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Red Chilena de Ingreso Básico, RBU, que integra nuestra investigadora asociada CiPP Carolina Rojas, expuso en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.

El pasado 01 de diciembre, representantes de la Red Chilena de Ingreso Básico, RBU, de la que forma parte nuestra investigadora asociada y académica UAH, Carolina Rojas, expusieron ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional una propuesta de Renta Básica Universal para Chile.

En su exposición, los miembros de la Red, Gabriela Cabañas y Cristobal Ramos, explicaron qué se entiende por una RBU, cuáles son las principales razones éticas y pragmáticas para impulsarla, qué efectos se espera producir en las personas y en la sociedad en general y de qué manera se podría consagrar este derecho en la nueva carta constitucional.

Sobre la definición de la RBU señalaron que se trata de un ingreso monetario modesto que tiene como características principales el ser una transferencia directa de una cuantía suficiente para satisfacer las necesidades elementales de la vida, que los poderes públicos confieren en forma periódica e individual a las personas ( y no a los hogares) de manera universal e incondicional, y que apunta a entregar seguridad a todos los individuos desde la cuna a la tumba.

En cuanto a las razones que explican por qué impulsar una RBU es una propuesta justa, señalaron que existen justificaciones éticas que se vinculan con distintas miradas. Una de ellas es la concepción propietarista, que entiende que los seres humanos tenemos una propiedad común sobre los recursos naturales y por lo tanto una distribución de la riqueza en la forma de una RBU sería una suerte de dividendo social que se entregaría a todas las personas por igual.

La segunda razón es la que alude a una “libertad real” que alude a una garantía del ejercicio de la libertad más allá del reconocimiento formal, y que permite un desarrollo real de los planes de vida particulares, no sólo como una cuestión de derechos sino también como un acceso efectivo a bienes y oportunidades, maximizando dicho acceso a los miembros más desfavorecidos de la sociedad.

La tercera razón ética sería la republicana, que alude a la libertad entendida como “no dominación” y que entiende que los individuos sólo somos libres cuando esa libertad está garantizada políticamente, lo que se alcanzaría con una RBU.

En otro ámbito de razones, también se identifican otras de tipo pragmáticas que dicen relación con problemas concretos de la sociedad que podrían ser abordados mediante una RBU, como por ejemplo, la superación de la pobreza y los problemas de cobertura, la desburocratización y mayor eficiencia en la gestión, la desfragmentación del sistema de prestaciones sociales, y los problemas originados por los fenómenos de la automatización y la robotización y sus efectos en el empleo, entre otras.

En materia de efectos esperados, señalan los investigadores que todos ellos están debidamente documentados en la literatura, y destacan que una RBU podría tener resultados positivos en ámbitos de salud mental, nutricional y educativa; como también en aumentar el dinamismo económico, mejora de las desigualdades, transformación social y ecológica y reducción de diversas desigualdades, entre otros efectos.

Finalmente, sobre cómo incluir la RBU en la nueva constitución, los expositores señalan que antes de consagrar a la RBU como un derecho fundamental  autónomo, se requiere constitucionalizar el interés que haga posible su futura materialización, cuestión que estiman se puede abordar a través de dos vías. La primera, es reconociendo expresamente el derecho a la asistencia social y a un mínimo vital para todos los individuos, o bien, la segunda es fijando en el texto constitucional a la RBU como una garantía de ambos derechos.

Si quieres escuchar la presentación completa, sigue este link: https://youtu.be/6zDXQQiAwCQ?t=10923

 

La Facultad de Economía y Negocios de la UAH junto al CiPP, convocaron a la presentación del proyecto «Does politics make you sick: examining the influence of political ideology on covid-19 mitigation across the Americas?».

La Facultad de Economía y Negocios de la UAH y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) invitaron a la presentación del proyecto «Does politics make you sick: examining the influence of political ideology on covid-19 mitigation across the Americas?» en un evento realizado el 03 de diciembre pasado por UAH TV Digital.

En la actividad se dio a conocer el proyecto financiado por la McDonnell International Scholars Academy de la Washington University in St. Louis, cuyo objetivo es estudiar la manera en que las actitudes políticas contribuyen o limitan los esfuerzos para enfrentar la pandemia de Covid-19 en cuatro países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Chile, y México. 

En la ocasión, también se presentó uno de los estudios de este proyecto: “Covid y actitudes hacia el retiro anticipado de fondos previsionales en Chile: el rol de la confianza pública y la ideología política” cuyos autores son: Fernando López, Académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Representante para Chile de la McDonnell International Scholars Academy, Washington University in St. Louis; y Guillermo Rosas, Profesor de ciencia política y director asociado del Centro Weidenbaum sobre Economía, Gobierno y Políticas Públicas de Washington University in St. Louis.

El evento contó además con la participación de Sebastián Kaufmann, Vicerrector de Integración y Director de la Dirección de Cooperación Internacional UAH; Eduardo Abarzúa, Decano Facultad Economía y Negocios UAH e investigador asociado al CiPP; Ana María Fernández, Académica del Departamento de Ciencia Política e investigadora asociada al Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales de la UAH; y Antoine Maillet, Profesor asociado del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile e Investigador asociado del COES.

Fuente: FEN-UAH

El alto nivel de desconfianza al sistema de AFP y la ideología política, explicarían parte del apoyo ciudadano a los proyectos de retiros impulsados en los últimos dos años, en medio de incertidumbre por la aparición del COVID-19.

Esta es una de las conclusiones que arrojó el estudio “COVID-19 y actitudes hacia el retiro anticipado de fondos previsionales en Chile: El rol de la confianza pública y la ideología política”, presentado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.

Uno de los autores del estudio, Guillermo Rosas, explicó que éste forma parte de una investigación que analiza los impactos de la pandemia por COVID-19 en cuatro países de Latinoamérica: México, Colombia, Brasil y Chile. “Se trata de países que cuentan con un alto nivel de desarrollo dentro de la región”, argumentó.

El estudio aplicó una encuesta online a más de dos mil personas en enero de 2021. Para estudiar las actitudes hacia la política de retiro de fondos previsionales, los investigadores consultaron el grado de acuerdo de los encuestados sobre la siguiente afirmación: “Hay que permitir que la gente use sus ahorros previsionales durante la duración de la pandemia, sin tener que pagar multas por hacerlo”. Las alternativas fueron “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”. A nivel agregado, un 86% de los encuestados se mostró “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta medida, lo cual está en línea con lo que se ha registrado en otros sondeos.

Para medir la confianza en instituciones se utilizó la escala de 1 a 7, donde 1 representa “nada de confianza” y 7 “mucha confianza”. En este contexto, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reciben nota 2,0. Para Ana María Fernández la explicación de este dato radica en que “el sistema goza de una baja legitimidad” y que “un 69% de las personas culpabilizan de las bajas pensiones al sistema de AFP”.

El primer resultado del estudio arrojó que “las personas que estaban desempleadas, quienes experimentaron un deterioro en su situación económica y vivían en hogares con un mayor número de integrantes tendieron a estar de acuerdo con el retiro de fondos sin restricciones en un contexto de pandemia. En comparación a las generaciones más jóvenes, las personas mayores a 65 años se mostraron en desacuerdo con la política de retiro de fondos. No se encontraron diferencias significativas por sexo ni educación”.

“El retiro de fondos previsionales ha sido una política para mitigar las consecuencias de la pandemia en países como Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, Perú y Reino Unido”, explicó Fernando López

En segundo lugar, el estudio concluyó que quienes confían en el sistema de AFP y en las instituciones en general son quienes más rechazan el retiro de fondos previsionales. “Para el encuestado promedio un aumento de 1 a 7 en el nivel de confianza reduce en 22,6% la probabilidad de estar ‘muy de acuerdo’ con la política de retiro de fondos previsionales en un contexto de pandemia y aumenta en 8,9% la probabilidad de estar ‘muy en desacuerdo’ con esta política”.

Al respecto uno de los investigadores, Fernando López, plantea que “el retiro de fondos previsionales ha sido una política para mitigar las consecuencias de la pandemia en países como Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, Perú y Reino Unido”. El académico también señaló que “si bien la medida permite aliviar los efectos económicos de la pandemia, por otra parte, reduce el bienestar de personas con preferencias sesgadas hacia el presente y que no cuentan con conocimientos y herramientas para ahorrar para su vejez”.

Sobre esto el investigador asociado de COES, Antoine Maillet, agrega que “hay una dimensión colectiva en esta disposición a retirar los fondos de pensiones que desafía una lógica racional tradicional en el comportamiento individual. La confianza forma parte de la legitimidad y eso es importante porque en la construcción de las preferencias hay una visión colectiva donde se pone en discusión el rol del sistema”.

Como tercera conclusión, los autores del proyecto indican que “quienes se reconocen de derecha y quienes votaron por el actual presidente Piñera tendieron a mostrarse en desacuerdo con una política de retiro de fondos.” Entre las explicaciones para este resultado, Rosas y López plantean que “las personas de derecha podrían oponerse a los retiros de fondos porque esto reduce la capacidad del sistema para pagar pensiones futuras aumentando la necesidad de recursos y el tamaño del Estado”.

Sobre esto, Antoine Maillet expuso que “es importante situar estos resultados en el contexto histórico y social, así como en el malestar latente de la población con el sistema de AFP”.

El Vicerrector Sebastián Kaufmann indicó que “la economía puede estar en todos sus índices muy bien, pero si la convivencia humana, si la política no está alineada con las verdaderas necesidades del país se puede desmoronar todo muy fácilmente”.

En tanto, a modo de reflexión, el decano Eduardo Abarzúa enfatizó que “la pandemia y su efecto en la economía, en la pobreza, en la cohesión, son temas relevantes, permanentes y trascendentes que nos permiten cumplir con un propósito que es generar resultados y respuestas con una perspectiva multidisciplinaria”.

Revisa el evento completo en: https://fen.uahurtado.cl/2021/noticias/estudio-uah-y-washington-university-concluye-que-desconfianza-en-instituciones-e-ideologia-politica-podrian-haber-influido-en-los-retiros-de-fondos-de-las-afp/

Fernando López en CNN Chile sobre proyecto del gobierno de Pensión Garantizada Universal: “cualquier aumento en la promesa de este piso de pensión pondrá presión sobre la billetera fiscal en el futuro” 

El pasado miércoles 8 de diciembre el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), que alcanzaría un monto de $185.000 al mes y llegaría a más de 2.300.000 personas. A raíz de esto, el académico e investigador CiPP, Fernando López, fue entrevistado en CNN Chile para conocer sus opiniones sobre este anuncio del gobierno y en general sobre las propuestas previsionales de los dos candidatos presidenciales. 

López afirma que este anuncio va en línea tanto con las demandas ciudadanas como con lo que están proponiendo los candidatos presidenciales. Explica que según datos de la última encuesta de protección social que se aplicó antes de la pandemia, casi el 80 por ciento de las personas decía que el estado era el responsable de asegurar pensiones suficientes para la población y para todos, es decir, pensiones universales. Por lo tanto,  hay consenso a nivel de la ciudadanía de que ese es el rol del estado. 

Ambos  candidatos proponen pensiones universales: por un lado Gabriel Boric propone una de 250 mil pesos, mientras que José Antonio Kast propone una pensión universal financiada por impuestos generales pero no ha definido aún su monto. 

Actualmente, explica López, el pilar solidario beneficia solo al 60 por ciento de las personas más vulnerables, y con el anuncio del presidente se estaría llegando al 90 por ciento, poniendo un piso de una pensión de 185 mil pesos. Para Fernando López es vital entender que cualquier ofrecimiento que se haga hoy día de un determinado nivel de pensiones, es algo que se tiene que financiar no solo hoy, sino también en el futuro. Explica que nuestra demografía nos pone un desafío muy relevante; según datos de la ONU, al año 2019 teníamos 5 personas hasta 64 años que de cierta manera estaban trabajando y permitían financiar, a través de distintas formas de impuesto o de contribución, a las personas mayores de 65 años; al 2050, en el caso de Chile, ese número baja a 2,2, es decir, si hoy dia tienes 5 personas trabajando para financiar a un pensionado, en 2050 tendrás 2. Por lo tanto, cualquier aumento en la promesa de este piso de pensión pondrá presión sobre la billetera fiscal en el futuro. 

López explica que una de las propuestas de J.A. Kast es depositar un millón de pesos para cada niño recién nacido para incentivar el ahorro. “Me parece una muy buena idea, la pregunta es de dónde se saca la plata y en qué es lo que dejas de gastar”, dice López. Y sigue: hoy está inundado de demandas sociales por mejor educación, mejor salud, de dónde, entonces, sale esa plata. Y por otra parte, toda forma de ahorro está expuesta a que en un par de años más se diga que estamos en una situación apremiante y se deben efectuar nuevos retiros. Eso es tremendamente popular y hemos visto que con una facilidad impresionante nuestro congreso se pone de acuerdo para satisfacer este tipo de iniciativas. 

Finalmente, sobre las propuestas de ambos candidatos, explica que, por un lado, Gabriel Boric está proponiendo un modelo donde el estado administra el grueso de los ahorros previsionales, se realiza un aumento en las cotizaciones –lo que no es una medida popular –, y se plantea un esquema de solidaridad. Es importante saber que en general las personas no están de acuerdo con pagarle la pensión al jubilado de hoy día o en hacer mayores aportes. Y por otro lado, respecto de las propuestas de J.A.Kast, las personas no están de acuerdo en general con que los privados tengan un rol en la administración de los fondos de pensiones, y es un punto en donde no se transa. En definitiva, en opinión de López, está muy polarizada la situación y no se atiende por completo la demanda de la ciudadanía. “Estamos lejos de un intermedio”, finaliza. 

Para ver el programa completo sigue el siguiente link: https://www.cnnchile.com/programas-completos/agenda-economica-fernando-lopez-analisis-programa-boric-kast_20211209/

 

Fabian Pressacco, investigador CiPP y académico UAH en La RED, sobre la posible reunión entre Gabriel Boric y Franco Parisi “puede ser un paso en falso …. sería validar a un candidato con una trayectoria cuestionable”.

Fabian Pressacco, fue entrevistado en su calidad de investigador asociado del CiPP por el medio La Red sobre los gestos de moderación de Gabriel Boric y los efectos que podría tener sobre su campaña una posible reunión con Franco Parisi. Revisa la entrevista completa.

Fuente: La Red

Analista UAH advierte a Boric por eventual reunión con Parisi: “Puede ser un paso en falso”.

El investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Pressacco, analizó el giro hacia el centro que ha dado la carta presidencial de Apruebo Dignidad y aseguró que la posible reunión con Franco Parisi “puede ser un paso en falso”, ya que sería “validar a un candidato con una trayectoria cuestionable”.

Por: Cristóbal Cruz

El hashtag “Para Vivir Mejor”, el apoyo a los emprendedores y la promesa de mayor seguridad ciudadana fueron algunas de las señales de la moderación del candidato presidencial Gabriel Boric, todas presentes en la franja electoral de cara a la segunda vuelta, transmitida este domingo por televisión.

En un intento por capturar los votos de centro e imponerse al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, para el abanderado de Apruebo Dignidad será clave conquistar al electorado de Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente que se alzó como la tercera mayoría nacional.

Sin embargo, de acuerdo al Doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Pressacco, esto podría traerle problemas a Boric.
“Reunirse con Parisi puede ser un paso en falso”, asegura Pressacco, que considera que este gesto significaría “validar a un candidato con una trayectoria por lo menos cuestionable, que tiene un tema sensible para un electorado importante de Boric, que es lo relativo al no pago de la pensión de alimentos”.

Esto se da en el contexto de la eventual participación de Boric en “Bad Boys”, programa de YouTube de Franco Parisi que ya recibió como invitado a Kast, todo en medio de la reunión sostenida por estos dos últimos, donde se habría zanjado un acuerdo entre ambos.

En ese sentido, el académico considera que “una cosa es ir a la conquista del voto de los ciudadanos que votaron por Parisi y otra es validar, rendirse, dialogar con Parisi mismo”.

En cuanto a la moderación de Boric, Pressacco observa que aspectos como la migración y el orden público serán abordados con mayor énfasis, pero que este no debe perder la esencia de su proyecto político de izquierda.
“Una cosa es buscar el voto del electorado más moderado y otra cosa es dejar atrás aquello que te permitió dejarte en segunda vuelta”, explica.

Estos nuevos matices de la candidatura de Boric se verán plasmados en su programa de gobierno, el que será actualizado este martes, según confirmaron desde su comando.

Analista UAH advierte a Boric por eventual reunión con Parisi: “Puede ser un paso en falso”

 

Cecilia Osorio: Las nuevas piezas de los comandos frente al balotaje presidencial.

