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Fuente: Conexión T13 Radio.

Eduardo Saavedra, director académico CiPP, en Conexión T13  “El informe de la FNE muestra que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo y replica esa falta de competencia hacia los minoristas, lo que lleva a subir los precios hacia los consumidores”.

El director académico del CiPP y académico UAH participó en el estudio dado a conocer por la Fiscalía Nacional Económica, FNE, sobre el mercado del gas, que recomienda, entre otras medidas, prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen de la distribución del gas licuado (GLP) a los consumidores, y propone cambios regulatorios al negocio del gas natural para que bajen los precios hacia los consumidores.

Ante la pregunta de por qué la FNE considera que en el mercado de la distribución mayorista de GLP se observa una baja intensidad competitiva y algunos factores estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto, Saavedra explica que en general cuando en un mercado hay pocos actores, como en este caso donde sólo hay 3 empresas de distribución mayorista, existe riesgo de comportamientos colusivos. No es que ocurran, aclara Eduardo, pero hay riesgos de que ocurran.

¿Cuándo se producen esos riesgos de comportamientos colusivos? Hay distintos factores.

Cuando hay pocos actores en una industria; cuando se comparten activos – como los compartieron dos de ellos en GASMAR -; cuando se muestra una participación de mercado estable o muy estable no sólo a nivel país sino que a nivel comunal; cuando la demanda del producto es bastante homogénea. En este caso, respecto del GLP o balón de 15 kgs. a los usuarios les da lo mismo uno u otro. Entonces, cuando los riesgos aparecen, no es que sean indicio de colusión, son riesgos de que puede haber un comportamiento de acuerdos y eso es lo que se quiere bajar.

Explica Saavedra que existe otro riesgo muy importante, con olor a humo, cuando se encuentra que la rentabilidad, o los márgenes de estas tres empresas, han crecido en el último tiempo, respecto del período cuando el precio del petróleo era caro, y eso no tiene una explicación natural en economía, salvo que haya un ejercicio de poder de mercado, que puede ser de baja de competencia o podría ser acuerdo también.

Consultado sobre el dato que revela el informe con relación a que cuando el precio internacional del petróleo ha sido a la baja, esto no ha sido necesariamente simétrico con los precios a la baja en la venta al público, el director académico del CiPP explica que lo se observa en el Informe de la FNE es que cuando el precio internacional del petróleo cayó, los precios subieron, y eso no necesariamente refleja un acuerdo colusivo, aunque podría serlo, también podría reflejar algo que tampoco es bueno: que las empresas tienen poder de mercado. Y, viendo que en el presupuesto de cada familia, el gasto destinado al gas es elevado, cuando el costo está alto, las empresas no cobran tanto, cuando el costo es bajo, cobran más, es decir, tienen más margen, de modo que manejan el precio lo que es indicio de que hay poder de mercado, no necesariamente colusivo, pero sí poder de mercado.

Respecto de la reacción de una de las empresas aludidas que argumenta que las recomendaciones de la FNE no resuelven el problema de fondo que es la dependencia del precio local respecto del precio internacional, que habría aumentado más del 100% sólo los últimos 12 meses, Saavedra es claro en señalar que el problema que intenta resolver la FNE es que, dado que el precio internacional se mueve y puede afectarnos, vamos a tratar de que el mercado chileno sea más competitivo de lo que ha sido hasta ahora.

La FNE acotó lo que buscaba, porque podría haber indagado varios otros temas en este mercado, y encontró que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo, no permite o dificulta mucho la entrada de competidores y además en ese mercado hay restricciones que se llaman “verticales”, que es el control de los mayoristas hacia los distribuidores minoristas, que replica esa falta de competencia y eso es lo que lleva a que los precios sean altos.

Sobre la situación de los contratos que las empresas mayoristas establecen con los miles de distribuidores minoristas, que según explica el Informe de la FNE serían todos muy similares y la gran mayoría exige exclusividad, Eduardo Saavedra es claro en señalar que la FNE recomienda eliminarlos, no se justifican. Señala que en dichos contratos las empresas mayoristas le imponen a los distribuidores la responsabilidad sobre la seguridad de los balones, lo que muestra que en la práctica los mayoristas se han desligado de toda responsabilidad pero la imponen a los minoristas. Además, le impiden a los minoristas, que tienen toda la logística de distribución armada, vender más de un producto y les imponen multas si venden productos de otros, e incluso los premian por la exclusividad.

La FNE cree que todas esas cláusulas, lo único que hacen, es replicar la alta concentración que existe en el mercado de mayoristas y trasladarla a nivel del cliente final, concluye Saavedra.

Consultado sobre por qué el mercado del gas no tiene las mismas regulaciones que otros servicios básicos como la luz y el agua, Saavedra explica que el mercado del gas natural llegó a Chile en los años 90 por iniciativa privada, lo que es un desarrollo distinto a como se dio en el mundo, y al llegar por redes privadas y suponer toda la regulación que era un sustituto del gas licuado -supuesto que no ha sido probado- esto llevó a que fuera regulado de esa manera. Esa regulación, explica el académico, consideraba una rentabilidad máxima que podían ganar las empresas y dado que eso no estaba bien regulado, la ley se modificó el 2016 y entró en vigor el 2017. En ese momento, se señaló que las empresas de gas natural que no cumplieran con el límite máximo de rentabilidad iban a ser reguladas, y ese es parte del problema en el que estamos metidos ahora.

Ahondando en el tema del gas natural que también se aborda en el Informe de la FNE, Saavedra es consultado sobre la integración vertical entre Metrogas y la empresa AGESA que sería una empresa espejo de la primera y los impactos generados. Se le pregunta si estamos condenados a esperar hasta el año 2030, fecha en que terminarían los contratos existentes, para que dejemos de tener un mono proveedor y puedan entrar otros competidores y los precios puedan bajar.

En este tema, el investigador del CiPP explica que no cree que estemos condenados porque la propuesta de la FNE es que se debe mirar la rentabilidad del negocio del grupo completo, lo que significa, sumar a la rentabilidad de AGESA, la rentabilidad que tiene Metrogas, y así se debe calcular la rentabilidad que no puede superar el límite que fija la regulación. Y, por lo tanto, no habría que esperar hasta el 2030. Si una ley como esa pasa por el Congreso, a la empresa le quedarían dos opciones. Si mantiene los precios, la van a regular; o bien tendrá que bajar los precios si quiere que no la regulen.

Explica Saavedra que la propuesta original que hizo el Ministerio de Energía el año 2016 fue incluir una cláusula transitoria de que debía hacerse una licitación internacional, y que debían respetarse los contratos anteriores que podían estar con empresas relacionadas que provenían del 2012 o 2015, ese era el espíritu de la ley. El problema es que, como dicen los abogados, el espíritu no vale cuando la letra es muy clara, y en este caso la letra es muy clara, pero una vez que se discutía esa tramitación, Metrogas sacó la empresa espejo, innecesaria. Pero, está cumpliendo con la ley, pero esto huele feo, y por lo tanto la empresa va a tener que dar explicaciones. No me cabe duda que no sólo se “bypasea” el espíritu de la ley, sino que se está jugando con la fe pública del Congreso cuando se discute la ley, se pone una cláusula, y de inmediato aparece una empresa espejo que se queda con todas las ganancias. Además que la cantidad de dinero es enorme: estamos hablando de 160 mil millones de pesos que, por cliente representa $85 mil pesos extra anualmente, mucho más que con la situación del confort, por decirlo de esa manera, concluye el académico.

Si quieres escuchar su entrevista completa, sigue este link.

Humberto Borges en Cooperativa: “Las propuestas (tributarias de los candidatos) no deben sólo sustentarse en la recaudación y deben ser creadas sobre la base de una idea de país.

Humberto Borges, investigador asociado al CiPP y académico UAH, publicó una columna de opinión en el medio online de Cooperativa, que tituló Propuestas tributarias de los candidatos: ¿en busca de un país?

En su columna se refirió a siete puntos principales que han sido propuestos por los candidatos, estos son: impuesto al patrimonio, royalty minero, normas generales anti elusión, desintegración del sistema tributario, IVA diferenciado, impuestos verdes y eliminar o modificar las exenciones. Además, Borges señala que todas las propuestas de los candidatos tienen un mínimo común: financiar la pandemia y los nuevos derechos sociales.

Sin embargo, el académico es claro en decir que las propuestas no deben sólo sustentarse en la recaudación, sino que deben ser creadas sobre la base de una idea de país. Ejemplifica explicando que el actual sistema tributario respalda a las empresas extractivistas y la recaudación mediante el impuesto más regresivo de todos: el IVA.

Para leer su columna completa sigue el siguiente link.

Miriam Henríquez en webinar “Documento Constitución y Pobreza”: “Los derechos debieran tener como titular a todas las personas, es decir, ser de carácter universal, sin distinción, ni exclusión”

La investigadora asociada al CiPP y académica de Derecho UAH Miriam Henríquez, participó el pasado 30 de septiembre en el Webinar denominado “Documento Constitución y Pobreza”,  iniciativa impulsada por Techo Chile, Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, INFOCAP, Espacio Mandela, Centro Vives UAH, Servicio Jesuita a Migrantes, Comunidad Jesuita de Tirúa, Fundación Súmate, Hogar de Cristo y Empleate.

En la oportunidad, Miriam Henríquez,  junto con valorar el documento que fue presentado a principios de septiembre a la  Convención Constitucional, expuso cinco puntos que a su juicio podrían ser profundizados de modo de contribuir a generar un panorama más completo y robusto con miras a alcanzar una constitución inclusiva. 

¿Puede una constitución garantizar los derechos sociales de los más pobres y excluirlos? es la interrogante principal que plantea este documento y a partir de la cual Miriam hace una reflexión introductoria aludiendo a que estima que el texto tiene una doble orientación. Por una parte, que la futura carta constitucional reconozca los derechos sociales como verdaderos derechos fundamentales, y por otra, que la futura carta también reconozca a los grupos de especial protección para su inclusión efectiva.

Respecto a las fortalezas del documento, Henríquez destaca que contiene un diagnóstico actualizado de las problemáticas que han sido destacadas, la mayoría de los casos con referencias al año 2021; tiene propuestas de contenidos constitucionales, que no solo se quedan en el diagnóstico, sino que avanzan a una propuesta concreta; hay una referencia a principios constitucionales que de establecerse en la constitución, orientarían la misma, tales como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la solidaridad y la justicia social; se reflejan los derechos sociales que debieran constitucionalizarse, como el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación; hay una lógica de transversalidad, de entender cuáles son los grupos de especial protección, vulnerables e históricamente invisibles que debieran estar previstos en la nueva carta: las mujeres, las personas mayores, las personas en situación de calle, en situación de discapacidad, privadas de libertad, los migrantes y el pueblo mapuche. Todas estas particularidades, explica la académica, diferencian este documento de otros que ya se han hecho llegar a la Convención Constitucional. 

En cuanto a la profundización del documento, Miriam Henríquez expuso cinco puntos. 

En primer lugar, menciona que convendría hacer una precisión sobre el rol del estado como un estado social. En la actualidad, explica Miriam, está establecido que el estado es subsidiario, pero se requiere avanzar a que este se convierta en uno más solidario, un estado social de derecho, donde se garanticen y satisfagan los bienes básicos, como la salud, la educación, la vivienda, entre otros. 

En segundo lugar menciona que podría hacerse un mayor énfasis a que haya una garantía estructural de los derechos fundamentales. “Los derechos debieran tener como titular a todas las personas, es decir, ser de carácter universal, sin distinción, sin exclusión. Y en segundo término, que los derechos en su contenido protectivo se formulen como imperativos negativos de no lesión, en el caso de las libertades. O bien como imperativos positivos de prestación, como en el caso de los derechos sociales”, explica Miriam. 

El tercer punto que propone dice relación con poder plantear un listado más detallado de las garantías de los derechos y sus tipos. Y aquí la académica es clara en decir que hay garantías abstractas que están destinadas a los poderes públicos para evitar que la actividad o inactividad de estos poderes pueda implicar un desconocimiento o una vulneración de los derechos constitucionales. 

En el cuarto punto la académica plantea que debe haber una referencia a la efectividad de los derechos que dependen, de alguna forma, de la organización del poder. Si la constitución del futuro, por ejemplo, no camina hacia una mayor descentralización, por más que la constitución sea rica en derechos sociales, por más que establezca estos grupos de especial protección, será muy difícil tener una garantía efectiva en esos derechos, dice. 

Finalmente Miriam es clara en decir que esta es la posibilidad de hacer una referencia explícita a la relación que va a tener el estado con el derecho internacional de los Derechos Humanos. Particularmente enfatiza en que la nueva constitución debe definir la jerarquía de los tratados de derechos en general y de los derechos humanos en particular.

