“A nivel global los populismos han crecido fuertemente en los últimos años”. Así lo advierte Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado en su artículo ¿Es Chile un país populista?, publicado en la revista Observatorio Económico N° 166 de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.
El investigador se refiere a los tipos de populismo, y señala que una manera de clasificarlos es según si estos son más de naturaleza institucional o socioeconómica. Bajo este parámetro, señala las categorías que han estado más presentes en América Latina.
El primero, que denomina anti-establishment, se relaciona con líderes carismáticos que legitiman su autoridad desde “el pueblo” o “las personas” mostrándose como enemigos de las élites de la sociedad. Ejemplos de este tipo serían gobiernos como los de Bucaram en Ecuador, Caldera en Venezuela y Fujimori en Perú a fines de los años 90s, y el de Bukele en El Salvador en la actualidad.
Luego señala el populismo cultural donde se ubican aquellos gobiernos que enfatizan el patriotismo y buscan proteger y dar beneficios prioritarios a ciertos grupos de la sociedad. Aquí los enemigos son los inmigrantes o las minorías étnicas, religiosas o culturales. “Ejemplos de estos liderazgos son el surgimiento de movimientos fascistas en Europa un siglo atrás y también en la actualidad en Europa del Este, señala Saavedra. En latinoamérica, menciona a Bolsonaro en Brasil y en Chile a las propuestas del ex candidato Kast y su partido Republicano.
En todo caso, afirma que “los populismos, cualquiera sea su tipo, socaban la institucionalidad político-económica de los países, siendo más evidente en la medida que estos grupos acceden al gobierno”.
Para Eduardo Saavedra, desde una mirada estrecha de economista se entiende un gobierno populista como aquel que realiza políticas, sobre todo redistributivas, sin apego a los equilibrios macroeconómicos. Buscan mayor bienestar para la clase trabajadora y sus enemigos son ahora los dueños del capital, las grandes empresas, sobre todo las transnacionales e incluso los organismos internacionales.
El director académico del CiPP, sostiene que cuando un país enfrenta mayores niveles de corrupción se socava la credibilidad de las instituciones públicas, “como resulta evidente de observar que los escándalos del financiamiento ilegal de la política chilena indicarían una mayor corrupción en el poder ejecutivo y legislativo”. Estas situaciones son un caldo de cultivo para los populismos anti-establishment.
El populismo cultural, comenta Saavedra, incuba líderes autoritarios, “los que al ejercer su poder afectan tanto la certeza jurídica como la posibilidad de los ciudadanos de expresar su derecho a voz y el accountability o rendición de cuentas de sus líderes”.
En el plano de la debilidad económica, dice el académico, “esta se acrecienta conforme avanza el populismo socioeconómico, lo que se traduce en un tamaño del Estado más grande que sustente su programa de políticas redistributivas”.
Para responder a la pregunta ¿Es Chile un país populista?, el investigador recurre a los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. “Chile es un país con bajos niveles de populismo institucional a pesar de la tendencia preocupante que muestra desde 2014”, destaca Saavedra. Si excluimos los años 2020 y 2021, por el sesgo que lleva la entrega de importantes recursos para paliar la pandemia del Covid-19, “se observa un leve, aunque sostenido aumento del tamaño del Estado, medido tanto por la mayor importancia del gasto del gobierno central como porcentaje del PIB, así como los subsidios que éste entrega como porcentaje del total de gastos”, comenta Eduardo Saavedra.
La tormenta que enfrenta la economía chilena frente a las variables macroeconómicas
“Las verdaderas explicaciones van desde la política monetaria expansiva de los Estados Unidos -y la mayoría de los países desarrollados- para enfrentar la pandemia, pasando por la falta de componentes de bienes importados hasta la reciente guerra de Rusia contra Ucrania”. Así explica la inflación el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la UAH, Carlos J. García, quien hizo un análisis sobre las altas tasas de inflación que no se observaban en Chile desde los inicios de los años 90 y que han aumentado el valor de los alimentos y la energía. En su artículo, publicado en la Revista Observatorio Económico N° 165 de la FEN UAH, el académico señala que esta situación no es producto de los retiros de las AFP y afirma que la inflación del 2021 puede ser explicada por los precios de los commodities.
El economista se pregunta ¿cuánto más subiría la inflación si hubiera nuevos retiros de las AFP? destacando que en el 2021 sin el shock en el precio de los commodities, la inflación hubiera llegado a un 3%, justo la meta propuesta por el Banco Central. En su análisis, Carlos J. García destaca que el retiro de las AFP fue utilizado por las personas para pagar deudas. “La inflación seguirá alta porque el shock de commodities sigue vivo, y con las altas tasas de interés del Banco Central enfrentaremos un demonio peor: la estanflación, que consiste en una recesión con inflación. Según mis cálculos, será una inflación en torno al 10%”, indicando que este frente estará activo todo el año.
Con relación al aumento del precio del dólar el académico señala que es una prueba de fuego para el Banco Central de Chile. “Si sube su tasa como respuesta, será una prueba fehaciente que su independencia no es tal: nuestra política monetaria al final estará determinada en parte por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED)”, puntualiza el investigador.
Para García, el 2022 será un año de batallas donde las variables macroeconómicas afectarán a la economía chilena y será una tarea que deberá enfrentar el nuevo gobierno. “En efecto, un gobierno nuevo en medio de una recesión pierde todas las holguras y se acaban de un porrazo todos los proyectos y buenas intenciones iniciales: sacar a la economía de esta situación se vuelve un imperativo nacional”, declara el investigador del CiPP.
Las vidas y talentos que se pierden como consecuencia del abandono escolar
En Chile no existe un sistema que se haga cargo de la reinserción escolar. El abandono escolar es un problema que afecta al país desde mucho antes de la pandemia, pero que probablemente se agudizará a propósito de la llegada del COVID 19. “Cuando partió la pandemia el Ministerio de Educación hizo una proyección y estimaba que a los aproximadamente 200 mil alumnos que abandonan la escuela año a año se deberían sumar otros 80 mil niños”, señaló el el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Madero en entrevista realizada por el equipo CiPP.
El académico señala que el número de estudiantes que entre 2020 y 2021 abandonaron la escuela fue el mismo que entre 2019 y 2020, es decir, alrededor de 40 mil. Aún no se conocen las cifras del 2021 al 2022 sobre el número de alumnos que abandonaron la escuela, por lo que cree que “ahora tendremos una cifra más real que con bastante seguridad será mucho más alta a los 40 mil, dado que la flexibilidad de promoción de curso entre 2021 y 2022 no fue tan flexible como la que hubo entre el 2020 y 2021. De manera más anecdótica, no hay escuela que me haya tocado visitar, en la cual no hayan casos de estudiantes que no han podido ser contactados”.
Lo que llama la atención es que el Estado conoce estas cifras y la realidad de estos niños, y si bien hay algunas políticas de reinserción escolar y de prevención del abandono, no existe un sistema que coordine dichas políticas, señala Madero. También se sabe que estos niños y adolescentes comienzan a trabajar en el mejor de los casos. La mayoría de las veces se encuentran en una situación de abandono, quedando expuestos a ser cooptados por la delincuencia y el narcotráfico, advierte el especialista. “Es escandaloso que el Estado no tome acciones de manera más sistemática por estos niños. Tampoco lo hizo el Senado al no votar a favor una subvención especial para este tipo de estudiantes en la nueva modalidad de reingreso aprobada por el Consejo Nacional de Educación en 2021. Es verdad que hacer un programa real de reinserción escolar es caro, pero es menor al de pagar las consecuencias”, sostiene Madero.
En Chile las escuelas de reinserción se dan dentro del marco de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA. Hay un puñado de iniciativas benefactoras creadas, entre otras, por el Hogar de Cristo a través de la Fundación Súmate. “En las escuelas de reingreso de la Fundación Súmate hay muchos niños del SENAME y una de las cosas que más trabajamos es el vínculo con los adultos en la escuela. Cuando logras esto empiezas a ver que estos niños y adolescentes comienzan a asistir a clases y observamos importantes cambios”, fundamenta el académico.
