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Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, en Taller sobre Expansión Habitacional en Zonas Rurales: “Se debe evitar legislar en estas materias a través de parches y buscar un enfoque integral”.

Rajevic expuso en en el Taller “Expansión Habitacional en Zonas Rurales: Causas, Consecuencias y Alternativas”, organizado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, donde planteó la importancia de evitar ir legislando en estas materias a través de parches y buscar un enfoque integral que cautele que el desarrollo de los asentamientos humanos sea sustentable.

El académico planteó que los planes son la contención y la regulación de dónde se puede construir. En esta línea, explica que las posibilidades de usar el suelo rural son cuatro: construcciones que sean compatibles; subdivisiones y urbanizaciones para ciertas finalidades como un complemento para la industria, equipamiento, turismo, entre otras; construcciones que no contemplen procesos de subdivisión y finalmente equipamientos de salud, educación, seguridad y culto con carga de ocupación inferior a 1000 personas.

Además, explicó que fuera de los límites urbanos establecidos no se puede abrir calles, subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones.

Todo esto, argumenta, responde a una lógica del sistema que busca preservar el suelo rural del desarrollo urbano y así destinarlo a fines que mantengan su carácter, como lo agrícola, ganadero o forestal. Esto debido a que posee un valor intrínseco para la producción alimentaria, por las economías de escala que requieren las redes y exigen urbanizar, lo que desaconseja diseminar los asentamientos humanos. Cierra esta idea añadiendo que el área rural no tiene plan, y su uso se controla con autorizaciones caso a caso.

Para concluir, el investigador cierra con algunas ideas legislativas proponiendo regular el uso “urbano” del suelo rural de un modo integral y no anecdótico. “Me parece que permitir la aplicación de la ley 19537 va en sentido contrario a eso, pues no se hace cargo del problema general, sería dar una señal equívoca a la sociedad”, dice. Y continúa refiriéndose a la modificación de la ley 20.234; “yo diría que el gran problema aquí es equilibrar cómo solucionamos los casos que necesitan ser regularizados con una mirada a futuro que evite tener que seguir y seguir regularizando. La pura regularización promueve que haya más casos a futuro, porque quiere decir que al final lo voy a lograr. Además de permitir regularización hay que abordar el tema integral con una serie de medidas que eviten la señal que esto se pueda seguir haciendo”, concluye.

Para poder ver su presentación puedes ingresar en el siguiente link a partir del minuto 03:47:59:

 

Pedro Güell, investigador CiPP, en el Evento “Calidad, Políticas Públicas y Salud”: “Es urgente debatir hoy en Chile cuáles son los valores rectores que van a definir qué es una política pública de calidad, y no cómo hacemos políticas de más calidad desde un concepto tecnocrático”.

El académico hizo esta afirmación en el evento «Calidad, Políticas Públicas y Salud: construyendo territorios centrados en el buen vivir de las personas y comunidades”, en el marco del Ciclo de Conversatorios Constituyentes por el Derecho a la Salud, donde realizó una exposición que planteó un análisis crítico e histórico sobre el desarrollo de la idea de calidad en las políticas públicas y su relación con los procesos de deliberación política, e identificó desafíos a tener en cuenta a la hora de impulsar políticas públicas que tengan sentido y sean eficaces.

Sobre el concepto de calidad, Güell precisa que se trata de una cuestión relativa que depende de lo que cada uno considera como valor. En una mirada histórica, señala que la idea de calidad de las políticas públicas, aparece con importancia a fines de los años ochenta, “antes se hablaba de otras cosas, como racionalización, modernización, y planificaciones de largo plazo, y sabemos que las palabras no son neutrales”. 

Explica que en el contexto de este nuevo neoliberalismo, la idea de calidad en las políticas públicas tuvo, al menos, cuatro significados.

Primero, la calidad implicaba alejar lo más posible las ideologías y criterios políticos del diseño e implementación de las políticas públicas. La única manera de hacer bien las cosas era por la vía de la economía, lo que fue la inspiración de la Constitución del ochenta.

Segundo, calidad significaba aumentar la eficacia de los resultados y la eficiencia de los recursos, aplicando criterios técnicos y como única unidad de medida la monetaria.

Tercero, si el costo de la provisión privada de un bien servicio era igual o más bajo que la provisión pública, entonces, la prioridad de las políticas públicas la tenían los privados, porque mientras menos cosas hiciera el Estado era mejor.

Cuarto, las políticas públicas no debían asociarse a los derechos universales al bienestar, el que sólo podía conseguirse por medio del mercado y de manera individual, lo que sustenta el concepto de “focalización”.  

En el contexto de la transición, se mantienen varias de estas ideas, y se agregan otros elementos a la idea de calidad en las políticas públicas. Güell destaca las siguientes:

El beneficiario de las políticas públicas debía ser considerado como un cliente, y las políticas públicas de calidad deben satisfacer los requerimientos de ese cliente, surgiendo con fuerza el concepto de “satisfacción usuaria”, que se expresa en los OIRS.

Una participación social, a través de las distintas formas de la Ley 20.500, “no vinculante”, pero sí con derecho a voz (COSOC, Consejos de la Sociedad Civil, entre otros). 

La idea de que el diseño de las políticas públicas tiene que estar asociado a la evidencia científica, lo que refuerza el rol de los tecnócratas frente a la intromisión de los políticos en el diseño de políticas públicas, que se expresa en la frase “diga usted lo que quiera, pero hágalo como científico,  y basado en evidencia”. Surgen los ingenieros civiles como los únicos que tienen la capacidad de modelar las políticas públicas.

Concluye Güell esta revisión histórica señalando que “No hay una definición absoluta de calidad, ni parámetros técnicos consensuales para operacionalizar lo que puede ser entendido como calidad de las políticas públicas”. 

Para el académico, existe otra manera de entender la calidad de las políticas públicas. Mi conclusión central, señala, es queno puede separarse la idea de calidad del debate sobre cuáles son los valores que deben orientar una política pública, no se trata de un hecho técnico sino político, porque lo que está en juego es la definición de qué es lo público en los derechos y cuáles son las reglas que deben guiar la vida pública,  y eso es estrictamente político”.

Por lo tanto, un debate urgente en Chile hoy es cuáles son los valores rectores que van a definir qué es una política pública de calidad, y no cómo hacemos políticas públicas de más calidad, desde un concepto tecnocrático”.

