Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH, publicó el libro «Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile», en la prestigiosa editorial inglesa Palgrave Macmillan (2022).
El autor es profesor de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e Investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH (CiPP).
El objetivo del libro es comprender de mejor manera el fenómeno de la indiferencia social. “Todas las personas seleccionamos y priorizamos temas o situaciones a las cuales prestamos especial atención en nuestras vidas cotidianas. Pareciera ser que lo normal es que nos involucremos en aquellos asuntos que son de interés público o que son especialmente relevantes, tal como ocurre con el caso de los derechos humanos. Sin embargo, en todas las sociedades hay sectores sociales que prefieren no hablar de derechos humanos ni están dispuestos a ayudar a quienes se encuentran en dificultades. Esta investigación entonces trata de explicar qué lleva a las personas a no ser empáticas con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señala el autor.
Desde un punto de vista conceptual, el libro ofrece un marco teórico sobre la indiferencia social, y una tipología de sujetos indiferentes a las violaciones a los derechos humanos. Dicha teoría fue testeada empíricamente a través de una encuesta nacional y a través de la realización de más de cincuenta entrevistas en profundidad. Es la primera investigación a nivel mundial que analiza a través de datos recolectados de primera fuente las causas y consecuencias sociales de la indiferencia a las violaciones a los derechos humanos en una sociedad determinada.
Según el profesor Rojas, “los aprendizajes de este libro son un aporte concreto a la necesaria revisión de las políticas públicas en materia de derechos humanos, en especial en el ámbito de la educación, pues el 16% de los adultos son indiferentes y otro 18% es ambivalente en temas de derechos humanos en Chile. Además, son una mirada refrescante para repensar cómo se están diseñando e implementando las garantías de no repetición en nuestro país”.
Antecedentes del libro:
Autor: Hugo Rojas.
Título: Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile.
Editorial: Palgrave Macmillan.
Ciudad: Londres.
Páginas: 203.
ISBN (Hardcover): 978-3-030-88169-6
ISBN (Ebook): 978-3-030-88170-2
DOI: 10.1007/978-3-030-88170-2 Informaciones
Enrique Rajevic y Fabián Pressacco, investigadores CiPP y académicos UAH expusieron ante la Convención Constitucional la propuesta “competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
El pasado 28 de diciembre, Enrique Rajevic y Fabian Pressaco, investigadores CiPP e integrantes del Núcleo Constitucional de la UAH expusieron ante la subcomisión 2 de la comisión 3 Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobierno locales y organización fiscal, de la Convención Constitucional. En la ocasión, los académicos presentaron la propuesta “Competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
En la primera parte de su exposición, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Fabián Pressacco señaló que el estallido social, el proceso constituyente y las elecciones han puesto en el debate político, las desigualdades territoriales existentes en nuestro país en ámbitos tan disímiles como la seguridad ciudadana, las áreas verdes y el acceso a servicios fundamentales. El docente afirmó que en Chile la vida y las oportunidades dependen del territorio donde se nace. “Solo para dar un dato de contexto podemos mencionar que el índice de desarrollo humano comunal del año 2020 señala que el 60% de las comunas de Chile tiene un nivel de desarrollo medio bajo o bajo”, dijo el especialista.
El análisis presentado por los académicos muestra que la columna vertebral del sistema de financiamiento municipal ha sido el Fondo Común Municipal que es un mecanismo de distribución solidario de los ingresos de todas las municipalidades al que se suma un aporte fiscal. Fue creado en el marco de la Ley de Rentas Municipales de 1979 y experimentó una reforma importante el 2008 donde se estableció una modificación en los criterios de distribución que permitió recaudar recursos. “El aporte fiscal se verificó el año 2008, al cual se le agregó también el pago de impuesto territorial, que es otro de los ingresos propios del Fondo Común Municipal, y que corresponde a un conjunto de inmuebles públicos estatales que hasta ese momento estaban exentos del pago de ese impuesto”, sostuvo el investigador del CIPP, Fabián Pressacco.
El académico destacó que el impuesto territorial es un ingreso importante para las municipalidades pero que dada la segmentación socioeconómica de las comunas en varios municipios el ingreso por esta vía es mínimo. “En muchas comunas este ingreso es bastante marginal porque, por los valores definidos por el Servicio de Impuestos Internos, muchas propiedades agrícolas y no agrícolas están exentas del pago de contribuciones”, aseveró Pressacco.
Enrique Rajevic y Fabián Pressacco
Desafíos y propuestas
Las municipalidades deben ejercer su competencia de manera autónoma. “Hoy día la Constitución habla de que administran sus recursos de manera autónoma, pero es más que administrar los recursos desde nuestra perspectiva. Si uno mira por ejemplo las constituciones de Alemania y España observa que hablan de una autonomía en la gestión de sus respectivos intereses”, sostuvo Rajevic.
En la propuesta presentada por los profesores de la Universidad Alberto Hurtado se señala que la Constitución debe garantizar que el financiamiento que se entregue a las municipalidades les permita cumplir en forma adecuada con las tareas y funciones que les asigne las normas legales.
Rajevic, señaló que los proyectos de ley que otorguen nuevas funciones o tareas a las municipalidades deberán contemplar las fuentes de financiamiento para que los municipios puedan costearlas, ya que actualmente este es solo un principio legal que suele no ser respetado. “Eso está hoy día en la ley, pero no en la Constitución y normalmente no se cumple”, declaró el académico.
Planteó además que la asignación de recursos a las municipalidades debe considerar los costos de producción territorial que tienen los bienes públicos que le corresponde proveer a los municipios y que es necesario tomar en cuenta la situación real de cada comuna y sus habitantes para garantizar un estándar de igualdad mínimo entre las personas que habitan el territorio nacional.
Los investigadores del CIPP presentaron la propuesta “Competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal” ante la convención constitucional.
Equidad Territorial
Otro tema propuesto fue el de generar una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos públicos. Hoy existen disposiciones constitucionales que apuntan en esta dirección, pero la propuesta de los académicos de la Universidad Alberto Hurtado sugiere que deben precisarse con diferentes medidas como, por ejemplo, establecer criterios de distribución que logren que los ingresos fiscales entre los distintos niveles de gobierno y administración territorial en la Ley de Presupuestos permitan el adecuado desarrollo de sus competencias y que se disponga de los recursos necesarios para que puedan ejercer sus responsabilidades.
La proposición señala que la asignación de recursos desde el gobierno central a los entes territoriales debe realizarse sobre la base de criterios objetivos y transparentes que eviten la potencial dependencia o clientelismo municipal. También se plantea establecer el principio de equidad en la tributación. “Debe existir un principio de equidad en la tributación para que las empresas contribuyan en relación al impacto territorial que producen”, afirmó Rajevic.
En la exposición se expresa que es necesaria la implementación de mecanismos de redistribución que permitan un desarrollo territorial armónico y equitativo, atendiendo a la desigualdad existente entre las rentas territoriales de las diferentes regiones y comunas donde se observa una gran disparidad.
Los especialistas recomiendan establecer el principio de responsabilidad de la administración de recursos de los gobiernos subnacionales (municipios y regiones) para evitar que pudieran existir ineficiencias.
Enrique Rajevic, explicó que la descentralización requiere de una “reingeniería” del nivel central, regional y municipal definiendo las competencias que tendrá cada uno. “Creemos difícil que la Constitución detalle cada una de estas competencias y podría ser riesgoso ya que puede rigidizar el futuro. Sin embargo, consideramos que deberían darse ciertos criterios, como por ejemplo, adoptar el principio de subsidiariedad de la Unión Europea que entrega las competencias al nivel territorial público que sea más eficaz para lograr el resultado pretendido en cada caso”, manifestó el académico de la Facultad de Derecho.
La propuesta señala que el principio de equidad territorial debería iniciar una reformulación de las áreas metropolitanas que son conurbanizaciones que agrupan a varias municipalidades y que en Chile tienen un alto grado de desigualdad.
El estudio recomienda que la nueva Constitución debiera mantener el concepto de área metropolitana y asignarles entre sus tareas la integración social y el acceso equitativo a los bienes y servicios públicos urbanos y rurales en el territorio que comprendan.
También se sostuvo que debiera crearse un Fondo Metropolitano al que debieran entregarse una parte de los ingresos de las municipalidades para desarrollar inversiones y programas que reduzcan la desigualdad territorial, especialmente la urbana.
Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y Enrique Rajevic, Investigadores del CiPP y académicos UAH, expusieron ante la Convención Constitucional la Propuesta para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile.
Los investigadores asociados al CiPP y académicos UAH, Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y Enrique Rajevic, expusieron, ante la Subcomisión Forma de Estado de la Convención Constitucional, la propuesta para garantizar constitucionalmente un Servicio Civil profesional e imparcial para el país. Abarzúa y Rajevic integran además el Núcleo Constitucional de la UAH.
Este jueves 30, la Subcomisión Forma de Estado (integrada a la Comisión de Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal) de la Convención Constitucional, recibió en audiencia presencial -realizada en el edificio capitalino del ex Congreso Nacional – a tres investigadores asociados al CiPP y académicos de la UAH: Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y a Enrique Rajevic.
La audiencia con las y los convencionales tuvo como objeto presentar la “Propuesta constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile”, la cual, explicó Abarzúa, aspira a “…consolidar, a nivel constitucional, una definición de empleo público, entendido como la relación laboral que existe entre el Estado y quienes se desempeñan en su Administración civil, que garantice, de una vez, un servicio profesional imparcial”. Una propuesta, precisó, que, además, está rubricada por un grupo de más de 140 personas: “…que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y ejercicio de la función pública”. El documento también ha sido ingresado como una Iniciativa Popular de Norma Constitucional.
La Subcomisión Forma de Estado recibió en audiencia a los investigadores CiPP y académicos de la UAH
La propuesta parte de un lapidario diagnóstico respecto de esta materia, al comparar las Constituciones de 1833, 1925 y 1980: “Existe una ausencia histórica de una normativa constitucional eficaz, que garantice de manera clara, la existencia de un Servicio Civil o un Sistema de Empleo Público profesional e imparcial en Chile, y que también diferencie en forma clara, el Gobierno de la Administración Pública […]. Pensamos que, introduciendo esa distinción, le damos forma al Estado en todos sus niveles: nivel nacional, nivel regional, nivel comunal, etcétera”, explicó Abarzúa al inicio de su exposición.
Y en esta distinción nítida que debe establecerse entre Gobierno y Administración Pública, Abarzúa detalló los respectivos roles que cada uno debiese cumplir: “El Gobierno, para precisar, conduce políticamente al Estado y define las políticas públicas. Lo encabeza quien ejerza la Presidencia de la República y lo integran los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, quienes ejercen, evidentemente, la dirección política, pensando en los cargos que existen actualmente”.
Eduardo Abarzúa
En tanto, la Administración, puntualizó: “Debe implementar las políticas públicas definidas por el Gobierno y proveer o garantizar a la ciudadanía servicios públicos. En esta idea o en este modelo, estará integrado por los y las funcionarias, incluyendo un estamento de directivos públicos, todos constituyen el Servicio Civil, y no debieran ser de exclusiva confianza del Gobierno”.
En esa línea, sostuvo que esta distinción: “Implica que deben reconocerse tres estamentos dentro del Ejecutivo en todos sus niveles: la Dirección Política, la Dirección Pública y las personas funcionarias. Todos quienes desempeñen cargos públicos, por supuesto, deben y estarán sujetos a los principios de probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía y transparencia. Quienes se desempeñen en la Administración, funcionarios directivos y el resto de los funcionarios públicos, deberán además ejercer sus funciones en forma imparcial, objetiva y políticamente neutral, lo que deberá ser resguardado por la ley en el ingreso, desarrollo y desvinculación del empleo público”.
Hacer esta clara diferenciación constitucional entre Gobierno v/s Administración, a su juicio, genera un círculo virtuoso porque tal distinción: “Contribuye a una efectiva modernización del Estado; a la continuidad de las políticas públicas; a la profesionalización de la función pública y también a terminar con la precarización del empleo público”.
En consecuencia, la propuesta constitucional define entre sus principios: “Consagrar el carácter profesional y técnico en la Administración Pública, también por supuesto, garantizar el acceso igualitario al empleo público y finalmente, reconocer derechos colectivos de los y las servidores públicos, como son los temas de sindicalización y negociación colectiva y, por supuesto, la huelga”, concluyó el decano Abarzúa.
La función pública a nivel central, regional y municipal con igualdad de oportunidades
Osorio en tanto expuso los fundamentos para aplicar esta propuesta no solo en el nivel Central también en el ámbito regional y municipal, pues, enfatizó: “En estos niveles también es relevante distinguir entre quienes son elegidos por mandato popular y su personal de exclusiva confianza, que responden al principio político, mientras que quienes trabajan en el Estado, responden al mérito y a la capacidad técnica y profesional, con una vocación que debe estar al margen de quien gobierna”.
Eso sí, aclaró que esta propuesta que busca distinguir entre Gobierno y Administración “en ningún caso” pretende: “…afectar la flexibilidad que permite a los gobiernos regionales, y en específico hoy a las municipalidades, crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, dentro de los límites y requisitos que la ley determine”.
Cecilia Osorio
Y para garantizar la distinción planteada en el documento, Osorio explicó que: “Los cargos elegidos democráticamente y los cargos de exclusiva confianza con que ellos cuenten, deben ser establecidos por la Constitución y la ley en el nivel nacional, regional y municipal. Ahora bien, el resto del personal, deberá acceder a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los señalados por la Constitución y la ley”.
En este punto se detuvo, precisando que: “Debe haber una igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género, en conformidad a esta Constitución y la ley. Lo que proponemos, no es solo el acceso al empleo público en todos los niveles, sino además que esto ocurra bajo estas condiciones de resguardo de oportunidades y los criterios que hemos señalado”.
Y justamente en esa perspectiva, concluyó: “Los sistemas de ingreso, desarrollo y cese en las funciones y empleo que no sean electivos y de exclusiva confianza, deberán respetar el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos, así como la dignidad de las personas. Ello debería aplicarse a toda la Administración Pública e incluso a las funciones y empleos de otros órganos del Estado”.
Derechos colectivos de las y los funcionarios públicos
Rajevic en parte de su intervención expuso la propuesta desde el punto de vista de los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos: “Nosotros planteamos que se eliminen las restricciones que existen hoy día a los derechos colectivos en la Administración civil, encargando a la ley que regule tanto la negociación colectiva como la sindicalización y la huelga, esta última, salvo que se paralice servicios esenciales o se impida la continuidad del servicio público”, dijo al comienzo de su exposición.
Enrique Rajevic
Recordó que, en la actualidad, las y los trabajadores del aparato del Estado no gozan del derecho a huelga, considerando esto como: “…el peor negocio, ¿por qué?, porque en la práctica ocurre”. Desde esa perspectiva, aseguró: “…es mucho mejor que la Constitución lo reconozca y que sea el legislador el que tenga que ver cuáles son los bordes […], cuáles son los matices y cuáles son las fórmulas, pero lo importante es que quede claro que esos derechos existen, que no por ser funcionarios, funcionarias tienen menos derechos que el resto de los trabajadores, como en la práctica se pensaba antiguamente”.
Al respecto, hizo algunas especificaciones como, por ejemplo, la precariedad del empleo público toda vez que: “prácticamente, tres cuartas partes del personal no tiene estabilidad en el empleo”, con personal a contrata que se empieza a extenderse “hasta llegar hoy día en el Gobierno central a un 60 % de la dotación” o las y los trabajadores a honorarios, “que empiezan a desarrollar tareas permanentes”.
Asimismo, señaló que para resguardar la continuidad y calidad en la ejecución de políticas públicas: “No podemos estar sujetos a que los cambios de Gobierno, y esto tanto en el nivel Central como en el nivel regional y municipal, impliquen una razia de funcionarios y funcionarias, porque no se sabe quiénes son los que están, realmente, dentro del equipo que ha sido elegido políticamente y aquellos que en realidad tienen una vocación permanente por trabajar en la Administración Pública”.
Todo esto, agregó: “También facilita distinguir políticas de largo plazo, políticas de Estado versus políticas de menor plazo […]; prevenir y combatir la corrupción por supuesto, tenemos más integridad pública si tenemos reglas más claras; reducir la brecha que hay entre lo que hace el Estado y lo que espera la ciudadanía, resguardar también la perspectiva de género y la de Trabajo Decente dentro de la Administración Pública, en eso, por ejemplo, no solo el Servicio Civil también los derechos colectivos permiten que, quienes trabajen en el Estado puedan luchar porque se resguarden; y por ultimo fortalecer la confianza de las personas en el Estado, lo que además fortalece la democracia”.
Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: Se debiera dar a conocer el equipo económico del próximo gobierno a la brevedad.
El mercado y los inversionistas observan expectantes los pasos que dará el presidente electo, Gabriel Boric, sobre todo en la definición del equipo económico y, particularmente, quién será su ministro o ministra de Hacienda. Así lo cree el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, Carlos J. García, quien sostiene que se debiera dar a conocer a la brevedad el equipo económico y considera clave la designación del secretario de Estado a cargo de la cartera de Hacienda. ”Debe ser un economista creíble que le de tranquilidad a los mercados”, destaca el especialista.
