ingreso importante para las municipalidades pero que dada la segmentación socioeconómica de las comunas en varios municipios el ingreso por esta vía es mínimo. “En muchas comunas este ingreso es bastante marginal porque, por los valores definidos por el Servicio de Impuestos Internos, muchas propiedades agrícolas y no agrícolas están exentas del pago de contribuciones”, aseveró Pressacco.
Enrique Rajevic y Fabián Pressacco
Desafíos y propuestas
Las municipalidades deben ejercer su competencia de manera autónoma. “Hoy día la Constitución habla de que administran sus recursos de manera autónoma, pero es más que administrar los recursos desde nuestra perspectiva. Si uno mira por ejemplo las constituciones de Alemania y España observa que hablan de una autonomía en la gestión de sus respectivos intereses”, sostuvo Rajevic.
En la propuesta presentada por los profesores de la Universidad Alberto Hurtado se señala que la Constitución debe garantizar que el financiamiento que se entregue a las municipalidades les permita cumplir en forma adecuada con las tareas y funciones que les asigne las normas legales.
Rajevic, señaló que los proyectos de ley que otorguen nuevas funciones o tareas a las municipalidades deberán contemplar las fuentes de financiamiento para que los municipios puedan costearlas, ya que actualmente este es solo un principio legal que suele no ser respetado. “Eso está hoy día en la ley, pero no en la Constitución y normalmente no se cumple”, declaró el académico.
Planteó además que la asignación de recursos a las municipalidades debe considerar los costos de producción territorial que tienen los bienes públicos que le corresponde proveer a los municipios y que es necesario tomar en cuenta la situación real de cada comuna y sus habitantes para garantizar un estándar de igualdad mínimo entre las personas que habitan el territorio nacional.
Los investigadores del CIPP presentaron la propuesta “Competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal” ante la convención constitucional.
Equidad Territorial
Otro tema propuesto fue el de generar una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos públicos. Hoy existen disposiciones constitucionales que apuntan en esta dirección, pero la propuesta de los académicos de la Universidad Alberto Hurtado sugiere que deben precisarse con diferentes medidas como, por ejemplo, establecer criterios de distribución que logren que los ingresos fiscales entre los distintos niveles de gobierno y administración territorial en la Ley de Presupuestos permitan el adecuado desarrollo de sus competencias y que se disponga de los recursos necesarios para que puedan ejercer sus responsabilidades.
La proposición señala que la asignación de recursos desde el gobierno central a los entes territoriales debe realizarse sobre la base de criterios objetivos y transparentes que eviten la potencial dependencia o clientelismo municipal. También se plantea establecer el principio de equidad en la tributación. “Debe existir un principio de equidad en la tributación para que las empresas contribuyan en relación al impacto territorial que producen”, afirmó Rajevic.
En la exposición se expresa que es necesaria la implementación de mecanismos de redistribución que permitan un desarrollo territorial armónico y equitativo, atendiendo a la desigualdad existente entre las rentas territoriales de las diferentes regiones y comunas donde se observa una gran disparidad.
Los especialistas recomiendan establecer el principio de responsabilidad de la administración de recursos de los gobiernos subnacionales (municipios y regiones) para evitar que pudieran existir ineficiencias.
Enrique Rajevic, explicó que la descentralización requiere de una “reingeniería” del nivel central, regional y municipal definiendo las competencias que tendrá cada uno. “Creemos difícil que la Constitución detalle cada una de estas competencias y podría ser riesgoso ya que puede rigidizar el futuro. Sin embargo, consideramos que deberían darse ciertos criterios, como por ejemplo, adoptar el principio de subsidiariedad de la Unión Europea que entrega las competencias al nivel territorial público que sea más eficaz para lograr el resultado pretendido en cada caso”, manifestó el académico de la Facultad de Derecho.
La propuesta señala que el principio de equidad territorial debería iniciar una reformulación de las áreas metropolitanas que son conurbanizaciones que agrupan a varias municipalidades y que en Chile tienen un alto grado de desigualdad.
El estudio recomienda que la nueva Constitución debiera mantener el concepto de área metropolitana y asignarles entre sus tareas la integración social y el acceso equitativo a los bienes y servicios públicos urbanos y rurales en el territorio que comprendan.
También se sostuvo que debiera crearse un Fondo Metropolitano al que debieran entregarse una parte de los ingresos de las municipalidades para desarrollar inversiones y programas que reduzcan la desigualdad territorial, especialmente la urbana.
Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y Enrique Rajevic, Investigadores del CiPP y académicos UAH, expusieron ante la Convención Constitucional la Propuesta para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile.
Los investigadores asociados al CiPP y académicos UAH, Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y Enrique Rajevic, expusieron, ante la Subcomisión Forma de Estado de la Convención Constitucional, la propuesta para garantizar constitucionalmente un Servicio Civil profesional e imparcial para el país. Abarzúa y Rajevic integran además el Núcleo Constitucional de la UAH.
Este jueves 30, la Subcomisión Forma de Estado (integrada a la Comisión de Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal) de la Convención Constitucional, recibió en audiencia presencial -realizada en el edificio capitalino del ex Congreso Nacional – a tres investigadores asociados al CiPP y académicos de la UAH: Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y a Enrique Rajevic.
La audiencia con las y los convencionales tuvo como objeto presentar la “Propuesta constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile”, la cual, explicó Abarzúa, aspira a “…consolidar, a nivel constitucional, una definición de empleo público, entendido como la relación laboral que existe entre el Estado y quienes se desempeñan en su Administración civil, que garantice, de una vez, un servicio profesional imparcial”. Una propuesta, precisó, que, además, está rubricada por un grupo de más de 140 personas: “…que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y ejercicio de la función pública”. El documento también ha sido ingresado como una Iniciativa Popular de Norma Constitucional.
La Subcomisión Forma de Estado recibió en audiencia a los investigadores CiPP y académicos de la UAH
La propuesta parte de un lapidario diagnóstico respecto de esta materia, al comparar las Constituciones de 1833, 1925 y 1980: “Existe una ausencia histórica de una normativa constitucional eficaz, que garantice de manera clara, la existencia de un Servicio Civil o un Sistema de Empleo Público profesional e imparcial en Chile, y que también diferencie en forma clara, el Gobierno de la Administración Pública […]. Pensamos que, introduciendo esa distinción, le damos forma al Estado en todos sus niveles: nivel nacional, nivel regional, nivel comunal, etcétera”, explicó Abarzúa al inicio de su exposición.
