Se debe investigar las causas del alza de los alimentos
En los últimos días, el Director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, habló en diversos medios sobre las alzas de los alimentos, tras el llamado de parlamentarios a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar una posible colusión en el alza de los alimentos.
El académico y asesor de la FNE se refirió al tema en una entrevista dada al programa La Redacción de la Red el 22 de abril, donde destacó la importancia de investigar esta situación, ya que podría ser causa de otras razones y no de la colusión. “Una investigación rápida con todos los recursos de que dispone la Fiscalía Nacional Económica y eventualmente otras instituciones que puedan investigar temas de consumidor, como el mismo Sernac, pero en este caso la fiscalía económica que averigüé, que vea las razones por la cual los precios están subiendo”, señaló a la Red el economista.
También se puso en el escenario de que la colusión sea descartada, al igual que algún tipo de abuso anticompetitivo. “Nos quedamos con precios muy altos y con la población pasándola mal yo preferiría encontrar donde están las personas que requieren el apoyo hoy día e ir a esas personas”, sostiene el académico.
En tanto, en una columna de opinión publicada el 28 de abril en el medio on line Ex-Ante, el investigador también analizó el aumento de precios, especialmente en los aceites de cocina. Eduardo Saavedra explica que las alzas de precios en los alimentos obedecen a la guerra en Ucrania y a la presión inflacionaria derivada de la mayor liquidez que ha tenido la población chilena. “Ambas explicaciones podrían dar cuenta de una inflación anualizada del rubro alimentos que duplique a la de toda la canasta del IPC, pero me parece que no explican por qué el precio de los alimentos como los aceites de comida dupliquen su valor en menos de medio año, ni menos explican que estas alzas se verifiquen preferentemente en supermercados, muy por encima de las alzas de los mismos productos que se observan en ferias libres”, acota el investigador.
Saavedra dice que la inflación anualizada de alimentos sea el doble que la de toda la canasta del IPC se debe probablemente al embargo del aceite de girasol producido en Rusia y Ucrania, producto de la guerra, que eleva de inmediato su precio y el de todos sus aceites sustitutos. “Esta situación podría llevar a que quienes ofician de mediadores entre la producción y el consumo especulen acerca del futuro del mercado y, como consecuencia, acaparen estos productos que se hacen más escasos, pero que al ser de primera necesidad mantienen una demanda relativamente estable en el tiempo”, puntualiza el economista.
“Acaparar productos es validado en la jurisprudencia comparada como una posible práctica de abuso de posición de dominio, no siendo ni necesaria ni suficiente para demostrar un delito muy diferente como sería una colusión de precios”, opina Saavedra. Agrega que lo que parece más delicado es la constatación que las alzas de precios en los alimentos se habrían evidenciado con más fuerza en supermercados que en ferias libres. “La FNE puede no sólo investigar posibles acuerdos colusivos, sino también otras prácticas de abuso en contra de los consumidores que podrían configurarse en los mercados dominados por las cadenas de supermercados”, concluye Saavedra.
Fabián Pressacco, investigador del CiPP y académico de la UAH: “No hay ´luna de miel´ y parece que nuestras pasiones y mezquindades están negando el espacio necesario que requiere cualquier gobierno para aterrizar y hacerse cargo de la conducción de un país”.
Los primeros días del gobierno de Gabriel Boric
por equipo CiPP
El Presidente, Gabriel Boric, calificó su primer mes de mandato como el despegue de un avión con turbulencias y llamó a sus ministros a reconocer las falencias en un balance que realizó junto a su gabinete en la Casona Compañía del barrio Yungay.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fabián Pressacco, en entrevista con el CiPP, afirma que estamos frente a una coalición novata que ha tenido ciertos tropiezos o pasos en falso y una cierta lentitud en los nombramientos para cubrir cargos. “Cuando Boric junta al gabinete en esa mini cumbre, en el fondo se hace una autocrítica y creo que eso está bien, pero a los gobiernos se los juzga por las cosas que hacen y no por los relatos que logran articular en torno a sus problemas”.
Pressacco señala que las polémicas que se han generado con las declaraciones de la ministra del interior, Izkia Siches, no han sido fáciles para el Presidente. “Yo diría que lo que hemos visto son tropezones del gobierno y no solo de ella que es un personaje muy bien valorado por la ciudadanía al ser la primera mujer que ocupa este cargo, pero le juega en contra no pertenecer a un partido político que la respalde y la apoye”.
El académico recalca que una de las tareas más desafiantes que tiene Gabriel Boric es alinear a una colisión muy heterogénea. “No nos olvidemos que Apruebo Dignidad es un conglomerado diverso y esto se acentúa al incorporar a algunos sectores de la ex Concertación pero que con su ingreso permiten al gobierno ganar sustento político y seguridad para desplegar su programa”.
El cientista político advierte que observa en la sociedad chilena mucha rabia y frustración señalando que hay algo que está pasando que tiene que ver con una sociedad con poco margen y paciencia. “No hay ´luna de miel´ y parece que nuestras pasiones y mezquindades están negando el espacio necesario que requiere cualquier gobierno para aterrizar y hacerse cargo de la conducción de un país”.
El quinto retiro
El rechazo de la Cámara de Diputados a la opción de legislar un proyecto para un quinto retiro de los fondos previsionales de manera universal, que fue impulsado por parlamentarios, y también la iniciativa acotada que fomentaba el pago de deudas presentada por el Gobierno es otro de los frentes que debió enfrentar el nuevo mandatario.
Tras el resultado negativo de ambos proyectos, Boric dejó abierta la posibilidad de solicitar que el Senado revise la posibilidad de retomar la discusión del retiro acotado, una vía que existe al tratarse de una iniciativa presidencial. “El gobierno siempre estuvo en contra del quinto retiro por lo que no está tan claro que la ciudadanía le pase la cuenta. Habrá que ver si insiste con su propuesta en el Congreso”.
Para Pressacco el gran apoyo que muestra la ciudadanía a los retiros esconde un profundo rechazo al sistema privado de pensiones de Chile criticado por las bajas jubilaciones que otorga. “La gente apoya los retiros, aunque no tengan dinero en su cuenta previsional, porque rechaza el sistema de las AFP y por lo tanto es necesario avanzar en la agenda legislativa para un cambio del sistema previsional; o, mejor dicho, para crear un sistema previsional”.
La nueva constitución
El otro frente que preocupa al gobierno, puntualiza el académico, es la Convención Constitucional. “Si bien no es responsabilidad del gobierno, a este le afecta si se da un escenario que en el plebiscito de salida gane el rechazo. Sería una derrota para las ideas que el gobierno promueve”.
Hay un sector del país, destaca el académico, que está en desacuerdo con la opción de tener una nueva constitución “y es verdad que en términos electorales representa un sector minoritario pero que es muy fuerte en su capacidad de movilizar recursos políticos a través de la prensa, estudios de opinión, etc.”.
Pressacco recalca que sería lamentable que todo este proceso no logre instalar en Chile una nueva carta magna. “A mi parecer sería un gran daño para el país porque nos ha costado mucho defender un camino que es institucional para poder hacer reformas profundas que Chile quiere y necesita. Si esto fracasa va a surgir la pregunta ¿y entonces cómo? Y tampoco vamos a poder volver a levantar un proceso como este a la vuelta de la esquina. Esto es un esfuerzo gigantesco y por lo tanto el rechazo al nuevo texto constitucional implicaría clausurar esta posibilidad por lo menos por un tiempo”.
Enrique Rajevic, investigador del CiPP y académico de la UAH, en el primer ciclo de reflexión 2022 de ADAD:“Creo que el gran desafío es garantizar un sistema de empleo público profesional donde predomine el mérito y la capacidad”.
Esta afirmación la hizo Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado en el primer ciclo de reflexión 2022 de la Asociación de Derecho Administrativo ADAD. La actividad abordó el tema “Función pública: reflexión y cambios estructurales al régimen normativo vigente”, y se realizó por vía remota el 30 de marzo pasado.
Rajevic planteó la necesidad de separar el mundo de la exclusiva confianza del servicio civil. Agrega que hoy día es un sistema que no es consistente con el mérito y la capacidad, ya que tiene un elemento de exclusiva confianza muy fuerte que lo transforma en una especie de híbrido en el que desde su perspectiva termina predominando la confianza sobre el mérito.
Además, se refirió a la necesidad de regular los derechos colectivos, materia que en nuestra normativa constitucional está al debe básicamente por no decir nada respecto de temas como la negociación colectiva y prohibir la huelga.
“Yo diría que el test de la blancura se va a hacer después que se apruebe el nuevo texto constitucional y no tengamos los problemas que tenemos. Osea si seguimos teniendo una jurisprudencia que tiene que ir rellenando los problemas, si seguimos teniendo honorarios bajo subordinación y dependencia, si seguimos teniendo un régimen de contrata que finalmente hace que la carrera quede totalmente subordinada, bueno quiere decir que no funcionó”, comenta el investigador. “Yo creo que los grandes desafíos son implementar esto a nivel legislativo y definir un régimen transitorio que se haga cargo de la realidad que tenemos hoy día”, sentencia Rajevic.
Si quieres ver y escuchar la exposición del profesor Enrique Rajevic, pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=A2BLn5bWm6k&feature=youtu.be&ab_channel=Asociaci%C3%B3ndeDerechoAdministrativoChile%7CADAD
Con llamado a una transición eco-social responsable
Chile inició el primer ciclo de seminarios de la iniciativa “Plaza de la Innovación y la Cohesión Social: Las Políticas Sociales ante las Transiciones Globales”.
Con la presencia de diversas autoridades nacionales e internacionales se dio el vamos al seminario “Por una transición eco-social. Diálogo eurolatinoamericano sobre el desafío de las políticas sociales en la transición ecológica” organizado por el Programa de la Unión Europea, EUROsociAL+, y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en alianza con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de Chile y el Observatorio Social Europeo.
Una de las principales materias abordadas en la cita fue la preocupación por la transición hacia una economía donde los modelos de desarrollo sostenibles conllevan costos sociales significativos que, si no son identificados y aminorados, van a profundizar la desigualdad existente en la mayoría de los países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe.
Respecto a este punto el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker, precisó que “si nos centramos en los desafíos de las políticas sociales en la transición ecológica, estaremos de acuerdo en que estos desafíos son urgentes, críticos y estratégicos en tanto nos sitúan directamente en la necesidad de generar acuerdos para lograr sociedades más justas y protectoras del patrimonio natural sin los cuales la vida en el planeta –tal y como la conocemos– no será posible”, añadiendo que ”el nuevo contrato social esperamos que conduzca a una nueva Europa climáticamente neutra para ir saliendo de los impactos negativos del cambio climático aquí en Chile como en muchos otros países de América Latina”.
Por su parte, la Secretaria General de la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA), Antonella Cavallari, afirmó que “la IILA ha hecho de la sostenibilidad ambiental un eje central de toda nuestra agenda. No sólo es un objetivo como tal, sino también una dimensión que permea nuestras acciones en diferentes campos como la igualdad de género, la cohesión social, y las pymes”. Además, destacó el valor de este tipo de seminarios ya que “nos encaminamos a culminar la fase actual del programa europeo euro social y tratamos de hacerlo de la mejor manera con una mirada hacia el futuro y en particular a los desafíos de innovación de las políticas de bienestar social ante los grandes cambios que estamos viviendo en América Latina y Europa”.
Sobre estos cambios sociales habló en la inauguración del evento la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, Francisca Perales, indicando que “hablar de cohesión social como un eje que ordene la política social en Chile es algo fundamental. Hemos estado debatiendo que una de nuestras líneas estratégicas para el Ministerio es precisamente cómo se construye un estado de bienestar donde las políticas sociales tengan como eje esa cohesión social, generar bienestar colectivo y poder adaptarse a los desafíos del siglo XXI donde, precisamente, la crisis hídrica y la crisis climática son algo que también afecta a las desigualdades de los y las personas que habitan los territorios”.
Quien también abordó la realidad nacional fue el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien en su intervención hizo hincapié en “la necesidad de incorporar una perspectiva feminista, de preocuparnos de construir trabajo decente y, por lo tanto, de asegurar que las transiciones que necesita el planeta y el país sean justas y un desafío de todos y todas. Como Estado, como Gobierno, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, compartimos estos principios y estos desafíos son parte de nuestro programa de gobierno”.