El académico afirma que los mercados financieros siempre están viendo qué ocurre con los cambios para proyectarse hacia el futuro y que es normal que cuando hay un nuevo gobierno se observe una sobre reacción de los mercados. ”Si estos serán permanentes o puntuales dependerá de la naturaleza de los cambios que realizará el nuevo gobierno”, puntualiza García.
El economista señala que las transformaciones deben ser realizadas con gradualidad y afirma que si estos cambios son de schock los aumentos y caídas del dólar serán más permanentes que transitorias. “En cambio si los cambios son más graduales, pensados y siguen una lógica económica razonable toda la volatilidad que observamos estos días va a desaparecer y volveremos a niveles más razonables en el precio de los activos”, sostiene el experto.
Para García las transformaciones que quiere realizar el mandatario electo deben ser efectuadas en forma paulatina para que de esta manera los mercados financieros entiendan la lógica de las reformas del nuevo gobierno. “Si esas reformas están bien estructuradas y pensadas por el equipo económico lo más probable es que se vuelva a la normalidad existente antes de las elecciones”, señala el académico.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, analiza el triunfo de Gabriel Boric“Mucho de lo que propone Boric son cosas que ya están planteadas hace décadas en los países que son desarrollados; es el despliegue de ese tipo de políticas lo que ha permitido que esos países sean desarrollados; no al revés”.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, fue entrevistado por CiPP-UAH, para conocer su análisis sobre el triunfo de Gabriel Boric el domingo pasado, y cómo proyecta su gobierno y las transformaciones que propone realizar, entre otros temas de la actual coyuntura política en el país. Revisa aquí sus opiniones.
¿Por qué ganó Boric?
Todos los análisis coincidían en que si se mantenía el porcentaje de la primera vuelta el resultado iba a ser muy estrecho. Sin embargo, lo que ocurrió fue un aumentó de votantes que hasta antes del balotaje se mantenía bajo el 50 % como ocurrió en el plebiscito y las elecciones de constituyentes. Para Fabián Pressacco, académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, ese mayor caudal electoral claramente favoreció a la candidatura de Boric, originando una diferencia más abultada de lo que se pensaba.
¿Qué ocurrió?
El investigador cree que la candidatura de Apruebo Dignidad entendió, comunicó y comprendió mejor el mensaje del sorpresivo resultado de la primera vuelta que dejó con la primera mayoría a José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. A partir de ese momento la candidatura de Boric debió enfrentar un gran desafío, lograr convocar a los votantes de las candidaturas que no pasaron a segunda vuelta con los cuales existían algunos vasos comunicantes. “Hablamos de aproximadamente un 30 % del electorado que quedó un poquito huérfano”, comenta Pressacco.
Muchos plantearon una elección polarizada, pero en realidad fue por los liderazgos que pasaron a la segunda vuelta, no por la ciudadanía, dice el investigador. “Si uno mira desde otro punto de vista un tercio de la ciudadanía y una parte importante de Apruebo Dignidad son votantes profundamente reformistas, no radicalizados”, dice Pressacco. Es así como Boric terminó aceptando sus simpatías por un programa socialdemócrata.
“Para un país tan derechizado y neoliberalizado como Chile muchas propuestas que están en el programa de Apruebo Dignidad aparecen como radicales, pero son “normales” en los países que nosotros miramos y tomamos como referencia; los de la OCDE. Mucho de lo que propone Boric son cosas que ya están planteadas hace décadas en los países que son desarrollados; es el despliegue de ese tipo de políticas lo que ha permitido que esos países sean desarrollados; no al revés”, afirma Pressacco.
El relato de Boric para la segunda vuelta sintonizó mejor con la ciudadanía sin renunciar a la vocación profundamente reformista logrando incorporar preocupaciones de otros sectores y haciéndose cargo de cosas que habían sido claramente deficitarias en la primera vuelta. Entre ellas la dimensión más territorial de la campaña, la preocupación por temas de orden público y la incorporación de algunas figuras de liderazgo como Izkia Siches que resultaría fundamental en la campaña del norte.
Un buen trabajo en el comando de Boric en temas de contenido, de énfasis, de moderar algunas cosas, de ponerle más peso a la gradualidad y la incorporación de otros liderazgos, ayudó en el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, sostiene el académico.
Si bien Kast fue más rápido en convocar a otros sectores y comenzar una metamorfosis hacia la centro derecha, dice Pressacco, su pasado más vinculado con lo más recalcitrante de la derecha más conservadora, su vínculo con Bolsonaro, el cuestionamiento del cambio climático, las declaraciones del diputado electo republicano Kaiser sobre los derechos de las mujeres y las propuestas del programa de Kast sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer, activó a un electorado que le reconoce una importancia fundamental a los temas de género. Los datos demuestran que la mayoría de las mujeres menores de 40 años se inclinaron de manera importante por Boric.
En las celebraciones de la segunda vuelta, recuerda Pressacco, muchos decían que derrotamos al fascismo, en ese sentido la muerte de Lucía Hiriart generó una conexión de Kast en el plano más simbólico y reforzó la similitud del panorama con la del plebiscito de 1988.
Lo que viene
Fabián Pressacco explica que, si por neoliberalismo se entiende, entre otras cosas, una política pública del sálvense quien pueda y donde tú logras acceder a ciertos bienes públicos no como derechos sino como bienes que se transan en el mercado en función de tu capacidad de pago, es claro que las propuestas de Gabriel Boric y el estallido social apuntan a desmontar ese sistema. Para lograr aquello se supone un Estado más dinámico, más regulador, que se haga cargo de ser un gran proveedor de bienes públicos sociales respaldados en perspectiva de derecho; un estado con más capacidad para intervenir en ciertos espacios e incluso, como en el caso del litio, eventualmente, asumir un rol empresarial. Eso plantea la propuesta de Apruebo Dignidad, Marco Enríquez Ominami, Yasna Provoste y algunas coincidencias con la derecha. “Si se avanza en esa línea, es claro que el sistema neoliberal va a experimentar cambios estructurales dando lugar a otro modelo de desarrollo”, acotó el experto.
Es clave el alineamiento de las llamadas fuerzas progresistas y cuál va a ser la actitud de la centro derecha, porque si prima una conducta obstruccionista vamos a tener cuatro años completamente complejos, no solamente porque el Presidente y su coalición no van a poder sacar adelante su agenda legislativa, sino que van a ser cuatro años intensos en términos de movilización ciudadana, opina Pressacco.
La derecha estaba en un proceso de centrarse, de democratizarse, de moderarse; Sichel, Briones e incluso Desbordes representaban un poco esa línea y eso queda ahora con un signo de interrogación con un candidato como Kast, plantea el investigador. El proyecto reformista, democratizante y liberal de la derecha que representaba Evópolis también queda un poco herido. La derecha tiene un desafío y claramente para el país es importante tener una derecha dialogante con convicciones democráticas, abierta a aportar a las reformas que el país necesita y Kast no representa a esa derecha, concluye Pressacco.
Fabiola Miranda, investigadora CiPP y académica UAH en programa “Chile Más Allá”: “Boric está pensando no solamente en las mujeres, sino también en las diversidades y grupos históricamente excluidos”
El pasado 20 de diciembre la académica e investigadora CiPP, Fabiola Miranda, fue entrevistada en el programa “Chile más allá” de WappTV, en el que compartió su visión sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales y expectativas sobre el próximo gobierno, en particular, sobre temas de política pública que afectan a las mujeres, como empleo femenino y despenalización del aborto y sobre la promesa del presidente electo de tener un gobierno “feminista”.
Sobre cómo se puede recuperar el empleo femenino post pandemia, la investigadora del CiPP parte mencionando algunas cifras. Indica que “hoy en día sabemos que desde el año 2010 a la fecha, hemos bajado 8 por ciento en empleos femeninos, si queremos compararlos con las cifras que existían en aquella época. Las cifras del INE son consistentes en mostrarnos cómo el empleo femenino ha decrecido desde la pandemia hasta estos días”.
Sobre la prioridad de este tema en el programa del presidente electo, Fabiola Miranda señala que un eje vértice de su programa es la recuperación del empleo femenino y “para eso se ha comprometido a crear todo un eje para poder reactivarlo”.
Sobre la viabilidad de que esta promesa se cumpla, Fabiola Miranda es clara en decir que si bien tiene viabilidad se tiene que llevar a cabo “poco a poco, pues se debe ver cómo se redestinará el gasto público”. En ese sentido, se trata de una medida que tendrá que proyectarse viendo las cifras de endeudamiento del actual gobierno. Dentro de las medidas que pueden ayudar una es fortalecer el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En todo caso, señala que “hay que recordar que los presupuestos ya han sido aprobados”, por lo que es muy probable que varias de las medidas propuestas no se puedan implementar el primer año de gobierno.
Sobre la despenalización del aborto la investigadora explica que va muy en la línea de lo que ha venido impulsando su movimiento politico. “Sería un contrasentido que no lo hubiese propuesto para las personas que nos declaramos desde una academia feminista”. Señala que su expectativa es que durante el próximo gobierno se avance hacia “un aborto libre, gratuito y en todas las causales”, y señala que hoy se están enfrentando problemas con la aplicacion de las tres causales por los problemas de acceso que viven muchas personas, la falta de acompañamiento a las mujeres post aborto, la falta de incorporación de un enfoque de género en el personal de salud, y otros como la objeción de conciencia y cómo se enfrenta a nivel de las instituciones de salud. “….esto es algo que se propone eliminar dentro del gobierno de Boric”.
Sobre la promesa de Gabriel Boric de tener un gobierno feminista, se le pregunta a Fabiola sobre la factibilidad de que esa promesa se cumpla. La visión de la académica es que las señales que ha dado el presidente electo hasta el momento, han sido positivas y permiten ser optimistas. “Se ha rodeado de mujeres para pensar su planificación de gobierno, no solamente en lo que es un plan sobre el feminismo..”, sino que la temática de género también ha sido abordada de una manera transversal en diversos ámbitos, como por ejemplo, “(….) en temas de seguridad pública, pensando en la integración de mujeres en cuerpos de seguridad del estado; se ha incorporado el enfoque de género en la construcción de vivienda, en la salud, pensando también en las atenciones de personas de la diversidad sexual, personas 0+, …”.
El futuro presidente, en opinión de Fabiola Miranda, se ha comprometido no solamente a que su gabinete sea paritario, sino que se ha propuesto avanzar en una “paridad real y no sólo a cumplir con una cuota …”
También destaca que se ha propuesto incorporar la paridad y la perspectiva de género en la conformación del gobierno y en la manera en que se va a administrar el estado de una manera transversal, “considerando también el cupo trans en el sector público, que se compromete con el 1 por ciento para generar un incentivo a la diversidad sexual. Por lo tanto creo que hay un real compromiso pues se está pensando no solamente en las mujeres, sino también en las diversidades y grupos históricamente excluidos. Tiendo a pensar que sí hay un verdadero compromiso”, finaliza la académica.
Respecto al empleo juvenil femenino, Miranda dice que es una discusión que viene de largo plazo, no solo desde la pandemia. “Creo que hace falta en Chile una política de fortalecimiento a las juventudes, el INJUV todavía no es en sí un organismo suficiente, es solamente un servicio”. En su visión, se requiere “fortalecer institucionalidades que impulsen políticas menos adultocéntricas que integren la mirada de las, los y les jóvenes …” que permitan pensar en cómo estos se podrían integrar en el mundo del trabajo, concluye la académica.
Para ver el programa completo, puedes ingresar en el siguiente link: https://www.wapptv.cl/2021/12/20/chile-mas-alla-el-analisis-de-las-presidenciales-como-nunca-lo-viste/
Miriam Henríquez investigadora del CiPP y académica UAH ante la Convención Constitucional: Chile tiene una oportunidad de contar con una nueva Constitución abierta al Derecho Internacional de los DDHH.
Este martes 21 de diciembre, la investigadora del CiPP e integrante del Núcleo Constitucional de la UAH, Miriam Henríquez, expuso ante la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional.
La académica de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, en su calidad de integrante del Núcleo de Análisis Político y Constitucional de la UAH, expuso en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, de la Convención Constitucional (CC), destacando, desde el inicio, que su intervención: “La hago convencida que Chile tiene una oportunidad de contar con una Constitución abierta al Derecho Internacional de los derechos humanos”.
La Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional escuchó los planteamientos de la académica de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez
“La actual Constitución, pese a esas modificaciones, no define la jerarquía que ocupan los tratados en el tratamiento interno ni en relación con los tratados en general y tampoco los tratados de los derechos humanos en particular, tampoco menciona criterios de interpretación de los derechos y tampoco dispone cláusulas o una cláusula de los derechos no enumerados”,Miriam Henríquez.
Otro hito ocurrió con la reforma del año 2005, la cual, dijo: “…incorporó ciertas modificaciones puntuales a la celebración de los tratados, fundamentalmente a la aprobación por el Congreso Nacional en el Artículo 54, y también al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional”.
No obstante estas reformas, Henríquez fue categórica es sostener que: “Sin perjuicio de todas las modificaciones que acabo de relatar muy brevemente, la actual Constitución, pese a esas modificaciones, no define la jerarquía que ocupan los tratados en el tratamiento interno ni en relación con los tratados en general y tampoco los tratados de los derechos humanos en particular, tampoco menciona criterios de interpretación de los derechos y tampoco dispone cláusulas o una cláusula de los derechos no enumerados”.
Miriam Henríquez
Y tomando como ejemplo constituciones de otras latitudes, afirmó que se han establecido disposiciones orientadas justamente a facilitar la incorporación: “…del Derecho Internacional convencional y también el consuetudinario, al derecho interno y también a regular su aplicación. Estas disposiciones constitucionales se conocen, en el Derecho Comparado, como cláusulas de apertura al Derecho Internacional” […]. La sistematización de esas cláusulas podrían ser: aquellas que otorgan una jerarquía superior, aunque sea a veces con limitaciones, a los tratados de derechos humanos respecto de otras fuentes del derecho interno; también al reconocimiento expreso a las normas y principios del Derecho Internacional; otras cláusulas que señalan que hay derechos no enumerados o implícitos; aquellas cláusulas que disponen derechos y deberes constitucionales, que debieran interpretarse según estas cláusulas de conformidad con los compromisos internacionales ya sea que consten en declaraciones o en tratados, y también cláusulas que establecen el principio de interpretación de los derechos, conforme o en favor o pro persona”.
A su juicio, las cláusulas constitucionales de apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se justifican por dos motivos. Primero, ante: “La insuficiencia de derecho estatal para dar plena tutela a los derechos fundamentales” y en segundo término sustentan: “La confianza en un sistema internacional de protección, complementario del nacional, para resolver justamente las violaciones estatales a dichos derechos”.
Estas cláusulas, subrayó, juegan un rol en cada Constitución, toda vez que: “..son un mínimo eje articulador entre el Derecho nacional y el Internacional de los Derechos Humanos, porque por un lado dan cuenta de la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho interno y también sus relaciones, y porque resuelven las normas que prevalecen en caso de conflictos normativos; también porque orientan la forma de interpretar los Derechos Humanos, su valor y fundamentación, entre otros asuntos”.
La nueva Constitución Política debe estar abierta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Y es, justamente, sentenció, la ausencia de estas normas en nuestra actual Constitución lo que ha dificultado tener certezas sobre, por ejemplo: “…¿cómo se resuelven los conflictos entre las normas legales y las normas contenidas en tratados internacionales? o ¿cómo se resuelven los conflictos entre las normas constitucionales y aquellas contenidas en tratados de Derecho Humanos?; también […] no ha facilitado dinamizar el Derecho interno, conforme a los estándares de protección internacional; tampoco ha favorecido el ejercicio del control de convencionalidad, y también ha dificultado un diálogo fluido entre los órganos nacionales que ejercen jurisdicción con los órganos de protección internacional, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también ha dificultado reconocer cuál es el parámetro de control de constitucionalidad de las normas cuando se ejerce, claramente, el control de constitucionalidad, en nuestro caso por el Tribunal Constitucional, actualmente vigente en la Constitución. Y también reconocer cuál es el parámetro de legalidad, por ejemplo, cuando se resuelve un recurso de protección o una acción de amparo”.
