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Carlos J. Garcia, investigador CiPP: «Sin una inflación desbordada, es temerario desinstalar en el país la política monetaria expansiva del Banco Central».

En este momento parte de la inflación es producto de la crisis más que una señal genuina de recuperación. Sin una inflación desbordada, es temerario desinstalar la política monetaria expansiva del Banco Central. Por el contrario, sólo en la medida que la crisis se supere, será momento de ir aumentando paulatinamente la tasa de interés y reduciendo las facilidades de crédito. En especial, por que la propia pandemia está mutando con nuevas sepas que ponen un manto de duda sobre el futuro inmediato de la economía chilena y tasas de crecimiento del PIB por sobre el 6% para el 2021.

Ante este escenario, parece relevante plantearse las siguientes preguntas desde una mirada de política pública:

¿Seguirá nuestro Banco Central su estrategia de enfocarse solo en controlar la inflación a diferencia de los bancos centrales de las economías desarrolladas que también consideran lo que sucede con la actividad y el empleo?

¿Debemos cambiar en Chile la ley orgánica del Banco Central para que de una vez por todas se considere como objetivo explícito la actividad y el empleo?

Enrique Rajevic, investigador CiPP “Necesitamos lograr una articulación virtuosa entre la dignidad de las personas que trabajan en la administración pública y una buena gestión pública de cara a los ciudadanos”.

Rajevic hizo esta afirmación en el conversatorio «Desafíos de la protección de los derechos funcionarios», organizado por la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA).

En la oportunidad, participaron además, Luis Aranda, jefe de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la CGR y Enrique París, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, con la moderación y comentarios de Graciela Lepe Uribe, SubJefa de la División Jurídica de la CGR.

Enrique Rajevic realizó la exposición denominada “Derechos Funcionarios: dignidad e interés general” en la que se refirió a los problemas y desafíos que genera la protección de los derechos funcionarios.

Puntualizó que cuando se escucha hablar de los “derechos” se tiende a pensar que el foco fueran sólo los funcionarios y funcionarias de la administración pública, sin embargo, no se debe perder de vista el “interés general”.

Luego enfatiza la importancia de “profesionalizar el empleo público» y, citando las recomendaciones sobre integridad pública de la OCDE (2017), recuerda que se debe avanzar hacia un servicio público basado en atributos como la meritocracia, los valores y la buena gobernanza, como también que sea profesional e imparcial, de modo de garantizar “un alto nivel de competencia e integridad, así como la continuidad en el desarrollo, asesoramiento e implementación de políticas al servicio del interés público”.

Otro de los desafíos planteados por Rajevic se refiere a la necesidad de diferenciar entre Gobierno y Administración, destacando el rol que juegan los propios funcionarios públicos cuando ejecutan políticas públicas en gobiernos de distinto signo, lo que está en línea con la idea de un servicio civil profesional.

Señala que el mundo municipal tiene desafíos particulares en este ámbito, dado que presenta alta heterogeneidad entre municipios, una pluralidad de regímenes de personal y tareas, y el factor político es muy importante, en tanto los alcaldes y concejales pueden ser reelectos y tienen un contacto muy estrecho con la comunidad, lo que resulta en un escenario más riesgoso a las malas prácticas.

En este marco de desafíos para alcanzar una buena gestión pública, el investigador del CiPP valoró como iniciativas que apuntan en la dirección correcta, la Estrategia Nacional Anticorrupción lanzada por la CGR como también el portal y la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de esta entidad, que además se informó que se extenderá al reclamo que contempla el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Con este tipo de acciones “la CGR ha demostrado que, sin necesidad de aplicar leyes, se pueden hacer cosas que sean relevantes e importantes para tener un mejor Estado y un trato más digno tanto para los funcionarios y funcionarias como para la ciudadanía”, concluye el académico.

Si quieres escuchar el conversatorio sigue este link:

Fuente: Observatorio por las Trayectorias Educativas.

Cristóbal Madero y Leandro Sepúlveda, Investigadores CiPP y académicos UAH, integran el nuevo Observatorio por las Trayectorias Educativas.

Cinco centros de investigación del país, incluido el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, se unieron para lanzar un Observatorio por las Trayectorias Educativas. Todos ellos trabajan en el tema de la exclusión escolar en Chile y buscan incidir en políticas públicas para proteger las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes.

En Chile, el 45% de niños, niñas y jóvenes no culmina su trayectoria educativa en los 12 años lineales establecidos; la repitencia escolar ha aumentado de 2% a 4% en la última década; y cada 12 minutos un/a estudiante es excluido/a de la escuela, un número que podría aumentar al doble debido a la pandemia, según MINEDUC.

Ante este escenario, surge la decisión de crear el Observatorio por las Trayectorias Educativas. Se trata de una iniciativa de Fundación Súmate del Hogar de Cristo, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la PUCV, del Centro Justicia Educacional de la Universidad Católica, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, todas instituciones preocupadas por las trayectorias educativas y aprendizajes efectivos de niñas, niños y jóvenes sin importar su condición de origen o situación social y económica.

“La pandemia nos ha mostrado la deuda que tenemos con los niños, niñas y jóvenes que tienen trayectorias frágiles y/o que están fuera del sistema escolar. Esto lo vemos porque las y los estudiantes no tenían vínculos con sus escuelas y con el cierre de las mismas. Esos vínculos hoy terminaron de cortarse”, explica Liliana Cortés, directora ejecutiva de Fundación Súmate y vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas. Y agrega: “La pandemia nos muestra la urgencia de avanzar hacia un modelo educativo integral, donde el equilibrio entre los conocimientos y el desarrollo emocional configure una forma de relacionarse entre docentes, familias y estudiantes, llena de emociones, motivante y con altas expectativas. Todos los actores de las comunidades estamos desafiados”,

Para efectos de esta iniciativa, que busca además visibilizar este problema en el debate público, las cinco instituciones concluyen en un documento cuáles son los 10 factores principales que conllevan a la exclusión escolar. Entre ellos, figuran situaciones como que el 62,5% de niños, niñas y jóvenes que abandonan el sistema escolar pertenecen al 40% de la población con menores ingresos, o que un 11% de las y los estudiantes de primero medio no logra avanzar de nivel educativo, porque no se logran adaptar a la transición, por nombrar algunos motivos. También se cuentan el ausentismo frecuente a clases, la repitencia escolar, el rezago escolar y la variable de género, todas circunstancias que desencadenan que niños, niñas y jóvenes se vean en la situación de dejar de asistir a clases.

A esto se suma la situación actual en pandemia. De acuerdo a cifras del MINEDUC, 40 mil niños, niñas y jóvenes que debieran permanecer en el sistema educativo formal no se matricularon en ningún establecimiento este año.

“Este Observatorio busca ayudar a fortalecer la conceptualización que tenemos acerca de las trayectorias educativas y sus implicancias. Pretendemos ayudar, primero, poniendo a disposición datos e información de distintos sistemas de monitoreo que existen a nivel país, algunos de ellos desde el propio sistema de gobierno (como el actual sistema Sistema de Alerta Temprana, SAT) y otros, a través de estudios de los centros de investigación que participan del Observatorio. Segundo, queremos colaborar a través de la interpretación y el apoyo a las políticas públicas de estos mismos datos. Y tercero, dando apoyo a las campañas de sensibilización respecto de la función social que a todos les corresponde en promover un sistema educativo más inclusivo, más orientado a permitir la diversidad de niños, niñas y jóvenes que habitan en este país”, señala Verónica López, vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas.

“No hablemos más de desertores, porque somos nosotros, el país, a través de sus escuelas los que vamos empujando a los estudiantes a desertar. Por eso hoy hablamos de exclusión escolar o educativa. Es necesario instalar ciertas estrategias de tipo preventivas y de monitoreo para conocer cuáles son los estudiantes que se van desenganchando de la experiencia escolar (…) El foco no debería estar puesto exclusivamente en calidad, y mucho menos entender por calidad el rendimiento de una prueba estandarizada, sino que el foco tiene que estar en la noción de trayectorias educativas. En la idea de trayectorias positivas, diversas, y eso tiene que ver con la idea de un camino que él o la estudiante tiene que poder recorrer”. concluye Verónica López.

Toda la información respecto al Observatorio se puede encontrar en trayectorias educativas.cl, un espacio en donde las instituciones comparten sus experiencias, conocimientos y recursos sobre la exclusión escolar con la comunidad.

 

Fuente: El Mostrador

[Columna de Opinión] Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico de la UAH en El Mostrador: “ El proceso de instalación de los gobernadores regionales ha estado marcado por las desinteligencias del gobierno”.

En su columna, Pressaco analiza lo que ha sido el proceso de instalación de los gobernadores regionales en el marco de las desinteligencias del gobierno y propone tres focos que deberían ser abordados para potenciar el aprovechamiento de este nuevo y esperanzador proceso.

Sobre la actuación del gobierno, el investigador señala que, teniendo tiempo suficiente para hacerlo de mejor manera, este no ha acondicionado las instalaciones de las futuras autoridades regionales, ha mantenido las dependencias de los intendentes para los delegados presidenciales en lugar de destinarlas a los gobernadores electos ….y como guinda de la torta promovió un recorte del presupuesto de instalación/operación de las nuevas autoridades para trasladar esos recursos a los delegados presidenciales.