La urgencia de este debate se explica porque, a pesar de todos los avances alcanzados, la tecnocracia es la que domina el modelo prevaleciente en Chile, expresado en el “modelo Dipres”. También se explica porque buena parte de la protesta social tiene que ver con las orientaciones que hay detrás de las políticas públicas predominantes. Y finalmente, porque estamos escribiendo la nueva constitución, que es el marco básico que definirá cuáles son los criterios rectores de las políticas públicas. Y, “el debate sobre calidad de las políticas públicas es inseparable del debate constitucional”. 

Sobre cómo avanzar en una conceptualización de la calidad de las políticas públicas y qué desafíos presenta en la actualidad, señala que resulta fundamental comprender que existen diversas tendencias que están cambiando la forma de la acción pública. Una de ellas, es la complejidad, es decir, la existencia de “muchas fuerzas distintas, intraducibles unas en otras, que están operando al mismo tiempo, y que no es fácil entender el efecto agregado de todas estas distintas fuerzas, y no existe un centro rector capaz de coordinar todas estas fuerzas, ni el mercado, ni el Estado ni la política clásica”.

Esto implica, señala el académico, que las políticas públicas ya no pueden ser pensadas en formato “Estado céntricas”, tecnocráticas, lineales, o sectoriales, es decir, el modelo clásico de políticas públicas desde los ochenta. Hoy no pueden darse por supuestas las condiciones de éxito o viabilidad de una política pública, como capital social, democracia, participación, capacidad de articular demandas, gobernabilidad, entre otras. 

En este marco, el desafío más grande que tienen las políticas públicas es que están obligadas a, simultáneamente, alcanzar sus objetivos y contribuir a co-construir las condiciones sociales de su propia viabilidad, por lo que están sometidas a una exigencia inédita, y esto cambia el tipo de indicadores para medir sus impactos, superando sólo los de eficiencia económica. 

En la última parte de su exposición, Pedro Güell, responde la pregunta ¿Cuáles son los criterios nuevos que requiere el debate sobre las políticas públicas?

Parte señalando que se trata de criterios principalmente políticos, que implican una reflexión sobre el sentido de lo público, las reglas que lo regulan, y sobre los derechos. Señala que se debe luchar por resignificar el concepto de calidad en las políticas públicas, asumiendo que hoy ya no es posible un “decálogo” sobre esos criterios de calidad.

El primer criterio a considerar dice relación con la construcción de mundos de sentidos compartidos entre los actores. No se puede dar por sentado que existen esos mundos compartidos a partir de los cuales derivar las políticas públicas. En este punto, recuerda que “son infinitos los errores que hemos cometido en políticas públicas por suponer que existen estos mundos compartidos, desde el Transantiago hasta las leyes de descentralización”. Por tanto, el primer objetivo de una política pública debiera ser construir estos mundos de sentido compartido, y este debiera ser el sentido más profundo de la participación social en las políticas públicas, como condición de viabilidad de las mismas. Los derechos humanos son uno de los horizontes civilizatorios que la humanidad ha construido que deben ser considerados.

El segundo criterio a considerar es que las políticas públicas deben considerar las divergencias y puntos de conflicto como condición de calidad, lo que implica una capacidad de procesar las divergencias.

El tercer criterio es el aprendizaje como valor clave de calidad de las políticas públicas, lo que supone disponer de canales múltiples de aprendizaje y disponer de mecanismos para transformar esos aprendizajes en cambios.

El cuarto y último criterio es que en este nuevo escenario de mayor complejidad, aumenta la probabilidad del fracaso. Pocas políticas públicas terminan como empezaron y las mejores son las que supieron aprender de sus fracasos, señala el académico. Por lo tanto, el fracaso no es el fin evaluativo de una política pública, sino que un momento inevitable de ellas. Las políticas públicas deben pensarse como sistemas adaptativos, donde el fracaso es un componente de ellas, lo que supone otras lógicas de liderazgo y conducción que no lo castiguen.

Mi conclusión, termina Güell,  es que una política pública de calidad es un hecho político en sí mismo y, en las actuales condiciones, se requiere incluso más política que antes, porque las condiciones sociales requeridas, no pueden darse por supuestas. En este sentido, la calidad de la política pública depende de la calidad de la política que la atraviesa.

Si quieres escuchar su intervención, sigue este link (minuto 27:46)

https://www.facebook.com/salud.derecho.1/videos/1331383520609533/

Si quieres conocer el sitio de los organizadores, entra en www.cabildosaludesunderecho.cl/

 

 

[Congresos y Seminarios] Carolina Rojas, investigadora CiPP y académica UAH y Gabriela Cabaña, en el Congreso BIEN 2021 (Basic Income Earth Network): “en ninguna de las candidaturas presidenciales en Chile hemos visto alguna mención al tema de la Renta Básica Universal”

Carolina Rojas, junto a Gabriela Cabaña, ambas integrantes de la Red Chilena de Ingreso Básico Universal, expusieron en el Congreso BIEN 2021 (Basic Income Earth Network), Glasgow Escocia, con la ponencia titulada “La irrupción de la Renta Básica Universal en Chile: aprendizajes, posibilidades y limitaciones.”

En su ponencia, presentaron la experiencia de un año y medio de existencia de la Red Chilena y una reflexión sobre cómo Chile ha logrado instalar el tema de la Renta Básica Universal (RBU) en el centro de la agenda y discusión pública, en un contexto de crisis social y sanitaria en un corto período de tiempo, sus aprendizajes y desafíos.

Sobre el surgimiento de la Red Chilena en marzo 2020 señalan que esta se vincula directamente con el proceso social y político vivido en Chile los últimos años. Reconocen que ha existido una explosión de propuestas desde distintos centros de estudios que contemplan la idea de “universalidad” lo que resulta novedoso para nuestro país. Sin embargo, ya en el contexto eleccionario, se observa una bifurcación en la discusión pública sobre el tema. Si bien en los convencionales constituyentes se observa un interés y apertura sobre la temática, “en ninguna de las candidaturas presidenciales hemos visto ninguna mención al tema de la RBU, incluso en aquellas que habían declarado algún interés previo”.

Ahora bien, ¿cómo el debate sobre una RBU ha dialogado en Chile con las políticas sociales actuales, en particular aquellas que se han desplegado en el contexto de la pandemia?, se preguntan las investigadoras.

Sobre este punto, Carolina Rojas explica que Chile ha enfrentado la crisis del Covid 19 en un contexto de una crisis social y política, es decir, “ha sido una crisis dentro de otra crisis”.

En este escenario, señala Rojas, se han abierto posibilidades de revisar y desafiar límites que han existido los últimos 30 años y de alguna manera sobrepasar los anclajes puestos por la Dictadura Militar, en relación a cuáles son las voces legítimas para delimitar qué entendemos como sociedad como “lo posible”, y al mismo tiempo, para plantearnos contenidos para un nuevo pacto social.