Es por ello que concluyó: “El proceso constituyente, es una oportunidad para constitucionalizar estas cláusulas de apertura del Derecho Internacional. Por cierto, el asunto no es solamente cuantitativo, no es más o menos cláusulas de apertura; también es cualitativo, siendo indispensable que justamente se reconozca esta cláusula preterida en las distintas reformas constitucionales, que defina cuál es la jerarquía o el rango de los tratados en general, y especialmente de los tratados de los Derechos Humanos, lo digo en particular”.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso junto a Isabel Aninat, en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre la necesidad de garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial en la nueva constitución.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso el lunes 20 de diciembre ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, junto a Isabel Aninat S., Decana de la Facultad de Derecho de la UAI, sobre el acceso a las funciones y empleos públicos en el contexto de una propuesta para garantizar un servicio civil profesional e imparcial en la Nueva Constitución. El texto base de su exposición fue suscrito por más de 100 personas que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y/o al ejercicio de la función pública. Entre ellos/as hay académicos/as de diversas universidades nacionales, dentro de las cuales participan los investigadores asociados al CiPP, Paulette Landon, Eduardo Saavedra, Cecilia Osorio, Ignacio Cienfuegos, Pedro Güell, y Héctor Oyarce, como también Miriam Henríquez, Eduardo Abarzúa, Rafael Blanco y el propio Rajevic, quienes además son parte del Núcleo Constitucional de la UAH.
Enrique Rajevic e Isabel Aninat exponen ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.
El profesor Rajevic parte señalando cómo la constitución actual aborda la temática del empleo público y cómo lo han hecho anteriores textos constitucionales. Señala, “el artículo 19, número 17 de la actual constitución reconoce el derecho de acceso a las funciones y empleos públicos y lo hace siguiendo un texto muy parecido que tienen las constituciones de 1833 y 1925”. Este artículo señala textualmente “La constitución asegura a todas las personas la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes, sin que exista la posibilidad de recurso de protección por infracción a esta garantía fundamental”.
Sobre las implicancias en el tiempo de esta norma, Rajevic señala: “desde el siglo XIX a la fecha esta norma no se ha transformado en algo equivalente a la existencia de un concurso público o un acceso igualitario a los empleos públicos por parte de las personas”, según explica esto ocurre porque los “otros requisitos” a los que alude el texto constitucional se entendió que debían mirar el mérito y la idoneidad, pero no se llegó a la conclusión que eso implicaba realizar concursos públicos.
De hecho, agrega el académico, “la constitución de 1925 quiso reaccionar a esto al establecer la idea de que el acceso a los empleos públicos fuera a través de un Estatuto Administrativo”. De esa manera, se pensó que se podía garantizar el mérito, pero …” no se dijo nada más y en la práctica, los comentaristas tanto desde el punto de vista jurídico como desde la gestión, nos dicen que hubo clientelismo y patronazgo”.
Respecto a la constitución de 1980, el profesor Rajevic señala que esta repite esta misma norma “y agrega en el artículo 38 la idea de la carrera funcionaria”, y si se mira este artículo “dice que la ley tiene que garantizar una carrera funcionaria y que para acceder a esa carrera se debe hacer de una manera que sea igualitaria”.
Sin embargo, si se mira la realidad del empleo público hoy, se observa un segmento de carrera funcionaria, un segmento de exclusiva confianza, y los demás sistemas de empleo ” que uno podría pensar que son poquitos”, pero “en la práctica lo que ocurre hoy es que casi tres cuartas partes del empleo público corresponde a una categoría que se llama empleo a contrata”, al que las personas entran en forma directa, sin pasar por un concurso público.
El otro grupo importante que forma parte de “los otros sistemas de empleo”, son las personas que están contratadas bajo la modalidad de honorarios y que prestan servicios de manera permanente, los que tampoco ingresan a través de un concurso público.
En materia de cifras, los académicos entregaron un completo documento a la Comisión, sin embargo, mencionan algunas que resultan muy llamativas y preocupantes, que muestran que en diez años, desde el 2011 al 2020, la dotación de personas que trabajan en el Estado ha pasado de 220.000 a 236.000, con una muy baja proporción de personas bajo la modalidad de planta y un aumento preocupante de las “otras categorías de empleo, a contrata y honorarios que no están obligadas a ingresar por sistemas de concurso público.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, al 2020, de las 336.000 personas que integran la dotación, hay sólo 93.000 que son de planta, y de esos una parte son de “exclusiva confianza”, por lo que “ni siquiera decimos que los 93.000 entran bajo un sistema de concurso”, afirma el profesor Rajevic.
Y, si se mira a la categoría de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, “nos encontramos con que aquellos que están en jornada completa son 30.000 al 2020 y el 2011 eran 20.000, es decir, no han ido cayendo”, lo que hablaría de la falta de eficacia del programa de reconversión que se aplicó los últimos años, “…lo que muestran las cifras es que de nuevo crecen”. Por su parte, las personas en la modalidad “a contrata” también aumentaron los últimos diez años, pasando de 121.000 el año 2011 a 228.000 el año 2020.
Enrique Rajevic es enfático al señalar, como conclusión de estos datos, que “el gran crecimiento del empleo público los últimos diez años se está dando en las otras categorías de empleo, sin garantizar a las personas que cuando el Estado hace una convocatoria para un cargo público, lo hace de una manera que garantice la igualdad de oportunidades”.
Explica que toda esta situación se agrava aún más cuando en el año 2017 la Dirección del Servicio Civil dicta una norma que señala que cuando se ingresa a un cargo público bajo la modalidad a contrata o bajo el código del trabajo, que tampoco tiene la exigencia de concurso público, “ es necesario un procedimiento transparente de reclutamiento y selección basado en el mérito, que tiene que tener un perfil, una comisión”, pero que sin embargo, “tiene una letra chica” al señalar que esas exigencias pueden no cumplirse si la autoridad por resolución fundada resuelve no aplicarlas.
Según las cifras que entrega el académico para los años 2018, 2019 y 2020, sólo en el 50% aproximado de las convocatorias realizadas en el sector público, se aplicó la regla establecida por el Servicio Civil, por lo que se puede concluir que “en la mitad de los casos, se entra a dedo”, afirmó Rajevic.
Termina su exposición, señalando que “nuestro punto es que esto tiene que cambiar transformando el derecho fundamental que hemos tenido hasta el momento”.
En la segunda parte de la exposición ante la Comisión de Derechos Fundamentales, la académica Isabel Aninat, presentó las principales propuestas del grupo de académicos que están representando, y que buscan replantear la forma cómo se ha formulado el derecho fundamental en la constitución vigente.
Proponen seis puntos que debería considerar la nueva constitución, dentro de los cuales, se considera establecer que el empleo público respete y promueva criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género; que se consagre el deber de respetar el carácter técnico y profesional del empleo público, asi como la dignidad de todas las personas en las distintas etapas de la carrera funcionaria; que en materia de derechos colectivos se consagre el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, aplicando al sector público las mismas normas del sector privado; y que en el nivel regional y municipal se apliquen los mismos principios y estamentos, sin perjuicio de mantener, como hasta ahora, cierta flexibilidad para las municipalidades.
Los académicos concluyen su exposición, reafirmando la necesidad de establecer una distinción nítida entre “gobierno” y “administración”, señalando que sólo con dicha distinción se podrán llevar a cabo políticas de largo plazo y con una mirada integral sobre la administración pública y se podrá lograr “ un servicio civil profesional e imparcial para Chile y así construir un mejor Estado”.
Para revisar la presentación ante la comisión, revisa este LINK en el minuto 1:11:35.
Para conocer el texto completo con las propuestas entregadas a la Comisión, puedes revisarlo en este enlace.
Rafael Blanco investigador CiPP y académico UAH, dirigió talleres de trabajo en Argentina sobre evaluación del Código Procesal Penal de Tucumán a 1 año de su entrada en vigencia, junto a Angel Valencia, docente UAH y ex fiscal del Ministerio Público.
Tres talleres, dirigió el investigador del CiPP y académico UAH, Rafael Blanco, en el marco del conversatorio “A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT en toda la provincia: nudos problemáticos”.
Entre el 25 y 27 de noviembre se desarrolló en Tucumán, Argentina, el conversatorio presencial “A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT (Código Procesal Penal de Tucumán) en toda la provincia: nudos problemáticos”, dirigido por Rafael Blanco, académico de la UAH e investigador del CiPP, junto a Ángel Valencia, docente de la UAH y ex fiscal del Ministerio Público.
La actividad, organizada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), se realizó en el Salón de Actos Juan Bautista Alberdi de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ubicado en el edificio principal de los tribunales locales, contando con la presencia de magistrados, magistrados(as), fiscales, defensores(as) oficiales, funcionarios(as), abogados(as) de la matrícula y empleados(as) judiciales.
El programa de los talleres contempló las temáticas: “Desafíos del litigio estratégico para fiscales y defensores» (actividad para jueces, fiscales y defensores públicos); Conferencia Magistral (actividad abierta a todo público) y “Aspectos complejos del rol judicial en el proceso penal. Temas críticos y abordajes» (actividad para jueces, fiscales y defensores públicos).
El objetivo del conversatorio se centró en el primer año de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). En esa línea, Blanco dirigió los talleres en que se abordó la evaluación del Sistema de Justicia Criminal Acusatorio y propuestas para ir perfeccionando en los ámbitos normativos y de gestión en el recientemente instalado Proceso Penal en la Provincia Argentina de Tucumán.
Sobre el contexto y relevancia de la actividad realizada, Rafael Blanco, señala que “Las mesas de trabajo con fiscales, Jueces, Juezas, Defensores y Defensoras que realizamos en Tucumán, Argentina se insertan en el contexto de un largo proceso de colaboración de la Universidad Alberto Hurtado con la Asociación de Magistrados de Tucumán y asimismo con la Escuela Judicial de la Provincia, con el objeto de compartir la experiencia del proceso de reforma procesal penal chilena y sus mejores prácticas, y así colaborar con la reciente instalación del proceso de justicia criminal acusatorio de la Provincia de Tucumán de Argentina”, explica el académico.
Revisa galería de fotos de la jornada:
Rafael Blanco, Marcela Ruiz, presidenta de la AMT y Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Santiago del Estero
Fabiola Miranda y Carolina Rojas, investigadoras CiPP y académicas UAH, junto a Isidora Mora, publicaron “Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos? en Oñati Socio-Legal Series. (2021)
¿Cómo se tratan los casos de violencia hacia las mujeres en los tribunales de familia en Chile? Esta es la interrogante principal que busca responder el estudio “Profesionales psicosociales en la justicia familiar en Chile: ¿Tratamiento especializado de la vulnerabilidad o gestión eficaz de los procesos?» que fue desarrollado por Fabiola Miranda, como investigadora principal, junto a Carolina Rojas, ambas investigadoras CiPP y académicas de la UAH y la investigadora Isidora Mena.
El artículo analiza el rol del campo psicosocial en la justicia familiar en Chile como un modo de gestión y abordaje de la vulnerabilidad. Metodológicamente, se basa en un trabajo de campo cualitativo a través de entrevistas a profesionales psicosociales del área de la justicia familiar y observaciones a Tribunales de Familia de la Región Metropolitana de Santiago. Se realiza una breve revisión sociohistórica de lo psicosocial en la acción pública y, en particular, del rol ocupado por profesionales no formados en derecho en los espacios de justicia familiar creados al alero de las reformas de finales del siglo XX. Luego, se reflexiona sobre las tensiones del ejercicio profesional de estos actores, específicamente en el tratamiento de denuncias por violencia de pareja en contexto intrafamiliar.
Se concluye que el despliegue del campo de lo psicosocial en los espacios jurídicos resulta fundamental en el marco de las nuevas exigencias de la acción pública, las cuales requieren la inclusión del enfoque de la vulnerabilidad. Esto también está altamente asociado con el cumplimiento del mandato de eficiencia requerido a nivel procedimental por el nuevo sistema de justicia familiar.
Entrevistada por el CiPP la investigadora principal del estudio, Fabiola Miranda, habla sobre la relevancia del estudio y sus principales conclusiones. Contextualiza señalando que la investigación analiza las políticas que existían a finales del 2010 en adelante, sabiendo que hay una política pública concertada desde el año 2005 donde participan actores de justicia y del poder ejecutivo representado en aquel entonces por el Servicio Nacional de la Mujer.
El estudio que fue financiado por el Ministerio de la Enseñanza de Francia y galardonado por el Instituto de las Américas de París, indaga en los tribunales de justicia de familia de la Región Metropolitana para conocer la labor de los profesionales psicosociales que son en su mayoría trabajadores sociales y psicólogos. “Ver cómo las instituciones de justicia reciben los casos, que pasa con los actores que trabajan ahí, como los interpretan, que piensan y qué valoración le dan a esta temática, es interesante. Una cosa es cómo se monta la política pública y otra es la recepción por parte de la ciudadanía, pero también por parte de quienes las implementan”, afirma la académica Fabiola Miranda.
La especialista señala que si bien la problemática de violencias contra las mujeres ha tenido un amplio desarrollo desde las ciencias sociales esto no se ha dado desde el punto de vista de los actores que trabajan al interior de los tribunales de justicia. “Las mujeres y el tema de género siguen siendo una deuda en Chile, es cosa de ver nuestra legislación y darse cuenta que nos da un marco de protección bastante débil en el espacio privado con sanciones que todavía distan de ser ejemplares y acordes a los compromisos asumidos por Chile a nivel internacional”, declara la docente.
El estudio muestra que existe un gran avance en el tema del femicidio pero todavía las mujeres tienen una sensación de desamparo, no existe una ley de violencia de género y hay un tipo de uniones que no son cubiertas por la ley actual como las relaciones que se dan en el marco de la diversidad sexual, donde no existen márgenes claros para poder determinar en qué casos existe un femicidio u otro tipo de figura. “No solamente hay una deuda con las mujeres que siempre va a ser una de las más importante, sino que con toda una población que ha sido dejada de lado por las políticas públicas y que en ese sentido ni siquiera es sujeto de derecho para la justicia”, destaca Miranda.
La investigación muestra que el acompañamiento psicosocial está muy enmarcado dentro de una institución judicial, pero, a pesar de ello, la contribución de estos profesionales es fundamental y tiene gran acogida por parte de las víctimas. En la actualidad hay una apertura de los profesionales jurídicos, jueces y fiscales por conocer la opinión de estos especialistas. “A partir del mayo feminista, las demandas de reivindicaciones sociales de la revuelta popular o del estallido social, han empezado a ser valorados desde otra esfera”, dice la académica.
Para finalizar, la investigadora señala que es importante mediar entre lo que es el marco de la justicia y el tema de la violencia de género y las expectativas que tiene la ciudadanía en relación con las respuestas que entregan los tribunales. “La ciudadanía muchas veces no sabe que existen trabajadores sociales, psicólogos, que están disponibles dentro de las instituciones de justicia y no existe claridad la mayoría de las veces del rol que juegan estas personas”, concluye Fabiola Miranda.
Para revisar el artículo completo, sigue este enlace: https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1343
Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, en Ex Ante sobre la segunda vuelta presidencial: “… hoy se articuló de forma natural una división entre ambos candidatos, uno se identificó como feminista y el otro no. Sin embargo, hay que subrayar que hay una diferencia generacional respecto de cuán relevante es la perspectiva feminista”.
El pasado 8 de diciembre Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, fue entrevistada por el medio digital Ex-Ante. En la oportunidad, diferentes expertos/as compartieron sus visiones y análisis de cara a las próximas elecciones presidenciales. La participación del segmento socioeconómico ABC1 en la Región Metropolitana, la brecha generacional, la tendencia del voto femenino y el panorama en el norte del país, son los elementos centrales de esta segunda vuelta, asegura el medio, y los tópicos que analizaron los/las expertos/as.
Sobre la amplia votación que obtuvo el ex candidato presidencial, Franco Parisi, Ximena Orchard señala: “los votantes de Parisi se han convertido en una especie de ser mitológico. No se mueven de acuerdo con una lógica tradicional de izquierda y derecha. Para ganar es clave tratar de entender las necesidades que convocan a estos grupos que no se identifican con la forma que se ha organizado la política en el país”.
Otro punto relevante que fue parte de la entrevista, tuvo que ver con el voto femenino. Una de las fortalezas del candidato Boric es el apoyo de las mujeres, al contrario de Kast, quien tuvo que reestructurar su programa en este ámbito. “Las movilizaciones feministas de 2018 dejaron una agenda instalada en el espacio público. Hoy se articuló de forma natural una división entre ambos candidatos, uno se identificó como feminista y el otro no. Sin embargo, hay que subrayar que hay una diferencia generacional respecto de cuán relevante es la perspectiva feminista”, señaló Ximena Orchard.
Otras reflexiones entorno a este tema apuntan a que Kast busca darle tranquilidad a las mujeres; en palabras de Cristián Valdivieso, director de Criteria, “todo lo que estamos viendo hoy respecto al programa de Kast y con quién se está reuniendo, como haber puesto a Paula Daza y a Evelyn Matthei de imagen de su campaña, se basa en darle tranquilidad a las mujeres y decir que no está en una posición extrema. La pregunta es hasta dónde logra detener la fuga de las mujeres y no solo eso, sino que también volver a invitar”.
Para leer la entrevista completa puedes ingresar en el siguiente link.
Hugo Rojas, investigador asociado al CiPP y académico UAH, será el director del curso de verano sobre “Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas” que será impartido por prestigiosos académicos y académicas de la UAH y otras universidades internacionales.