Entrevistamos a Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH, para conocer su evaluación sobre la incorporación de dos destacadas mujeres a los comandos presidenciales. Conoce aquí su opinión.

Izkia Siches y Paula Daza son médicas con un importante rol durante la pandemia. Además, ambas poseen una amplia trayectoria tanto en el área de la salud como en la política. Una se destacó como líder gremial mientras que la otra encabezó la Subsecretaría de Salud Pública. Hoy forman parte activa de los comandos presidenciales de Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La investigadora del CIPP, Cecilia Osorio cree que la incorporación de Izkia Siches suma a la campaña a un personaje público que cuenta con una valoración positiva por una parte importante de la población, dado el rol que el Colegio Médico ha desarrollado en la pandemia.

Izkia Siches

Para la académica se trata de un liderazgo joven, distinto y vinculado a la centro-izquierda pero sin militancia política como otras mujeres líderes del sector, Camila Vallejos y Karol Kariola del PC. Ha demostrado buen manejo, probidad, claridad y consecuencia en su discurso, agrega la académica. “Contribuye a ordenar la campaña de Boric sobre todo en un momento que tiene que sumar actores”, dice Osorio.

Paula Daza

Por su parte, el fichaje de Paula Daza en el comando de Kast va en la misma línea ya que, dice Cecilia Osorio, pese a la mala evaluación que tenía el ex Ministro Mañalich, ella era valorada de manera positiva en un perfil técnico. “Me imagino que buscan incluir un perfil femenino que hasta ahora la campaña de José Antonio Kast no lo tenía”, acota Osorio.

 La investigadora del CIPP tiende a pensar que estas decisiones fueron más una coincidencia que algo programado y cree que lo que tratan de mostrar ambos comandos es que se están ampliando más allá de sus candidatos.

 A juicio de Cecilia Osorio, Boric reaccionó más lento después del resultado de la primera vuelta sobre todo con un primer discurso enfocado más a sus votantes y no a una mayoría ciudadana que tiene que salir a convocar ahora. “Kast fue más acertado, con un tono más convocante, en una perspectiva como de estadista y que tiene que ver con las últimas acciones que ha realizado. El viaje a Estados Unidos busca demostrar que tiene contactos, que tiene  redes, que es reconocido afuera y que en el fondo es un personaje con un perfil público más allá de nuestras fronteras”, comenta Osorio.

 Por otro lado, la investigadora comenta que los partidos de derecha fueron muy rápidos y contundentes para apoyar a Kast, salvo Sichel que condiciona su apoyo. En el caso de Boric, agrega Osorio, la Democracia Cristiana se demoró una semana en respaldar su candidatura.  Sin embargo, Osorio considera interesante la ocurrencia del movimiento ciudadano de difusión del apoyo a Boric.

 

Fabián Pressacco, investigador CiPP en Radio Biobío: “Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial”.

En el programa “Una Constitución para Chile”, de Radio Biobío, el lunes pasado se abordó la regionalización y descentralización en la nueva Carta Magna, oportunidad en la que estuvo como invitado Fabián Pressacco, académico de la UAH e investigador del CiPP.

El pasado 29 de noviembre, en la XXII edición de “Una Constitución para Chile”, un programa realizado por Radio Biobío y la Unión Europea (UE) en Chile, conducido por Tomás Mosciatti, se analizó el proceso de regionalización y centralización del país de cara a la construcción de la nueva Carta Magna. Como panelistas invitados estuvieron Sebastián Zárate, académico de la Universidad de Los Andes y Fabián Pressacco, académico de la UAH e investigador del CiPP.

Durante el programa de una hora, Mosciatti fue colocando sobre la mesa distintas temáticas, entre ellas: cómo observan los procesos de regionalización y descentralización, su evolución, analizando la emergente figura de “gobernador regional”; si en el nuevo ordenamiento político, Chile debía seguir siendo definido como un Estado Unitario; la conveniencia o no de continuar dividiendo regiones, creando nuevas; cuánto poder pueden llegar a tener las autoridades ejecutivas regionales; qué hacer para incentivar la inversión regional por parte de las empresas; cómo equilibrar las políticas nacionales con las regionales y cómo debe responder el poder central a los problemas regionales.

En el Programa “Una Constitución para Chile”, de Radio Biobío: Fabián Pressacco, Tomas Mosciatti y Sebastián Zárate

Consultado sobre cómo evalúa la situación actual en materia de los procesos de regionalización y descentralización que Chile ha llevado adelante, Pressacco sostuvo: “El país ha ido muy lentamente, muy gradualmente, incorporando reformas, innovaciones. Con más rapidez y velocidad en el ámbito de lo que es el tema municipal y mucho más gradualmente en un campo en donde tampoco el país tenía mucha experiencia que es en el ámbito regional; eso es uno de los aspectos que se critica muy fuertemente cuando se evalúa el proceso”. En esa línea, destacó la nueva figura del “gobernador(a) regional” y del “consejero(a) regional”.

Es por ello que, a modo de resumen, afirmó: “…el vaso, uno puede verlo medio lleno y medio vacío. ¿Hemos avanzado?, sí. ¿Ha sido muy lento?, sí, y no solamente respecto a los países de la OCDE. Si uno mira el barrio, América Latina, países tan centralistas, tan unitarios como el nuestro, con el mismo baraje cultural o muy parecido, han avanzado muy rápidamente en esto o mucho más rápidamente que nosotros. Si uno piensa en Perú, Colombia, Bolivia – que nadie podría decir que son de una raigambre cultural radicalmente distinta a la nuestra – han logrado innovar más rápidamente y llevar adelante procesos con mucha ventaja respecto de nosotros”.

Fabián Pressacco estuvo como panelista en la XXII edición del programa de Radio Biobío “Una Constitución para Chile”

A su juicio, la regionalización pasa por: “…asignar capacidad de toma de decisiones, con recursos para que sean las comunidades territoriales las que puedan resolver sobre el uso de un espacio común, con estándares compartidos, definir dónde ponen los énfasis, pues, finalmente, somos todos parte de un mismo país.  Y eso es de lo que ha estado privada la sociedad, es parte de las injusticias, de las desigualdades”, enfatizando que: “…eso es parte de las inequidades que tiene nuestro país. Parte del desafío, es justamente construir sociedades territoriales, en donde tengamos acceso, independientemente de dónde nos toque nacer, a ciertos elementos básicos, que hacen, finalmente, la igualdad sustantiva de la sociedad”.

Puesto ante el planteamiento si los(as) gobernadores(as) regionales son figuras decorativas o cumplen su rol, Pressacco fue enfático: “Están haciendo camino al andar. Esta fue una discusión que se dio en el Congreso, entre los maximalistas y los realistas, digámoslo así, en donde claramente terminaron triunfando los realistas, es decir, mejor tener elección de gobernadores, aunque sea sin recursos, aunque sea sin muchas competencias, a no tener nada, como una forma también de constituir una plataforma sobre la cual permita después trabajar y poder hacer presión para poder introducir las innovaciones que todavía están pendientes”.

Ahora bien, acotó, la figura del gobernador: “Si uno lo mira desde el punto de vista formal, tiene mucho de decorativo, pero si uno lo mira desde el punto de vista político, es un hecho relevante, y eso le ha dado también la forma en que se han organizado. Inmediatamente, todos los gobernadores y gobernadoras, incluido el único que es del oficialismo, lograron constituirse en torno a una asociación de gobernadores y gobernadoras, y constituyeron una plataforma para presionar, para demandar, para poner el tranco, en cosas, por ejemplo, como la Ley de Rentas Regionales, que es algo que tendría que dotar de más recursos a los gobiernos que hoy día no tienen”.

“Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial. El territorio es más que tierra. Es historia. Es tejido social. Es cultura. Una mirada abierta, eso debiera ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones”.

Otra interrogante abrió el debate en torno a si Chile, en la nueva Constitución Política que surja, debía ser igual definido como Estado Unitario, ante lo cual, Pressacco planteó la discusión desde la óptica del binomio: “Unitarismo o Federalismo. Se puede seguir siendo perfectamente un Estado Unitario, sin patear el tablero para avanzar hacia un Estado Federal. Hay Estados Unitarios fuertemente descentralizados, que le reconocen mucha autonomía a las regiones, a los gobiernos municipales […].  Las regiones italianas son parte de un Estado que es formalmente Unitario, como el mismo caso del Estado español, y, sin embargo, las comunidades autónomas españolas, tienen facultades, competencias, recursos, que nosotros ni siquiera podríamos soñar. Entonces creo que esa discusión, es una discusión teórica, que es relevante, pero que finalmente uno podría avanzar hacia mantener ciertos componentes del Estado Unitario, pero claramente dotando de mucha más autonomía y capacidad de decisión a los territorios”.

Y su mirada sobre los criterios con los cuales se han creado las regiones en Chile es que son: “…una mezcla entre un juego cartográfico, jugando con el mapa, con una lógica muy electoral, porque finalmente las regiones son la base de la construcción de las circunscripciones y de los distritos, y eso tributaba en una determinada línea, para reforzar, para ponerle otro refuerzo más, al sistema político heredado del régimen autoritario. No es casual que haya habido mucha presión, mucha demanda, por construir regiones nuevas sobre la base de la identidad provincial, porque las provincias están muy arraigadas en Chile, culturalmente hablando – salvo regiones con más identidad, posiblemente, Magallanes o Biobío – pero si se mira desde otro punto de vista, el arraigo más fuerte está en las provincias, en las viejas provincias del sistema político”.

La regionalización y descentralización, cómo abordarla en la nueva Constitución Política

En esa perspectiva, aseguró que la única ventaja de llegar tarde en estas materias -comparándonos con países de otras latitudes: “…es que uno puede aprender de lo que han hecho bien o mal las otras experiencias, pero lo que tenemos que hacer, es pensar en un esquema que sirva para nosotros, para nuestro país. Y eso, es importante hacerlo, porque uno puede pensar en el Federalismo, las regiones italianas, las regiones francesas, en el modelo Federal Estadounidense, pero finalmente eso es ingeniería. Para que esto funcione debiera estar muy arraigado en aquellos problemas que la institucionalidad apunta a resolver”.

De ahí que sostuviera: “Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial. El territorio es más que tierra. Es historia. Es tejido social. Es cultura. Una mirada abierta, eso debiera ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones”.

Para escuchar el programa, sigue este link.

Enrique Rajevic en las XVII Jornadas de Derecho Administrativo: “la voracidad de la política ha impedido generar una administración pública en forma porque, de alguna manera, empieza a generar un contrapeso con el gobierno de turno”.

La Universidad de La Serena y la Asociación de Derecho Administrativo Chileno (ADAD) realizaron las XVII Jornadas de Derecho Administrativo, los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2021, una tradicional actividad en el medio nacional que congrega a docentes, investigadores, abogados, abogadas y estudiantes que cultivan estas áreas del conocimiento jurídico para reflexionar y debatir. En la oportunidad, el académico e investigador asociado del CIPP, Enrique Rajevic, participó el día 25 de noviembre con su ponencia denominada “De la confusión a la distinción entre Gobierno y Administración del Estado”.

En primer lugar, el investigador explicó que intuitivamente se entiende que al hablar de función de Gobierno se habla de imprimir las grandes directrices y orientaciones a las políticas públicas, fijar prioridades en una función que está a cargo de personas. “La función administrativa es básicamente la ejecución de políticas públicas, la prestación de servicios”, dice.

En palabras de Rajevic, nuestras tres constituciones históricas han incurrido en una confusión conceptual en este punto. El artículo 60 de la Constitución del 25 decía: “un ciudadano con el título de presidente de la República administra el Estado y es el jefe supremo de la nación”; después, el artículo 71 de la constitución del 25 que se corresponde con el 81 de la constitución del 33, en ambos se confiaba a este presidente la administración y el gobierno del estado, es decir, ambas funciones en la misma persona”.

Enrique Rajevic continúa y hace alusión a algunos autores, donde se plantea la distinción entre los conceptos de “gobierno” y “administración”, como Hermógenes Pérez de Arce,  político del siglo XIX, que en 1884 escribió el texto “El administrador público”. En el libro, explica, el autor traza la distinción entre ambos conceptos y cita: “por ser la administración una de las fases que presenta el ejecutivo se confunde generalmente el sentido de la acción de gobernar con la de administrar; gobernar  es regir los intereses generales de la nación, representarla en sus relaciones con el extranjero, tomar participación en la formación de las leyes, dirigir los intereses colectivos, etc; administrar, en cambio, es ejecutar cada uno de los actos con que se da cumplimiento a la ley de interés general, cuya dirección superior tiene el Gobierno ……”.

También menciona a Valentín Letelier, y lee textual: “comprendamos alguna vez que una cosa es administrar y otra, dirigir la administración, una cosa es servir y otra reglamentar los servicios; que aun cuando la administración y el gobierno intervenga en los mismos asuntos, intervienen con distinta competencia …..”. El académico citó a estos y otros autores con el fin de dar a conocer que a fines del siglo XIX e inicios del XX ya se tenían estas nociones claras.

El investigador del CiPP señala que nuestra constitución vigente sigue el camino de la del 33 y la del 25, pues en el artículo 24, inciso primero, dice que “el gobierno de la administración le corresponde al presidente como jefe de estado”, y luego profundiza en el artículo 33 diciendo que “los ministros y ministras del estado son colaboradores inmediatos y directos del presidente en el gobierno y en la administración”. Por lo tanto, explica,  uno podría decir que hay bases para distinguir porque se ocuparon ambas palabras, pero en rigor al ser entregadas al mismo órgano, la verdad es que esto se debilita. También se podría pensar que en el artículo 38 de la constitución vigente, que está en un epígrafe que se refiere a las bases generales de la administración del Estado, ahí uno podría decir  que estaba la administración pura. Ahí de hecho aparece la carrera funcionaria con un principio de carácter técnico profesional, con igualdad de oportunidades, pero en rigor, la ley de bases generales de la administración del Estado no hizo la distinción de manera tan clara, aunque no digo que no la haga, porque los ministerios aparecen con las funciones típicas de gobierno y los servicios públicos, con las funciones típicas de administración, pero no hemos llegado a decantar con total claridad la función, en buena parte, porque “la voracidad de la política ha impedido generar una administración pública en forma porque, de alguna manera, empieza a generar un contrapeso al gobierno de turno”, concluye.

Tres ejemplos de esta falta de diferenciación que tenemos en nuestro texto constitucional son, primero, la precarización del empleo público en general; segundo, la desvinculación masiva de directivos públicos elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, que en principio son funciones de administración; y tercero, la falta de regulación del funcionamiento del gobierno.

Finalmente el académico reflexiona y dice que uno podría perfectamente seguir esta línea de que el presidente o presidenta tenga la conducción general del estado a través del gobierno y de la administración, dirigiendo esta última, y precisando que el gobierno es el responsable de la conducción política y de la definición de las políticas públicas, colocando en el gobierno, a sus ministros/as, subsecretarios/as, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, y eso sería el gobierno. El resto debería ser la administración pública, a cargo de la implementación de las políticas públicas y de proveer servicios públicos de manera continua y permanente, “esa debería ser nuestra aspiración”, concluye Rajevic.

Revive acá la transmisión de su ponencia:

Eduardo Abarzúa, decano de la FEN e investigador CiPP se integró al Consejo Asesor de Modernización de la Gestión y Transformación Digital del Gobierno Regional Metropolitano.

Fuente: FEN-UAH

El decano de la FEN, Eduardo Abarzúa ha sido convocado a ser parte del Consejo Asesor de Modernización de la Gestión y Transformación Digital del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.

El consejo reúne a un importante grupo de académicos y representantes de la sociedad civil y los gremios organizados. Su objetivo, tal cual quedó establecido el pasado 12 de noviembre en la ceremonia de apertura del Consejo, es perfilarse como: “…un espacio de discusión y servir de puente al trabajo desde el GORE hacia la sociedad, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la co-creación de políticas, planes, programas y proyectos que permitan la modernización e innovación institucional”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presidió la inauguración de esta instancia, ocasión en la que sostuvo: “la gobernanza para 8 millones de personas supone un desafío que va más allá del desarrollo de un software. Como institución estamos comprometidos con eso. Sin prisa, pero sin pausa”, precisando que: “No es sólo tecnología. Es red. Es alianzas. Es calle”.

Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo plantearon un amplio abanico de contenidos que deberían abordan en esta tarea que se les ha encomendado, entre los cuales destacaron: la transformación digital y cultural al servicio de las personas aparece como un ámbito clave; adecuar la cultura interna de las propias instituciones (GORE, municipios) a los procesos de modernización y transformación; conectarse más y mejor con los municipios, trabajando en red para unificar el trabajo desde los municipios con mayor desarrollo digital hasta aquellos con menores estándares, y cómo aplicar el concepto “Smart City” a cuestiones simples de la vida cotidiana como, por ejemplo, ayudar a los vecinos a abaratar su costo de vida o colaborar en la seguridad vecinal.