Esto se ha expresado, por una parte, en acuerdos parlamentarios que han obligado al gobierno a tomar decisiones en temas que parecían imposibles; y de otra, en el surgimiento, a partir del estallido social, de una voz fuerte desde las organizaciones sociales y comunitarias que abren una forma distinta de hacer política y ponen sobre la mesa propuestas de cambio que plantean una acción del Estado más extensiva que rompa la desigualdad, y que cuestiona la voz de los expertos como la única voz debe ser escuchada.

En este escenario, continúa Carolina Rojas, se ha abierto la pregunta por la “universalidad” versus la “focalización” en Chile. Esta discusión aparece a partir de las nuevas realidades que deja la pandemia y el descrédito de un Estado cuya responsabilidad se acotaba a aquellos sectores sociales más desfavorecidos. Se ha llegado a una situación donde surgen como válidas otras dimensiones que participan en la posibilidad que las familias tienen de enfrentar situaciones de riesgo, que se puede expresar en “mirar más allá de las carencias y necesidades básicas como forma de focalización”.

Se ha puesto en cuestión el sistema de registro tecnocrático y matemático que constituye el Registro Social de Hogares (RSH), con foco en la familia. Este modelo, fuertemente estandarizado, hizo crisis el año pasado porque no da cuenta de las nuevas realidades que enfrentan las familias en el contexto de la crisis. No permite hacer algún grado de discreción respecto de quiénes son los posibles beneficiarios de las políticas estatales. Con la crisis, queda a la vista la vulnerabilidad de otras familias que habitualmente no presentaban situaciones de desventaja o precariedad, para las cuales el RSH no daba respuesta. 

Si bien en un primer momento, el gobierno optó por transferencias monetarias focalizadas, la demanda y exigencia ciudadana mostró su ineficacia y la necesidad de ampliar las coberturas.

El RSH deja, por lo tanto, de ser un instrumento para caracterizar, seleccionar y focalizar en tanto se optó por entregar beneficios al universo de personas inscritas en dicho registro, a través del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE), que ha alcanzado a 15,8 millones de personas beneficiadas.

El IFE como instrumento — dadas sus características– ha abierto la posibilidad de pensar en Chile una política de transferencias que sea universal, de alto monto, y con permanencia en el tiempo, al igual que abre una discusión sobre el financiamiento de este tipo de política. De alguna manera, pone las preguntas que han estado desafiando la conversación de aquellos que hemos buscado posicionar el tema de una RBU en Chile, ahora desde la experiencia de un programa ya implementado, concluye Carolina Rojas. 

El Congreso, realizado en modalidad on line, entre el miércoles 18 y el sábado 21 de agosto, tuvo como tema central, según sus organizadores, cómo llevar el ingreso básico desde una gran idea de cambio a la realidad. Se contó con más de 200 exposiciones, paneles y actividades, siendo una de las principales la reflexión sobre el estado de avance de la experiencia de Ingreso Básico en Escocia.

Si quieres más información del Congreso, sigue este link https://cbin.scot/bien2021/

Para escuchar la exposición de las investigadoras, puedes hacerlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=kJrmTJvcekohttps://cbin.scot/bien2021/

 

Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH, “La nueva Ley de subvención especial para la modalidad de reingreso, actualmente en tramitación, viene a hacer justicia a niñas, niños y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar”.

Una nueva modalidad de reingreso escolar fue aprobada en febrero pasado por el Consejo Nacional de Educación. A dicha modalidad le sigue una ley de subvención especial que estos días se tramita en la Cámara de Diputados. Se trata de una modalidad y una subvención que vienen a hacer justicia a niñas, niños, y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar. Financiar aulas de reingreso y una serie de dispositivos ajustados a este tipo de estudiantes es el fin de esta política pública. Si bien se le podría acusar de estar segregando un sistema ya altamente segregado, eso está lejos del espíritu y la letra de la ley. Para asegurar el derecho a la educación de estos estudiantes, no hay más tiempo que perder.»

Carlos Andrade Guzmán, investigador CiPP y académico de la UAH publicó  “Colaboración Intradisciplinar en Trabajo Social: explorando el peso explicativo de aspectos institucionales, organizacionales y personales en la colaboración entre profesionales y técnicos”, en la Revista Perspectivas: Notas sobre intervención y acción social (Erih plus), 2021 

El artículo, en base a un estudio cuantitativo con regresión múltiple, explora la influencia de los aspectos institucionales, organizacionales y personales en la colaboración entre profesionales de la disciplina del Trabajo Social en Chile a la hora de llevar adelante programas sociales. 

El propósito del estudio es disminuir la brecha en el campo del conocimiento intradisciplinar, específicamente entre profesionales y técnicos/as en Trabajo Social, reconociendo la relevancia de la colaboración en el contexto de la intervención, y que esta ha sido estudiada principalmente desde una perspectiva interdisciplinar.

Ante la pregunta de por qué resulta relevante avanzar en la comprensión del encuentro colaborativo entre interventores del Trabajo Social, el autor señala en su artículo que el Trabajo Social chileno ha sido descrito como altamente heterogéneo y fuertemente fragmentado, lo cual se muestra en que actualmente existen 107 ofertas de programas universitarios de Trabajo Social; 97 de Servicio Social ofrecidos por Institutos Profesionales; 17 programas de Trabajo Social en Institutos Profesionales; 61 técnicos en Trabajo Social dictados por Centros de Formación Técnica; 50 programas de técnicos en Servicio Social y 94 de técnicos en Trabajo Social dictados por Institutos Profesionales, lo que da un total de 426 ofertas de formación terciaria. (Iturrieta, 2017, p. 17). 

Este elemento, continúa el autor, configura al Trabajo Social chileno como un campo altamente diverso, con interventores con diferente tipo de formación en relación a aspectos teóricos, epistémicos y metodológicos de intervenir, por señalar solo algunos elementos que permearían, de alguna forma, las estrategias colaborativas que desarrollan en el marco de la implementación de programas sociales. 

A nivel de resultados, entre otros, el estudio advierte que los elementos estudiados explicarían cuantitativamente de forma importante la colaboración. 

Como una de sus conclusiones, señala la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales y organizacionales para favorecer una colaboración significativa en pos de la intervención.

El artículo se puede descargar en: http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/Perspectivas/article/view/2574

Carolina Rojas, investigadora CiPP y académica UAH publicó «Sistemas de producción de lo vulnerable: el saber experto, las transferencias y dos crisis» en Hornes, Martín y Caglioni, Carolina (comp.) Expertos, actores estatales y hogares titulares: un enfoque relacional sobre los programas de transferencias monetarias, 2021, Teseopress.com.