Para poder ver su participación completa, sigue el siguiente link: https://www.uahurtado.cl/webinar-documento-constitucion-y- pobreza-2/

 

María Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH publicó “Socioeconomic segregation between and within curriculum tracking”, coautoreado con Ernesto Treviño, en el Journal of Educational Development (WOS) (2021)

El artículo, a partir de bases administrativas del Ministerio de Educación de 2004 a 2019, estima la magnitud y evolución de la segregación socioeconómica en la educación media poniendo foco en el arreglo institucional para la provisión de las modalidades humanista-científica (HC) y técnico-profesional (TP). 

Los resultados muestran que la desigual distribución socioeconómica de estudiantes entre ambas modalidades es menor cuando la diferenciación curricular acontece al interior de un mismo establecimiento “modelo polivalente” que cuando ocurre entre establecimientos “modelo especializado”, principalmente en el sector particular subvencionado. 

No obstante, se observa una tendencia a la baja en los niveles de segregación del “modelo especializado” que se acentúa tras la implementación de la ley de inclusión. Se argumenta que esta ley llevaría a que estudiantes de bajo nivel socioeconómico se distribuyan más homogéneamente entre establecimientos especializados en educación HC y TP debido a la eliminación del copago y la selección académica.

Para ver la publicación, siga el link:  https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102493

 

Fuente: La Tercera

Carlos J. García en La Tercera “Es momento de pensar en la inversión pública en dos áreas claves: infraestructura y capital humano especializado”.

El investigador CiPP y académico UAH, Carlos J. García, hizo esta afirmación en su columna de opinión “Austeridad equivocada vs. mirada de largo plazo” publicada en La Tercera en la que reflexiona a partir de los bajos niveles de productividad laboral de Chile respecto de países desarrollados y la necesidad de repensar la inversión del Estado.

Una de las cifras más dramáticas que he revisado en los últimos meses es la de los niveles de productividad laboral entre países. Si se compara el nivel de Chile con otras economías pequeñas y abiertas como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y República Checa, estos países son entre un 50% y 100% más productivos que el nuestro en los últimos veinte años. En términos simples, en promedio un trabajador en esos países produce por lo menos un 50% más que un trabajador chileno. Más capital físico y humano explican esta diferencia, según nuestras teorías de crecimiento económico, señala García.

Este magro resultado es producto de nuestro modelo económico y de las pobres políticas públicas implementadas, indica el investigador.

Considerando este contexto, no es momento para una austeridad mal entendida en el gasto del gobierno …. los desafíos requieren que repensemos en cómo y en cuánto gasta el gobierno. Reducir en forma dramática este gasto sería un error fatal, pero seguir manteniendo su composición, básicamente asistencialista, también. Es momento de pensar en la inversión pública en dos áreas claves: infraestructura y capital humano especializado.

Para leer su columna completa, revisa este link.

En esta doceava edición del programa Veo Veo Constituyente emitido por BíoBío TV el 24 de septiembre pasado, del que los investigadores CiPP y académicos UAH,, Miriam Henríquez y Pedro Güell son panelistas estables, se tocaron temas como las indicaciones del reglamento general, los movimientos sociales y el secreto de las cuentas bancarias de los constituyentes.

Para comenzar, Miriam Henríquez explicó lo ocurrido la última semana en la convención y aludió a la modificación del calendario de votaciones. Ante más de mil indicaciones que se realizaron a los distintos reglamentos que se debían votar, se dispuso un tiempo adicional de modo que los convencionales tuvieran la oportunidad de revisar todas las indicaciones. Eso supuso, continúa, que los días jueves y viernes sean los días que estén dispuestos para aprobar las indicaciones del reglamento general. Quedan además, otros reglamentos como el de ética, el de participación popular y el reglamento de participación y consulta indígena. Toda la convención dijo que el 1 de octubre se debe terminar el trabajo de la aprobación de los reglamentos, explica Miriam. Y añade que es un tiempo récord para una tarea que no es menor.

Por otra parte, Guillermo Larraín, se refirió al tema de los plebiscitos dirimentes, cómo se entiende el rol de representación y cómo se relaciona esto con los movimientos ciudadanos. Y señala que sobre esto también existe un debate, pues algunos constituyentes plantean que la democracia supone ser el movimiento social. “Por supuesto que los movimientos sociales son parte de la democracia, pero no son la democracia del todo. Primero porque los que no se mueven, los que no se movilizan también son ciudadanos y ciudadanas que tienen perfecto legítimo derecho a ser escuchados”, dice. Y finaliza añadiendo que entender la democracia desde la lógica del movimiento ciudadano, tiene una lógica que llega hasta cierto límite.

En otra línea, Miriam Henríquez explica que es inevitable que haya un canal entre lo que pasa en la convención y lo que ocurre en la contingencia. Esto debido a que hace algunos días atrás el Gobierno, y específicamente la DIPRES, rechazó los recursos que la convención solicitó, para viáticos, asesores,y traslado a regiones entre otros. “La situación del Gobierno versus la convención ha sido permanentemente tensa. Y justamente uno de los comentarios más repetidos ha sido que si resultara electo Boric, esto no sucedería, porque habría una mayor disposición a apoyar, entonces tiende a presidencializarse el trabajo de la convención”, explica.

La académica e investigadora también se refirió al secreto bancario y que en torno a esto ha habido una interpretación restrictiva. Y comenta que justamente el secreto tenía que ser conocido por algunas instituciones, por ejemplo el Sii (Servicio de Impuestos Internos). Ese levantamiento de la reserva, dice, tenía que ver con ciertos órganos como por ejemplo el Sii, pues hubo todo un debate respecto al derecho a la vida privada de las personas, y se estimó que los constituyentes tenían derecho a mantener esa reserva, por lo tanto esa norma no fue aprobada.

Finalmente Miriam Henríquez hace una reflexión y es clara en decir que las constituciones también reflejan los desacuerdos. Las constituciones tienen la forma de los desacuerdos porque sus normas son genéricas y los desacuerdos se reflejan en la ambigüedad. A veces los desacuerdos se reflejan en las contradicciones que tienen las constituciones, y a veces en los detalles. Entonces, explica Miriam, la discusión del reglamento no se va a parecer a la discusión de las normas constitucionales, no solamente por las mayorías, ahora simple mayoría, más adelante serán dos tercios, sino porque las constituciones justamente están estructuradas y diseñadas no solo para reflejar los acuerdos, sino también para contener los desacuerdos. “No tenemos que perder de vista eso cuando estemos analizando la discusión de las normas constitucionales. Yo aspiro que a partir de octubre eso sea el corazón del debate”, termina Miriam.

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Rafael Blanco “Estoy convencido de que el foco de reformas potenciales y necesarias al sistema de justicia y en particular al sistema de justicia penal, no se agota en el modelo de jurado”.

Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, participó como expositor en el seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, denominado “El Sistema procesal en la Constitución: Aportes para el debate constituyente”. En la instancia, el académico realizó una exposición acerca de las reformas al sistema de justicia penal.

“Estoy convencido de que el foco de reformas potenciales y necesarias al sistema de justicia y en particular al sistema de justicia penal, no se agota en el modelo de jurado”, fueron las palabras que dieron inicio a su ponencia.

A pesar de que hay varios debates muy interesantes y necesarios que hacer, explica Blanco, como por ejemplo la regulación constitucional de la defensoría penal pública, existen buenas razones para pensar un modelo de autonomía constitucional de la defensoría; existen buenas razones también, para repensar la estructura de gobierno corporativo de la fiscalía nacional y los sistemas de designación de fiscal nacional y fiscales regionales, consagrados en la Constitución; así mismo es posible repensar el modelo de gobierno del poder judicial con excesiva concentración de funciones en una corte suprema que cumpla roles de casación, de control disciplinario. Sería bueno separar, dice el investigador.

Sobre el sistema de jurados, Rafael Blanco expone algunas ideas. Lo primero que comenta es que, bajo su mirada, Chile, a diferencia de lo que ocurría el año 2000, donde se transitaba en un modelo inquisitivo más puro que era común en América Latina, logró transitar hacia un modelo acusatorio, probablemente siendo el más puro dentro de los modelos acusatorios que hay hoy en día en la región. Explica que el modelo acusatorio ha instalado dispositivos que dialogan mucho mejor con la idea de jurados, como por ejemplo, la separación en fase, particularmente fases de admisibilidad diferenciadas de la fase de juicio, lo que permite pensar un modelo de control sobre la prueba y la admisibilidad. Esto último en relación al estado de valoración de la prueba y cuál es ese estado óptimo y quiénes deberían integrarlo y por qué razón.

En esta misma línea, el investigador explica que el sistema de jurados es un instrumento o un mecanismo que está presente en varios sistemas acusatorios de la región, hay países que lo tienen consagrado constitucionalmente, y que existen distintos modelos.

Sobre las virtudes del modelo de jurado clásico, destaca por ejemplo que estos tienen posibilidades de impugnación incluso sin fundamento limitadamente y con fundamento de manera más amplia. Pero eso le entrega a las partes un poder que los sistemas tradicionales sin jurado no tienen, que es la posibilidad de participar activamente en el control de quien va a ejercer la labor de juzgamiento sin que haya respecto de ese tribunal, sospechas de prejuicios, de intereses de conflictos, y eso es ventajoso, afirma Blanco.

De este modelo también destaca la calidad del litigio y expresa que en los modelos tradicionales el litigio tiende a burocratizarse, pues se genera una rutinización y estandarización respecto del nivel de exigencia que en la etapa valorativa se genera sobre el litigante. Pues al conocer los tribunales, comienzan a proliferar rutinas, estandarización de argumentos. “A mí me parece que aquí lo central tiene que ver más bien con el modo con que el litigante, fiscal o defensa, es capaz de concebir el juicio como un espacio donde genuinamente se está ante un tribunal exigente, un tribunal que va a conocer una causa con un proceso deliberativo altamente complejo. Y eso significa esmerarme mucho en la preparación del caso, y ese incentivo aumenta cuando a quienes conforman el jurado no los conozco, pero sé que han sido seleccionados de un modo de garantizar genuinamente altos estándares de imparcialidad”, explica.

Otro aspecto que el investigador destaca tiene que ver con los roles que están llamados a realizar los jueces en los modelos acusatorios. «Me parece que el jurado libera a los jueces de roles respecto a los cuales uno puede prescindir de la función jurisdiccional y los concentra y potencia en otros que son insustituibles».

Finalmente Rafael Blanco vuelve a ratificar que la incorporación de ciudadanos y ciudadanas en el sistema de valoración probatoria, tiene enormes ventajas y estas se traducen en las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de Argentina, donde se refleja que el ciudadano que fue y experimentó un rol de responsabilidad como ciudadano y ciudadana, tiende a mejorar su concepto sobre el sistema de justicia, sobre los operadores del sistema de justicia, pero no solo sobre los jueces y juezas, sino también de los fiscales y defensores. Hay una ventaja de legitimación general detrás de este modelo, termina.

Para poder ver su presentación puedes ingresar en el siguiente link:

Ximena Orchard publicó «Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile», como capítulo del Libro In Santangelo, G. et al . Derecho a la Comunicación en América Latina. Cali: Sello Editorial Javeriano-ITESO, 2021.

Este capítulo propone un diálogo entre el concepto de captura mediática y las dificultades que enfrenta la práctica del periodismo en Chile. A partir del análisis de resultados a preguntas abiertas incluidas en la última Encuesta Estado del Periodismo Nacional, se construye inductivamente un diagnóstico respecto a la práctica de la profesión en la actualidad, revelando claros puntos de tensión y una dificultad general del campo periodístico para operar bajo criterios propios en un sistema de medios que se percibe como restrictivo y limitante.

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la revisión de literatura sobre captura mediática, se propone la necesidad de distinguir entre los medios como campo institucional y el periodismo como campo profesional, reconociendo que un periodismo que opera al interior de medios capturados es uno devaluado y con una capacidad disminuida de aportar al ejercicio del derecho a la comunicación.

Enlace directo.

 

Cristobal Madero en La Tercera:¿Podrá una Constitución transformar los principios desde una ideología neoliberal a una más comunitaria, y que eso redunde en modos distintos de entender la educación y la organización del sistema educativo?

Esta es una de las preguntas centrales que el investigador CiPP y académico UAH, Cristobal Madero, intenta responder en su columna publicada en La Tercera donde afirma que la lógica neoliberal en educación ha estado presente en los últimos 40 años en Chile.

Ha definido instituciones, reglas del juego, modos de entender la profesión docente, y en qué consiste liderar una escuela, por mencionar solo algunos elementos. Esta lógica no ha dejado de ser cuestionada en estos 40 años, y no han sido pocos los espacios en que la lógica ha cedido a la evidencia y al peso de la historia.