“Asumir este desafío se enmarca en uno de sus principios fundacionales que es la formación de liderazgos con impronta en lo social y el levantamiento de investigación aplicada para diseñar, implementar y promover políticas públicas que aporten al desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de nuestra sociedad como base de la construcción de un mundo mejor para todos y todas, en especial para la población más vulnerable”.

El decano de la FEN, Eduardo Abarzúa, valoró positivamente que el GORE Metropolitano esté inmerso en este objetivo de modernización de su gestión, de la mano de las transformaciones que las nuevas tecnologías permiten para la reducción de las brechas digitales de acceso, por ejemplo, a los servicios públicos. Así también destacó la importancia de potenciar estos procesos pensando en las personas, desde la perspectiva del contexto histórico que vive el país, recordando que el malestar generalizado de la población – manifestado en el estallido social – ha puesto en juego la legitimidad de nuestra democracia y de las instituciones, precisamente por la desconexión con las demandas y necesidades de la ciudadanía, lo que ha generado una crisis de credibilidad respecto de quienes detentan el poder.

“Uno de los pilares de la discusión constitucional en curso es la descentralización y nuestra prioridad es colaborar en la implementación y fortalecimiento de la Gobernación Regional como un sujeto político inédito en nuestra historia republicana, acercando al Estado con la diversidad de nuestro territorio”, sostuvo Abarzúa.

Para la FEN y la UAH en su conjunto, asumir este desafío se enmarca en uno de sus principios fundacionales que es la formación de liderazgos con impronta en lo social y el levantamiento de investigación aplicada para diseñar, implementar y promover políticas públicas que aporten al desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de nuestra sociedad como base de la construcción de un mundo mejor para todos y todas, en especial para la población más vulnerable.

Es por eso que, a lo largo de su trayectoria, la FEN ha ejecutado diferentes proyectos, tanto a nivel local como internacional, en el ámbito de los procesos de modernización del Estado y rediseños institucionales, combinando criterios técnicos y sociales para entregar soluciones que contribuyan a optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad de vida de las personas y el pleno respeto de los derechos fundamentales.

Ver más en el siguiente enlace.

Facultad de Ciencias Sociales junto al CiPP organizaron el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”.

Los resultados del “Proyecto ANID 0476 de resiliencia y variabilidad geográfica del impacto por déficit o postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas frente a la pandemia COVID-19”, fueron presentados en el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”. La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales junto al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH, y tuvo como moderadora a Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CiPP.

Seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”

En el evento expusieron las y los académicos que participaron en el mencionado proyecto quienes comentaron las distintas aristas que implicó la investigación: Manuel Fuenzalida, investigador responsable del proyecto y académico del Departamento de Geografía de la UAH explicó los resultados en torno a las “Desigualdades territoriales de la postergación de atenciones hospitalarias en el contexto COVID-19”; Marcela Perticará, directora alterna del proyecto, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH e investigadora del CiPP expuso los “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia” ; María Paz Trebilcock, co investigadora y académica del Departamento de Sociología de la UAH entregó el análisis del estudio de las “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial” ; y Mario Millones, post doctorando del proyecto y académico de la Universidad Autónoma, abordó la “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”.

En la apertura, Fuenzalida destacó que: “Territorio y salud es un binomio que, en las últimas tres décadas, ha reunido suficiente evidencia para comprender que los efectos en salud varían geográficamente, y en particular que los residentes en territorios más vulnerables o desfavorecidos tienen peor salud que aquellos que habitan zonas menos vulnerables o más prósperas. Brecha que se está acentuando en el mundo a propósito de la pandemia”.

Manuel Fuenzalida

Y sobre la base de la elaboración de un visor territorial, Geosalud, centrado en tumores o neoplasias que permite entender cómo se comporta esta enfermedad en todas las regiones, dijo que: “Durante el 2020 bajamos la cantidad de ingresos hospitalarios por patologías de este tipo. Y un dato clave, las comunas que sí disponen de centros de alta complejidad, fueron las que definitivamente pudieron absorber de mejor forma a los residentes de esos territorios con este tipo de demanda y en aquellas comunas donde no se contaba con la especialidad para poder tratar este tema del cáncer, la diferencia fue importante”.

Perticará, en tanto explicó que la motivación del estudio “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia”, fue la de establecer: “…en qué medida existieron patrones diferenciados en las muertes por COVID y en las muertes por otras patologías, producto también de la misma situación pandémica”.

Marcela Perticará

En esa línea, destacó que establecer: “…qué tipos de correlaciones existen entre las muertes por pandemia y otras variables territoriales, que usualmente también afectan la prevalencia hacia ciertas enfermedades y por lo tanto también la probabilidad de fallecimiento”, contribuye sustancialmente al país en términos de estar: “…preparados justamente para enfrentar situaciones singulares a futuro y que tal vez vislumbremos maneras de pasar mejor la próxima crisis sanitaria que tengamos”.

En su exposición, sostuvo que: “Cuando uno ve el exceso de muertes que se acumuló solamente el año 2020, es poco más del 20%, es decir un 20% más de muertes en relación a las que prevalecían en años anteriores y existe, tal como los otros estudios mostraban, una alta heterogeneidad en cómo esto se produjo a lo largo de todo el territorio. Hay comunas, por ejemplo, que son altamente vulnerables como La Pintana y San Ramón, en las cuales el incremento en las muertes fue de alrededor del 50% con respecto a años anteriores”.

¿Cómo impactó la pandemia en la atención de otras patologías?

En esa perspectiva, resaltó entre las conclusiones que: “Tenemos territorios altamente vulnerables y más aislados, en los cuales nuestros indicadores de salud son bastante peores que en territorios menos vulnerados. Y lo que vemos es que la pandemia reflejó en ciertos momentos […] en particular en los dos peaks que tuvimos entre mayo y junio del 2020 y entre abril y junio del 2021, que las tasas de muertes en alguno de estos territorios, casi se duplicaron con respecto a la situación pre pandémica”.

Mario Millones

Todo ello, recalcó: “…debería darnos luces que no podemos basar la estrategia de enfrentar la tercera ola o la próxima pandemia, con una estrategia similar. Tal vez tenemos que tener un mix y estar preparados para integrar cuando fuese necesario, pero tenemos también que asegurar que los territorios más vulnerables tengan mejor acceso a la salud primaria […]. En los peaks, muchos de los consultorios estaban cerrados y muchos hospitales, inclusive algunos de baja complejidad también estaban con sus servicios acotados o con algunos de sus servicios cerrados, porque hubo médicos que habían sido trasladados para atención exclusiva COVID, entonces tal vez tenemos que aprender que eso no tenemos que repetirlo en el futuro”.

Mario Millones, quien expuso los resultados de su estudio sobre “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”, afirmó que dado el escenario actual, la flexibilidad metodológica: “…ya no es un diseño de investigación como opción, llegó para quedarse […] Vamos a tener que adherir a la flexibilidad constante porque los tiempos son bastante inciertos”, reseñando que los principales problemas detectados en la búsqueda de este tipo de organizaciones, radican en la obtención de información, de datos de contacto (correos electrónicos obsoletos, páginas web obsoletas); necesidad de actualizar las bases de datos y alta precariedad de las organizaciones de pacientes.

Con estas deficiencias, puntualizó: “…se evidencia un problema que terminará siendo un problema de política pública para el Ministerio, de reactualizar sus bases de datos con respecto a las organizaciones, de que la sociedad donde el espacio/tiempo está anclado al territorio – en el sentido de que uno puede hacer visitas domiciliarias a ciertas organizaciones – ya hoy en día, bajo esta nueva modalidad de sociedad, nése cumple, sino que son las redes sociales las que están siendo este nuevo espacio de visibilidad, de contactos, de comunicación […]. Sin embargo, una vez ya contactada con las fundaciones u organizaciones también surge la realidad que nos explica también, por qué ocurren muchos problemas de contacto, que tienen que ver con la alta precariedad de muchas organizaciones de pacientes y el poco personal que trabaja en ellas”.

María Paz Trebilcock

Trebilcock, por su parte, presentó los resultados de la investigación sobre “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial”, destacando que: “A pesar de la pandemia, existió en el fondo la posibilidad de parte de los enfermos crónicos de mantener algunas atenciones de salud, acceso a remedios, acceso hacer una atención primaria, atención por telemedicina, pero se percibe que hay una privatización en el acceso a la salud, sobre todo por tener que pagar por ella. El sistema de salud público generó una serie de limitantes para las personas para poder acceder a la salud en la pandemia […]. También que el empeoramiento de las condiciones de salud redunda en atención u hospitalización, y eso también tiene que ver con las emergencias”.

Asimismo, señaló que: “La oferta es muy importante para la atención de salud. Los territorios que tienen mejor infraestructura de salud permiten que las personas se atiendan mejor, con la presencia de hospitales, la presencia de centros médicos o de clínicas”, puntualizando que la dinámica local: “…del acceso a la salud implica de alguna manera romper el centralismo para mirar el sistema y, efectivamente, tratar de entender en el fondo las particularidades de cada uno de los centros con su propia oferta”.

Revive acá la transmisión del seminario.

 

[Columna de Opinión] Fernando López en El Mercurio Inversiones: 

“Los retiros de fondos suman una nueva pieza de evidencia a la tesis de la baja sensibilidad de los afiliados a las comisiones que cobran las AFP”.

Fernando López, investigador CiPP y académico UAH, publicó una columna de opinión en El Mercurio Inversiones titulada “Retiro de fondos y competencia en la industria de AFP”, en la que plantea que la discusión de los cuatro retiros de fondos de las AFP y las propuestas para cambiar la estructura del sistema de pensiones, han dejado en un segundo plano la discusión sobre la competencia en la industria de AFP. Se refiere en particular a la falta de incentivos de las administradoras para reducir sus comisiones, sus causas y consecuencias.

López introduce su columna señalando que la discusión de cuatro retiros excepcionales, «por una sola vez», y las propuestas para cambiar la estructura del sistema de pensiones, han dejado en un segundo plano la discusión sobre la competencia en la industria de AFP

Con anterioridad a la Comisión Marcel ya se argumentaba que la industria tenía un problema de competencia porque los afiliados no seleccionaban sus administradoras en base a comisiones, rentabilidad esperada y calidad de servicio, como lo haría un inversionista sofisticado y competente para conducir este “Mercedes Benz”. En la práctica, una de las consecuencias de que los cotizantes no decidan en base a estos criterios es que las administradoras incumbentes no tienen incentivos para reducir sus comisiones, porque esto no aumenta su base de clientes fuera de un esquema de licitaciones.

Señala que los retiros y la reducción en el stock de ahorro gestionado por las administradoras aportan nueva evidencia sobre la inercia de cotizantes que son poco sensibles a las comisiones que cobran las administradoras. 

En efecto, el retiro de fondos redujo a cero (o a un nivel muy bajo) el stock de ahorros acumulados de un gran número de cotizantes, con lo cual la comisión se vuelve más relevante que la rentabilidad a la hora de elegir AFP. 

Explica que si nos concentramos en las comisiones y las rentabilidades, aspectos más objetivos de la elección de AFP, un cotizante que haya retirado la totalidad de sus ahorros previsionales debería escoger una de las administradoras que cobre la menor comisión ……..Sin embargo, esto no ha ocurrido. A septiembre de 2021, habían 667 mil cotizantes con saldos inferiores a $500 mil en sus cuentas de capitalización individual afiliados a las cuatro AFPs más caras de la industria (Capital, Cuprum, Habitat, Provida).

….. En este escenario, los retiros de fondos suman una nueva pieza de evidencia a la tesis de la baja sensibilidad de los afiliados a las comisiones que cobran las AFP, señala el académico.

Para leer su columna completa, puedes seguir el siguiente enlace: https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Columnas/2021/11/25/1004063/retiro-de-fondos-y-competencia.aspx

 

Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH, “Chile debería mirar a Uruguay donde se han hecho cargo de niños, niñas, y jóvenes en situación de exclusión escolar”.

Entrevistamos a Cristóbal Madero, investigador del CiPP para conocer su visión sobre los desafíos de Chile en materia de exclusión escolar y nos habló de cómo la experiencia de Uruguay entrega importantes lecciones que nuestro país debería observar. Conoce aquí sus opiniones.

El sistema educativo uruguayo es uno de los más avanzados y exitosos de toda América Latina y el Caribe. Esto se refleja, entre otros aspectos, en que posee uno de los índices de alfabetización más altos de toda la región y donde han implementado un sistema de protección a las trayectorias educativas.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP), Cristóbal Madero, señala que es un modelo que Chile debería observar ya que Uruguay ha entendido muy bien el fenómeno de la exclusión escolar. Para ello creó un sistema coordinado de dispositivos y servicios enfocados a terminar con esta situación que afecta principalmente a los más vulnerables socioeconómicamente y pertenecientes a grupos históricamente excluidos.

Uruguay posee un sistema articulado para enfrentar el abandono escolar a diferencia del nuestro que tiene una serie de mecanismos para abordar dimensiones de la exclusión escolar pero que actúan en forma separada. “Tenemos varios instrumentos como el Programa de Apoyo a la Retención Escolar por el cual los colegios reciben recursos por el número de alumnos que permanecen en primero medio, hay algunas escuelas que no son muchas y que funcionan como un lugar de reingreso escolar, contamos con un sistema de alerta temprana en los establecimientos públicos, pero no tenemos un sistema”, enfatiza Madero.

Otra de las novedades que tiene el sistema educativo uruguayo es el acceso a la tecnología gracias al Plan Ceibal que permite que todos los/las niños/as que ingresan al sistema educativo reciban un computador y la totalidad de los colegios del país cuentan con acceso gratuito a Internet. Lo que lo convierte en el país con mayor cantidad de centros educativos conectados a la red con la más alta expansión de la banda ancha en la educación y el único territorio con una computadora por alumno.

En Chile las cifras son muy diferentes a las uruguayas. El año pasado existían más de 186 mil menores y jóvenes, de entre 5 y 21 años, que dejaron el sistema escolar.  Las comunas con mayor deserción son Antofagasta (1.120 alumnos), Maipú (1.031) y Santiago (1.003) En tanto, en 2020 se registraron 45.601 casos y en 2019 fueron 40.408 los niños y jóvenes que el sistema escolar no logró retener.

También el tema digital y el acceso a la red en nuestro país es completamente opuesto a la realidad uruguaya. En Chile uno de cada tres colegios tiene internet y algunos ni siquiera cuentan con computadores para sus estudiantes

En nuestro país, afirma Madero, hay múltiples factores que determinan que un estudiante esté excluido del sistema escolar. Su situación económica familiar, el nivel educacional de los padres, el valor que la familia le otorga a la educación, etc. También, señala el especialista, hay elementos asociados a la deserción escolar como la repitencia y el ausentismo. “Se van atrasando y la edad no corresponde con el curso en el que están, lo que los lleva a desmotivarse y a dejar la escuela”, afirma el académico.

Cristóbal Madero, cree que es urgente potenciar la educación pública y considera que esta es una labor esencial del Estado destacando que el sistema educativo chileno, que, si bien tiene una adecuada cobertura, necesita mejorar en calidad. El investigador declara que ningún país que alcanzó el desarrollo lo logró sin contar con una educación pública potente y de gran nivel. “No solo es una estructura nueva donde la educación ya no está en manos de las municipalidades, sino que debemos darle un sentido nuevo de lo que significa para el Estado asumir el rol fundamental que es educar a la ciudadanía. Las y los docentes son el agente clave en la resignificación de este rol.”, destaca el especialista.

Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH,  en La Red «El votante de Parisi es despolitizado, individualista y práctico».

Fuente: La Red

Para Fabián Pressacco, académico de la Universidad Alberto Hurtado, el ciudadano que vota por el líder del Partido De la Gente, tiene que ver con ese “ADN cultural” de la sociedad chilena vinculado al neoliberalismo y el “self made man” tan propio de la cultura estadounidense. “Un discurso muy individualista, muy mercantilista, esa mirada poco empática, cada uno por su lado. Eso ha calado muy hondo”, dice.

Sin duda la elección del domingo fue una sorpresa para muchos. En primer lugar por la primera mayoría de José Antonio Kast pero también por el tercer lugar de Franco Parisi, quien obtuvo un 12% superando a Sebastián Sichel de Chile Podemos Más.

El porcentaje de votos del fundador del Partido De la Gente no es menor, teniendo en cuenta que no se encontraba en Chile y que sobre él pesaban acusaciones de acoso sexual y líos judiciales por el no pago de pensión alimenticia.