Según datos de la Fundación Súmate un 80 por ciento de los estudiantes de sectores vulnerables comenzó a trabajar durante las vacaciones de verano e incluso se han convertido en el principal sustento de su familia. Muchos debieron ser convencidos por esta entidad para que regresaran a clases en marzo, aunque estaban matriculados para el año escolar 2022. Otro porcentaje se queda en sus casas y, ante la falta de infraestructura pública deportiva, cultural y recreativa, se exponen a probar suerte en las redes del narcotráfico y de la delincuencia. Otras, sobre todo mujeres adolescentes, seguirán en sus tareas de cuidado de adultos mayores o de sus hermanos menores, o serán madres adolescentes y comenzarán a vivir una vida llena de postergaciones difíciles de recuperar.
Cristóbal Madero, afirma que son alumnos y alumnas que fueron abandonados por un sistema educativo rígido que no acoge estudiantes diferentes que poseen una historia de vida compleja. “Son vidas y talentos que se pierden, que caen muchas veces, y a vista y paciencia de la sociedad, en las manos de los narcotraficantes, la delincuencia, el consumo de alcohol y drogas”, sentencia el académico.
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Sistemas de justicia en el borrador constitucional
“Hay un desarrollo bastante elogiable de las garantías procesales penales”. Así lo planteó Rafael Blanco, académico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP UAH, en el seminario sobre los sistemas de justicia que forma parte del ciclo “Del borrador al texto de nueva constitución” organizado por el Núcleo Constitucional de la UAH, entre el 31 de mayo y el 02 de julio 2022.
El académico destaca la explicitación de algunas garantías procesales penales como el principio de inocencia. “Conocer el antecedente de cargo o la prueba de cargo y poder presentar pruebas de descargo”, comenta Blanco. También resalta el derecho a guardar silencio y al reconocimiento de la no autoincriminación. El investigador reconoce que este tipo de garantías es sin duda un enorme avance.
En torno a las medidas cautelares señala que van en la dirección correcta. “Dejan mucho más claro los parámetros en base a los cuales los jueces y juezas deberían poder aplicar medidas cautelares personales, medidas cautelares reales, en general cualquier hipótesis o cautela de garantía”, dice el docente.
“La autonomía de la Defensoría Penal Pública es un acierto“. Así de tajante es Rafael Blanco.“La Convención le otorga autonomía constitucional y yo creo que desde el punto de vista simbólico es correcto, desde el punto de vista funcional también, sacarlo de la órbita del ejecutivo, sacarlo de la órbita del poder judicial y generarle un espacio propio digámoslo así equivalente al órgano contra el que litiga que es el ministerio público”, argumenta Blanco.
En su análisis agrega que es positivo que se haya optado por un modelo de especialización. “La posibilidad de que esta defensoría adquiriendo mayor autonomía pueda litigar ante los organismos de derechos humanos contra el Estado por las violaciones a los derechos humanos”, ejemplifica el académico.
Sobre la propuesta que toca el sistema de licitaciones, en cambio, su mirada es crítica. “Eliminar el sistema de licitaciones es una cuestión equivocada”, sostiene Rafael Blanco. El punto de fondo estaría en la transición de un modelo de autonomía de defensa penal con ausencia de mecanismos de externalización. “Esto va a suponer que la defensoría va a tener que tocar la puerta del ministerio de hacienda para decir mire necesito contratar 400 defensores, ustedes se imaginan la respuesta que va a tener esa petición frente a múltiples demandas de distintos subsistemas estatales por lo que creo que es un mal momento para hacer esa ecuación, autonomía más eliminación de las externalizaciones”.
Hugo Rojas lanza en Oxford dos libros sobre los derechos humanos en Chile.
Los días 13 y 17 de junio recién pasados, la Universidad de Oxford fue el escenario elegido para el lanzamiento oficial de dos libros publicados por Hugo Rojas, profesor de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de esta casa de estudios, y del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).
El 13 de junio fue presentado el libro Human Rights and Transitional Justice in Chile, publicado por Palgrave Macmillan y escrito en coautoría con Miriam Shaftoe. La ceremonia tuvo lugar en la Sala de Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, en el marco de las actividades del Oxford Transitional Justice Research Group. El texto fue comentado por Paula Molina, periodista de Radio Cooperativa e investigadora visitante en el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, y la docente Tsvetelina Van Benthem, profesora de Derecho Internacional Público e investigadora del Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict y del Oxford Transitional Justice Research Group. Los autores se refirieron a los aportes del libro y a las complejidades del proceso de justicia transicional en Chile.
El libro ofrece un marco teórico sobre los derechos humanos y la justicia transicional. Además, contextualiza los debates y hechos ocurridos en el ámbito de los derechos humanos en la historia reciente de Chile. Los otros cinco capítulos del libro están destinados a explicar a un público amplio los numerosos avances y desafíos pendientes en la búsqueda de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, las políticas de reparación que se han implementado a favor de las víctimas, sobrevivientes y familiares, las investigaciones y sentencias judiciales que se han dictado durante los años de la transición a la democracia para condenar a los responsables, las principales iniciativas de conmemoración y memorialización en el país, y las garantías de no repetición que han sido impulsadas en la última década.
El 17 de junio, por su parte, fue lanzado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford el libroPast Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile, escrito por el profesor Rojas y también publicado por Palgrave Macmillan. El texto fue comentado por Alyson Brisk, profesora de Ciencia Política en la Universidad de California – Santa Bárbara e investigadora visitante en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford (Fulbright scholar), y Valentina Infante, doctoranda en Sociología en la Universidad de Oxford. El panel fue moderado por Leigh A. Payne, profesora de Sociología de América Latina y Derechos Humanos en la Universidad de Oxford. El profesor Rojas explicó el sentido del libro y los principales hallazgos de la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) realizada para comprender a las personas que no le asignan relevancia a los derechos humanos y las repercusiones sociales de esa indiferencia en el funcionamiento de la democracia y el estado de derecho en Chile.
El profesor Rojas fue además entrevistado por Alan Angell, Profesor Emérito de Historia de América Latina en la Universidad de Oxford, sobre ambas publicaciones, además de la contingencia política actual a partir del estallido social de octubre de 2019 y el trabajo de la Convención Constitucional. El podcast de la entrevista estará prontamente disponible.
Finalmente, el profesor Rojas intervino en la ceremonia anual de la Serie Saint Antony’s de Palgrave Macmillan, ocasión en la cual fueron presentados los quince libros de la serie que fueron publicados durante la pandemia, incluyendo su texto Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile.
Mayores antecedentes sobre ambos libros se encuentran disponibles en:
Cuenta pública: una narrativa convocante con énfasis en los derechos sociales
Con un liderazgo muy distinto a todos sus antecesores, afectuoso, sencillo, convocante y usando una narrativa que invita a la unidad define el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fabián Pressacco, el estilo del Presidente Gabriel Boric en cada uno de sus discursos, y que se pudo ver en su primera Cuenta Pública, la que contó además con una cadena nacional esa misma noche.
Fue una intervención, señala el académico, donde el Presidente llegó sin corbata, fiel a su estilo, e hizo diferentes menciones a sus predecesores y a la historia. “Boric mostró nuevamente su talento de orador y su facilidad para comunicar con una narrativa muy diferente a la usada por sus antecesores y, claramente, muy distante de Sebastián Piñera; semejante al estilo de Michelle Bachelet que era muy cercana con la gente”, comenta Pressacco.
El Presidente, afirma el cientista político, parte hablando de la importancia de la unidad nacional y llama a construir el país de manera colectiva lo que, para el académico, es una de las partes más importantes de su discurso porque lo hace convocante para todos los ciudadanos. “Esto es algo esencial en política porque no se trata de sumar los intereses individuales, sino que tiene que ver con algo mucho más complejo y medular que es poder darle cuerpo a ese interés general y trabajar colectivamente”, señala el académico.
El investigador del CiPP, en su análisis, enfatiza que los cinco ejes que menciona el mandatario en su discurso – derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente – muestran las tareas que son prioritarias para Gabriel Boric «Establece una hoja de ruta señalando hacia dónde se quiere llegar, donde me parece relevante la importancia que le da al foco de lo social. En esta línea es destacable el acuerdo alcanzado con la CUT, la implementación que se hará prontamente de la reforma previsional, lo referente al empleo y las mujeres, el énfasis en el tema ambiental y la referencia a la inseguridad ciudadana que, aunque pueda ser insuficiente, es un punto de partida», dice Pressacco.