Y en esta distinción nítida que debe establecerse entre Gobierno y Administración Pública, Abarzúa detalló los respectivos roles que cada uno debiese cumplir: “El Gobierno, para precisar, conduce políticamente al Estado y define las políticas públicas. Lo encabeza quien ejerza la Presidencia de la República y lo integran los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, quienes ejercen, evidentemente, la dirección política, pensando en los cargos que existen actualmente”.
Eduardo Abarzúa
En tanto, la Administración, puntualizó: “Debe implementar las políticas públicas definidas por el Gobierno y proveer o garantizar a la ciudadanía servicios públicos. En esta idea o en este modelo, estará integrado por los y las funcionarias, incluyendo un estamento de directivos públicos, todos constituyen el Servicio Civil, y no debieran ser de exclusiva confianza del Gobierno”.
En esa línea, sostuvo que esta distinción: “Implica que deben reconocerse tres estamentos dentro del Ejecutivo en todos sus niveles: la Dirección Política, la Dirección Pública y las personas funcionarias. Todos quienes desempeñen cargos públicos, por supuesto, deben y estarán sujetos a los principios de probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía y transparencia. Quienes se desempeñen en la Administración, funcionarios directivos y el resto de los funcionarios públicos, deberán además ejercer sus funciones en forma imparcial, objetiva y políticamente neutral, lo que deberá ser resguardado por la ley en el ingreso, desarrollo y desvinculación del empleo público”.
Hacer esta clara diferenciación constitucional entre Gobierno v/s Administración, a su juicio, genera un círculo virtuoso porque tal distinción: “Contribuye a una efectiva modernización del Estado; a la continuidad de las políticas públicas; a la profesionalización de la función pública y también a terminar con la precarización del empleo público”.
En consecuencia, la propuesta constitucional define entre sus principios: “Consagrar el carácter profesional y técnico en la Administración Pública, también por supuesto, garantizar el acceso igualitario al empleo público y finalmente, reconocer derechos colectivos de los y las servidores públicos, como son los temas de sindicalización y negociación colectiva y, por supuesto, la huelga”, concluyó el decano Abarzúa.
La función pública a nivel central, regional y municipal con igualdad de oportunidades
Osorio en tanto expuso los fundamentos para aplicar esta propuesta no solo en el nivel Central también en el ámbito regional y municipal, pues, enfatizó: “En estos niveles también es relevante distinguir entre quienes son elegidos por mandato popular y su personal de exclusiva confianza, que responden al principio político, mientras que quienes trabajan en el Estado, responden al mérito y a la capacidad técnica y profesional, con una vocación que debe estar al margen de quien gobierna”.
Eso sí, aclaró que esta propuesta que busca distinguir entre Gobierno y Administración “en ningún caso” pretende: “…afectar la flexibilidad que permite a los gobiernos regionales, y en específico hoy a las municipalidades, crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, dentro de los límites y requisitos que la ley determine”.
Cecilia Osorio
Y para garantizar la distinción planteada en el documento, Osorio explicó que: “Los cargos elegidos democráticamente y los cargos de exclusiva confianza con que ellos cuenten, deben ser establecidos por la Constitución y la ley en el nivel nacional, regional y municipal. Ahora bien, el resto del personal, deberá acceder a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los señalados por la Constitución y la ley”.
En este punto se detuvo, precisando que: “Debe haber una igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género, en conformidad a esta Constitución y la ley. Lo que proponemos, no es solo el acceso al empleo público en todos los niveles, sino además que esto ocurra bajo estas condiciones de resguardo de oportunidades y los criterios que hemos señalado”.
Y justamente en esa perspectiva, concluyó: “Los sistemas de ingreso, desarrollo y cese en las funciones y empleo que no sean electivos y de exclusiva confianza, deberán respetar el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos, así como la dignidad de las personas. Ello debería aplicarse a toda la Administración Pública e incluso a las funciones y empleos de otros órganos del Estado”.
Derechos colectivos de las y los funcionarios públicos
Rajevic en parte de su intervención expuso la propuesta desde el punto de vista de los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos: “Nosotros planteamos que se eliminen las restricciones que existen hoy día a los derechos colectivos en la Administración civil, encargando a la ley que regule tanto la negociación colectiva como la sindicalización y la huelga, esta última, salvo que se paralice servicios esenciales o se impida la continuidad del servicio público”, dijo al comienzo de su exposición.
Enrique Rajevic
Recordó que, en la actualidad, las y los trabajadores del aparato del Estado no gozan del derecho a huelga, considerando esto como: “…el peor negocio, ¿por qué?, porque en la práctica ocurre”. Desde esa perspectiva, aseguró: “…es mucho mejor que la Constitución lo reconozca y que sea el legislador el que tenga que ver cuáles son los bordes […], cuáles son los matices y cuáles son las fórmulas, pero lo importante es que quede claro que esos derechos existen, que no por ser funcionarios, funcionarias tienen menos derechos que el resto de los trabajadores, como en la práctica se pensaba antiguamente”.
Al respecto, hizo algunas especificaciones como, por ejemplo, la precariedad del empleo público toda vez que: “prácticamente, tres cuartas partes del personal no tiene estabilidad en el empleo”, con personal a contrata que se empieza a extenderse “hasta llegar hoy día en el Gobierno central a un 60 % de la dotación” o las y los trabajadores a honorarios, “que empiezan a desarrollar tareas permanentes”.
Asimismo, señaló que para resguardar la continuidad y calidad en la ejecución de políticas públicas: “No podemos estar sujetos a que los cambios de Gobierno, y esto tanto en el nivel Central como en el nivel regional y municipal, impliquen una razia de funcionarios y funcionarias, porque no se sabe quiénes son los que están, realmente, dentro del equipo que ha sido elegido políticamente y aquellos que en realidad tienen una vocación permanente por trabajar en la Administración Pública”.