“El triunfo de Kast es muestra de la crisis política”, decía anoche la directora de Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, como una muestra del descrédito y el desfonde de los partidos políticos tradicionales.

Algo que también podría explicar la candidatura de Parisi, quien además del 12% de los votos, logró seis escaños en la Cámara de Diputados. Una cifra para nada despreciable teniendo en cuenta que el partido se formó a fines de 2019.

Carlos Fabián Pressacco, Doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado, cree que los resultados de esta elección, -donde se esperaba una mayor votación por parte de Gabriel Boric-, se debe a este “exceso de retórica radical por parte de la izquierda”.

Según explica, este discurso, “se desacopla de un país que quiere reformas pero que no quiere tirar el país por la ventana”. “Si uno mira puertas adentro las conversaciones que tiene ese bloque, hay mucho más realismo, pero viene empaquetado de una radicalidad, con fuegos artificiales que a un sector del electorado en Chile no le hace mucha gracia”, señala en entrevista con La Red.cl.

El académico agrega que un sector de la sociedad está de acuerdo con mejorar ciertos aspectos “pero no con esta pretensión refundacional, que yo creo que es más del relato que de la sustancia”.

El programa de Boric es socialdemócrata puntudo pero tampoco es la revolución bolchevique. Ya lo hemos visto en este país que esa radicalidad genera anticuerpos”, señala.

Es en este punto, según Pressaco, donde entra el votante de Parisi y el de Kast, y que tiene que ver con este “ADN cultural” vinculado al neoliberalismo.

“Nosotros somos de alguna forma más neoliberales de lo que somos capaces de reconocer y eso aparece acá. Porque el discurso de Parisi es incluso más radical en ese sentido que el de Kast: anti partido, anti elitista, anti oligárquico. Un discurso muy individualista, muy mercantilista, esa mirada poco empática, cada uno por su lado. Eso ha calado muy hondo”, señala Pressaco.

Para el politólogo, el votante de Franco Parisi tiene relación con esa figura del hombre hecho a sí mismo, muy propio de la cultura estadounidense.

“Es un votante despolitizado, muy pragmático, práctico, que confía mucho en sus capacidades. De hecho, Franco Parisi se presenta como un self made man, no le debo a nadie, no soy de la oligarquía. Y eso es lo que valora el votante, alguien que no requiere tanto del Estado, que le den las reglas claras, que le den una oportunidad, que lo ayuden pero no tanto”, afirma Pressaco.

La persona que vota por Parisi o que milita en el Partido De la Gente, las grandes reformas estructurales no le va ni le viene. Solo quiere que haya poca política, un Estado pequeño y que le entreguen las herramientas para poder surgir por sus propios medios.

Es un votante que pondera las cosas de forma distinta y que puede dejar pasar cosas, como por ejemplo, que su candidato no esté en Chile o que tenga causas pendientes.

“Es un votante que le importa poco eso y que por el contrario, requiere soluciones claras, pragmáticas, un votante más movido de cosas concretas, de este cosismo que instaló Joaquín Lavín. Un votante muy despolitizado”, insiste Pressaco.

El académico advierte que hay que estar atento a Parisi ya que le ve proyección.

“Uno podría pensar, un partido que consigue representación parlamentaria, que mantiene un caudal de votos en estas circunstancias, con un candidato que no trabajó en terreno, en el futuro con un candidato más presente podría tener la chance de aumentar y dar un salto populista”, señala.

Baja participación y una masa electoral que no se sabe cómo vota

Durante este tiempo se ha escuchado a varios políticos hablar de que la sociedad chilena está polarizada, sin embargo, para Pressaco no es tan así, sino que se trata de un país que está fragmentado en términos de intención de voto y de una ideología más amplia y no tan dura.

Además, existe una tensión entre el voto y la expresión ciudadana, las que no se expresan de la misma manera y que genera un problema de gobernabilidad.

“Finalmente los que gobiernan son aquellas personas elegidas en las elecciones, entonces si no hay mínima sintonía entre el resultado de la expresión ciudadana, entendida como las marchas, la cosa más callejera, con el resultado de los mecanismos institucionales tenemos un problema, porque hay gente que vota y elige un gobierno que luego otros marcharán en contra de ese gobierno elegido democráticamente”, indica.

Cabe recordar que la elección presidencial del domingo tuvo una alta abstención, que no llegó al 50%. De los 15.030.973 ciudadanos habilitados para votar, solo lo hicieron 7.115.590 personas, es decir, 47,3% del total. Esto es menos que el porcentaje de votaciones que se registró para el plebiscito para una nueva Constitución.

Para Pressaco hay tres perfiles de ese votante que se abstiene. El primero es ese ciudadano completamente desafectado que dice “por qué voy a ir a votar si mañana tengo que ir a trabajar igual”. El otro es el que sí votaba pero dejó de hacerlo porque está desencantado. “Podrían activarse si es que hay una propuesta que les permita repolitizarse frente a una coyuntura que les entregue una alternativa que les permita recobrar esa confianza que perdieron”, señala. En tercer lugar están las personas con una postura antisistémica y que se restan de todo proceso institucional porque no lo validan.

En cierta forma, el votante de Parisi es ese votante que ya dejó de creer en los partidos políticos tradicionales y entró en esa lógica de “política de supermercado”, según lo define Pressaco, donde si hay algo que no me gusta lo devuelvo.

“Una de las características de este ciudadano que vota por Parisi es un sujeto despolitizado, marcadamente individualista que piensa en su bienestar individual, que apuesta mucho al esfuerzo personal como pilar para salir adelante y que en ese sentido, un Estado más grande no es una solución, porque en parte a ese sector de la clase media le ha llegado menos ayuda”, reitera el académico.

En esa lógica, Pressaco señala que este “ADN cultural del neoliberalismo” en parte explica la razón de cómo se pudo pasar de un estallido social multitudinario a las victorias en las urnas de candidatos como Kast y Parisi.

“Conviven en esa lógica de demanda por más derechos pero desde una matriz individualista, es decir, colectiva para los beneficios pero individualista en la concepción que subyace en la demanda”, señala.

Según explica, un sector de la población que marchó en su momento respaldando la gratuidad de la educación o exigiendo mayores derechos sociales no lo hizo precisamente pensando que la educación podría hacer una sociedad más reflexiva y con pensamiento crítico. Su objetivo para apoyar las demandas iban por una motivación personal, inmediata y pragmática, como por ejemplo, el camino para conseguir un trabajo y ganar dinero.

“Ahí se cuela en los vasos capilares esta mirada neoliberal, donde yo soy dueño de mi vida”, señala Pressaco sobre las características de este votante que no se alinea con el discurso de izquierda ni de derecha y que Parisi logró capitalizar.

Para escuchar la entrevista sigue este link.

Fuente: FEN-UAH

Eduardo Abarzúa, investigador CiPP y académico UAH en lanzamiento de publicación FEN-UAH y Revista Mensaje “En Chile tiene más primacía la lógica del ciudadano consumidor que el ciudadano político. Es mucho más relevante la libertad de elegir que el derecho a tener beneficios”.

Un claro llamado a establecer un nuevo contrato social entre los diversos actores comunitarios, el Estado y sus representantes, además del modelo económico, fue parte de las reflexiones surgidas en el lanzamiento de “La otra cara de la crisis: Legitimidad de la democracia en juego”, publicación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado en conjunto con la Revista Mensaje y que reúne las principales ideas y propuestas realizadas durante 2020 y 2021 en seis conversatorios.

El diálogo contó con la participación del Director de Mensaje, Juan Cristóbal Beytía S.J.; el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado e investigador CiPP, Eduardo Abarzúa; la Economista de London School of Economics, María José Becerra; el constituyente por el distrito 11, Patricio Fernández; y el constituyente por el distrito 8, Daniel Stingo.

Frente a la interrogante de cómo se reconstruye la gobernanza y la convivencia social en medio de los cambios políticos que vive el país y la redacción de una nueva Carta Magna, Daniel Stingo afirmó que como Convención Constitucional “tenemos la oportunidad histórica de sanar, integrarnos, restaurar la gobernanza”, además de hacer cambios que a las personas les hagan sentido.

Por su parte, Patricio Fernández indicó que “si algo parece haber mostrado el estallido social que nos tiene donde estamos actualmente es justamente que había un mundo muy amplio de cultura, identidades, marginalidades nuevas, no atendidas por el acuerdo en el que estábamos inmersos. La legitimidad del poder fue cuestionada porque eran muchos los que no se sentían parte del proceso”.

Algo que también precisó María José Becerra ejemplificando con la situación actual del país que, bajo su perspectiva, hay una extrema mercantilización de la vida, los servicios públicos, las políticas públicas y la seguridad social, además de la provisión de vivienda, salud y educación. “Tenemos que desmercantilizar el trabajo humano, tanto para hombres como para mujeres. Debemos ser capaces de ver cómo damos valor al trabajo decente y cómo reconocemos el valor del trabajo no remunerado, sobre todo a mujeres y cuidadores de nuestro país”, enfatizó la economista.

Una visión que el Director de Revista Mensaje compartió plenamente en su reflexión al abordar la distancia de las élites respecto del resto de la población del país, lo que ha generado tensión y ha gatillado estallidos sociales no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo. Por ello, Juan Cristóbal Beytía S.J. espera que la nueva constitución tenga que ganarse la legitimidad. “Es necesario que la constitución rinda cuentas, donde la gente se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones. La responsabilidad no es algo que esté de moda y tampoco tenemos mucha posibilidad de pedirle cuenta a las personas respecto a sus decisiones”, complementó el Director de Mensaje.

Por su parte el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Eduardo Abarzúa, planteó la existencia de un problema de articulación y coherencia en las relaciones construidas con el sistema político, la organización del Estado y el rol que tiene el mercado tanto en el acceso a servicios como a derechos sociales. “En nuestro país tiene más primacía la lógica del ciudadano consumidor que el ciudadano político. Es mucho más relevante la libertad de elegir que el derecho a tener beneficios”, puntualizó Abarzúa.

Desafíos de la Convención Constituyente

Para Daniel Stingo la convención “tiene que incluir cosas que a la gente le hagan sentido: forma de participación directa y democrática” a fin de dar voz a todos quienes han sido invisibilizados con la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. También deslizó una crítica a sectores dentro de la convención que estarían buscando que Chile no tenga una nueva constitución.

“Ha costado (ponerse de acuerdo), hay que poner de acuerdo voluntades y estoy esperanzado porque hay un Chile real dentro” de la Convención Constitucional, destacó Stingo.

Patricio Fernández, en tanto, resaltó que el actual proceso “es un buen comienzo para una gobernanza futura. No basta con eso, pero estamos buscando democráticamente un nuevo orden. No es una solución a lo inmediato, sino una solución en el camino de búsqueda de una nueva institucionalidad”.

En tanto, María José Becerra planteó que es necesario pensar cómo transitar a un marco constitucional donde la propiedad privada deje de lado a la propiedad colectiva y la función social de la propiedad. “Esperaría que florezca la economía plural, que se reconozca. Tenemos que dejar de tener algunos miedos que son bastante ideológicos”, indicó la economista.

Revisa aquí la publicación.

Aquí puedes ver el evento

Lanzamiento de la publicación «La otra cara de la crisis: Legitimidad de la democracia en juego»

 

 

Empleo Público y Nueva Constitución: Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y Núcleo Constitucional de la UAH, realizaron seminario para reflexionar sobre esta temática en nuestro país.

El evento, transmitido por UAH TV Digital, se realizó el miércoles 17 de noviembre con la participación de Eduardo Abarzúa, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH y Enrique Rajevic, Director del Departamento de Derecho Público de esta misma universidad, ambos investigadores del CiPP, junto a Natalia Henríquez Carreño. Vicepresidenta de la Convención Constitucional de Chile, electa por el distrito 9.

Para introducir y contextualizar la relevancia de convocar a esta conversación sobre empleo público y nueva constitución, el evento contó con las palabras y el saludo inicial de Sebastian Salazar, Coordinador Académico del Núcleo Constitucional Universidad Alberto Hurtado y Ximena Concha, Directora Ejecutiva del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la misma Universidad.

El primer panelista en intervenir fue Eduardo Abarzúa, quien partió su intervención valorando la convocatoria a este tipo de espacios de reflexión en la UAH, a través de una alianza entre el Núcleo Constitucional y el CiPP, y señaló que en Chile se requieren los mejores servicios públicos para dar continuidad a las políticas de Estado, destacando que el proceso constituyente es una gran oportunidad para fortalecer el empleo público. “Su actual precariedad es uno de los problemas que conspira contra la capacidad del Estado para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos como país.”, afirmó el académico.

El Decano de la FEN-UAH indicó además que “lo que se espera de la nueva Constitución en esta materia es que se diferencie en forma clara gobierno y administración”. “El gobierno es electo por la ciudadanía y es responsable de la conducción política del Estado y de la definición de políticas públicas. La administración es la que está a cargo de implementar las políticas públicas definidas por el gobierno electo y proveer a la ciudadanía de servicios públicos”, explicó el investigador del CIPP.

Luego, fue el turno del profesor Enrique Rajevic, quien junto con valorar también el espacio, explicó que el tema del empleo público ha sido abordado en las constituciones previas pero el problema es que las disposiciones han sido superadas por la realidad. “No hemos sido capaces de institucionalizar el empleo público de una manera adecuada y esto nos persigue en nuestra trayectoria institucional”, aclaró el Director del Departamento de Derecho Público de la UAH.

Rajevic fue claro en decir que no cree que el cambio de régimen político sea la clave para solucionar la situación del empleo público del país y puso como ejemplo a la época parlamentaria de Chile donde se criticaba la politización del sistema público.

Por su parte, la vicepresidenta de la Convención Constituyente, Natalia Henríquez agradeció la invitación de la UAH a participar de esta conversación, y, se refirió a su experiencia como médica internista del Hospital San José y más de 11 años en la red pública de salud del sector norte de Santiago. Comentó que, con cada cambio de gobierno, se reestructura siempre el recinto asistencial lo que va en contra de políticas de salud enfocadas al largo plazo y que existen criterios políticos que priman a la hora de designar a las autoridades. “Se sabe que ciertos servicios de salud se le dan a ciertos partidos políticos y un ejemplo de esto es mi hospital que se le entrega habitualmente al PPD y en algunas oportunidades a la DC”, comentó la constituyente.

Henríquez, afirmó que no existen políticas públicas que se proyecten en el tiempo, lo que influye negativamente en áreas como la salud que es intervenida con cada cambio de gobierno. Relató además que la estructura hospitalaria existente es modificada completamente y acusó que esto es producto de una estructura estatal débil, con una carrera funcionaria precaria y con gran cantidad de trabajadores a contrata que no logran generar un sentido de pertenencia con las instituciones donde trabajan, porque sienten que están de paso.

Consultada, al cierre del seminario, sobre su expectativa sobre el próximo gobierno, Henriquez fue clara en señalar “espero que quien llegue a la Moneda, deje trabajar a la convención”.

Puedes escuchar el seminario en el siguiente enlace.

 

Carlos Andrade Guzmán, investigador CiPP y académico UAH, publicó “Trabajo social intradisciplinar en Chile. Evaluaciones realizadas por interventoras(es) en relación con aspectos de colaboración», en la revista Cuadernos de Trabajo Social n.º 16, 2021, UTEM, Erih plus.

El artículo, que difunde resultados de investigación aplicada en base a un diseño cuantitativo, explora la evaluación que hacen profesionales y técnicos en trabajo social a la hora de colaborar entre sí, en torno al desarrollo de intervenciones en niñez y discapacidad. 

Tomando como referencia la colaboración que en torno a la intervención se desarrolla desde el Trabajo Social chileno en marcos de intradisciplinariedad, este trabajo responde cuantitativamente a las siguientes preguntas. 

Primero, cuál es la evaluación que hacen profesionales y técnicas/os del trabajo social en relación con las estrategias colaborativas desarrolladas en el contexto de sus intervenciones y;

Segundo, cuál es la evaluación que realizan en torno al papel que cumplen los aspectos estructurales y personales a la hora de colaborar para intervenir. 

Para contextualizar la importancia de la temática abordada, Carlos Andrade señala que la colaboración en el contexto de la intervención social  ha sido reconocida como central para hacer frente a fenómenos sociales desde un marco de complejidad. En este contexto, el trabajo social chileno ha tenido, como característica de su forma de intervenir, la articulación colaborativa con otras/os. Ello, por ejemplo, desde compartir saberes para articular y desarrollar intervenciones que se ajusten a las necesidades de los territorios, entre otros.