Sobre la oportunidad que representa la discusión constitucional que se vive en el país, Madero señala que la constitución puede claramente señalar caminos que permitan pensar una educación menos anclada en estos principios neoliberales. Y para eso la misma definición de derecho a la educación debe ser reformada en la Constitución.

Fuente: La Tercera

Pensar una educación post-neoliberal: tiempo de política educativa

Por: Cristobal Madero, investigador asociado CiPP y académico UAH

24 de septiembre 2021

El 25 de octubre del año 2020 Chile votó mayoritariamente aprobar la redacción de una nueva Constitución para regir políticamente el Estado. Una Constitución o Carta Fundamental cumple no solo un rol enunciativo sino uno de carácter performativo: la Constitución no solo dice cosas, sino que las hace. La del año 1833 fue, si bien no la primera cronológicamente, si la primera que logró dar término a más de dos décadas de ensayos constitucionales desde la Independencia de Chile en 1810. La de 1925 hizo que el Estado se separase de la Iglesia. La de 1980, redactada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), hizo que Chile abrazase un modelo neoliberal de desarrollo. Es este modelo en el cual buena parte de los llamados derechos sociales se sostienen hoy.

Al hacer evaluación de los años dictatoriales (1973-1989) y post dictatoriales (1990-2021) en Chile, no pocos señalan que lo que en dictadura se diseña e implementa, en democracia se institucionaliza. La profundidad de los cambios en el modelo de sociedad, en el modelo económico, y como consecuencia en la cultura chilena desde 1973 en adelante, produjo cambios estructurales que, si bien buena parte de la social democracia de los años 1990 y 2000 en Chile quiso transformar, no reunieron las voluntades suficientes para hacer los cambios radicales necesarios. Lo que ocurrió en el territorio de la seguridad social y de la salud, también se experimentó en el terreno de la educación.

La lógica neoliberal en educación ha estado presente en los últimos 40 años en Chile. Ha definido instituciones, reglas del juego, modos de entender la profesión docente, y en qué consiste liderar una escuela, por mencionar solo algunos elementos. Esta lógica no ha dejado de ser cuestionada en estos 40 años, y no han sido pocos los espacios en que la lógica ha cedido a la evidencia y al peso de la historia.

Hoy, año 2021, gracias a la Ley de Inclusión de 2015, el financiamiento compartido se va acabando, haciendo que más del 90% de los establecimientos educativos sean gratuitos en Chile. Gracias a esa misma ley, más del 90% de los establecimientos ya no pueden seleccionar a sus estudiantes: son las familias, las que, por primera vez en la historia de Chile, pueden seleccionar el colegio, sin poderles ser negado el acceso gracias a un nuevo Sistema de Admisión Escolar. La Ley de Inclusión prohíbe además el lucro de los sostenedores de los establecimientos, lo cual hace que, si bien el sistema sigue operando con un sistema de financiamiento a la demanda y regulado por la asistencia, son mucho menores los incentivos a aquellos, que sin ser ni de cerca una mayoría, hicieron de la educación un negocio con todas las reglas del juego a su favor por más de 30 años en el país.

Si bien las pruebas Simce siguen siendo relevantes, y es el principal dispositivo en torno al cual se organiza la labor evaluativa y orientadora de la Agencia de la Calidad de la Educación, estás han disminuido desde 2016 en su aplicación tanto en el modo (censal o muestral), como en niveles, y número total de pruebas al año. Son pasos hacia un sistema menos centrado en la estandarización, pero aún lejos de un cambio sustancial en esta materia.

¿Podrá una Constitución transformar los principios desde una ideología neoliberal a una más comunitaria, y que eso redunde en modos distintos de entender la educación y la organización del sistema educativo? ¿Podrá una nueva Constitución demoler una ideología incrustada culturalmente, en la subjetividad de cada chilena y chileno? La Constitución puede claramente señalar caminos que permitan pensar una educación menos anclada en principios neoliberales. Y para eso la misma definición de derecho a la educación debe ser reformada en la Constitución. Como lo han señalado no pocos en el contexto preliminar de la discusión constitucional, el derecho a la educación no puede seguir siendo un derecho a pagar por un establecimiento que yo elijo (lo cual a pesar de la gratuidad del más de 90% de establecimientos se puede seguir haciendo en los establecimientos privados con pago). Sin duda que tiene que haber reforma de instituciones y normativas, pero es la misma definición aquello de lo que adolecemos como sociedad. Es un tiempo más de política que de políticas, en el sentido fuerte del término.

Una vez desarrollada la o las definiciones del derecho a la educación, la nueva Constitución podría orientar hacia la tarea todavía titánica que significaría seguir derrumbando inteligentemente la estructura neoliberal de las instituciones y normativas del sistema educativo escolar chileno. No es una tarea nada fácil, pero tal vez como nunca había habido tantas voluntades y sentido de país, como para continuar tal tarea con decisión.

Enlace directo: https://www.latercera.com/opinion/noticia/pensar-una-educacion-post-neoliberal-tiempo-de-politica-educativa/MKVGCXUQFRG3TKJ2GDK46VBSEA/

 

 

[Columna de Opinión] Paola Sevilla en El Dínamo,”Oportunidades y desafíos para la Formación Técnico Profesional (FTP) de la propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados”

En su columna de opinión, la investigadora CiPP y académica UAH Paola Sevilla, señala que la propuesta, difundida por el Ministerio de Educación en mayo pasado, trae consigo dos avances importantes para la FTP en materia de ampliación y flexibilización de trayectorias formativas. 

Al entregar, a través de distintas vías, oportunidades de continuidad de estudios a los titulados de carreras técnicas, permite a la FTP potenciar sus carreras de ciclo corto que son el sello de su oferta formativa. Sin embargo, existen múltiples desafíos que deben considerarse.

Fuente: El Dínamo

Oportunidades y desafíos para la Formación Técnico Profesional de la propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados

Por María Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH

16 de septiembre, 2021

En mayo pasado el Ministerio de Educación difundió su propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados en la educación superior. Esta propuesta trae consigo dos avances importantes para la Formación Técnico Profesional (FTP) en materia de ampliación y flexibilización de trayectorias formativas.

El primero, la creación de una vía de acceso directa para técnicos de nivel superior a carreras en universidades en áreas afines a sus carreras técnicas. Con ello, quienes desean continuar y ampliar su formación en programas de estudios conducentes al grado de licenciatura podrán, como norma, y no como excepción (que es lo que ocurre hoy en día) convalidar sus estudios previos y hacerlo en un tiempo menor respecto a la vía tradicional de ingreso. Un segundo avance, más innovador, es la creación de grados exclusivos para este sector: los de bachillerato y magíster politécnico. Con el bachillerato politécnico se busca poner un piso común de formación general al amplio abanico de carreras técnicas existentes, favoreciendo transferencias inmediatas o posteriores de estudiantes a carreras distintas a la de su matrícula inicial. Por su parte, con el magíster politécnico se apunta a que los titulados de estas carreras puedan profundizar en el área de desempeño profesional que corresponde a su título. Se facilita, además con ello, la concreción de las aspiraciones institucionales de realizar investigación aplicada, al contar con docentes con mayor especialización en el campo profesional.

Es una propuesta que, al entregar, a través de distintas vías, oportunidades de continuidad de estudios a los titulados de carreras técnicas, permite a la FTP potenciar sus carreras de ciclo corto que son el sello de su oferta formativa. Sin embargo, existen múltiples desafíos que deben considerarse.

Asegurar que los nuevos grados sean bien comprendidos por los empleadores, la comunidad educativa y por los potenciales estudiantes, es uno de estos desafíos; luego, que para el grado de magíster politécnico se cuente con docentes que, junto con poseer un grado equivalente o doctorado, tengan experiencia práctica en el sector económico vinculado; otro desafío importante es que los criterios de acreditación reconozcan su naturaleza específica y no coloquen como estándar de rigurosidad los grados universitarios; y, finalmente, el más importante, que su creación sea selectiva y esté justificada por la existencia de una demanda por una fuerza laboral más calificada en el contexto de cambios económicos, sociales y políticos que nuestro país actualmente vive.

Solo si estos desafíos se enfrentan, la FTP encontrará en estos grados innovadores el trampolín que requiere para dar el salto que la consolide como una formación de alto nivel y el espacio en la estructura de la educación superior para la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología. Todo esto en beneficio de la diversa y numerosa población estudiantil que convoca, con justas aspiraciones a progresar personal, laboral y socialmente. 

Link:  https://www.eldinamo.cl/opinion/2021/09/16/oportunidades-y-desafios-para-la-formacion-tecnico-profesional-de-la-propuesta-de-actualizacion-de-la-estructura-de-titulos-y-grados-en-la-educacion-superior/

 

 

Fuente: El Mercurio

Miriam Henríquez en El Mercurio: “¿Cuál sería el perjuicio para quienes pretenden la aprobación de las normas constitucionales por dos tercios que la aprobación de la norma que la establece se apruebe por simple mayoría? “

La investigadora del CiPP y académica UAH, Miriam Henríquez, publicó una columna de opinión en El Mercurio en la que entra de lleno en la polémica por el quórum de dos tercios al interior de la Convención Constitucional, y plantea una reflexión sobre qué viabilidad política y jurídica tienen los anuncios de reclamación ante la Corte Suprema a raíz de la discusión sobre qué se entiende por “reglamento de votación”. 

Señala que el tema del quórum de los dos tercios se ha transformado en uno de los más controvertidos al interior de la Convención, lo que era esperable a pesar de que tras las elecciones de constituyentes el temor del veto por un tercio se diluyó cuando ninguna de las fuerzas políticas representadas por sí misma alcanzó esa mayoría. 

En la misma línea, la investigadora destaca una segunda controversia generada al interior de la Convención que dice relación con la calificación jurídica de las normas de los reglamentos que deben aprobarse por los dos tercios, que tuvo como resultado la suspensión de la sesión hace algunas semanas atrás. Y explica que el artículo 133 de la Constitución vigente dispone que solo dos materias deben aprobarse por dos tercios: las normas constitucionales y el reglamento de votación de las mismas. 

Señala Henríquez que el martes 14 de septiembre, en una jornada histórica, el pleno de la Convención Constitucional aprobó en general y por amplia mayoría los distintos reglamentos y decidió que ninguna de sus normas requiere de una aprobación por dos tercios de los convencionales, sino de mayoría simple.

Posteriormente, el asunto a discutir fue qué se entiende por “reglamento de votación”, lo que desató diferencias y su interpretación no fue pacífica, explica Miriam. Ante las diferencias, en reiteradas oportunidades se anunció una reclamación ante la Corte Suprema. 

Sin embargo, y tras lo acontecido, Miriam Henríquez se pregunta ¿es viable política y jurídicamente esta alternativa?

La mayoría que la Constitución actual requiere para la reclamación ante la Corte Suprema -al menos un cuarto de los convencionales- es dudosamente alcanzable, y además, la Carta exige que el vicio sea esencial y que cause perjuicio, explica la investigadora y académica de Derecho Constitucional.

Al cierre de su columna, Henriquez se pregunta: ¿ Cuál sería el perjuicio para quienes pretenden la aprobación de las normas constitucionales por dos tercios que la aprobación de la norma que la establece se apruebe por simple mayoría? 

Para poder leer su columna completa puedes ingresar en el siguiente link: https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/Documentos/Crear_Achivo_Pdf.aspx?LPKey=4R2ZYPQBZHQJPWL2TP3VHCRC4YZKBSYKZTDWBOF2O7HBX3IF2QXA

 

Pedro Güell en Bío Bío TV, sobre el liderazgo de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, “no solo lo ha hecho bien, sino que está señalando un estilo de liderazgo distinto a lo que estamos acostumbrados” 

En esta onceava edición del programa Veo Veo Constituyente del que los investigadores asociados al CiPP y académicos UAH, Pedro Güell y Miriam Henriquez son panelistas estables, se discutieron temas como las 80 firmas que permiten la creación de la comisión de conocimiento, el liderazgo de Elisa Loncón, y la percepción que tiene la ciudadanía sobre la convención constitucional. 

Sobre las 80 firmas que permiten la creación de la comisión de conocimiento, Andrea Gutiérrez, actriz y dramaturga, es enfática en decir que es una muy buena noticia para que efectivamente los derechos culturales sean abordados en el espectro de Derechos Humanos y tengan el lugar que merecen en la discusión constitucional. En esta misma línea, Pedro Güell reafirma la importancia de tener una comisión de cultura y conocimiento que realmente se preocupe de instalar en la constitución la relevancia de los temas que envuelven los derechos culturales y también de la ciencia, en un país que ha rechazado tal reconocimiento y énfasis. 