Todo esto, agregó: “También facilita distinguir políticas de largo plazo, políticas de Estado versus políticas de menor plazo […]; prevenir y combatir la corrupción por supuesto, tenemos más integridad pública si tenemos reglas más claras; reducir la brecha que hay entre lo que hace el Estado y lo que espera la ciudadanía, resguardar también la perspectiva de género y la de Trabajo Decente dentro de la Administración Pública, en eso, por ejemplo, no solo el Servicio Civil también los derechos colectivos permiten que, quienes trabajen en el Estado puedan luchar porque se resguarden; y por ultimo fortalecer la confianza de las personas en el Estado, lo que además fortalece la democracia”.
Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: Se debiera dar a conocer el equipo económico del próximo gobierno a la brevedad.
El mercado y los inversionistas observan expectantes los pasos que dará el presidente electo, Gabriel Boric, sobre todo en la definición del equipo económico y, particularmente, quién será su ministro o ministra de Hacienda. Así lo cree el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, Carlos J. García, quien sostiene que se debiera dar a conocer a la brevedad el equipo económico y considera clave la designación del secretario de Estado a cargo de la cartera de Hacienda. ”Debe ser un economista creíble que le de tranquilidad a los mercados”, destaca el especialista.
El académico afirma que los mercados financieros siempre están viendo qué ocurre con los cambios para proyectarse hacia el futuro y que es normal que cuando hay un nuevo gobierno se observe una sobre reacción de los mercados. ”Si estos serán permanentes o puntuales dependerá de la naturaleza de los cambios que realizará el nuevo gobierno”, puntualiza García.
El economista señala que las transformaciones deben ser realizadas con gradualidad y afirma que si estos cambios son de schock los aumentos y caídas del dólar serán más permanentes que transitorias. “En cambio si los cambios son más graduales, pensados y siguen una lógica económica razonable toda la volatilidad que observamos estos días va a desaparecer y volveremos a niveles más razonables en el precio de los activos”, sostiene el experto.
Para García las transformaciones que quiere realizar el mandatario electo deben ser efectuadas en forma paulatina para que de esta manera los mercados financieros entiendan la lógica de las reformas del nuevo gobierno. “Si esas reformas están bien estructuradas y pensadas por el equipo económico lo más probable es que se vuelva a la normalidad existente antes de las elecciones”, señala el académico.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, analiza el triunfo de Gabriel Boric“Mucho de lo que propone Boric son cosas que ya están planteadas hace décadas en los países que son desarrollados; es el despliegue de ese tipo de políticas lo que ha permitido que esos países sean desarrollados; no al revés”.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, fue entrevistado por CiPP-UAH, para conocer su análisis sobre el triunfo de Gabriel Boric el domingo pasado, y cómo proyecta su gobierno y las transformaciones que propone realizar, entre otros temas de la actual coyuntura política en el país. Revisa aquí sus opiniones.
¿Por qué ganó Boric?
Todos los análisis coincidían en que si se mantenía el porcentaje de la primera vuelta el resultado iba a ser muy estrecho. Sin embargo, lo que ocurrió fue un aumentó de votantes que hasta antes del balotaje se mantenía bajo el 50 % como ocurrió en el plebiscito y las elecciones de constituyentes. Para Fabián Pressacco, académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, ese mayor caudal electoral claramente favoreció a la candidatura de Boric, originando una diferencia más abultada de lo que se pensaba.
¿Qué ocurrió?
El investigador cree que la candidatura de Apruebo Dignidad entendió, comunicó y comprendió mejor el mensaje del sorpresivo resultado de la primera vuelta que dejó con la primera mayoría a José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. A partir de ese momento la candidatura de Boric debió enfrentar un gran desafío, lograr convocar a los votantes de las candidaturas que no pasaron a segunda vuelta con los cuales existían algunos vasos comunicantes. “Hablamos de aproximadamente un 30 % del electorado que quedó un poquito huérfano”, comenta Pressacco.
Muchos plantearon una elección polarizada, pero en realidad fue por los liderazgos que pasaron a la segunda vuelta, no por la ciudadanía, dice el investigador. “Si uno mira desde otro punto de vista un tercio de la ciudadanía y una parte importante de Apruebo Dignidad son votantes profundamente reformistas, no radicalizados”, dice Pressacco. Es así como Boric terminó aceptando sus simpatías por un programa socialdemócrata.
“Para un país tan derechizado y neoliberalizado como Chile muchas propuestas que están en el programa de Apruebo Dignidad aparecen como radicales, pero son “normales” en los países que nosotros miramos y tomamos como referencia; los de la OCDE. Mucho de lo que propone Boric son cosas que ya están planteadas hace décadas en los países que son desarrollados; es el despliegue de ese tipo de políticas lo que ha permitido que esos países sean desarrollados; no al revés”, afirma Pressacco.
El relato de Boric para la segunda vuelta sintonizó mejor con la ciudadanía sin renunciar a la vocación profundamente reformista logrando incorporar preocupaciones de otros sectores y haciéndose cargo de cosas que habían sido claramente deficitarias en la primera vuelta. Entre ellas la dimensión más territorial de la campaña, la preocupación por temas de orden público y la incorporación de algunas figuras de liderazgo como Izkia Siches que resultaría fundamental en la campaña del norte.
Un buen trabajo en el comando de Boric en temas de contenido, de énfasis, de moderar algunas cosas, de ponerle más peso a la gradualidad y la incorporación de otros liderazgos, ayudó en el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, sostiene el académico.
Si bien Kast fue más rápido en convocar a otros sectores y comenzar una metamorfosis hacia la centro derecha, dice Pressacco, su pasado más vinculado con lo más recalcitrante de la derecha más conservadora, su vínculo con Bolsonaro, el cuestionamiento del cambio climático, las declaraciones del diputado electo republicano Kaiser sobre los derechos de las mujeres y las propuestas del programa de Kast sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer, activó a un electorado que le reconoce una importancia fundamental a los temas de género. Los datos demuestran que la mayoría de las mujeres menores de 40 años se inclinaron de manera importante por Boric.