En su discurso, el Presidente Gabriel Boric señala que “un país que está fracturado socialmente no puede crecer, por lo que una distribución más justa de la renta es condición necesaria para que retomemos el camino del desarrollo. Por ello hoy los quiero invitar a que juntos, trabajadores, empresarios, Congreso y Gobierno, avancemos hacia un gran pacto tributario y productivo que permita llevarnos al camino de un crecimiento justo, inclusivo y sustentable”. Para el docente esta invitación que realiza es importante no solo por la importancia de poder recaudar más, sino que también da cuenta del tipo de sociedad que se pretende construir. “Hoy los que tienen menos pagan mucho en proporción a sus ingresos y los que tienen más pagan poco en relación con sus ingresos, lo que incluso simbólicamente no nos habla de una buena sociedad. Gabriel Boric lo dijo en una representación muy gráfica a los empresarios señalando que el chancho está mal pelado”, afirma Fabián Pressacco.
Para el analista una de las carencias que tuvo esta cuenta pública es que no explica en forma clara el cómo financiará este ambicioso plan de gobierno. “Lo que me faltó en un programa tan ambicioso y costoso como este es que no se señalará en forma clara cómo se financiará. Creo que este tema debería haberse trabajado y explicado más”, puntualiza el docente.
El académico se refiere a la mención que hace Gabriel Boric a los pueblos indígenas señalando que es necesario establecer una nueva relación con ellos, que sea intercultural, fundada en el respeto y que fortalezca el pluralismo. “Boric sintoniza con un tema muy relevante presente en el estallido social y en las demandas ciudadanas de los últimos años que es el reconocimiento a la diversidad cultural que queda caracterizada en esta nueva constitución al hablar de un estado plurinacional, y dotar a estas diversidades de cierto marco de autonomía”, recalca Pressacco.
El analista señala que cree que es necesario que el gobierno se concentre en determinadas tareas sin buscar abarcarlo todo. “Debe anclarse en la dimensión social como la reforma a las pensiones, a la salud, educación, vivienda que son temas claves. A lo que agregaría el tema de la seguridad ciudadana por la relevancia que tiene actualmente. Las otras tareas deberían tener la prioridad que permitan los avances en los frentes más relevantes”, afirma el investigador.
Finalmente, el docente señala que en estos casi tres meses de la instauración del gobierno, Gabriel Boric ha tenido dificultades con su equipo político más cercano. Si bien destaca la labor de la Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cree que el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia no han funcionado como se esperaba. “Giorgio Jackson no ha logrado tener una comunicación fluida con el Congreso y se han observado grandes tropiezos”, sentencia Pressacco.
En cuanto a la Ministra, Izkia Siches cree que hay dos errores no forzados como son el viaje el 16 de marzo a Temucuicui y el segundo la acusación, posteriormente desmentida, lanzada en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara contra el gobierno anterior por hacer regresar un vuelo de migrantes venezolanos expulsados del país. «A mi parecer la designación de Izkia Siches fue una apuesta del Presidente y él va a sostenerla lo más que pueda como Ministra del Interior», opina Pressacco.
Miriam Henríquez: La Constitución no busca privilegios
La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, habló estos días en diversos medios sobre el proyecto de nueva constitución. En esta nota te mostramos varias de sus opiniones en las que destaca las principales características del nuevo texto constitucional, enfatizando la consagración de los derechos sociales y la relación con el medio ambiente y argumenta por qué no concuerda con la visión de que se trata de un texto que favorece a ciertos grupos “privilegiados”.
«El artículo 1 es el que da cuenta de una sociedad diversa. Un estado ecológico y plurinacional. Da espacio preferente para los derechos sociales. Son como los pilares de la futura Constitución», señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en una entrevista realizada en Radio Futuro.
La académica destaca la creación del Núcleo Constitucional de la UAH que participó en audiencias públicas y generó aportes al trabajo de la Convención en áreas de desarrollo social, modernización de la visión pública, de género, diálogo y sistemas de justicia. “Hemos querido priorizar esas temáticas y estamos tratando de analizar todos los temas que esta Constitución contempla”, señaló la investigadora del CiPP.
La docente señala que en el borrador de la nueva constitución se han puesto en el centro los derechos sociales y la relación con el medio ambiente. También destacó que no hay derechos preferentes ni privilegios. “La Constitución no busca privilegios, sino que espera igualar a las mujeres al resto de las personas (los hombres), por lo tanto, no se puede hablar de privilegios. Lo mismo ocurre respecto a los pueblos originarios”, afirma la decana.
Esta misma idea de que no hay sectores privilegiados en la nueva constitución la desarrolla en una columna publicada en el diario La Tercera denominada “Sin derechos preferentes para las mujeres” donde descarta esta situación y afirma que “reiteradamente en estas últimas semanas se ha dicho que el borrador de texto constitucional establece derechos preferentes para ciertos grupos que suprimiría la igualdad y que, si uno no pertenece a esos grupos, será un ciudadano de segunda clase. Pero si leemos el borrador de nueva Constitución, podemos concluir que aquello no es correcto”, puntualiza Miriam Henríquez.
Escucha y revisa las entrevistas a nuestra investigadora asociada en:
“Es muy claro que la responsabilidad de las empresas va más allá de simplemente entregar un producto, con la calidad y los estándares que corresponden, sino que se debería querer hacer las cosas bien por el país, por eso la sensación de abuso que está presente, simplemente se ve alimentada por situaciones como esta”. Así lo comentó en el programa Última Mirada de CNN Chile Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, al referirse a la situación ocurrida en el mercado del gas.
Para el caso de Metrogas y su empresa espejo Agesa, Saavedra opinó que “había la oportunidad, había un espacio y el espacio se aprovechó”. Esa situación lo llevó a reflexionar sobre la ausencia de una mirada ética sobre cómo se hacen los negocios. “Hubo una falta a la fé pública que lamentablemente van a terminar pagando las otras empresas distribuidoras de gas que estaban haciendo las cosas bien, pero de repente les van a decir, a usted también lo voy a regular más por rentabilidad o por precio”, acotó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.
La guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía, la inflación y la pandemia son factores que influyeron para que ahora se hable de 4 puntos del PIB en una reforma tributaria que en un principio pretendía recaudar 8 puntos del PIB. Así lo sostiene Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. El académico publicó una columna de opinión en el Diario Financiero donde explica las tres líneas principales de la reforma tributaria.
La primera se refiere al impuesto al patrimonio vía herencias, inversiones inmobiliarias y el patrimonio financiero. Borges dice que la iniciativa pretende recaudar el 0,5 % del PIB.
La segunda al impuesto global complementario que se declara y paga todos los meses de abril. El investigador plantea que se espera aún saber qué tramos se intervendrán para alcanzar una recaudación de 1,5 puntos.
Por último, se busca recaudar otros 2 puntos haciendo frente a la evasión que hoy se calcula en 5,5 puntos del PIB. Para Borges la verdadera evasión se encuentra en la informalidad que es muy difícil de fiscalizar.
“La movilización social del 2019 gatilló el proceso constituyente en curso. Cerca del 80 por ciento apoyó la idea de discutir y aprobar un nuevo contrato social en el cual se modifiquen las bases republicanas y las principales instituciones políticas. A pocas semanas de conocer la versión final del borrador de la Constitución, cabe preguntarse ahora si la Convención Constitucional ha sido capaz de lograr amplios consensos políticos que sintonicen con la ciudadanía”. Así lo plantea Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado que publicó el artículo “Chile at the Crossroads: From the 2019 Social Explosion to a New Constitution”, en Seattle Journal for Social Justice (vol. 20, n° 4, 2022, pp. 981-1018).
En esta publicación el profesor Rojas analiza las causas sociales del estallido social de octubre de 2019. “La insatisfacción con el modelo político-económico, la desigualdad social y la falta de oportunidades y movilidad social para amplios sectores de la población son algunas de las causas más importantes que explican la magnitud del malestar social con el sistema jurídico-político que rige en el país”, puntualiza el docente.
La novedad del artículo está en detenerse a hacer una pausa para tomar consciencia sobre la envergadura e importancia de la vorágine de eventos que han ocurrido en nuestro país en los últimos dos o tres años, efectuando una observación sobre la profundidad e implicancias de las discusiones públicas que han tenido lugar.