En tanto el Director académico del CIPP y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, planteó como interrogante “de qué manera América Latina podrá hacer la transición desde el modelo extractivista cuando la demanda mundial sigue siendo por productos que Latinoamérica regularmente genera y envía en bruto” poniendo como ejemplo la situación del litio en Chile. “Es difícil que tengamos la capacidad que tiene Corea para innovar y hacer las baterías de litio que hoy se requieren”, agregó.
Finalmente el Director Ejecutivo (s) de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Enrique O’Farrill, destacó la importancia del ciclo desarrollado por EUROsociAL “ha sido un apoyo indiscutible al desarrollo de políticas públicas más inclusivas, equitativas y democráticas, permitiendo el intercambio de buenas prácticas con expertos y expertas europeos y europeas que aportan con experiencia y capacitaciones que inciden positivamente en los cambios que Chile necesita para transitar a un desarrollo más sostenible e inclusivo en América Latina”.
Además, precisó que Chile “se encuentra atravesando cambios que impactan la economía, los medios productivos, el medio ambiente y la sociedad. Cada vez es más importante considerar la horizontalidad y la inclusión social como piso para la transición al desarrollo, involucrando a las comunidades locales y a la sociedad civil, orientando las políticas públicas hacia enfoques de consumo y producción más sostenibles”.
Para finalizar, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva expresó su satisfacción porque este seminario haya permitido instalar temas que hoy son importantes para la sociedad. “Ha aparecido en este encuentro la realidad a la que nos debemos de distintas maneras: los problemas, la crisis socio ambiental, la desigualdad, la pobreza, los desafíos futuros. Y el mundo académico tiene un papel que jugar en diálogo con los demás actores. Espero que nuestro Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, siga generando este tipo de espacios de reflexión a futuro”, expresó.
La actividad realizada en el aula magna de la Universidad Alberto Hurtado se enmarca en un ciclo de seminarios que se están llevando a cabo en la región. Los próximos webinarios están programados para el próximo 22 de abril en Buenos Aires, Argentina y el día 26 en San José de Costa Rica, en los cuales se abordarán los sistemas de cuidado y los desafíos en el mundo del trabajo, respectivamente.
Puedes volver a ver este seminario, y conectar con los próximos, en el siguiente link.
Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH: “En su primer mes, el gobierno ha mostrado claras dificultades en el manejo de agenda pública, apareciendo más bien reactivos a las problemáticas emergentes”.
La búsqueda de un nuevo sello comunicacional
Por equipo CiPP
La forma en que se comunica todo gobierno es clave para generar los apoyos y la legitimidad necesaria en el actual contexto social, es por esto por lo que en la actualidad los mandatarios enfocan la comunicación como un tema estratégico que se transforma en una herramienta clave para garantizar el éxito de toda gestión gubernamental.
La investigadora del Centro interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Directora del departamento de Periodismo de esta casa de estudios, Ximena Orchard, fue entrevistada por el equipo CiPP para conocer su visión sobre el desempeño comunicacional que ha mostrado el gobierno en sus primeros días de instalación. La investigadora señala que es evidente que el gobierno y sus nuevas autoridades están aún aclimatándose, ya que hablan desde un lugar muy distinto al que lo hicieron en la última década, y aún están buscando dar con la forma y tono adecuados.
Ximena Orchard, considera que el nuevo gobierno aún está buscando un sello comunicacional claro y enfatiza que “en su primer mes han mostrado claras dificultades en el manejo de agenda pública, apareciendo más bien reactivos a las problemáticas emergentes, y perdieron tiempo en polémicas evitables en torno a actuaciones de la Ministra Siches”.
La académica señala que durante el periodo previo al cambio de mando mantuvieron una comunicación afectiva y basada en marcar rasgos identitarios del nuevo Presidente. No obstante, afirma la periodista, una vez en La Moneda, eso se vuelve insuficiente, y secundario. “Ese sello puede mantenerse, pero debe complementarse con una estrategia más robusta de control de agenda pública, en la cual el gobierno logre instalar temas propios, transmitir mensajes de forma clara y unificada sobre los problemas contingentes, y cerrar flancos de conflicto”.
Para la investigadora del CiPP esta es una tarea tanto política como comunicacional que no son separables y cita los problemas que ha enfrentado la Ministra del Interior, Izkia Siches, “el gran aprendizaje es que el costo de errores no forzados es sumamente alto y, para el gobierno, significan perder el control de la agenda pública por muchos días”.
En estos primeros días del gobierno, destaca la periodista, hemos visto que hay una decisión de dar mayor protagonismo a los/las ministros/as y más bien hay una idea de replegar al primer mandatario. “Esto es comunicación política donde se busca proteger a las máximas autoridades, en este caso el Presidente, reservándose para las apariciones menos conflictivas, y que sean autoridades de menor rango como, por ejemplo, los ministros o subsecretarios, quienes arriesguen más capital político frente a temas complejos”.
Sin embargo, para la investigadora del CiPP esa estrategia tiene límites y cree que el gobierno para mostrar capacidad de conducción debe estar apoyado comunicacionalmente con el liderazgo del Presidente que hasta ahora muestra un correcto manejo comunicacional y claridad para transmitir las prioridades de su gobierno.
Las redes sociales como instrumento de comunicación
En estas semanas de instalación del gobierno muchas de las reacciones ante las primeras crisis han sido a través de las redes sociales y tanto el Presidente Gabriel Boric, como su círculo más cercano se han caracterizado por hacer varias declaraciones a través de las redes sociales. Para la académica es necesario realizar cambios “ya que las cuentas de redes sociales del Presidente, la Ministra Vocera de Gobierno o la Ministra del Interior no son hoy, ni pueden ser lo que eran hace un año atrás”.
La especialista destaca que el desafío que se tiene en este frente es mantener la posición de autoridad intentando retener algunos de los elementos de cercanía que los caracterizaron en el pasado. Y evitar asumir el sesgo de Twitter como perspectiva única para monitorear la opinión pública.
En la actualidad existe un plan de monitoreo permanente de las redes sociales por parte del gobierno aunque muchos analistas sostienen que el riesgo de una política comunicacional centrada en los medios digitales dejan fuera a muchos ciudadanos que todavía se informan a través de la televisión, diarios de papel y radios.
María Paola Sevilla, investigadora del CiPP y académica UAH: “Tanto estudiantes hombres como mujeres de la ETP afirman que la práctica profesional es una experiencia central en su trayectoria formativa y que es el espacio que tienen para poder aplicar los conocimientos adquiridos en contexto laboral real”.
Expertos destacan el valor de la práctica profesional en la educación técnico profesional
Con gran éxito se realizó el conversatorio online en UAH TV Digital “Equidad de género en las transiciones al mundo laboral” organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP UAH. El evento tuvo por objetivo reflexionar y debatir respecto a los principales desafíos de las políticas públicas para hacer frente a los nudos problemáticos que hoy día dificultan a las estudiantes mujeres de la Educación Técnico Profesional insertarse laboralmente en sectores económicos tradicionalmente masculinos y concretar sus aspiraciones de carrera.
En el encuentro se analizaron los resultados de un estudio que examinó los facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de prácticas profesionales y la proyección laboral de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la Educación Técnico Profesional (ETP), que fue realizado durante los años 2020-2021 por la UAH en alianza con CDUC Universidad Católica del Norte y el Instituto Profesional Virginio Gómez, y contó con el apoyo de FONIDE.
La presentación del primer panel donde participaron los autores de esta investigación, María Paola Sevilla y Mauricio Farías, estuvo a cargo de la directora ejecutiva del CiPP UAH, Ximena Concha, quien señaló “Tenemos el convencimiento que avanzar en equidad de género permite no solo responder a las demandas de una sociedad más justa eliminando barreras culturales, sino también mejorar la productividad de las empresas porque al incorporar mujeres se atraen nuevos talentos, perspectivas y visiones que contribuyen al mejor desempeño de las organizaciones”
La académica de la Facultad de Educación de la UAH e investigadora principal del estudio “Abriendo caminos: Prácticas profesionales de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la educación Técnico – Profesional (ETP)”, Paola Sevilla, señaló que la UAH desde hace varios años está estudiando la problemática de género en la educación técnico profesional y relató que al realizar esta investigación una de las situaciones que más les llamó la atención es que las estudiantes en rubros masculinizados no solo accedían menos a espacios de prácticas laborales o trabajos, sino que también eran más propensas a no continuar en la educación superior. “En los datos encontramos que mientras los estudiantes hombres continúan en los estudios superiores con un porcentaje del 75% y seguían en carreras relacionadas como las ingenierías, las mujeres lo hacían en menos de un 30 %”.
La investigadora del CiPP, María Paola Sevilla, afirmó que en base a estos datos comenzaron a investigar las experiencias educativas de las alumnas mientras estaban en estas especialidades vinculadas a rubros masculinizados y descubrieron que un punto determinante en la vida de estas estudiantes era la práctica profesional. “No solo era difícil conseguir estas prácticas, sino que muchas veces eran destinadas a labores que no estaban relacionadas con el perfil de egreso”.
María Paola Sevilla recalcó que uno de los hallazgos importantes de este estudio fue corroborar que los estudiantes de la educación técnico profesional valoran altamente las prácticas profesionales independientemente de la problemática de género y señaló que el estudio muestra que la práctica profesional tiene un gran valor para los y las estudiantes de la educación media técnico profesional como dispositivo de orientación vocacional. “Tanto estudiantes hombres como mujeres afirman que la práctica profesional es una experiencia central en su trayectoria formativa y que es el espacio que tienen para poder aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto laboral real”.
El coautor de esta investigación, Mauricio Farías, afirmó que en Chile falta mucho por hacer en términos de prácticas profesionales si se compara con la realidad de la educación técnica en países desarrollados donde estas instancias de formación parten mucho antes. “Los estudios muestran que estudiantes con menos de 15 años que han tenido experiencias laborales tienen mucho mejor empleabilidad, mejores salarios y están más contentos con sus carreras”.
Farías se refirió a las denuncias de acoso sexual que afectan a las mujeres durante el inicio de su vida laboral, incluida su práctica profesional, que son declaradas por las estudiantes de educación técnico profesional de la educación media y superior en este estudio. “Es urgente abordar esta realidad con protocolos claros. Nosotros invitamos a realizar acciones como por ejemplo que las empresas capaciten a sus trabajadores y que se entienda que estas prácticas no deben permitirse y en definitiva se haga ese cambio cultural”.
La segunda parte del seminario fue conducido por el académico de la Facultad de Educación de la UAH e investigador del CiPP, Leandro Sepúlveda, y participaron representantes del mundo público y privado, quienes se refirieron a los desafíos de las políticas públicas para dar respuesta a las interrogantes surgidas con esta investigación.
La primera intervención fue del Secretario Ejecutivo de Educación Técnico Profesional del Mineduc, Cristian Lincovil, quien destacó el aporte de la UAH con este estudio afirmando que deja en claro que la práctica profesional es un elemento vital en la formación de los estudiantes “Hoy aparece como un espacio donde los alumnos tienen una experiencia laboral pero muchas veces no es realmente un proceso formativo y creo que tenemos mucho que avanzar”.
Lincovil, relató que el Ministerio de Educación se ha propuesto que la educación técnico profesional sea vista y entendida como parte integral de la educación y deje de estar enfocada sólo a la formación para el trabajo. “Corresponde que sea un espacio de aprendizaje que permita la participación plena de los estudiantes y que nos permita acompañar un proceso de transformación social del modelo de desarrollo para avanzar en un modelo más humano y sustentable”.
También se refirió al problema de género en la educación técnico profesional afirmando que en este gobierno se trabajará con las comunidades educativas creando espacios de discusión y visibilización, destacando que se está trabajando en un nuevo curriculum para la educación técnica, que, entre otras cosas, busca terminar con la mirada sexista de la educación.
La asesora de Género de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc, Carolina Muñoz, agradeció a la Universidad Alberto Hurtado el aporte que hace con sus investigaciones desde hace años a la educación técnica. También señaló que el estudio plantea analizar el tema de la desigualdad como un problema público complejo. “Es un problema social de gran envergadura y amplio alcance que requiere de respuestas públicas integrales”.