Si bien esta última medida pudo ser revertida por el reclamo unánime de los gobernadores, pone en evidencia, entre otros, la  deficitaria capacidad de gestión de un gobierno para atender los requerimientos del proceso de instalación; algo semejante a lo observado con la Convención Constitucional.

Además, señala que más allá de las débiles competencias de las nuevas autoridades y de los interrogantes que surgen en torno a la relación con los delegados presidenciales, los gobernadores serán actores políticamente relevantes en el nuevo escenario.

Por lo tanto, más allá de los problemas, este proceso representa un avance para Chile y lo pone a la altura de muchos países desarrollados y de la región que, con una estructura unitaria, han avanzando en democratización del régimen político territorial y descentralización fiscal.

En este sentido, Pressacco identifica tres focos de acción que deberían ser abordados para potenciar el aprovechamiento de este esperanzador proceso.

Primero, dotar a los gobiernos regionales de más recursos. Es sólida la evidencia que vincula positivamente al proceso de descentralización con el mayor desarrollo y equidad territorial. Por ello, el despliegue de políticas territoriales requiere de dotar con más recursos a los gobiernos regionales y con más capacidad de incidencia a las autoridades territoriales en la asignación de los recursos del gobierno nacional en los territorios.

Segundo, avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad territorial. En este punto, Pressacco señala que es fundamental que el proyecto de Ley de Rentas Regionales (ingresado al congreso en septiembre del año pasado) avance rápidamente y que las iniciativas que considere se orienten no solo a incrementar los recursos regionales sino a disminuir las brechas entre los territorios.

y, Tercero, el traspaso de competencias desde el nivel regional al subregional. El académico señala que todavía quedan varios asuntos que resolver en esta materia: el cuestionado “silencio administrativo”, el rol de la Contraloría como entre dirimente en caso de desacuerdo entre el Gobierno regional y los Delegados presidenciales así como el deber de la autoridad regional de coordinarse con el Delegado y el órgano responsable de la materia en el gobierno central.

Concluye señalando que la elección democrática del gobernador regional es una gran noticia al democratizar el régimen del gobierno regional. Por sí sola no constituye una solución, pero contribuye a la construcción de un camino que permitirá impulsar nuevas reformas que reconozcan la diversidad social, cultural y territorial y a generar un entorno en el que las preocupaciones y sueños de las ciudadanías regionales se puedan materializar. Quizás, el desafío más relevante de este proceso es avanzar en la consolidación de las capacidades regionales para la construcción de un proyecto colectivo.

Para leer su columna completa, sigue el siguiente link: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/07/19/gobernadores-regionales-el-inicio-de-un-camino-y-tres-focos/

 

Fuente: El Mercurio

Rafael Blanco en El Mercurio: “Preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”

Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, publicó en El Mercurio una columna de opinión donde plantea ciertos puntos relevantes para el debate constituyente. En primer lugar explica que, una clara y nítida separación de potestades y funciones que garanticen un sistema de pesos y contrapesos que evite vulneración de derechos y garantías de la ciudadanía, es fundamental. Para lograr esto, continúa, es imprescindible contar con un Poder Judicial independiente en lo externo, que juzgue de manera imparcial y autónoma.

Blanco afirma que debe haber especial cuidado en la manera en que el Estado organiza y distribuye roles en el subsistema de justicia penal. Es por esto que el mandato de la Convención Constituyente en torno a dar forma a potenciales reformas a los órganos de sistema de justicia penal, resulta especialmente delicado y relevante para la democracia y un sano sistema político de genuina separación de funciones.

Reconoce aspectos donde nuestro país exhibe logros importantes en materia de justicia penal, como también otros que requieren ser revisados y mejorados y llama la atención sobre la necesidad que a la hora de definir los contornos de mejora de este sistema, la convención constitucional, replique el debate respetuoso, complejo, informado y serio, como el que dio origen al diseño e instalación del actual sistema de persecución y enjuiciamiento criminal en nuestro país.

Uno de los ámbitos que destaca es que nuestro país goza de un sistema penal de corte acusatorio que ha logrado instalar un modelo de persecución criminal a cargo de fiscales que gozan de una autonomía constitucional que logra dotar a la función de persecución de una razonable independencia para realizar sus tareas. Este aspecto contrasta con la experiencia comparada que, según señala Blanco, muestra múltiples ejemplos donde las Fiscalías y Ministerios Públicos son empleados por la administración política de turno y hacen uso de sus facultades para perseguir o encarcelar rivales políticos.

Ante esto, el investigador es claro en decir que “preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”.

En cuanto a los aspectos que podrían ser mejorados, menciona  una mejor rendición de cuentas de la fiscalía, o una revisión de los sistemas de designación y remoción de sus autoridades, como de la estructura y rediseño del gobierno corporativo de la entidad, “a condición de no transigir o dañar los activos logrados en materia de autonomía”.

En materia de la Defensa Penal Pública, Blanco señala que resulta sensato explorar mecanismos y diseños que aumenten la debida autonomía funcional de la defensa o incluso consagren un modelo de autonomía constitucional equivalente al del Ministerio Público.

En cuanto a los estándares de independencia y autonomía de jueces y juezas que requiere un sistema de justicia penal, el académico señala que estos están razonablemente garantizados en nuestro actual sistema judicial, en especial lo que atinge a los estándares de independencia externa. Por lo que las futuras reformas deberían centrarse en mejorar aquellos niveles de independencia interna, que van de la mano con un rediseño de competencias de la Corte Suprema, que evite la superposición y concentración de roles jurisdiccionales, disciplinarios y de administración y gestión. A esto podrían sumarse el debate para introducir un modelo de juzgamiento por jurados en los casos penales más graves y la urgente reforma en materia de una jurisdicción de ejecución penal que logre una tutela jurisdiccional efectiva en materia carcelaria, concluye Blanco.

Para revisar su columna completa ingresa en el siguiente link.

 

Pedro Guell, investigador CiPP, en Bío Bío TV: “La sola existencia de la convención constituyente está generando hechos muy significativos que implican un antes y un después.”

En la segunda edición del programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, donde Güell es panelista estable junto a Miriam Henríquez y Carolina Tohá, participaron además Andrea Gutiérrez, activista feminista y León Cohen psiquiatra. Los participantes conversaron sobre cuáles eran, a juicio de cada uno, los hechos más significativos de la convención los últimos días.

Pedro Guell destaca, en primer lugar, que un aspecto necesario de observar dice relación con cómo la sociedad va a sostener a la propia convención. En este punto, destaca los resultados positivos que muestran las primeras dos encuestas que evalúan los apoyos y la confianza que genera la convención en la ciudadanía, la encuesta de CADEM que muestra un 63% de apoyo positivo y la de Pulso Ciudadano que alcanza un 73%. Esto, a juicio del académico, es una señal de que “partimos bien”.

Sobre la manera particular en que la convención se ha ido desarrollando hasta ahora, Güell llama la atención sobre una sensación –que se ha escuchado mucho estos días– de que sería necesario esperar a que la convención llegue a ser algo distinto a lo que ha sido hasta ahora. Ante esto se pregunta “¿Cuál es la expectativa temporal que tenemos sobre la convención? ¿Será una entidad madura en algún momento?, como que en algún momento llegará a ser algo que no sabemos bien qué es. Como que lo que vemos ahora de ella no tuviera su propia densidad porque luego será lo que tiene que llegar a ser …”

Yo no comparto esa visión, señala el académico, “creo que la convención es un proceso que tiene tareas distintas en momentos distintos inevitablemente, y que esas tareas se van cumpliendo con su propia madurez y densidad en cada momento”.

Para ejemplificar esta afirmación, Güell recuerda que “la convención partió no sólo como un ensayo y error sino que afirmando lo que ella es respecto de la historia de Chile: Esto es distinto y es más diverso que todo lo que hemos tenido como representación política hasta el momento. Y lo hizo con total madurez el primer día, por ejemplo, instalando en la presidencia a una persona que representa a las mujeres, a las minorías, a los territorios”.

No es casualidad entonces que en este momento se están definiendo reglamentos para definir reglamentos; y comisiones para definir comisiones. Ya hay cosas muy serias que están ocurriendo, señala el investigador.

Por lo tanto, hay que mirar a la Convención con la densidad que tiene cada uno de los momentos que vive, sin esperar que ocurra algo distinto a lo que ya está ocurriendo.

Es cierto, continúa Güell, que todos tenemos una expectativa sobre el proceso constituyente, yo la tengo y se expresa en un país más justo, democrático, igualitario, etc, pero creo que debemos observar lo que el proceso está produciendo en cada momento. 

Lo que quiero decir es que independientemente de que en 12 o 14 meses tengamos una nueva constitución, como producto central de este proceso, hay hechos que aún sin haber redactado ni siquiera un reglamento, ya están listos. Por ejemplo, sobre la visibilidad, reconocimiento y forma de conversar sobre los pueblos originarios hay un antes y un después en el país a partir de la instalación de la convención.

Lo mismo respecto de la identidad y posición de la derecha al interior de la sociedad,  por la sola existencia de la convención y dada la forma en que este sector se ha situado dentro de la convención.