Según Rojas, las universidades se han visto interpeladas y las y los docentes e investigadores de muchas de ellas han asumido un rol activo durante el proceso constituyente a través de la formulación de reflexiones, diagnósticos y propuestas normativas e interdisciplinarias. De esa manera, la academia ha estado generosamente colaborando con ideas encaminadas al fortalecimiento y promoción de la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales.
También el documento se refiere a las consecuencias políticas de las masivas movilizaciones ciudadanas que ocurrieron en diversas ciudades del país. “La experiencia chilena muestra cómo la movilización social puede deshacer camisas de fuerza tan fuertemente atadas como un modelo neoliberal y una constitución impuesta durante una dictadura que no representaba a la mayoría de los ciudadanos”, afirma Hugo Rojas.
Además, el artículo aborda el impacto y la naturaleza de los actos de represión estatal y las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Asimismo, explica el proceso constituyente y la organización del trabajo en la Convención Constitucional.
En el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) participan diferentes académicos de la UAH con el objetivo de promover e incidir en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.
En esta oportunidad conversamos con Nicolás Fleet, sociólogo de la Universidad de Chile, Master of Science en Sociología Política de la London School of Economics y Doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.
El académico es profesor de planta del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado desde marzo de 2022 y nos relata que una de sus pasiones es la música. Es fan del grupo Congreso. “Mi pasión es escuchar música y en algunas ocasiones tocó la batería. Soy un gran coleccionista de vinilos y en total debo tener unos 700 discos”.
Le gusta el fútbol y su equipo es la Universidad de Chile. Extraña los partidos que disputaba hasta antes de la pandemia, ya que en la actualidad no ha retomado este pasatiempo. Vivió varios años en Inglaterra y Arica, lugares que para él son inolvidables y de los cuales tiene hermosos recuerdos.
¿Qué temas abordas dentro de la sociología?
Me he dedicado principalmente a temas de sociología política y educación superior. Sobre sociología política he estudiado los movimientos sociales, particularmente el movimiento estudiantil y el Estado neoliberal. He abordado el tema de la educación superior y trabajado todo lo referente a masificación, universidades, vinculación con el medio y aseguramiento de la calidad. Si bien cada uno de estos campos tiene sus propias discusiones, también he buscado integrarlos, principalmente porque me parece que el caso chileno de las últimas décadas se ha destacado por un cambio radical en la estructura social, a través de la masificación de la educación y el conocimiento, impactando principalmente sobre las capacidades políticas, en particular capacidad de crítica sobre el estado y la política misma. También he buscado vincular estos procesos de transformación a perspectivas de la teoría social, como por ejemplo las teorías del capitalismo cognitivo y discusiones sobre post-burocracia y post-profesiones.
En Cambridge jugando jugando baby futbol
¿Qué importancia tiene para ti la existencia del CiPP en la Universidad Alberto Hurtado? ¿Qué valor le das como académico el formar parte de este Centro?
Me parece fundamental que la Universidad tenga un espacio como este, pues permite complementar las miradas disciplinarias que cada investigador trae desde sus propios departamentos con un interés práctico por los asuntos de la política. En mi caso, más allá de mi perspectiva sociológica, desde el CiPP también he podido colaborar con perspectivas de otras disciplinas, particularmente el Derecho, y trabajar nuevas líneas de investigación donde la propia adquiere renovada relevancia, por ejemplo, para estudiar la calidad del empleo público en Chile. Es genial que se pueda producir esa sinergia y que espacios como el CiPP articulen lo que llamaría como “exceso de conocimiento” hacia el impacto en el desarrollo de las políticas públicas.
¿Cuáles son tus últimas investigaciones?
Los dos libros que he publicado reflejan estos intereses. El último, publicado en 2021 por Palgrave Macmillan, se llama Mass intellectuality of the neoliberal state. En él trato de mostrar cómo la masificación de la educación superior contiene fuertes determinaciones ideológicas, que se expresan dentro de la masificación del estado neoliberal y de la agencia política que profesionales tienen dentro de él. Me encantaría seguir investigado este tema, en una perspectiva de la sociología del Estado acerca del proceso de cambio sociopolítico en el Chile actual. Anterior a ese libro, en 2017 publiqué, con colegas de la Universidad de Tarapacá y Universidad de Magallanes, una investigación apoyada por la CNA con el desarrollo de una metodología de medición de la vinculación con el medio para instituciones de educación superior. Lo interesante es que ambos trabajos, por diferentes que puedan ser, comparten marcos teóricos comunes, sobre la lucha por el valor del trabajo intelectual. Inesperadamente, este último trabajo ha tenido gran impacto sobre el desarrollo del ámbito de la vinculación con el medio en el país.
La migración en los medios de comunicación y las redes sociales
La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Amaranta Alfaro, participó en el coloquio “Medios y migración en Chile”, organizado por el Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, en el panel titulado “Medios, migración y racismo en el contexto del Covid – 19 en Chile”, realizado el 19 de mayo de 2022.
La académica de la UAH destacó que en los últimos 20 años el número de migrantes aumentó en Chile –aunque parezca poco creíble– en un 792%, según las cifras entregadas por el INE, por lo que abordar esta temática resulta muy relevante.
En su ponencia, Amaranta Alfaro presentó un trabajo de investigación realizado junto a la académica de la Universidad Autónoma de Chile, Macarena Bronhomme, donde abordaron la realidad de los residentes haitianos en el país, en el contexto de la pandemia, desde el punto de vista de los medios de comunicación y las redes sociales. “Nos pareció un grupo interesante de estudiar considerando que han sido ampliamente estigmatizados y discriminados”, comentó la docente.
La investigadora del CiPP explicó que analizaron el caso de un brote de Covid 19 que se produjo el año 2020 en un cité de la comuna de Quilicura, donde 33 residentes contrajeron la enfermedad, provocando la evacuación de más de 250 personas chilenas y haitianas hacia una residencia sanitaria.
Para la periodista, el manejo de la información que los medios de comunicación realizaron de este caso dejó en evidencia la compleja relación que existe entre raza, migración y enfermedad. “La cobertura mediática fue muy criticada, incluso hubo canales de televisión que fueron sancionados dado que no protegieron la identidad de las personas migrantes contagiadas. Además, se le dio amplia tribuna a los chilenos que residían en ese lugar y que responsabilizaron a los ciudadanos haitianos del contagio producido”, puntualizó la investigadora del CiPP.
Amaranta Alfaro, destacó que en Chile existe un amplio uso de internet y de las redes sociales que influyen con sus contenidos en la población. “Las redes sociales, que tienen gran relevancia e influencia hoy en día, se han convertido en un espacio donde el racismo se manifiesta de diferentes maneras” afirmó la académica.
Otro de los paneles de este coloquio se denominó “Barómetro de Xenofobia” y contó con la participación del periodista y analista de la Fundación Interpreta, Patricio Durán, y el director del Centro Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolas Rojas Pedamonte.
En su presentación, Patricio Durán expuso los resultados de un estudio realizado por la Fundación Interpreta y el Centro Fernando Vives, que muestra cómo se aborda el tema de los migrantes en internet, específicamente en Twitter.
Por su parte, Nicolás Rojas Pedamonte, destacó que existe una gran penetración de Twitter como red social en la opinión pública, y que los resultados del estudio realizado “dan cuenta de una minoría ideologizada de gran capacidad organizativa y movilización virtual que ha ido posicionando discursos de odio en redes sociales”. Explicó que existen grupos de odio que en algunos estudios son llamados “guerrilla virtual”.
Para cerrar el coloquio, se presentó el panel denominado “Organizaciones migrantes y sistema de representaciones mediáticas: la disputa por el discurso”, que contó con la participación de Ximena Poo, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
2do Coloquio Investigación en Comunicación: «Medios y Narrativas sobre el Pueblo Mapuche»
El Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, Centro Vives UAH, Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fundación Friedrich Ebert y Fundación Interpreta, invitan a participar del 2do Coloquio Investigación en Comunicación. En esta oportunidad el tema central será “Medios y Narrativas sobre el Pueblo Mapuche”, espacio que tiene por propósito abordar la cobertura inclusiva, sobre la comunidad Mapuche.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 8 de junio entre las 10:00 y 12:00 hrs. en la sala E11 en la Universidad Alberto Hurtado. Esta instancia contará con tres intervenciones:
– Lanzamiento del Manual de Buenas Prácticas, para la difusión mediática de temas Mapuche, presentación de sus autoras, las periodistas Paula Huenchumil Jerez y Stefanie Pacheco-Pailahual
– Presentación de estudio sobre análisis de la cobertura del caso Catrillanca por los medios de comunicación en Twitter, Amaranta Alfaro: Investigadora CIPP-UAH, Académica del Depto. de
Periodismo de UAH. MA en Medios, Comunicación y PhD(c) de la Universidad de Hamburgo, Alemania.