Este capítulo se propone revisar el recorrido de construcción del actual sistema tecnológico de focalización en Chile (RSH), enfatizando en la arbitrariedad normativa asociada a definir qué es lo vulnerable y en las consecuencias de medirlo estabilizando mediante cálculos algorítmicos. 

En especial, señala la autora, me interesa poner a la vista el lugar primordial que asumió la voz experta en el proceso de creación de este sistema y sus repercusiones tanto en las experiencias de intervención de funcionarios como de los beneficiarios. Esto con el propósito de contribuir al debate que se abrirá en el marco del proceso constitucional en Chile y a la revisión de los modelos de protección social en Latinoamérica, que es muy probable que se despliegue post COVID-19.

Al respecto, continúa Rojas, y con una extraña sensación de esperanza, me abro a la posibilidad de pensar que el escenario actual es una oportunidad para ver que el modelo de transferencias monetarias condicionadas se podría estar deshaciendo de dos de sus principales pilares: la hiperfocalización y la condicionalidad. Y que, en su reemplazo, haya tierra fértil para desplegar a propósito de medidas de emergencia universalistas, alternativas para revisar el modelo de los Estados Sociales actuales. Avances en esta línea ya vemos a partir de la fuerte aparición en el debate internacional y nacional, de propuestas de formalizar el derecho a la asistencia social y/o de creación de una Renta Básica Universal.

El capítulo se organiza de la siguiente manera. Primero se presentan reflexiones en torno a la incorporación de la vulnerabilidad como paradigma que orienta las decisiones de política pública desde el inicio del siglo XXI. En segundo lugar, se presenta información con relación al desarrollo de las transferencias monetarias en Chile, incluidas aquellas creadas en contexto de pandemia. Luego se describe y analiza las formas de creación, por parte de expertos, de los sistemas de registro de información que permiten la focalización de las transferencias. Y finalmente, analizamos algunas tensiones que se desprenden de estos sistemas de producción de lo vulnerable y que se manifiestan como resistencias y estrategias por parte de funcionarios y usuarios.

Para leer la publicación completa, sigue el enlace: https://www.teseopress.com/expertosactoreslocalesestatalesyhogarestitulares/

 

Pedro Güell en Bío Bío TV: “Yo quisiera que las formas de escuchar y de conversar de la convención, fueran una pedagogía para todos nosotros”

Esta quinta edición del programa VeoVeo Constituyente emitido por Bío Bío TV del que Miriam Henríquez y Pedro Güell, investigadores CiPP y académicos UAH, son panelistas permanentes, tuvo como invitados a Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente; Andrea Gutiérrez, actriz y dramaturga; y a Guillermo Larraín, economista. 

El tema principal de la conversación fue el análisis de este primer mes de convención. Para Susana Sierra el balance es positivo en general, y de esta última semana, rescata el hecho de haber aprobado el uso del reglamento de ética de la Cámara de Diputados, mientras se construye el propio de la convención. “Desde Chile Transparente hemos propuesto 25 medidas de transparencia”, comenta. En esta misma línea, la presidenta de la organización es clara en decir que ha habido falta de capacitación en temas básicos hacia los constituyentes en general; temas como el lobby y la no necesidad de tener que regirse única y exclusivamente por esta ley. 

Por su parte, Pedro Güell concluye que en este primer mes la convención ha logrado constituirse como tal. “La evaluación es positiva dentro de las dificultades que hay”, comenta. Sin embargo, sigue, desde el punto de vista de las encuestas, lo que sí se muestra es que sigue habiendo un apoyo mayoritario, un optimismo y una expectativa sobre buenos resultados de la convención, pero que comienza a descender. Y se acerca lentamente a que pudiera producirse un cierto equilibrio entre optimistas y pesimistas, con expectativas y sin expectativas, confiados y desconfiados, apoyos y no apoyos. “Si la convención comienza a avanzar en la tarea que se le encomendó y por otra parte la sociedad comienza a tomar distancia de ella, esa división sería un riesgo”, finaliza su idea. 

Siguiendo esta línea Guillermo Larraín manifiesta su preocupación respecto a las expectativas que la ciudadanía podría tener, específicamente que estas sean muy altas. “Hay que esperar de la convención lo que la convención pueda dar. Habrá altos y bajos y hay que estar preparados para esos bajos”, dice. 

Susana Sierra explica que hoy día la institución que tiene mayor confianza ciudadana es la misma convención. “Están todas las esperanzas del país puestas ahí pero lamentablemente está disminuyendo. Creo que hay un rol fundamental de la ciudadanía de informarse y también de lo que informan los medios. Siempre es más atractivo quedarse en el “cahuín””, añade. 

Pedro Güell profundiza comentando la necesidad de que la convención cuente con una buena estrategia comunicacional, que muestre el trabajo que se está haciendo en función de los objetos que la sociedad ha propuesto”, añade. Susana Sierra complementa que esto es necesario para evitar acciones que a futuro puedan deslegitimar el proceso.

En otro tema, a propósito de ciertos grupos de derecha, el investigador del CiPP señala que se ha producido una división: por una parte un grupo que cree que puede incidir en algo, negociando con otros grupos, versus aquellos que han tomado la idea de que no podrán incidir en nada, entonces han buscado un curso de acción que yo llamaría derechamente demolición.

Cerrando el programa, Güell comparte su anhelo: “yo quisiera que las formas de escuchar y de conversar de la convención fueran una pedagogía para todos nosotros.”.

Para poder ver el programa completo puedes ingresar en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/08/06/veoveo-constituyente-el-primer-mes-desde-la-conformacion-de-la-convencion-constitucional.shtml

 

Miriam Henríquez en Bío Bío TV: “La convención debe trasladarse hacia las personas que quieran manifestar sus opiniones. Los convencionales deben hacer un momento de trabajo territorial”

Esta cuarta edición del programa VeoVeo Constituyente emitido por Bío Bío TV del que Miriam Henríquez y Pedro Guëll, investigadores CiPP y académicos UAH, son panelistas permanentes, tuvo como invitados al escritor Álvaro Bisama, a la actriz y dramaturga Andrea Gutiérrez y al economista Guillermo Larraín.

El tema principal de la conversación fue el interés por parte de la ciudadanía de estar presentes en el proceso constituyente. Álvaro Bisama señaló que seguir la convención se ha convertido en una rutina, estar pendiente a través de las redes sociales, de las noticias, la prensa, programas de televisión, etc. En esta línea, Miriam Henríquez destaca este interés en mantener un seguimiento al trabajo de la convención y resalta el hecho de que con el voto obligatorio, el interés de la ciudadanía no decaiga.