Es decir, creo que no sólo hay que mirar el largo proceso en el marco de las expectativas ciudadanas sobre este proceso, sino que observar lo que la constitución está produciendo en cada momento. 

Por eso, no hay que esperar a que se forme y agarre su ritmo de producción, sino que los hechos que genera cada día serán ya muy significativos.

Con relación a la importancia de la comunicación durante el proceso constituyente, la opinión de Güell es que se debe hacer énfasis no solo en la necesidad de una comunicación coordinada en la que los ciudadanos puedan anclarse, y seguir el proceso, sino que también hay un tema de cultura comunicacional de los propios constituyentes.

En este sentido, recuerda que así como la política se equivocó cuando los actores políticos descubrieron que no eran parte de un colectivo sino que les iba mucho mejor como protagonistas individuales en las redes y los medios, en el caso de los constituyentes se deberá hacer el trabajo inverso. Esto implica mostrar que no son protagonistas individuales sino que son representativos de colectivos legítimos y de un empeño nacional, así con todas sus letras. De alguna manera, se observa una suerte de pudor de lo colectivo que tiene que ser cuidado, y es un trabajo interno que ellos tienen que hacer. 

Creo que si se entusiasman con los liderazgos y vitrinas individuales, van a empezar a trabajar para la galería, concluye Gúell, “pero no creo que esto vaya a ocurrir”.

Si quieres escuchar el programa completo, sigue este link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/especiales/2021/07/19/veo-veo-constituyente-la-instalacion-de-la-convencion-constitucional.shtml

 

Fuente: La Tercera

Rafael Blanco y Leonardo Moreno en La Tercera: La experiencia de Argentina con sistemas de jurados “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”.

El investigador CiPP, Rafael Blanco, junto a Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, publicaron en el diario La Tercera una columna en donde plantean diferentes ideas relacionadas a la democracia, la legitimidad y el sistema de jurados. Comienzan expresando que la organización del sistema político democrático determina la forma en la que los ciudadanos y ciudadanas participan y contribuyen en la vida de sus comunidades y en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan.

A partir de esto, hacen mención también a ciertas obligaciones públicas, como lo es la de escoger a las autoridades que nos representan y conducen en las funciones de gobierno. Mencionan el hecho de que algunos países practican el voto obligatorio, sistema que impide que las autoridades electas sean precedidas de bajos niveles de participación. En esta misma línea de obligaciones, aluden al pago de tributos en proporción a las rentas, contribuyendo de esta manera a la redistribución de la riqueza. Como comparación, aluden al hecho de que en Chile se exhibe a los vocales de mesa como expresión de obligación ciudadana.

Siguiendo con los deberes de la ciudadanía pero entrando en materia de Justicia Penal, los investigadores mencionan los modelos de jurados propios de Europa Continental y América, como instancias que implican una relevante participación ciudadana que son “una manifestación más compleja y exigente de los deberes que la ciudadanía tiene con su comunidad”. Como ejemplo más cercano analizan el de Argentina, afirmando que el sistema de jurados en ese país “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”, son claros en decir que se evidencia una notoria mejoría en la imagen de la ciudadanía hacia el sistema penal y sus actores.

Los investigadores señalan que, aunque el sistema de jurados ofrece ventajas (en materia de imparcialidad, calidad del debate y complejidad de las deliberaciones), la discusión sobre su instalación no se trataría sólo de un debate técnico procesal o jurídico.  Sería también un espacio formativo y relevante de participación ciudadana que podría incidir en la ciudadanía.

Por lo tanto, en opinión de los académicos, preservar acríticamente los modelos de jueces profesionales exclusivos, como los que existen en nuestro país, “impide evidenciar a la ciudadanía la complejidad y seriedad de la tarea de juzgamiento, concentrando la carga de deliberación en operadores cuya tarea perpetúa la lógica contramayoritaria en los actores profesionales sin abrir tales tareas y funciones a la ciudadanía”.

En conclusión, Blanco y Moreno consideran que el sistema de jurado posee el doble efecto de descargar al juez de una función que puede ser compartida con la ciudadanía, al traspasar cargas, tareas y responsabilidades a los ciudadanos y ciudadanas en la compleja y delicada función de definir que otro ciudadano o ciudadana es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.

Puedes encontrar más información en el siguiente link.

Fuente: La Tercera

Eduardo Abarzúa en La Tercera, sobre propuestas de reducción progresiva de la jornada laboral: “Se requiere un amplio proceso de diálogo social de los actores laborales representativos como única manera de incorporar la heterogeneidad de nuestro mercado laboral”.

El investigador CiPP y académico UAH publicó la columna «Diálogo Social para la nueva organización del Trabajo» en un FRENTE a FRENTE con el investigador del CEP Rafael Sánchez, titulado ¿ Es conveniente introducir cambios en la extensión de la jornada laboral semanal?.

En su columna, Abarzúa señala que las múltiples iniciativas que se han visto últimamente desde el Poder Legislativo o del Ejecutivo para regular la organización del trabajo dejan la impresión que “la discusión no incorpora la complejidad de las formas de empleo y trabajo que se despliegan en nuestra economía y tampoco la perspectiva de los diferentes actores laborales. Casi todas las discusiones e ideas de reforma tienen de referencia una imagen simplificada del trabajo, aquel que se desempeña de manera presencial, con supervisión directa, igualdad de poder entre las partes y con salarios atractivos”.

Frente a esto, el académico señala que “en el actual contexto socioeconómico y de relaciones laborales, iniciativas que parecen correctas y modernizadoras, como la flexibilidad de las jornadas y el teletrabajo, pueden significar, paradojalmente, la intensificación de las jornadas, el aumento del doble trabajo, una mayor precarización del empleo y el sufrimiento de las personas”.

Si  bien reconoce que una parte de nuestro mercado laboral requiere de la fijación de ciertos mínimos que permitan configurar “auténticas relaciones de trabajo” (contratos escritos, sueldo mínimo, limitar jornadas, establecer descansos, fijar permisos para necesidades básicas, etc), su visión es que debemos preguntarnos si el camino normativo tiene la posibilidad de abordar los múltiples y crecientes cambios en el trabajo “considerando los tiempos legislativos limitados, producto de las múltiples demandas de la ciudadanía y el encaje futuro de la legislación a la potencial nueva Constitución que redefinirá la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil”.

Con respecto a la discusión sobre la reducción progresiva de la jornada laboral, el académico señala que “esa discusión requiere, como demuestra la experiencia comparada, un amplio proceso de diálogo social de los actores laborales representativos como única manera de incorporar la heterogeneidad de nuestro mercado laboral”.

Si quiere conocer la columna completa, siga este link.

Humberto Borges, investigador CiPP y académico UAH “Realizar investigaciones en el área tributaria es vital, debido a los grandes cambios que se proponen por los candidatos presidenciales y que se vislumbran a futuro muchos cambios impositivos en el país”.

El académico hizo esta afirmación en una charla dictada a los estudiantes de la carrera de Contadores Públicos y Auditores (CPA) de la Universidad del Bío Bío, donde entró de lleno en la discusión sobre las propuestas tributarias que se han planteado en el marco de las primarias presidenciales.

En cuanto a la relevancia de la investigación en el área tributaria, Borges señaló “que en Chile aún se necesita profundizar en el desarrollo de semilleros de investigadores y la instancia que genera la Universidad del Bío Bío, invitando a diversos académicos e investigadores del país a explicar desde su disciplina de investigación, aporta a los futuros egresados de la carrera para desarrollar su investigación de titulación”.

Explicó que existen diversas miradas detrás de algunas de las propuestas de cambios que se realizan en el área tributaria, como las implicancias de disminuir los impuestos del IVA no focalizándose, por ejemplo, en los alimentos menos dañinos lo que serviría para apoyar una política de salud.

Además, se refirió a los beneficios DFL2 que apoyan a la economía mediante la generación de empleos en la industria de la construcción, pero indicando que “se debe evitar la exención de impuestos por más de una vivienda DFL2, ya que esto produce un aprovechamiento de algunos grupos”.

En otro aspecto, el académico se refirió a la existencia de una desigualdad estructural en el Impuesto Global Complementario, destacando que se trata de un tema que, en general,  los candidatos no están abordando.

Sobre la situación de los impuestos regionales, Borges explicó la posibilidad de que en un futuro las regiones más desarrolladas deban pagar impuestos diferenciados y más altos, basados en el Índice de Desarrollo Humano Regional (IDHR), y con esos recursos apoyar a las regiones más empobrecidas.

Finalmente, respecto a las exenciones, el investigador del CiPP señaló que hay que preocuparse de las empresas de la industria del turismo, las cuales han sido dañadas por la pandemia, explicando que una exención o disminución de impuesto focalizado no es una mala política siempre y cuando se restrinja a un corto periodo de tiempo.