– Presentación del Barómetro de Percepción en RRSS del conflicto en territorio Mapuche, por Nicolás Rojas-Pedemonte: Director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives SJ de la U.
Alberto Hurtado; junto a Tomás Lawrence, Director Ejecutivo de Fundación Interpreta Modera: Roberto Herrscher, académico Depto. Periodismo UAH.
Revelan mecanismo utilizado por Metrogas para aumentar el precio del gas natural
Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, participó en un reportaje de Chilevisión que denunció que mediante la creación de Agesa, firma espejo de Metrogas, la empresa habría estado obteniendo millonarias ganancias mediante cobros indebidos.
En el informe final del estudio del mercado del gas en Chile que publicó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en diciembre del año pasado ya se daba cuenta de este mecanismo (revisa el siguiente link). Metrogas compraba el gas a GNL Chile, sin embargo, tiempo después creó la empresa Agesa con quien suscribió un contrato de suministro a un precio mayor. De esta manera, Agesa se hizo cargo del abastecimiento y Metrogas de la distribución. La primera no está regulada legalmente mientras que la segunda sí. “En la práctica como grupo económico terminaban con una rentabilidad mucho más alta, muy por encima de lo que la ley decía”, señala Saavedra en el reportaje de Chilevisión.
“A través de Agesa, (Metrogas) obtiene una rentabilidad por nada, a costa de los que pagan, que son los consumidores”, agrega el investigador del CiPP. Según el reportaje, en 5 años, la empresa logró ingresos adicionales que van desde los 350 a 394 millones de dólares. “Es un traspaso de riqueza directamente desde los dos millones de usuarios de la empresa hacia la empresa”, concluye el académico.
Revisa las entrevistas realizadas al Director Académico del CiPP esta semana en diversos medios en las que aborda esta temática:
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Humberto Borges, se refirió a “los impuestos y el pacto social que los crea”en una columna de opinión publicada en la página web de Radio Cooperativa el pasado 23 de mayo. En ella comparte sus recuerdos de pequeño del barrio Meiggs y los compara con la nueva realidad del sector, calles más estrechas por los toldos y las ventas callejeras. La comuna de Estación Central dice Borges recibía antes a los migrantes de regiones y hoy a los extranjeros, fenómeno que ha reconfigurado la ciudad.
Los impuestos están institucionalizados como una herramienta de solución de los problemas de integración e igualdad, plantea el académico. “Se realiza un pacto tributario basado en un pacto social que promueve la equidad, la seguridad y el buen uso de los recursos de todos quienes pagan sus impuestos”, sostiene el investigador del CiPP. En ese sentido agrega que el comercio no establecido y el pago de seguridad ilegal son una pérdida de caudales de ingresos para la sociedad.
Humberto Borges advierte que “el aumentar los impuestos sólo producirá un quiebre con el pequeño empresario o de personas con falta de trabajo que buscarán cobijarse en lo ilegal o evadir para lograr sobrevivir”. Por ello espera que en la próxima reforma tributaria se escuche a los micro, pequeños y medianos empresarios, principalmente en lo que refiere a la posible desintegración tributaria o nuevos tributos “para que se escuche parte de quienes ven insatisfechas sus demandas”.
Cuando tu código postal es más importante para tu salud de lo que imaginas.
Para muchas personas en Chile existen pocas posibilidades de poder elegir entre prestadores públicos o privados para recibir una atención de salud en un entorno cercano a su residencia. Así lo plantea el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico UAH, Manuel Fuenzalida, en una columna de opinión publicada en el medio El Dinamo.
Frente a la aprobación por el Pleno de la Convención Constitucional de un sistema de salud universal, público e integrado y que propone a la atención primaria como la base de este sistema, Fuenzalida señala que “es importante alertar qué pasa actualmente a nivel territorial con la siguiente fase de atención compleja, que se entrega de forma cerrada en hospitales públicos, privados y clínicas”.
El académico, forma parte del grupo de investigación de la UAH, GEOSALUD, y explica que este equipo ha realizado una importante investigación sobre esta temática. “Hemos estado trabajando hace tres años en la construcción de evidencias que dejan claro que la posibilidad de que un usuario pueda elegir entre prestadores públicos o privados, en un entorno cercano a su lugar de residencia, se da en muy pocos territorios. Aquí toma sentido pensar que tu código postal es más importante para tu salud de lo que imaginas”.
El geógrafo y Doctor en geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Fuenzalida, sostiene que es muy importante fortalecer la atención primaria que es la base del nuevo sistema de salud público e integrado, especialmente en territorios donde existen grandes carencias en la atención de salud.
La nueva constitución no contempla el Estado de Emergencia
La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez en una columna publicada por el diario La Tercera el 20 de mayo, se refiere a la decisión del presidente Boric de decretar estado de emergencia acotado en la Araucanía y el Bío Bío, que busca garantizar la seguridad de las personas, el abastecimiento y el libre tránsito, y a las decisiones tomadas en la Convención Constituyente sobre este tipo de medidas.
La académica recuerda que esta era una decisión que el Presidente Gabriel Boric no quería tomar y que finalmente accedió motivado por los últimos hechos de violencia en la zona. Este es un estado de excepción acotado que no incluye operativos militares donde se ubican las viviendas indígenas.
La investigadora del CiPP, destaca que en la Convención Constitucional se discutió cuáles debían ser los estados de excepción, quién puede declararlos, sus mecanismos de control y contrapeso, como las causales para decretarlos, y se determinó el alcance de afectación de derechos. “Se debatió sobre el rol de los poderes públicos en situaciones de anormalidad y de las fuerzas armadas cuando no esté en riesgo la seguridad del Estado. Fue así que se aprobó el estado de emergencia, de sitio y de catástrofe, excluyendo justamente el estado de emergencia decretado por estos días”, comenta la abogada.
Miriam Henríquez puntualiza que el Estado de Emergencia fue creado bajo el modelo de la doctrina de seguridad nacional y fue excluido en la nueva constitución. “Las razones que se argumentaron para la exclusión son que fue concebido bajo el paradigma de la doctrina de la seguridad nacional, su marcado carácter militar y la falta de idoneidad para resolver las situaciones que lo justifican”.
Finalmente, la Decana de la Facultad de Derecho de la UAH afirma que hoy el mandatario debe gobernar con las herramientas de la actual Carta Magna. “Mientras la Constitución de 1980 esté en vigor, el presidente debe gobernar con las herramientas que hoy le franquea la normativa”, concluye la académica.
Calidad Docente en la educación media técnico profesional
El pasado 16 de mayo, el diario La Tercera publicó una carta al director enviada por Paola Sevilla, directora del Programa de Investigación Avanzada en Formación TP e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, junto a Soledad Ortúzar, Directora Ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED, U. del Desarrollo, en la que se refieren a los nuevos estándares para la formación docente en la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) dados a conocer por el Ministerio de Educación, como medida positiva pero insuficiente para abordar los desafíos que existen en materia de calidad docente en este sector.
Las académicas valoran positivamente que el Ministerio de Educación, Mineduc, diera a conocer los estándares para la formación docente en la EMTP.“Esta es una buena noticia, ya que permite establecer criterios comunes de las competencias pedagógicas, disciplinares y de vinculación con el sector productivo, que deben manejar los docentes de este sector”, señalan.
Reconocen que la calidad docente tiene impacto directo en los aprendizajes de los estudiantes, cuestión importante en la EMTP, que atiende al 37% de los estudiantes de 3° y 4° medio en nuestro país.“Sin embargo, desde la política pública, todavía estamos lejos de responder a los desafíos en esta materia”, advierten las investigadoras.