Otros puntos a resaltar fueron los que expusieron Andrea Gutiérrez y Guillermo Larraín. La primera comentó que la convención ha eclipsado el mundo político para bien y para mal. Por su parte el economista valoró el hecho de que seres humanos que no se conocían, que no tenían nada en común, pero que sin embargo sí los tienen, sean capaces de construir cosas en conjunto.

Miriam Henríquez planteó que le llamaba la atención que en esta primera etapa de la convención la participación haya tenido que ver fundamentalmente con instituciones vinculadas a centros de estudios o a las universidades. “Yo veo un desafío para la convención de poder abrir las puertas a la sociedad civil, justamente para que se puedan involucrar y no solamente escuchar”, dice.

Andrea Gutiérrez comenta que la constituyente ha permitido conocer de cerca el voto de la ciudadanía, no así como ocurre en la política convencional donde no se puede hacer un seguimiento real de la carrera política que hace cada persona, pues lo que se sabe es lo que los medios convencionales filtran. En la constituyente eso no pasa, agrega.

En esta misma línea, Henríquez es clara y enfática en decir que la convención debe trasladarse hacia las personas que quieran manifestar sus opiniones. Los convencionales deben hacer un momento de trabajo territorial, porque así también se hace una rendición de cuentas; la convención debe salir a las regiones, a las provincias. Es indispensable. Finaliza.

Para poder ver el programa completo puedes ingresar al siguiente link,

Segundo Coloquio CiPP: «Derecho a la comunicación: ¿debe ser la democratización del espacio público un tema en la nueva constitución?».

Este jueves 6 de agosto se realizó el segundo coloquio organizado por el CiPP-UAH. En esta oportunidad, Ximena Orchard y Amaranta Alfaro, ambas investigadoras del CiPP y académicas UAH, fueron las encargadas de exponer el tema del encuentro. Luego, Pedro Güell, también investigador del centro, realizó un comentario a partir de su exposición.

El objetivo de este coloquio, en palabras de las investigadoras, es generar un espacio de diálogo en torno al tema del derecho a la comunicación y el espacio público en un contexto de mayor visibilidad de ambos temas en la discusión pública, particularmente en los últimos meses, lo que ha provocado que trascienda los públicos habituales que discuten estos temas, generando una ventana de oportunidad. Creemos, señalan, que el tema del derecho a la comunicación seguirá en el debate público y su discusión va a requerir del involucramiento de distintos actores desde una mirada de política pública interdisciplinaria.

La presentación realizada por las investigadoras enuncia algunos puntos de interés dentro de un tema que se reconoce amplio y complejo. Se presentan algunos de sus componentes fundamentales y cómo el tema ha sido discutido desde los estudios sobre comunicación y medios. Señalan que se trata de una temática relevante desde su disciplina que ahora demanda una mayor interdisciplinariedad, sobre todo en un escenario donde el tema se ha puesto en la agenda pública, lo que abre una oportunidad para la reflexión y el aporte que el CiPP puede hacer.

¿Qué factores explican que el tema del derecho a la comunicación se haya puesto en la agenda pública del país y por qué resulta relevante discutirlo? es la interrogante que las académicas plantean como provocación inicial de su exposición, señalando que existen explicaciones contingentes y otras más permanentes.

En lo coyuntural, explican, hay dos hitos clave que generan un clima propicio para esta discusión: las elecciones presidenciales, en tanto algunos de los candidatos han hecho propuestas al respecto; y el propio debate constitucional, donde ya se escuchan voces que han planteado que el tema del derecho a la comunicación debiera quedar consagrado en el texto constitucional.

En lo más permanente, el tema se visibiliza por las distintas crisis de representación que vive nuestra sociedad, que se expresa en indicadores como la baja confianza en las instituciones, incluidos los medios de comunicación, junto a mayores niveles de escrutinio ciudadano.

En cuanto a la organización del sistema de medios de comunicación en nuestro país, son claras en señalar que existe un diagnóstico, ampliamente discutido en la literatura, que lo caracteriza con un déficit de pluralismo y democracia, un sistema completamente privado, y con problemas de concentración de propiedad en algunas industrias, junto con una crítica a la falta de pluralidad de los actores que son visibilizados, la poca diversidad de contenidos y una relación cercana entre los grandes medios y el poder político y económico.

Existe, en este sentido, un anhelo de visibilidad de distintos grupos que se ha expresado en un mayor interés sobre el tema del derecho a la comunicación en la sociedad.

Para entender mejor el concepto del que estamos hablando, Ximena Orchard explica que el Derecho a la Comunicación es un concepto que refiere a la necesidad de ajustar la comprensión, promoción, y protección de los derechos asociados a la comunicación a una perspectiva de derechos humanos, en el entendido que el ejercicio efectivo de estos derechos es esencial para la convivencia democrática.

Al mismo tiempo, es posible afirmar que este tema ha sido fruto de una batalla teórica y política que tiene cuatro décadas de desarrollo y es muy fuerte en nuestro continente.

De alguna manera, el tema del derecho a la comunicación recoge diversas agendas que buscan enfrentar las inequidades de acceso al espacio público, explica Orchard.

Por su parte, Amaranta Alfaro, contextualiza la situación el tema a nivel latinoamericano, entregando algunos datos como que los sistemas nacionales de medios de comunicación de la región comparten características distintivas. Destaca que el modelo de libre mercado ha dominado históricamente los sistemas de medios de comunicación en la región, esto como herencia de la privatización y transnacionalización de los años 80 y 90; existe un pluralismo limitado y políticas “capturadas por las élites económicas y políticas”, en lugar del bien público.

Comenta que en la región, es típico que un puñado de empresas controlen la mayoría de las licencias y atraigan la mayor parte de la publicidad de los medios; actualmente están experimentando una nueva era de reformas políticas en el área en la región.

Explica que el año 2004 fue donde se comenzaron a vivir modificaciones fundamentales a nivel de la región. Como por ejemplo el hecho de que haya lugar a nuevas funciones de los medios estatales y de los medios comunitarios, alternativos e indígenas. Hay además un foco en el sector audiovisual. Ambos puntos responden a un contexto de convergencia tecnológica y de crisis política. A modo de ejemplo exponen los casos de México, Uruguay y Argentina, países que cuentan con leyes que responden al pluralismo en medios.