En las celebraciones de la segunda vuelta, recuerda Pressacco, muchos decían que derrotamos al fascismo, en ese sentido la muerte de Lucía Hiriart generó una conexión de Kast en el plano más simbólico y reforzó la similitud del panorama con la del plebiscito de 1988.
Lo que viene
Fabián Pressacco explica que, si por neoliberalismo se entiende, entre otras cosas, una política pública del sálvense quien pueda y donde tú logras acceder a ciertos bienes públicos no como derechos sino como bienes que se transan en el mercado en función de tu capacidad de pago, es claro que las propuestas de Gabriel Boric y el estallido social apuntan a desmontar ese sistema. Para lograr aquello se supone un Estado más dinámico, más regulador, que se haga cargo de ser un gran proveedor de bienes públicos sociales respaldados en perspectiva de derecho; un estado con más capacidad para intervenir en ciertos espacios e incluso, como en el caso del litio, eventualmente, asumir un rol empresarial. Eso plantea la propuesta de Apruebo Dignidad, Marco Enríquez Ominami, Yasna Provoste y algunas coincidencias con la derecha. “Si se avanza en esa línea, es claro que el sistema neoliberal va a experimentar cambios estructurales dando lugar a otro modelo de desarrollo”, acotó el experto.
Es clave el alineamiento de las llamadas fuerzas progresistas y cuál va a ser la actitud de la centro derecha, porque si prima una conducta obstruccionista vamos a tener cuatro años completamente complejos, no solamente porque el Presidente y su coalición no van a poder sacar adelante su agenda legislativa, sino que van a ser cuatro años intensos en términos de movilización ciudadana, opina Pressacco.
La derecha estaba en un proceso de centrarse, de democratizarse, de moderarse; Sichel, Briones e incluso Desbordes representaban un poco esa línea y eso queda ahora con un signo de interrogación con un candidato como Kast, plantea el investigador. El proyecto reformista, democratizante y liberal de la derecha que representaba Evópolis también queda un poco herido. La derecha tiene un desafío y claramente para el país es importante tener una derecha dialogante con convicciones democráticas, abierta a aportar a las reformas que el país necesita y Kast no representa a esa derecha, concluye Pressacco.
Fabiola Miranda, investigadora CiPP y académica UAH en programa “Chile Más Allá”: “Boric está pensando no solamente en las mujeres, sino también en las diversidades y grupos históricamente excluidos”
El pasado 20 de diciembre la académica e investigadora CiPP, Fabiola Miranda, fue entrevistada en el programa “Chile más allá” de WappTV, en el que compartió su visión sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales y expectativas sobre el próximo gobierno, en particular, sobre temas de política pública que afectan a las mujeres, como empleo femenino y despenalización del aborto y sobre la promesa del presidente electo de tener un gobierno “feminista”.
Sobre cómo se puede recuperar el empleo femenino post pandemia, la investigadora del CiPP parte mencionando algunas cifras. Indica que “hoy en día sabemos que desde el año 2010 a la fecha, hemos bajado 8 por ciento en empleos femeninos, si queremos compararlos con las cifras que existían en aquella época. Las cifras del INE son consistentes en mostrarnos cómo el empleo femenino ha decrecido desde la pandemia hasta estos días”.
Sobre la prioridad de este tema en el programa del presidente electo, Fabiola Miranda señala que un eje vértice de su programa es la recuperación del empleo femenino y “para eso se ha comprometido a crear todo un eje para poder reactivarlo”.
Sobre la viabilidad de que esta promesa se cumpla, Fabiola Miranda es clara en decir que si bien tiene viabilidad se tiene que llevar a cabo “poco a poco, pues se debe ver cómo se redestinará el gasto público”. En ese sentido, se trata de una medida que tendrá que proyectarse viendo las cifras de endeudamiento del actual gobierno. Dentro de las medidas que pueden ayudar una es fortalecer el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En todo caso, señala que “hay que recordar que los presupuestos ya han sido aprobados”, por lo que es muy probable que varias de las medidas propuestas no se puedan implementar el primer año de gobierno.
Sobre la despenalización del aborto la investigadora explica que va muy en la línea de lo que ha venido impulsando su movimiento politico. “Sería un contrasentido que no lo hubiese propuesto para las personas que nos declaramos desde una academia feminista”. Señala que su expectativa es que durante el próximo gobierno se avance hacia “un aborto libre, gratuito y en todas las causales”, y señala que hoy se están enfrentando problemas con la aplicacion de las tres causales por los problemas de acceso que viven muchas personas, la falta de acompañamiento a las mujeres post aborto, la falta de incorporación de un enfoque de género en el personal de salud, y otros como la objeción de conciencia y cómo se enfrenta a nivel de las instituciones de salud. “….esto es algo que se propone eliminar dentro del gobierno de Boric”.
Sobre la promesa de Gabriel Boric de tener un gobierno feminista, se le pregunta a Fabiola sobre la factibilidad de que esa promesa se cumpla. La visión de la académica es que las señales que ha dado el presidente electo hasta el momento, han sido positivas y permiten ser optimistas. “Se ha rodeado de mujeres para pensar su planificación de gobierno, no solamente en lo que es un plan sobre el feminismo..”, sino que la temática de género también ha sido abordada de una manera transversal en diversos ámbitos, como por ejemplo, “(….) en temas de seguridad pública, pensando en la integración de mujeres en cuerpos de seguridad del estado; se ha incorporado el enfoque de género en la construcción de vivienda, en la salud, pensando también en las atenciones de personas de la diversidad sexual, personas 0+, …”.
El futuro presidente, en opinión de Fabiola Miranda, se ha comprometido no solamente a que su gabinete sea paritario, sino que se ha propuesto avanzar en una “paridad real y no sólo a cumplir con una cuota …”
También destaca que se ha propuesto incorporar la paridad y la perspectiva de género en la conformación del gobierno y en la manera en que se va a administrar el estado de una manera transversal, “considerando también el cupo trans en el sector público, que se compromete con el 1 por ciento para generar un incentivo a la diversidad sexual. Por lo tanto creo que hay un real compromiso pues se está pensando no solamente en las mujeres, sino también en las diversidades y grupos históricamente excluidos. Tiendo a pensar que sí hay un verdadero compromiso”, finaliza la académica.