La Industria 4.0 ha sido descrita como una revolución tecnológica que cambiará la industria manufacturera, así como aspectos socioeconómicos de la sociedad de manera amplia. Uno de los pilares tecnológicos que la sustentan –del que existen limitadas investigaciones—es la tecnología conocida como Realidad Aumentada (AR). La AR, por sus siglas en inglés, es una tecnología en la que objetos virtuales y reales se integran en tiempo real, generalmente en 3D lo que permite al usuario ver información adicional, como objetos superpuestos, instrucciones explicativas o videos interactivos. A diferencia de la realidad virtual, la AR complementa la realidad en vez de reemplazarla por completo. Sus impactos en educación y en especial en las carreras de ingeniería son múltiples, por ejemplo, facilitando el aprendizaje, aumentando la motivación y atención de los alumnos/as. Sin embargo, en un reciente estudio, hemos demostrado que dichos beneficios no se obtendrán si los usuarios no se deciden a adoptar estas nuevas tecnologías y prevalecen las resistencias a su uso por sobre la aceptación y que la influencia del entorno resulta clave en la mayor o menor favorabilidad de esas conductas.

¿Qué rol les cabe a las políticas públicas en el desarrollo y difusión de estas nuevas tecnologías como lo es la AR? ¿Qué rol le cabe al mundo académico?

Creemos que las políticas públicas juegan un rol fundamental tanto en el necesario desarrollo de programas de formación que permitan contar con capital humano preparado para hacer frente a los desafíos que implican estas nuevas tecnologías; como también en el fomento a la I+D para fortalecer su incorporación. Por su parte, el mundo académico y los centros de educación tanto de nivel medio y superior son claves para que se produzca la incorporación activa de estas tecnologías de RA en las aulas y para obtener una buena receptividad por parte de los estudiantes, y así estar preparados para abordar la industria 4.0

Miriam Henríquez y Pedro Guell, investigadores CiPP y académicos UAH, en el programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV analizan los primeros días de la Convención Constitucional. ¡Conoce sus opiniones!.

El programa, conducido por el economista Guillermo Larraín, contó con la participación de Henríquez y Güell, junto a Carolina Toha.

Consultados sobre su visión general sobre lo que ha sido el proceso de instalación de la Convención Constitucional, Miriam Henríquez destaca dos elementos principales.

El primero, que considera muy positivo, es la preocupación y voluntad que ha demostrado la Convención por representar la diversidad de quienes la conforman en los distintos órganos que se han ido instalando, ya sea en materia de paridad, género, territorios, y pueblos originarios, entre otros. Así lo hemos visto, señala la académica, en lo que fue la elección de la presidencia y vicepresidencia, y estimo lo seguiremos viendo en la conformación de su Mesa ampliada de 9 miembros, y en sus comités temáticos y funcionales.

El segundo elemento, que a diferencia del anterior le parece preocupante, es el rol que podría jugar la Corte Suprema en el trabajo de la Convención. Señala que a juzgar por los anuncios de reclamación que ya se han escuchado, al parecer la Corte Suprema tendrá un rol en este proceso mayor al que habíamos imaginado, que era de tipo excepcional, y todo indica que habrá un especial celo en verificar si se dará o no cumplimiento a los procedimientos establecidos en el reglamento.

Por su parte, Pedro Guell menciona que de alguna forma la convención constitucional refleja una parte importante de la historia vivida por el país desde hace mucho tiempo, lo que genera, en primer lugar, un sentimiento de gran emoción.

Todo indica, además, que deberemos hacer un esfuerzo como sociedad de ponernos en disposición a mirar las cosas desde una óptica distinta a la acostumbrada. Lo que hemos visto hasta ahora, y estimo seguiremos viendo durante un tiempo, comenta el investigador, es una entidad “en búsqueda de un guión”, intentando descubrir cuál es el lugar que ocupa dentro de las demás instituciones y actores del país, cómo se relaciona con ellas, y cuál es el lugar político que debe ocupar. Para la Convención será por tanto un tiempo de exploración, y donde muchos ejercerán presiones sobre ella, indica Güell.

Respecto a esta manera “distinta” de hacer la cosas, Henríquez ejemplifica con el enrolamiento y posterior sorteo que se utilizó como forma para definir cómo se iban a sentar en el Hemiciclo. Esta forma “rompe todo lo que conocemos y estamos acostumbrados”, la forma habitual hubiera sido por mayorías.

Sobre los temas que deberán observarse a futuro, Guell señala que habrá que mirar cómo la ciudadanía irá apoyando el trabajo de la Convención. Si bien en estas primeras semanas es necesario tolerar un cierto desorden, esto debería ir mejorando a futuro para no afectar su imagen. En esta línea, creo que deberemos estar atentos a las primeras encuestas que se den a conocer sobre cómo se evalúa la convención y ver qué efectos tendrán sobre ella.

Sobre el rol que ha jugado la derecha, Henríquez recuerda que todos, menos la derecha, estuvieron de acuerdo en la idea de ampliar la mesa directiva. No quisieron participar porque no estaría claro cuál sería la función de esa mesa. Sin embargo, cuando hablan de arbitrariedad hay que considerar la importante mayoría que se alcanzó en la decisión tomada.

Güelll agrega que la derecha se ve claramente desconcertada. No logra armar un juego ni es claro en qué lugar o posición estará. Si optará por ponerse al margen o entrará en la discusión. Todo indica que tendrá que reinventarse, y aprender a jugar en un tipo de relaciones que hasta ahora no ha jugado. Su comportamiento “como bloque” ha sido ineficaz y los margina, no les ha permitido participar en las decisiones que se han tomado. Esperemos, dice Güell, que los liderazgos que se impongan en la derecha sean aquellos más dialogantes.

Si te interesa escuchar el programa, sigue este link.

 

Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH y otros, en Revista Mensaje: “A pesar de todas las leyes y políticas, Chile sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar, lo que se ha incrementado por la pandemia”. 

El investigador del CiPP publicó una columna en la edición de julio de Revista Mensaje, junto a Jaime Portales, Jefe del Área de Estudios e Incidencia, Fundación Súmate y Ana Verocai, Directora Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay, en la que describen cómo Uruguay ha abordado los desafíos de la retención y reinserción escolar, y reflexionan sobre cómo fortalecer una acción equivalente en nuestro país.

Señalan que si bien Chile cuenta con una serie de políticas y programas que se preocupan de la retención y el reingreso escolar, estos dispositivos no están articulados entre sí y por lo tanto no han logrado los resultados esperados. La clave estaría en dar a estas iniciativas mayor coherencia sistémica de manera de conformar un sistema de protección de trayectorias educativas que tuviera varios de los elementos que se rescatan de la experiencia de Uruguay.

Dentro de los avances de Chile en materia legal, mencionan la Ley que establece doce años de escolaridad obligatoria, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los subsidios especiales a la retención, sin embargo señalan que nuestro país sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Este número se incrementó en cerca de 40.000 niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia del Covid-19. Lo preocupante es que miles de esos niños y jóvenes no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde.

¿Cómo lo ha hecho Uruguay?

Si bien reconocen que restan aún desafíos, “por primera vez en su historia Uruguay logró universalizar el ingreso a la educación media. El 99,2% de quienes egresan de primaria se inscriben en la media. Hoy se sabe dónde está cada uno y así se le puede acompañar. Incluso a los que no están en el sistema de educación formal se les acompaña con otras propuestas de educación no formal, para volver a vincularlos al sistema formal”.

La clave de la política aplicada por este país estaría en la existencia de un  Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE) que se sostiene en una premisa fundamental, según explican los investigadores: “es el Sistema Educativo Uruguayo (SE) quien asume la responsabilidad de generar la «situación pedagógica» para que todos puedan permanecer y aprender en la escuela”.

Su principal característica sería su alcance universal con anclaje territorial, que se expresa en la frase “a todos y en todas partes”, que contempla varias dimensiones, como por ejemplo, el seguimiento a los estudiantes que  egresan de la educación inicial y primaria, el acompañamiento en los tránsitos entre un nivel a otro, un trabajo preventivo a nivel territorial y una plataforma informática que permite, entre otras cosas, un sistema de alertas tempranas que se activan cuando un estudiante falta a clases tres veces en forma consecutiva, o dos veces en cinco días.

 Y, ¿ Qué puede aprender Chile en materia de políticas públicas de la experiencia Uruguaya?

Se destacan tres elementos de política pública que serían útiles para mejorar la situación de nuestro país en materia de retención y reingreso.  

El primero, cómo se realiza el seguimiento de las cohortes y contar con trayectorias informadas de las y los estudiantes; 

El segundo, un fuerte trabajo a nivel territorial y local. En este punto, los investigadores señalan que en el marco de la implementación de la Nueva Educación Pública, los Servicios Locales de Educación podrían convertirse en los principales implementadores y articuladores de las políticas y programas de retención y reingreso escolar en su jurisdicción; .

y, finalmente, un tercer elemento, sería la figura de lo que en Uruguay se llama “referentes de trayectoria educativa”, que son equipos y personas que trabajan en los establecimientos educativos o en el nivel territorial, haciendo seguimiento y acompañamiento personalizado a las niñas, niños y jóvenes para que continúen su trayectoria educativa.

 

 

El proyecto Apruebo Somos Mayoría Pro DD-HH y Urgencias Humanitarias ya ha publicado sus primeras 3 de 12 cápsulas informativas. El proyecto, conformado por un colectivo de estudiantes y académicos de la Universidad Alberto Hurtado, entre ellos el investigador asociado del CiPP Héctor Oyarce y el profesor Sebastián Cox, busca informar sobre los Derechos Humanos y poder responder a la pregunta: ¿qué debemos saber sobre los DDHH y qué debemos hacer para cumplirlos exigir su respeto, protección y garantías por parte del Estado, las Autoridades e Instituciones Públicas, incluidas las FFAA y Policías, en y por Chile 2020-2021?