Carolina Muñoz dijo que es importante que en la educación superior se incluya y amplie la mirada de género puntualizando que dentro de las respuestas más inmediatas que se pueden dar a la realidad que muestra este estudio está la ley de discriminación de género y acoso en la educación superior. “La ley no solo invita a hacer protocolos, sino que es explícita al señalar que las instituciones de educación superior requieren políticas integrales y para esto aborda esta problemática desde la aplicación de esta normativa hasta la prevención y sanción de estas conductas”.
En tanto, el representante de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, dijo que le llamó la atención de este estudio la difícil realidad que enfrentan estos estudiantes para conseguir prácticas profesionales “Me asombró lo que muestra el estudio en relación a las prácticas profesionales. Hay que hacer una política pública que genere esta integración y conexión entre los diferentes actores que participan en la educación técnico profesional”.
Mauricio Castillo Vergara, investigador del CiPP y académico de la UAH, publicó el artículo “Measuring open innovation in SMEs: an overview of current research”, junto a Omar Carrasco y Domingo García, en la Revista Review of Managerial Science (2022)
“Nuestros resultados pueden ayudar a los gobiernos a aumentar su conciencia para apoyar el desarrollo de las PYMES a través de medidas políticas de Innovación abierta”, así lo sostiene Mauricio Castillo, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien, junto a Omar Carrasco de la Universidad Central de Chile y Domingo García Pérez de Lema de la Universidad Politécnica de Cartagena, España, realizaron un estudio que combina la técnica bibliométrica con el análisis sistemático para indagar sobre la innovación abierta en las Pyme. El trabajo fue publicado en la prestigiosa revista Review of Managerial Science, referente en artículos de revisión que se sitúa en el cuartil Q1 con un alto factor de impacto.
La innovación abierta (Open Innovation) es una estrategia que adoptan las empresas para innovar mediante la incorporación de conocimientos tanto de fuera como de dentro de sus empresas, explotando su conocimiento y explorando el conocimiento de su entorno. El método adoptado para medir OI es heterogéneo debido a la amplitud del concepto y la aplicación de varias métricas y prácticas de OI. Este estudio analiza los diversos métodos utilizados para medir el OI a través de una revisión sistemática de la literatura empírica.
Para cumplir con este objetivo, se implementó un enfoque metodológico de dos pasos: primero, una revisión sistemática de la literatura, y segundo, un análisis bibliométrico. Finalmente, se seleccionaron 125 artículos empíricos de 2009 a 2020 de las bases de datos Web of Science y Scopus. Los resultados muestran que la literatura empírica utiliza una amplia variedad de métodos para medir las actividades de OI. Si bien esto aumenta la riqueza del concepto, dificulta el desarrollo de la teoría. Con base en la revisión sistemática de la literatura realizada, es claro que existen diferentes perspectivas relacionadas con la medición de OI:
(1) fuentes de conocimiento externo, conocimiento interno y colaboración;
(2) explotación de tecnología y exploración de tecnología;
(3) entrante, saliente y acoplado; y
(4) apertura.
Este estudio tiene implicaciones importantes para los investigadores y los gerentes de las PYMES, los ayudará a desarrollar una mejor comprensión de cómo se pueden medir las actividades de OI.
Este trabajo tiene importantes implicancias. “Desde una perspectiva académica, el estudio puede ser de ayuda para los investigadores, ya que pueden centrar su atención en los problemas más novedosos y menos investigados para promover avances metodológicos y desarrollar una mejor comprensión de Innovación Abierta en las PYME”, plantea el académico.
Desde una perspectiva empresarial y de política pública, el estudio facilita a los gerentes y agentes públicos desarrollar una mejor comprensión del amplio alcance de las medidas y prácticas de innovación abierta. Las PYMES han adoptado innovación abierta para reaccionar activamente a los cambios del mercado, satisfacer las demandas de los clientes o desarrollar nuevos canales de venta. “Por lo tanto, la clasificación de estas prácticas ayudará a los gerentes o dueños de negocios a identificar las variables que han permitido a las PYMES desarrollar ventajas competitivas”, concluye Castillo.
Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH en El Mercurio: “(en la convención) se han promovido ideas para instalar un consejo o cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, idea que se aparta de la fisonomía y lógica orgánica de un ente persecutor criminal que debe ser eficiente, eficaz y oportuno en la persecución del delito”
El trabajo de la Convención Constituyente y sus comisiones especializadas tienen el mandato de revisar la institucionalidad en materia de justicia para mejorar su arquitectura, orgánica, funcionamiento, reglas y competencias de cara a las exigencias de un Estado de Derecho, generando pesos y contrapesos al interior del sistema judicial. Sin embargo nos estamos alejando de esa pretensión. Así lo cree Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien planteó esta visión en una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio el pasado 22 de marzo.
“Para ello era necesario erradicar de la Corte Suprema las funciones administrativas y de gestión, así como las atribuciones en materia de nombramiento y control disciplinario para evitar lesionar la independencia interna de los jueces”, sostiene Rafael Blanco. Eso se ve imposible de alcanzar con la fórmula de un Consejo de Justicia que favorece la politización del órgano y que solo logra trasladar el problema de un lugar a otro. Además, agrava los problemas de independencia interna al permitir evaluar el trabajo de los jueces y juezas en audiencias públicas contradiciendo la inamovilidad e independencia en la función jurisdiccional.
La idea era transformar a la Corte Suprema en “un genuíno órgano de casación que podría uniformar el derecho y dotar de mayor certeza al funcionamiento del sistema jurídico”, puntualiza el académico.
Con relación al Ministerio Público, señala que “Se han promovido ideas para instalar un consejo o cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, idea que se aparta de la fisonomía y lógica orgánica de un ente persecutor criminal que debe ser eficiente, eficaz y oportuno en la persecución del delito”, dice Blanco. Dichas instancias se configuran con cabezas unipersonales que permiten identificar responsabilidades y exigir rendiciones de cuenta de modo más claro.
Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, en Conversatorio sobre cobertura e información de la violencia de género en Chile: “Este es un tema relevante que se refiere a la comunicación con perspectiva de derechos humanos e incorporar la cobertura e información de la violencia de género en Chile es parte de esa agenda”.
Los medios de comunicación, la igualdad de género, la estereotipación y el manejo sexista de las noticias, la falta de datos sobre mujeres víctimas de violencia en Chile son los temas que abordó el conversatorio “Cobertura e información acerca de la violencia de género en Chile” organizado por el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.
La investigadora del CiPP y directora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, Ximena Orchard, destacó la realización de esta actividad y afirmó que abordar esta temática es de gran importancia. “Este es un tema relevante que se refiere a la comunicación con perspectiva de derechos humanos e incorporar la cobertura e información de la violencia de género en Chile es parte de esa agenda”.
Ximena Orchard, agradeció el trabajo impulsado por las académicas del Departamento de Periodismo de la UAH en diferentes programas de formación para los estudiantes como también a los grupos feministas que han permitido analizar estos temas y abordarlos desde otra perspectiva.
La académica, destacó a las alumnas y alumnos por el interés que han mostrado siempre frente a estos temas. “Nos han desafiado constantemente no solo a reflexionar, sino que a actuar e incorporar la perspectiva de género en su propia formación”.
El conversatorio fue moderado por la investigadora del CiPP y académica del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales, Amaranta Alfaro, y se enmarco en el Programa Anual de Vinculación con el Medio sobre Medios y Género en alianza con Wikimedia Chile y la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile
El encuentro contó con la participación de la feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Yoselin Fernández, quien afirmó que en los últimos años se ha progresado mucho en generar conciencia sobre estos temas y el rol que juegan los medios de comunicación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres destacando que hay un avance en las coberturas y tratamiento periodístico. “En este cambio hay un rol fundamental de las mujeres, las periodistas y de los movimientos feministas para instalar estos temas en la opinión pública”.
Yoselin Fernández enfatizó que en la actualidad existe un récord de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión en torno a cómo los medios de comunicación han abordado casos de femicidios. “Un ejemplo concreto es la gran cantidad de denuncias sobre el femicidio de Fernanda Maciel”.
Otra de las panelistas que participó en este conversatorio fue la directora ejecutiva de Wikimedia Chile, Patricia Díaz, quien declaró que en Chile no existe una cifra concreta de cuántos son los femicidios que hay en el país lo que provoca que no se pueda informar en forma certera de esta realidad. “No hay un apartado de violencia de género y de femicidio de Chile en Wikimedia como si lo hay de Perú, México, Brasil y Honduras”.
Patricia Díaz relató que en Wikimedia en español hay muy pocas mujeres a cargo de la edición de contenidos lo que influye en las temáticas que se abordan y recalcó que es urgente dar espacio y mostrar esta realidad.
La integrante de la Comisión de Observatorio y denuncia de la Red de periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, Magda Escobar, expuso que se han alcanzado importantes logros durante estos últimos años, pero recalcó que aún queda mucho por hacer y afirmó que sigue existiendo una deuda de responsabilidad de los medios de comunicación con las audiencias y sus trabajadoras. “Las periodistas muchas veces deben replicar líneas editoriales que no consideran la perspectiva de género ni de derechos humanos”.
Si quieres escuchar el conversatorio, sigue este enlace:
Te invitamos a participar del ciclo de seminarios que se realizarán en Chile, Argentina y Costa Rica los días 20, 22 y 26 de abril respectivamente.
1. Santiago, Chile / 20 de abril de 2022 / 10 AM:
Por una transición eco-social. Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de las políticas sociales en la transición ecológica
2. Buenos Aires, Argentina / 22 de abril de 2022 / 11 AM:
Los cuidados como cuarto pilar de los sistemas de bienestar social. Diálogo eurolatinoamericano en torno a los desafíos para avanzar
3. San José, Costa Rica / 26 de abril de 2022 / 10 AM:
Empleo, recuperación económica y transformaciones del mundo del trabajo. Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de innovación de las políticas activas de empleo
En este conversatorio se discutirán los resultados de un estudio que examinó los facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de prácticas profesionales y la proyección laboral de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la Educación Técnico Profesional (ETP). Asimismo, un panel conformado por representantes del sector público, mundo empresarial y organismos internacionales nos entregarán su visión respecto a cómo potenciar la equidad de género en las transiciones al mercado laboral fortaleciendo las prácticas profesionales de la ETP.
Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH: “Para establecer una ley de amnistía e indulto se requiere un cierto consenso o acuerdo con las diferentes fuerzas políticas”.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció que el gobierno dará suma urgencia al proyecto de indulto o amnistía que tratará de dejar libre a los presos del estallido social y que busca amnistiar a los detenidos en las manifestaciones sociales ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021.
En opinión de Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, el gobierno se adelantó al darle suma urgencia a este proyecto y sostiene que “para establecer una ley de amnistía e indulto se requiere un cierto consenso o acuerdo con las diferentes fuerzas políticas”.
Para Cienfuegos es primordial que el gobierno llegue a un acuerdo con los distintos sectores políticos y en especial con las fuerzas políticas que lo apoyan para dar una muestra de coherencia y unidad en torno a la propuesta. “Si el gobierno no llega a un acuerdo con los sectores que lo apoyan, difícilmente logrará convencer al resto”, enfatiza el académico.
El gobierno se enfrenta a una situación que lo complica porque fue una promesa en la campaña presidencial, sostiene el docente, quien agregó que “es una forma de dar señales a su base política y de cumplir una promesa de campaña, pero como ha reconocido el propio Ministro Jackson y señalado algunos parlamentarios oficialistas, faltó mayor trabajo “prelegislativo” para darle efectivamente viabilidad política al proyecto.
Humberto Borges, investigador CiPP y académico UAH: “ Todo gran cambio tributario debe tener una importante meta que haga posible la recaudación”
Falta comunicar el objetivo de la Reforma Tributaria
Por equipo CiPP
“Todo gran cambio tributario debe tener una importante meta que haga posible la recaudación” señala Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y director del Diplomado en Gestión Tributaria de Formación Directiva de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, quien recuerda el caso de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, donde el objetivo fue “educación gratuita y de calidad”.
La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric, dice el académico, es ambiciosa y necesita ser comunicada de forma atractiva. “Al gobierno le falta comunicar el objetivo de esta reforma tributaria, ya que recaudar por recaudar no es motivante. La meta debería estar enfocada a la pensión universal y a los cambios en el sistema de pensiones”, señala Borges.