Respecto al empleo juvenil femenino, Miranda dice que es una discusión que viene de largo plazo, no solo desde la pandemia. “Creo que hace falta en Chile una política de fortalecimiento a las juventudes, el INJUV todavía no es en sí un organismo suficiente, es solamente un servicio”. En su visión, se requiere “fortalecer institucionalidades que impulsen políticas menos adultocéntricas que integren la mirada de las, los y les jóvenes …” que permitan pensar en cómo estos se podrían integrar en el mundo del trabajo, concluye la académica.
Para ver el programa completo, puedes ingresar en el siguiente link: https://www.wapptv.cl/2021/12/20/chile-mas-alla-el-analisis-de-las-presidenciales-como-nunca-lo-viste/
Miriam Henríquez investigadora del CiPP y académica UAH ante la Convención Constitucional: Chile tiene una oportunidad de contar con una nueva Constitución abierta al Derecho Internacional de los DDHH.
Este martes 21 de diciembre, la investigadora del CiPP e integrante del Núcleo Constitucional de la UAH, Miriam Henríquez, expuso ante la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional.
La académica de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, en su calidad de integrante del Núcleo de Análisis Político y Constitucional de la UAH, expuso en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, de la Convención Constitucional (CC), destacando, desde el inicio, que su intervención: “La hago convencida que Chile tiene una oportunidad de contar con una Constitución abierta al Derecho Internacional de los derechos humanos”.
La Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional escuchó los planteamientos de la académica de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez
“La actual Constitución, pese a esas modificaciones, no define la jerarquía que ocupan los tratados en el tratamiento interno ni en relación con los tratados en general y tampoco los tratados de los derechos humanos en particular, tampoco menciona criterios de interpretación de los derechos y tampoco dispone cláusulas o una cláusula de los derechos no enumerados”,Miriam Henríquez.
Otro hito ocurrió con la reforma del año 2005, la cual, dijo: “…incorporó ciertas modificaciones puntuales a la celebración de los tratados, fundamentalmente a la aprobación por el Congreso Nacional en el Artículo 54, y también al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional”.
No obstante estas reformas, Henríquez fue categórica es sostener que: “Sin perjuicio de todas las modificaciones que acabo de relatar muy brevemente, la actual Constitución, pese a esas modificaciones, no define la jerarquía que ocupan los tratados en el tratamiento interno ni en relación con los tratados en general y tampoco los tratados de los derechos humanos en particular, tampoco menciona criterios de interpretación de los derechos y tampoco dispone cláusulas o una cláusula de los derechos no enumerados”.
Miriam Henríquez
Y tomando como ejemplo constituciones de otras latitudes, afirmó que se han establecido disposiciones orientadas justamente a facilitar la incorporación: “…del Derecho Internacional convencional y también el consuetudinario, al derecho interno y también a regular su aplicación. Estas disposiciones constitucionales se conocen, en el Derecho Comparado, como cláusulas de apertura al Derecho Internacional” […]. La sistematización de esas cláusulas podrían ser: aquellas que otorgan una jerarquía superior, aunque sea a veces con limitaciones, a los tratados de derechos humanos respecto de otras fuentes del derecho interno; también al reconocimiento expreso a las normas y principios del Derecho Internacional; otras cláusulas que señalan que hay derechos no enumerados o implícitos; aquellas cláusulas que disponen derechos y deberes constitucionales, que debieran interpretarse según estas cláusulas de conformidad con los compromisos internacionales ya sea que consten en declaraciones o en tratados, y también cláusulas que establecen el principio de interpretación de los derechos, conforme o en favor o pro persona”.
A su juicio, las cláusulas constitucionales de apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se justifican por dos motivos. Primero, ante: “La insuficiencia de derecho estatal para dar plena tutela a los derechos fundamentales” y en segundo término sustentan: “La confianza en un sistema internacional de protección, complementario del nacional, para resolver justamente las violaciones estatales a dichos derechos”.
Estas cláusulas, subrayó, juegan un rol en cada Constitución, toda vez que: “..son un mínimo eje articulador entre el Derecho nacional y el Internacional de los Derechos Humanos, porque por un lado dan cuenta de la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho interno y también sus relaciones, y porque resuelven las normas que prevalecen en caso de conflictos normativos; también porque orientan la forma de interpretar los Derechos Humanos, su valor y fundamentación, entre otros asuntos”.
La nueva Constitución Política debe estar abierta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Y es, justamente, sentenció, la ausencia de estas normas en nuestra actual Constitución lo que ha dificultado tener certezas sobre, por ejemplo: “…¿cómo se resuelven los conflictos entre las normas legales y las normas contenidas en tratados internacionales? o ¿cómo se resuelven los conflictos entre las normas constitucionales y aquellas contenidas en tratados de Derecho Humanos?; también […] no ha facilitado dinamizar el Derecho interno, conforme a los estándares de protección internacional; tampoco ha favorecido el ejercicio del control de convencionalidad, y también ha dificultado un diálogo fluido entre los órganos nacionales que ejercen jurisdicción con los órganos de protección internacional, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también ha dificultado reconocer cuál es el parámetro de control de constitucionalidad de las normas cuando se ejerce, claramente, el control de constitucionalidad, en nuestro caso por el Tribunal Constitucional, actualmente vigente en la Constitución. Y también reconocer cuál es el parámetro de legalidad, por ejemplo, cuando se resuelve un recurso de protección o una acción de amparo”.