Sobre el debate constitucional, las investigadoras plantean la interrogante: ¿qué significa que el Derecho a la Comunicación tenga estatus constitucional? su visión es que esto podría implicar establecer obligaciones explícitas en diversos ámbitos del conjunto de derechos, desde el acceso a la información pública, hasta la disponibilidad de herramientas que promuevan de manera efectiva la libertad de expresión y de opinión de prensa, entre otros potenciales compromisos para poder “igualar la cancha comunicacional”. En cualquier caso, concluyen, nos parece necesario que se realice un debate amplio sobre el tema.

Por su parte, Pedro Güell,  junto con valorar y coincidir con el enfoque de fondo planteado por las expositoras, señala que en las últimas décadas ha habido un estancamiento en dos frentes importantes relacionados con el derecho a la comunicación. Por una parte, la experiencia dura de la censura y la persecución de los periodistas durante la dictadura; y por otra parte, una industria de información y comunicación que está completamente privatizada, hiperconcentrada, y es unilateral cultural e ideológicamente.

En su comentario, se refiere al contexto político en que la discusión sobre el derecho a la comunicación debería situarse como elemento de  fortalecimiento de la democracia; cómo este podría inscribirse en el texto constitucional y cuál podría ser una contribución a hacer desde el CiPP.

También se refiere al espacio público exponiendo que para él esto significa “el lugar del procesamiento colectivo de sentidos y acuerdos, que está referido a cómo organizamos la vida en común, es decir, el lugar donde los individuos generan una forma de conversación, de relación que permite hacerse cargo de compartir lo común”.

Señala que la discusión sobre el derecho a la comunicación debe darse desde la perspectiva de los derechos colectivos, poniendo el centro en la calidad del espacio público como derecho colectivo.

Sobre lo constitucional, se pregunta, ¿puede un texto constitucional definir normas sobre el espacio público? Reconoce una paradoja, porque mientras más detallado es un texto constitucional más delimitado es el campo de lo políticamente debatible. Lo que ocurre en sociedades como la nuestra es que al no confiar en nuestro espacio público podemos querer detallar todas las reglas en la constitución.

Finalmente, sobre el aporte que el CiPP puede hacer en este tema, afirma que el espacio público está metido dentro de las políticas públicas, es decir, es una temática transversal a todas ellas.

Para poder ver el segundo coloquio CiPP, ingresa al siguiente link:

Humberto Borges en Radio Bío Bío: “Las municipalidades son cuestionadas por gastos innecesarios en medio de una de las crisis sanitarias y económicas más grandes de Chile”

La unidad de investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso al listado de organismos municipales que mantienen importantes deudas previsionales, según los registros de la Superintendencia de Pensiones. 

Serían 30 los municipios y 17 corporaciones municipales las que adeudan un total de $52 mil millones de pesos, por cotizaciones previsionales impagas hasta el 31 de marzo de 2021. 

Humberto Borges, investigador CiPP y académico UAH, es claro en decir que esta situación devela la deficiente administración que realizan los municipios en esta materia.

Además. agrega que “las deudas previsionales de las municipalidades demuestran, una vez más, los problemas en la gestión interna. Las mismas (municipalidades) son cuestionadas por gastos innecesarios en una de las crisis sanitarias y económicas más grandes de Chile, demostrando que el control en estas puede ser cuestionable, pero lo más cuestionable es la capacidad de fiscalización y sanción de las instituciones como la Contraloría”.

Algunas de las municipalidades que acumulan mayor deuda son la de Villa Alegre, región del Maule, con un total de $3.220 millones; Máfil, región de Los Ríos con una cifra de $1.860 millones; Curarrehue, región de La Araucanía, con un total de $1.050 millones.

Para ver la noticia completa puedes ingresar en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/08/01/quien-responde-30-municipios-y-17-corporaciones-adeudan-52-mil-millones-en-cotizaciones.shtml

 

 

  • Autor: C. Andrade
  • Fecha: virtual, mayo 2021
  • Lugar: presentado en el Seminario
  • Referencia: «Carework and disability in Chile. Challenges for policy, and social intervention from a human rights perspective»
  • Tema:International Association of Schools of Social Work (IASSW), International Council on Social Welfare (ICSW), and the International social work education and development online conference
  • Enlace: https://www.iassw-aiets.org/
  • Etiqueta: 

 

 

  • Autor: C. Andrade
  • Fecha: virtual, junio 2021
  • Lugar: presentado en el Seminario
  • Referencia: «Experiences of informal women caregivers of people with disabilities in Chile: Challenges for social policies based on human rights and social justice»
  • Tema: Center for Human Rights and International Justice
  • Enlace: https://www.bc.edu/bc-web/centers/chrij.html
  • Etiqueta: 

 

 

  • Autor: C. Andrade
  • Año: 2021
  • Referencia: «Experiencias de mujeres cuidadoras informales de personas con discapacidad en Santiago, Chile. Desafíos para las políticas sociales basadas en los derechos humanos y la justicia social»
  • Fondo: Otra Concursable
  • Enlace: 
  • Etiqueta: 

 

  • Autor: M. Fuenzalida, M. Perticara, M. P. Trebilcoock, P. Landon
  • Año: 2020-2021
  • Referencia: «Resiliencia y variabilidad geográfica del impacto por déficit o postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas frente a la pandemia COVID-19».
  • Fondo: Otro ANID
  • Enlace: 
  • Etiqueta: 

 

 

 

  • Autor: P. Landon
  • Año: 2021
  • Referencia: «Estrategias de adaptación y prevención frente a las carencias de movilidad en barrios vulnerados»
  • Tema:en F. Vanderschueren, G. Díaz, C. Guajardo (eds.), Prevención del delito y la violencia. Reflexiones desde la academia y los territorios
  • Enlace: https://ediciones.uahurtado.cl/libro/prevencion-del-delito-y-la-violencia/
  • Etiqueta: 

 

 

  • Autor: C. Andrade
  • Año: 2021
  • Referencia: «Colaboración en trabajo social e intervenciones en niñez en chile: tensiones y propuestas en materia de intradisciplina en el trabajo con niños, niñas y adolescentes»
  • Tema: en S. Iturrieta (ed.), Vivir en tiempos convulsionados. Reflexiones sociocríticas para propuestas de intervención social
  • Enlace: https://doi.org/10.26448/ae9789566095217.7
  • Etiqueta: 

 

 

 

 

  • Autor:C. Andrade, J. Reyes y L. Valencia
  • Año: 2021
  • Referencia: Sociodemographic characteristics and probabilities for the labor inclusion of people with disabilities in Chile. Implications for critical social policies
  • Tema: Revista Rumbos TS. Un Espacio Crítico para la Reflexión en Ciencias Sociales
  • Enlace: http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/492
  • Etiqueta: [ Scielo ]

 

Miriam Henríquez en Bío Bío TV: “Sobre la paridad hay una discusión histórica sobre si esta alude a un mínimo o a un techo, y deberá ser la propia Convención Constituyente quien resuelva cuál interpretación aceptará”

En la tercera edición del programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, donde Pedro Güell y Miriam Henríquez son panelistas estables, participó además Juan Luis Ossa, investigador del CEP y doctor en Historia. Los panelistas compartieron, como en las ediciones anteriores, su visión sobre el trabajo de la convención.