Si bien se reconocen avances en el campo de conocimiento a nivel internacional, se advierte que, en términos generales, se ha puesto poca atención en torno a los diversos elementos que rodean a la colaboración intradisciplinar en la intervención entre quienes comparten la formación en trabajo social. En términos específicos, se advierte como aún más escaso el conocimiento generado en torno a la colaboración entre profesionales y técnicas/os de la disciplina. Reducir esta brecha en el campo de conocimiento es lo que busca este estudio.

En este sentido, explica el autor,  densificar este campo de conocimiento es relevante para el trabajo social chileno, debido a que la disciplina se encuentra altamente fragmentada, habiendo, por ejemplo, profesionales formados en universidades que, tradicionalmente estudiando 5 años, obtienen tanto el título profesional como el grado de licenciatura. Por su parte, también en Chile se forman profesionales que estudian en institutos profesionales durante 4 años y que obtienen sus títulos profesionales sin el grado de licenciadas/os. Finalmente, en este país se forman igualmente personas interventoras que estudian el nivel técnico en trabajo social, tradicionalmente, en torno a dos años y medio de formación. Tomando este marco como referencia el año 2017, eran más de 420 los programas de formación disciplinar ofertados en el país (Iturrieta, 2017). Sin embargo, poco se han estudiado los elementos de colaboración que rodean este encuentro intradisciplinar a la hora de intervenir, por ejemplo, en relación con cómo interventoras/es evalúan las estrategias colaborativas desarrolladas y los aspectos estructurales y personales en la base de la colaboración, marco en el cual se sitúa este estudio.

En cuanto a sus resultados, y con base en las evaluaciones de quienes intervienen, el trabajo concluye que las condiciones estructurales requieren ser fortalecidas en pos de que la colaboración permita acercarse a resultados satisfactorios de intervención.

El artículo se puede descargar en:

https://cuadernots.utem.cl/articulos/trabajo-social-intradisciplinar-en-chile-evaluaciones-realizadas-por-interventorases-en-relacion-con-aspectos-de-colaboracion/?fbclid=IwAR31DGPM2wdG0xUww5e8eKYU2NEhDH_bI29UeXVEZcW1b3fH8wSI9EGvwWc

 

 

[Entrevistas] Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH en El Mostrador, sobre las elecciones presidenciales: “Todo va a depender de quiénes vayan a votar este domingo”

Fuente: El Mostrador

A días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 21 de noviembre, Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH, participó junto a Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales, en el programa Semana Política de El Mostrador, donde analizaron las claves de estos comicios. Se refirieron tanto a la campaña presidencial como a otros factores que podrían incidir en los resultados de este domingo, y reflexionaron sobre el significado de la acusación constitucional contra el presidente.

“Todo va a depender de quiénes van a ir a votar el domingo”, señaló Cecilia Osorio. Si va mayor población de más edad a votar, que quizás no fue en las últimas elecciones por estar en pandemia, podría favorecer a Kast y Provoste. Y si los jóvenes se levantan a votar, vendría a confirmar la tendencia del plebiscito, y eso podría favorecer a Boric y Sichel”, señaló.

Entre los elementos de esta campaña presidencial, Fuentes identificó en primer lugar “la polarización política, no tanto social como otros colegas han planteado”. “Hay dos modelos en disputa que se plantean en la esfera política. Por un lado, una postura que derivó en una cercanía con el pinochetismo, valores conservadores, defensa radical del modelo, sin Estado, anti-nueva Constitución, por el Rechazo, y una postura de la izquierda que plantea revisar el modelo económico, de sustentabilidad ambiental, relaciones de género”, ejemplificó.

En segundo lugar, se ha desarrollado una campaña donde se instaló “súper rápido un lenguaje político, violento, con mucho adjetivo calificativo, y que está muy exacerbado por las redes sociales” y que refleja “una pérdida de valores cívicos mínimos”.

Sobre este mismo tema, Cecilia Osorio agregó que “la campaña no ha sido violenta solo entre los candidatos, sino también hacia un otro, como hacia los inmigrantes o los pueblos originarios”. “Eso me parece uno de los puntos más peligrosos o preocupantes hoy. Esa deshumanización hacia un otro, esta construcción de un otro que me genera miedo y que es el causante de problemas públicos, que sabemos que no son causantes, ha surgido en este debate y eso me parece súper preocupante, y antes no había ocurrido con tanta claridad. Uno lee las preocupaciones de intelectuales previo a que ganara Trump y hay cosas que están ocurriendo acá y no ocurrían en campañas anteriores”, planteó.

Para la académica de la UAH, “estamos en un escenario de alta dispersión, con muchos candidatos, que es arriesgado y súper fluido para hacer proyecciones” y si bien hay situaciones “de Macondo”, como la postulación a distancia de Franco Parisi, “dudo que no pase nadie de la derecha, dado que tenemos una dispersión muy alta de siete candidatos”.

Claudio Fuentes agregó que otro punto a analizar, es lo “desvalorizado del rol de los programas”. “Son como la palabra escrita, el compromiso, pero esto de que las candidaturas vayan cambiando el programa, que lo que se entrega al Servel no es lo mismo que está al final para la campaña, o que, si cambia el escenario, lo puedo cambiar. Esa noción, que de hecho Kast lo planteó en el debate, lo encuentro peligrosísimo y es la puerta abierta al populismo más barato, es una relativización”, indicó.

En este contexto, hacer cálculos es arriesgado, admitieron los analistas, porque todo depende del tipo de elector que se levante a votar este 21 de noviembre.

Fuentes, en tanto, descartó un escenario con la derecha fuera de la segunda vuelta. “La elección presidencial no es lo mismo que las elecciones de la Convención, hay muy poco espacio para los independientes, no creo que terminemos con Parisi y Boric en segunda vuelta, dudo que pase eso”, aseguró.

Sobre los efectos del último debate en los electores, Osorio es clara en señalar que: “El votante que está decidido previo a un debate no necesariamente modifica su voto según el desempeño de los candidatos. El votante duro de Kast, independiente de su desempeño mucho más débil en este último debate, no creo que mueva su voto. Lo que sí creo que puede ocurrir es que se mueva el voto de un elector que no tiene tan claro entre Kast y Sichel y puede ser que algunos se pasen a Sichel”. 

En todo caso, afirma Osorio, lo que quedó claro es que Kast representa a una “derecha dura, acérrima y excluyente”.

En cuanto a la figura de Yasna Provoste, la académica comentó que “su campaña ha sido débil en términos de convocar, y si bien ha tratado de marcar posiciones con su programa, no me queda tan claro si a río revuelto va a emerger el centro”.

Para Claudio Fuentes, otra clave son las elecciones parlamentarias, “porque el tipo de Congreso que se elija va  a tener un impacto muy fuerte en la futura instalación de la nueva Constitución. Imagine que le vaya a bien a la derecha y tenga el 30-40% en el Congreso. Hay un vínculo entre la Convención y el futuro Congreso, por lo tanto, las elecciones parlamentarias son muy relevantes”, indicó.

Acusación contra Piñera y legado del gobierno.

Sobre el rechazo del Senado a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y si bien era un resultado “escrito”, dado el quórum exigido, los especialistas coinciden en que el hito estuvo en la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, más que en el trámite en la Cámara Alta.

Para Cecilia Osorio, hay una carga no solo simbólica en la decisión de rechazar la acusación contra el presidente, porque el presidente se queda, “pero hay una posición que es muy clara desde los representantes del parlamento de validar los argumentos desde los cuales se planteó la acusación constitucional”, de la que quedará una trazabilidad, y “quedará en los libros que es un presidente que fue acusado por la Cámara de Diputados”, y eso tiene un alto contenido simbólico. 

“No se si esta será la mayor derrota para este gobierno, porque se trata de un gobierno que ya está muy debilitado, pero sin duda viene a terminar de remachar los últimos meses de un Gobierno que ha sido muy poco productivo”, señala Osorio.

Por su parte, el académico de la UDP, señaló que lo que ocurrió en el Senado tuvo menos relevancia de lo que pasó en la Cámara … aunque “Se sabía el resultado pero hay una sensación, que nunca pudo remontar el Presidente, de que efectivamente está condenado a la irrelevancia desde el punto de vista político y la opinión pública. Usualmente al final de su mandato los gobiernos tienden a subir, pero este Gobierno no lo logró y es muy difícil que lo logre”, sostuvo por su parte el académico de la UDP.

Sobre el legado de este gobierno, Cecilia Osorio señala que, lo cierto es que hay “un pato muy cojo”, un legado que no es positivo, de “un Gobierno que no supo asumir la crisis política desde el estallido en adelante, pudiendo haber reaccionado de otra manera”, con indolencia en materia de derechos humanos, y donde lo único positivo que destacaría es la vacunación ante la pandemia, concluye la investigadora del CiPP.

Escucha el programa en el siguiente ENLACE:

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/17/la-semana-politica-analizo-el-caso-kast-y-el-peligro-de-la-desvalorizacion-de-los-programas-presidenciales/

 

Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH,  en La Tercera “¿Son los actuales requisitos para aspirar a la Presidencia de la República los más adecuados a ese cargo?

Esta es la pregunta que la investigadora CiPP y académica UAH, Miriam Henríquez, se plantea responder en su columna de opinión publicada el 15 de noviembre en Voces de La Tercera. Señala que motivados por los perfiles y las conductas de los candidatos presidenciales, así como por el proceso constituyente en curso, han surgido cuestionamientos sobre la pertinencia de los requisitos actuales.

Para contextualizar, Henríquez parte recordando que las exigencias que se establecen para presentar candidaturas a cargos de elección popular van desde la nacionalidad, la residencia, la edad, la formación, entre otros. En principio, cuando se contemplan estas exigencias se busca satisfacer el perfil que el cargo y la envergadura de la tarea imponen, al mismo tiempo que evitar la existencia de barreras de entrada que marginen a ciertas personas de presentar sus candidaturas.

Luego, hace un contrapunto entre los requisitos que se exigen para quienes están interesados o interesadas en ser candidatos a la Moneda, en contraposición a los exigidos para otros cargos de elección popular.

Algunos ejemplos que menciona en su columna son:

No se exige para ser Presidente el cumplimiento de requisitos de idoneidad que suelen estar vinculados con ciertos estudios, como sí se instituye para los demás cargos. 

Tampoco se exige una residencia en el país por un lapso de tiempo previo a la elección …….. Ello permite, por ejemplo, que el candidato Franco Parisi haya inscrito su candidatura, realizado campaña y participar de las elecciones sin encontrarse en el país.

O bien, no estar sometido a procesos judiciales por deudas o no haber sido condenado en juicio (salvo estar acusado o condenado por delito que merezca aflictiva) no es un requisito para optar a la Presidencia de la República. 

Concluye Henríquez señalando que probablemente, los mínimos requisitos para presentar candidaturas a la Presidencia se pensaron para que, en una democracia abierta y plural, cualquier ciudadana o ciudadano sea elegible en la más alta magistratura. Sin embargo, y más allá del régimen político que se defina en la nueva Carta, corresponderá revisar la necesidad de nuevos requisitos que aseguren la idoneidad de los candidatos, así como aquellos que pueden resultar anacrónicos, como la edad mínima. 

Revisa su columna completa en:

https://www.latercera.com/opinion/noticia/todos-podemos-aspirar-a-la-presidencia/BOTNISV2WJB3HFWXOSAM2INSC4/

 

Paola Sevilla y Leandro Sepúlveda, investigadores CiPP y académicos UAH: En los programas presidenciales no se plantea realizar cambios estructurales a la educación técnica”

Los programas de los candidatos presidenciales no abordan en forma profunda el tema de la formación técnica en Chile y siguen viéndola como algo anexo a la educación general escolar y post secundaria. Ninguno plantea cambios estructurales y solo expresan mejorar aquello ya existente, sin cuestionar o proponer nuevas alternativas respecto a, por ejemplo, el lugar de la educación técnica en la enseñanza media, o el tipo de institucionalidad necesaria para favorecer un sistema integrado en función a políticas de desarrollo a nivel nacional o regional.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP), Leandro Sepúlveda y María Paola Sevilla, luego de analizar los programas de los candidatos presidenciales.

Paola Sevilla señala que hay una visión acotada de la educación técnica y que se restringe al espacio educativo, sin conectarla con la formación que acontece en el mercado laboral, en la formación de oficios, capacitación y certificación de competencias laborales. “Creo que esa es una falla que está presente en todos los comandos”, dice Sevilla.

La especialista agrega que entre Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Gabriel Boric hay un consenso en impulsar la educación técnica de nivel superior a través de los Centros de Formación Técnica estatales, política heredada del segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Sichel es partidario de impulsar estos CFT manteniendo el esquema de financiamiento actual a la educación técnica superior enfocado a la demanda, donde las instituciones reciben los recursos, ya sea por gratuidad o por otra vía en función de alumnos matriculados. En cambio, Boric y Provoste proponen la transformación del esquema de financiamiento que son los basales y, de esta manera, ellos proyectan potenciar estos centros estatales para su articulación con las necesidades socio productivas de sus regiones” puntualiza Sevilla.

Para Leandro Sepúlveda, este tema es relevante porque los CFT estatales están recién iniciándose y en la actualidad hay una alta concentración de matrícula en CFT e institutos profesionales que son privados. “Al plantear este tipo de financiamiento vemos un reforzamiento a instituciones que son estatales pero que hasta el momento no tienen incidencia significativa en la matrícula porque hay muy pocos y están recién en proceso de instalación; su desafío es lograr consolidar propuestas relevantes en los territorios y en vínculo con las iniciativas de desarrollo local o regional”, destaca el académico.

Por su parte, la docente afirma que uno de los aspectos en que avanzó el actual gobierno en torno a los centros de formación técnica es el marco de cualificaciones. Este es un instrumento que permite incorporar las necesidades del sector productivo en la oferta curricular de las instituciones. “Sebastián Sichel y Yasna Provoste rescatan este instrumento en sus programas y se ve una continuidad en ciertos aspectos que no se ve en el programa de Boric”, concluye Sevilla.

Otro de los aspectos que menciona Paola Sevilla es que en el programa del candidato del Pacto Apruebo Dignidad se observa un discurso que se esfuerza en superar el uso instrumental de la educación técnica dirigida a la consecución de un puesto de trabajo. “En general la educación técnica es asociada con la preparación de mano de obra calificada para un puesto de trabajo y el programa de Boric, por lo menos discursivamente va más allá, alejándola de esta perspectiva y abogando por una formación mucho más integral y en función de un crecimiento sostenible”, sostiene la especialista.

En tanto, el académico Leandro Sepúlveda señala que no se puede pensar en la formación técnica sin integrarla dentro del sistema educativo general y que lo que se observa en estos programas presidenciales es la dificultad de cuestionar el sistema educativo en su conjunto desde la perspectiva de la educación técnica. En el caso del programa de Boric, señala el investigador, hay un aspecto destacable: concebir el modelo de educación técnica de enseñanza media como el inicio de una trayectoria educativo-laboral que puede tener múltiples alternativas. Eso es importante porque permite concebir la educación técnica no como un pie forzado hacia un tipo de especialidad en particular, sino que como una alternativa amplia que el propio estudiante, a lo largo del tiempo, puede desarrollar.

Paola Sevilla comenta que en la actualidad la educación técnica se ve muchas veces afectada por los sesgos de género que perjudican a las mujeres y destaca que el único programa presidencial que aborda esta temática es el del Pacto Apruebo Dignidad. “Boric habla acerca de la importancia de que las mujeres puedan ser formadas en carreras masculinizadas que en general son las que tienen mejores perspectivas laborales”, destaca la académica.

En la misma línea, Leandro Sepúlveda, señala que en el programa del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se habla de crear oportunidades de emprendimiento para mujeres, lo que muestra también un sesgo de género. “Al enfatizar en una salida laboral de tipo emprendimiento significa reconocer las dificultades de inserción de las mujeres en puestos de trabajo y el implícito es que a las mujeres le va a costar más y, por lo tanto, lo que deberíamos apoyar son sus emprendimientos individuales”, cuestión que puede significar una contrapolítica de integración laboral puntualiza el investigador.

En los programas presidenciales no se hace mención a los docentes que trabajan en la formación técnica que son profesores diferentes a los del sistema escolar porque su vía de ingreso no es a través de las carreras de pedagogía. Es un estamento que tiene una alta tasa de rotación y muchos de los docentes actuales están envejeciendo. “Si se ha anticipado que faltarán docentes en el sistema escolar en la educación técnica esto es aún más crítico”, advierte Paola Sevilla.