Por otra parte, Carolina Tohá, menciona que hasta el momento las votaciones que se han dado no han tenido que ver con la constitución misma, sino más bien con asuntos metodológicos de cómo se va a funcionar de aquí hasta que se dicten las normas. Esta aclaración surge a raíz de que el presidente Piñera comentó que se estaba restringiendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, cuando todavía no se ha entrado en materia sobre ese asunto. Tohá hace un llamado, entonces, a seguir estos debates de buena forma, pues si se sigue sólo la última polémica se puede perder mucho y al mismo tiempo, se desinforma. Sobre esto, Pedro Güell es claro en decir que hay un intento por encontrar algún argumento que permita desprestigiar el trabajo de la constitución, y sobre todo frente a la opinión pública, y no descarta que haya algo de estrategia en este tipo de situaciones, refiriéndose a las polémicas declaraciones del presidente Piñera. 

Sobre el liderazgo de la presidenta de la convención, Elisa Loncón,  Güell señala que le sorprende positivamente su prudencia. Los liderazgos se prueban por los efectos y no por las declaraciones, y los efectos hasta aquí han sido muy buenos, dice. Y explica que ha habido prudencia por parte de ella, por ejemplo, en el caso de Rojas Vaden; cómo logró, a pesar de todo, sostener equilibrios muy difíciles; y por otra parte, la reacción que ella ha tenido ante su propio nombramiento como uno de los personajes más influyentes del año en la revista TIMES, mostrando de qué se tratan los liderazgos colectivos. Y continúa: “ creo que no solo lo ha hecho bien, sino que está señalando un estilo de liderazgo distinto a lo que estamos acostumbrados. Y en ese sentido está ocurriendo lo que muchos hemos soñado, que la constitución sea también un espacio de aprendizaje en nuestra cultura política y de nuestros estilos de liderazgo”. 

En otro tema, Güell se refiere a la forma en cómo las personas aluden al proceso constituyente. Y es enfático al decir que se debe evitar el uso de palabras terminales, terminantes y radicales para describir lo que ocurre, las diferentes posiciones que hay dentro de la convención y sus eventuales consecuencias. Esto a partir de la declaración del periodista Agustín Squella, quien afirmó que si se rechazan los dos tercios se acaba la convención. Ser tan terminantes anula la mirada sobre ese espacio de ambigüedad en el cual opera la política, explica. Si se rechazan los dos tercios, sigue, será porque hubo una condición política que lo hizo posible, y si eso tiene consecuencias en que no pueden prosperar, también habrá política. “La mejor manera de ver, es más bien usando lentes borrosos y ambiguos y no blancos y negros”, dice. 

Finalmente, Pedro Güell llama la atención sobre la necesidad de que la convención desarrolle una estrategia de vocerías capaz de dar cuenta de que se está trabajando bien, cuestión que hasta ahora no ha existido. No se ha logrado comunicar, por ejemplo, que la gente que está allí adentro ha ido aprendiendo no solo sobre los temas de discusión, sino que ha aprendido a relacionarse. Se ha vuelto cada vez más institucional y cada vez menos lleno de slogans. Hay un avance notable, sin embargo, la representación de eso hacia la opinión pública no es buena, y lo están mostrando las encuestas. 

Para poder ver esta última edición puedes ingresar en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/09/20/veoveo-constituyente-las-80-firmas-que-permiten-la-creacion-de-la-comision-de-conocimiento.shtml

 

Miriam Henríquez en Bío Bío TV, sobre el caso Rojas Vadem “Pienso que con su sola renuncia a la vicepresidencia no se alcanza a cumplir el estándar de transparencia y probidad que la propia convención se ha fijado”.

En la décima versión del programa VeoVeo Constituyente, los panelistas Guillermo Larraín, economista, Susana Sierra, presidenta Chile Transparente y Miriam Henríquez, investigadora asociada al CiPP y académica UAH, analizaron la semana de la Convención Constitucional. En esta oportunidad se centraron en el hecho ocurrido con el convencional Rojas Vade.

Guillermo Larraín enfatizó en decir que es necesario hacer un esfuerzo por proteger a la convención, ya que esto, argumenta, no es un juego ganado ni para bien ni para mal. “Esta es una institución frágil que depende mucho de quienes estamos interactuando en torno a ella”, dice.

Por otra parte, Susana Sierra, siempre en la línea de la transparencia y la confianza, explica que las instituciones que no cuentan con la confianza se deslegitiman, y si la convención se llega a deslegitimar, puede ser muy grave. Todas las instituciones que tenemos en el país cuentan con una confianza baja.

Miriam Henríquez se refiere a los dos tercios y es clara en decir que no todos están de acuerdo con el quórum de los dos tercios, “se sigue considerando alto para algunos y se pretende cambiar”, dice y continúa. “Hay quienes creen que este quórum se tiene que aplicar de manera estricta. Lo que ocurrió el día jueves es que se fijó que el reglamento de la comisión de participación y consulta indígena, algunas de las partes de este reglamento, tenían que aprobarse por los dos tercios.

Sobre la discusión y cuestionamientos que se han dado al interior de la convención sobre la regla de los dos tercios, Henriquez explica que se presentan dos situaciones; por una parte se aprovecha la situación, en el buen sentido de la palabra, para cuestionar la regla de los dos tercios, por aquellos que nunca estuvieron a gusto con esa regla; y para interpretar cuándo se aplica la regla de los dos tercios. Entonces, si no estamos discutiendo, dice la académica, sobre normas constitucionales porque estamos discutiendo sobre el reglamento, por supuesto que no caben los dos tercios, salvo que se esté aprobando algo que tenga que ver con las reglas de la votación, explica.

Los panelistas se preguntan cuál debería ser el estándar para juzgar a los constituyentes a partir de cómo se ha abordado la situación del constituyente Rojas Vadem y cómo ha afectado la confianza pública de la convención.

Miriam Henríquez es clara en decir que la situación con Rojas Vadem ha sido muy grave, y se ha traicionado la fe pública. Me preocupa, señala, que esto haya sido calificado como un error, sin embargo, el error es algo involuntario, y aquí estamos en presencia de un montaje sobre una enfermedad que no existía y que fue, de alguna manera, la base de su campaña, por la que votaron más de 19.000 votantes. Pienso que con la sola renuncia a la vicepresidencia de Rojas Vadem, no se alcanza a cumplir el propio estándar que la convención se ha fijado, ellos mismos han dicho que quieren tener un estándar más alto de probidad, de transparencia, de participación, para que la convención trabaje con toda la legitimidad necesaria y que pueda transmitirse a la nueva constitución. Por lo tanto, continúa la académica, si simplemente pensamos que esto fue un error, claramente eso no es admisible, porque se trata de una situación inexcusable.

¿Que tiene que hacer la convención para recuperar la confianza ciudadana, se preguntan los panelistas? Se debe exigir que sean coherentes con el anhelo de alcanzar un estándar superior, señala Larraín.

Mi propuesta, señala Miriam Henríquez,  es que la convención tiene que concentrarse en el trabajo que le corresponde. De hecho, esta última semana iba bien porque se iba a votar el reglamento en general, y estarían concentrados en eso. Porque la ciudadanía también cuestiona eso, que se asuman cosas que están al margen de la convención. Por ejemplo, dice, se había señalado que no se iba a votar como una norma reglamentaria lo que tenía que ver con levantar el secreto vinculado con la Comisión Valech. “Yo creo que esa decisión es valiosa, pensando que la ciudadanía espera que la convención se aboque a lo que es fundamental, que es presentar un texto de nueva constitución”, dice.

Finalmente la investigadora asociada al CiPP expone su anhelo para la próxima semana y resalta la importancia de que cuando el pleno nuevamente se reúna, el asunto de los dos tercios esté más decantado para que no ocurra que cuando se tengan que votar las normas en general, o las discusiones en general y en particular, no se vuelva a instalar el tema de qué es por dos tercios y qué no es por dos tercios, concluye Henríquez.

Para poder ver esta última edición puedes ingresar en el siguiente link.

Carlos Andrade Guzmán, investigador CiPP y académico UAH, publicó “Uso del inglés en programas de Doctorado en Trabajo Social en Estados Unidos. Un estudio de caso ilustrativo de la hegemonía idiomática”,  coautoreado por Ignacio Eissmann-Araya  y Javier Reyes Martínez, en la revista Ehquidad: Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social (Erih plus), 2021.

El artículo, en base a un estudio cualitativo, revisa las experiencias de estudiantes no nativos de habla inglesa en la educación doctoral en Trabajo Social en Estados Unidos, interrogando sobre la centralidad del idioma inglés en la formación disciplinar y genera recomendaciones para fortalecerla. Los resultados muestran que el inglés puede desempeñar un papel hegemónico en la educación disciplinar y que algunos educadores pueden ejercer discriminación debido al dominio del idioma. Entre las recomendaciones se encuentra promover la reflexividad para contribuir a que los educadores se reconecten con los principios disciplinares, revisando su relación con el poder que tienen en el aula.

El estudio busca  responder  a  las  siguientes  dos  preguntas  de investigación:

¿Cuáles son las experiencias de estudiantes internacionales cuyo primer idioma no es el inglés en programas de doctorado en el área de Trabajo Social (Trabajo Social o Bienestar Social) en los Estados Unidos?

¿Cómo perciben estos estudiantes su proceso de inserción en el contexto académico en relación a su dominio del inglés?

Tal como se señala en el texto, estas  preguntas son  abordadas  en  este  trabajo  desde  una  perspectiva crítica.  Asimismo,  los investigadores,  si  bien,  hablando  inglés,  toman  la opción de elaborar este trabajo en español, como un ejercicio político que desafíe  al  inglés  como  idioma  de  difusión  de  la  producción  científica, abriendo un espacio para que sus hallazgos sean accesibles a quienes no hablan  dicho  idioma.  

Asimismo señalan que responder  estas  preguntas  es relevante  para  la  educación  de  postgrado  en  Trabajo  Social,  dado  que  la disciplina tiene un compromiso con la justicia social, la dignidad y el valor inherente de las personas.

El artículo se puede descargar en: https://revistas.proeditio.com/ehquidad/article/view/4350

 

Enrique Rajevic, “En la discusión constitucional tenemos la oportunidad de tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público para Chile”.

Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH,  participó en el Seminario “Reforma al Estatuto Administrativo” organizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

En la oportunidad, Rajevic realizó un análisis crítico de la situación del empleo público en el país en el marco del Estatuto Administrativo, y delineó aspectos fundamentales que deberían quedar consagrados en el nuevo texto constitucional de manera de avanzar en esta materia.

El académico inicia su exposición con una afirmación: la promesa que contiene la actual constitución sobre la existencia de un servicio público profesional y de carrera no ha funcionado. En esta materia, “el Estatuto Administrativo es una cáscara vacía”.

El Estatuto Administrativo tiene varios problemas, señala Rajevic. Uno de ellos, es la erosión de la carrera funcionaria. Casi el 70% de los funcionarios están contratados bajo la modalidad de “contrata”, y eso implica que no existe obligación de ser seleccionados bajo algún sistema transparente y meritocrático.

La situación de los contratos a honorarios es muy preocupante. Si bien se produjo una disminución de esta modalidad en virtud del programa de traspaso de honorarios a contrata, que consiguió pasar de 49.000 personas el 2014 a 27.000 el 2019, el año pasado se produjo un aumento considerable llegando a 45.000 contratos a honorarios, es decir, las cifras se dispararon nuevamente, afirma el académico.

La calificación de los funcionarios se ha desnaturalizado, no opera ni como un incentivo ni como castigo. El 98% de los funcionarios está en lista 1 de manera permanente, por lo que el sistema no discrimina y no cumple su objetivo. La misma situación ha ocurrido con el programa de mejoramiento de la gestión, PMG.

Otro aspecto que genera dificultades es la negación de los derechos colectivos para los funcionarios públicos, los que terminan siendo tolerados y operan pero con dificultades.

Existe una confusión entre gobierno y administración, y no existen fronteras claras con la política, lo que produce una sospecha sobre cualquier persona que llega con el nuevo gobierno, o bien con aquellos que se van. Se trata de un tema riesgoso para la probidad, reconoce Rajevic, porque promueve el clientelismo, y desalienta la identificación de los funcionarios y funcionarias con el interés general y no con el gobierno de turno.

En definitiva, concluye Enrique Rajevic, no tenemos un buen sistema de empleo público, nuestra rotación es más alta que la del promedio de la OCDE. Y, a nivel de directivos, es escandalosa. Lo que demuestra que la Alta Dirección Pública no ha logrado lamentablemente modelar la promesa que estaba detrás de su creación.