Indican que las políticas implementadas para fortalecer y hacer más atractiva la profesión docente no han apuntado a resolver los desafíos de quienes se desempeñan en el sector, que se cuenta con poca oferta formativa en el área de la EMTP y no existen los incentivos adecuados para atraer y retener profesionales del sector productivo, y concluyen ”Mientras no se implementen medidas que apunten a resolver estos temas, los estándares pasarán a ser otra política de letra muerta”.
Hoy existen 934 liceos técnico-profesionales y la matrícula en EMTP representa el 37% del total de estudiantes de 3ero y 4to año de todo el país. Además, de los más de 155 mil jóvenes técnicos, un 52% son hombres y el 47% son mujeres. Y se imparten 35 Especialidades con 17 menciones, que involucran alrededor de 6.500 docentes.(https://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/que-es-la-emtp/)
La necesidad de crear una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el estallido social
“Lamentablemente el gobierno anterior no abordó el tema de la reparación como un eje central para reconocer los daños producidos a las víctimas y es de esperar que este nuevo gobierno impulse una agenda más audaz, porque la falta de respuesta oportuna lo único que hace es postergar los anhelos de verdad, justicia y reparación”. Así lo sostiene Hugo Rojas, Profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado e Investigador del Instituto Milenio sobre Violencia y Democracia (VioDemos) y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH (CiPP), quien fue entrevistado por el equipo CiPP sobre su participación en la 40th International Congress of the Latin American Conference, “Polarización socioambiental y rivalidad entre grandes potencias”.
Rojas intervino en el panel “Los Derechos humanos, represión y la reciente ola de protestas sociales”, de la sección “Derechos Humanos y Memoria”. En su ponencia titulada “Justicia Transicional y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 en Chile”, propuso las bases metodológicas y políticas para avanzar hacia la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los hechos ocurridos en el país entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
El investigador del CiPP señaló que el volumen de denuncias, casos y detenciones fue tan alto que la institucionalidad no ha sido capaz de resolverlos. En estos momentos, agrega el académico, los organismos públicos y de la sociedad civil tienen bases de datos sobre los hechos ocurridos y muy diversos sistemas de registro que no están dialogando como debiera ocurrir. “Nosotros necesitamos un diálogo interinstitucional, además de la realización de audiencias e investigaciones independientes y objetivas, que nos permitan conocer los detalles de lo sucedido. No es sensato que los actos de violencia y de represión estatal cometidos durante el estallido social queden impunes”, puntualiza Rojas.
A partir de los hallazgos de la comisión de verdad que propone, sería posible avanzar hacia una política integral de reparación para las víctimas. Hugo Rojas, dice que para ello se requiere que los planes y las políticas de reparación sean discutidos con las asociaciones de víctimas en un trabajo que debe ser participativo y coproducido entre el Estado y la sociedad civil.
Destaca que también es necesario profundizar en las garantías de no repetición, tema que ha sido abordado en la Convención Constitucional. “Nosotros como sociedad no podemos conformarnos con la realización de esas discusiones en la subcomisión de verdad histórica, por el contrario es fundamental que diversos organismos hagan una autocrítica y estén dispuestas a innovar”, recalca el investigador del CiPP.
Parte de las reformas institucionales que está proponiendo actualmente la Convención Constitucional al sistema de justicia y a ciertos órganos autónomos, lamentablemente, comenta el académico, tienen que ver con las deudas pendientes a propósito de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Además, plantea Hugo Rojas, hay que hacerse cargo de los actos de violencia cometidos por ciudadanos, que causaron conmoción pública, pánico o terror. “Por ejemplo, quemar estaciones de metro no puede ser considerado como un mero incendio, hubo acciones irresponsables que provocaron miedo y esos hechos deben ser investigados y severamente sancionados por los tribunales de justicia si se acredita la participación de los acusados en esos hechos”, afirma el especialista. En este tema el Estado tiene que actuar rápido porque no es razonable que se abuse en la aplicación de la prisión preventiva y que se prolonguen las investigaciones si no hay pruebas suficientes, acota el investigador. “Estos y otros asuntos son complejos y son delicados. Sería un error político e histórico tratar de sembrar un manto de impunidad como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia republicana simulando que nada pasó. Como sociedad debemos enfrentar estas violaciones a los derechos humanos y también los abusos y actos violentos que los propios ciudadanos cometieron y que causaron pánico y miedo a la población. No podemos acostumbrarnos a vivir con esos niveles de violencia como si fuese algo normal o natural”, concluye Hugo Rojas.
Las cifras del estallido social
– Amnistía Internacional documentó, en el informe “Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, cómo Carabineros de Chile cometió graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. De acuerdo con cifras a marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
– En tanto, el reporte general del INDH, del 18 de marzo del 2020 se contabilizaron 1805 víctimas en las acciones judiciales emprendidas por el organismo. Los principales hechos citados son 1001 golpizas y 763 disparos.
– Por su parte Carabineros informó que entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se contabilizaron 5.885 situaciones de desorden público, 4.302 manifestaciones, 1.090 saqueos y 441 cortes de rutas. La institución reconoce haber realizado un total de 25.567 detenciones: 4.091 mujeres y 21.476 hombres.
En el artículo “Crisis de la Educación Superior en el Chile neoliberal: mercado y burocracia”, incorporado al dossier “Procesos de privatización de la educación en países latinoamericanos”, escrito por el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolas Gregorio Fleet Oyarce, junto a Peodair Seamus Leihy y Jose Miguel Salazar Zegers, se analizan los conflictos y dilemas de la Educación Superior chilena, construida y masificada bajo políticas neoliberales desde 1980 hasta nuestros días. De una cobertura bruta de 15% en 1990 alcanzamos de la mano del sector privado al 73% el 2017. Todo ello bajo la promesa a la población de movilidad social por esta vía.
El 2006 el movimiento de estudiantes secundarios puso de manifiesto la desigualdad en el acceso a la educación superior, mientras que en 2011 el movimiento irrumpe dentro del sistema universitario sobre la base del endeudamiento acumulado por la expansión del sistema. El trabajo se centra en los efectos de la reforma impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet en 2016, la que tuvo como objetivo declarado quitar centralidad al mercado y garantizar la gratuidad de los estudios superiores, intentando con ello responder al movimiento social en 2011 que sostuvo la consigna de Educación pública, gratuita y de calidad.
Esta publicación hace una revisión de la crisis de legitimidad de la educación superior chilena tras su masificación de mercado y posterior consolidación de tamaño. Concluye que la Educación Superior mantiene su inercia mercantil, blindada por una burocracia estatal de estrecho vínculo con los poderes de mercado e ideológicos que controlan la enseñanza superior privada.
Con la llegada de la pandemia global por COVID 19, las empresas tomaron conciencia que era necesario adaptarse a los desafíos de la “nueva normalidad”, que traía consigo una mayor presión competitiva y cambios en la demanda, por lo que comenzaron a optimizar y mejorar su eficiencia por medio del uso de herramientas digitales para garantizar la continuidad del negocio.
El estudio de los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Cristián Geldes y Mauricio Castillo junto a los académicos Félix M. Carbajal, Jorge Heredia, Alejandro Flores y Walter Heredia muestra que las herramientas y capacidades digitales han ganado popularidad dentro de las empresas debido a que se están enfrentando a un entorno complejo y competitivo. Sin embargo, el estudio plantea que al revisar la bibliografía “no hay consenso sobre la relación entre las capacidades digitales y el desempeño empresarial”.
La investigación busca dar respuesta a la interrogante de si existe una relación positiva entre la digitalización y el desempeño de la empresa señalando que esta falta de evidencia se debe a las limitaciones de los estudios para explicar sus mecanismos. “Nuestro estudio busca llenar este vacío analizando el éxito de las empresas en esta “nueva normalidad” mediante el aumento del rendimiento empresarial y la transformación digital”, señalan los investigadores.
El trabajo busca comprender cómo la transformación digital afecta el desempeño de las empresas proponiendo que las capacidades tecnológicas juegan un papel esencial y explica que los efectos del COVID 19 varían de un país a otro. En naciones en desarrollo, aquellas con un bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH) como variable “proxy”, las empresas enfrentaron problemas de recuperación durante la pandemia debido a que cuentan con una infraestructura inadecuada y menores recursos y capacidades. Por otro lado, en los países desarrollados, aquellos con un alto valor de IDH, se observó una recuperación rápida y con mayor capacidad para enfrentar la pandemia.