Leandro Sepúlveda acota que en la propuesta de Boric hay un tema que le llamó la atención y que puede ser cuestionable: Vincular la oferta curricular técnico profesional con los programas de integración educativa; en el fondo, de la manera en que está planteado podría entenderse a la educación técnica como una alternativa de apoyo a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. El docente señala que en diversos actores del mundo educativo existe la idea que todo aquel individuo que no puede seguir el ritmo de una exigencia academicista tendría “la alternativa” de recurrir a la formación técnico profesional, lo que constituye una distorsión del sentido último de este tipo de educación.

Paola Sevilla recuerda que la propuesta de Yasna Provoste sobre la creación de un centro de desarrollo para la formación técnico profesional y una agencia nacional de cualificaciones es una política que viene desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Crear estas estructuras es un paso necesario, pero creo que propuestas como estas han estado presentes desde hace muchos años y no es novedad”, recalca la especialista.

En relación con el programa de José Antonio Kast los académicos observaron que éste se refiere a la educación dual y que señala que va a vincular los centros de formación con las universidades regionales. “No menciona a los centros de formación técnica ni a los institutos profesionales, y habla solo de las universidades regionales; más allá de esto, su propuesta apunta mayormente a “desmantelar” las reformas desarrolladas en los últimos años, enfatizar en el principio de elección educativa por parte de los padres y fortalecer un modelo educativo que enfatice en aspectos “valóricos” sin precisar a que hace referencia, pero que se intuye en un sesgo de conservadurismo religioso”, comenta Sepúlveda.

Los especialistas plantean que tanto Eduardo Artes como Franco Parisi no se refieren a la educación técnica en sus programas presidenciales. Agregan, que el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami hace un breve comentario haciendo un diagnóstico sobre el debilitamiento o freno del mercado laboral. Además, expone un cuestionamiento a la exacerbada oferta profesional que hay en la educación superior y resalta la importancia de una oferta técnica para formar a nuevos trabajadores. Lo que le parece interesante a Leandro Sepúlveda, aunque no ahonda en este punto en su propuesta.

¿Qué recomendación plantean a los candidatos?

Una primera idea que plantea Leandro Sepúlveda es pensar en una reforma a la enseñanza media, algo que nadie aborda. “Es necesario pensar que una educación técnica acorde al tiempo actual y no desde una visión rígida de salida temprana al mundo del trabajo, debería ser una opción que tienen las personas entre múltiples alternativas, porque una de las características del mundo actual es el constante cambio y readecuación de los sujetos a esa realidad. Entonces, un sistema educativo técnico profesional que es muy rígido no es funcional al mundo actual”, argumenta Sepúlveda.

Finalmente, Paola Sevilla, afirma que hay un gran valor de la educación técnica que tiene que ver con la inclusión de estudiantes de todos los estratos sociales, pero que este atributo podría quedar en entredicho porque sería acosta de la equidad de género. “Nosotros sabemos que las mujeres de menor nivel socioeconómico son las que se han incorporado a tasas crecientes en la ETP superior, pero mayoritariamente en aquellas carreras que las llevan a ciertas posiciones en el mercado laboral con muchas más desventajas que los hombres contribuyendo a las brechas de género en el mercado laboral”, sentencia la académica.

 

Eduardo Savedra director académico CiPP UAH: “El cuarto retiro: lo que se esconde detrás de una mala manera de hacer política pública”.

El director académico del CiPP entrega su visión sobre la discusión sobre el cuarto retiro de fondos previsionales que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Conoce aquí sus opiniones.

Hace tiempo que los retiros de fondos de pensiones dejaron de ser una excusa razonable para “aliviar la mala situación económica producida por la pandemia en los sectores más pobres”, señala el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP-UAH, Eduardo Saavedra, quien agrega que ahora muestra su verdadera cara. “Es el modo en que los sectores antisistémicos logran colocar en la agenda pública uno de sus objetivos más anhelados, el fin del sistema de capitalización individual en Chile”.

Estos retiros, que pudieron justificarse cuando en 2020 el gobierno se mostró incapaz de enfrentar los problemas financieros de quienes no tenían trabajo o cerraban su emprendimiento a causa de la pandemia, actualmente no tiene justificación alguna, puntualiza el académico de la Universidad Alberto Hurtado. Esto por tres razones principales: (i) el gobierno ya hace más de un año que entrega subsidios universales para enfrentar la pandemia, entre otros el llamado bono IFE; (ii) las personas con menos recursos también son quienes disponían de menos ahorros previsionales, por lo que los retiros de dichos fondos actuales no les afectan mayormente, beneficiando a las clases más pudientes que no requieren de este “apoyo”; y (iii) las restricciones a la movilización que frenaron la actividad económica y dejaron a miles de personas sin sus ingresos, actualmente no existen.

El investigador recalca que estos retiros producen problemas económicos concretos. En primer lugar, queda actualmente de manifiesto que cuando muchas personas disponen de liquidez, lo vuelcan principalmente a consumo corriente, lo que produce presiones inflacionarias que ya estamos viviendo en Chile, dice Saavedra. Asimismo, estos retiros producen una pérdida de valor en el remanente fondo que queda para ahorrar, ya que presionan a la baja el precio de los instrumentos financieros en que están invertidos dichos fondos, lo que a su vez reduce las pensiones tanto de los futuros pensionados como de quienes actualmente están jubilados bajo la modalidad de retiro programado. En tercer término, indica el profesor Saavedra, se desnaturaliza completamente el concepto de ahorro previsional, el que por razones de miopía intertemporal en las personas es de carácter obligatorio, lo que impone una carga fiscal enorme cuando los individuos que ya usaron sus ahorros busquen jubilarse y la pensión que vayan a recibir sea paupérrima.

Pese a este aterrador diagnóstico, el economista se pregunta por qué se insiste en esta política. “Ciertamente se trata de una medida populista que entrega créditos de corto plazo a quienes la promueven, defienden y apoyan”, afirma Eduardo Saavedra. Esto explica que candidatos que se declaran “en reflexión” terminan después apoyando abiertamente la iniciativa, aclara el académico. “Esta clase política, que denosta a la tecnocracia contraria a los retiros de fondos de pensiones, refleja que no sólo no entiende el compromiso en políticas públicas, sino que además muestra que no le importa el largo plazo, el crecimiento y el progreso económico y social de nuestro país”.

Para Eduardo Saavedra iniciativas como el cuarto retiro de los fondos de pensiones dan cuenta que estas decisiones son tomadas con el trasfondo de promover cambios profundos a nuestra institucionalidad económico-política, lo que se hace de manera solapada porque faltan ideas de cómo construir un universo nuevo, sólo se tiene claro que se busca demoler el mundo viejo. “Lamentablemente, este proceso de destrucción sin construcción no es nuevo, siendo más bien una tónica que buscan los grupos antisistémicos y que apoyan quienes desconocen la historia y los procesos con que se han implementado las políticas públicas en Chile”, sentencia el economista.

Fernando López, investigador CiPP y académico UAH, en radio cooperativa “La confianza es clave para la sostenibilidad de un sistema de pensiones”

El sistema de pensiones está totalmente desprestigiado en Chile y si la ciudadanía no lo legitima es imposible seguir manteniéndolo porque la confianza es clave para sostenerlo. Esta fue una de las afirmaciones que realizó el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, Fernando López, en el programa “Ahora es hora” de Radio Cooperativa el sábado 13 de noviembre.

El académico se refirió a un estudio realizado en varios países a comienzos de este año que muestra que en Chile el nivel de desconfianza frente al  sistema de pensiones es altísimo  y que en una escala de calificación del uno al siete los ciudadanos lo evaluaron con nota dos.

Para el especialista, los resultados de esta encuesta demuestran que el sistema de AFP en Chile está completamente deslegitimado y es imposible seguir manteniéndolo. “La confianza es clave para la sostenibilidad de un sistema de pensiones”, afirma el docente.

El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de esta casa de estudios destaca que la gente que confía menos en los sistemas de pensiones tiende a ahorrar menos y en cuanto tiene la oportunidad de retirar sus fondos lo hace muy rápido, incluso aunque muchas veces se perjudique.

Otros estudios revelan además, dice López, que la gran mayoría de las personas no quieren que una entidad privada administre sus fondos de pensiones y que para muchos ciudadanos es más seguro y confiable que esta labor la ejecute un organismo estatal. Asimismo, que la mayoría de las personas no están de acuerdo en la solidaridad intergeneracional ni en aportar más.

Sobre cuál es el mejor sistema previsional, señala que se trata de un problema que requiere de una mirada multidimensional y que se tienen que analizar los cambios a la estructura demográfica y del mercado laboral, entre otros factores. Lo clave dice el académico es “hablarle a la gente con la verdad y no crear falsas promesas ni falsas expectativas, como piso para generar un nuevo pacto social en torno a las pensiones”.

Sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, destaca que los programas de Boric y Provoste tienen en común que se plantea un diálogo social con los actores, un rol más activo del estado y un alto componente de reparto, en el sentido de asegurar un nivel de pensión para las personas. Sin embargo, señala López, tengo serias dudas sobre la sostenibilidad de lo que se propone, esto requiere un estudio actuarial para estimar la capacidad de pagar pensiones actuales y futuras. Lo positivo son los elementos de seguridad que se propone, lo que sintoniza con las expectativas de las personas, pero me preocupa la sostenibilidad.

Para Fernando López, no es una mala opción que una entidad del Estado administre los fondos de pensiones y declara que a nivel internacional existen destacados ejemplos con excelentes resultados. El académico se refirió al caso del Reino Unido donde se realizó un importante aumento de las contribuciones y se creó una entidad de gran prestigio e impecable funcionamiento.

Sin embargo, el investigador, recalca que no tiene certeza de si esta iniciativa pudiese resultar en Chile debido a la gran incertidumbre política y al clima que se observa en el parlamento con el tema de los retiros de los fondos de las AFP.

Sobre el programa del candidato José Antonio Kast, López destaca que básicamente lo que propone es dejar las cosas tal como están, lo que tiene como gran problema la legitimidad, las personas no quieren que siga el sistema tal como está, y su propuesta no se hace cargo de este problema.

Termina reafirmando la necesidad de hablar con la verdad, y fijar expectativas reales para las personas sobre lo que se puede o no esperar de cualquier sistema de pensiones.

Si quieres escuchar la entrevista completa, sigue el siguiente link:

https://cooperativa.cl/noticias/economia/sistema-previsional/afp/ahora-es-hora-la-legitimidad-del-sistema-de-pensiones-y-las/2021-11-13/103208.html

 

 

[LIbros] Hugo Rojas investigador CiPP y académico UAH: “es imprescindible formular políticas públicas que contribuyan a que el “Nunca Más” en materia de violaciones a los DDHH sea efectivo”

El académico de la UAH e investigador del CiPP, Hugo Rojas y la investigadora canadiense Miriam Shaftoe de la University of Otawa, publicaron el libro “Human Rights and Transitional Justice in Chile, que forma parte de la serie “Memory Politics and Transitional Justice” de la editorial Palgrave Macmillan.

La dictadura cívico-militar comandada por el general Augusto Pinochet, es sin duda, uno de los períodos más oscuros en materia de violación de los derechos humanos en nuestro país. Dejó una estela cruenta de ejecutados(as) políticos, detenidos-desaparecidos(as), miles de personas torturadas; y las huellas que dejó el Golpe Militar de 1973 van pisándolas, día a día, las descendencias directas de todas las víctimas.

El regreso a la democracia en la década de los 90 estuvo marcado por la demanda de justicia para estos crímenes de lesa humanidad. Desde este ángulo de la historia reciente del país cabe reflexionar sobre cómo han ido implementándose los mecanismos judiciales y políticos para la reparación de una sociedad fracturada por la masiva y sistemática violación de los derechos humanos.

“Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile” de Hugo Rojas y Miriam Shaftoe

Son estos temas los que justamente aborda el libro “Human Rights and Transitional Justice in Chile” (“Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile”) escrito por el académico de la UAH e investigador del CiPP y del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (Viodemos), Hugo Rojas, junto a la investigadora canadiense Miriam Shaftoe de la University of Otawa.

El libro -que forma parte de la serie “Memory Politics and Transitional Justice” de la editorial Palgrave Macmillan – a lo largo de sus 208 páginas ofrece: “Una síntesis de los principales avances y desafíos pendientes en materia de derechos humanos en Chile a propósito de la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura”, explicó Rojas.

En esa perspectiva, acotó, se revisan: “…las medidas de reparación material y simbólica para paliar en parte los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares; la dictación de sentencias condenatorias y sanciones aplicadas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; los esfuerzos de memorialización y conmemoración, y el establecimiento de medidas institucionales que garanticen que en el futuro no vuelvan a cometerse crímenes de lesa humanidad en el país”.

Los hechos de violencia y la represión estatal del 2019 nos muestran que la sociedad chilena no ha sido capaz de desarrollar una cultura promotora de los derechos humanos en todos los sectores e instituciones, por lo que es imprescindible formular propuestas y políticas públicas que contribuyan a que el proyecto del Nunca Más sea efectivo”, Hugo Rojas, académico de la UAH e investigador del CiPP.

Hugo Rojas, académico de la UAH e investigador del CiPP

Es así que en el primer capítulo se explican los fundamentos teóricos de los derechos humanos y la justicia transicional; en el segundo, se analizan los principales hitos de la historia reciente de Chile que han definido el curso del proceso de justicia transicional. Los siguientes capítulos ofrecen una visión general de los elementos clave de la justicia transicional en Chile: verdad, reparación, memoria, justicia y garantías de no repetición.

Cada capítulo está: “Dirigido a un público amplio. El libro pretende ser un texto de consulta que contribuya a una mejor comprensión de los derechos humanos, de la justicia transicional, de la historia reciente y de las complejidades de la Transición chilena una vez recuperada la democracia en 1990”, sostuvo Rojas.

Serie “Política de la Memoria y Justicia Transicional”

En su Introducción, precisamente, se consigna que: “La experiencia chilena brinda perspectivas comparativas útiles para investigadores, estudiantes y activistas de derechos humanos involucrados en procesos de justicia transicional en todo el mundo”.  De ahí que el libro forme parte de la serie “Memory Politics and Transitional Justice” (“Política de la Memoria y Justicia Transicional”) que promueve el diálogo crítico combinando: “…una comprensión profunda de los contextos que han permitido que ocurra la injusticia con un análisis de cómo los legados de tal injusticia en la memoria política e histórica influyen en los proyectos contemporáneos de reparación, reconocimiento o nuevos ciclos de negación”. 

Y aún más relevante se torna está revisión de las luces y sombras de la justicia transicional en Chile, al observar lo acontecido en los días más explosivos del denominado “estallido social o revuelta popular” de octubre del 2019. Ante la ola de protestas ciudadanas que se suscitaron a lo largo del país, con particular intensidad en la Región Metropolitana, el Gobierno se declaró “en guerra” y no tardó en imponer el Estado de Excepción de Emergencia Constitucional que le permitió revivir el Toque de Queda con las Fuerzas Militares custodiando las calles del país. Rápidamente se propagaron las denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, recordando los peores años de la dictadura militar.

Estos acontecimientos del Chile del presente puestos en la perspectiva del devenir de los últimos 48 años son materia también de preocupación del académico Rojas, pues afirmó: “Los hechos de violencia y la represión estatal del 2019 nos muestran que la sociedad chilena no ha sido capaz de desarrollar una cultura promotora de los derechos humanos en todos los sectores e instituciones, por lo que es imprescindible formular propuestas y políticas públicas que contribuyan a que el proyecto del Nunca Más sea efectivo”. 

Páginas disponibles (gratis): https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-81182-2%2F1.pdf

Más información en: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-81182-2.

 

Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: Chile puede perder una parte de su crecimiento potencial por no enfrentar adecuadamente la pandemia de la obesidad dentro de sus políticas públicas”

El investigador del CiPP y académico de la UAH, Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral”, de la Consultora FoqusChile, co autoreado con Marta Manríquez de FoqusChile y como investigadora invitada, Ornella Tiboni, representante de la FAO en Chile.

Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Labora

Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Labora “Los resultados indican que Chile puede perder una parte de su crecimiento potencial por no enfrentar adecuadamente la pandemia de la obesidad dentro de sus políticas públicas”. Así de lapidaria es una de las principales conclusiones del estudio “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral”, que destacó Carlos García, investigador del CiPP, académico de la UAH e investigador a cargo del desarrollo del proyecto que culminó con este acabado informe, publicado en marzo del año pasado, y que busca ser un aporte a la discusión pública sobre los beneficios de alimentación laboral saludable, colocando a disposición datos económicos que ayuden a la toma de decisión de las autoridades de nuestro país.