Pero, ¿por qué hemos llegado a esta situación?, se pregunta Rajevic.

Existen varias razones, una de ellas, es que el Ministerio de Hacienda en algún momento, no quería compromisos de largo plazo y le temía al sistema de carrera. Pero tampoco tenemos un modelo alternativo que nos muestre un camino y aún persiste una imagen negativa de la carrera funcionaria.

Sobre el proyecto que el gobierno ha anunciado en esta temática, el académico señala que ya no tiene tiempo para impulsarlo, por lo que la discusión importante en este momento es la constitucional.

“En la discusión constitucional podemos tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público para Chile”, afirma el académico.

Hay tres aspectos que deberían quedar consagrados en la nueva constitución, propone Enrique Rajevic.

Lo primero, consagrar de manera nítida el carácter profesional y técnico de la administración pública. Esto debiera operar en los tres niveles territoriales (central, regional y municipal), distinguiendo tres estamentos. Uno de dirección política, de exclusiva confianza; un estamento de dirección pública; y un estamento de funcionarios y funcionarias. Los dos últimos estamentos deberían ser prescidentes de la política, y trabajar bajo la “lógica de la eficacia indiferente”.

Lo segundo, es garantizar el acceso igualitario al empleo público, reconociendo inclusión y paridad, a través de mecanismos que garanticen la concursabilidad.

Y, lo tercero, es reconocer los derechos colectivos para los funcionarios y funcionarias, en coherencia con la idea de “trabajo decente” que ha propuesto la OIT, finaliza el académico.

Para escuchar su ponencia, siga el enlace:

Rafael Blanco, “el control de admisibilidad sobre la prueba resulta crítico para permitir un juicio oral en condiciones razonables, y así cumplir la promesa que se hizo a los ciudadanos cuando se construyeron los modelos de juicio en América Latina”.

Blanco realizó una clase magistral sobre la «Relevancia de la Fase de Admisibilidad Probatoria en el sistema acusatorio» en el marco de la Cátedra Jorge Rosell, una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología; del Instituto de Estudios Jurídicos de Haragua; de la Universidad de Zulia; de la Universidad de Yacapú y de Universitas Fundación.

A modo de contexto, Blanco explica que, en la actualidad, en América Latina los códigos penales tienen una estructura y conformación normativa similar, todos ellos distinguen cuatro fases: una primera de investigación, una segunda fase intermedia, una tercera de juicio, y la cuarta de ejecución.

Durante su exposición el académico se refiere básicamente a la etapa intermedia, la que explica surge en varios de los códigos con dos objetivos principales.

El primero ha sido controlar la suficiencia acusatoria, es decir, que la acusación del Ministerio Público tenga seriedad y razonabilidad mínima, lo que se ha desdibujado en tanto los estándares de control han sido más bien laxos y burocráticos.

El segundo objetivo es el control de admisibilidad sobre la prueba, es decir, que al juicio no llegue cualquier información o soporte, sino que estos sean objeto de un control previo, específicamente, a través de una audiencia intermedia, de control o preparación del juicio oral. Este segundo objetivo, a diferencia del primero, ha sido la parte fuerte de esta etapa intermedia.

Explica Rafael Blanco que “el control de admisibilidad sobre la prueba resulta crítico para permitir un juicio oral en condiciones razonables, y así cumplir la promesa que se hizo a los ciudadanos cuando se construyeron los modelos de juicio en América Latina”.

Sin embargo, este tipo de juicios han sorteado una serie de dificultades en la región, siendo una de las más importantes, que ha llegado información que los ha ralentizado, los ha hecho excesivamente burocráticos y extensos en el tiempo. De ahí, señala Blanco, la importancia de reflexionar sobre la fase intermedia e intentar descubrir las explicaciones a los problemas que se han originado.

El sistema acusatorio, puntualiza el académico, diseño esta fase intermedia para generar un muro de contención y control sobre los registros que entregan información a la fase de prueba para la decisión en el juicio.

Otro de sus objetivos ha sido permitir el descubrimiento probatorio efectivo para ambos litigantes (fiscales y defensa) como para otros abogados con atribuciones procesales. Esto significa, explica, que todos descubren sus pruebas, tanto para la prueba de cargo como descargo, lo que nos lleva a la idea del “contradictorio”. Este descubrimiento probatorio no es solo una prueba de transparencia, es una condición necesaria para producir confrontación en un juicio, y ejercer y ampliar el principio de contradictoriedad y,a la vez, ofrecer una mejor calidad de información para el juez.

Ante esto, Blanco plantea la pregunta ¿por qué decimos que el juicio es tan complejo y sofisticado? porque el juicio tiene un dispositivo de control de mayor sofisticación que las otras etapas del proceso penal, cada información que ingresa es sometida a cinco dispositivos distintos para controlar su calidad.

El siguiente objetivo de esta fase es garantizar el juzgamiento oportuno, es decir, que no todas las pruebas que las partes pretenden ingresar debieran llegar a juicio, y eso supone mecanismos de control sobre el volumen de información y que existan contornos de tiempo razonables.

Otros aspectos importantes a considerar, señala Blanco es que la audiencia permita evitar que al juicio ingrese prueba ilícita, entendida como aquella que ha sido obtenida con vulneración de derechos y garantías, como también registros de investigación de mala calidad, con información desmesurada, innecesaria o impertinente.

Pero, pregunta el académico, ¿ dónde comienzan los problemas? En los puntos de prueba; en la decisión de qué controlar, como también en el análisis de la pertinencia legal, licitud y fiabilidad de las pruebas.

Es claro en señalar que la laxitud con la que muchos jueces y juezas controlan la prueba que presentan las partes tiene como consecuencia que terminan ingresando al juicio pruebas que no merecieron nunca entrar.

Otros temas en los que el académico identifica importantes desafíos y espacios de mejora se refieren a los testigos de oídas y testigos de carácter o conducta, como también en lo referido a las pruebas periciales. Frente a esto, su propuesta es construir modelos que establezcan criterios y estándares de admisibilidad mínimamente razonables.

En la parte final de su exposición, Blanco señala que todas las construcciones que ha importado América Latina desde los modelos anglosajones y otros, requieren pasar por un cedazo o punto de control que nos permita generar un cuerpo de reglas estables en el tiempo para que fiscales y defensores puedan conocer cómo actuarán jueces y juezas en la etapa intermedia, y de esa manera estar en condiciones de proyectar y hacer proyecciones de sus casos en función de esos criterios.

Por el contrario, si esos criterios de admisibilidad son heterogéneos, poco estables o dependen de cada juez o jueza ante quien litiga, se genera un problema de predictibilidad que es posible encontrar hoy en varios de nuestros países. Es común encontrar fiscales y defensores que no saben cuáles son los criterios que se aplican para admitir o rechazar una prueba.

Entonces, concluye Blanco, tenemos una deuda pendiente en la región con relación a esta etapa intermedia, que como hemos visto es crítica y vino justamente a controlar las malas prácticas de los sistemas mixtos o inquisitivos reformados.

Para que la promesa del juicio sea efectiva, necesitamos mejorar las reglas, estándares y criterios con los cuales hacemos control de admisibilidad probatoria, y eso es una tarea pendiente para distintos actores (academia, sistema acusatorio, etc). Si no lo abordamos, entonces, los sistemas acusatorios de cuatro fases no funcionan, y en eso nos jugamos los derechos y garantías, y los principios según los cuales prometimos mejorar los modelos acusatorios para nuestros países de América Latina, afirma Blanco.

Si quieres escuchar su clase magistral, sigue este enlace:

Fuente: Observatorio Económico/FEN-UAH

Carlos J. García: Después de la pandemia ¿podrá nuestra economía crecer a tasas que en el mediano plazo nos permitan alcanzar los niveles de desarrollo e ingresos que otras economías registran, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc?”

En su artículo “Crecimiento estancado: desafíos y líneas de acción”, publicado en la Revista Observatorio Económico,  el investigador CiPP y académico UAH, reflexiona sobre esta pregunta y plantea que los desafíos no son menores, puesto que indicadores señalan que el país saldrá debilitado de la actual crisis para enfrentar este objetivo.

Analiza la situación de nuestra economía en varios aspectos que, según diversos expertos, son determinantes del crecimiento económico: el capital físico, el capital humano y la tecnología, junto a las instituciones y reformas estructurales apropiadas, los que serían vitales para explicar por qué los países son exitosos o simplemente fracasan en sus esfuerzos de alcanzar niveles de ingresos altos.

Señala García que si consideramos la inversión en capital físico y humano en Chile, las cifras son desalentadoras.

La inversión, la primera década de este siglo, medido por el crecimiento promedio trimestral –desestacionalizado, respecto del período anterior, descontando la crisis financiera internacional– fue de 2,7%. En cambio, antes de la crisis de COVID, esta tasa era solo de un 1%.

Por el lado del capital humano, colegios,institutos y universidades han trabajado mayoritariamente on-line por la pandemia, reduciendo su impacto educativo. Peor, la irrupción del trabajo robótico en el mediano plazo probablemente deje aún más atrás a nuestra fuerza laboral.

Agrega que a este escenario negativo se debe adicionar otro elemento no menos traumático: la crisis ambiental. Y propone un sin número de preguntas, sin respuestas exactas:

¿Cómo se verán afectadas las ventajas comparativas con este cambio? ¿Podremos seguir exportando bienes agrícolas que son intensivos en el uso de agua y propios de un clima templado no desértico? ¿Cuánto subirán los precios de los alimentos que importamos? ¿Cuánto subirán los costos de producción el reemplazo de combustibles fósiles? Un sin número de preguntas, sin respuestas exactas.

Como último punto en el análisis de los determinantes del crecimiento, se refiere a las instituciones de nuestro país. Es claro en señalar que reformas solo de mercados no son suficientes.

El remedio que hemos buscado, agrega García, es una nueva constitución, sin embargo, todos sabemos que una de las discusiones de fondo va más allá de redactar esta constitución, sino que incluye los ajustes que debemos hacer al sistema económico y, por tanto, las nuevas instituciones que adoptaremos para impulsar el crecimiento en estos tiempos difíciles.

Concluye diciendo que en vez de una discusión estéril entre mercado y Estado, debiéramos redirigir nuestros recursos escasos a inversiones públicas que aseguren, primero un salto único en nuestro capital humano, para que los más jóvenes puedan acceder a educación superior de muy alta calidad, es decir, una revolución educativa orientada hacia las nuevas tecnologías y a buscar soluciones imaginativas para enfrentar el cambio climático y sortear las restricciones que impondrá.

Segundo, inversión en infraestructura para que nuestra economía

siga siendo competitiva en los mercados internacionales (puertos, carreteras, embalses, nuevas energías, etc.).

Ambos elementos son claves para recuperar el crecimiento de principio de siglo, por el contrario, con una población creciendo a un 1% cada año y sin mejoras en la productividad, nos acercaremos peligrosamente a un equilibrio con menos empleos y más inflación por aumento de costos, termina el académico.

Revisa su columna completa en FEN UAH.

Enrique Rajevic en ChileVisión, “cuando uno entra a trabajar a la administración pública, tiene un compromiso con los ciudadanos/as de este país de hacer bien su trabajo en forma permanente, y no con el ideario de la autoridad de turno”.

El investigador CiPP y académico UAH, fue entrevistado para el reportaje de Chilevisión Noticias titulado «Exigen más transparencia: Polémicos contratos de nuevos alcaldes pese a denuncias de millonarios déficits».

Sobre la existencia de cargos de confianza en el sector público, Rajevic señaló que esta situación genera un mayor riesgo o tentación de transformar al personal de la administración pública en personas que sean leales a una autoridad en particular, y no a la institución.

Si bien reconoce que existe un patrimonio, una ética y dignidad de la función pública que se mantiene, este tipo de prácticas son un lastre que puede afectar que se cumplan.

A modo de recomendación, señala que es necesario modificar el Estatuto legal del empleo público con relación a los cargos de confianza, tanto a nivel municipal y nacional, de modo de garantizar que la regla general sea el ingreso a través de concursos públicos.

Uno esperaría, indica Rajevic,  que hubiera una distinción clara entre el gobierno y la administración pública, es decir, entre aquellos que han ganado las elecciones en forma legítima y diseñan las políticas públicas, y aquellos que las implementan.

Es claro en señalar que cuando uno entra a trabajar a la administración pública, tiene un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de este país, de hacer bien su trabajo en forma permanente, y no con el ideario de la autoridad de turno. El principal problema que provocan estas excepciones es que esto se empiece a perder.

Concluye señalando que terminar confiando en el buen o mal criterio de las autoridades, no es razonable. Debemos tener una norma que nos garantice la predominancia del principio del mérito y no del principio de la confianza.