El estudio presenta un modelo para explicar el efecto de las capacidades digitales en el desempeño de las empresas en el contexto de la «nueva normalidad». “Proponemos un nuevo modelo para explicar el efecto de las capacidades digitales en el desempeño de las empresas en el contexto de la «nueva normalidad”. Además, se analiza el papel mediador de las capacidades tecnológicas y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la explicación del desempeño empresarial”, afirman los autores.
La investigación utilizó datos de Enterprise Surveys 2020 del Banco Mundial, que incluyó a 999 empresas de 27 países y se aplicó el enfoque metodológico del modelo de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM), para probar el modelo hipotético.
Los resultados muestran que las capacidades digitales, es decir aquellos conocimientos o habilidades que contribuyen a la transformación cultural y digitalización de una compañía, influyen positivamente en el desempeño de las empresas solo a través de las capacidades tecnológicas que son las habilidades requeridas para un uso efectivo del conocimiento tecnológico. También, se demuestra empíricamente que las habilidades digitales en las economías con un IDH bajo tienen un efecto indirecto más significativo en el desempeño de las empresas que en los países con un IDH alto.
Principales Resultados:
– Las capacidades digitales en las empresas juegan un rol relevante para enfrentar cambios del entorno y mejorar el desempeño empresarial, sólo mediante la mediación con las capacidades tecnológicas. Esto quiere decir, que las habilidades y conocimientos para lograr una transformación y digitalización de una empresa, tienen efecto en el desempeño en la medida que se pueda hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico.
– En las economías emergentes los efectos de las capacidades digitales sobre las capacidades tecnológicas son mayores. Esto destaca la necesidad de abordar el desarrollo de desarrollar políticas de fomento empresarial para incorporar de manera efectiva los denominados procesos de “transformación digital”, con habilidades y conocimientos digitales más su apropiación eficiente para lograr mejoras en el desempeño empresarial.
– Durante la pandemia global por COVID 19, en las economías emergentes se intensificó el uso de plataformas y aplicaciones digitales, lo que permitió a las empresas mejorar su desempeño, generando un impacto disruptivo en la reducción de costos y en facilidad de implementación de distintos procesos.
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Investigación sobre el más revolucionario plan de integración escolar en Chile
En 1970 en el colegio Saint George’s, uno de los establecimientos de enseñanza más prestigiosos del país, se implementó un programa de integración escolar que perseguía terminar con la histórica segregación educacional existente en Chile, integrando a alumnos de estrato social bajo, con otros provenientes de familias acomodadas.
Se integraron niños que vivían a un costado del río Mapocho, en las poblaciones El Esfuerzo, El Trabajo y El Ejemplo.
Hasta ahora, lo sucedido con estos estudiantes no había sido estudiado ni tampoco se conocían las impresiones de los profesores que fueron parte de esta iniciativa. Una investigación donde participa el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la UAH, Cristóbal Madero, examina las trayectorias de vida y los resultados a largo plazo tanto económicos, sociales, cívicos y religiosos de los estudiantes involucrados en esta experiencia de integración social. “Utilizando un diseño cualitativo y centrándonos en las experiencias y percepciones retrospectivas de los alumnos, exploramos lo que sucedió con los estudiantes de bajos ingresos que asistieron a este colegio como parte de una reforma institucional revolucionaria que ahora es la inspiración para algunas reformas propuestas en el sistema nacional de elección de escuelas de Chile”, afirma Madero.
Varios colegios innovaron por esos años en cambiar su modelo educativo como el San Ignacio El Bosque, Verbo Divino, San Ignacio Alonso Ovalle, Sagrado Corazón de Alameda, pero fue el Saint George’s en 1970, cuando se trasladó desde Pedro de Valdivia a su actual sede en el sector de La Pirámide, en Vitacura, a los pies del cerro Manquehue, quienes realizaron el mayor experimento de integración social en Chile Estos cambios trajeron consigo varias novedades como el aumento de los cupos, se crearon nuevas asignaturas y se becó a una gran cantidad de estudiantes. “El programa duró sólo unos pocos años antes de que fuera interrumpido a raíz del golpe de Estado que llevó al general Pinochet al poder y el Saint George’s fue intervenido por los militares bajo acusaciones de ofrecer ideologías comunistas. A los estudiantes de bajos ingresos ya inscritos se les permitió terminar, aunque muchos abandonaron después de la toma militar de la escuela y no se admitieron nuevos estudiantes integrados”, relata el académico.
El investigador destaca que este estudio explora las experiencias a corto plazo y la influencia a largo plazo de la integración socioeconómica en una escuela de élite en las vidas de estudiantes de bajos ingresos en una sociedad altamente estratificada. “La inmediatez de las medidas que predominan en la educación impiden nuestra capacidad de ver el impacto a largo plazo de la educación”, comenta Madero.
Esta investigación es una contribución única al obtener las perspectivas y voces privilegiadas de ex estudiantes de familias de bajos ingresos que pueden reflexionar sobre sus experiencias educativas y cómo estas afectaron sus aproximadamente 50 años de experiencia de vida posterior. “Esto nos permite explorar no solo las experiencias de los alumnos, sino la pregunta que refiere al objetivo final de la mayoría de las políticas de integración socioeconómica escolar: ¿cómo la integración social basada en la escuela afectó las trayectorias de vida de los estudiantes de bajos ingresos?”, relata el académico.
El documento presenta los hallazgos de tres grupos focales de diez personas cada uno y encuestas orales y entrevistas estructuradas con 66 ex estudiantes integrados, en la búsqueda por conocer la experiencia de estas personas que a fines de la década de 1960 y principios de los 70 estudiaron en uno de los colegios más prestigiosos de Santiago, permitiendo una integración social real que fue retratada años después en la película Machuca, producción cinematográfica realizada por Andrés Wood, ex alumno que vivió la experiencia. ”Este programa se popularizó en una película del año 2004 llamada Machuca y ahora es la inspiración para una propuesta de reforma del sistema educacional de Chile, «La Ley Machuca», que estaba en discusión durante el año 2019 pero fue interrumpida y que buscaba reducir las desigualdades persistentes al exigir que las escuelas privadas de élite reserven una parte de su matrícula para los pobres”, señala el investigador del CiPP.
La investigación, puntualiza Cristóbal Madero, también explora todo lo que se puede aprender de este caso de integración socioeconómica y revela que los alumnos que fueron parte de este programa ampliaron sus aspiraciones, redes y horizontes, a lo que se agrega un cambio importante en su nivel socioeconómico. “Tenemos datos que muestran que los estudiantes que incluso debieron retirarse y solo estuvieron dos o tres años cambiaron su nivel socioeconómico, y su acceso a la educación superior al compararlo con su grupo de origen y los datos que observamos en la encuesta Casen”, dice el académico.
El rector del colegio, Gerardo Whelan, fue el creador de este revolucionario programa de inclusión
A comienzos de este año, el colegio Saint George´s implementó nuevamente este programa con la diferencia que los alumnos integrados se incorporan en pre kínder al establecimiento educacional. Sin embargo, esta es una experiencia que no se replica a nivel nacional. “Pienso que podría funcionar conociendo de los resguardos que han tomado. Pero hay que saber, que siendo un ejemplo a seguir, tiene sus límites porque solo con esta iniciativa no vamos a solucionar el problema de la integración social en Chile”, recalca el especialista.
La película “Machuca” de Andrés Wood llevó más de 600 mil espectadores a las salas de cine en Chile en 2004
Resultados de la investigación
Ante la pregunta de la encuesta sobre ¿Cuál fue su experiencia en general? el 65% de los estudiantes integrados que se graduaron de Saint George’s o no alcanzaron a egresar de esta institución, lo consideraron positivo o muy positivo, mientras que el 32% lo considera ni negativo ni positivo, y solo el 3%, un solo encuestado, lo evaluó como una experiencia negativa.