Lo primero que destaca Oyarce sobre esta iniciativa es que “la creatividad y originalidad  la han puesto los alumnos y alumnas de diversas carreras como Derecho, Periodismo,Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo Social, y Psicología. Ellos son quienes han creado este material, con nuestro apoyo como profesores”.

Sobre la relevancia de esta iniciativa desde la mirada de políticas públicas, Héctor Oyarce es claro en afirmar que “hay Urgencias Humanitarias que necesitan ser tratadas aquí y ahora, y de cuya más oportuna e integral solución depende la vida y la existencia digna y segura de cientos de miles de personas, sus familias y grupos – comunidades humanas, sujetas a discriminaciones, exclusiones, abusos y violencias, es decir, a una violación sistemática, permanente y grave de sus Derechos Humanos”. 

Es por esto que el proyecto busca propiciar y asegurar la identificación y  exigibilidad de la institucionalidad y autoridades del Estado que deben hacerse responsables de las Catástrofes Humanitarias denunciadas y el levantamiento y promoción de posibles políticas y planes de interés público con enfoque en derechos humanos, junto a sus principales protagonistas y liderazgos sociales. El escenario actual de la nueva constitución refuerza esta voluntad, asegura. 

Estas primeras cápsulas explican de manera clara y concisa conceptos claves como ¿qué son los Derechos Humanos?’,¿qué diferencia existe entre Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, cuales son sus características, así como también su historia?. En el marco de la nueva Constitución, en sus cápsulas explican la relevancia y urgencia de escribir explícitamente Derechos Humanos en la nueva Constitución ya que en la vigente, no lo está. 

El investigador asociado destaca que la educación en Derechos Humanos, es una práctica educativa estratégica para impulsar la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas y equitativas, que protejan los derechos humanos de la población y amplíen la ciudadanía. Ante esto, su foco se centra en las organizaciones de la Sociedad Civil, funcionarios públicos y académicos y formadores de opinión pública: comunidades universitarias y de medios de comunicación, porque “todos juegan un rol fundamental”.

En palabras de Hécor Oyarce: “nuestro interés es incidir también en la comunidad universitaria en la Educación en Derechos Humanos, porque su estudio tiene impacto en varios niveles: en la formación integral de los estudiantes; en la forma en que se desempeñará en su trabajo, y en el progreso de los derechos humanos en la comunidad donde la universidad se inserta. Los compromete ética y políticamente a movilizarse para producir cambios. 

Para poder ver estás primeras cápsulas puedes ingresar en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCX6tGYLmvucXqWpZjQ1-V9Q

 

 

Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH, en el canal Mega plus sobre la instalación de la Convención Constitucional:  “Es evidente que existe una tensión y será permanente, entre lo nuevo que se proyecta y lo antiguo que conocemos”.

La académica fue entrevistada en el programa “Mesa Constituyente” del Canal Mega Plus, donde se refirió a los primeros días de instalación de la Convención Constitucional, los problemas que se han enfrentado y sus desafíos. 

Señaló que, en estos primeros días, quienes integran este órgano del estado, deberán conocerse y aprender a interrelacionarse, generando condiciones básicas de confianza y reglas del juego claras que les permitan ir abordando paulatinamente los contenidos constitucionales más de fondo. 

Es evidente que ha existido tensión, señala la académica, dado que lo que se está proponiendo es un cambio en la forma en que se ejerce el poder en nuestro país. El órgano constituyente tiene una composición que no tiene ningún otro órgano, es mucho más diverso y su cometido es cambiar la constitución. Por lo tanto, “la tensión será permanente entre lo nuevo que se proyecta y lo antiguo que conocemos hasta hoy”.

En opinión de la académica, es muy positivo que la Convención se esté organizando ahora en torno a comisiones que abordarán temas funcionales, como por ejemplo, presupuesto, orden interno, reglamento, ética y Ley del Lobby. Una vez resueltos estos temas, existirán mejores condiciones para entrar en la discusión de fondo sobre cuáles serán los contenidos de la constitución, evitando que estos asuntos puedan generar tensiones posteriores.

Dentro de los desafíos que tendrán que resolver está bajo qué criterios se van a conformar las distintas comisiones. Cómo se van a cautelar aspectos como el expertise, la paridad, la representación regional, la presencia de los pueblos originarios y la variable política, de modo que no se constituyan comités o bancadas al interior de la convención.

Respecto a cómo ha sido el proceso de instalación de la convención, Henríquez comenta que lo que hemos visto este lunes y martes comprueba que no existían las condiciones técnicas ni sanitarias apropiadas para que la convención pudiera funcionar. “Hubo tiempo suficiente para organizar todo y que se pudiera funcionar bien”.

Consultada sobre la decisión del gobierno de pedirle la renuncia al secretario técnico de la Convención, Francisco Encina, la investigadora del CiPP señala que la instalación tardía de la Convención debe generar responsabilidades en el órgano del estado que debía garantizarla.

Finalmente, sobre el tema de la seguridad, que ha sido parte del debate de estos días, indica que los estándares de seguridad para los miembros de la Convención debieran ser los mismos que para otros órganos del estado, y sería lamentable que tuvieran que ser mayores.

Si quieres escuchar la entrevista completa, sigue el siguiente link: https://www.litoralpress.cl/sitio/RadioTV_Detalles.cshtml?LPKey=5KNVV2ZMOGFP3AKEWNFQZ25JDG4AYZQR2PFMGTD4UL46IA53I2WA

 

 

Paola Sevilla, investigadora asociada del CiPP, lidera proyecto de investigación que permitirá identificar facilitadores y limitantes para el desarrollo de prácticas profesionales efectivas y pertinentes de estudiantes mujeres de la Educación Técnico Profesional (ETP), en rubros altamente masculinizados como son Construcción, Minería, Metalmecánica y Telecomunicaciones.  

En el equipo participan Leandro Sepúlveda, también investigador del CiPP y María José Valdebenito, ambos académicos de la UAH y Mauricio Farías, en calidad de co-investigador externo. 

El proyecto titulado “Abriendo Caminos”: Prácticas Profesionales de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la Educación Media y Superior Técnico-Profesional» se adjudicó en el 13° Concurso del Fondo de Investigación y Desarrollo (FONIDE) del Ministerio de Educación.

El objetivo de la investigación es identificar y caracterizar los elementos que facilitan y limitan el desarrollo de prácticas profesionales efectivas y pertinentes de estudiantes mujeres de la Educación Técnico Profesional (ETP), tanto en el sistema escolar como en la educación superior, en rubros altamente masculinizados como son Construcción, Minería, Metalmecánica y Telecomunicaciones. 

De esta forma, se propone hacer una contribución a reducir las inequidades de género que están presentes en el sistema educativo chileno, y particularmente en la Educación Técnico Profesional (ETP), reforzando su carácter inclusivo. En este sector, estas desigualdades se producen y refuerzan en diversos momentos, incluido el de la práctica profesional que es un hito clave en la transición al mercado laboral para sus estudiantes.

La investigación aborda este fenómeno aplicando una perspectiva de investigación de tipo mixta, lo que significa que incluye el levantamiento de información desde los distintos actores involucrados: instituciones, personas tituladas/os de la ETP y empresas que colaboran con la provisión de cupos de práctica a estudiantes. Se busca confrontar sus visiones para tender puentes efectivos que permitan avanzar en reducir las inequidades de género existentes.

¿Cuánto se ha avanzado en la investigación y en qué etapa se encuentran?

Sevilla explica que durante el año 2020 desarrollaron la primera etapa del proyecto, que correspondía a la fase cualitativa, en la que realizaron 93 entrevistas en tres regiones del país (Metropolitana, Bio-Bio y Coquimbo). 

Durante el 2021 tienen proyectado realizar dos encuestas en todas las regiones del país. La primera, está dirigida a personas tituladas de la ETP media y superior y su objetivo será conocer sus experiencias y valorización de su práctica profesional, y sus trayectorias educativo-laborales posteriores. 

La segunda encuesta, está dirigida a las empresas de los rubros seleccionados y su objetivo será conocer sus motivaciones para la provisión de cupos de práctica a estudiantes de la ETP, cuáles son las barreras que identifican para la incorporación de mujeres como practicantes y como trabajadoras de la empresa, entre otras temáticas.

El proyecto, cuyos resultados se proyectan para octubre de este año, cuenta con la participación de dos instituciones de ETP superior regionales (CEDUC y Virginio Gómez), así como también con el apoyo de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas de Chile, ASIMET y el Consejo de Competencias de la Minería.

 

Mauricio Castillo, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, publicó «Technology acceptance of an interactive augmented reality app on resistive circuits for engineering students», coautoreado por Alejandro Álvarez-Marín y J. Ángel Velázquez-Iturbide, en Electronics 2021, 10 (11), 1286.

El objetivo del estudio es establecer los factores que explican la aceptación de la tecnología de la realidad aumentada (AR) en la educación de los estudiantes de ingeniería.