El curso será gratuito, interdisciplinario, certificado y en modalidad virtual, y será impartido por 40 docentes de reconocido prestigio y de diversas universidades del continente, y cuenta con el patrocinio de las universidades Alberto Hurtado, Cornell, Connecticut, Pittsburgh, Miami, Florida, Interamericana, Nacional de Tucumán, Católica del Uruguay, además del apoyo de Latina and Latino Critical Legal Theory (LatCrit) e Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).
El Curso está dirigido a estudiantes universitarios/as de diversos países que tengan interés en comprender los orígenes y la evolución de las Teorías Críticas y sus principales ámbitos de aplicación, propuestas y contribuciones a la Justicia Social en las Américas.
El curso se realizará mediante Zoom, entre el 21 y el 28 de enero de 2022.
Red Chilena de Ingreso Básico, RBU, que integra nuestra investigadora asociada CiPP Carolina Rojas, expuso en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.
El pasado 01 de diciembre, representantes de la Red Chilena de Ingreso Básico, RBU, de la que forma parte nuestra investigadora asociada y académica UAH, Carolina Rojas, expusieron ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional una propuesta de Renta Básica Universal para Chile.
En su exposición, los miembros de la Red, Gabriela Cabañas y Cristobal Ramos, explicaron qué se entiende por una RBU, cuáles son las principales razones éticas y pragmáticas para impulsarla, qué efectos se espera producir en las personas y en la sociedad en general y de qué manera se podría consagrar este derecho en la nueva carta constitucional.
Sobre la definición de la RBU señalaron que se trata de un ingreso monetario modesto que tiene como características principales el ser una transferencia directa de una cuantía suficiente para satisfacer las necesidades elementales de la vida, que los poderes públicos confieren en forma periódica e individual a las personas ( y no a los hogares) de manera universal e incondicional, y que apunta a entregar seguridad a todos los individuos desde la cuna a la tumba.
En cuanto a las razones que explican por qué impulsar una RBU es una propuesta justa, señalaron que existen justificaciones éticas que se vinculan con distintas miradas. Una de ellas es la concepción propietarista, que entiende que los seres humanos tenemos una propiedad común sobre los recursos naturales y por lo tanto una distribución de la riqueza en la forma de una RBU sería una suerte de dividendo social que se entregaría a todas las personas por igual.
La segunda razón es la que alude a una “libertad real” que alude a una garantía del ejercicio de la libertad más allá del reconocimiento formal, y que permite un desarrollo real de los planes de vida particulares, no sólo como una cuestión de derechos sino también como un acceso efectivo a bienes y oportunidades, maximizando dicho acceso a los miembros más desfavorecidos de la sociedad.
La tercera razón ética sería la republicana, que alude a la libertad entendida como “no dominación” y que entiende que los individuos sólo somos libres cuando esa libertad está garantizada políticamente, lo que se alcanzaría con una RBU.
En otro ámbito de razones, también se identifican otras de tipo pragmáticas que dicen relación con problemas concretos de la sociedad que podrían ser abordados mediante una RBU, como por ejemplo, la superación de la pobreza y los problemas de cobertura, la desburocratización y mayor eficiencia en la gestión, la desfragmentación del sistema de prestaciones sociales, y los problemas originados por los fenómenos de la automatización y la robotización y sus efectos en el empleo, entre otras.
En materia de efectos esperados, señalan los investigadores que todos ellos están debidamente documentados en la literatura, y destacan que una RBU podría tener resultados positivos en ámbitos de salud mental, nutricional y educativa; como también en aumentar el dinamismo económico, mejora de las desigualdades, transformación social y ecológica y reducción de diversas desigualdades, entre otros efectos.
Finalmente, sobre cómo incluir la RBU en la nueva constitución, los expositores señalan que antes de consagrar a la RBU como un derecho fundamental autónomo, se requiere constitucionalizar el interés que haga posible su futura materialización, cuestión que estiman se puede abordar a través de dos vías. La primera, es reconociendo expresamente el derecho a la asistencia social y a un mínimo vital para todos los individuos, o bien, la segunda es fijando en el texto constitucional a la RBU como una garantía de ambos derechos.
Si quieres escuchar la presentación completa, sigue este link: https://youtu.be/6zDXQQiAwCQ?t=10923
La Facultad de Economía y Negocios de la UAH junto al CiPP, convocaron a la presentación del proyecto «Does politics make you sick: examining the influence of political ideology on covid-19 mitigation across the Americas?».
La Facultad de Economía y Negocios de la UAH y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) invitaron a la presentación del proyecto «Does politics make you sick: examining the influence of political ideology on covid-19 mitigation across the Americas?» en un evento realizado el 03 de diciembre pasado por UAH TV Digital.
En la actividad se dio a conocer el proyecto financiado por la McDonnell International Scholars Academy de la Washington University in St. Louis, cuyo objetivo es estudiar la manera en que las actitudes políticas contribuyen o limitan los esfuerzos para enfrentar la pandemia de Covid-19 en cuatro países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Chile, y México.
En la ocasión, también se presentó uno de los estudios de este proyecto: “Covid y actitudes hacia el retiro anticipado de fondos previsionales en Chile: el rol de la confianza pública y la ideología política” cuyos autores son: Fernando López, Académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Representante para Chile de la McDonnell International Scholars Academy, Washington University in St. Louis; y Guillermo Rosas, Profesor de ciencia política y director asociado del Centro Weidenbaum sobre Economía, Gobierno y Políticas Públicas de Washington University in St. Louis.
El evento contó además con la participación de Sebastián Kaufmann, Vicerrector de Integración y Director de la Dirección de Cooperación Internacional UAH; Eduardo Abarzúa, Decano Facultad Economía y Negocios UAH e investigador asociado al CiPP; Ana María Fernández, Académica del Departamento de Ciencia Política e investigadora asociada al Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales de la UAH; y Antoine Maillet, Profesor asociado del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile e Investigador asociado del COES.
Fuente: FEN-UAH
El alto nivel de desconfianza al sistema de AFP y la ideología política, explicarían parte del apoyo ciudadano a los proyectos de retiros impulsados en los últimos dos años, en medio de incertidumbre por la aparición del COVID-19.
Esta es una de las conclusiones que arrojó el estudio “COVID-19 y actitudes hacia el retiro anticipado de fondos previsionales en Chile: El rol de la confianza pública y la ideología política”, presentado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.
Uno de los autores del estudio, Guillermo Rosas, explicó que éste forma parte de una investigación que analiza los impactos de la pandemia por COVID-19 en cuatro países de Latinoamérica: México, Colombia, Brasil y Chile. “Se trata de países que cuentan con un alto nivel de desarrollo dentro de la región”, argumentó.
El estudio aplicó una encuesta online a más de dos mil personas en enero de 2021. Para estudiar las actitudes hacia la política de retiro de fondos previsionales, los investigadores consultaron el grado de acuerdo de los encuestados sobre la siguiente afirmación: “Hay que permitir que la gente use sus ahorros previsionales durante la duración de la pandemia, sin tener que pagar multas por hacerlo”. Las alternativas fueron “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”. A nivel agregado, un 86% de los encuestados se mostró “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta medida, lo cual está en línea con lo que se ha registrado en otros sondeos.
Para medir la confianza en instituciones se utilizó la escala de 1 a 7, donde 1 representa “nada de confianza” y 7 “mucha confianza”. En este contexto, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reciben nota 2,0. Para Ana María Fernández la explicación de este dato radica en que “el sistema goza de una baja legitimidad” y que “un 69% de las personas culpabilizan de las bajas pensiones al sistema de AFP”.
El primer resultado del estudio arrojó que “las personas que estaban desempleadas, quienes experimentaron un deterioro en su situación económica y vivían en hogares con un mayor número de integrantes tendieron a estar de acuerdo con el retiro de fondos sin restricciones en un contexto de pandemia. En comparación a las generaciones más jóvenes, las personas mayores a 65 años se mostraron en desacuerdo con la política de retiro de fondos. No se encontraron diferencias significativas por sexo ni educación”.
“El retiro de fondos previsionales ha sido una política para mitigar las consecuencias de la pandemia en países como Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, Perú y Reino Unido”, explicó Fernando López
En segundo lugar, el estudio concluyó que quienes confían en el sistema de AFP y en las instituciones en general son quienes más rechazan el retiro de fondos previsionales. “Para el encuestado promedio un aumento de 1 a 7 en el nivel de confianza reduce en 22,6% la probabilidad de estar ‘muy de acuerdo’ con la política de retiro de fondos previsionales en un contexto de pandemia y aumenta en 8,9% la probabilidad de estar ‘muy en desacuerdo’ con esta política”.
Al respecto uno de los investigadores, Fernando López, plantea que “el retiro de fondos previsionales ha sido una política para mitigar las consecuencias de la pandemia en países como Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, Perú y Reino Unido”. El académico también señaló que “si bien la medida permite aliviar los efectos económicos de la pandemia, por otra parte, reduce el bienestar de personas con preferencias sesgadas hacia el presente y que no cuentan con conocimientos y herramientas para ahorrar para su vejez”.
Sobre esto el investigador asociado de COES, Antoine Maillet, agrega que “hay una dimensión colectiva en esta disposición a retirar los fondos de pensiones que desafía una lógica racional tradicional en el comportamiento individual. La confianza forma parte de la legitimidad y eso es importante porque en la construcción de las preferencias hay una visión colectiva donde se pone en discusión el rol del sistema”.
Como tercera conclusión, los autores del proyecto indican que “quienes se reconocen de derecha y quienes votaron por el actual presidente Piñera tendieron a mostrarse en desacuerdo con una política de retiro de fondos.” Entre las explicaciones para este resultado, Rosas y López plantean que “las personas de derecha podrían oponerse a los retiros de fondos porque esto reduce la capacidad del sistema para pagar pensiones futuras aumentando la necesidad de recursos y el tamaño del Estado”.
Sobre esto, Antoine Maillet expuso que “es importante situar estos resultados en el contexto histórico y social, así como en el malestar latente de la población con el sistema de AFP”.
El Vicerrector Sebastián Kaufmann indicó que “la economía puede estar en todos sus índices muy bien, pero si la convivencia humana, si la política no está alineada con las verdaderas necesidades del país se puede desmoronar todo muy fácilmente”.
En tanto, a modo de reflexión, el decano Eduardo Abarzúa enfatizó que “la pandemia y su efecto en la economía, en la pobreza, en la cohesión, son temas relevantes, permanentes y trascendentes que nos permiten cumplir con un propósito que es generar resultados y respuestas con una perspectiva multidisciplinaria”.
Revisa el evento completo en: https://fen.uahurtado.cl/2021/noticias/estudio-uah-y-washington-university-concluye-que-desconfianza-en-instituciones-e-ideologia-politica-podrian-haber-influido-en-los-retiros-de-fondos-de-las-afp/
Fernando López en CNN Chile sobre proyecto del gobierno de Pensión Garantizada Universal: “cualquier aumento en la promesa de este piso de pensión pondrá presión sobre la billetera fiscal en el futuro”
El pasado miércoles 8 de diciembre el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), que alcanzaría un monto de $185.000 al mes y llegaría a más de 2.300.000 personas. A raíz de esto, el académico e investigador CiPP, Fernando López, fue entrevistado en CNN Chile para conocer sus opiniones sobre este anuncio del gobierno y en general sobre las propuestas previsionales de los dos candidatos presidenciales.
López afirma que este anuncio va en línea tanto con las demandas ciudadanas como con lo que están proponiendo los candidatos presidenciales. Explica que según datos de la última encuesta de protección social que se aplicó antes de la pandemia, casi el 80 por ciento de las personas decía que el estado era el responsable de asegurar pensiones suficientes para la población y para todos, es decir, pensiones universales. Por lo tanto, hay consenso a nivel de la ciudadanía de que ese es el rol del estado.
Ambos candidatos proponen pensiones universales: por un lado Gabriel Boric propone una de 250 mil pesos, mientras que José Antonio Kast propone una pensión universal financiada por impuestos generales pero no ha definido aún su monto.
Actualmente, explica López, el pilar solidario beneficia solo al 60 por ciento de las personas más vulnerables, y con el anuncio del presidente se estaría llegando al 90 por ciento, poniendo un piso de una pensión de 185 mil pesos. Para Fernando López es vital entender que cualquier ofrecimiento que se haga hoy día de un determinado nivel de pensiones, es algo que se tiene que financiar no solo hoy, sino también en el futuro. Explica que nuestra demografía nos pone un desafío muy relevante; según datos de la ONU, al año 2019 teníamos 5 personas hasta 64 años que de cierta manera estaban trabajando y permitían financiar, a través de distintas formas de impuesto o de contribución, a las personas mayores de 65 años; al 2050, en el caso de Chile, ese número baja a 2,2, es decir, si hoy dia tienes 5 personas trabajando para financiar a un pensionado, en 2050 tendrás 2. Por lo tanto, cualquier aumento en la promesa de este piso de pensión pondrá presión sobre la billetera fiscal en el futuro.
López explica que una de las propuestas de J.A. Kast es depositar un millón de pesos para cada niño recién nacido para incentivar el ahorro. “Me parece una muy buena idea, la pregunta es de dónde se saca la plata y en qué es lo que dejas de gastar”, dice López. Y sigue: hoy está inundado de demandas sociales por mejor educación, mejor salud, de dónde, entonces, sale esa plata. Y por otra parte, toda forma de ahorro está expuesta a que en un par de años más se diga que estamos en una situación apremiante y se deben efectuar nuevos retiros. Eso es tremendamente popular y hemos visto que con una facilidad impresionante nuestro congreso se pone de acuerdo para satisfacer este tipo de iniciativas.
Finalmente, sobre las propuestas de ambos candidatos, explica que, por un lado, Gabriel Boric está proponiendo un modelo donde el estado administra el grueso de los ahorros previsionales, se realiza un aumento en las cotizaciones –lo que no es una medida popular –, y se plantea un esquema de solidaridad. Es importante saber que en general las personas no están de acuerdo con pagarle la pensión al jubilado de hoy día o en hacer mayores aportes. Y por otro lado, respecto de las propuestas de J.A.Kast, las personas no están de acuerdo en general con que los privados tengan un rol en la administración de los fondos de pensiones, y es un punto en donde no se transa. En definitiva, en opinión de López, está muy polarizada la situación y no se atiende por completo la demanda de la ciudadanía. “Estamos lejos de un intermedio”, finaliza.
Fabian Pressacco, investigador CiPP y académico UAH en La RED, sobre la posible reunión entre Gabriel Boric y Franco Parisi “puede ser un paso en falso …. sería validar a un candidato con una trayectoria cuestionable”.
Fabian Pressacco, fue entrevistado en su calidad de investigador asociado del CiPP por el medio La Red sobre los gestos de moderación de Gabriel Boric y los efectos que podría tener sobre su campaña una posible reunión con Franco Parisi. Revisa la entrevista completa.
Fuente: La Red
Analista UAH advierte a Boric por eventual reunión con Parisi: “Puede ser un paso en falso”.
El investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Pressacco, analizó el giro hacia el centro que ha dado la carta presidencial de Apruebo Dignidad y aseguró que la posible reunión con Franco Parisi “puede ser un paso en falso”, ya que sería “validar a un candidato con una trayectoria cuestionable”.
Por: Cristóbal Cruz
El hashtag “Para Vivir Mejor”, el apoyo a los emprendedores y la promesa de mayor seguridad ciudadana fueron algunas de las señales de la moderación del candidato presidencial Gabriel Boric, todas presentes en la franja electoral de cara a la segunda vuelta, transmitida este domingo por televisión.
En un intento por capturar los votos de centro e imponerse al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, para el abanderado de Apruebo Dignidad será clave conquistar al electorado de Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente que se alzó como la tercera mayoría nacional.
Sin embargo, de acuerdo al Doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Pressacco, esto podría traerle problemas a Boric. “Reunirse con Parisi puede ser un paso en falso”, asegura Pressacco, que considera que este gesto significaría “validar a un candidato con una trayectoria por lo menos cuestionable, que tiene un tema sensible para un electorado importante de Boric, que es lo relativo al no pago de la pensión de alimentos”.
Esto se da en el contexto de la eventual participación de Boric en “Bad Boys”, programa de YouTube de Franco Parisi que ya recibió como invitado a Kast, todo en medio de la reunión sostenida por estos dos últimos, donde se habría zanjado un acuerdo entre ambos.
En ese sentido, el académico considera que “una cosa es ir a la conquista del voto de los ciudadanos que votaron por Parisi y otra es validar, rendirse, dialogar con Parisi mismo”.
En cuanto a la moderación de Boric, Pressacco observa que aspectos como la migración y el orden público serán abordados con mayor énfasis, pero que este no debe perder la esencia de su proyecto político de izquierda. “Una cosa es buscar el voto del electorado más moderado y otra cosa es dejar atrás aquello que te permitió dejarte en segunda vuelta”, explica.
Estos nuevos matices de la candidatura de Boric se verán plasmados en su programa de gobierno, el que será actualizado este martes, según confirmaron desde su comando.
Cecilia Osorio: Las nuevas piezas de los comandos frente al balotaje presidencial.