Para ver la nota completa, sigue este link.

 

Pedro Güell en el medio La Voz de los que sobran: “Las ambivalencias en los roles de los nuevos gobernadores electos y de los delegados presidenciales regionales se está traduciendo en conflictos”

En su columna de opinión, el investigador CiPP y académico UAH, señala que que está ocurriendo lo que muchos anunciaron: las ambivalencias en los roles de los nuevos gobernadores electos y de los delegados presidenciales regionales se está traduciendo en conflictos. Lo que todavía no sabemos bien es a dónde van a conducir esos conflictos. Una cosa parece relativamente clara: tienen los días contados.

Plantea que, a  la luz del proceso constituyente, es probable que la nueva constitución modifique las actuales figuras del gobernador y del delegado en favor de mayores competencias para la autoridad regional electa. Eso aclarará los roles y establecerá mejores mecanismos para regular las relaciones entre ambas autoridades. Pero para que ese eventual cambio entre en vigor faltan por lo menos dos años.

Se pregunta, entonces, ¿Y entre tanto qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar y nos desgastamos en las peleas pequeñas en que se está transformando la relación entre el delegado y el gobernador?

Güell señala que dos años es mucho tiempo para esperar mejores condiciones para el trabajo regional. Se corre el riesgo, además, de que se instauren ciertas formas de operar o estilos de liderazgo que posteriormente sean una dificultad para el buen ejercicio político. 

Pero hay que partir despejando una posible confusión, señala el investigador: la necesaria lucha por ampliar las competencias del gobernador puede hacernos creer que el objetivo es traspasar los antiguos poderes del intendente hacia la actual figura y hacer de este una suerte de administrador electo.

Es claro en decir que el rol principal del gobernador regional no es administrativo. Es una autoridad política electa y su rol es la conducción política de los procesos de desarrollo y de ampliación democrática del territorio. Para ejercer ese rol debe existir un espacio social y territorial para que se de la relación entre el gobernador, el gobierno regional y la ciudadanía. Dicho espacio es la región, entendida como construcción espacial, cultural y política. 

La tarea urgente hoy, es pues, hacer del territorio regional un espacio público, de pertenencia, donde surjan conversaciones y deliberaciones, donde hayan demandas, proyectos y anhelos ciudadanos. Y es urgente porque estamos aún lejos de que nuestras regiones sean un espacio público real y activo.  

Para leer la columna completa puedes ingresar al siguiente link: https://lavozdelosquesobran.cl/una-tarea-urgente-la-construccion-politica-y-cultural-del-espacio-publico-regional/

 

Hugo Rojas en Conferencia sobre Memoria y Derechos Humanos: “El país tiene en estos momentos una gran oportunidad para revisar cómo se consagran los DDHH en la nueva constitución y cómo aumentamos su eficacia”.

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP y académico UAH participó en la inauguración de la Tercera Escuela de Memoria y Derechos Humanos, organizada por el Colectivo Memoria UC y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). En la oportunidad, el investigador ofreció una conferencia sobre los Derechos Humanos.

“Los Derechos Humanos son un asunto demasiado delicado como para que queden exclusivamente en manos de una sola profesión o área del saber”, fueron las palabras de inicio del académico para luego continuar con una serie de ideas explicativas.

Recalcó la importancia de comprender qué son los DDHH, proponiendo como definición que estos aluden a un conjunto de normas, valores y principios que reconocen y establecen derechos que consideramos que son fundamentales, inalienables, inherentes a toda persona independientemente de su raza, de su sexo u orientación sexual; de su nacionalidad, étnia, del idioma que hable, de la religión o creencia que profese; y de cualquier otra visión.

Explicó que su enfoque para abordar los DDHH es aquel que dicta que son un constructo social. “Yo no adhiero a las tesis que sostienen que los DDHH nos son revelados, como si fueran dogmas teológicos o que emanan de esa razón. Yo pienso que son constructos sociales”, dice. Y continúa explicando que estas normas, valores y principios son creados y aceptados por las sociedades y se han generalizado de tal manera que empiezan a influir en el comportamiento de las personas.

En tanto constructo social, la forma en que los DDHH son entendidos, ejercidos, aplicados, dependerá muchísimo del contexto social e histórico en el que van a ser discutidos o invocados. Esta, dice Rojas, es mi mirada, y reconoce que está respaldada por la  influencia que tiene de las ciencias sociales.

Destaca que los DDHH son dinámicos, en tanto toda reflexión sobre ellos ha ido evolucionando, y a pasos agigantados, los últimos 70 años. Las sociedades presionan cada vez más para que los DDHH sean reconocidos en todas partes, explica. Y añade que su definición debe ser revisada y actualizada de forma constante “Los DDHH no son dogmas revelados ni están grabados en piedra, por el contrario, se encuentran en constante ajuste por las sociedades que los actualizan”.

Otro punto relevante que menciona Rojas es que los DDHH están reconocidos en los sistemas jurídicos tanto a nivel nacional como a internacional. Logros que provienen del activismo de la sociedad civil, donde actores relevantes han cuestionado lo que se entiende por DDHH con la finalidad de ampliar ese contenido y de ajustarlo, hasta los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos a través de la cooperación internacional, los que han contribuido a que los DDHH hayan alcanzado un estatus de suma importancia para la mayoría de las sociedades alrededor del mundo y en la comunidad internacional. “La idea de que todos nosotros debemos ser tratados con dignidad y respeto, esa idea tiene una resonancia, yo diría, a estas alturas, universal”.

Las conversaciones sobre DDHH suelen ser casuísticas, dice Hugo Rojas, ya que muchas veces las discusiones se realizan a partir de casos concretos y en el caso a caso se va discutiendo cómo se interpretan las normas y de qué forma se pueden ir corriendo las fronteras de lo que en un día se considera como DDHH y quizás, tras los debates, el día de mañana se dirá otra cosa.

Reconoce que si bien la cultura occidental ha aportado mucho a la discusión sobre los DDHH, eso no significa que esta cultura deba seguir siendo hegemónica sobre qué es lo que se entiende por DDHH. En el mundo hay una tensión en contra del eurocentrismo que ha sido hegemónico en la manera en que tienen que ser concebidos los DDHH, puesto que imponer una sola visión respecto de algunas sociedades en desmedro de otros enfoques, también puede ser considerado como una vulneración a los DDHH, argumenta el académico.

Rojas explica lo que se conoce como tridimensionalidad de los DDHH, esto es, las 3 dimensiones potentes de las discusiones sobre DDHH que, siendo distintas, son complementarias: la filosófica, sociológica y dogmática-jurídica.

La dimensión filosófica intenta responder a preguntas como ¿cuál es la base de los DDHH?, ¿por qué tenemos que respetarlos?.

La dimensión sociológica se concentra en el aspecto empírico de los DDHH, y busca responder ¿Cómo se entienden y cómo se utilizan en una sociedad los DDHH? ¿Cómo funcionan en la realidad social esos DDHH que estamos reconociendo y consagrando en el sistema jurídico?; y

Por su parte, la dimensión dogmática-jurídica analiza la normativa de los DDHH y el contenido de las normas donde estos se reconocen y se consagran en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.

Sobre el contexto actual, Hugo Rojas enfatiza la importancia de que los derechos ratificados por Chile sigan teniendo rango constitucional, de modo que ninguna ley o norma de rango inferior pueda contravenirlos. En consecuencia, dice, el país tiene en estos momentos una gran oportunidad para revisar cómo se consagran los Derechos Humanos en la nueva constitución y cómo aumentamos su eficacia.

Finalmente el investigador hace un llamado al mundo educacional a que se busquen diversas maneras de contribuir a que los DDHH sean eficaces, protegidos, respetados, resguardados y consagrados, por ejemplo, en el contenido de los cursos o tesis.

Termina su intervención con una invitación a los y las estudiantes: “Ojalá se animen a dedicar sus vidas profesionales a los Derechos Humanos, vale la pena y le da sentido a la vida”, finaliza.

Para poder ver su conferencia, ingresa en el siguiente link.

Fabian Pressacco e Ignacio Cienfuegos, investigadores CiPP y Felipe Livert, todos académicos de la UAH, publicaron el artículo «Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local» en Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, 2021.

El texto analiza el efecto de la decisión política de implementar cuarentenas totales en los ingresos municipales, enfatizando el impacto heterogéneo que tuvo a nivel territorial y socioeconómico. El método utilizado para determinar el efecto de la política en el crecimiento de los ingresos propios municipales fue el análisis de datos de panel con efectos fijos combinados.

Los resultados indican que todos los municipios se vieron afectados por la pandemia, particularmente, el impacto de la política a nivel territorial fue mayor en municipios metropolitanos, mientras que, a nivel socioeconómico, las comunas con mayor porcentaje de población pobre tuvieron un menor crecimiento de los ingresos.

A partir de estos resultados, se sugieren medidas de política pública asociadas a la gestión financiera de emergencias, cambios en la institucionalidad local y en las relaciones intergubernamentales.

En la parte final del estudio, los autores señalan que si bien el régimen político municipal vigente garantiza la autonomía municipal como norma constitucional, se trata de una autonomía acotada que se expresa en tres ámbitos.

En primer lugar, los municipios no tienen atribuciones para participar en los procesos de decisiones sobre temas relevantes y que afectan sus funciones o la calidad de vida de la ciudadanía local.

En segundo lugar, el sistema de financiamiento de los municipios reconoce muy poco margen de maniobra para que los municipios generen nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas asociados a distintos tributos; tampoco tienen la posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley aprobada en el Congreso.

Y, tercero, en lo que respecta a las crisis, el sistema no considera una institucionalidad para enfrentar este tipo de situaciones.

En este contexto, señalan, las transferencias asociadas a desastres debieran estar supeditada a criterios objetivos de manera de reducir la discrecionalidad y el sesgo partidista en la distribución de recursos.

Para conocer la publicación, sigue el enlace: Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local

Eduardo Saavedra, director académico del CiPP-UAH, realizará asesoría técnica al recién conformado “Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio”. En su elección, se consideró sus conocimientos y experiencia en materias de libre competencia y regulación de tarifas, y conocimiento del funcionamiento del mercado local”.

La elección de Saavedra,  “se realizó considerando factores tales como los conocimientos y experiencia en materias de libre competencia y regulación de tarifas, conocimiento del funcionamiento del mercado local y disponibilidad inmediata para realizar un trabajo en los plazos exigidos por la Ley. Asimismo, se consideró especialmente relevante su experiencia como Ministro del TDLC y la ausencia de conflictos de interés con las partes involucradas en el proceso”, dice el acta de la sesión.

El Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, creado por la Ley N° 21.365,  es un órgano de carácter técnico y autónomo, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. La instancia, según publica este Ministerio, realizó su primera sesión el 6 de agosto de 2021 y en ella acordó trabajar con sentido de urgencia, iniciar el proceso para determinar límites a las tasas de intercambio, y contratar una asesoría técnica que contemple, entre otras materias, la caracterización del grado de desarrollo de Chile respecto a los medios de pago en general y de las tarjetas de pago en particular, un análisis detallado de las posibles metodologías para calcular límites a las tasas de intercambio, y la aplicación de las metodologías analizadas considerando las particularidades encontradas en el caso de Chile.

Sus miembros titulares son: Hugo Caneo Ormazábal, designado por el Ministerio de Hacienda y quien preside el Comité; Catherine Tornel León, designada por el Banco Central y quien es vicepresidenta por el plazo de un año; Carolina Flores Tapia, designada por la Comisión para el Mercado Financiero; y Gastón Palmucci Sclerandi, designado por la Fiscalía Nacional Económica.

Su función principal es determinar los límites a las tasas de intercambio (TI) aplicables a transacciones con tarjetas de pago, entre emisores y operadores, correspondientes a la venta de bienes o la prestación de servicios por entidades afiliadas en el país, sea que los pagos respectivos se realicen en forma directa o por intermedio del respectivo titular de marca de tarjetas.

Lo que se persigue es establecer condiciones tarifarias orientadas a la existencia de un mercado de tarjetas de pago competitivo, inclusivo, transparente y con fuerte penetración, y que asimismo considere el resguardo del eficiente y seguro funcionamiento del sistema de pagos minoristas.

Saavedra es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en Economía de la Universidad de Georgetown (EE.UU.) y doctor en Economía de la Universidad de Cornell (EE.UU.). También fue ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre 2014 y 2020, y actualmente es profesor asociado de la Universidad Alberto Hurtado, director académico del CiPP y ha sido consultor de empresas y organismos públicos, nacionales e internacionales, en materias de libre competencia y regulación de tarifas.

Enlace de referencia.