Destacaron, como temas principales de interés, cómo el proceso político electoral que vive el país está afectando y afectará el trabajo de la convención, las implicancias y preocupaciones que surgen de la recientemente constituida Comisión de Derechos Humanos, y cómo la Convención abordará el tema de la diversidad y, en particular, qué interpretación adoptará sobre la concepción de paridad que aplicará al interior de sus diversos espacios y representaciones.

Sobre la vinculación entre los procesos eleccionarios del país y la convención, Pedro Güell señala que los resultados de las primarias y las futuras elecciones presidenciales van a afectar e impactar a la convención constitucional, en dos sentidos: por una parte, ya se empiezan a ver las primeras alineaciones entre los distintos bloques; y por otra, las elecciones presidenciales le quitarán mucho foco y prensa a la convención, lo que puede tener efectos positivos y negativos sobre ella. Reforzando esta reflexión, Miriam Henríquez comenta que ya se han visto algunos titulares que hablan de la “presidencialización” de la convención, y la “constitucionalización” de la elección presidencial. Con esto se apunta a que ambos procesos se estarían “imbricando”.

Sobre este mismo tema, Güell señala que a lo largo del proceso de la convención, se irán produciendo distintos ordenamientos, por ejemplo, entre los de derecha o de izquierda, y estos distintos bloques se irán modificando a lo largo del tiempo. Es decir, la propia diversidad interna de la convención generará alianzas de distinto tipo, aunque cada período pueda tener su formación y sus alianzas.

En este momento, continúa, estamos en el periodo de la formación de las comisiones y de las vicepresidencias, y el tema de las alianzas es importante porque, de alguna manera, dice sobre quiénes pueden juntarse con quiénes. No se trata por lo tanto sólo de cómo se construyen mayorías para llegar a una comisión o vicepresidencia, lo que es razonable, sino cómo se irán formando entre ellos, porque de alguna manera esto puede implicar cómo se irán conformando las alianzas fuera de la convención. Del mismo modo, que las alianzas externas afectarán a la convención internamente.

A modo de ejemplo, indica que este proceso ya se ha reflejado en las dificultades que están teniendo, crecientemente, la Lista del Pueblo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, para construir alianzas en torno a las diversas nominaciones. Esto muestra que, a partir del triunfo de Boric, el Frente Amplio tiene que mostrar ciertas posiciones más socialdemócratas, lo que obliga a una sintonía mayor entre el Partido Socialista, el PPD y el Frente Amplio, al menos del sector de la candidatura que representa Boric. Esto rompe, de alguna manera, las primeras alianzas que se produjeron cuando se formó la primera mesa de la convención, y modifica dónde estaba puesta la balanza en ese momento. Creo que si el partido Comunista se integra vitalmente a la candidatura de Boric, continúa Güell, probablemente van a existir nuevas alianzas en la Convención, pero donde el peso no estará puesto en el Partido Comunista, sino que en el Frente Amplio.

La pregunta que me surge es ¿cómo va a impactar a la derecha los resultados de las primarias? ¿Se va a generar un movimiento más centrífugo o centrípeto? Aún no está muy claro qué dirección seguirá el sector después del resultado de las elecciones primarias. Así como estos resultados le afectarán a este sector, también le afectarán a la Convención.  Creo, por lo tanto, que las dinámicas de alianza, y por lo tanto, de acuerdos y desacuerdos en la convención, van a estar muy impactadas por la elección presidencial.

Sobre el desafío de la Convención respecto a la forma de interpretar el concepto de paridad, Miriam Henríquez señala que la convención ha tenido un amplio debate respecto a este tema. Se ha discutido si la paridad se entiende como que en todas las coordinaciones, debiera haber un hombre y una mujer, como techo, o si por el contrario, la idea de paridad pudiera significar, al menos un componente representado por una mujer, sin que obste que, en el caso de las coordinaciones donde sean dos, se pueda elegir a una segunda mujer. Este punto ha generado debate y lo seguirá generando, siendo un tema que la convención tendrá que dilucidar. De hecho se cuestionó la integración de la comisión de reglamento porque algunos sostenían que podía integrarse por dos mujeres, y otros sostenían que esa interpretación debía ser un hombre y una mujer. Un dato importante a considerar: el reglamento dice que las comisiones estarán integradas, al menos, por una mujer, pero la interpretación que hizo uno de los secretarios de la convención es que el mandato era que se eligiera a un hombre y una mujer. Entonces, es importante decir que el mismo órgano que está generando estas reglas podrá definir cómo se interpretarán.

Sobre el tema de la paridad, Pedro Güell, agrega que a su juicio la discusión ha sido si la paridad es una representación estadísticamente equilibrada o es binarismo. En su visión, la forma en que se manejan las diversidades dentro de la convención estaría afectando al conjunto de nuestras diferencias, como por ejemplo, las diferencias de género, de grupos ideológicos, entre pueblos originarios o primeras naciones. Su mirada es que si bien ahora se trata de una discusión sobre temas puntuales, como por ejemplo, cuál es el equilibrio al interior de una comisión, u otra, cree que se está generando material que incluso puede luego permear el propio texto constitucional. La pregunta que me parece importante hacernos, dice Güell, es ¿Qué es lo que significa representar diversidad?, ¿es un tema estadístico, es un tema que se fija binariamente, o existen otras formas de hacerlo?. Se trata de un tema  presente en todas las democracias complejas, y veo que está apareciendo de muy buena manera en la Convención.

En opinión de Juan Luis Ossa, la diversidad es una riqueza y así como se está manifestando en la convención, debiera luego expresarse en la propia constitución, en el texto constitucional. Si bien, le dará un mayor grado de representatividad, debiera ir también de la mano de su gobernabilidad, de modo que la convención sea capaz de generar el texto constitucional.