Entrevistamos a Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH, para conocer su evaluación sobre la incorporación de dos destacadas mujeres a los comandos presidenciales. Conoce aquí su opinión.
Izkia Siches y Paula Daza son médicas con un importante rol durante la pandemia. Además, ambas poseen una amplia trayectoria tanto en el área de la salud como en la política. Una se destacó como líder gremial mientras que la otra encabezó la Subsecretaría de Salud Pública. Hoy forman parte activa de los comandos presidenciales de Gabriel Boric y José Antonio Kast.
La investigadora del CIPP, Cecilia Osorio cree que la incorporación de Izkia Siches suma a la campaña a un personaje público que cuenta con una valoración positiva por una parte importante de la población, dado el rol que el Colegio Médico ha desarrollado en la pandemia.
Izkia Siches
Para la académica se trata de un liderazgo joven, distinto y vinculado a la centro-izquierda pero sin militancia política como otras mujeres líderes del sector, Camila Vallejos y Karol Kariola del PC. Ha demostrado buen manejo, probidad, claridad y consecuencia en su discurso, agrega la académica. “Contribuye a ordenar la campaña de Boric sobre todo en un momento que tiene que sumar actores”, dice Osorio.
Paula Daza
Por su parte, el fichaje de Paula Daza en el comando de Kast va en la misma línea ya que, dice Cecilia Osorio, pese a la mala evaluación que tenía el ex Ministro Mañalich, ella era valorada de manera positiva en un perfil técnico. “Me imagino que buscan incluir un perfil femenino que hasta ahora la campaña de José Antonio Kast no lo tenía”, acota Osorio.
La investigadora del CIPP tiende a pensar que estas decisiones fueron más una coincidencia que algo programado y cree que lo que tratan de mostrar ambos comandos es que se están ampliando más allá de sus candidatos.
A juicio de Cecilia Osorio, Boric reaccionó más lento después del resultado de la primera vuelta sobre todo con un primer discurso enfocado más a sus votantes y no a una mayoría ciudadana que tiene que salir a convocar ahora. “Kast fue más acertado, con un tono más convocante, en una perspectiva como de estadista y que tiene que ver con las últimas acciones que ha realizado. El viaje a Estados Unidos busca demostrar que tiene contactos, que tiene redes, que es reconocido afuera y que en el fondo es un personaje con un perfil público más allá de nuestras fronteras”, comenta Osorio.
Por otro lado, la investigadora comenta que los partidos de derecha fueron muy rápidos y contundentes para apoyar a Kast, salvo Sichel que condiciona su apoyo. En el caso de Boric, agrega Osorio, la Democracia Cristiana se demoró una semana en respaldar su candidatura. Sin embargo, Osorio considera interesante la ocurrencia del movimiento ciudadano de difusión del apoyo a Boric.
Fabián Pressacco, investigador CiPP en Radio Biobío: “Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial”.
En el programa “Una Constitución para Chile”, de Radio Biobío, el lunes pasado se abordó la regionalización y descentralización en la nueva Carta Magna, oportunidad en la que estuvo como invitado Fabián Pressacco, académico de la UAH e investigador del CiPP.
El pasado 29 de noviembre, en la XXII edición de “Una Constitución para Chile”, un programa realizado por Radio Biobío y la Unión Europea (UE) en Chile, conducido por Tomás Mosciatti, se analizó el proceso de regionalización y centralización del país de cara a la construcción de la nueva Carta Magna. Como panelistas invitados estuvieron Sebastián Zárate, académico de la Universidad de Los Andes y Fabián Pressacco, académico de la UAH e investigador del CiPP.
Durante el programa de una hora, Mosciatti fue colocando sobre la mesa distintas temáticas, entre ellas: cómo observan los procesos de regionalización y descentralización, su evolución, analizando la emergente figura de “gobernador regional”; si en el nuevo ordenamiento político, Chile debía seguir siendo definido como un Estado Unitario; la conveniencia o no de continuar dividiendo regiones, creando nuevas; cuánto poder pueden llegar a tener las autoridades ejecutivas regionales; qué hacer para incentivar la inversión regional por parte de las empresas; cómo equilibrar las políticas nacionales con las regionales y cómo debe responder el poder central a los problemas regionales.
En el Programa “Una Constitución para Chile”, de Radio Biobío: Fabián Pressacco, Tomas Mosciatti y Sebastián Zárate
Consultado sobre cómo evalúa la situación actual en materia de los procesos de regionalización y descentralización que Chile ha llevado adelante, Pressacco sostuvo: “El país ha ido muy lentamente, muy gradualmente, incorporando reformas, innovaciones. Con más rapidez y velocidad en el ámbito de lo que es el tema municipal y mucho más gradualmente en un campo en donde tampoco el país tenía mucha experiencia que es en el ámbito regional; eso es uno de los aspectos que se critica muy fuertemente cuando se evalúa el proceso”. En esa línea, destacó la nueva figura del “gobernador(a) regional” y del “consejero(a) regional”.
Es por ello que, a modo de resumen, afirmó: “…el vaso, uno puede verlo medio lleno y medio vacío. ¿Hemos avanzado?, sí. ¿Ha sido muy lento?, sí, y no solamente respecto a los países de la OCDE. Si uno mira el barrio, América Latina, países tan centralistas, tan unitarios como el nuestro, con el mismo baraje cultural o muy parecido, han avanzado muy rápidamente en esto o mucho más rápidamente que nosotros. Si uno piensa en Perú, Colombia, Bolivia – que nadie podría decir que son de una raigambre cultural radicalmente distinta a la nuestra – han logrado innovar más rápidamente y llevar adelante procesos con mucha ventaja respecto de nosotros”.
Fabián Pressacco estuvo como panelista en la XXII edición del programa de Radio Biobío “Una Constitución para Chile”
A su juicio, la regionalización pasa por: “…asignar capacidad de toma de decisiones, con recursos para que sean las comunidades territoriales las que puedan resolver sobre el uso de un espacio común, con estándares compartidos, definir dónde ponen los énfasis, pues, finalmente, somos todos parte de un mismo país. Y eso es de lo que ha estado privada la sociedad, es parte de las injusticias, de las desigualdades”, enfatizando que: “…eso es parte de las inequidades que tiene nuestro país. Parte del desafío, es justamente construir sociedades territoriales, en donde tengamos acceso, independientemente de dónde nos toque nacer, a ciertos elementos básicos, que hacen, finalmente, la igualdad sustantiva de la sociedad”.
Puesto ante el planteamiento si los(as) gobernadores(as) regionales son figuras decorativas o cumplen su rol, Pressacco fue enfático: “Están haciendo camino al andar. Esta fue una discusión que se dio en el Congreso, entre los maximalistas y los realistas, digámoslo así, en donde claramente terminaron triunfando los realistas, es decir, mejor tener elección de gobernadores, aunque sea sin recursos, aunque sea sin muchas competencias, a no tener nada, como una forma también de constituir una plataforma sobre la cual permita después trabajar y poder hacer presión para poder introducir las innovaciones que todavía están pendientes”.
Ahora bien, acotó, la figura del gobernador: “Si uno lo mira desde el punto de vista formal, tiene mucho de decorativo, pero si uno lo mira desde el punto de vista político, es un hecho relevante, y eso le ha dado también la forma en que se han organizado. Inmediatamente, todos los gobernadores y gobernadoras, incluido el único que es del oficialismo, lograron constituirse en torno a una asociación de gobernadores y gobernadoras, y constituyeron una plataforma para presionar, para demandar, para poner el tranco, en cosas, por ejemplo, como la Ley de Rentas Regionales, que es algo que tendría que dotar de más recursos a los gobiernos que hoy día no tienen”.
“Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial. El territorio es más que tierra. Es historia. Es tejido social. Es cultura. Una mirada abierta, eso debiera ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones”.
Otra interrogante abrió el debate en torno a si Chile, en la nueva Constitución Política que surja, debía ser igual definido como Estado Unitario, ante lo cual, Pressacco planteó la discusión desde la óptica del binomio: “Unitarismo o Federalismo. Se puede seguir siendo perfectamente un Estado Unitario, sin patear el tablero para avanzar hacia un Estado Federal. Hay Estados Unitarios fuertemente descentralizados, que le reconocen mucha autonomía a las regiones, a los gobiernos municipales […]. Las regiones italianas son parte de un Estado que es formalmente Unitario, como el mismo caso del Estado español, y, sin embargo, las comunidades autónomas españolas, tienen facultades, competencias, recursos, que nosotros ni siquiera podríamos soñar. Entonces creo que esa discusión, es una discusión teórica, que es relevante, pero que finalmente uno podría avanzar hacia mantener ciertos componentes del Estado Unitario, pero claramente dotando de mucha más autonomía y capacidad de decisión a los territorios”.
Y su mirada sobre los criterios con los cuales se han creado las regiones en Chile es que son: “…una mezcla entre un juego cartográfico, jugando con el mapa, con una lógica muy electoral, porque finalmente las regiones son la base de la construcción de las circunscripciones y de los distritos, y eso tributaba en una determinada línea, para reforzar, para ponerle otro refuerzo más, al sistema político heredado del régimen autoritario. No es casual que haya habido mucha presión, mucha demanda, por construir regiones nuevas sobre la base de la identidad provincial, porque las provincias están muy arraigadas en Chile, culturalmente hablando – salvo regiones con más identidad, posiblemente, Magallanes o Biobío – pero si se mira desde otro punto de vista, el arraigo más fuerte está en las provincias, en las viejas provincias del sistema político”.
La regionalización y descentralización, cómo abordarla en la nueva Constitución Política
En esa perspectiva, aseguró que la única ventaja de llegar tarde en estas materias -comparándonos con países de otras latitudes: “…es que uno puede aprender de lo que han hecho bien o mal las otras experiencias, pero lo que tenemos que hacer, es pensar en un esquema que sirva para nosotros, para nuestro país. Y eso, es importante hacerlo, porque uno puede pensar en el Federalismo, las regiones italianas, las regiones francesas, en el modelo Federal Estadounidense, pero finalmente eso es ingeniería. Para que esto funcione debiera estar muy arraigado en aquellos problemas que la institucionalidad apunta a resolver”.
De ahí que sostuviera: “Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial. El territorio es más que tierra. Es historia. Es tejido social. Es cultura. Una mirada abierta, eso debiera ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones”.
Enrique Rajevic en las XVII Jornadas de Derecho Administrativo: “la voracidad de la política ha impedido generar una administración pública en forma porque, de alguna manera, empieza a generar un contrapeso con el gobierno de turno”.
La Universidad de La Serena y la Asociación de Derecho Administrativo Chileno (ADAD) realizaron las XVII Jornadas de Derecho Administrativo, los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2021, una tradicional actividad en el medio nacional que congrega a docentes, investigadores, abogados, abogadas y estudiantes que cultivan estas áreas del conocimiento jurídico para reflexionar y debatir. En la oportunidad, el académico e investigador asociado del CIPP, Enrique Rajevic, participó el día 25 de noviembre con su ponencia denominada “De la confusión a la distinción entre Gobierno y Administración del Estado”.
En primer lugar, el investigador explicó que intuitivamente se entiende que al hablar de función de Gobierno se habla de imprimir las grandes directrices y orientaciones a las políticas públicas, fijar prioridades en una función que está a cargo de personas. “La función administrativa es básicamente la ejecución de políticas públicas, la prestación de servicios”, dice.
En palabras de Rajevic, nuestras tres constituciones históricas han incurrido en una confusión conceptual en este punto. El artículo 60 de la Constitución del 25 decía: “un ciudadano con el título de presidente de la República administra el Estado y es el jefe supremo de la nación”; después, el artículo 71 de la constitución del 25 que se corresponde con el 81 de la constitución del 33, en ambos se confiaba a este presidente la administración y el gobierno del estado, es decir, ambas funciones en la misma persona”.
Enrique Rajevic continúa y hace alusión a algunos autores, donde se plantea la distinción entre los conceptos de “gobierno” y “administración”, como Hermógenes Pérez de Arce, político del siglo XIX, que en 1884 escribió el texto “El administrador público”. En el libro, explica, el autor traza la distinción entre ambos conceptos y cita: “por ser la administración una de las fases que presenta el ejecutivo se confunde generalmente el sentido de la acción de gobernar con la de administrar; gobernar es regir los intereses generales de la nación, representarla en sus relaciones con el extranjero, tomar participación en la formación de las leyes, dirigir los intereses colectivos, etc; administrar, en cambio, es ejecutar cada uno de los actos con que se da cumplimiento a la ley de interés general, cuya dirección superior tiene el Gobierno ……”.
También menciona a Valentín Letelier, y lee textual: “comprendamos alguna vez que una cosa es administrar y otra, dirigir la administración, una cosa es servir y otra reglamentar los servicios; que aun cuando la administración y el gobierno intervenga en los mismos asuntos, intervienen con distinta competencia …..”. El académico citó a estos y otros autores con el fin de dar a conocer que a fines del siglo XIX e inicios del XX ya se tenían estas nociones claras.
El investigador del CiPP señala que nuestra constitución vigente sigue el camino de la del 33 y la del 25, pues en el artículo 24, inciso primero, dice que “el gobierno de la administración le corresponde al presidente como jefe de estado”, y luego profundiza en el artículo 33 diciendo que “los ministros y ministras del estado son colaboradores inmediatos y directos del presidente en el gobierno y en la administración”. Por lo tanto, explica, uno podría decir que hay bases para distinguir porque se ocuparon ambas palabras, pero en rigor al ser entregadas al mismo órgano, la verdad es que esto se debilita. También se podría pensar que en el artículo 38 de la constitución vigente, que está en un epígrafe que se refiere a las bases generales de la administración del Estado, ahí uno podría decir que estaba la administración pura. Ahí de hecho aparece la carrera funcionaria con un principio de carácter técnico profesional, con igualdad de oportunidades, pero en rigor, la ley de bases generales de la administración del Estado no hizo la distinción de manera tan clara, aunque no digo que no la haga, porque los ministerios aparecen con las funciones típicas de gobierno y los servicios públicos, con las funciones típicas de administración, pero no hemos llegado a decantar con total claridad la función, en buena parte, porque “la voracidad de la política ha impedido generar una administración pública en forma porque, de alguna manera, empieza a generar un contrapeso al gobierno de turno”, concluye.
Tres ejemplos de esta falta de diferenciación que tenemos en nuestro texto constitucional son, primero, la precarización del empleo público en general; segundo, la desvinculación masiva de directivos públicos elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, que en principio son funciones de administración; y tercero, la falta de regulación del funcionamiento del gobierno.
Finalmente el académico reflexiona y dice que uno podría perfectamente seguir esta línea de que el presidente o presidenta tenga la conducción general del estado a través del gobierno y de la administración, dirigiendo esta última, y precisando que el gobierno es el responsable de la conducción política y de la definición de las políticas públicas, colocando en el gobierno, a sus ministros/as, subsecretarios/as, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, y eso sería el gobierno. El resto debería ser la administración pública, a cargo de la implementación de las políticas públicas y de proveer servicios públicos de manera continua y permanente, “esa debería ser nuestra aspiración”, concluye Rajevic.
Eduardo Abarzúa, decano de la FEN e investigador CiPP se integró al Consejo Asesor de Modernización de la Gestión y Transformación Digital del Gobierno Regional Metropolitano.
El consejo reúne a un importante grupo de académicos y representantes de la sociedad civil y los gremios organizados. Su objetivo, tal cual quedó establecido el pasado 12 de noviembre en la ceremonia de apertura del Consejo, es perfilarse como: “…un espacio de discusión y servir de puente al trabajo desde el GORE hacia la sociedad, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la co-creación de políticas, planes, programas y proyectos que permitan la modernización e innovación institucional”.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presidió la inauguración de esta instancia, ocasión en la que sostuvo: “la gobernanza para 8 millones de personas supone un desafío que va más allá del desarrollo de un software. Como institución estamos comprometidos con eso. Sin prisa, pero sin pausa”, precisando que: “No es sólo tecnología. Es red. Es alianzas. Es calle”.
Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo plantearon un amplio abanico de contenidos que deberían abordan en esta tarea que se les ha encomendado, entre los cuales destacaron: la transformación digital y cultural al servicio de las personas aparece como un ámbito clave; adecuar la cultura interna de las propias instituciones (GORE, municipios) a los procesos de modernización y transformación; conectarse más y mejor con los municipios, trabajando en red para unificar el trabajo desde los municipios con mayor desarrollo digital hasta aquellos con menores estándares, y cómo aplicar el concepto “Smart City” a cuestiones simples de la vida cotidiana como, por ejemplo, ayudar a los vecinos a abaratar su costo de vida o colaborar en la seguridad vecinal.
“Asumir este desafío se enmarca en uno de sus principios fundacionales que es la formación de liderazgos con impronta en lo social y el levantamiento de investigación aplicada para diseñar, implementar y promover políticas públicas que aporten al desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de nuestra sociedad como base de la construcción de un mundo mejor para todos y todas, en especial para la población más vulnerable”.