Es por ello que concluyó: “El proceso constituyente, es una oportunidad para constitucionalizar estas cláusulas de apertura del Derecho Internacional. Por cierto, el asunto no es solamente cuantitativo, no es más o menos cláusulas de apertura; también es cualitativo, siendo indispensable que justamente se reconozca esta cláusula preterida en las distintas reformas constitucionales, que defina cuál es la jerarquía o el rango de los tratados en general, y especialmente de los tratados de los Derechos Humanos, lo digo en particular”.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso junto a Isabel Aninat, en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre la necesidad de garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial en la nueva constitución.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso el lunes 20 de diciembre ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, junto a Isabel Aninat S., Decana de la Facultad de Derecho de la UAI, sobre el acceso a las funciones y empleos públicos en el contexto de una propuesta para garantizar un servicio civil profesional e imparcial en la Nueva Constitución. El texto base de su exposición fue suscrito por más de 100 personas que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y/o al ejercicio de la función pública. Entre ellos/as hay académicos/as de diversas universidades nacionales, dentro de las cuales participan los investigadores asociados al CiPP, Paulette Landon, Eduardo Saavedra, Cecilia Osorio, Ignacio Cienfuegos, Pedro Güell, y Héctor Oyarce, como también Miriam Henríquez, Eduardo Abarzúa, Rafael Blanco y el propio Rajevic, quienes además son parte del Núcleo Constitucional de la UAH.
Enrique Rajevic e Isabel Aninat exponen ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.
El profesor Rajevic parte señalando cómo la constitución actual aborda la temática del empleo público y cómo lo han hecho anteriores textos constitucionales. Señala, “el artículo 19, número 17 de la actual constitución reconoce el derecho de acceso a las funciones y empleos públicos y lo hace siguiendo un texto muy parecido que tienen las constituciones de 1833 y 1925”. Este artículo señala textualmente “La constitución asegura a todas las personas la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes, sin que exista la posibilidad de recurso de protección por infracción a esta garantía fundamental”.
Sobre las implicancias en el tiempo de esta norma, Rajevic señala: “desde el siglo XIX a la fecha esta norma no se ha transformado en algo equivalente a la existencia de un concurso público o un acceso igualitario a los empleos públicos por parte de las personas”, según explica esto ocurre porque los “otros requisitos” a los que alude el texto constitucional se entendió que debían mirar el mérito y la idoneidad, pero no se llegó a la conclusión que eso implicaba realizar concursos públicos.
De hecho, agrega el académico, “la constitución de 1925 quiso reaccionar a esto al establecer la idea de que el acceso a los empleos públicos fuera a través de un Estatuto Administrativo”. De esa manera, se pensó que se podía garantizar el mérito, pero …” no se dijo nada más y en la práctica, los comentaristas tanto desde el punto de vista jurídico como desde la gestión, nos dicen que hubo clientelismo y patronazgo”.
Respecto a la constitución de 1980, el profesor Rajevic señala que esta repite esta misma norma “y agrega en el artículo 38 la idea de la carrera funcionaria”, y si se mira este artículo “dice que la ley tiene que garantizar una carrera funcionaria y que para acceder a esa carrera se debe hacer de una manera que sea igualitaria”.
Sin embargo, si se mira la realidad del empleo público hoy, se observa un segmento de carrera funcionaria, un segmento de exclusiva confianza, y los demás sistemas de empleo ” que uno podría pensar que son poquitos”, pero “en la práctica lo que ocurre hoy es que casi tres cuartas partes del empleo público corresponde a una categoría que se llama empleo a contrata”, al que las personas entran en forma directa, sin pasar por un concurso público.
El otro grupo importante que forma parte de “los otros sistemas de empleo”, son las personas que están contratadas bajo la modalidad de honorarios y que prestan servicios de manera permanente, los que tampoco ingresan a través de un concurso público.
En materia de cifras, los académicos entregaron un completo documento a la Comisión, sin embargo, mencionan algunas que resultan muy llamativas y preocupantes, que muestran que en diez años, desde el 2011 al 2020, la dotación de personas que trabajan en el Estado ha pasado de 220.000 a 236.000, con una muy baja proporción de personas bajo la modalidad de planta y un aumento preocupante de las “otras categorías de empleo, a contrata y honorarios que no están obligadas a ingresar por sistemas de concurso público.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, al 2020, de las 336.000 personas que integran la dotación, hay sólo 93.000 que son de planta, y de esos una parte son de “exclusiva confianza”, por lo que “ni siquiera decimos que los 93.000 entran bajo un sistema de concurso”, afirma el profesor Rajevic.
Y, si se mira a la categoría de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, “nos encontramos con que aquellos que están en jornada completa son 30.000 al 2020 y el 2011 eran 20.000, es decir, no han ido cayendo”, lo que hablaría de la falta de eficacia del programa de reconversión que se aplicó los últimos años, “…lo que muestran las cifras es que de nuevo crecen”. Por su parte, las personas en la modalidad “a contrata” también aumentaron los últimos diez años, pasando de 121.000 el año 2011 a 228.000 el año 2020.
Enrique Rajevic es enfático al señalar, como conclusión de estos datos, que “el gran crecimiento del empleo público los últimos diez años se está dando en las otras categorías de empleo, sin garantizar a las personas que cuando el Estado hace una convocatoria para un cargo público, lo hace de una manera que garantice la igualdad de oportunidades”.
Explica que toda esta situación se agrava aún más cuando en el año 2017 la Dirección del Servicio Civil dicta una norma que señala que cuando se ingresa a un cargo público bajo la modalidad a contrata o bajo el código del trabajo, que tampoco tiene la exigencia de concurso público, “ es necesario un procedimiento transparente de reclutamiento y selección basado en el mérito, que tiene que tener un perfil, una comisión”, pero que sin embargo, “tiene una letra chica” al señalar que esas exigencias pueden no cumplirse si la autoridad por resolución fundada resuelve no aplicarlas.
Según las cifras que entrega el académico para los años 2018, 2019 y 2020, sólo en el 50% aproximado de las convocatorias realizadas en el sector público, se aplicó la regla establecida por el Servicio Civil, por lo que se puede concluir que “en la mitad de los casos, se entra a dedo”, afirmó Rajevic.
Termina su exposición, señalando que “nuestro punto es que esto tiene que cambiar transformando el derecho fundamental que hemos tenido hasta el momento”.
En la segunda parte de la exposición ante la Comisión de Derechos Fundamentales, la académica Isabel Aninat, presentó las principales propuestas del grupo de académicos que están representando, y que buscan replantear la forma cómo se ha formulado el derecho fundamental en la constitución vigente.