El experto enfatiza que una reforma tributaria duradera no se debe mirar parcialmente y señala que los impuestos son una herramienta que pertenece a un sistema, y por tal motivo, al cambiar una parte de él se puede dañar el sistema completo. Un ejemplo de esto, agrega Borges, es la reforma generada para financiar la política de Educación Superior que generó descontento en la clase media y en las pymes, ya que se vieron afectadas con las modificaciones tributarias.
El diagnóstico realizado en la campaña presidencial por Gabriel Boric y su equipo sobre la desigualdad y la reforma tributaria le pareció muy acertado a Borges, “pero las soluciones pueden ser muy ambiciosas y podrían cometer el error, al no incentivar la innovación en algunas áreas claves o dañando a la clase media y baja, aumentando impuestos sin sentido”. Borges, agrega que hay que ser cautelosos a la hora de aumentar los impuestos, ya que no se obtendrán recursos al cobrar una tasa muy elevada que incentive a los inversionistas a irse del país y/o el surgimiento de negocios informales.
Reforma tributaria en dos fases
El académico de la Facultad de Economía y Negocios, Humberto Borges, señala que «desde el punto de vista político, es necesario dividir el proyecto», asegurando que aumentar el impuesto a la renta personal en los tramos más altos, elevar los gravámenes verdes e impulsar propuestas para disminuir la elusión tributaria, serían medidas que no debieran tener problemas para ser respaldadas por la oposición y tener una fácil tramitación en el Congreso. «Ese sería el primer paso», señala el investigador.
Borges explica que aplicaría en esta primera etapa un aumento a la renta personal en los tramos más altos. Las personas que ganan menos de $700.000 quedan exentas y luego, agrega el experto, se paga en forma escalonada de acuerdo con el segmento. “Para que se aprobara la reforma tributaria de Bachelet se transó el impuesto del tramo más alto, este es uno de los peores males ya que se disminuyeron las tasas o eliminó el impuesto al tramo de ingresos más altos, destruyendo lo progresivo del Impuesto Global Complementario (impuesto a las personas)”, acota el académico.
El investigador del CiPP afirma que en esta primera etapa de la reforma tributaria aplicaría impuestos verdes a las mineras con el objetivo de que se hagan cargo de toda la destrucción que provocan al medio ambiente. Sería un gravamen especial que podría ir disminuyendo en la medida que realicen mejoras a la zona donde se encuentran, opina Borges. “Siempre he pensado que debería existir un impuesto similar a la forma de cobro de la Mutual o la Asociación Chilena de Seguridad que te van bajando el valor si vas mejorando y en este caso se premiaría la inversión en el tema ecológico”, destaca el académico.
Otro caso de gravámenes verdes debería aplicarse a las salmoneras señalando que el impacto ambiental que ha causado esta industria en el sur es enorme y no se han hecho cargo, comenta el investigador.
Humberto Borges recomendaría en esta primera etapa buscar crear mecanismos para enfrentar la elusión tributaria y para esto plantea que se debe reformar la competencia del director del Servicio de Impuestos (SII) en lo referido a la capacidad de querellarse, y enfatiza que el cargo debe ser por carrera funcionaria y no por criterio de los gobiernos respectivos. “De esa forma, se evitarán los perdonazos a empresas y políticos, recobrando un poco de la credibilidad perdida por el SII. A su vez, se debe generar una política de persecución y recaudación de impuestos a evasores, lo que permitirá terminar con la percepción de que existen personas privilegiadas”, dice Borges.
El especialista señala que hay situaciones cometidas por el SII que lo hacen ver como una entidad poco equitativa. “El perdonazo a Johnson creó mucho ruido porque se le otorgó una millonaria condonación de impuestos. ¿Por qué no se hizo eso con las pequeñas empresas? se les cobra una multa e intereses altos (15 %) por situaciones de tributos impagos a Pymes y pequeñas empresas“. Humberto Borges dice que la elusión tributaria en Chile es una realidad que hay que combatir y cree que si se lograse controlar hay varios puntos del PIB que se podrían recuperar, pero debe existir una política equitativa con las distintas empresas.
El director del Diplomado en Gestión Tributaria de Formación Directiva FEN UAH, Humberto Borges, señala que dejaría para la segunda etapa de la reforma tributaria el impuesto al patrimonio, argumentando, que se requiere una muy buena planificación y trabajo de expertos para calcular el patrimonio real. “Hay que ser cuidadoso con este tema por ejemplo una persona que tiene tres propiedades le puede traspasar una a su hijo y baja el monto y por ende ya no paga el impuesto correspondiente. Hay miles de trucos que se pueden hacer para distorsionar el patrimonio”, enfatiza el académico.
En cuanto al royalty minero empezaría por aplicarlo a las empresas menos productivas que son aquellas mineras extractivas y que entregan menos valor al no refinar los minerales. “Se debe consensuar el royalty minero para que la ley afecte a las empresas menos productivas y que entregan menos valor al no refinar los minerales”, destaca el docente.
Afirma que se debe acordar el impuesto a los súper ricos, principalmente sólo afectando a grandes fortunas que se dediquen a la especulación y no a empresas productivas. Además, destaca que hay que trabajar un proyecto de eliminación de exenciones, enfocado en la eliminación de las rentas presuntas agrícolas y de transporte, pero consensuando con los actores de estas industrias con una política de apoyo en temas referidos a cambios de matriz energética, urgencias por la guerra en Ucrania y la sequía que afecta a la industria agrícola.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, en La Tercera, sobre la consagración en el proyecto de nueva Constitución de un Estado Regional y no unitario:Los esfuerzos por descentralizar al Estado unitario han logrado pobres resultados, parece lógico, por lo mismo, idear nuevas fórmulas.
El investigador del CiPP e integrante del núcleo constitucional de la UAH, Enrique Rajevic, escribió una columna de opinión en el diario La Tercera, titulada “Autonomía regional y unidad estatal” en la que reflexiona a partir de la natural preocupación que ha despertado la consagración en el proyecto de nueva Constitución de la autonomía de las regiones y comunas, en la lógica de un Estado Regional y no unitario -como ha sido desde el inicio de la República-.
Señala Rajevic que “dicha preocupación es fácil de entender, dado que esta norma podría perjudicar la gestión pública, pues un Estado de este tipo es mucho más complejo de administrar, junto con debilitar la unidad y la identidad de nuestro país. Sin embargo, los esfuerzos por descentralizar al Estado unitario, que ya estaban expresados en la Carta de 1925 y fueron profundizados por la de 1980 y sus reformas (hasta la elección de gobernadores/as regionales en 2021), han logrado pobres resultados, como lo demuestra la composición de la inversión pública comparada con otros países”.
“Parece lógico, por lo mismo, idear nuevas fórmulas – señala Rajevic -. Y a esto responde este Estado Regional”
La autonomía de las regiones aprobada por los constituyentes no es ilimitada, dice el académico, quien explica que lo acordado responde a los fines e intereses de la región y que las entidades territoriales deben gobernarse en atención al interés general de la República reconociendo la unidad estatal. A su vez también se reconocen entidades estatales centralizadas cuando la ley lo disponga por razones de eficiencia e interés general. Pese a estas disposiciones, para Rajevic, convendría mejorar el texto precisando las competencias específicas del Estado para asegurar un mínimo de estándares comunes y políticas para todo el país.
El modelo planteado puede ajustarse con las próximas discusiones sobre las atribuciones de la cámara territorial o las reglas comunes a la administración pública para garantizar su profesionalidad ante los gobiernos de turno, indica el académico.
Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: “El quinto retiro provocaría presiones inflacionarias extras y menos liquidez en el mercado de capitales”.
El equipo CiPP entrevistó a Carlos J. García para conocer su visión sobre la discusión instalada hoy en la agenda pública sobre un posible quinto retiro de fondos de las AFP. Conoce aquí sus opiniones.
El polémico quinto retiro, Por equipo CiPP
“Desde un punto de vista económico, los retiros anteriores cumplieron con el rol de mantener la demanda de la economía, sin ellos la economía se hubiera desplomado”. Así lo sostiene Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. En este momento ese rol ya pasó, ya que la economía se recuperó fuertemente y ahora tenemos en cambio presiones inflacionarias, advierte el especialista.
El hecho de que la coalición que apoyó los retiros anteriores no quiera respaldar el quinto retiro es un tema político, que va más allá de las razones económicas, comenta García quien agrega que “desde un punto de vista económico uno debiera cambiar de opinión dependiendo de las condiciones, puesto que lo importante es el bienestar del país”. Si se deteriora la situación del país durante este año por el shock energético, el docente cree que se deberán implementar las políticas fiscales y monetarias respectivas más que seguir retirando fondos.
El quinto retiro provocaría presiones inflacionarias extras y menos liquidez en el mercado de capitales, sentencia el académico. “Esto se explica por la mayor demanda de bienes y servicios que causaría y por las menores opciones de financiamiento de largo plazo”, puntualiza el investigador.
Frente a las iniciativas de ayudas gubernamentales a las personas, el académico señala que “el gobierno debería hacer lo que es correcto desde un punto de vista económico, más allá de presiones particulares”.
El investigador plantea que sin duda evitar los retiros ayuda a las AFP, pero en la actual coyuntura las razones de no más retiros van más allá de favorecer o no a esta industria. “Las AFP viven de administrar los fondos de pensiones, sin estos, obviamente el negocio de estas se termina”, puntualiza García.
Sobre la propuesta de un autopréstamo que permite que los afiliados puedan retirar hasta un 15 por ciento de sus fondos con un mecanismo de devolución, lo considera innecesario en la actual coyuntura del país.
Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH en conferencia internacional en Florida International University, analiza el proceso de justicia transicional chileno, desde 1990 hasta hoy, e identifica las variables principales que han contribuido a avanzar en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.
“La experiencia chilena (sobre justicia transicional) sigue despertando interés para las discusiones comparadas y también son de utilidad para quienes lideran transiciones políticas hacia la democracia, o esperan que en el futuro sus respectivos países transiten hacia una democracia”, así lo cree el académico UAH, Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP UAH) e Investigador del Instituto Milenio sobre Violencia y Democracia (VioDemos)
Rojas formuló estas y otras ideas en la Conferencia “Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional en el Futuro de Cuba”, realizada los días 19 y 20 de febrero en la Facultad de Derecho de Florida International University, en el marco del VII Encuentro Anual “Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba” organizado por el Centro de Estudios de Convivencia (CEC-Cuba).
El académico explicó que en esta conferencia participó un grupo de expertos en derechos humanos y justicia transicional, que se refiere a cómo las sociedades responden al legado de violaciones masivas y graves de los derechos humanos.
Respecto a su participación, comenta que “Se me pidió que efectuara una evaluación del proceso de justicia transicional que ha ocurrido en Chile desde 1990 hasta hoy, tratando de identificar las variables principales que han contribuido a que se haya avanzado en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Es importante precisar las variables políticas trascendentales, pues en ocasiones la agenda de justicia transicional se ve favorecida y entra en movimiento, mientras que bajo otras circunstancias esa agenda se ve obstaculizada o se desacelera”, afirmó el investigador.
Participantes Encuentro Anual “Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba” organizado por el Centro de Estudios de Convivencia (CEC-Cuba).
El programa de la conferencia se estructuró a partir de cinco charlas magistrales “Justicia Transicional y Reconciliación Nacional: Análisis de la Experiencia Chilena”, dictada por el profesor Hugo Rojas; “Memoria, Justicia Transicional y Reconciliación en Cuba”, a cargo de María Werlau (Directora de Archivo Cuba); “Las transiciones en Europa”, ponencia presentada por Fredo Arias King (Presidente de Casla Institute); “Impacto del envejecimiento en la protección social de Cuba», de Carmelo Mesa Lago (University of Pittsburgh); y “Desafíos y propuestas para los cuidados a personas mayores en Cuba”, por parte de Elaine Acosta (Florida International University).
A partir de estas exposiciones los participantes trabajaron en talleres grupales de discusión y formulación de propuestas, acordando abordar en el próximo encuentro las temáticas “Relaciones internacionales y servicio exterior” y “Participación de la diáspora en la reconstrucción nacional”.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, “El cambio de mando presidencial estuvo lleno de simbolismos y emociones que reflejan el nuevo proceso político que comenzará a vivir Chile con la llegada de una nueva coalición diferente a la que conocíamos durante estos últimos 30 años”.