Castillo explica que la realidad aumentada es una tecnología en la que objetos virtuales y reales se integran en tiempo real, generalmente en 3D, permitiendo al usuario ver información adicional, como objetos superpuestos, instrucciones explicativas o videos interactivos. Se diferencia de la realidad virtual, debido a que esta última sumerge totalmente al usuario en un entorno virtual, mientras que la realidad aumentada, complementa la realidad en vez de reemplazarla por completo.

Pero, ¿por qué estudiar el nivel de aceptación de la AR en estudiantes de ingeniería en particular? El investigador del CiPP señala que, si bien esta tecnología puede generar impactos positivos en el sistema educativo en general, en el estudio de las ingenierías diversos contenidos y aprendizajes abstractos se fortalecen con el uso de la realidad aumentada.

Sin embargo, estos beneficios de la AR en la educación no se obtendrán si no se produce una aceptación y adopción de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios, de hecho, la resistencia a su uso por parte de los estudiantes podría perjudicar la implementación. De allí la relevancia de entender qué factores predicen y explican la aceptación de la tecnología de realidad aumentada en estudiantes de ingeniería.

El estudio, que se aplicó a una muestra de 190 estudiantes de carreras de ingeniería en Chile, consistió en diseñar una aplicación interactiva de realidad aumentada sobre circuitos eléctricos para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades para comprender cómo funciona la electricidad. Se formularon hipótesis y se probó un modelo teórico utilizando modelos de ecuaciones estructurales.

Se concibió un modelo teórico para explicar la aceptación de la tecnología relacionando la intención conductual de uso con diversas variables, como por ejemplo, el optimismo tecnológico y la innovación tecnológica, la facilidad de uso y la utilidad percibida, como también la actitud hacia el uso.

Los resultados demuestran el efecto positivo del optimismo tecnológico y la innovación tecnológica sobre la utilidad percibida y la actitud hacia el uso, respectivamente.

Además, sugieren que la actitud hacia el uso está influenciada por la utilidad percibida, pero no directamente por la facilidad de uso percibida. Esto podría significar que los estudiantes estarían dispuestos a usar esta aplicación si la encuentran útil y no solo fácil de usar. Finalmente, los resultados ilustran que la actitud hacia el uso explica con firmeza la intención conductual de uso, lo cual es consistente con los hallazgos de estudios anteriores.

En cuanto a recomendaciones hacia los tomadores de decisiones, estos resultados resultan útiles para orientar cómo los académicos y los centros de educación superior deben abordar la incorporación de estas tecnologías de RA en las aulas.

ENLACE:  https://doi.org/10.3390/electronics10111286

Fuente: La Tercera

Rafael Blanco, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, junto a Diego Palomo, académico de la Universidad de Talca, en La Tercera: “La participación de ciudadanos y ciudadanas en la justicia penal no es una idea exótica o marginal, al contrario”.

Los académicos escribieron una columna de opinión en el diario La Tercera, en la que entran de lleno en el debate público sobre la idea de incorporar al sistema de justicia penal chileno el modelo de Juicio por Jurado. Señalan que se trata de un debate sano y necesario que se orienta a profundizar el funcionamiento del modelo acusatorio adoptado por Chile en el año 2000, y destacan las ventajas que tendría.

Dan contexto a este tema destacando que de los 32 estados miembros de la OEA, 21 cuentan con modelos de participación ciudadana, y similar situación muestran dos tercios de los países de Europa. Por lo tanto, señalan que “la participación de ciudadanos y ciudadanas en la justicia penal no es una idea exótica o marginal”.

Los académicos plantean tres ventajas claras de este modelo; en primer lugar resaltan la imparcialidad refiriéndose al término Voir Dire, que se apoya en la idea de selección de un determinado número de ciudadanos y ciudadanas a las que las partes -fiscal y defensa- pueden preguntar y objetar para evitar conflicto de interés.

Como segundo punto, explican que este sistema de jurados permite una colaboración entre ciudadanas y ciudadanos y el juez o jueza. “Los sistemas procesales penales con jurados entregan a los jueces profesionales funciones fundamentales para que la labor valorativa de los jurados pueda realizarse correctamente”, afirman.

Y, finalmente, destacan lo exigente que resulta para los litigantes presentar un caso ante un tribunal de 12 miembros, -jurado clásico- que escucharán cada información proveniente de las pruebas y presentaciones de las partes, para luego deliberar. Lo anterior permitiría generar incentivos correctos para mejorar la calidad de la información y evidencia a presentar.

Para poder leer la columna completa se puede ingresar en el siguiente link.

 

Mauricio Castillo, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, publicó «Open Innovation, and Eco-Innovation: Dynamic Capabilities to Increase Corporate Performance of SMEs» coautoreado por Luis Enrique Valdés, en el Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. ENLACE: https://www.mdpi.com/2199-8531/7/1/8.

Actualmente, las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel de liderazgo en la mayoría de las economías del mundo. Por ello, buscan la competitividad tecnológica y la mejora de sus actividades de innovación. En este contexto, la innovación abierta y la eco-innovación son elementos importantes para lograr estos objetivos. 

Castillo explica qué significan ambos conceptos y por qué son relevantes para las pequeñas y medianas empresas:

La Eco-Innovación se refiere a actividades centradas en la mejora de productos y procesos que contribuyen al desarrollo sostenible. Por su parte, la innovación abierta consiste en un modelo de gestión mediante el cual las empresas pueden hacer uso intensivo de conocimiento tanto interno como externo para acelerar la innovación interna. 

Por esto, señala Castillo, la eco-innovación y la innovación abierta se refieren a redes complejas de socios y partners que cooperan a través de sistemas de innovación abiertos con prácticas entrantes y salientes para abordar desafíos y problemas que contribuyen al desarrollo sostenible.

En este marco, el propósito de este trabajo es analizar la relación entre capacidad tecnológica, innovación abierta y eco-innovación en el desempeño empresarial, probando un modelo de ecuaciones estructurales utilizando SmartPLS en una muestra de 684 pequeñas y medianas empresas en México. 

Los principales resultados del estudio –que son replicables en nuestro país, ya que el comportamiento de las Pymes en ambas economías es similar — muestran que las empresas que desarrollan innovación abierta y la eco-innovación mejoran su desempeño, medido en resultados financieros, por lo que es importante que se generen políticas que estimulen estos procesos. 

Además, el estudio demuestra que la capacidad tecnológica influye significativamente en las prácticas de innovación abierta y eco-innovación (aunque no directamente en el desempeño empresarial) y se confirman los efectos positivos que la eco-innovación y la innovación abierta tienen en el desempeño corporativo de las pymes. 

Estos resultados tienen importantes implicaciones en la literatura sobre capacidades dinámicas que no han sido probadas previamente. Para las empresas y los responsables de la toma de decisiones, muestra por qué deben fomentarse estas prácticas en las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, aclara el investigador del CiPP, en el contexto actual de las pequeñas y medianas empresas abordar estos desafíos es difícil. Las Pymes operan en condiciones de competencia compleja debido a su tamaño en relación con sus competidores. A menudo operan con recursos limitados, tienen escasez de habilidades especializadas y, en ciertas ocasiones poseen una pequeña base de clientes sobre las que tienen poco control. Además, en países menos desarrollados, estas condiciones se acrecientan,ya que además de presentar problemas de infraestructura tecnológica y políticas inadecuadas, existen mayores limitaciones de recursos y falta de cooperación.

 Aunque a diario en los mercados se desarrollan nuevos productos y modelos eco-innovadores, esto sucede menos en las Pymes. 

Por lo tanto, se hace necesario apoyar y fomentar este tipo de prácticas para que estas empresas tengan oportunidad de utilizar sus capacidades y seguir siendo competitivas. Esto resulta fundamental considerando que las Pymes son actores claves en el crecimiento económico e importantes generadores de empleo.

Finalmente, a la pregunta sobre, ¿Qué recomendaciones le haría a los tomadores de decisiones en el ámbito de las políticas públicas destinadas a promover la eco innovación y la innovación abierta en las Pymes en nuestro país?, Castillo propone las siguientes:

  • Primero, establecer marcos regulatorios nacionales que estimulen la decisión de las empresas sobre la eco-innovación.
  • Segundo, en cuanto al financiamiento de las prácticas de I+D+i, Chile tiene como desafíos:  mejorar el presupuesto disponible para esto y mejorar la aplicabilidad de los incentivos. Hoy la ley de I+D es utilizada por apenas un 21% de las empresas que realizan innovación y desarrollo.
  • Tercero, disponer de mecanismos que promuevan la transferencia e intercambio de conocimiento entre la academia y las empresas, especialmente con financiamiento público. Se podrían incorporar regulaciones y políticas que estimulen estas transferencias a las Pymes

 

Fuente: IBERO.mx

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, fue parte del equipo de investigadores que elaboró el Informe “Orientaciones y Recomendaciones para el Registro y Documentación de Desapariciones Forzadas”, proyecto conjunto de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Iberoaméricana de México, la Universidad Javeriana y la University of London-Goldsmiths College.