Proponen seis puntos que debería considerar la nueva constitución, dentro de los cuales, se considera establecer que el empleo público respete y promueva criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género; que se consagre el deber de respetar el carácter técnico y profesional del empleo público, asi como la dignidad de todas las personas en las distintas etapas de la carrera funcionaria; que en materia de derechos colectivos se consagre el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, aplicando al sector público las mismas normas del sector privado; y que en el nivel regional y municipal se apliquen los mismos principios y estamentos, sin perjuicio de mantener, como hasta ahora, cierta flexibilidad para las municipalidades.
Los académicos concluyen su exposición, reafirmando la necesidad de establecer una distinción nítida entre “gobierno” y “administración”, señalando que sólo con dicha distinción se podrán llevar a cabo políticas de largo plazo y con una mirada integral sobre la administración pública y se podrá lograr “ un servicio civil profesional e imparcial para Chile y así construir un mejor Estado”.
Para revisar la presentación ante la comisión, revisa este LINK en el minuto 1:11:35.
Para conocer el texto completo con las propuestas entregadas a la Comisión, puedes revisarlo en este enlace.
Rafael Blanco investigador CiPP y académico UAH, dirigió talleres de trabajo en Argentina sobre evaluación del Código Procesal Penal de Tucumán a 1 año de su entrada en vigencia, junto a Angel Valencia, docente UAH y ex fiscal del Ministerio Público.
Tres talleres, dirigió el investigador del CiPP y académico UAH, Rafael Blanco, en el marco del conversatorio “A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT en toda la provincia: nudos problemáticos”.
Entre el 25 y 27 de noviembre se desarrolló en Tucumán, Argentina, el conversatorio presencial “A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT (Código Procesal Penal de Tucumán) en toda la provincia: nudos problemáticos”, dirigido por Rafael Blanco, académico de la UAH e investigador del CiPP, junto a Ángel Valencia, docente de la UAH y ex fiscal del Ministerio Público.
La actividad, organizada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), se realizó en el Salón de Actos Juan Bautista Alberdi de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ubicado en el edificio principal de los tribunales locales, contando con la presencia de magistrados, magistrados(as), fiscales, defensores(as) oficiales, funcionarios(as), abogados(as) de la matrícula y empleados(as) judiciales.
El programa de los talleres contempló las temáticas: “Desafíos del litigio estratégico para fiscales y defensores» (actividad para jueces, fiscales y defensores públicos); Conferencia Magistral (actividad abierta a todo público) y “Aspectos complejos del rol judicial en el proceso penal. Temas críticos y abordajes» (actividad para jueces, fiscales y defensores públicos).
El objetivo del conversatorio se centró en el primer año de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). En esa línea, Blanco dirigió los talleres en que se abordó la evaluación del Sistema de Justicia Criminal Acusatorio y propuestas para ir perfeccionando en los ámbitos normativos y de gestión en el recientemente instalado Proceso Penal en la Provincia Argentina de Tucumán.
Sobre el contexto y relevancia de la actividad realizada, Rafael Blanco, señala que “Las mesas de trabajo con fiscales, Jueces, Juezas, Defensores y Defensoras que realizamos en Tucumán, Argentina se insertan en el contexto de un largo proceso de colaboración de la Universidad Alberto Hurtado con la Asociación de Magistrados de Tucumán y asimismo con la Escuela Judicial de la Provincia, con el objeto de compartir la experiencia del proceso de reforma procesal penal chilena y sus mejores prácticas, y así colaborar con la reciente instalación del proceso de justicia criminal acusatorio de la Provincia de Tucumán de Argentina”, explica el académico.
Revisa galería de fotos de la jornada:
Rafael Blanco, Marcela Ruiz, presidenta de la AMT y Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Santiago del Estero
Fabiola Miranda y Carolina Rojas, investigadoras CiPP y académicas UAH, junto a Isidora Mora, publicaron “Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos? en Oñati Socio-Legal Series. (2021)
¿Cómo se tratan los casos de violencia hacia las mujeres en los tribunales de familia en Chile? Esta es la interrogante principal que busca responder el estudio “Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos?» que fue desarrollado por Fabiola Miranda, como investigadora principal, junto a Carolina Rojas, ambas investigadoras CiPP y académicas de la UAH y la investigadora Isidora Mena.
El artículo analiza el rol del campo psicosocial en la justicia familiar en Chile como un modo de gestión y abordaje de la vulnerabilidad. Metodológicamente, se basa en un trabajo de campo cualitativo a través de entrevistas a profesionales psicosociales del área de la justicia familiar y observaciones a Tribunales de Familia de la Región Metropolitana de Santiago. Se realiza una breve revisión sociohistórica de lo psicosocial en la acción pública y, en particular, del rol ocupado por profesionales no formados en derecho en los espacios de justicia familiar creados al alero de las reformas de finales del siglo XX. Luego, se reflexiona sobre las tensiones del ejercicio profesional de estos actores, específicamente en el tratamiento de denuncias por violencia de pareja en contexto intrafamiliar.
Se concluye que el despliegue del campo de lo psicosocial en los espacios jurídicos resulta fundamental en el marco de las nuevas exigencias de la acción pública, las cuales requieren la inclusión del enfoque de la vulnerabilidad. Esto también está altamente asociado con el cumplimiento del mandato de eficiencia requerido a nivel procedimental por el nuevo sistema de justicia familiar.
Entrevistada por el CiPP la investigadora principal del estudio, Fabiola Miranda, habla sobre la relevancia del estudio y sus principales conclusiones. Contextualiza señalando que la investigación analiza las políticas que existían a finales del 2010 en adelante, sabiendo que hay una política pública concertada desde el año 2005 donde participan actores de justicia y del poder ejecutivo representado en aquel entonces por el Servicio Nacional de la Mujer.
El estudio que fue financiado por el Ministerio de la Enseñanza de Francia y galardonado por el Instituto de las Américas de París, indaga en los tribunales de justicia de familia de la Región Metropolitana para conocer la labor de los profesionales psicosociales que son en su mayoría trabajadores sociales y psicólogos. “Ver cómo las instituciones de justicia reciben los casos, que pasa con los actores que trabajan ahí, como los interpretan, que piensan y qué valoración le dan a esta temática, es interesante. Una cosa es cómo se monta la política pública y otra es la recepción por parte de la ciudadanía, pero también por parte de quienes las implementan”, afirma la académica Fabiola Miranda.