Un cambio de mando lleno de simbolismos y emociones
por equipo CiPP
El Presidente Gabriel Boric, asumió el cargo en una ceremonia cargada de simbolismos que muchas veces rompieron el protocolo al que estábamos acostumbrados en los tradicionales cambios de mando y que reflejan para el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Fabian Pressacco, el nuevo proceso político que comenzará a vivir Chile con la llegada de una nueva coalición diferente a la que conocíamos durante estos últimos 30 años.
Para el académico, el que Boric y su equipo aparecieran con un estilo renovado, el desayuno en Cerro Castillo con dirigentas sociales de Viña del Mar, el Ford Galaxie conducido por una suboficial de carabineros, son detalles, algunos pequeños, otros no tanto, cargados de simbolismo político. “Los invitados y los no invitados al cambio de mando, la presencia de las mujeres en roles donde siempre había habido hombres, la presencia de los pueblos originarios, dicen mucho de lo que quiere comunicar el nuevo gobierno”, comenta el investigador.
Pressacco, afirma que este es un gobierno que no seguirá conversando con las mismas personas y que recoge las demandas del estallido social lo que queda de manifiesto en el primer discurso del Presidente donde se refiere a los marginados, a la educación, los derechos humanos y al pueblo mapuche, donde incluso, señala el académico, redefine la problemática señalando que es un conflicto entre el Estado chileno que ha sido maltratador, negador de la existencia y la identidad de la cultura de este pueblo. “Hay un reconocimiento a una aspiración ciudadana y la aborda de una manera dialogante, creativa y reconocedora”, dice Pressacco.
El académico destaca que en su discurso el mandatario hace un recorrido por la historia y menciona a Balmaceda, Aguirre Cerda, Frei Montalva, Allende, Aylwin y Bachelet, donde para él, Boric se instala en una caravana que lo define. “Está tratando de decir que viene de ahí, de qué lado de la historia está y es interesante este sentido de la historia porque Boric habla de ser parte de un proceso que va más allá de estos cuatro años y eso me parece una postura muy de estadista y republicana”, señala el docente.
El director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAH, Fabián Pressacco, afirma que estos días han estado plagados de símbolos y señales que valora, teniendo claro que lo simbólico no resuelve los problemas, pero hay muchas cosas en la agenda política chilena que tienen un amplio espacio para ser abordadas simbólicamente y que no tiene que ver necesariamente con lo material sino con el reconocimiento.
“Hay un cambio cultural donde se observa que hay asuntos que requieren recursos materiales, pero también hay temas que requieren un abordaje que es mucho más complejo y que pasa por esto que es simbólico. No es un sucedáneo de lo material, sino que es algo necesario que tiene un valor propio”, puntualiza el investigador del CiPP.
Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, junto a Jaime Arellano, en El Mercurio “Construir un sistema de competencias y de pesos y contrapesos entre los distintos poderes y Órganos del Estado es una de las claves para edificar correctamente un genuino sistema democrático”.
Así lo expresaron Rafael Blanco, investigador asociado del CiPP y académico UAH, junto a Jaime Arellano, profesor de la UAH y ex director CEJA, en su columna de opinión “Poder Jurisdiccional y Democracia” publicada el 9 de febrero del 2022 en el diario El Mercurio, en la que se refieren a la iniciativa presentada por un grupo de convencionales para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de Corte, sus implicancias y riesgos.
Los académicos señalan que “la ubicación institucional y estructura organizacional del aparato de justicia, así como de los sistemas de selección, remoción y evaluación de sus miembros deben pensarse desde una óptica que garantice su independencia del Poder Ejecutivo, Legislativo o de cualquier otro órgano, poder estatal o influencia privada”. Por ello dicen que deben evitarse propuestas o soluciones que sometan a los jueces y juezas de todas las instancias a mecanismos de evaluación del desempeño frente a entes u órganos políticos temporales, que limiten o afecten la debida independencia externa. En ese sentido dicen que la iniciativa presentada por un grupo de convencionales para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de Corte va en la dirección equivocada y transgrede lógicas básicas de un Estado de Derecho.
“Para lograr una genuina independencia externa debe edificarse un sistema de selección y nombramientos a través de sistemas transparentes, participativos y meritocráticos, cuidando que ello sea abierto a personas de fuera de la carrera judicial”, apuntan Arellano y Blanco. Como opción proponen la creación de Consejos de la Magistratura, que normalmente están integrados por representantes de los propios jueces y juezas, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y asociaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados o representantes de las facultades de derecho del país.
En síntesis, se requiere que cada juez y jueza detente el total del poder jurisdiccional para adjudicar soluciones en contextos de total prescindencia político-partidista. En ese sentido, la inamovilidad aparece como una garantía asociada a la necesidad de contar con jueces que estén suficientemente resguardados de sufrir presiones de salida o remoción por la naturaleza de sus decisiones.
Los académicos creen que las soluciones pasan por eliminar las tareas de nombramiento, remoción y calificaciones que en la actualidad realiza la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones, concentrando en el alto tribunal de la República las tareas propias de casación y uniformidad del derecho y en las cortes de Apelaciones, la revisión de sentencias definitivas. “Una opción es trasladar el sistema de selección y nombramiento a un ente autónomo de base constitucional, que se integre de modo de evitar el control político por un grupo, partido o facción y que, al mismo tiempo, evite el control por lógicas endogámicas del aparato judicial”, sostienen los investigadores.
Carlos J. García, sobre los efectos de la invasión a Ucrania en la economía chilena “El petróleo es un insumo básico en toda la economía, es imposible que si este shock negativo dura varios meses no afecte a algún sector”.
La invasión de Rusia a Ucrania generará una serie de efectos en la economía nacional si el conflicto bélico se mantiene por varios meses, a pesar de estar geográficamente al otro lado del mundo. Así lo estima Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, quien destaca que el impacto en los mercados financieros mundiales dependerá de la duración del conflicto bélico.
Rusia es uno de los mayores productores de petróleo, gas natural y carbón en el mundo, por eso no es extraño que el precio del crudo haya subido más de un 8% en un día, superando los US$ 100 por barril, el valor más alto en siete años. “El petróleo es un insumo básico en toda la economía, es imposible que si este shock negativo dura varios meses no afecte a algún sector,” señala el académico.
El economista se refiere al petróleo que es una materia prima para muchos combustibles, principalmente la gasolina y el diésel, que son usados principalmente en el transporte y la energía. “Los efectos del alza del petróleo se verán en caso de que la guerra dure más de lo esperado porque los precios subirán directamente. Se encarecerá el costo de la energía y tendrá efectos de segunda vuelta en toda la inflación”, dice García.
Además, plantea que, si bien habrá un impacto negativo por el mayor precio del petróleo y efectos financieros, por otro lado, habrá mayores precios del cobre. Sin embargo, en general los efectos económicos debieran ser negativos en caso de que la guerra persistiera, puntualiza el especialista.
García termina diciendo que si la guerra se extiende, sus efectos sobre la economía chilena podrán verse reflejados también en otras áreas. “En la medida que la economía mundial se resienta, también afectará negativamente los fondos de pensiones”, manifiesta el investigador del CiPP.
Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH: “El 71 % de las estudiantes de la educación técnico profesional superior es víctima de acoso sexual durante el inicio de su vida laboral incluida su práctica profesional, y en la ETP media un 51% sufrió algún tipo de acoso sexual”.
Un estudio realizado por la Facultad de Educación de la UAH y el Centro Interdisciplinar de Politicas Públicas ( CiPP) de esta casa de estudios analiza las prácticas profesionales de las estudiantes de la educación técnico profesional (ETP) en Chile en sectores tradicionalmente masculinos que ofrecen buenas perspectivas salariales como la construcción, minería, metalmecánica, electricidad y telecomunicaciones revelando que una gran cantidad de mujeres son victimas de algun tipo de acoso sexual.
Así lo demuestra el estudio “Abriendo caminos: Prácticas profesionales de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la educación Técnico – Profesional (ETP)” cuya investigadora principal es la académica de la UAH e investigadora del CiPP, Paola Sevilla, y su coautor es Mauricio Farias, quienes analizaron las prácticas profesionales de estudiantes mujeres de la educación técnico profesional (ETP) y examinaron las principales barreras y limitantes que enfrentan las mujeres al inicio de sus trayectorias laborales en estos sectores. Esto es cuando aún son estudiantes de la Educación Técnico Profesional (ETP) y realizan su práctica profesional para obtener su título técnico, ya sea de nivel medio o superior.
El equipo de CiPP entrevistó a Paola Sevilla, investigadora principal de este estudio para profundizar en los resultados del estudio que lideró.
Sevilla explicó que la investigación que fue financiada por el Fondo de Investigación y Desarrollo de Educación del Ministerio de Educación (FONIDE) muestra que estas estudiantes deben enfrentarse continuamente a diversas formas de acoso sexual que va desde piropos hasta insinuaciones de caracter sexual que son relatadas por una gran cantidad de entrevistadas. “Entre las tituladas de carreras ETP superior vinculadas a rubros masculinizados el 71% declara haber sufrido acoso sexual, en alguno de sus tipos, durante su iniciación laboral, incluida su practica profesional. En la ETP media un 51% sufrio algún tipo de acoso sexual”.
Las prácticas profesionales son difíciles de encontrar por el hecho de ser mujer y esta es una instancia importantísima en la educación técnico profesional, ya que permiten, según señala Paola Sevilla, validar los aprendizajes logrados en el aula entregando conocimientos y madurez vocacional que sólo se logra en el contexto laboral. Sin embargo, más del 70% de las entrevistadas de la ETP profesional manifestó que durante su práctica profesional no recibió el apoyo, monitoreo o el acompañamiento de sus instituciones. “La práctica profesional es un momento clave en estos procesos de transición , es difícil para cualquier estudiante que se enfrenta al mercado laboral pero mucho más para las estudiantes mujeres en estos rubros porque deben hacer frente a barreras adicionales”, afirma la académica.
El estudio exhibe la desconfianza que existe en el mundo empresarial para incorporar mujeres a prácticas profesionales en rubros masculinizados y se observa que muchas veces deben enfrentar sobreprotección y paternalismo, además en algunas ocasiones son asignadas a funciones o tareas que no responden al perfil de su especialidad y carrera.
La investigación en su fase cuantitativa cubrió todo el territorio nacional con la implementación de una encuesta on line en todas las empresas que reciben estudiantes en práctica y la fase cualitativa de la investigación se efectuó en la Región Metropolitana y en las regiones de Coquimbo y del Bio Bio y consistió en la realización de una gran cantidad de encuestas realizadas en las instituciones educativas, los liceos técnicos e instituciones de educación superior y entrevistas a mujeres tituladas sobre su experiencia en la iniciación de su vida laboral y en su prácticas profesionales . También se aplicó esta encuesta a las empresas que otorgan prácticas a estas estudiantes.
El estudio hace un llamado a tomar medidas para enfrentar esta grave situación y entrega una serie de recomendaciones para todas las instituciones de educación técnico profesional del país (liceos, centros de formación técnica e institutos profesionales ), mundo empresarial y el Estado para avanzar en la igualdad de género en sectores tradicionalmente masculino.
Rafael Blanco, académico UAH e investigador CiPP “Mientras sigamos disminuyendo las atribuciones de la Fiscalía sobre la policía y jibarizando las responsabilidades o atribuciones de la Defensoría, claramente volvemos a un modelo inquisitivo”.
Es un buen momento para discutir la autonomía de la Defensoría Penal Pública en la Convención Constituyente. Así lo cree Rafael Blanco Suárez, investigador del CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, quien fue entrevistado por la Revista 93 de la Defensoría Penal Pública, donde sostiene que desde que se instaló la reforma procesal penal hay conocimiento acumulado que denota la necesidad de hacer mejoras en los gobiernos del Poder Judicial y del Ministerio Público; y en la estructura institucional de la Defensoría Penal Pública. Por ello estima que hay una oportunidad para dotar a esta última de un nuevo estatus de autonomía constitucional.