El 69% de la población del país entre 20 y 64 años de edad padece de sobrepeso u obesidad

Catalogados como “pandemia”, en Chile el sobrepeso y la obesidad “parecieran estar fuera de control”, señala el estudio, acotando que el país: “…ha sido nominado como campeón en sobrepeso y obesidad por la OCDE en el año 2019”. Y las cifras que lo demuestran son elocuentes, pues el 69% de la población entre 20 y 64 años padece una de estas dos patologías: “…lo que ha provocado que al año fallezcan cerca de 6.500 hombres y mujeres en plena capacidad laboral por causas asociadas a la obesidad (CEPAL, 2017). Los costos (o pérdidas) en productividad debido a esta mortalidad prematura y al ausentismo laboral, alcanzaron en 2014 los US$ 75 millones y US$ 33 millones respectivamente”, consigna el estudio. (aquí foto obesidad, con pie lectura:

Carlos García, investigador CiPP y académico de la UAH

Al respecto, García es claro: “Los efectos de esta pandemia sobrepasan por mucho los límites de la salud de los trabajadores, afectando el desempeño de la economía como un todo, con caídas importantes en el consumo, la inversión, los salarios y la oferta de trabajo”. 

De ahí la relevancia de esta investigación que pone énfasis en la imperiosa necesidad de impulsar políticas públicas que fomenten la alimentación saludable en los espacios laborales, recordando que en el Código Laboral la alimentación se entiende como “el beneficio de colación” y no como un derecho, quedando así al arbitrio de los empleadores si lo entregan o no; y si lo otorgan, a la voluntad también la modalidad que quieran utilizar y el monto que desean desembolsar.

El tema de la obesidad y sobrepeso también tiene que ver con el tipo de alimentación disponible, sostuvo García: “El crecimiento económico viene aparejado en forma masiva con aumentos de una alimentación rica en azúcar, grasas y sodio, y por tanto en el surgimiento de muchas enfermedades graves como la diabetes, ciertos tipos de cáncer, etcétera. Este fenómeno ocurre en la mayoría de las economías emergentes, incluso con el conocimiento disponible de las empresas y los propios trabajadores de las ventajas de la alimentación saludable”.

Estudio sobre Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

 

Otra variable que también entra en el círculo de la dieta que eligen las personas se entronca con la relación entre el poder adquisitivo y el precio de los alimentos: “En nuestro país se estimó que una canasta alimentaria de calidad sería 36,1% más costosa que la canasta básica alimentaria, lo que significaría que hasta 27% de la población no podría acceder a ella (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019). Esta realidad es la que viven miles de trabajadores diariamente: no poder acceder a una alimentación adecuada en la jornada laboral por no contar con un presupuesto Suficiente”.

La tasa de mortalidad asociada a una alimentación no saludable en el año 2017 fue de 158 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto – trajo al presente el estudio- motivo al Estado chileno a diseñar estrategias para promover una dieta equilibrada, pero la mayor parte dirigidas a niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en el sistema escolar.

Sin embargo, para el mercado laboral no existe este tipo de política de salud: “Así entonces, el lugar de trabajo se ha transformado en una oportunidad completamente perdida para modificar la cultura y promover estilos de alimentación saludable, y de esta forma, erradicar el sobrepeso y la obesidad en Chile”, un espacio que por lo demás es idóneo para propagar hábitos saludables si se considera  el importante número de trabajadores(as) formales que componen la fuerza laboral del paíy sus familias.

Estudio sobre Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

Es por ello la reflexión de García: “Es difícil entender la ausencia de políticas de alimentación sana en los lugares de trabajo -donde se desarrolla buena parte de la vida las personas- en un país que quiere tener una fuerza de trabajo sana y productiva”.

Más aún si desde la perspectiva del impacto en la economía es tremendamente decidor: “Un aumento de 30% en la alimentación saludable en diez años, plazo que se dio las Naciones Unidas para promover la alimentación sana en el mundo, podría generar un punto más de crecimiento del PIB en el largo plazo”, destacó el académico.

Estudio sobre Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

Consultado sobre qué se requiere para sustentar una política de salud de esta naturaleza, planteó: “La necesidad de implementar impuestos, subsidios, y cambios culturales, de promover fuertemente la alimentación saludable en los lugares de trabajo. Sobre todo, si los beneficios sobrepasan, por mucho, los costos, como se encuentra en este estudio”.

Revisa acá el estudio completo  

https://foquschile.cl/wp-content/uploads/2021/04/Estudio-Alimentacion-Laboral.pdf

 

Ximena Concha, directora ejecutiva CiPP en Foro de ONU Mujeres y el Instituto IILA: “La certificación de competencias laborales puede llegar a ser un eslabón clave de un sistema integral de cuidado”

Ximena Concha, directora ejecutiva del CiPP y consultora del programa EUROSOCIAL, participó como panelista en el Foro denominado “Retos y oportunidades que la recuperación post COVID-19 ofrece para avanzar hacia una Centroamérica de paz, igualdad, democracia y desarrollo” organizado por ONU Mujeres y la Organización Internacional Ítalo – Latinoamericana IILA, El foro se desarrolló en formato virtual el 04 de noviembre de 2021.

En la inauguración hicieron uso de la palabra, María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Antonella Cavallari, Secretaria General del IILA, Alberto Menghini, Jefe de Cooperación Regional de la Unión Europea para Centro América y Mauro Ghirotti, Director para Centroamérica y El Caribe –AICS El Salvador. En el cierre del evento, intervino Francesco Maria Chiodi, de IILA-Programa UE EUROSOCIAL.

Ximena Concha, quien es consultora del programa EUROSOCIAL,  participó en un panel junto a Ana Elena Badilla, Representante de ONU Mujeres El Salvador y Ecuador y Anita Araceli Zetina, Secretaria General de la SISCA, y se refirió en su exposición a los sistemas de certificación de competencias laborales y su aporte a un sistema integral de cuidado.

A modo de contexto, Ximena planteó en su exposición que la Unión Europea y la Alianza Global de los Cuidados, además de la OIT, CEPAL y la propia ONU Mujeres han llamado a los países a colocar los cuidados en el centro de sus respuestas al Covid 19, creando paquetes de incentivos y recuperación que promuevan sistemas integrales de cuidado que aseguren el acceso al cuidado de las personas que lo requieran y, al mismo tiempo, garanticen los derechos a las personas que los brindan.

El llamado de estos organismos ha sido a impulsar políticas que apunten a la triple R: Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados no remunerados asumidos fundamentalmente por las mujeres. A  este llamado, la OIT ha agregado además otras 2 “R”: las de Recompensar y garantizar una adecuada Representación por medio del diálogo social y la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del cuidado.

Dentro de la recomendación de “Reconocer”, el llamado es a promover políticas activas del mercado del trabajo que apoyen la incorporación, la reintegración y los progresos de las cuidadoras y cuidadores no remunerados en la fuerza de trabajo. Asimismo, a hacer visible y revalorizar el trabajo del cuidado como un factor clave para el bienestar de la sociedad y el funcionamiento de la economía.

Sobre los sistemas de certificación de competencias laborales en la región, señaló que existen en varios países sistemas maduros y consolidados, que tienen entre 12 y más de 30 años de existencia, que impulsan desde el estado procesos de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas, con especial foco, en aquellas que no tienen estudios formales o han adquirido determinados oficios en la propia experiencia laboral. Es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA de Costa Rica,, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER de México; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia; y la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, en Chile, institución que tuvo la responsabilidad de dirigir durante 9 años, desde su creación el año 2009.

La certificación informa al mercado laboral que una persona cuenta con las competencias laborales que ese mismo mercado laboral demanda para una determinada función laboral. De esa manera, permite reducir asimetrías de información entre quienes buscan y ofrecen puestos de trabajo, junto a otros beneficios como mejorar la empleabilidad de quienes se certifican y su visibilidad en el mercado laboral y la productividad de las empresas u organizaciones que contratan o cuentan con personas más calificadas.

Por su parte, a raíz de la creciente migración intrarregional en América Latina, que en gran parte se debe a razones de trabajo, surge como desafío la creación de condiciones para que a las personas migrantes les sean reconocidas sus competencias laborales y profesionales, como instrumento que facilite su inserción laboral y/o la continuidad de estudios en los países de destino.

En cuanto a la certificación de personas que se desempeñan en el mundo del cuidado, indicó que ya existen algunas experiencias de certificación de competencias impulsadas en la región por países como Chile y México, que han permitido identificar algunos perfiles laborales vinculados a las labores de cuidado como también iniciar procesos de certificación de algunos de estos colectivos. Son experiencias recientes con un alto potencial de crecimiento y expansión. También en Europa se ha avanzado en estas certificaciones en países como España y Holanda, según se pudo determinar en un reciente estudio sobre las políticas de certificación de competencias laborales y la migración en los países de Alianza del Pacífico y Europa, que desarrolló, junto a otros expertos, a petición del programa EUROSOCIAL.

En opinión de Concha, resulta altamente recomendable impulsar una amplia acción de certificación de competencias y capacitación de mujeres que se desempeñan en labores de cuidado, de manera remunerada o no remunerada, lo que podría generar diversos beneficios, como por ejemplo, dar mayor estatus y visibilidad a la función que estas mujeres cumplen en la sociedad, permitir una negociación más justa y simétrica de las retribuciones y las condiciones laborales entre la persona certificada y su posible empleador, profesionalizar las labores de cuidado, asegurar estándares de calidad en el ejercicio de estas labores, y aportar a la movilidad social y las trayectorias laborales y formativas de quienes se desempeñan en este tipo de tareas.

Por último señala Ximena Concha, es importante considerar que las labores de cuidado son un espacio ocupacional en expansión y pueden ser un motor de la reactivación económica post COVID 19, de hecho, la OIT ha cifrado en 2300 millones las personas que al 2030 estarán necesitadas de servicios de cuidado, sobre todo por el aumento de la esperanza de vida.

Concluye su exposición señalando que la certificación de competencias laborales, sumada a amplios procesos de capacitación de las personas -fundamentalmente mujeres- que efectúan labores de cuidado podrían llegar a ser un eslabón clave de una política que promueva al mismo tiempo la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo de su capital humano, como también un aumento de la calidad de las labores de cuidado que se entregan a miles de personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.

En el marco del Foro, ONU Mujeres y el IILA firmaron un memorandum de entendimiento que refuerza una cooperación inaugurada el 30 noviembre de 2020 en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional contra la violencia a las mujeres, reafirmando un compromiso común e identificando ulteriores áreas de mutuo interés.

Enlace para escuchar el foro: https://www.youtube.com/watch?v=ynPYkVlk7IE&ab_channel=IILAVideo

 

Manuel Fuenzalida junto a Paulette Landon, investigadora CiPP y María Paz Trebilcock, todos académicos de la UAH, y Francisco Maturana publicaron “Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile” en la Revista INTERCIENCIA VOL. 46 Nº 9/10 Septiembre-Octubre 2021.

“Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile” es el nombre del estudio que muestra una acabada radiografía de los hallazgos de ocho clúster poblacionales que evidencian la heterogénea distribución de la población a lo largo de las 346 comunas del país, la cual, sostienen las y los autores de la investigación: “…debe ser mirada con atención para establecer una agenda de políticas públicas” que se haga cargo de estas particulares realidades.

¿Cómo se acercan o alejan del estándar demográfico nacional las unidades subnacionales chilenas? ¿Qué implicancias para la toma de decisiones tiene una distribución de pirámides poblacionales heterogéneas en el país? Esas son las interrogantes que gatillaron el estudio “Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en chile”, desarrollado por Manuel Fuenzalida, como investigador principal, junto a Paulette Landon, investigadora CiPP y María Paz Trebilcock, todos ellos académicos de la UAH, junto a Francisco Maturana, académico de la Universidad Austral de Chile.

 “Cada uno de éstos clúster presenta características poblacionales diversas que tienen que ser miradas con atención para establecer una agenda de políticas públicas acorde a los tipos de envejecimiento que presentan los territorios, las fuentes productivas y la concentración de los grupos familiares en el territorio nacional”.

El foco del estudio está puesto en las 346 comunas (unidades subnacionales) del país. Se utilizaron los microdatos de la base del último Censo (2017). De ahí se procedió a elaborar una base de datos con las edades quinquenales de los habitantes de una comuna entre 0 a 80 años y más, divididos por sexo. Para cada comuna en análisis, se comparó la desviación estándar de las diferentes clases de edad en relación con la pirámide poblacional nacional. Con estos datos se realizó un análisis de clúster con el objetivo de agrupar comunas con similar composición poblacional, independiente que estuvieran desacopladas territorialmente.

La principal conclusión de la investigación es que, efectivamente: “Los resultados permiten afirmar que la estructura poblacional por edad y sexo a nivel comunal presenta características heterogéneas y en lugares específicos, desequilibrio poblacional”. Este análisis de patrones territoriales permitió identificar ocho clústeres (grupos poblacionales) diferentes.

De esta forma, el estudio estableció: Clúster 1 (C1) denominado como población “Envejecida” (conformado por 76 comunas); C2 “Nido con envejecimiento activo” (42 comunas); C3 “Transición al envejecimiento” (40 comunas); C4 “Población adulta” (37 comunas); C5 “Hombres en edad productiva terminal” (23 comunas); C6 “Hombres en edad productiva inicial” (30 comunas); C7 “Nido en expansión” (49 comunas) y C8 “Nido consolidado” (49 comunas).

“Cada uno de éstos clúster presenta características poblacionales diversas que tienen que ser miradas con atención para establecer una agenda de políticas públicas acorde a los tipos de envejecimiento que presentan los territorios, las fuentes productivas y la concentración de los grupos familiares en el territorio nacional”, consigna el estudio.

Tres aspectos son resaltados por la investigación, desde la perspectiva de generar este tipo de políticas públicas. Sin duda, el primero en torno al envejecimiento de la población: “La política necesariamente tiene que considerar que existe un grupo de comunas objetivo para la promoción de un envejecimiento saludable y vejez satisfactoria, que supere los escollos de cuidados y pensiones. El desafío no es menor, dada la demostración que los adultos mayores perciben como barreras para la vida cotidiana, las dificultades para el acceso a servicios públicos, limitadas opciones recreativas, problemas económicos y la indisciplina social en general”.

El tercer aspecto a considerar son políticas públicas asociadas a la concentración de grupos familiares, que se da: “…principalmente en los clústeres 7 y 8, que adicionalmente se emplazan en las zonas centrales del país, donde se concentran los núcleos laborales y servicios relevantes para personas de distintas edades”, explica el informe. Una de las recomendaciones es: “Construir territorios más equitativos en términos de la socialización y acceso a servicios, es central en estos territorios que presentan una dinámica poblacional compleja, al representar los distintos segmentos de la pirámide poblacional”.Una segunda consideración gira en torno a la necesidad de políticas relacionadas a procesos de conmutación laboral, presente en algunos clústeres y que: “…tiene consecuencias importantes sobre la estructura, dinámica y magnitud de la población, tanto en la localidad de origen como en la de destino”. En esa línea, el estudio plantea que: “…la planificación territorial tiene que considerar amenidades, servicios de vivienda, salud y acceso a la educación, entre otros, que prevalecen en los lugares de residencia y no en el territorio donde se trabaja, pero sí considerando a estas comunas en la infraestructura crítica necesaria para desarrollar los procesos productivos”.

El estudio concluye sosteniendo que: “Se espera que los resultados de la investigación se transformen en un marco de referencia al momento de intentar explicar las características heterogéneas locales, a razón de grupos de edad específicos a nivel subnacional. En un contexto de investigación más amplio, esto permitirá en el mediano plazo calcular tasas de morbilidad estandarizadas por edad a escala comunal, y comparar su comportamiento entre diferentes áreas geográficas, lo que es esencial para tomar decisiones de política pública”.

Revisa acá el artículo: Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile.

Amaranta Alfaro, investigadora CiPP y académica UAH en Jornadas de Ciudadanía Digital: Existe una gran distancia entre el uso potencial y real que los jóvenes en A.Latina dan a la producción y creación audiovisual en línea.

Amaranta Alfaro, investigadora CIPP y académica UAH, presentó junto a Rolando Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, los resultados del estudio sobre los “Determinantes de las habilidades y actividades relacionadas con la creatividad entre los jóvenes de Chile, Costa Rica y Uruguay” en el marco de la IV Jornada de Ciudadanía Digital.

Amaranta señaló en su exposición que los medios digitales forman parte de la vida cotidiana de los niños y jóvenes y la web 2.0 potencia que las personas compartan sus creaciones con otros, permitiendo a los jóvenes experimentar un papel activo como productores culturales.

Sin embargo, los resultados del estudio realizado, permite afirmar que dicha potencialidad no se alcanza finalmente. Si bien la producción y creación audiovisual ha sido identificada como una de las actividades en línea con mayor nivel de creatividad involucrada, en la práctica, es poco realizada en el contexto latinoamericano.