Pedro Güell en Seminario CEP sobre la élite chilena: “Dado que las élites siempre van a existir, la pregunta correcta es si las formas de influencia y liderazgo de la actual élite chilena, están a la altura de los desafíos de la sociedad presente”

Pedro Güell, investigador asociado del CiPP y académico UAH, participó en el Seminario “Scanner a la elite chilena: ¿Homogénea o diversa?” organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP). En la ocasión, Güell participó como comentarista, junto a Loreto Cox, de la presentación realizada por Jorge Atria y Cristóbal Rovira, autores del Estudio COES sobre la élite cultural, económica y política en Chile.

Pedro Güell parte afirmando que un estudio sobre las elites es importante y valioso ya que estas pueden cambiar de forma, de estilo, de orientaciones, pero siempre han existido y seguirán existiendo. La razón es sencilla, dice el académico: en cualquier época, la vida social tiene un grado de complejidad importante y eso requiere de mecanismos de coordinación, y uno de esos mecanismos que las sociedades han inventado o descubierto, es precisamente la influencia y el liderazgo de unos pocos sobre muchos. 

Esta distinción entre influir o ser influido o liderar y ser liderado, es como el propio hecho del poder, una relación estructurante de la vida social, explica. Mientras más compleja es la sociedad, como las actuales, más necesarios son estos mecanismos de influencia y de liderazgo. Porque otros mecanismos de control, como las leyes, o ciertos mecanismos culturales de control como las ideologías o las creencias, en el actual contexto tienden a debilitarse. 

Explica que los llamados procesos de desinstitucionalización o pluralización cultural, tienden a debilitar los mecanismos institucionales y formales de coordinación. Y por la diversidad que producen, tienden a fortalecer o favorecer el surgimiento de estos liderazgos centrados en influencia y conducción. 

Entonces, y dado que las élites siempre van a existir, la pregunta que debemos hacernos no es si es bueno o no que existan. “La pregunta correcta es si las formas de influencia y liderazgo de la actual élite chilena, están a la altura de los desafíos de la sociedad presente”

Preocuparse de esto, continúa, significa preguntar por las concepciones que las elites tienen sobre su propio liderazgo. Y la conciencia que tienen sobre su relación con la sociedad y especialmente, preguntarse por la porosidad y capacidad de adaptación o velocidad adaptativa de las propias élites. 

En su comentario, Güell reflexiona a partir de algunos de los datos presentados por los autores del estudio, que le parecen particularmente significativos.

Uno de esos datos, muestra que en Chile las élites existen como un actor, como una identidad sociocultural específica, es decir, las elites no son un mero agregado estadístico circunstancial, como lo sería un nivel de ingresos similar y diferente al de la población. Sino que hay formas de orientación, de conciencia y de percepción que son específicas. Comenta que las elites son expresiones del propio hecho de ser elite; son expresión de diferencia con la ciudadanía general; la elite se constituye en la diferencia.

Otro de los datos del estudio muestra que las diferencias de posicionamiento ideológico de las elites y de la ciudadanía, son en general menores que las diferencias de opinión frente a otros temas.. Es decir, que si bien hay diferencias, incluso considerando la diferencia de la elite económica respecto a las dos élites que identifica el propio estudio, esas diferencias ideológicas o de autoposicionamiento político, son menores que las diferencias respecto a otros temas, como las desigualdades de trato, la importancia del conflicto mapuche, la confianza en la empresa privada, entre otros.

Entonces, si existe esta diferencia que va más allá del autoposicionamiento ideológico  y es más fuerte que ella, la pregunta es cuál es esa diferencia específica? o dicho de otro modo, ¿qué hace ser a un miembro de la elite, un miembro de la elite? Creo que es necesario estudiar cuál es el fundamento de la diferencia entre élite y ciudadanía. 

Y también debe estudiarse, agrega Güell, cuál es el grado de conciencia o de autoengaño que tienen las elites acerca de en qué se basan sus diferencias con la sociedad. Es decir, cuál es el grado de conciencia del fundamento de esas diferencias. Este punto es importante porque, en esas diferencias específicas, radica parte importante de las ideas acerca de cómo las élites deben relacionarse con la sociedad. Explica que lo que importa no es la diferencia en sí, sino en qué medida el fundamento de la diferencia es lo que permite entender las formas de relación. Porque cuando hablamos de desconexión, explica Güell, como gran riesgo político entre élite y ciudadanía, lo que estamos hablando precisamente es de relación y lo que tenemos que tratar de entender es qué modelo y qué razones hay detrás de esas formas de relación, más allá de los hechos estadísticos que explican algunas de esas diferencias.

Finalmente Pedro Güell comparte algunas reflexiones finales.

Como quiera que se juzgue a las elites, dice el académico, ellas responden a un cierto patrón de acción que no es arbitrario ni casual. La élite no es un simple agregado estadístico y ese patrón no es primariamente ideológico político, medido como autoposicionamiento político. 

Entonces es necesario estudiar cuáles son estos patrones de identificación y de autoconciencia de las elites, para poder estudiar las justificaciones de la forma en la que se relacionan con la sociedad. Sólo entendiendo esta forma de relación podemos hacer una crítica de su adecuación o inadecuación. Esto nos ayudaría a superar cierta mirada que tiende a confundir las insuficiencias de la actual élite con la inutilidad de las élite per se.

También señala que el estudio ha dejado clara la importancia de la renovación de las élites, lo que lleva a una reflexión política. El estudio refuerza lo que desde hace rato se sabe: las élites muestran un alto grado de oligarquización o de autoclausura hacia la sociedad, que representa un riesgo para la democracia y el desarrollo. Por eso, resulta importante avanzar en el estudio de cuáles son las condiciones favorables para el recambio de las élites, así como para mantenerlas porosas.

Termina diciendo que no tiene una mirada optimista sobre las posibilidades de cambio endógeno de las élites. Creo más bien, dice Güell, en la capacidad de la acción política y de la protesta social para condicionar esos cambios. 

Para ejemplificar lo anterior, indica que existen iniciativas concretas — como las leyes de cuotas; el fortalecimiento y gratuidad de la educación pública de excelencia; las carreras funcionarias en sector público; las leyes de tributación sustantiva; la rotación de los cargos de elección; hasta las formas de ordenamiento de espacio público y transporte público –, que resultan en formas de impulsar la porosidad y la circulación entre las elites y la sociedad que, cree, es el punto central que se debe discutir. 

Para poder ver el seminario completo puedes ingresar en el siguiente link: https://www.cepchile.cl/cep/noticias/notas-de-prensa/seminario-scanner-a-la-elite-chilena-homogenea-o-diversa

 

Humberto Borges en seminario sobre la Difusión en la Investigación Contable, CAPIC: “El SII debe tener una nueva estructura, con más dotación, acorde al momento y desafíos actuales”.

El pasado jueves 26 de agosto el investigador asociado al CiPP y académico UAH, Humberto Borges, participó en el Seminario Internacional de Difusión en la Investigación Contable CAPIC organizado por la Universidad de las Américas. En la oportunidad el investigador realizó una ponencia que tituló “Cambios tributarios propuestos por los candidatos presidenciales y efectos en las pymes”, que se centró en los tres grupos que hicieron primarias o consulta ciudadana.

Es claro en decir que hoy enfrentamos una situación no sólo con pandemia sino que falta de recursos por parte del Estado.

En cifras concretas, Borges explica que se invirtieron $5,5 billones, equivalentes a un 2,77% del PIB, y el presupuesto del Gobierno era de $2,9 billones, un 1,46% del PIB. El mayor aumento del gasto destinado a paliar los efectos de la pandemia, se financió en un 58% mediante reasignaciones de los presupuestos de diversos ministerios, servicios y otros órganos públicos. Y el 41,5% restante con recursos adicionales. “Hay muchos recursos públicos que se han perdido o se han tenido que invertir apresuradamente dada la situación de pandemia, para recuperar empresas; la salud; entre otros problemas”, explica Borges.

A raíz de esto y en términos internacionales, hace una comparación con la OCDE destacando tres puntos relevantes en donde existen diferencias marcadas: seguridad social, impuesto sobre la renta de individuos y el IVA. Explica que al ser Chile un país parte de la OCDE deberíamos intentar minimizar la brecha en cuanto a cifras.

Si hablamos de las propuestas que han realizado los candidatos, dice, surgen seis puntos importantes a analizar: Impuesto al patrimonio; IVA Diferenciado; Royalty Minero; Norma general Anti – Elusión e Impuestos Verdes.

En su exposición, analiza cada una de estas propuestas, señalando algunos pro y contra a tener en cuenta, y realiza algunas propuestas.

Sobre el Impuesto Patrimonial, señala que surgen problemas al calcular la base patrimonial, pues no hay información, y recuerda que los candidatos en los debates de las primarias señalaron que no existe información en los ministerios, que es donde se podrían encontrar datos del patrimonio de las personas. El patrimonio que se propone se estima que será de US $5 millones, como base, desde ahí hacia arriba se cobraría. Frente a esto señala, “Si se llega a calcular bien la base patrimonial, no se afectaría a muchas personas en el país”, dice el investigador.  Explica, además, que es importante considerar el concepto de los “súper ricos”, pues si corresponde sobre 5 millones de dólares, sería un grupo muy pequeño el que se vería afectado. “Yo no estoy de acuerdo con esa visión. En cambio sí con un impuesto muy parecido al que ahora se está estableciendo, aunque también esperaba que para una parte de las empresas este aumente a un 302%, dice.

En cuanto al Royalty Minero explica que se está estableciendo la idea de que sea un 3% progresivo, en términos de toneladas de cobre o litio ya producidas. La alternativa es que sea un 3% fijo, pues al ser progresivo haría más complicado los cálculos y no incentivaría a que se haga bien el trabajo con las toneladas.

Respecto a la norma anti elusión, indica que existen dos puntos de vista: en 2017 el ex director del SII, Michel Jorrat, dijo que existe una evasión del 5,5%. Esto es grave, dice, porque es una cifra alta y se debe disminuir. Por otro lado, nos encontramos con la situación actual, la desintegración de los tributos, que por un lado podría ser positiva, pero también hay que recordar que existe una desintegración mediana que afectó al impuesto global.

Con respecto al IVA diferenciado comenta que se trata de un impuesto muy regresivo. Crear una canasta básica con productos elementales como alimentos, educación y medicamentos, afectos a una tasa del 5% (excluyendo alimentos altos en azúcares y grasas saturadas), en el caso de los demás productos serían afectados con el actual 19%. La recaudación del IVA producirá un mayor ingreso directo a las personas de escasos recursos. Si se aplica sólo a los alimentos saludables en 10 años disminuirían los costos de salud por diabetes, obesidad y algunos cánceres, dice Borges.

Finalmente menciona el Impuesto Verde y aclara que en Chile existe solo para los automóviles nuevos, livianos y medianos, dependiendo de su rendimiento urbano. Pero no existe una política completa sobre los efectos del CO2 ni se visualizan otras formas de impuestos, que podrían ir contra las empresas o, por otro lado, dejar de lado los impuestos.

A modo de síntesis, Borges señala que con todas estas medidas analizadas se generarían efectos tanto para las empresas como para las personas naturales. En cuanto a los primeros, indica el royalty minero, los impuestos verdes, la desintegración y norma general anti elusión. Mientras que, para las personas, se le suma el impuesto al patrimonio y el IVA diferenciado.

Para cerrar, el investigador hace tres críticas generales: en primer lugar, dice que estas no son propuestas que integren crecimientos en regiones, igualdad y apoyos ecológicos. Segundo, que las políticas no están interrelacionadas con un cambio cultural y social (lo que explica el estallido social). Y finalmente, es claro en decir que se requiere de una modernización del Estado. El SII debe tener una nueva estructura, con más dotación y también capacitar. “Pero lo que más necesita, enfatiza, es tener una estructura acorde al momento y desafíos actuales”.

Para poder ver su ponencia completa puedes ingresar en el siguiente link.

Marcela Perticará, sobre el Informe Final de la Comisión para la Recuperación del Empleo “En la medida en que se liberen las restricciones a ciertas actividades, como turismo y restaurantes, y bajo condiciones sanitarias favorables, el empleo debería retornar a niveles prepandemia”.

De la mano de las medidas de desconfinamiento, el mercado laboral comienza a mostrar signos de recuperación. Esto permite proyectar que, en la medida en que se liberen las restricciones a ciertas actividades (turismo, restaurantes) y bajo condiciones sanitarias favorables, el empleo en el país debería retornar a niveles prepandemia. Un riesgo a considerar es que la digitalización de servicios y la automatización de ciertos procesos productivos, que ha sido forzada durante la pandemia, pueda desplazar a ciertos tipos de trabajadores, por lo que son precisamente estos perfiles de trabajadores quienes requerirán medidas específicas para reconvertirse y posicionarse laboralmente. Es claro que el estancamiento de la tasa de empleo está altamente influenciado por la no recuperación del empleo independiente. Este empleo, en particular el femenino, no ha podido recuperarse en un contexto de restricciones a la movilidad en general, al funcionamiento de ciertos sectores (alojamiento, actividades artísticas, comercio informal, etc.), y al cierre parcial o total de colegios, salas cunas y jardines infantiles.