“ …. (la defensoría penal pública) Es la más desdibujada, porque normalmente las miradas se concentran en la necesidad de reformar la institucionalidad de las policías -particularmente de Carabineros- y en cómo redibujar la estructura de gobierno del Ministerio Público. Y como ambos actores tienen responsabilidad en la persecución del delito, la gente suele estar muy preocupada de cómo se persigue el delito y no de cómo se defiende a quien aparece justa o injustamente imputado, pero que tiene derecho a ser tratado y considerado como inocente. Es una lógica contra mayoritaria y eso requiere una mirada mucho más compleja y sofisticada. Y creo que eso está en la mirada de varios constituyentes, pero no de todos”, sostiene Blanco.
El modelo acusatorio es tripartito. Por un lado, el Ministerio Público, órgano autónomo constitucionalmente, que persigue el delito. Luego los jueces, en un modelo jurisdiccional de control de garantías y adjudicación, y un tercer actor, la defensa penal pública. “El sistema acusatorio requiere de tres prestadores autónomos entre sí, con volumetrías institucionales equivalentes, para que puedan prestar adecuadamente los servicios a los que están llamados”, señala el investigador del CiPP.
Para el abogado lo ideal es “una defensa penal pública funcional y patrimonialmente autónoma, que tenga a su cargo de manera especializada y única, no compartida, sólo prestaciones de defensa penal, no de otros tipos de defensa, y que al mismo tiempo se ocupe este espacio para promover una idea de debido proceso que la defensa penal se ha preocupado también de inocular en los convencionales. No sólo promuevo una institucionalidad, sino que lo hago para conseguir un objetivo, que es el debido proceso”, puntualiza el académico.
Rafael Blanco plantea que en Chile hay quienes no creen en un modelo de balance de poder y quisieran quitar más atribuciones a la defensoría y dotar de más de ellas a la policía. “Y eso lo hemos visto cada vez que en las reformas se promueve la idea de dejar que la policía haga trabajo investigativo sin control de la Fiscalía, lo que está ocurriendo en varias partes de América Latina”, dice el jurista.
El riesgo político más grande probablemente esté dado porque en la Convención no se produzcan los quórum necesarios para avanzar en la autonomía constitucional de la defensa penal pública. “O sea, que avancen el Poder Judicial y el Ministerio Público y se quede como el pariente pobre del sistema de justicia penal. Y eso podría producirse por la incomprensión de su rol contra mayoritario, del que nos acordamos sólo cuando vemos a un inocente privado de libertad, cuando el sistema penal fracasa y la sociedad se conmociona, pero el daño ya está hecho y es irreversible”, comenta Blanco.
“Mientras sigamos disminuyendo las atribuciones de la Fiscalía sobre la policía y jibarizando las responsabilidades o atribuciones de la Defensoría, claramente volvemos a un modelo inquisitivo”, sentencia Rafael Blanco.
Revisa su entrevista completa: https://www.dpp.cl/resources/descargas/revista93/Revista-93-N25/A_Confesi%C3%B3n_de_Parte.pdf
Eduardo Saavedra, director académico del CIPP y académico de la UAH, en el medio El Desconcierto: “En la constitución de 1980, los derechos sociales no estaban en ninguna parte”.
El director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, de la UAH, Eduardo Saavedra, dio una entrevista al medio El Desconcierto donde destaca la importancia del cambio constitucional desde una visión economicista de la sociedad a una mirada que tenga por eje a “la armonía de vivir juntos”.
Afirma Saavedra que “Me parece que el cambio constitucional es tremendamente necesario. Diría que la Constitución de 1980, más allá de su génesis, de haber nacido en dictadura, es tremendamente desbalanceada en la parte de los derechos de las personas. No bajaba a terreno qué es lo que significaba el derecho a vivir. De vivir con salud, con educación, ¿a vivir en qué? Y esos derechos sociales no estaban en ninguna parte”.
El académico afirma que es la carta magna la que enmarca los caminos de un país y que es la Constitución del 80 la que nos transformó en una sociedad muy focalizada al éxito económico sin tomar en cuenta el sentido de vivir con armonía. En ella, argumenta Saavedra, lo que prima es el derecho de propiedad y deja sin espacio el tema de la desigualdad dando prioridad al crecimiento. “Esto nos lleva a ser un país que creció de manera desbalanceada y por eso pasó lo que tenía que pasar el 2019”, puntualiza Saavedra.
El investigador, señala que hay una sensación en la población de ser continua y sistemáticamente abusada en el ámbito económico y afirma que este sentimiento empezó a gestarse antes del estallido social. Esto, agrega el académico, se relaciona con el nepotismo, el abandono del estado, el abuso de las empresas grandes contra las más pequeñas y los casos de colusión. El tema de los gremios es un asunto que le preocupa ya que hoy no existe un control adecuado de las asociaciones gremiales ni protocolos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Argumenta que todo debe estar respaldado o grabado y disponible ante cualquier investigación.
También analiza la situación energética del país y declara que se vivirán serios problemas a partir de marzo, ya que Chile no produce petróleo y debe importarlo. Además, la falta de agua nos llevará a tener grandes inconvenientes con el tema de la energía eléctrica, acota el docente.
Eduardo Saavedra destaca la designación del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien considera un economista con gran trayectoria, seriedad y un gran conocedor de la administración de las arcas fiscales. En cuanto al futuro Ministro de Economía, Nicolás Grau, señala que tiene grandes desafíos y le pide que no abandone los contenidos que en otra época han sido propios de esta cartera como son el consumidor, la competencia y temas regulatorios.
Eduardo Saavedra, Director Académico del CiPP en Revista Observatorio Económico: Algo Huele Mal en la Industria del Gas
Eduardo Saavedra, Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, publicó un artículo en la Revista Observatorio Económico N° 162 donde analiza los resultados de la serie de abusos revelados por un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que se producen transversalmente en toda la industria del gas, en particular aquellos que ocurren en el mercado de distribución mayorista del gas licuado de petróleo (GLP) que se vende en balones y aquellos abusos que involucran a la principal empresa distribuidora de gas natural en Chile.
Saavedra, Ph.D. en Economía, Cornell University y Director del Departamento de Economía, de la Facultad de Economía de la UAH, señala que es conveniente revisar por qué es importante para los usuarios lo que sucede en estos mercados, en qué consisten exactamente los abusos detectados, cuál es su alcance en términos de posibles sanciones en tribunales y, más relevante aún, qué decisiones se pueden o deben tomar a nivel de gobierno y parlamento para corregir el mal funcionamiento de estos mercados.
¿Qué encontró la fiscalía en su estudio?, Lo primero que se encuentra es que el mercado es altamente concentrado y las participaciones de mercado son muy estables, siendo Abastible la empresa de mayor tamaño con poco más de 40% del mercado, seguida de Lipigas con poco más de 30% y finalmente Gasco con poco más de 25%, señala Saavedra en el artículo.
También señala que, “adicionalmente, las empresas rivalizan en muchos mercados, ya sea en la dimensión geográfica como en la dimensión de los productos ofrecidos (distintas categorías de GLP envasado, granel, industrias, comercio, etc.), lo que pone una cuota extra de cuidado respecto de posibles conductas coordinadas en que estas tres empresas podrían enganchar”.
Agrega que “Una luz amarilla que surge de estos hechos es que la concentración y simetría de participaciones de mercado entre estas empresas no se haya visto afectada en los últimos ocho años, período de enormes fluctuaciones en el precio internacional del petróleo, cuya volatilidad podría haber afectado la rentabilidad de algunas empresas y así éstas haber buscado nuevos mercados afectando la simetría prevaleciente. Muy por el contrario, no sólo no hubo entrada relevante sino que además las participaciones de mercado se mantuvieron alarmantemente estables durante casi una década., con márgenes para las distribuidoras mayoristas que subieron desde un 35% en el período 2012-2014 a 50%-55% entre 2015 y 2020”.
“Concluye la FNE, explica Eduardo Saavedra, que el mercado mayorista del GLP se caracteriza por una baja intensidad competitiva, estimándose que la falta de mayor competencia resulta en mayores rentas para las empresas distribuidoras mayoristas en US$261 millones anuales”.
¿Hay indicios de un acuerdo colusivo en la distribución mayorista de GLP envasado?, se pregunta Saavedra, y señala que “(…) de los antecedentes públicos del estudio de mercado, que es lo que se tiene a la vista, no es posible afirmar que haya un acuerdo colusivo entre las distribuidoras mayoristas de GLP.
Rafael Blanco, investigador CiPP y Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, en El Mostrador: La institucionalidad de que se dote a la Defensa Penal Pública debe ser abordado como un tema prioritario por la Convención Constitucional.
El pasado 21 de enero, Rafael Blanco, investigador CiPP, junto a Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, publicaron una columna de opinión en El Mostrador, titulada “Autonomía y especialidad de la Defensa Penal Pública en la nueva Constitución” en la cual señalan que el diseño de un sistema judicial integral supone hacerse cargo de la estructura, funciones y ubicación institucional de la Defensoría Penal Pública, y que se trata de una materia que debe ser abordada en forma prioritaria por la Convención Constitucional. Revisa aquí su columna.
Fuente El Mostrador
Autonomía y especialidad de la Defensa Penal Pública en la nueva Constitución, por Rafael Blanco y Leonardo Moreno
El diseño de un sistema de justicia integral que logre satisfacer las exigencias de un genuino Estado de Derecho supone hacerse cargo de la estructura, funciones y ubicación institucional de la Defensoría Penal Pública. En efecto, esta institución es parte central del entramado que toda democracia debe edificar para racionalizar y controlar el actuar de los órganos estatales encargados de la persecución criminal estatal.
Los diques de contención más importantes que todo sistema democrático debe garantizar frente a las potenciales arbitrariedades, errores o excesos del accionar policial y del Ministerio Público no se agotan con la consagración de un soporte normativo teórico y abstracto de reglas y garantías procesales, si no que supone, adicionalmente, un diseño institucional que asegure que tales derechos y garantías serán debidamente representadas y exigidas ante el Sistema de Justicia. Allí es donde se visualiza como un rol central la institucionalidad de que se dote a la Defensa Penal Pública y debe ser abordado como un tema prioritario por la Convención Constitucional
No resulta novedoso evidenciar los resquemores que produce en la ciudadanía el derecho que todas las personas imputadas o acusadas tienen, a ser presumidas inocentes, con la doble manifestación de regla de trato y carga de la prueba que se impone al Estado. Esta obligación deriva de nuestra actual carta fundamental, de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile y de nuestras reglas procesales. Las encuestas sin embargo evidencian que la comunidad suele estar más inclinada y preocupada del incremento de las prerrogativas policiales y del Ministerio Público o del uso de la prisión preventiva o de las penas privativas de libertad como regla general.
Existen, sin perjuicio de lo señalado , momentos en los que es posible visualizar la relevancia del actuar de la Defensa Penal Pública con toda su elocuencia, así ocurre en contextos de regímenes autoritarios o menos democráticos que abusan del poder estatal y del sistema de persecución penal para perseguir opositores y manipular los sistemas de enjuiciamiento criminal en pos de sus idearios políticos, tal como lo acreditan los recientes informes de Naciones Unidas en los casos de Venezuela o Nicaragua. Lo mismo ocurre cuando se constata que el Estado ha perseguido, encarcelado, acusado o condenado a personas que luego se demuestra su inocencia, quedando en evidencia los errores-a veces inexplicables cometidos por el Estado persecutor. Lo referido ha sido motivo de extensos e ilustrativos trabajos por parte del denominado Proyecto Inocente que tiene amplio despliegue y reconocimiento en Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países de América Latina y que ha develado que los errores del sistema de justicia se concentran en problemas o deficiencias asociadas a la prueba pericial, los reconocimientos de testigos, la conducta de los agentes del Estado, confesiones viciadas o incluso representaciones judiciales deficientes de la propia defensa. Todo lo señalado tiene un doble problema de la mayor gravedad, ya que se persigue o condena a un inocente y al mismo tiempo queda en la impunidad el verdadero responsable de los hechos.
Por lo expuesto es que resulta fundamental garantizar un sistema de pesos y contrapesos, donde el Ministerio Público, más allá de sus sistemas de autocontrol y regulación o uso adecuado del principio de objetividad, tenga un legítimo contradictor que pueda: representar debidamente los intereses de la parte imputada o acusada; evidenciar los problemas de que puedan adolecer las pruebas de cargo; exigir que las medidas cautelares personales respeten los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; controlar que la penas que sean impongan se ajusten a la legalidad vigente; y lo más importante, argumentar y demostrar con investigaciones autónomas y pruebas propias, la inocencia de la parte imputada o acusada en su caso.