El documento, según IBERO, “formula y sistematiza un conjunto de recomendaciones prácticas, sugerencias y orientaciones que pueden ser valiosas ante la emergencia de tener que documentar y registrar desapariciones forzadas cometidas por el Estado, por particulares o involuntarias, en escenarios de violencia política, terrorismo de Estado, conflictos internos o guerras civiles, incluyendo operaciones de fuerzas armadas, policías secretas, paramilitares, insurgencia y crimen organizado”.

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP, y uno de los autores del texto, explica que este documento se constituye en una Guía que “ofrece un conjunto de recomendaciones prácticas que pueden ser muy valiosas para quienes quieran documentar y registrar desapariciones forzadas en escenarios de violencia política”. Además, explica que las recomendaciones “surgen de la experiencia acumulada en diversos sistemas de documentación que han sido construidos en América Latina”.

El informe fue elaborado en el marco del proyecto “Violencia política y gestión de violaciones de derechos humanos: circunstancias, usos y efectos del registro de la desaparición forzada. Lecciones desde una perspectiva comparada en las Américas”, patrocinado por el Fondo Newton.

Con respecto a la relevancia y el aporte del documento, Rojas contextualiza señalando que “En nuestro continente son frecuentes los actos de represión estatal, violencia política y étnica que ocurren por muchas razones y que vulneran los derechos fundamentales de las personas. Y es común que los grupos sociales y las comunidades reaccionen, se organicen y hagan lo posible por resistir a los atropellos de los derechos humanos”.

Señaló que una situación muy compleja desde un punto de vista humano ocurre cuando una persona desaparece. Cuando esto ocurre, surge el miedo, pero también se inicia la búsqueda y los seres queridos tienen la esperanza de encontrar a quienes han desaparecido.

En ese sentido, documentar los antecedentes es fundamental, así como que los registros sean realizados con rigor y profesionalismo, pues es fácil cometer errores en la construcción de archivos. La razón es porque los grupos organizados tratan de hacerse cargo de una emergencia.

“Por esta razón, generamos un conjunto de propuestas, recomendaciones y orientaciones que fueran de utilidad para todos los países que se encuentran en situaciones de conflicto, violencia, guerra civil, de modo que los sistemas de registro de antecedentes (referidos a desapariciones forzadas) sean construidos de la mejor manera posible, en consideración de las circunstancias adversas en la que se encuentran sectores de la sociedad que pueden estar siendo perseguidos”, explicó.

El investigador añadió que sistematizaron estas experiencias en 10 grupos de recomendaciones que abordan los temas más angustiantes de las tareas de crear, usar, evaluar y transferir un sistema moderno de registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos:

  • Planificación y conceptualización.
  • Participación de víctimas y ciudadanos.
  • Colaboración y trabajo en red.
  • Identificación de contenidos.
  • Uso de nuevas tecnologías.
  • Protección y seguridad.
  • Acceso a la información.
  • Difusión y pedagogización de los datos.
  • Capacitación
  • Reflexión.

 

Para poder tener mayor información, se puede ingresar en el siguiente link.

 

Fabian Pressacco e Ignacio Cienfuegos, investigadores asociados del CiPP, junto a Felipe Livert, todos académicos del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, realizarán un proyecto audiovisual para dar a conocer a los actores sociales los resultados de una investigación sobre el impacto del COVID-19 en la gestión y finanzas municipales, cuyos focos principales de atención fueron la eficiencia de mercado en las compras públicas durante la emergencia, y el efecto de la crisis sobre ingresos propios y transferencias.

El proyecto consiste en elaborar tres micro audiovisuales donde los investigadores responsables, con acompañamiento de imágenes y grabaciones, mostrarán los resultados de la investigación y sus implicancias para las políticas públicas subnacionales y futuras reformas en nuestro país. Para su difusión, se contará con el apoyo de organizaciones del mundo municipal.

Lo que se busca con este tipo de proyectos financiados, por primera vez, por el Fondo de Innovación y Creatividad en Investigación de la UAH, es traducir resultados obtenidos en investigaciones académicas previamente realizadas, para su divulgación en medios no académicos.

Por ello, el material audiovisual que se genere permitirá dar a conocer los resultados de la investigación realizada a un grupo amplio de actores sociales, como autoridades municipales (alcaldes/as y concejales) así como otros actores que se desenvuelven en el territorio comunal tales como organizaciones no gubernamentales, juntas de vecinos, y uniones comunales funcionales. También será un material de interés para quienes participarán de la convención constitucional.

La investigación que da origen a esta iniciativa es el proyecto “Impacto del COVID-19 en la gestión y finanzas municipales: Análisis de sostenibilidad financiera y resiliencia de la cadena de suministro de los municipios chilenos”, proyecto financiado por ANID mediante el Concurso Asignación Rápida ANID Proyecto COVID0419

Sus principales resultados muestran que:

  1. El sistema de financiamiento municipal tiene debilidades no sólo en relación al volumen de recursos que las municipalidades necesitan para atender razonablemente sus responsabilidades sino también desde el punto de vista de los márgenes de discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de entidades del gobierno central.
  2. Los municipios carecen de un rango razonable de autonomía en la definición de sus ingresos.
  3. Existe un sesgo político en la asignación de los recursos discrecionales que favorece a los candidatos del partido/coalición gobernante, incluso en el contexto de crisis sanitaria.

 

 

Eduardo Abarzúa, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH,  en Radio Cooperativa “Nuestra sociedad no garantiza mínimos de seguridad y protección social a las personas”.

En la entrevista, el académico se refirió al debate sobre los mínimos comunes a partir de las lecciones que nos deja la pandemia y su manejo; al rol que juegan las relaciones laborales en un modelo de desarrollo y a cómo incide la inequidad en la distribución de los ingresos en la paz social.

Sobre la pandemia, Abarzúa es claro en señalar que esta ha evidenciado la carencia de un sistema de protección social, y ante esto plantea la interrogante de cómo la sociedad logra garantizar mínimos comunes que permitan dar seguridad a las personas cuando ocurren eventos normales en su vida, como jubilarse o enfermarse, aspectos que hoy día nuestro sistema de protección social no asegura. 

Por otra parte, el académico se refiere a cómo se ha manejado la pandemia en el ámbito internacional, y afirma que los países están hablando hoy día de cambiar lógicas de desarrollo. “Muchos países dicen que deben asegurar el autoabastecimiento de determinados productos básicos en contexto de pandemia. Nosotros tenemos que desarrollar lógicas nuevas de cooperación internacional porque este es un problema global. Nosotros todavía como país nos quedamos detenidos en una lógica transaccional sin meternos aún en un problema global”, comenta Abarzúa. 

Sobre las relaciones laborales y el rol que juegan en un modelo de desarrollo y en un sistema de relaciones sociales, el investigador del CiPP señala que por lo general se tiende a minimizar las relaciones laborales al nivel individual, como la administración de los contratos, las formas de  pago, etc, pero desde el punto de vista más conceptual, Abarzúa explica que las relaciones laborales son todo tipo de relaciones que se dan entre la empresa y el trabajador y qué es lo que se resuelve allí, es decir, las condiciones de trabajo, y los beneficios que reciben cada una de las partes por el trabajo que se desempeña.

El académico también planteó que la paz social solo se consigue con una buena distribución de la riqueza. “Nosotros en Chile tenemos que la mitad, el 50% de la gente que está empleada, recibe ingresos bajo los $500.000. Eso demuestra o explica que hay una mala resolución de los temas de condiciones de trabajo”. 

Para escuchar la entrevista completa se puede ingresar en el siguiente link enlace

 

Humberto Borges, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, “El crecimiento del país se lo están llevando los grupos que tienen las rentas más altas”.

En su intervención en el Seminario de difusión de la investigación contable CAPIC-USACH, el académico expuso sobre la desigualdad tributaria en nuestro país en  momentos de crisis social y pandemia. Señaló que si se analiza la estructura tributaria del país los últimos años, es posible señalar que Chile está siendo afectado por dos grandes desigualdades, una desigualdad tributaria y una territorial.

A modo de contexto, Borges señala que si bien la CEPAL ha señalado que Chile es el segundo país de la región con menos impacto en pobreza por la pandemia, la pobreza existe y es grave. Ante esto, el investigador explica que la situación social se ha agravado producto de la pandemia, y ha provocado un aumento de los índices de desempleo, muchos de los cuales no se van a recuperar a raíz de la digitalización masiva.

Luego de analizar la distribución de los ingresos tributables por tramo de renta en los periodos 2010, 2013, 2016 y 2019, concluye que los grupos de mayores ingresos han ido aumentando su renta en el tiempo, y son ellos quienes se están llevando el crecimiento del país.

En cuanto a la Desigualdad Territorial, Borges plantea que la población en la Región Metropolitana está teniendo un Ingreso per cápita mayor que el resto de las regiones, y específicamente las más afectadas son La Araucanía y El Maule, y en tercer lugar Valparaíso. “No hay una buena distribución de ingresos entre las distintas regiones del país”, dice. Esto tiene una explicación, y es que la mayor cantidad de rentas se encuentran ubicadas en la Región Metropolitana (67%) y el resto (33%), está repartido entre las regiones restantes.