El decano de la FEN, Eduardo Abarzúa, valoró positivamente que el GORE Metropolitano esté inmerso en este objetivo de modernización de su gestión, de la mano de las transformaciones que las nuevas tecnologías permiten para la reducción de las brechas digitales de acceso, por ejemplo, a los servicios públicos. Así también destacó la importancia de potenciar estos procesos pensando en las personas, desde la perspectiva del contexto histórico que vive el país, recordando que el malestar generalizado de la población – manifestado en el estallido social – ha puesto en juego la legitimidad de nuestra democracia y de las instituciones, precisamente por la desconexión con las demandas y necesidades de la ciudadanía, lo que ha generado una crisis de credibilidad respecto de quienes detentan el poder.
“Uno de los pilares de la discusión constitucional en curso es la descentralización y nuestra prioridad es colaborar en la implementación y fortalecimiento de la Gobernación Regional como un sujeto político inédito en nuestra historia republicana, acercando al Estado con la diversidad de nuestro territorio”, sostuvo Abarzúa.
Para la FEN y la UAH en su conjunto, asumir este desafío se enmarca en uno de sus principios fundacionales que es la formación de liderazgos con impronta en lo social y el levantamiento de investigación aplicada para diseñar, implementar y promover políticas públicas que aporten al desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de nuestra sociedad como base de la construcción de un mundo mejor para todos y todas, en especial para la población más vulnerable.
Es por eso que, a lo largo de su trayectoria, la FEN ha ejecutado diferentes proyectos, tanto a nivel local como internacional, en el ámbito de los procesos de modernización del Estado y rediseños institucionales, combinando criterios técnicos y sociales para entregar soluciones que contribuyan a optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad de vida de las personas y el pleno respeto de los derechos fundamentales.
Facultad de Ciencias Sociales junto al CiPP organizaron el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”.
Los resultados del “Proyecto ANID 0476 de resiliencia y variabilidad geográfica del impacto por déficit o postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas frente a la pandemia COVID-19”, fueron presentados en el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”. La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales junto al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH, y tuvo como moderadora a Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CiPP.
Seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”
En el evento expusieron las y los académicos que participaron en el mencionado proyecto quienes comentaron las distintas aristas que implicó la investigación: Manuel Fuenzalida, investigador responsable del proyecto y académico del Departamento de Geografía de la UAH explicó los resultados en torno a las “Desigualdades territoriales de la postergación de atenciones hospitalarias en el contexto COVID-19”; Marcela Perticará, directora alterna del proyecto, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH e investigadora del CiPP expuso los “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia” ; María Paz Trebilcock, co investigadora y académica del Departamento de Sociología de la UAH entregó el análisis del estudio de las “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial” ; y Mario Millones, post doctorando del proyecto y académico de la Universidad Autónoma, abordó la “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”.
En la apertura, Fuenzalida destacó que: “Territorio y salud es un binomio que, en las últimas tres décadas, ha reunido suficiente evidencia para comprender que los efectos en salud varían geográficamente, y en particular que los residentes en territorios más vulnerables o desfavorecidos tienen peor salud que aquellos que habitan zonas menos vulnerables o más prósperas. Brecha que se está acentuando en el mundo a propósito de la pandemia”.
Manuel Fuenzalida
Y sobre la base de la elaboración de un visor territorial, Geosalud, centrado en tumores o neoplasias que permite entender cómo se comporta esta enfermedad en todas las regiones, dijo que: “Durante el 2020 bajamos la cantidad de ingresos hospitalarios por patologías de este tipo. Y un dato clave, las comunas que sí disponen de centros de alta complejidad, fueron las que definitivamente pudieron absorber de mejor forma a los residentes de esos territorios con este tipo de demanda y en aquellas comunas donde no se contaba con la especialidad para poder tratar este tema del cáncer, la diferencia fue importante”.
Perticará, en tanto explicó que la motivación del estudio “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia”, fue la de establecer: “…en qué medida existieron patrones diferenciados en las muertes por COVID y en las muertes por otras patologías, producto también de la misma situación pandémica”.
Marcela Perticará
En esa línea, destacó que establecer: “…qué tipos de correlaciones existen entre las muertes por pandemia y otras variables territoriales, que usualmente también afectan la prevalencia hacia ciertas enfermedades y por lo tanto también la probabilidad de fallecimiento”, contribuye sustancialmente al país en términos de estar: “…preparados justamente para enfrentar situaciones singulares a futuro y que tal vez vislumbremos maneras de pasar mejor la próxima crisis sanitaria que tengamos”.
En su exposición, sostuvo que: “Cuando uno ve el exceso de muertes que se acumuló solamente el año 2020, es poco más del 20%, es decir un 20% más de muertes en relación a las que prevalecían en años anteriores y existe, tal como los otros estudios mostraban, una alta heterogeneidad en cómo esto se produjo a lo largo de todo el territorio. Hay comunas, por ejemplo, que son altamente vulnerables como La Pintana y San Ramón, en las cuales el incremento en las muertes fue de alrededor del 50% con respecto a años anteriores”.
¿Cómo impactó la pandemia en la atención de otras patologías?
En esa perspectiva, resaltó entre las conclusiones que: “Tenemos territorios altamente vulnerables y más aislados, en los cuales nuestros indicadores de salud son bastante peores que en territorios menos vulnerados. Y lo que vemos es que la pandemia reflejó en ciertos momentos […] en particular en los dos peaks que tuvimos entre mayo y junio del 2020 y entre abril y junio del 2021, que las tasas de muertes en alguno de estos territorios, casi se duplicaron con respecto a la situación pre pandémica”.
Mario Millones
Todo ello, recalcó: “…debería darnos luces que no podemos basar la estrategia de enfrentar la tercera ola o la próxima pandemia, con una estrategia similar. Tal vez tenemos que tener un mix y estar preparados para integrar cuando fuese necesario, pero tenemos también que asegurar que los territorios más vulnerables tengan mejor acceso a la salud primaria […]. En los peaks, muchos de los consultorios estaban cerrados y muchos hospitales, inclusive algunos de baja complejidad también estaban con sus servicios acotados o con algunos de sus servicios cerrados, porque hubo médicos que habían sido trasladados para atención exclusiva COVID, entonces tal vez tenemos que aprender que eso no tenemos que repetirlo en el futuro”.
Mario Millones, quien expuso los resultados de su estudio sobre “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”, afirmó que dado el escenario actual, la flexibilidad metodológica: “…ya no es un diseño de investigación como opción, llegó para quedarse […] Vamos a tener que adherir a la flexibilidad constante porque los tiempos son bastante inciertos”, reseñando que los principales problemas detectados en la búsqueda de este tipo de organizaciones, radican en la obtención de información, de datos de contacto (correos electrónicos obsoletos, páginas web obsoletas); necesidad de actualizar las bases de datos y alta precariedad de las organizaciones de pacientes.
Con estas deficiencias, puntualizó: “…se evidencia un problema que terminará siendo un problema de política pública para el Ministerio, de reactualizar sus bases de datos con respecto a las organizaciones, de que la sociedad donde el espacio/tiempo está anclado al territorio – en el sentido de que uno puede hacer visitas domiciliarias a ciertas organizaciones – ya hoy en día, bajo esta nueva modalidad de sociedad, nése cumple, sino que son las redes sociales las que están siendo este nuevo espacio de visibilidad, de contactos, de comunicación […]. Sin embargo, una vez ya contactada con las fundaciones u organizaciones también surge la realidad que nos explica también, por qué ocurren muchos problemas de contacto, que tienen que ver con la alta precariedad de muchas organizaciones de pacientes y el poco personal que trabaja en ellas”.
María Paz Trebilcock
Trebilcock, por su parte, presentó los resultados de la investigación sobre “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial”, destacando que: “A pesar de la pandemia, existió en el fondo la posibilidad de parte de los enfermos crónicos de mantener algunas atenciones de salud, acceso a remedios, acceso hacer una atención primaria, atención por telemedicina, pero se percibe que hay una privatización en el acceso a la salud, sobre todo por tener que pagar por ella. El sistema de salud público generó una serie de limitantes para las personas para poder acceder a la salud en la pandemia […]. También que el empeoramiento de las condiciones de salud redunda en atención u hospitalización, y eso también tiene que ver con las emergencias”.
Asimismo, señaló que: “La oferta es muy importante para la atención de salud. Los territorios que tienen mejor infraestructura de salud permiten que las personas se atiendan mejor, con la presencia de hospitales, la presencia de centros médicos o de clínicas”, puntualizando que la dinámica local: “…del acceso a la salud implica de alguna manera romper el centralismo para mirar el sistema y, efectivamente, tratar de entender en el fondo las particularidades de cada uno de los centros con su propia oferta”.
[Columna de Opinión] Fernando López en El Mercurio Inversiones:
“Los retiros de fondos suman una nueva pieza de evidencia a la tesis de la baja sensibilidad de los afiliados a las comisiones que cobran las AFP”.
Fernando López, investigador CiPP y académico UAH, publicó una columna de opinión en El Mercurio Inversiones titulada “Retiro de fondos y competencia en la industria de AFP”, en la que plantea que la discusión de los cuatro retiros de fondos de las AFP y las propuestas para cambiar la estructura del sistema de pensiones, han dejado en un segundo plano la discusión sobre la competencia en la industria de AFP. Se refiere en particular a la falta de incentivos de las administradoras para reducir sus comisiones, sus causas y consecuencias.
López introduce su columna señalando que la discusión de cuatro retiros excepcionales, «por una sola vez», y las propuestas para cambiar la estructura del sistema de pensiones, han dejado en un segundo plano la discusión sobre la competencia en la industria de AFP.
Con anterioridad a la Comisión Marcel ya se argumentaba que la industria tenía un problema de competencia porque los afiliados no seleccionaban sus administradoras en base a comisiones, rentabilidad esperada y calidad de servicio, como lo haría un inversionista sofisticado y competente para conducir este “Mercedes Benz”. En la práctica, una de las consecuencias de que los cotizantes no decidan en base a estos criterios es que las administradoras incumbentes no tienen incentivos para reducir sus comisiones, porque esto no aumenta su base de clientes fuera de un esquema de licitaciones.
Señala que los retiros y la reducción en el stock de ahorro gestionado por las administradoras aportan nueva evidencia sobre la inercia de cotizantes que son poco sensibles a las comisiones que cobran las administradoras.
En efecto, el retiro de fondos redujo a cero (o a un nivel muy bajo) el stock de ahorros acumulados de un gran número de cotizantes, con lo cual la comisión se vuelve más relevante que la rentabilidad a la hora de elegir AFP.
Explica que si nos concentramos en las comisiones y las rentabilidades, aspectos más objetivos de la elección de AFP, un cotizante que haya retirado la totalidad de sus ahorros previsionales debería escoger una de las administradoras que cobre la menor comisión ……..Sin embargo, esto no ha ocurrido. A septiembre de 2021, habían 667 mil cotizantes con saldos inferiores a $500 mil en sus cuentas de capitalización individual afiliados a las cuatro AFPs más caras de la industria (Capital, Cuprum, Habitat, Provida).
….. En este escenario, los retiros de fondos suman una nueva pieza de evidencia a la tesis de la baja sensibilidad de los afiliados a las comisiones que cobran las AFP, señala el académico.
Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH, “Chile debería mirar a Uruguay donde se han hecho cargo de niños, niñas, y jóvenes en situación de exclusión escolar”.
Entrevistamos a Cristóbal Madero, investigador del CiPP para conocer su visión sobre los desafíos de Chile en materia de exclusión escolar y nos habló de cómo la experiencia de Uruguay entrega importantes lecciones que nuestro país debería observar. Conoce aquí sus opiniones.
El sistema educativo uruguayo es uno de los más avanzados y exitosos de toda América Latina y el Caribe. Esto se refleja, entre otros aspectos, en que posee uno de los índices de alfabetización más altos de toda la región y donde han implementado un sistema de protección a las trayectorias educativas.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP), Cristóbal Madero, señala que es un modelo que Chile debería observar ya que Uruguay ha entendido muy bien el fenómeno de la exclusión escolar. Para ello creó un sistema coordinado de dispositivos y servicios enfocados a terminar con esta situación que afecta principalmente a los más vulnerables socioeconómicamente y pertenecientes a grupos históricamente excluidos.
Uruguay posee un sistema articulado para enfrentar el abandono escolar a diferencia del nuestro que tiene una serie de mecanismos para abordar dimensiones de la exclusión escolar pero que actúan en forma separada. “Tenemos varios instrumentos como el Programa de Apoyo a la Retención Escolar por el cual los colegios reciben recursos por el número de alumnos que permanecen en primero medio, hay algunas escuelas que no son muchas y que funcionan como un lugar de reingreso escolar, contamos con un sistema de alerta temprana en los establecimientos públicos, pero no tenemos un sistema”, enfatiza Madero.
Otra de las novedades que tiene el sistema educativo uruguayo es el acceso a la tecnología gracias al Plan Ceibal que permite que todos los/las niños/as que ingresan al sistema educativo reciban un computador y la totalidad de los colegios del país cuentan con acceso gratuito a Internet. Lo que lo convierte en el país con mayor cantidad de centros educativos conectados a la red con la más alta expansión de la banda ancha en la educación y el único territorio con una computadora por alumno.
En Chile las cifras son muy diferentes a las uruguayas. El año pasado existían más de 186 mil menores y jóvenes, de entre 5 y 21 años, que dejaron el sistema escolar. Las comunas con mayor deserción son Antofagasta (1.120 alumnos), Maipú (1.031) y Santiago (1.003) En tanto, en 2020 se registraron 45.601 casos y en 2019 fueron 40.408 los niños y jóvenes que el sistema escolar no logró retener.
También el tema digital y el acceso a la red en nuestro país es completamente opuesto a la realidad uruguaya. En Chile uno de cada tres colegios tiene internet y algunos ni siquiera cuentan con computadores para sus estudiantes
En nuestro país, afirma Madero, hay múltiples factores que determinan que un estudiante esté excluido del sistema escolar. Su situación económica familiar, el nivel educacional de los padres, el valor que la familia le otorga a la educación, etc. También, señala el especialista, hay elementos asociados a la deserción escolar como la repitencia y el ausentismo. “Se van atrasando y la edad no corresponde con el curso en el que están, lo que los lleva a desmotivarse y a dejar la escuela”, afirma el académico.
Cristóbal Madero, cree que es urgente potenciar la educación pública y considera que esta es una labor esencial del Estado destacando que el sistema educativo chileno, que, si bien tiene una adecuada cobertura, necesita mejorar en calidad. El investigador declara que ningún país que alcanzó el desarrollo lo logró sin contar con una educación pública potente y de gran nivel. “No solo es una estructura nueva donde la educación ya no está en manos de las municipalidades, sino que debemos darle un sentido nuevo de lo que significa para el Estado asumir el rol fundamental que es educar a la ciudadanía. Las y los docentes son el agente clave en la resignificación de este rol.”, destaca el especialista.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, en La Red «El votante de Parisi es despolitizado, individualista y práctico».
Fuente: La Red
Para Fabián Pressacco, académico de la Universidad Alberto Hurtado, el ciudadano que vota por el líder del Partido De la Gente, tiene que ver con ese “ADN cultural” de la sociedad chilena vinculado al neoliberalismo y el “self made man” tan propio de la cultura estadounidense. “Un discurso muy individualista, muy mercantilista, esa mirada poco empática, cada uno por su lado. Eso ha calado muy hondo”, dice.
Sin duda la elección del domingo fue una sorpresa para muchos. En primer lugar por la primera mayoría de José Antonio Kast pero también por el tercer lugar de Franco Parisi, quien obtuvo un 12% superando a Sebastián Sichel de Chile Podemos Más.
El porcentaje de votos del fundador del Partido De la Gente no es menor, teniendo en cuenta que no se encontraba en Chile y que sobre él pesaban acusaciones de acoso sexual y líos judiciales por el no pago de pensión alimenticia.
“El triunfo de Kast es muestra de la crisis política”, decía anoche la directora de Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, como una muestra del descrédito y el desfonde de los partidos políticos tradicionales.
Algo que también podría explicar la candidatura de Parisi, quien además del 12% de los votos, logró seis escaños en la Cámara de Diputados. Una cifra para nada despreciable teniendo en cuenta que el partido se formó a fines de 2019.
Carlos Fabián Pressacco, Doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado, cree que los resultados de esta elección, -donde se esperaba una mayor votación por parte de Gabriel Boric-, se debe a este “exceso de retórica radical por parte de la izquierda”.
Según explica, este discurso, “se desacopla de un país que quiere reformas pero que no quiere tirar el país por la ventana”. “Si uno mira puertas adentro las conversaciones que tiene ese bloque, hay mucho más realismo, pero viene empaquetado de una radicalidad, con fuegos artificiales que a un sector del electorado en Chile no le hace mucha gracia”, señala en entrevista con La Red.cl.
El académico agrega que un sector de la sociedad está de acuerdo con mejorar ciertos aspectos “pero no con esta pretensión refundacional, que yo creo que es más del relato que de la sustancia”.