Todo lo anterior supone necesariamente una Defensa Penal Pública dotada de las herramientas institucionales, procesales y presupuestarias que le permitan cumplir a cabalidad sus funciones. Desde la óptica institucional es necesario migrar desde una Defensa situada en la órbita del Poder Ejecutivo como la chilena, a una Defensa Penal autónoma constitucionalmente a objeto de asegurar altos niveles de independencia en el ejercicio de sus potestades, que le permita representar los intereses de sus representados frente al sistema de justicia, participar de los debates de políticas públicas con completa separación de los intereses y visiones de la Administración de turno, e incluso litigar internacionalmente para evidenciar las responsabilidades del Estado frente al sistema interamericano.
Una cuestión complementaria a la anterior refiere a la necesidad, igualmente crítica, de construir un espacio no sólo autónomo para la Defensa Penal sino asimismo especializado y único, evitando de esta manera la creación de un mega servicio de Defensas que aglutine todo tipo de prestaciones judiciales en una misma institución. La evidencia comparada demuestra que instituciones de defensa general tienden a desnaturalizar la función compleja y central de la Defensa Penal, e incluso afectar presupuestariamente la posibilidad de desarrollar una defensa activa en lo investigativo y probatorio.
Como es obvio la prestación de servicios de Defensa Penal, a diferencia de otros servicios de asistencia jurídica o judicial, enfrenta las sanciones más severas del sistema de justicia, supone eventualmente enfrentar condenas a cadenas perpetuas, enfrentar el poder punitivo de la Policía y el Ministerio Público, lo que torna a este tipo de servicios en único, complejo y especial. Ello ha sido por lo demás evidenciado por la Asociación Interamericana de Defensorías Penales (AIDEF) y por el propio sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Carlos J. García investigador del CIPP y académico UAH: El equipo económico del nuevo gobierno debiera hacer Inversiones públicas en áreas claves.
El presidente Gabriel Boric dio a conocer su gabinete, sorprendiendo a muchos con la designación de Mario Marcel como Ministro de Hacienda. Para conocer su visión sobre esta y otras designaciones, en particular, en el equipo económico del nuevo mandatario, el equipo CiPP conversó con el economista e investigador asociado al CiPP, Carlos J. García. ¡Conoce aquí sus opiniones!
El equipo económico del nuevo gobierno debiera hacer Inversiones públicas en áreas claves, Por equipo CiPP
“La designación de Mario Marcel como Ministro de Hacienda es valiosa porque coloca a la cabeza del equipo económico un economista creíble”. Así lo cree Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. También aprobó la designación de Nicolás Grau en la cartera de Economía. “Un economista serio, investigador destacado que adiciona o suma a dar credibilidad a Marcel” agrega el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH (FEN).
Con respecto al principal desafío del nuevo equipo económico, Garcia considera que será enfrentar las reformas en un escenario macroeconómico complejo. “Ya el Fondo Monetario Internacional alertó que este año las expectativas de crecimiento son menores a nivel mundial, con más incertidumbre y fluctuaciones en los mercados internacionales”, puntualiza el economista.
García señala que la realización de las reformas que propone el presidente electo es compleja y por ello hace una recomendación al nuevo gobierno. “Yo sugeriría al equipo económico hacer inversiones públicas en áreas claves para asegurar el crecimiento futuro de la economía y con ello las reformas sin exacerbar la inflación”, explica el investigador. Esas áreas serían en capital humano e infraestructura, dice el académico.
Estas inversiones se requieren, básicamente para encarar, comenta García, los desafíos importantes que enfrenta Chile como el cambio climático, la robotización y la consecuencia de la pandemia actual. Esto, agrega el docente, para mejorar la competitividad de la economía chilena a través de puertos, carreteras, aeropuertos y embalses.
Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH, sobre la ley de amnistía que se discute en el Congreso: “El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar”
El investigador CiPP y académico UAH, Ignacio Cienfuegos, fue entrevistado por el equipo CiPP acerca de la discusión sobre el proyecto de amnistía que beneficiaría a los denominados presos de la revuelta y los desafíos para el presidente electo en torno a este tema. ¡Conoce aquí sus opiniones!
Contra el tiempo se discute en el Congreso la ley de amnistía para los presos de la revuelta, por equipo CiPP
El presidente electo, Gabriel Boric, quien asumirá el poder el 11 de marzo próximo, se comprometió durante su campaña a trabajar por la libertad de los llamados “presos de la revuelta”. Hace unos días la Comisión de Constitución del Senado declaró admisible sustituir la figura del indulto por amnistía finalizando el estudio de las indicaciones al proyecto. De esta manera lo despachó a la sala de la cámara alta, lo que permitiría liberar a un número indeterminado de detenidos en el contexto de las manifestaciones que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Ignacio Cienfuegos, afirma que pareciera ser este el camino correcto ya que técnicamente es más adecuada una ley de amnistía porque el indulto sólo beneficiaría a los que están condenados y no a la mayoría de los presos que actualmente se encuentran en prisión preventiva. “El gobierno entrante lo que intenta es que el problema se resuelva en el parlamento a través de una ley y no que el presidente vía indultos particulares tenga que verse presionado a tener que resolver esta demanda que ellos se comprometieron a solucionar”, señala el académico.
El proyecto requiere un quórum de 22 votos para su aprobación y sus impulsores esperan que se vote lo antes posible ya que el parlamento entrará en receso por periodo de vacaciones de verano y si la Comisión de Constitución no alcanza a despachar el proyecto de amnistía, pasaría automáticamente para marzo, mes en el que probablemente haya solo dos días de labor legislativa antes del cambio de mando presidencial.
Ante la posibilidad que esta iniciativa no se apruebe, Gabriel Boric podrá optar a decretar un indulto, facultad exclusiva del Presidente y que no necesita de la participación del Parlamento, que podría hacerlo una vez que asuma el 11 de marzo.
Ignacio Cienfuegos destaca que si bien el Presidente ha tenido cambios de opinión y ha matizado su postura sobre el indulto o amnistía a los denominados presos de la revuelta, esto fue un tema de su campaña. “Así se comprometió con su coalición Apruebo Dignidad, particularmente el Partido Comunista con más fuerza” comenta el especialista. Advierte que Boric tendrá críticas y presiones. “Dudo que tenga los votos y ahí tendrá que dar explicaciones a la opinión pública del por qué no cumple esa promesa pudiendo argumentar en función de los equilibrios políticos y la oposición de otras fuerzas a esa idea” puntualiza el investigador.
Coincide con José Miguel Vivanco de Human Right Watch, en el sentido que es una mala idea el indulto para quienes cometieron ciertos delitos en el contexto del estallido social y también para los carabineros involucrados en violaciones a los derechos humanos. En su opinión la mayoría no son presos políticos. “En teoría son gente que ha sido privada de ciertos derechos básicos como ciudadanos, que han sido censurados en su expresión, que han sido perseguidos políticamente por pensar distinto y no es el caso aquí” dice Cienfuegos.
Para él indultar a gente que cometió ciertos delitos en el contexto de una revuelta de un estallido social es una mala idea porque eso genera desincentivos para la protesta pacífica. Entiende que el estallido social, desde el punto de vista político, ha sido muy virtuoso generando un despertar, posibilitando cambios importantes como el acuerdo por la paz, la instalación de la convención constituyente y la posibilidad de una nueva constitución. “Si no hubiese pasado el estallido social probablemente no hubiéramos tenido esta gran posibilidad de transformación social”, puntualiza el docente.
Cienfuegos cree que es una mala señal porque las protestas también se manifestaron con mucha violencia, con mucha destrucción, vulnerando a todas luces el Estado de Derecho, algo básico para la convivencia democrática. “El Presidente de la República, una vez que asuma, podrá revisar algunos casos específicos donde habrá tal vez motivos para indultar a alguien que ha sido condenado injustamente” sostiene el investigador.
El docente plantea que ha quedado en evidencia que con la prisión preventiva tenemos un problema en los procedimientos judiciales ya que hay detenidos que llevan entre seis meses a dos años privados de libertad por lo que es partidario de revisar esa figura legal. “Períodos muy largos de prisión preventiva con gente que aún no tiene condena, no sólo en el contexto del estallido social, sino que es un problema estructural de nuestro sistema judicial y probablemente eso es lo que hay que revisar”, concluye Cienfuegos.
Eduardo Abarzúa, investigador del CIPP y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH: El proceso constitucional y la gobernabilidad son los principales desafíos del próximo gabinete.
Luego que el presidente electo diera a conocer su gabinete el viernes recién pasado, el equipo CiPP conversó con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la la UAH e investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, para conocer su visión de estos nombramientos y sobre cuáles cree son los principales desafíos que tendrán que enfrentar a contar del 11 de marzo próximo.
El proceso constitucional y la gobernabilidad son los principales desafíos del futuro gabinete, Por equipo CiPP
El futuro gabinete representa el cambio de época que está viviendo nuestro país, con un núcleo generacional de actores políticos con temprana vivencia y experiencia en los conflictos pendientes del país. Así lo expresa Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) de la Universidad Alberto Hurtado quien analizó el futuro gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric. “Hay un segundo anillo de actores con probada experiencia sectorial, pero tal vez con menor conocimiento del ámbito público que es relevante en un período presidencial corto”, agrega el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH. Para él la buena noticia es que el estallido social del 2019 continúa conduciéndose con una institucionalidad que está cambiando y que si bien, es un proceso de final abierto, esta generación está cuidando.
Uno de los principales desafíos de este gabinete será apoyar el trabajo y la ejecución del proceso constitucional, dice Abarzúa. Se trata de asegurar las condiciones adecuadas para el trabajo cotidiano, el proceso del plebiscito y la implementación que ello conlleva. “Respecto de esto último, será clave la conciliación de los cambios estructurales que requieren un nuevo Estado para implementar una potencial nueva constitución con las urgencias propias a resolver en un ciclo económico con dificultades e incertidumbre”, argumenta el académico. Para lo anterior, agrega Abarzúa, se requieren capacidades de lectura y resolución de conflictos y negociación con actores e intereses diversos.
“Estamos frente a un conglomerado que tiene una base de sustentación amplia y que al decantar en el gobierno se ha ampliado aún más. Todo esto plantea un desafío de gobernabilidad, ¿cómo le das sustentabilidad a un arco político tan amplio?”, dice el investigador del CIPP. Sin duda estamos frente a un cambio del escenario político que será necesario cuidar y potenciar, opina el docente.
En esa línea, a nivel ciudadano el desafío es manejar la decepción que se produce cuando el proceso de cambio que vivimos no se logra en los tiempos esperados, acota el académico quien recuerda las palabras de Albert Hirschman: “Hoy, estamos en un ciclo donde lo público es lo importante, pero la decepción genera desmovilización y acelera una vuelta a la primacía del interés privado”.
Finalmente a nivel programático, el investigador piensa que deberá concentrarse en un par de reformas: el sistema de salud, el tema previsional (seguridad social) y su financiamiento consecuente, que si bien puede ser visto como un tema funcional, deberá tener un sello que asegure condiciones más igualitarias del financiamiento del Estado y su quehacer.
A nivel de Hacienda, el presidente electo optó por alguien con experiencia y que conoce desde la década de los ochenta los problemas y brechas que generó la revolución capitalista, en palabras de Manuel Gárate, impuesta en dictadura, plantea el docente. “Creo que él puede encabezar un proceso de modernización completa del Estado que ponga foco en la tecnología y las personas” afirma Abarzúa. Respecto a Economía opina que los desafíos son instaurar una política industrial en nuestro país y una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Por ello cree que la trayectoria de investigación del nuevo ministro es consistente con esta mirada. “Por último, la interlocución con los ministerios sectoriales, a partir de principios comunes, las prioridades del programa gubernamental y los mecanismos de resolución de conflictos, son claves para el devenir en un período corto y con complejidades legislativas”, concluye el académico.
Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH, publicó “La educación técnico-profesional y su potencial para mejorar la trayectoria educativa y laboral de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas: una revisión regional”, en la serie Asuntos de Género Nº 160 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
El interés de aumentar la participación femenina en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) responde a la necesidad de transformar los estilos de desarrollo de los países con igualdad y sostenibilidad, junto con favorecer la autonomía económica de las mujeres. Los programas de estudio de la Educación Técnico Profesional (ETP) impartida en el sistema escolar, se visualizan como un espacio prometedor de formación en competencias STEM, considerando que cerca de la mitad de las ocupaciones en estas áreas demandan cualificaciones técnico-profesionales, ya sea de nivel secundario o postsecundario.
Este documento revisa los espacios de provisión de la ETP secundaria de un conjunto de países de América Latina para explorar el potencial de esta formación en impulsar trayectorias laborales y educativas de estudiantes mujeres en áreas STEM. Se encuentra que una serie de aspectos curriculares, organizacionales y culturales limitan este potencial, llevando a que los programas de la ETP en áreas de la “industria y producción” y de las “nuevas tecnologías” continúen siendo visualizados como tradicionalmente masculinos. A ello se suma la falta de antecedentes sistemáticos que permitan cuantificar y caracterizar la problemática de género en la ETP y relevarla como tema de interés. No obstante, en algunos países, distintas iniciativas empiezan a desplegarse con la convicción y firmeza respecto a la necesidad de producir cambios que promuevan la participación femenina en programas de la ETP afines a áreas STEM.
Los 8 países de América Latina revisados son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay. Por su parte, los programas examinados son aquellos que están dentro de las disciplinas STEM, principalmente las tecnologías e ingenierías, así como también los que remiten a sectores u ocupaciones en las cuales se desarrollan competencias STEM y, por lo tanto, propician la inserción laboral o continuidad de estudios superiores en estas áreas. La revisión se realiza a partir de fuentes secundarias y primarias.
Revisa la publicación en el siguiente enlace: https://www.cepal.org/es/publicaciones/47563-la-educacion-tecnico-profesional-su-potencial-mejorar-la-trayectoria-educativa
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH expuso, junto a Maite Gambardella, ante la Convención Constitucional la Iniciativa Popular de Norma que garantiza un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile.
Este lunes 18 de enero, el investigador del CiPP y académico de la UAH, Enrique Rajevic, intervino en la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema de la Convención Constitucional, junto con Maite Gambardella, investigadora adjunta del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos expusieron la Iniciativa Popular de Norma Constitucional, orientada a garantizar, en la nueva Constitución, un Servicio Civil profesional e imparcial, la cual está respaldada por más de 140 personas, académicos de distintas universidades y expertos en materias relacionadas a la función pública.
Consagrar la nítida diferencia entre Gobierno y Administración Pública; garantizar el acceso igualitario al empleo público y el reconocimiento de los derechos colectivos de las personas que trabajan en la Administración Pública, son los tres pilares de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional (IPNC) “Propuesta Constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile” (Nº 16.898), apoyada por académicos de distintos planteles de educación Superior, entre ellos, la UAH, y expertos que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y ejercicio de la función pública.
Sesión Nª 28 de la Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional
La exposición – presencial en la sede del ex Congreso Nacional – a cargo de Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico de la UAH y de Maite Gambardella, subdirectora del Centro de Investigación en Derecho y Sociedad de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la desarrollaron ante la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema de la Convención Constitucional.
Enrique Rajevic y Maite Gambardella expusieron en la Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional.
Rajevic recordó que esta propuesta también ya la habían expuesto, tanto en la Comisión de Derechos Fundamentales como en la Subcomisión Forma de Estado que está integrada a la Comisión de Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal de la Convención: “Parte de estas propuestas fueron expuestas primero ante la Comisión de Derechos Fundamentales, lo que tiene que ver con los derechos de las y los servidores públicos, y también en la Comisión sobre Forma de Estado, porque nos pareció que también hay una dimensión que tiene que ver con esta descentralización o regionalización más profunda, a la que se está apuntando; y también volcamos el texto en una Iniciativa Popular que está en este minuto circulando en la plataforma de participación de la Convención”.
En su exposición, el investigador del CiPP, enfatizó que lo fundamental de esta IPNC es que aspira a consagrar, constitucionalmente: “…una diferenciación nítida entre lo que es el Gobierno versus lo que es la Administración Pública. Algo que, en nuestras constituciones históricas, las que han tenido vigencia efectiva, vale decir la de 1833, la de 1925 y la de 1980, no hicieron. Lo que quisiéramos es que eso se corrigiera”.
En esa línea, sostuvo que la actual Constitución Política: “…le encarga al Presidente de la República o a la Presidenta, el gobierno y la administración del Estado como jefe de Estado. Y los ministros de estados son colaboradores directos inmediatos en las dos funciones, entonces al juntar las dos funciones en las mismas autoridades, la verdad que empieza a confundirse qué es una, qué es otra. Y esto viene de las constituciones anteriores”.
Enrique Rajevic y Maite Gambardella expusieron en la Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional.
Es por ello que, calificó como “bastante sinuosa” la frontera entre Gobierno y Administración Pública, agregando que: “…las acusaciones que ha habido – particularmente, en los últimos tres cambios de Gobierno, con cambio de coalición política – de la existencia de operadores políticos o de la inestabilidad de las personas que están en los cargos de Alta Dirección Pública, tienen que ver con esto también, con esa falta de diferenciación”.
Y en este contexto, Rajevic detalló las funciones que deben cumplir: “El Gobierno es quien conduce, quien dirige políticamente el Estado, define las políticas públicas, lo encabeza quien ejerce la Presidencia […]. En cambio, lo que debería hacer la Administración es implementar políticas públicas que son las que define el Gobierno y promover o garantizar servicios públicos y ahí están los funcionarios y funcionarias, incluidos los altos directivos públicos, si lo tradujéramos a la nomenclatura actual, porque también son parte de aquello de la Administración no del gobierno, no deberían ser, desde nuestra perspectiva, de exclusiva confianza, es decir, habrían tres estamentos, una dirección política, una dirección pública y funcionarios y funcionarias”.
La Iniciativa Popular de Norma Constitucional “Propuesta Constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile” es la Nª 16.898 y requiere recolectar 15 mil apoyos para que sea debatida y votada en el seno de la Convención Constitucional
Sobre los atributos que deben cumplir las y los funcionarios públicos, Rajevic sostuvo que: “Todos los que desempeñan un cargo público tienen que estar sujeto a probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía, transparencia, pero quien esté en la Administración, además, sea funcionario directivo o sea funcionario o funcionaria común, tiene que ejercer sus funciones en forma imparcial, objetiva y políticamente neutral; políticamente neutral, porque tiene que respetar una suerte de eficacia indiferente: se trabaja bien, sea el Gobierno que sea, -sea de derecha, sea de izquierda. Y la ley tiene que resguardar que se puedan cumplir con esos atributos, tanto lo que tiene que ver con el ingreso, con el desarrollo como con la desvinculación del empleo público”.
Servicio Civil Profesional e Imparcial también en regiones y municipios
Maite Gambardella
En tanto, Gambardella, expuso la importancia de aplicar todos estos principios al ámbito regional y municipal. Esto, puntualizó: “…porque también esos cargos son electos por mandato popular y tienen su personal de exclusiva confianza, de manera que responden también al principio político mientras que las demás personas que trabajen en esos lugares debiesen responder al mérito, la capacidad técnica y profesional, con una vocación que trascienda el ciclo político de quien gobierne, sin perjuicio de la flexibilidad que tiene que existir en estos espacios para crear o suprimir empleo y fijar sus remuneraciones como hoy día establece la ley, en el caso de las municipalidades”.
Asimismo, enfatizó que estos cargos estos electos democráticamente y los de exclusiva confianza: “Deben estar establecidos en la Constitución y la ley en estos tres niveles, nacional, regional y municipal y el resto del personal en estos mismos tres niveles, debe poder acceder a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que lo que establezca la Constitución y la ley, resguardando siempre la igualdad de oportunidades y promoviendo criterios de inclusión, de no discriminación y de equidad de género”.
Otra arista relevante de la IPNC, destacada por Gambardella, es la referida a los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos: “Se propone eliminar las restricciones a los derechos colectivos en la Administración Civil, encargando a la ley la regulación de la Sindicalización, la Negociación Colectiva y la Huelga, estableciendo ciertas excepciones en el caso de que se paralicen servicios esenciales o que se impida la continuidad del servicio público”.
Ignacio Cienfuegos, investigador CiPP y académico UAH sobre la controversia sobre el rol de la primera dama: “Todas esas fundaciones sociales se las dejaría a la sociedad civil y no me parece que ese rol deba estar liderado por la esposa, pareja o compañera del presidente”.
El investigador CiPP y académico UAH, Ignacio Cienfuegos, fue entrevistado por el equipo CiPP para conocer su opinión sobre el debate acerca del rol de la primera dama, a menos de dos meses que asuma el cargo el Presidente electo, Gabriel Boric.
El rol de la Primera Dama, por equipo CiPP
“Todas esas fundaciones sociales se las dejaría a la sociedad civil y no me parece que ese rol deba estar liderado por la esposa, pareja o compañera del presidente”. Así lo cree el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH (CIPP), Ignacio Cienfuegos, quien agrega que este es un cargo bastante arcaico en la historia de Chile. “La figura de la primera dama en Chile es bastante antigua y aparece desde los primeros periodos de la República con una tradición que es hacerse cargo de algunas labores o actividades sociales acompañando al presidente de la nación”, señala el docente.
En nuestro país, la primera dama es un título protocolar y es un cargo que se mantiene ad-honorem cumpliendo funciones como acompañar al Presidente en viajes oficiales y dirigir o coordinar las actividades sociales de la presidencia. En 1990 durante el gobierno de Patricio Aylwin, se creó la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República y a partir de ahí distintas primeras damas crearon fundaciones con diversos fines sociales. En Chile la primera dama se hace cargo de siete fundaciones que son Fundación Integra, Fundación de las Familias, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), Tiempos Nuevos (MIM), Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), Fundación Artesanías de Chile, y Fundación Chilenter. Estas funciones para el académico, Ignacio Cienfuegos, deben estar a cargo de la sociedad civil.
A poco menos de dos meses de que el presidente electo asuma el cargo se informó que su pareja, Irina Karamanos, asumirá como primera dama lo que causó gran controversia debido a que hasta hace unas semanas Gabriel Boric había mantenido la postura que tuvo durante su campaña cuando dijo que el cargo de primera dama no tiene ningún sentido. “No puede existir ningún cargo público que esté suscrito al parentesco”.
Irina Karamanos decidió asumir el cargo de primera dama, pero con el compromiso de reformarlo.
Gabriel Boric es criticado por varios sectores que consideran que no ha mantenido una postura clara frente a afirmaciones que realizó durante la campaña presidencial lo que para Cienfuegos puede traerle problemas. El académico, afirma que muchas veces se ve que los presidentes electos al asumir el cargo cambian o matizan muchos de sus planteamientos. “Cambia de opinión o matiza con mayor intensidad que otros casos de presidentes electos y es importante que explique para no perder credibilidad, entonces debe aclarar porque ayer pensaba A y ahora piensa B. En este caso, debiera explicar porque finalmente va a utilizar la figura de la primera dama, lo importante es argumentar y convencer cuales fueron las razones de este cambio de opinión”, afirma el especialista.
El docente destaca que en otros países el rol de la primera dama es diferente y cita como ejemplo a Estados Unidos donde su función es apoyar la agenda y ciertas partes del programa de gobierno lo que le da una gran visibilidad. “Su importancia es tan relevante que han salido figuras políticas como Hillary Clinton que fue candidata a presidenta. Otro ejemplo es Michelle Obama que hoy se ve con proyecciones políticas”, comenta Cienfuegos.
Otro ejemplo que cita el académico es el de la actual Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, que fue presidenta del país trasandino. Cienfuegos afirma que la pareja del presidente electo, Irina Karamaros, debería tener un rol en todo lo referente a temas de género en la agenda de gobierno ya que es un asunto que maneja y agrega que es absurdo el debate de si debe estar casada o no con Gabriel Boric para asumir este cargo.
El investigador termina diciendo que en Alemania y en los países del norte de Europa no existe la figura de primera dama, solo se observa un rol protocolar y no se le asigna un papel preponderante ni responsabilidades.