Concluye su exposición con algunas propuestas, una de las cuales consiste en disminuir el IVA y aumentar el impuesto a las personas. Señala que el IVA es un impuesto muy regresivo, por lo que se debería crear una canasta básica con productos elementales, que considere alimentos, educación y medicamentos afectos a una tasa del 5% (excluyendo los alimentos altos en azúcares y grasas saturadas), mientras los demás productos serían afectados con el actual 19%.

Para poder ver la ponencia completa se puede ingresar en el siguiente link:

 

Al examinar cómo los maestros descubren, viven y definen su llamado a enseñar, este estudio cualitativo sobre maestros veteranos en diferentes países de las Américas introduce cinco arquetipos de llamamientos: los oyentes, los mártires, los encarnadores, los constructores y los elegidos. Cada uno de ellos retrata un aspecto particular de la experiencia de tener un llamamiento para enseñar. Las narrativas de estos cinco maestros, aumentadas por los 76 profesores entrevistados que se agrupan dentro de estas narrativas focales, iluminan el poder de llamar y sugieren un replanteamiento del papel de la espiritualidad en el trabajo y la identidad de los maestros.

Enlace fuente del artículo: enlace

 

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, “La nueva constitución debiera decir expresamente que el Estado de Chile es multicultural y plurinacional”.

El académico participó del webinar “Diálogo Constituyente entre Chile y Canadá: los derechos de los pueblos originarios” realizado en el marco del proyecto denominado “Improving access to civil justice in Latin America”, donde abordó el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de Chile.

Se mencionó un estudio de la Universidad Católica que reveló que el 55% de la población espera que Chile se declare como un Estado multicultural, mientras que un 16% apuesta por la idea de declararlo como Plurinacional. A partir de esto, se plantea la interrogante: en el caso de que se concrete este reconocimiento, ¿en qué términos debiera darse? ¿por qué, cuáles son las opciones y variantes, entre otros elementos?.

Rojas plantea que en el constitucionalismo latinoamericano la terminología que se utiliza no es uniforme, pues en ocasiones se hace referencia a pueblos indígenas, naciones, etnias, comunidades, población indígena, población campesina, entre otras. A raíz de esto, el investigador señala que  sea cual sea la noción que se emplee, ésta tendrá repercusiones jurídicas; porque el Derecho internacional determina algunos estatutos diferentes para cada una de estas categorías; no es lo mismo si se habla de pueblo o de minoría.

Su propuesta, por tanto, es que en la Constitución se diga expresamente “El Estado de Chile es multicultural y plurinacional”. “Uno podría incorporar los dos conceptos en la Constitución”, afirma.

Durante su presentación destaca como un elemento positivo que la sociedad chilena esté empezando a tomar conciencia de la importancia de valorar la diversidad cultural y de reconocer a los pueblos indígenas. Sin embargo, también señala que existe un desconocimiento en cuanto a la verdad de lo sucedido durante siglos que llevamos de República. Señala  que el Estado chileno, además del reconocimiento, debiese crear una comisión de verdad para este tema en particular.

“Si nosotros esperamos que el sistema de justicia estatal considere adecuada y debidamente las costumbres y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, en la aplicación de la legislación vigente, lo primero que tendríamos que hacer es revisar cómo el derecho estatal se está refiriendo y reconoce el derecho consuetudinario indígena”.

Para revisar el webinar completo, se puede ingresar en siguiente link:

María Paola Sevilla, Cristobal Madero, y Leandro Sepúlveda, investigadores asociados del CiPP: “Volver a clases es solo parte de la solución, se requiere incorporar los aprendizajes de estos 15 meses de pandemia”.

Los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes para el conjunto de estudiantes del sistema educativo arrojaron resultados poco sorprendentes en consideración a la pandemia que vivimos: en todos los niveles existen rezagos en los aprendizajes. Un terremoto que afecta a todos (y muy particularmente a los más pobres), y que exige no solo “la vuelta a clases”, sino volver incorporando lo aprendido en estos 15 meses. La pregunta a responder es ¿cuáles son los desafíos futuros que deberían abordarse desde el punto de vista de las políticas públicas de educación y las discusiones y debates que se dan en torno a ellas?

Lo primero es pensar la escuela como un lugar para aprender, pero principalmente para la sociabilidad y el aprender con otros. También centrar esfuerzos en las estrategias de retención de estudiantes en el sistema escolar, toda vez que la crisis económica afectará a muchas familias. Junto a lo anterior, avanzar hacia “un nuevo trato” con el profesorado, reconociendo que sin ellos y ellas, ni la educación a distancia, ni el retorno a la presencialidad es posible. Finalmente necesitamos priorizar esfuerzos en la formación diferenciada técnico-profesional. Posiblemente, estos estudiantes son quienes han sido los más afectados en esta crisis sanitaria, ya que el aprendizaje práctico, tanto en los talleres como en los puestos de trabajo se ha visto interrumpido, sin opción a planes alternativos eficientes.

Fuente: Revista Observatorio Económico FEN-UAH

Carlos J.García, investigador del CiPP y académico de la UAH en Revista Observatorio Económico: “ La defensa sobre la independencia del Banco Central ha estado rodeada de afirmaciones que están lejos de corresponder a un análisis desapasionado, más bien es una defensa cerrada a la autonomía existente …”.

En su artículo, García reflexiona sobre la autonomía del Banco Central y analiza los elementos que, a su juicio, requieren ser evaluados y ojalá cambiados, para que esta entidad sea una institución plenamente acoplada al sistema democrático.

Señala que la defensa sobre la independencia del Banco Central ha estado rodeada de afirmaciones que están lejos de corresponder a un análisis desapasionado, más bien es una defensa cerrada a la autonomía existente, como si la única alternativa a esta fuera volver a una entidad supeditada a las necesidades de financiamiento del Gobierno.

Si bien reconoce que en los años en que ha funcionado esta autonomía en Chile los resultados han sido en general buenos porque la política monetaria fue la adecuada, en ciertos episodios los elementos rígidos heredados del régimen militar han ocasionado importantes problemas que es momento de evaluar y, ojalá, cambiar, para que el Banco Central sea una institución plenamente acoplada al sistema democrático.

¿Cuáles son los pasos que propone el investigador?

Un primer paso es reconocer que nuestra política monetaria ha funcionado con diversos objetivos, inflación y actividad, y en ocasiones también cambiaria.

Un segundo paso es el perfeccionamiento de la autonomía lo que implica modificar la estructura y gobierno del Banco Central para que acople plenamente a la democracia y deje su origen autoritario en el pasado.

Luego de revisar varios ejemplos internacionales, termina diciendo que el tipo de reformas que requiere nuestro Banco Central para fortalecer las conexiones de su autonomía con la democracia son: aumentar formalmente el número de personas involucradas en el proceso de tomas de decisiones, incluido miembros externos; separar las funciones de administración del banco de las decisiones de política; una transparencia y accountability absoluta y finalmente, una rotación más alta de todas las autoridades que toman las decisiones de política monetaria, estabilidad financiera y administrativas.

Para leer su artículo completo, revisa el siguiente link.

Fuente: Revista Observatorio Económico FEN-UAH

Humberto Borges, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, en Revista Observatorio Económico, analiza el crecimiento de los ingresos personales tributables al Impuesto Global Complementario (IGC), en el período 2010-2019, como medida de desigualdad en nuestro país.

El autor busca aportar información al debate nacional sobre la necesidad de realizar cambios en el sistema tributario, como iniciativa para disminuir la desigualdad y paliar los grandes gastos generados por la pandemia del Covid 19.

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Fuente: La Tercera

Fabián Pressacco y Federica Sánchez en La Tercera: “El voto obligatorio solamente podrá ayudar a resolver el problema de la baja participación si su implementación se acompaña de estrategias para enfrentar el problema de la desafección política”.

El investigador asociado del CiPP, Fabián Pressacco, junto a Federica Sánchez, ambos académicos de la UAH, publicaron una columna de opinión en La Tercera donde reflexionan sobre el voto obligatorio a partir de la media sanción que este obtuvo en el Congreso, nueve años después de haber sido reemplazado por el sistema de voto voluntario en 2012.

Afirman que la discusión de esta nueva reforma responde en gran medida a los niveles de participación observados en las sucesivas elecciones realizadas en el país con el sistema de voto voluntario.

Sobre la participación en sí, comentan que está sesgada por el nivel socioeconómico de los ciudadanos. “Aquellos individuos con mayores niveles de ingreso y mayor educación suelen votar más que los que pertenecen a sectores socioeconómicos vulnerables”.

El problema de la baja participación se encontraría en que quienes votan y quienes no, son sustancialmente distintos y tienen preferencias diferentes. Un bajo porcentaje neto de participación no sería un problema si este fuera transversal, es decir, representativo. Por ende, una baja participación genera, consolida y reproduce desigualdades políticas.

¿Cuál sería la propuesta? Ambos investigadores plantean que el cambio hacia el voto obligatorio, el cual aseguran es un proceso lento, debe ir acompañado por una estrategia de largo plazo en materia de educación cívica. La obligatoriedad del voto ayudará a resolver el problema de la baja participación sí y sólo sí, a esto se le añaden estrategias para enfrentar la desafección política por parte de la ciudadanía; he ahí la emergencia de la política chilena contemporánea.

Para leer la columna completa se puede ingresar en el siguiente link.