La especialista señala que si bien la problemática de violencias contra las mujeres ha tenido un amplio desarrollo desde las ciencias sociales esto no se ha dado desde el punto de vista de los actores que trabajan al interior de los tribunales de justicia. “Las mujeres y el tema de género siguen siendo una deuda en Chile, es cosa de ver nuestra legislación y darse cuenta que nos da un marco de protección bastante débil en el espacio privado con sanciones que todavía distan de ser ejemplares y acordes a los compromisos asumidos por Chile a nivel internacional”, declara la docente.
El estudio muestra que existe un gran avance en el tema del femicidio pero todavía las mujeres tienen una sensación de desamparo, no existe una ley de violencia de género y hay un tipo de uniones que no son cubiertas por la ley actual como las relaciones que se dan en el marco de la diversidad sexual, donde no existen márgenes claros para poder determinar en qué casos existe un femicidio u otro tipo de figura. “No solamente hay una deuda con las mujeres que siempre va a ser una de las más importante, sino que con toda una población que ha sido dejada de lado por las políticas públicas y que en ese sentido ni siquiera es sujeto de derecho para la justicia”, destaca Miranda.
La investigación muestra que el acompañamiento psicosocial está muy enmarcado dentro de una institución judicial, pero, a pesar de ello, la contribución de estos profesionales es fundamental y tiene gran acogida por parte de las víctimas. En la actualidad hay una apertura de los profesionales jurídicos, jueces y fiscales por conocer la opinión de estos especialistas. “A partir del mayo feminista, las demandas de reivindicaciones sociales de la revuelta popular o del estallido social, han empezado a ser valorados desde otra esfera”, dice la académica.
Para finalizar, la investigadora señala que es importante mediar entre lo que es el marco de la justicia y el tema de la violencia de género y las expectativas que tiene la ciudadanía en relación con las respuestas que entregan los tribunales. “La ciudadanía muchas veces no sabe que existen trabajadores sociales, psicólogos, que están disponibles dentro de las instituciones de justicia y no existe claridad la mayoría de las veces del rol que juegan estas personas”, concluye Fabiola Miranda.
Para revisar el artículo completo, sigue este enlace: https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1343
Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, en Ex Ante sobre la segunda vuelta presidencial: “… hoy se articuló de forma natural una división entre ambos candidatos, uno se identificó como feminista y el otro no. Sin embargo, hay que subrayar que hay una diferencia generacional respecto de cuán relevante es la perspectiva feminista”.
El pasado 8 de diciembre Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, fue entrevistada por el medio digital Ex-Ante. En la oportunidad, diferentes expertos/as compartieron sus visiones y análisis de cara a las próximas elecciones presidenciales. La participación del segmento socioeconómico ABC1 en la Región Metropolitana, la brecha generacional, la tendencia del voto femenino y el panorama en el norte del país, son los elementos centrales de esta segunda vuelta, asegura el medio, y los tópicos que analizaron los/las expertos/as.
Sobre la amplia votación que obtuvo el ex candidato presidencial, Franco Parisi, Ximena Orchard señala: “los votantes de Parisi se han convertido en una especie de ser mitológico. No se mueven de acuerdo con una lógica tradicional de izquierda y derecha. Para ganar es clave tratar de entender las necesidades que convocan a estos grupos que no se identifican con la forma que se ha organizado la política en el país”.
Otro punto relevante que fue parte de la entrevista, tuvo que ver con el voto femenino. Una de las fortalezas del candidato Boric es el apoyo de las mujeres, al contrario de Kast, quien tuvo que reestructurar su programa en este ámbito. “Las movilizaciones feministas de 2018 dejaron una agenda instalada en el espacio público. Hoy se articuló de forma natural una división entre ambos candidatos, uno se identificó como feminista y el otro no. Sin embargo, hay que subrayar que hay una diferencia generacional respecto de cuán relevante es la perspectiva feminista”, señaló Ximena Orchard.
Otras reflexiones entorno a este tema apuntan a que Kast busca darle tranquilidad a las mujeres; en palabras de Cristián Valdivieso, director de Criteria, “todo lo que estamos viendo hoy respecto al programa de Kast y con quién se está reuniendo, como haber puesto a Paula Daza y a Evelyn Matthei de imagen de su campaña, se basa en darle tranquilidad a las mujeres y decir que no está en una posición extrema. La pregunta es hasta dónde logra detener la fuga de las mujeres y no solo eso, sino que también volver a invitar”.
Para leer la entrevista completa puedes ingresar en el siguiente link.
Hugo Rojas, investigador asociado al CiPP y académico UAH, será el director del curso de verano sobre “Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas” que será impartido por prestigiosos académicos y académicas de la UAH y otras universidades internacionales.
El curso será gratuito, interdisciplinario, certificado y en modalidad virtual, y será impartido por 40 docentes de reconocido prestigio y de diversas universidades del continente, y cuenta con el patrocinio de las universidades Alberto Hurtado, Cornell, Connecticut, Pittsburgh, Miami, Florida, Interamericana, Nacional de Tucumán, Católica del Uruguay, además del apoyo de Latina and Latino Critical Legal Theory (LatCrit) e Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).
El Curso está dirigido a estudiantes universitarios/as de diversos países que tengan interés en comprender los orígenes y la evolución de las Teorías Críticas y sus principales ámbitos de aplicación, propuestas y contribuciones a la Justicia Social en las Américas.
El curso se realizará mediante Zoom, entre el 21 y el 28 de enero de 2022.
Uno de los principales desafíos de este gabinete será apoyar el trabajo y la ejecución del proceso constitucional, dice Abarzúa. Se trata de asegurar las condiciones adecuadas para el trabajo cotidiano, el proceso del plebiscito y la implementación que ello conlleva. “Respecto de esto último, será clave la conciliación de los cambios estructurales que requieren un nuevo Estado para implementar una potencial nueva constitución con las urgencias propias a resolver en un ciclo económico con dificultades e incertidumbre”, argumenta el académico. Para lo anterior, agrega Abarzúa, se requieren capacidades de lectura y resolución de conflictos y negociación con actores e intereses diversos.