Asimismo, si bien existe una variedad de plataformas para crear y compartir videos, las que han ido en aumento en forma exponencial y son una de las que dominan la cultura en línea y las redes sociales, se observa una gran distancia entre su uso potencial y el uso real que los jóvenes le dan.

Dado que la creatividad aparece como una de las habilidades más relevantes para los cambios en el mundo laboral, y las habilidades del siglo XXI, nos pareció relevante estudiarla en detalle, comentó Amaranta.

El evento fue organizado en conjunto entre los organismos uruguayos Agesic y Ceibal y en este se abordaron la dimensión creativa y participativa de la ciudadanía en el entorno digital. La jornada buscó promover la reflexión, el intercambio y el desarrollo de capacidades para la construcción de ciudadanía en entornos digitales, desde una perspectiva integral que considera el uso crítico, reflexivo, seguro, responsable, creativo y participativo de las tecnologías digitales.

El evento se encuentra disponible en el canal de YouTube de Agesic:

Más información sobre la actividad.

Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH en LatCrit 2021 “La sociedad chilena se encuentra en una encrucijada compleja de resolver desde el punto de vista político y constitucional”.

Rojas participó en la conferencia internacional LatCrit 2021 “Resistance and Transformation: Mapping Critical Geographies and Alternative Possibilities in Legal Scholarship and Praxis for the Next Twenty-Five Years”, organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Denver y Latina and Latino Critical Legal Theory.

Su ponencia denominada “Chile at the Crossroads: From Social Explosion to a New Constitution” fue presentada en el panel “Critical Perspectives on Democracy, Transparency, and Constitutionalism”, y será publicada en una revista académica estadounidense el 2022.

En su intervención, el académico señaló que todos los chilenos nos hemos sentido interpelados en estos dos últimos años y las conversaciones políticas han proliferado tanto en nuestros círculos íntimos como en los escenarios públicos, incluso a pesar de las restricciones de circulación impuestas por la pandemia.

La sociedad chilena se encuentra en una encrucijada compleja de resolver desde el punto de vista político y constitucional. En primer lugar, los chilenos han tenido que enfrentar una cuestión que quizás durante demasiados años trataron de eludir: ¿Cómo enfrentar pacíficamente la herencia y aquellos enclaves autoritarios del pasado dictatorial (1973-1990) que han permanecido durante más de treinta años de transición a la democracia? En segundo lugar, los chilenos también están discutiendo los mecanismos y formas más adecuadas para salir con éxito de esta encrucijada: ¿Cómo establecer -democráticamente y respetando el estado de derecho- las bases institucionales, políticas y constitucionales de una nueva República de Chile, que contribuya a relaciones más equitativas y armónicas entre los distintos sectores sociales y que, por cierto, perdure en el tiempo?

El estallido social ha sido la materialización de un profundo malestar social con el sistema económico neoliberal y la Constitución de 1980, ambos impuestos por la dictadura de Augusto Pinochet, a pesar de todas las correcciones y reformas aprobadas durante los años de la transición. Las élites políticas y económicas hicieron oídos sordos a los clamores de la mayoría de la población que quería confiar en las bondades de un modelo político-económico que supuestamente les proporcionaría las oportunidades, garantías y protecciones sociales que anhelaban. Sin embargo, esto no ocurrió y la olla a presión comenzó a hervir lenta y gradualmente, con millones de chilenos manifestándose en las calles durante la primavera de 2019 contra el sistema político y económico.

Para más información ingresa en el siguiente enlace.

Fuente: Cooperativa

Eduardo Abarzúa en Cooperativa, sobre el proyecto de Reforma a la Alta Dirección Pública: hay razones para estar preocupados respecto de la viabilidad y pertinencia del proyecto presentado por el gobierno.

En su columna de opinión, coescrita con Cristina Orellana, el investigador CiPP y académico UAH, Eduardo Abarzúa, analiza el proyecto de ley presentado por el gobierno que, según se nombra, fortalece el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y la dirección nacional del Servicio Civil, y plantea cuatro nudos críticos que generan preocupación respecto de la viabilidad y la pertinencia del mismo.

A modo introductorio, la columna señala que al examinar la propuesta del gobierno están ausentes temas centrales y conocidos que se relacionan con la sustentabilidad de esta política pública, lo que, unido a la urgencia y momento político de la tramitación, generan preocupación respecto de la viabilidad y la pertinencia de un proyecto de esta naturaleza. Con esta perspectiva y en tanto integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, manifestamos nuestra preocupación basados en los siguientes nudos críticos.

El primer nudo crítico identificado por los autores es que el proyecto no se hace cargo del principal problema que afecta al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).

La instauración del SADP, en 2003, tuvo por objeto profesionalizar la gestión directiva del sector público y dejar atrás prácticas clientelares, a través de la selección -sobre la base del mérito y a través de concursos públicos- de los directivos de los principales servicios públicos de nuestro país ….. De esta forma se aspiraba a nombrar directivos profesionales, quienes encabezarían servicios públicos que ejecutan políticas públicas, la mayoría de ellas, trascendentes a cada gobierno.

En su desarrollo, el SADP ha experimentado múltiples desafíos y, entre ellos, el más persistente y complejo ha sido la alta tasa de desvinculación de los directivos seleccionados por el sistema.

Pese a los esfuerzos desplegados a través de la reforma de 2016 -tales como la facultad presidencial de nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio-, al concluir el segundo año de gobierno el 74,33% de los directivos de primer nivel, en los tres últimos gobiernos, han sido removidos o no renovados: 77,8% en 2012; 72,6% en 2016 y 72,6% en 2020.

Los otros tres nudos críticos que desarrolla la columna son: que el proyecto no aborda la gobernanza del Sistema de Alta Dirección Pública; no contribuye a establecer una clara distinción entre el Gobierno y la Administración; y que se somete a la consideración del Congreso Nacional con suma urgencia, sin un trabajo prelegislativo y sin considerar el contexto derivado del proceso constituyente en curso.

Para leer la columna completa, sigue este link.

 

¿Cuáles son los desafíos para la educación media técnico profesional (EMTP) post pandemia?  fue el nombre del tercer coloquio que organizó el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH. En esta oportunidad, Leandro Sepúlveda, investigador CiPP y académico de la Facultad de Educación UAH, fue el encargado de realizar su ponencia sobre el tema, la que luego fue comentada por Paola Bordón, también investigadora CiPP y académica de la FEN-UAH.

Para comenzar, el investigador entregó algunos antecedentes de contexto sobre la EMTP para luego desarrollar su tesis principal sobre la situación de este tipo de educación en nuestro país.

Algunos datos clave que entregó son que el 38% de los estudiantes de 3º y 4to medio en nuestro país estudian en la EMTP; también que la oferta curricular es compleja y depende de las posibilidades que cada establecimiento tiene para ofrecer a sus estudiantes y no necesariamente a los requerimientos socio-productivos locales o regionales; El 70% de los establecimientos que imparten EMTP sólo brindan esa modalidad y apenas un 8% de la matrícula se forma en sistema Dual (es decir, con alternancia entre el establecimiento educativo y las empresas). Además, el 49,7% de los establecimientos corresponde a municipales, el 40,7% a particulares subvencionados y el 7,4% a establecimientos de administración delegada, (esto es, que están bajo la responsabilidad de algún gremio empresarial); Otros aspectos relevantes son que existe segmentación de género por sectores de especialidad, por lo que el 40,5% de las mujeres estudiantes prefieren la administración y el comercio; y se observa una homogeneidad económica cuando el 78% de la población escolar proveniente del sector socioeconómico bajo estudia en la EMTP.

La tesis que sostiene el investigador es que la educación técnica profesional de nivel secundario en nuestro país responde a una política educativa fallida. Para sustentar su tesis, Leandro Sepúlveda explica que el actual sistema tiene su origen en la reforma de 1965, incentivada por un modelo desarrollista que fortalece las capas medias y que impulsa el desarrollo de los mandos medios, y el desempeño de cargos específicos que pueden estar por encima de un obrero. Desde entonces hasta ahora, señala el investigador, se ha producido una desvinculación de una política educativa para el trabajo a políticas de desarrollo o innovación productiva.

En palabras del académico, hay un sistema de educación técnica profesional que tiene características relevantes, que cubre una matrícula importante del país, pero que, sin embargo, cuando uno lo analiza en el contexto de las políticas educativas a nivel nacional, lo que se observa es constantemente una marginalidad y una dificultad de dar cuenta de un sistema integrado y con proyecciones estratégicas para la educación para el trabajo. Las causas son varias, una es que hay un modelo sociocultural que hace que la educación técnica siempre haya sido vista como una educación “de segunda” respecto al sistema académico tradicional. También la disfuncionalidad respecto a los modelos de desarrollo predominantes. Y el desinterés por parte de los gremios empresariales por fortalecer y desarrollar la educación técnica, más allá de lo que algunos de ellos hacen con la administración de establecimientos.

Finalmente, Sepúlveda expone los desafíos post pandemia para la EMTP y los divide en corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, dice, es imprescindible para un modelo educativo basado en el aprendizaje práctico, retomar la presencialidad en los establecimientos educacionales; también innovar y promover recursos tecnológicos para el aprendizaje; favorecer/apoyar los centros de prácticas para el aprendizaje situado. A mediano plazo, explica la importancia de romper con una lógica que es la escala de gestión de la educación técnica; tener una dinámica de actualización curricular y los vínculos con el sistema de educación técnica en su conjunto. Finalmente, a largo plazo propone una discusión seria sobre la pertinencia de la educación técnica en la enseñanza media.

En su comentario, la investigadora Paola Bordón se hace cargo de la tesis que propone Sepúlveda sobre si estamos o no en presencia de una política educativa fallida. Plantea la necesidad de volver a la pregunta inicial de por qué existe la EMTP en nuestro sistema educacional. Señala que puede tratarse de una política fallida porque no logra hacer bien los dos objetivos para los cuales fue creada: por una parte, insertar a los estudiantes en el mercado laboral y, de otra, darles herramientas para que puedan proseguir estudios en la educación superior.

Para Bordón, más allá de los números, hay una pregunta fundamental y profunda que debemos hacernos, al entender los objetivos iniciales que tuvo esta educación, que probablemente tuvieron mucho sentido hace 30 años atrás, pero ahora ya no.

Ha pasado mucho tiempo y hemos visto pasar muchas comisiones que han analizado el tema y han propuesto repensar la EMTP pero en la práctica las cosas siguen igual, afirma Bordón.

Para escuchar este interesante Coloquio, sigue el siguiente link:

Pedro Güell en BíoBío TV: “En un plebiscito el sesgo de participación es enorme, es decir, un plebiscito no necesariamente mejora la representatividad”

En la catorceava edición del programa Veo Veo Constituyente del que Pedro Güell, investigador CiPP y académico UAH, es panelista estable, se analizó el tema específico del plebiscito dirimente. Güell es claro en decir que la aprobación por 103 votos fue una suerte de “saludo a la bandera”, pues al mismo tiempo de ser aprobado el plebiscito dirimente, se puso la indicación de que esto debe ir a reforma constitucional, es decir, el parlamento tiene que aprobar este plebiscito y todo indica que no lo hará.

Políticamente, explica Güell, esto no prosperará más allá y en ese sentido es como decir “estamos de acuerdo con el principio de ampliar la participación lo más posible, darle peso a los pequeños grupos, pero no lo vamos a propiciar demasiado”. Sin embargo, para el académico el tema de fondo es la desconfianza en la representación. Y la pregunta más directa, dice, es “sin plebiscito ¿puede mejorar la representación? porque cuando uno elige a una persona, ¿por qué habría que desconfiar de sus decisiones y pedir que se vuelva a votar, una suerte de reelección, al hacer estos plebiscitos? En palabras de Pedro Güell, un plebiscito es mucho más manipulable que un grupo de representantes, y en ese sentido es preferible incentivar los mecanismos de deliberación dentro de los propios representantes antes que sacar el problema a un plebiscito que nadie sabe cómo puede terminar. “En un plebiscito el sesgo de participación es enorme. Es decir, un plebiscito no necesariamente mejora la representatividad”, dice Güell.

Por lo tanto, el investigador propone que para mejorar la calidad de representación se debe avanzar en que los propios convencionales puedan deliberar más profundamente, que existan mecanismos para profundizar. Para Güell la crisis de representación no siempre se soluciona por la vía de la democracia directa, sino que más bien profundizando los mecanismos de representación.

En la misma línea, Güell comenta que “los plebiscitos son buenos en los casos extremos en que las cosas deben decidirse en blanco y negro, pero hay situaciones como las normas constituyentes que más vale darle una vuelta más. Es decir, es preferible que antes de invertir en un plebiscito, incluso se alargue el período. Pero la deliberación requiere un espacio y una forma de conversación que los plebiscitos no siempre proponen”.

Por otra parte, también destaca que el tema de la participación en el trabajo de la constituyente ha sido bastante intensa, pues han habido cerca de 2.000 audiencias con grupos de interés y aportantes a la discusión; ha habido una correa de transmisión entre grupos de reflexión, grupos de interés, organizaciones sociales y la convención. Y de hecho, previo a toda la discusión de los reglamentos internos, esos mismos fueron elaborados con una participación muy intensa, explica.

Pedro Güell reconoce y recalca el notable trabajo de la convención en términos prácticos y políticos, no solo por elaborar el trabajo que tenían que hacer con el reglamento, sino en cómo han ido ordenándose y creando espacios de diálogos políticos. Sin embargo, en la opinión pública se ha producido un distanciamiento creciente en confianza y aprobación respecto de la convención constituyente.

Finalmente, el investigador menciona que desearía que se dejara atrás la “obsesión” de la unidad y el consenso nacional que han caracterizado nuestras constituciones en general, especialmente la del 80. Es decir, explica, que el ideal ha sido una suerte de fusión en una cosa única, y que la aspiración de la nación es la ausencia de fisura. Sin embargo, Güell apunta a una sociedad que reconozca no solo la diversidad, sino también estas fisuras; un país más tolerante con la fragilidad de la democracia; más tolerante con la fragilidad de la convivencia y que por tanto es una sociedad que piensa su constitución de una manera clara y reparadora. En definitiva, poder pensar que “somos naturalmente fisuras y la constitución nos ayuda a mantenernos juntos”, explica.

Para ver esta nueva edición de VeoVeo Constituyente, sigue el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/10/08/veoveo-constituyente-el-plebiscito-dirimente.shtml

 

Enrique Rajevic en ADAD “Reflexiones sobre el efecto supletorio o derogatorio de la Ley de Transformación Digital del Estado”

En su columna publicada en el sitio de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, ADAD, el investigador CiPP y académico UAH, plantea una reflexión sobre la Ley N° 21.189, de Transformación Digital del Estado (LTDE), que aún no entra en vigor, analizando si las disposiciones que incorpora a la Ley N° 19.880, de 2003, de Bases de Procedimiento Administrativo (LBPA), tienen un carácter básico (derogatorio) o supletorio respecto de la diversidad de procedimientos administrativos sectoriales existentes.

Rajevic señala que el Mensaje que le dio origen a la LTDE era nítido en este punto, pues modificaba el artículo 1° de la LBPA para afirmar, luego de que este declara el carácter supletorio de la LBPA, que “Sin embargo, en cuanto al soporte de su tramitación, todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de las técnicas y medios electrónicos establecidos en la presente ley, salvo las excepciones contenidas en la misma”. Así, dejaba en claro que en este punto se consagraba una norma genuinamente básica, con un efecto derogatorio tácito y no integrativo. Pero esta propuesta se modificó en el curso de la tramitación para terminar señalando que “Todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de los medios electrónicos establecidos por ley, salvo las excepciones legales”, trasladándose al inciso siguiente la actual parte final de esta norma, a saber, que “En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter supletorio”. Con esto último se perdía la claridad de la declaración inicial pues en los “procedimientos administrativos especiales” la obligatoriedad de los medios electrónicos sería, como toda la LBPA, supletoria.

Agrega el académico que, con todo, la LTDE hizo una excepción tratándose de “aquellos procedimientos administrativos regulados en leyes especiales que se expresan a través de medios electrónicos”, pues en ellos “la aplicación de todo o parte” de la LTDE se determinaría vía un DFL (artículo 1° transitorio), que es el el DFL N° 1/2020, MINSEGPRES (http://bcn.cl/2riw5), publicado el 06.04.2021.

Concluye Rajevic señalando que puede entenderse que en 2003 el legislador decidiera eludir el mandato constitucional de fijar las bases de los procedimientos (art. 63 N° 18) ante el profuso y heterogéneo universo de tramitaciones sectoriales que se verían afectadas, y la imposibilidad de estimar los efectos potenciales. Que tras 16 años de aplicar la LBPA siga pasando lo mismo resulta poco alentador.

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