Sobre las distintas comisiones que ya se han conformado, y en particular sobre la de Derechos Humanos, Miriam Henríquez, recuerda que hay 3 comisiones que ya están funcionando, Reglamento, Ética y Presupuesto, y hay otras tres que ya se han aprobado, en las que se acordaron sus objetivos generales y está pendiente definir cuáles serán sus objetivos específicos y sobre qué temas van a tratar. Reconoce que la comisión que ha generado mucho movimiento y reacciones ha sido justamente la comisión de Derechos Humanos, en la que reconoce un alto grado de complejidad, entre otros, porque su definición aborda muchos temas y muy diversos (como verdad, reconciliación, y reparación), y aún no está claro qué va a hacer. Lo que se sabe es que tiene un mandato de hacer algo en 30 días.

Un elemento llamativo, en opinión de Henríquez, es que si bien esta comisión ha despertado muchos cuestionamientos por parte de profesores y expertos, no se debe olvidar que su aprobación fue muy alta, con cerca de 103 convencionales, aunque cabe preguntarse qué habrá entendido cada convencional cuando aprobó esta comisión, cuál habrá sido el móvil para haberla aprobado, porque queda la impresión que cada uno la aprobó con un sentido distinto, si se considera que aún no han sido capaces de fijar sus objetivos específicos.

Sobre esta misma comisión, Juan Luis Ossa, señala su preocupación desde el mismo  nombre que se ha dado:  “Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación, y Garantías de No Repetición”. Señala que si bien le parece muy relevante que la Convención se tome en serio el tema de los derechos humanos, y en una concepción moderna de ellos, desde su visión como historiador, estima que el uso de la expresión “verdad histórica” no corresponde porque se entromete en la historiografía y en el pensamiento crítico y el derecho a disentir.

En opinión de Güell es importante considerar que las constituciones se meten inevitablemente con la discusión histórica, e incluso historiográfica. Las constituciones, quiérase o no, son historia. No puede dejar de considerarse que esta constitución se construyó en un determinado contexto y espacio, y es probable que esa lectura histórica quede de alguna manera marcada en la introducción del texto legal o en muchos de los párrafos de la constitución. Lo que quiero decir, es que la constitución no podrá evitar hacer una reflexión histórica. Y, por otra parte, aunque no lo quiera, la constitución va a crear ciertas ideas históricas, por ejemplo, sobre los Derechos Humanos. Es decir, la constitución no es sólo un texto jurídico, va a tener mucho de historiografía y afirmación histórica. Y esto me parece inevitable.

En este contexto, la discusión que plantea Juan Luis es muy válida porque nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos relacionamos con esas afirmaciones históricas? Desde nuestra mirada como civilización ya sabemos que aquello que llamamos verdades son afirmaciones que hacemos para seguir avanzando y construyendo, pero jamás las damos como verdades absolutas, ni menos como algo que pueda anular el derecho a disentir respecto a esa misma verdad. Entonces, si bien el concepto de “verdad histórica” es un concepto muy complicado, también representa una tradición de la que tenemos que hacernos cargo en el buen sentido. Cuando se habla de “verdad histórica “ en el concierto de los Derechos Humanos en general se alude a la serie de Comisiones de Verdad, Justicia y Reconciliación que se han hecho a lo largo de nuestra historia, y que fueron un avance muy notable respecto del respeto y superación de los atropellos a los Derechos Humanos, y de los fenómenos de reparación y reconciliación. Con esto quiero decir, que desde la manera de abordar nuestras afirmaciones y convencimientos históricos, no podemos situarnos en el lado de la pura y dura verdad. Pero, por otra parte, la idea de verdad tiene también una tradición que es muy respetable y lo que hoy se busca decir es: “esta vez como sociedad, vamos a decir con toda la fuerza que tenemos, aquello que pensamos”. Entonces, yo comparto la preocupación sobre el concepto de “verdad histórica”, y ojalá no caigamos en la idea de una verdad histórica dura y cerrada, pero al mismo tiempo, creo que debemos acoger la idea de que queremos tener convencimientos muy firmes, en algunos campos, y especialmente en el de los Derechos Humanos, concluye Güell.

Ya finalizando el programa, los panelistas comparten algunas reflexiones de cierre o también algún “dato freak” en torno a la Convención.

Miriam Henríquez comenta, como dato freak, que un tema que está siendo discutido en la Convención es ¿cuántos convencionales constituyentes son 2/3? Explica que algunos habían entendido que eran 104, porque al dividir los 2/3 da como resultado 103,3 y la mayoría lo aproximaba a 104. Pero existe una ley del año 1876 que creó lo que se conoce como la Ley del Redondeo, que señala que cuando el resultado es menos de 0,5 se redondea hacia abajo, y aplicado esto, los 2/3 serían 103 y no 104 como se había calculado inicialmente.

Ya en el cierre, Pedro Güell, plantea como pregunta ¿cómo se crea un cierto lenguaje común en un escenario de alta diversidad, donde uno de los elementos más característicos de esa diversidad es el propio lenguaje? Es decir, no es que nuestras diversidades sean una cosa, y nuestros lenguajes otra, sino que en los lenguajes se instalan y muestran las diversidades, y por lo tanto, la defensa de la particularidad del lenguaje es una defensa de la diversidad. Entonces, la pregunta es cómo se hace una constitución que tiene que ser escrita en “un lenguaje”, no sólo en español, sino también en el lenguaje jurídico y racional, etc.

En este contexto, le parece muy destacable que, a raíz de la discusión con la convencional Teresa Marinovich, la presidenta Loncón haya señalado esta semana que así como existe el lenguaje de la razón jurídica y política, que tiene que estar presente en la discusión, hay también un lenguaje que hemos aprendido en nuestra historia ancestral, que tiene que ver con aceptar la diversidad del otro, “y a eso nosotros lo llamamos “amor”. Y, por eso, la presidenta Loncón les dijo: les propongo que también nos situemos desde el lado del amor. Me parece muy interesante, señala Güell, cómo la Convención Constituyente se va abriendo a muchos lenguajes y miradas, donde resulta muy interesante que su planteamiento haya sido: hay otras maneras de ver y abordar el tema de la diversidad. Me alegró mucho oírlo. dice Güell.

Sobre este mismo tema, Juan Luis Ossa, puntualiza que a él le gustaría ver crecientemente un respeto por las minorías. Las democracias viven de las minorías y las mayorías. Quisiera que, sin importar si hayas tenido más o menos convencionales, ningún grupo sea excluido de este proceso.

Para cerrar el programa, Miriam Henríquez, plantea que en las próximas semanas se irá viendo una Convención que irá dejando una primera etapa de un trabajo más hacia adentro, donde se están tomando decisiones entre los convencionales, pero donde aún no se ha salido a comunicar estas decisiones y a buscar la participación que, sabemos, será central en este proceso, lo que probablemente ocurrirá en las próximas semanas.

Si quieres escuchar el programa completo, sigue este link.