Teniendo en consideración estos y otros elementos, la Comisión para la Recuperación del Empleo, de la que formo parte junto a otros 9 expertos, presentamos nuestro Informe Final donde proponemos 25 medidas a implementar, 18 de aplicación inmediata, 6 que requieren cambios legales y una medida final vinculada con la disponibilidad de información y evaluación de impacto. 

 

Hugo Rojas en seminario “Estándares internacionales para la reparación de víctimas de violencia estatal”: “Es necesario discutir cómo el Estado de Chile va a reparar a las víctimas del estallido social”.

Este jueves 26 de agosto se realizó la segunda sesión del Ciclo de Diálogos VioDemos organizado por el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia. El impulsor de esta iniciativa, Hugo Rojas, investigador asociado al CiPP y académico UAH, explica que “el  seminario debería contribuir a la reflexión sobre las medidas y mecanismos que se debieran implementar en Chile para reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado durante el estallido social de 2019”.

En esta oportunidad, las exposiciones estuvieron a cargo de Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fabián Salvioli, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Gonzalo Aguilar, Profesor de derecho internacional y constitucional en la Universidad de Talca.

Hugo Rojas señala que “en esta discusión se debe considerar la naturaleza diversa y la complejidad de los daños sufridos por las víctimas. Es importante discutir el alcance de las medidas de reparación que se propongan, su completitud, coherencia y exhaustividad, de modo que la amplia gama de daños provocados sea adecuada y oportunamente cubierta”.

Además, agrega que generar este tipo de discusiones es importante y también oportuno ya que es imprescindible que se discuta de manera pública cómo el Estado de Chile reparará a las víctimas del estallido social de 2019; cuáles deberían ser las medidas a adoptar a favor de quienes se vieron afectados en sus derechos fundamentales; y cómo se tendrían que implementar en el corto y mediano plazo.

Para poder ver esta segunda sesión del ciclo de diálogos, puedes ingresar en el siguiente link.

Fuente: El Mostrador

Cristóbal Madero en El Mostrador, sobre el Proyecto de Ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso: “Más allá de las razonables dudas, no hay más tiempo que perder”.

En su columna de opinión en El Mostrador, Madero plantea una reflexión sobre el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, en tramitación en el Congreso desde junio de este año.

Las cifras que entrega son alarmantes. Existen en nuestro país más de 186.000 NNJ (Mineduc, 2020) que no han completado los niveles obligatorios de la escolaridad y no se encuentran matriculados en ningún establecimiento educacional.  De este total, al año 2020, 99.872 NNJ entre 12 y 21 años no se encontraban matriculados en establecimientos educacionales, ni habían egresado de cuarto medio y llevaban dos años o más fuera del sistema escolar.

Sostiene que en un sistema educativo altamente segregado como el nuestro  “no son pocos quienes pueden ver con sospecha esta modalidad pues persiguiendo un fin justo, aumentaría dicha segregación”.

Entre varios puntos relevantes, el investigador del CiPP, señala que en cuanto al respeto al derecho a la educación vulnerado de estos NNJ, no hay más tiempo que perder y esta ley sirve a ese propósito.

Además destaca que la modalidad no consiste en la creación de escuelas de reingreso aisladas, sino de una subvención a programas diversos, que considerando la edad y años de rezago de los NNJ, busquen el recompromiso con (reinserción a la educación regular), y el reingreso al (aulas o espacios de reencuentro educativo) sistema educativo.

Revisa su columna aquí.

Fuente: La Tercera

Miriam Henriquez en La Tercera, sobre la propuesta de reglamento presentada por la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente “Esta primera propuesta, disipa las dudas iniciales“.

Henríquez publicó en La Tercera una columna de opinión donde argumenta que, en tiempo récord, la primera propuesta de reglamento presentada por la Comisión de Reglamento de la convención constituyente disipa las dudas iniciales sobre la capacidad de este órgano de cumplir con el mandato entregado por la ciudadanía y plantea mecanismos para un texto constitucional coherente.

¿Cuáles son los “riesgos” de que las y los convencionales no sean expertos en asuntos constitucionales o no tengan experiencia en la redacción de una norma jurídica? ¿Cuáles son las posibilidades y consecuencias de que el borrador de Constitución sea un texto incoherente? Estas y otras preguntas, señala Henríquez, inquietaron a los electores en el plebiscito de apertura al momento de decidir por el órgano constituyente, pero sobre todo en las elecciones de las y los integrantes de la Convención Constitucional.

Señala que en la primera propuesta de reglamento se plantean una serie de mecanismos que van desde principios rectores, lineamientos, un número acotado de comisiones temáticas, debates y votaciones sucesivas.

Destaca, dentro de los principios rectores, el de la “coherencia”, el que incluso queda garantizado a través de un órgano especialmente encargado de hacer consistente el texto constitucional: la Comisión de Armonización.

Para leer su columna completa, sigue este link.

Pedro Güell en Bío Bío TV: “La confianza de la ciudadanía en la Convención es la mayor base para la eficacia del trabajo de esta instancia”.

En esta séptima edición del programa VeoVeo Constituyente emitido por Bío Bío TV del que Miriam Henríquez y Pedro Güell, investigadores CiPP y académicos UAH son panelistas permanentes, participaron además el economista Guillermo Larraín y la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra. 

Como cada programa los panelistas analizan la semana y mencionan aquello que más les llama la atención. En esta edición, el hilo conductor de la conversación se centró en la aprobación de la regla de los dos tercios, entre otros temas. 

Susana Sierra realza la aprobación de los dos tercios haciendo hincapié en que esta noticia es positiva por la confianza que la ciudadanía deposita hacia la Convención. 

Por su parte, Guillermo Larraín alude al poco entendimiento de lo que significan los dos tercios: “cuando se impuso los dos tercios, el temor que existía era que la derecha hubiera podido acceder a través de la votación a un número lo suficientemente grande, un tercio más uno, que hubiera impedido acuerdos y por lo tanto le hubiera dado poder de veto. Llama la atención que todavía se insista en la importancia de este número desde la perspectiva del ejercicio del veto que no lo tiene nadie en este minuto”.

En palabras de Miriam Henríquez, lo que está ocurriendo en la convención es confirmar, de alguna manera, un lineamiento que había fijado esta constitución para que la aprobación de las normas constitucionales se realice por los dos tercios, más allá de que se esté innovando en una mayoría, lo que aquí se está haciendo es confirmar esa mayoría que estaba prevista en relación con una propuesta que era distinta. 

Alcanzar los dos tercios es posible, continúa la investigadora. “Hemos visto que hay muchas votaciones que han superado ampliamente los dos tercios; votaciones de 120, de 124 y hasta de 154, o sea, prácticamente la unanimidad ha concurrido a tomar decisiones muy relevantes por estos días”. La académica es clara en decir que el trabajo de la Convención Constitucional ha avanzado en torno a amplios consensos y lo destaca, pues el miedo o el cuidado que había previamente, incluso a la elección de los convencionales constituyentes, era que esa mayoría fuera inalcanzable. “La conformación de la Convención, el funcionamiento y el trabajo de los distintos grupos, da cuentas de que esa mayoría es posible”. 

Otro tema que los panelistas abordaron en este capítulo fue “la exclusión del término República”. Y para profundizar en aquello, Miriam Henríquez deja la pregunta abierta: ¿es realmente un tema o ha habido una sobrerreacción? 

Pedro Güell comparte su parecer y explica que no se trata de negar las diferencias sino de crear mecanismos de acuerdo para procesar las diferencias. “Yo no veo por dónde la idea de República pueda ser opuesta a lo plurinacional. La idea de República significa el compromiso de los individuos con la prioridad de lo público. Eso perfectamente alberga las diferencias culturales, nacionales, etc. Aquí hay una sobrerreacción simbólica que no va al contenido de fondo”. 

Quienes propusieron la indicación, explica Miriam Henríquez, aclararon que lo que querían señalar era en realidad que la Convención no era de la República, sino que la Convención tenía como titular del poder Constituyente a los pueblos, pero de ninguna manera “echar por tierra la República”. Esa misma comisión, continúa la investigadora, está trabajando en temas que implican la separación de poderes, que es parte de la República, entre otras cosas. Todos los elementos que ellos mismos estaban diseñando, dan cuenta de que Chile es, será y seguirá siendo una República, dice Miriam. 

Para finalizar, los panelistas exponen alguna preocupación o anhelo para los próximos días. A Pedro Güell le preocupa el desacople que aún se mantiene entre un avance en el trabajo constituyente y una percepción ciudadana que es ambivalente, no del todo fuerte, respecto al trabajo de la convención y en medio de una prensa que todavía no da cuenta de ese trabajo sistemático, profundo que se está haciendo; y una convención que no ha logrado comunicar de manera atractiva la cotidianidad de su trabajo. “Yo espero que esta semana los estudios de opinión pública den cuenta de que la ciudadanía está percibiendo con más optimismo. La confianza de la ciudadanía en la convención es la mayor base para la eficacia del trabajo de esta”, finaliza. 

Por su parte, Miriam Henríquez espera que se valore el esfuerzo y el trabajo intenso que está haciendo la convención; que los medios dejen de hacer aparente el trabajo, y que por el contrario, se considere en su justa dimensión. 

Para poder ver el programa completo puedes ingresar en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/08/20/veoveo-constituyente-la-aprobacion-de-la-regla-de-los-2-3-en-la-comision-de-reglamento.shtml

Pedro Güell en Bío Bío TV:  “¿Cuál es la conciencia de vulnerabilidad de nuestra época hoy en Chile y cómo va a tratar de superarla la constitución?

Esta sexta edición del programa VeoVeo Constituyente emitido por Bío Bío TV del que Miriam Henríquez y Pedro Güell, investigadores CiPP y académicos UAH son panelistas permanentes, tuvo como como invitados al psicoanalista León Cohen, al escritor Álvaro Bisama, y al economista Guillermo Larraín. 

Como en cada edición, los panelistas hacen un análisis de la semana para luego enfatizar en ciertos puntos específicos. En esta oportunidad se refirieron a la Lista del Pueblo y su motivación por presentar un candidato presidencial. León Cohen manifestó su preocupación frente al hecho de que los convencionales están tocando otro tipo de temas, como generar partidos políticos, en vez de estar enfocados en temas que son muy trascendentales para los ciudadanos. En esta línea, Pedro Güell comenta que “si primaba la racionalidad política, lo lógico era que no presentaran una candidatura presidencial, porque el riesgo de división interna era muy alto”. Y sigue, “uno se pregunta: ¿por qué esta irracionalidad política? Probablemente hay un tema de autopercepción y ellos se consideran más cohesionados, más fuertes y más institucionalizados de lo que de hecho son”. 

Por su parte Guillermo Larraín rescata que lo que ha pasado con  la Lista del Pueblo es un proceso de aprendizaje y vale la pena destacarlo. 

El segundo tema abordado en la conversación fue el medioambiental. Güell destaca tres puntos claves; en primer lugar el informe de la comisión sobre cambio climático de Naciones Unidas; la aprobación y el rechazo de la minera Dominga, rechazo desde la perspectiva medioambiental; y los datos del día a día en el noticiario que muestran que estamos atravesando la mayor sequía de nuestra historia. Por lo tanto, dice y se pregunta, ¿cómo todo esto irá construyendo un clima de opinión, que hará que al interior de la convención se transforme en un tema trascendental?

En esta línea, el investigador asociado al CiPP se refiere a las fragilidades y vulnerabilidades y explica que todas las constituciones son construcciones para superar la conciencia de fragilidad de una época. ¿Cuál es la conciencia de vulnerabilidad de nuestra época en Chile hoy día y cómo va a tratar de superarla la constitución? pregunta y explica: Hoy tenemos una conciencia de vulnerabilidad, esta vez una de ellas y que trataremos de superar mediante la constitución, es la vulnerabilidad medioambiental. Sin embargo, hace el alcance, en esta oportunidad el problema frente al cual nos sentimos vulnerables no puede ser resuelto mediante una constitución cuyo alcance es estrictamente del estado nacional, porque es un problema global. La pregunta es, entonces: ¿tendremos conciencia de la limitación de la propia constitución frente al problema? 

Para poder ver el programa completo puedes ingresar en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/08/13/veoveo-constituyente-las-diferencias-al-interior-de-la-lista-del-pueblo.shtml