“El programa de Boric es socialdemócrata puntudo pero tampoco es la revolución bolchevique. Ya lo hemos visto en este país que esa radicalidad genera anticuerpos”, señala.
Es en este punto, según Pressaco, donde entra el votante de Parisi y el de Kast, y que tiene que ver con este “ADN cultural” vinculado al neoliberalismo.
“Nosotros somos de alguna forma más neoliberales de lo que somos capaces de reconocer y eso aparece acá. Porque el discurso de Parisi es incluso más radical en ese sentido que el de Kast: anti partido, anti elitista, anti oligárquico. Un discurso muy individualista, muy mercantilista, esa mirada poco empática, cada uno por su lado. Eso ha calado muy hondo”, señala Pressaco.
Para el politólogo, el votante de Franco Parisi tiene relación con esa figura del hombre hecho a sí mismo, muy propio de la cultura estadounidense.
“Es un votante despolitizado, muy pragmático, práctico, que confía mucho en sus capacidades. De hecho, Franco Parisi se presenta como un self made man, no le debo a nadie, no soy de la oligarquía. Y eso es lo que valora el votante, alguien que no requiere tanto del Estado, que le den las reglas claras, que le den una oportunidad, que lo ayuden pero no tanto”, afirma Pressaco.
La persona que vota por Parisi o que milita en el Partido De la Gente, las grandes reformas estructurales no le va ni le viene. Solo quiere que haya poca política, un Estado pequeño y que le entreguen las herramientas para poder surgir por sus propios medios.
Es un votante que pondera las cosas de forma distinta y que puede dejar pasar cosas, como por ejemplo, que su candidato no esté en Chile o que tenga causas pendientes.
“Es un votante que le importa poco eso y que por el contrario, requiere soluciones claras, pragmáticas, un votante más movido de cosas concretas, de este cosismo que instaló Joaquín Lavín. Un votante muy despolitizado”, insiste Pressaco.
El académico advierte que hay que estar atento a Parisi ya que le ve proyección.
“Uno podría pensar, un partido que consigue representación parlamentaria, que mantiene un caudal de votos en estas circunstancias, con un candidato que no trabajó en terreno, en el futuro con un candidato más presente podría tener la chance de aumentar y dar un salto populista”, señala.
Baja participación y una masa electoral que no se sabe cómo vota
Durante este tiempo se ha escuchado a varios políticos hablar de que la sociedad chilena está polarizada, sin embargo, para Pressaco no es tan así, sino que se trata de un país que está fragmentado en términos de intención de voto y de una ideología más amplia y no tan dura.
Además, existe una tensión entre el voto y la expresión ciudadana, las que no se expresan de la misma manera y que genera un problema de gobernabilidad.
“Finalmente los que gobiernan son aquellas personas elegidas en las elecciones, entonces si no hay mínima sintonía entre el resultado de la expresión ciudadana, entendida como las marchas, la cosa más callejera, con el resultado de los mecanismos institucionales tenemos un problema, porque hay gente que vota y elige un gobierno que luego otros marcharán en contra de ese gobierno elegido democráticamente”, indica.
Cabe recordar que la elección presidencial del domingo tuvo una alta abstención, que no llegó al 50%. De los 15.030.973 ciudadanos habilitados para votar, solo lo hicieron 7.115.590 personas, es decir, 47,3% del total. Esto es menos que el porcentaje de votaciones que se registró para el plebiscito para una nueva Constitución.
Para Pressaco hay tres perfiles de ese votante que se abstiene. El primero es ese ciudadano completamente desafectado que dice “por qué voy a ir a votar si mañana tengo que ir a trabajar igual”. El otro es el que sí votaba pero dejó de hacerlo porque está desencantado. “Podrían activarse si es que hay una propuesta que les permita repolitizarse frente a una coyuntura que les entregue una alternativa que les permita recobrar esa confianza que perdieron”, señala. En tercer lugar están las personas con una postura antisistémica y que se restan de todo proceso institucional porque no lo validan.
En cierta forma, el votante de Parisi es ese votante que ya dejó de creer en los partidos políticos tradicionales y entró en esa lógica de “política de supermercado”, según lo define Pressaco, donde si hay algo que no me gusta lo devuelvo.
“Una de las características de este ciudadano que vota por Parisi es un sujeto despolitizado, marcadamente individualista que piensa en su bienestar individual, que apuesta mucho al esfuerzo personal como pilar para salir adelante y que en ese sentido, un Estado más grande no es una solución, porque en parte a ese sector de la clase media le ha llegado menos ayuda”, reitera el académico.
En esa lógica, Pressaco señala que este “ADN cultural del neoliberalismo” en parte explica la razón de cómo se pudo pasar de un estallido social multitudinario a las victorias en las urnas de candidatos como Kast y Parisi.
“Conviven en esa lógica de demanda por más derechos pero desde una matriz individualista, es decir, colectiva para los beneficios pero individualista en la concepción que subyace en la demanda”, señala.
Según explica, un sector de la población que marchó en su momento respaldando la gratuidad de la educación o exigiendo mayores derechos sociales no lo hizo precisamente pensando que la educación podría hacer una sociedad más reflexiva y con pensamiento crítico. Su objetivo para apoyar las demandas iban por una motivación personal, inmediata y pragmática, como por ejemplo, el camino para conseguir un trabajo y ganar dinero.
“Ahí se cuela en los vasos capilares esta mirada neoliberal, donde yo soy dueño de mi vida”, señala Pressaco sobre las características de este votante que no se alinea con el discurso de izquierda ni de derecha y que Parisi logró capitalizar.
Eduardo Abarzúa, investigador CiPP y académico UAH en lanzamiento de publicación FEN-UAH y Revista Mensaje “En Chile tiene más primacía la lógica del ciudadano consumidor que el ciudadano político. Es mucho más relevante la libertad de elegir que el derecho a tener beneficios”.
Un claro llamado a establecer un nuevo contrato social entre los diversos actores comunitarios, el Estado y sus representantes, además del modelo económico, fue parte de las reflexiones surgidas en el lanzamiento de “La otra cara de la crisis: Legitimidad de la democracia en juego”, publicación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado en conjunto con la Revista Mensaje y que reúne las principales ideas y propuestas realizadas durante 2020 y 2021 en seis conversatorios.
El diálogo contó con la participación del Director de Mensaje, Juan Cristóbal Beytía S.J.; el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado e investigador CiPP, Eduardo Abarzúa; la Economista de London School of Economics, María José Becerra; el constituyente por el distrito 11, Patricio Fernández; y el constituyente por el distrito 8, Daniel Stingo.
Frente a la interrogante de cómo se reconstruye la gobernanza y la convivencia social en medio de los cambios políticos que vive el país y la redacción de una nueva Carta Magna, Daniel Stingo afirmó que como Convención Constitucional “tenemos la oportunidad histórica de sanar, integrarnos, restaurar la gobernanza”, además de hacer cambios que a las personas les hagan sentido.
Por su parte, Patricio Fernández indicó que “si algo parece haber mostrado el estallido social que nos tiene donde estamos actualmente es justamente que había un mundo muy amplio de cultura, identidades, marginalidades nuevas, no atendidas por el acuerdo en el que estábamos inmersos. La legitimidad del poder fue cuestionada porque eran muchos los que no se sentían parte del proceso”.
Algo que también precisó María José Becerra ejemplificando con la situación actual del país que, bajo su perspectiva, hay una extrema mercantilización de la vida, los servicios públicos, las políticas públicas y la seguridad social, además de la provisión de vivienda, salud y educación. “Tenemos que desmercantilizar el trabajo humano, tanto para hombres como para mujeres. Debemos ser capaces de ver cómo damos valor al trabajo decente y cómo reconocemos el valor del trabajo no remunerado, sobre todo a mujeres y cuidadores de nuestro país”, enfatizó la economista.
Una visión que el Director de Revista Mensaje compartió plenamente en su reflexión al abordar la distancia de las élites respecto del resto de la población del país, lo que ha generado tensión y ha gatillado estallidos sociales no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo. Por ello, Juan Cristóbal Beytía S.J. espera que la nueva constitución tenga que ganarse la legitimidad. “Es necesario que la constitución rinda cuentas, donde la gente se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones. La responsabilidad no es algo que esté de moda y tampoco tenemos mucha posibilidad de pedirle cuenta a las personas respecto a sus decisiones”, complementó el Director de Mensaje.
Por su parte el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Eduardo Abarzúa, planteó la existencia de un problema de articulación y coherencia en las relaciones construidas con el sistema político, la organización del Estado y el rol que tiene el mercado tanto en el acceso a servicios como a derechos sociales. “En nuestro país tiene más primacía la lógica del ciudadano consumidor que el ciudadano político. Es mucho más relevante la libertad de elegir que el derecho a tener beneficios”, puntualizó Abarzúa.
Desafíos de la Convención Constituyente
Para Daniel Stingo la convención “tiene que incluir cosas que a la gente le hagan sentido: forma de participación directa y democrática” a fin de dar voz a todos quienes han sido invisibilizados con la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. También deslizó una crítica a sectores dentro de la convención que estarían buscando que Chile no tenga una nueva constitución.
“Ha costado (ponerse de acuerdo), hay que poner de acuerdo voluntades y estoy esperanzado porque hay un Chile real dentro” de la Convención Constitucional, destacó Stingo.
Patricio Fernández, en tanto, resaltó que el actual proceso “es un buen comienzo para una gobernanza futura. No basta con eso, pero estamos buscando democráticamente un nuevo orden. No es una solución a lo inmediato, sino una solución en el camino de búsqueda de una nueva institucionalidad”.
En tanto, María José Becerra planteó que es necesario pensar cómo transitar a un marco constitucional donde la propiedad privada deje de lado a la propiedad colectiva y la función social de la propiedad. “Esperaría que florezca la economía plural, que se reconozca. Tenemos que dejar de tener algunos miedos que son bastante ideológicos”, indicó la economista.
Empleo Público y Nueva Constitución: Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y Núcleo Constitucional de la UAH, realizaron seminario para reflexionar sobre esta temática en nuestro país.
El evento, transmitido por UAH TV Digital, se realizó el miércoles 17 de noviembre con la participación de Eduardo Abarzúa, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH y Enrique Rajevic, Director del Departamento de Derecho Público de esta misma universidad, ambos investigadores del CiPP, junto a Natalia Henríquez Carreño. Vicepresidenta de la Convención Constitucional de Chile, electa por el distrito 9.
Para introducir y contextualizar la relevancia de convocar a esta conversación sobre empleo público y nueva constitución, el evento contó con las palabras y el saludo inicial de Sebastian Salazar, Coordinador Académico del Núcleo Constitucional Universidad Alberto Hurtado y Ximena Concha, Directora Ejecutiva del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la misma Universidad.
El primer panelista en intervenir fue Eduardo Abarzúa, quien partió su intervención valorando la convocatoria a este tipo de espacios de reflexión en la UAH, a través de una alianza entre el Núcleo Constitucional y el CiPP, y señaló que en Chile se requieren los mejores servicios públicos para dar continuidad a las políticas de Estado, destacando que el proceso constituyente es una gran oportunidad para fortalecer el empleo público. “Su actual precariedad es uno de los problemas que conspira contra la capacidad del Estado para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos como país.”, afirmó el académico.
El Decano de la FEN-UAH indicó además que “lo que se espera de la nueva Constitución en esta materia es que se diferencie en forma clara gobierno y administración”. “El gobierno es electo por la ciudadanía y es responsable de la conducción política del Estado y de la definición de políticas públicas. La administración es la que está a cargo de implementar las políticas públicas definidas por el gobierno electo y proveer a la ciudadanía de servicios públicos”, explicó el investigador del CIPP.
Luego, fue el turno del profesor Enrique Rajevic, quien junto con valorar también el espacio, explicó que el tema del empleo público ha sido abordado en las constituciones previas pero el problema es que las disposiciones han sido superadas por la realidad. “No hemos sido capaces de institucionalizar el empleo público de una manera adecuada y esto nos persigue en nuestra trayectoria institucional”, aclaró el Director del Departamento de Derecho Público de la UAH.
Rajevic fue claro en decir que no cree que el cambio de régimen político sea la clave para solucionar la situación del empleo público del país y puso como ejemplo a la época parlamentaria de Chile donde se criticaba la politización del sistema público.
Por su parte, la vicepresidenta de la Convención Constituyente, Natalia Henríquez agradeció la invitación de la UAH a participar de esta conversación, y, se refirió a su experiencia como médica internista del Hospital San José y más de 11 años en la red pública de salud del sector norte de Santiago. Comentó que, con cada cambio de gobierno, se reestructura siempre el recinto asistencial lo que va en contra de políticas de salud enfocadas al largo plazo y que existen criterios políticos que priman a la hora de designar a las autoridades. “Se sabe que ciertos servicios de salud se le dan a ciertos partidos políticos y un ejemplo de esto es mi hospital que se le entrega habitualmente al PPD y en algunas oportunidades a la DC”, comentó la constituyente.
Henríquez, afirmó que no existen políticas públicas que se proyecten en el tiempo, lo que influye negativamente en áreas como la salud que es intervenida con cada cambio de gobierno. Relató además que la estructura hospitalaria existente es modificada completamente y acusó que esto es producto de una estructura estatal débil, con una carrera funcionaria precaria y con gran cantidad de trabajadores a contrata que no logran generar un sentido de pertenencia con las instituciones donde trabajan, porque sienten que están de paso.
Consultada, al cierre del seminario, sobre su expectativa sobre el próximo gobierno, Henriquez fue clara en señalar “espero que quien llegue a la Moneda, deje trabajar a la convención”.
Carlos Andrade Guzmán, investigador CiPP y académico UAH, publicó “Trabajo social intradisciplinar en Chile. Evaluaciones realizadas por interventoras(es) en relación con aspectos de colaboración», en la revista Cuadernos de Trabajo Social n.º 16, 2021, UTEM, Erih plus.
El artículo, que difunde resultados de investigación aplicada en base a un diseño cuantitativo, explora la evaluación que hacen profesionales y técnicos en trabajo social a la hora de colaborar entre sí, en torno al desarrollo de intervenciones en niñez y discapacidad.
Tomando como referencia la colaboración que en torno a la intervención se desarrolla desde el Trabajo Social chileno en marcos de intradisciplinariedad, este trabajo responde cuantitativamente a las siguientes preguntas.
Primero, cuál es la evaluación que hacen profesionales y técnicas/os del trabajo social en relación con las estrategias colaborativas desarrolladas en el contexto de sus intervenciones y;
Segundo, cuál es la evaluación que realizan en torno al papel que cumplen los aspectos estructurales y personales a la hora de colaborar para intervenir.
Para contextualizar la importancia de la temática abordada, Carlos Andrade señala que la colaboración en el contexto de la intervención social ha sido reconocida como central para hacer frente a fenómenos sociales desde un marco de complejidad. En este contexto, el trabajo social chileno ha tenido, como característica de su forma de intervenir, la articulación colaborativa con otras/os. Ello, por ejemplo, desde compartir saberes para articular y desarrollar intervenciones que se ajusten a las necesidades de los territorios, entre otros.
Si bien se reconocen avances en el campo de conocimiento a nivel internacional, se advierte que, en términos generales, se ha puesto poca atención en torno a los diversos elementos que rodean a la colaboración intradisciplinar en la intervención entre quienes comparten la formación en trabajo social. En términos específicos, se advierte como aún más escaso el conocimiento generado en torno a la colaboración entre profesionales y técnicas/os de la disciplina. Reducir esta brecha en el campo de conocimiento es lo que busca este estudio.
En este sentido, explica el autor, densificar este campo de conocimiento es relevante para el trabajo social chileno, debido a que la disciplina se encuentra altamente fragmentada, habiendo, por ejemplo, profesionales formados en universidades que, tradicionalmente estudiando 5 años, obtienen tanto el título profesional como el grado de licenciatura. Por su parte, también en Chile se forman profesionales que estudian en institutos profesionales durante 4 años y que obtienen sus títulos profesionales sin el grado de licenciadas/os. Finalmente, en este país se forman igualmente personas interventoras que estudian el nivel técnico en trabajo social, tradicionalmente, en torno a dos años y medio de formación. Tomando este marco como referencia el año 2017, eran más de 420 los programas de formación disciplinar ofertados en el país (Iturrieta, 2017). Sin embargo, poco se han estudiado los elementos de colaboración que rodean este encuentro intradisciplinar a la hora de intervenir, por ejemplo, en relación con cómo interventoras/es evalúan las estrategias colaborativas desarrolladas y los aspectos estructurales y personales en la base de la colaboración, marco en el cual se sitúa este estudio.
En cuanto a sus resultados, y con base en las evaluaciones de quienes intervienen, el trabajo concluye que las condiciones estructurales requieren ser fortalecidas en pos de que la colaboración permita acercarse a resultados satisfactorios de intervención.
[Entrevistas] Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH en El Mostrador, sobre las elecciones presidenciales: “Todo va a depender de quiénes vayan a votar este domingo”
Fuente: El Mostrador
A días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 21 de noviembre,Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH, participó junto a Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales, en el programa Semana Política de El Mostrador, donde analizaron las claves de estos comicios. Se refirieron tanto a la campaña presidencial como a otros factores que podrían incidir en los resultados de este domingo, y reflexionaron sobre el significado de la acusación constitucional contra el presidente.
“Todo va a depender de quiénes van a ir a votar el domingo”, señaló Cecilia Osorio. Si va mayor población de más edad a votar, que quizás no fue en las últimas elecciones por estar en pandemia, podría favorecer a Kast y Provoste. Y si los jóvenes se levantan a votar, vendría a confirmar la tendencia del plebiscito, y eso podría favorecer a Boric y Sichel”, señaló.
Entre los elementos de esta campaña presidencial, Fuentes identificó en primer lugar “la polarización política, no tanto social como otros colegas han planteado”. “Hay dos modelos en disputa que se plantean en la esfera política. Por un lado, una postura que derivó en una cercanía con el pinochetismo, valores conservadores, defensa radical del modelo, sin Estado, anti-nueva Constitución, por el Rechazo, y una postura de la izquierda que plantea revisar el modelo económico, de sustentabilidad ambiental, relaciones de género”, ejemplificó.
En segundo lugar, se ha desarrollado una campaña donde se instaló “súper rápido un lenguaje político, violento, con mucho adjetivo calificativo, y que está muy exacerbado por las redes sociales” y que refleja “una pérdida de valores cívicos mínimos”.
Sobre este mismo tema, Cecilia Osorio agregó que “la campaña no ha sido violenta solo entre los candidatos, sino también hacia un otro, como hacia los inmigrantes o los pueblos originarios”. “Eso me parece uno de los puntos más peligrosos o preocupantes hoy. Esa deshumanización hacia un otro, esta construcción de un otro que me genera miedo y que es el causante de problemas públicos, que sabemos que no son causantes, ha surgido en este debate y eso me parece súper preocupante, y antes no había ocurrido con tanta claridad. Uno lee las preocupaciones de intelectuales previo a que ganara Trump y hay cosas que están ocurriendo acá y no ocurrían en campañas anteriores”, planteó.
Para la académica de la UAH, “estamos en un escenario de alta dispersión, con muchos candidatos, que es arriesgado y súper fluido para hacer proyecciones” y si bien hay situaciones “de Macondo”, como la postulación a distancia de Franco Parisi, “dudo que no pase nadie de la derecha, dado que tenemos una dispersión muy alta de siete candidatos”.
Claudio Fuentes agregó que otro punto a analizar, es lo “desvalorizado del rol de los programas”. “Son como la palabra escrita, el compromiso, pero esto de que las candidaturas vayan cambiando el programa, que lo que se entrega al Servel no es lo mismo que está al final para la campaña, o que, si cambia el escenario, lo puedo cambiar. Esa noción, que de hecho Kast lo planteó en el debate, lo encuentro peligrosísimo y es la puerta abierta al populismo más barato, es una relativización”, indicó.
En este contexto, hacer cálculos es arriesgado, admitieron los analistas, porque todo depende del tipo de elector que se levante a votar este 21 de noviembre.
Fuentes, en tanto, descartó un escenario con la derecha fuera de la segunda vuelta. “La elección presidencial no es lo mismo que las elecciones de la Convención, hay muy poco espacio para los independientes, no creo que terminemos con Parisi y Boric en segunda vuelta, dudo que pase eso”, aseguró.
Sobre los efectos del último debate en los electores, Osorio es clara en señalar que: “El votante que está decidido previo a un debate no necesariamente modifica su voto según el desempeño de los candidatos. El votante duro de Kast, independiente de su desempeño mucho más débil en este último debate, no creo que mueva su voto. Lo que sí creo que puede ocurrir es que se mueva el voto de un elector que no tiene tan claro entre Kast y Sichel y puede ser que algunos se pasen a Sichel”.
En todo caso, afirma Osorio, lo que quedó claro es que Kast representa a una “derecha dura, acérrima y excluyente”.
En cuanto a la figura de Yasna Provoste, la académica comentó que “su campaña ha sido débil en términos de convocar, y si bien ha tratado de marcar posiciones con su programa, no me queda tan claro si a río revuelto va a emerger el centro”.
Para Claudio Fuentes, otra clave son las elecciones parlamentarias, “porque el tipo de Congreso que se elija va a tener un impacto muy fuerte en la futura instalación de la nueva Constitución. Imagine que le vaya a bien a la derecha y tenga el 30-40% en el Congreso. Hay un vínculo entre la Convención y el futuro Congreso, por lo tanto, las elecciones parlamentarias son muy relevantes”, indicó.
Acusación contra Piñera y legado del gobierno.
Sobre el rechazo del Senado a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y si bien era un resultado “escrito”, dado el quórum exigido, los especialistas coinciden en que el hito estuvo en la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, más que en el trámite en la Cámara Alta.
Para Cecilia Osorio, hay una carga no solo simbólica en la decisión de rechazar la acusación contra el presidente, porque el presidente se queda, “pero hay una posición que es muy clara desde los representantes del parlamento de validar los argumentos desde los cuales se planteó la acusación constitucional”, de la que quedará una trazabilidad, y “quedará en los libros que es un presidente que fue acusado por la Cámara de Diputados”, y eso tiene un alto contenido simbólico.
“No se si esta será la mayor derrota para este gobierno, porque se trata de un gobierno que ya está muy debilitado, pero sin duda viene a terminar de remachar los últimos meses de un Gobierno que ha sido muy poco productivo”, señala Osorio.
Por su parte, el académico de la UDP, señaló que lo que ocurrió en el Senado tuvo menos relevancia de lo que pasó en la Cámara … aunque “Se sabía el resultado pero hay una sensación, que nunca pudo remontar el Presidente, de que efectivamente está condenado a la irrelevancia desde el punto de vista político y la opinión pública. Usualmente al final de su mandato los gobiernos tienden a subir, pero este Gobierno no lo logró y es muy difícil que lo logre”, sostuvo por su parte el académico de la UDP.
Sobre el legado de este gobierno, Cecilia Osorio señala que, lo cierto es que hay “un pato muy cojo”, un legado que no es positivo, de “un Gobierno que no supo asumir la crisis política desde el estallido en adelante, pudiendo haber reaccionado de otra manera”, con indolencia en materia de derechos humanos, y donde lo único positivo que destacaría es la vacunación ante la pandemia, concluye la investigadora del CiPP.
Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH, en La Tercera “¿Son los actuales requisitos para aspirar a la Presidencia de la República los más adecuados a ese cargo?
Esta es la pregunta que la investigadora CiPP y académica UAH, Miriam Henríquez, se plantea responder en su columna de opinión publicada el 15 de noviembre en Voces de La Tercera. Señala que motivados por los perfiles y las conductas de los candidatos presidenciales, así como por el proceso constituyente en curso, han surgido cuestionamientos sobre la pertinencia de los requisitos actuales.
Para contextualizar, Henríquez parte recordando que las exigencias que se establecen para presentar candidaturas a cargos de elección popular van desde la nacionalidad, la residencia, la edad, la formación, entre otros. En principio, cuando se contemplan estas exigencias se busca satisfacer el perfil que el cargo y la envergadura de la tarea imponen, al mismo tiempo que evitar la existencia de barreras de entrada que marginen a ciertas personas de presentar sus candidaturas.
Luego, hace un contrapunto entre los requisitos que se exigen para quienes están interesados o interesadas en ser candidatos a la Moneda, en contraposición a los exigidos para otros cargos de elección popular.
Algunos ejemplos que menciona en su columna son:
No se exige para ser Presidente el cumplimiento de requisitos de idoneidad que suelen estar vinculados con ciertos estudios, como sí se instituye para los demás cargos.
Tampoco se exige una residencia en el país por un lapso de tiempo previo a la elección …….. Ello permite, por ejemplo, que el candidato Franco Parisi haya inscrito su candidatura, realizado campaña y participar de las elecciones sin encontrarse en el país.
O bien, no estar sometido a procesos judiciales por deudas o no haber sido condenado en juicio (salvo estar acusado o condenado por delito que merezca aflictiva) no es un requisito para optar a la Presidencia de la República.
Concluye Henríquez señalando que probablemente, los mínimos requisitos para presentar candidaturas a la Presidencia se pensaron para que, en una democracia abierta y plural, cualquier ciudadana o ciudadano sea elegible en la más alta magistratura. Sin embargo, y más allá del régimen político que se defina en la nueva Carta, corresponderá revisar la necesidad de nuevos requisitos que aseguren la idoneidad de los candidatos, así como aquellos que pueden resultar anacrónicos, como la edad mínima.
Paola Sevilla y Leandro Sepúlveda, investigadores CiPP y académicos UAH: “En los programas presidenciales no se plantea realizar cambios estructurales a la educación técnica”
Los programas de los candidatos presidenciales no abordan en forma profunda el tema de la formación técnica en Chile y siguen viéndola como algo anexo a la educación general escolar y post secundaria. Ninguno plantea cambios estructurales y solo expresan mejorar aquello ya existente, sin cuestionar o proponer nuevas alternativas respecto a, por ejemplo, el lugar de la educación técnica en la enseñanza media, o el tipo de institucionalidad necesaria para favorecer un sistema integrado en función a políticas de desarrollo a nivel nacional o regional.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP), Leandro Sepúlveda y María Paola Sevilla, luego de analizar los programas de los candidatos presidenciales.
Paola Sevilla señala que hay una visión acotada de la educación técnica y que se restringe al espacio educativo, sin conectarla con la formación que acontece en el mercado laboral, en la formación de oficios, capacitación y certificación de competencias laborales. “Creo que esa es una falla que está presente en todos los comandos”, dice Sevilla.
La especialista agrega que entre Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Gabriel Boric hay un consenso en impulsar la educación técnica de nivel superior a través de los Centros de Formación Técnica estatales, política heredada del segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Sichel es partidario de impulsar estos CFT manteniendo el esquema de financiamiento actual a la educación técnica superior enfocado a la demanda, donde las instituciones reciben los recursos, ya sea por gratuidad o por otra vía en función de alumnos matriculados. En cambio, Boric y Provoste proponen la transformación del esquema de financiamiento que son los basales y, de esta manera, ellos proyectan potenciar estos centros estatales para su articulación con las necesidades socio productivas de sus regiones” puntualiza Sevilla.
Para Leandro Sepúlveda, este tema es relevante porque los CFT estatales están recién iniciándose y en la actualidad hay una alta concentración de matrícula en CFT e institutos profesionales que son privados. “Al plantear este tipo de financiamiento vemos un reforzamiento a instituciones que son estatales pero que hasta el momento no tienen incidencia significativa en la matrícula porque hay muy pocos y están recién en proceso de instalación; su desafío es lograr consolidar propuestas relevantes en los territorios y en vínculo con las iniciativas de desarrollo local o regional”, destaca el académico.
Por su parte, la docente afirma que uno de los aspectos en que avanzó el actual gobierno en torno a los centros de formación técnica es el marco de cualificaciones. Este es un instrumento que permite incorporar las necesidades del sector productivo en la oferta curricular de las instituciones. “Sebastián Sichel y Yasna Provoste rescatan este instrumento en sus programas y se ve una continuidad en ciertos aspectos que no se ve en el programa de Boric”, concluye Sevilla.
Otro de los aspectos que menciona Paola Sevilla es que en el programa del candidato del Pacto Apruebo Dignidad se observa un discurso que se esfuerza en superar el uso instrumental de la educación técnica dirigida a la consecución de un puesto de trabajo. “En general la educación técnica es asociada con la preparación de mano de obra calificada para un puesto de trabajo y el programa de Boric, por lo menos discursivamente va más allá, alejándola de esta perspectiva y abogando por una formación mucho más integral y en función de un crecimiento sostenible”, sostiene la especialista.
En tanto, el académico Leandro Sepúlveda señala que no se puede pensar en la formación técnica sin integrarla dentro del sistema educativo general y que lo que se observa en estos programas presidenciales es la dificultad de cuestionar el sistema educativo en su conjunto desde la perspectiva de la educación técnica. En el caso del programa de Boric, señala el investigador, hay un aspecto destacable: concebir el modelo de educación técnica de enseñanza media como el inicio de una trayectoria educativo-laboral que puede tener múltiples alternativas. Eso es importante porque permite concebir la educación técnica no como un pie forzado hacia un tipo de especialidad en particular, sino que como una alternativa amplia que el propio estudiante, a lo largo del tiempo, puede desarrollar.
Paola Sevilla comenta que en la actualidad la educación técnica se ve muchas veces afectada por los sesgos de género que perjudican a las mujeres y destaca que el único programa presidencial que aborda esta temática es el del Pacto Apruebo Dignidad. “Boric habla acerca de la importancia de que las mujeres puedan ser formadas en carreras masculinizadas que en general son las que tienen mejores perspectivas laborales”, destaca la académica.
En la misma línea, Leandro Sepúlveda, señala que en el programa del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se habla de crear oportunidades de emprendimiento para mujeres, lo que muestra también un sesgo de género. “Al enfatizar en una salida laboral de tipo emprendimiento significa reconocer las dificultades de inserción de las mujeres en puestos de trabajo y el implícito es que a las mujeres le va a costar más y, por lo tanto, lo que deberíamos apoyar son sus emprendimientos individuales”, cuestión que puede significar una contrapolítica de integración laboral puntualiza el investigador.
En los programas presidenciales no se hace mención a los docentes que trabajan en la formación técnica que son profesores diferentes a los del sistema escolar porque su vía de ingreso no es a través de las carreras de pedagogía. Es un estamento que tiene una alta tasa de rotación y muchos de los docentes actuales están envejeciendo. “Si se ha anticipado que faltarán docentes en el sistema escolar en la educación técnica esto es aún más crítico”, advierte Paola Sevilla.
Leandro Sepúlveda acota que en la propuesta de Boric hay un tema que le llamó la atención y que puede ser cuestionable: Vincular la oferta curricular técnico profesional con los programas de integración educativa; en el fondo, de la manera en que está planteado podría entenderse a la educación técnica como una alternativa de apoyo a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. El docente señala que en diversos actores del mundo educativo existe la idea que todo aquel individuo que no puede seguir el ritmo de una exigencia academicista tendría “la alternativa” de recurrir a la formación técnico profesional, lo que constituye una distorsión del sentido último de este tipo de educación.
Paola Sevilla recuerda que la propuesta de Yasna Provoste sobre la creación de un centro de desarrollo para la formación técnico profesional y una agencia nacional de cualificaciones es una política que viene desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Crear estas estructuras es un paso necesario, pero creo que propuestas como estas han estado presentes desde hace muchos años y no es novedad”, recalca la especialista.
En relación con el programa de José Antonio Kast los académicos observaron que éste se refiere a la educación dual y que señala que va a vincular los centros de formación con las universidades regionales. “No menciona a los centros de formación técnica ni a los institutos profesionales, y habla solo de las universidades regionales; más allá de esto, su propuesta apunta mayormente a “desmantelar” las reformas desarrolladas en los últimos años, enfatizar en el principio de elección educativa por parte de los padres y fortalecer un modelo educativo que enfatice en aspectos “valóricos” sin precisar a que hace referencia, pero que se intuye en un sesgo de conservadurismo religioso”, comenta Sepúlveda.
Los especialistas plantean que tanto Eduardo Artes como Franco Parisi no se refieren a la educación técnica en sus programas presidenciales. Agregan, que el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami hace un breve comentario haciendo un diagnóstico sobre el debilitamiento o freno del mercado laboral. Además, expone un cuestionamiento a la exacerbada oferta profesional que hay en la educación superior y resalta la importancia de una oferta técnica para formar a nuevos trabajadores. Lo que le parece interesante a Leandro Sepúlveda, aunque no ahonda en este punto en su propuesta.
¿Qué recomendación plantean a los candidatos?
Una primera idea que plantea Leandro Sepúlveda es pensar en una reforma a la enseñanza media, algo que nadie aborda. “Es necesario pensar que una educación técnica acorde al tiempo actual y no desde una visión rígida de salida temprana al mundo del trabajo, debería ser una opción que tienen las personas entre múltiples alternativas, porque una de las características del mundo actual es el constante cambio y readecuación de los sujetos a esa realidad. Entonces, un sistema educativo técnico profesional que es muy rígido no es funcional al mundo actual”, argumenta Sepúlveda.
Finalmente, Paola Sevilla, afirma que hay un gran valor de la educación técnica que tiene que ver con la inclusión de estudiantes de todos los estratos sociales, pero que este atributo podría quedar en entredicho porque sería acosta de la equidad de género. “Nosotros sabemos que las mujeres de menor nivel socioeconómico son las que se han incorporado a tasas crecientes en la ETP superior, pero mayoritariamente en aquellas carreras que las llevan a ciertas posiciones en el mercado laboral con muchas más desventajas que los hombres contribuyendo a las brechas de género en el mercado laboral”, sentencia la académica.