Fue una vivencia “agridulce», así la catalogaron los entrevistados ya que implicó experiencias poderosamente positivas y negativas. En tanto, dos tercios de los estudiantes integrados expresaron la creencia de que el programa tuvo un impacto positivo. El 61% indicó que sus padres tenían una percepción positiva del programa. Menos de la mitad de los estudiantes de bajos ingresos (48%) informaron creer que la experiencia fue positiva para sus compañeros más ricos. El programa fue considerado como una experiencia significativa para la gran mayoría de los encuestados (82%), lo que sugiere que fue influyente en sus vidas. Críticamente, solo el 15% consideró que los maestros trataron a los estudiantes por igual, lo que sugiere un trato discriminatorio o inequitativo por parte de los profesores.
Se usó el término «dulzura» ya que los alumnos integrados señalan que esto fue una oportunidad valiosa, con trato acogedor, destacando el apoyo de sus compañeros, maestros, sacerdotes y padres lo que permitió que se sintieran bienvenidos e integrados en la comunidad.
El estudio muestra que los encuestados valoran las experiencias académicas y sociales de haber sido estudiantes en Saint George’s y el importante impacto que esto tuvo en sus vidas.
El término “amargura” también fue usado en esta investigación y se relacionó con situaciones de intimidación y discriminación por parte de compañeros y adultos, experiencias de exclusión social, percepciones profundas de la desigualdad entre clases sociales. Sin embargo, dos tercios de los encuestados identificaron la experiencia como positiva y casi todo el resto como neutral o mixta.
Se exploró el grado de «inclusión auténtica» experimentado por los estudiantes integrados y se observó los elementos de choque social basado en la clase. También apareció en el estudio el puente social que contribuyeron a la integración donde aparecen cuatro pilares fundamentales: el rol que jugó el atletismo, el año de inscripción en que se integra el alumno al colegio, el apoyo de los pares y la atención recibida por parte de los adultos.
Con respecto a los impactos a largo plazo, los hallazgos sugieren que el programa tuvo efecto positivo en las vidas de los alumnos integrados, elevando sus aspiraciones, mejorando la percepción de sí mismo, aumentando su confianza, fortaleciendo la idea de que se pueden lograr metas, mejorando las oportunidades económicas y sociales a lo largo de sus vidas.
El artículo estudia los determinantes de la visibilidad de los actores políticos en las noticias, y su estabilidad en el tiempo, observando la cobertura periodística recibida por los políticos chilenos en la prensa de élite desde el inicio de la transición democrática en 1991 y hasta 2019. En otras palabras, señalan los autores, nos preguntamos qué hace a algunos actores políticos más visibles que otros en la prensa y cómo ha cambiado eso.
Teóricamente, el artículo se basa en teorías de valor noticioso, que asumen que la visibilidad de actores políticos es proporcional a su poder dentro de un sistema político particular, y a cómo ese poder sea percibido por quienes construyen la agenda noticiosa, los medios de comunicación. Para eso, el artículo pone a prueba cómo los cargos políticos en un sistema marcadamente presidencial, la pertenencia a una coalición de gobierno y el género se comportan como determinantes de la presencia y protagonismo de los políticos en las noticias en las tres décadas posteriores a la recuperación de la democracia en Chile. A eso sumamos, explican, otra variable que es la asociación de los políticos a noticias conflictivas, debido a que el conflicto es otro importante valor noticioso.
El artículo presenta tres hallazgos clave. En primer lugar, la visibilidad de los actores políticos en las noticias sigue una clara jerarquía institucional liderada por el presidente y los miembros del gabinete. Hemos tenido presidentes muy visibles, en torno a los cuales se construye la agenda política. En segundo lugar, los datos indican que es menos probable que las mujeres políticas sean mencionadas o tengan espacio para hablar en los periódicos que los hombres políticos, un hallazgo que revela que ha habido un sesgo de género en la construcción de la agenda política en los medios. Por último, encontramos que la asociación con noticias conflictivas aumenta la visibilidad de los políticos, pero dicha asociación no alcanza a modificar las jerarquías de poder estructurales, y el valor del conflicto tampoco aumenta con el tiempo.
Investigación muestra la influencia de los medios de comunicación en la creación de estereotipos sobre los migrantes.
El libro Dismantling Cultural Borders Through Social Media and Digital, editado por Emmanuel K. Ngwainmbi en la Editorial Palgrave Macmillan (2022), cuenta con un artículo académico escrito por la investigadora del CiPP, Amaranta Alfaro, denominado “How Television News Media Reinforce Racialized Representations of Haitian and Colombian Migration in Multicultural Urban Chile”, coautoreada con Macarena Bonhomme.
El artículo publicado por la académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, se basó en una etnografía realizada durante 17 meses en un barrio multicultural de Santiago y un análisis de contenido de la cobertura de los medios de comunicación, para lo cual se centraron en dos noticias sobre migrantes consideradas relevantes para esta investigación. “Las dos noticias seleccionadas revelan cómo los medios de comunicación han producido sistemáticamente un “otro” con encuadres mediáticos que los etiquetan como delincuentes, “ilegales” o peligrosos”, explica Amaranta Alfaro.
El artículo muestra que la forma en que los medios de comunicación abordan a los migrantes ha contribuido a acentuar las representaciones racializadas y negativas de ciertos grupos migratorios. También explora cómo se refuerza y valida la política y el discurso racista del Estado contra los migrantes considerados “indeseables”, obstaculizando, a nivel local, su vida cotidiana.
El libro cuenta con 13 capítulos de destacados/as académicos y académicas que indagan cómo las redes sociales y sus comunidades en red desmantelan, construyen y dan forma a la identidad individual y de grupos étnicos. También, examina un amplio espectro de funciones de los medios sociales en la conformación de nuevas comunidades.
La obra ofrece además marcos teóricos relevantes y resultados de investigaciones empíricas recientes sobre diversas comunidades en red. Se centra en la participación en los medios sociales en las comunidades rurales y urbanas de los siete continentes, al tiempo que examina las experiencias de los medios sociales en las comunidades indígenas y urbanas de todo el mundo.
Los artículos que han sido recientemente aprobados por el pleno de la Convención Constitucional en la materia, no permiten garantizar los derechos de aprovechamiento de agua, situación que no solo pone en alerta a las empresas que los utilizan con fines productivos como la agricultura y la minería, sino que impone un riesgo mayor al sector que precisamente tiene como fin proveer de agua potable y servicios de saneamiento a la población. Así lo plantean El director académico de CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Eduardo Saavedra, junto Carlos Ponce, director del Departamento de Economía FEN-UAH y Javier Tapia, Ph.D en derecho, University College London, quienes publicaron el artículo “Derechos de agua: Consecuencias económicas y sociales de su expropiación” en la Revista Observatorio Económico N°164/2021, en el que analizan las consecuencias financieras y sociales que traería una eventual expropiación de tales derechos.
Para los académicos, la gestión del agua en Chile ha sido un éxito en el desarrollo económico del país y en la mejora de las condiciones de vida de la población, gracias al mayor acceso al agua potable y el saneamiento en las zonas urbanas. Índices ubicados muy por encima de los demás países de América Latina, destacan los investigadores.
Las posibles consecuencias de poner en riesgo la seguridad de contar con los derechos de agua para las empresas sanitarias serían finalmente pagadas por los usuarios precisamente a quienes se supone se desea proteger, sostienen Saavedra y Ponce. Agregan que la expropiación de estos derechos llevará a una caída abrupta del patrimonio de estas empresas aparejado a un empeoramiento de la clasificación de riesgos de estas. Esto traerá una baja en el valor de los Fondos de Pensiones que han invertido en bonos de deuda de las empresas sanitarias. Para los académicos esta consecuencia financiera se incrementará con las demandas en tribunales de las empresas afectadas que buscarán indemnizaciones compensatorias que probablemente impliquen un importante costo fiscal para Chile. A esto los investigadores suman los impactos negativos que provocará en la calidad del servicio y en el consumo humano.
El artículo 18 aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional comete un error al hablar de dos tipos de bienes distintos, dicen Saavedra y Ponce. “El artículo 18 propuesto para la nueva constitución de Chile confunde dos tipos de bienes distintos. Un bien es el agua que viene dada por la naturaleza (agua cruda) mientras que el otro bien es el agua destinada al consumo humano”.
Explican los académicos que “estos dos tipos de agua son diferentes: el agua para consumir es un bien final mientras que el agua cruda es un insumo que se usa para producir el bien final. Esta diferencia es clave para entender el rol de los derechos de agua. En rigor, el agua cruda se transforma mediante un costoso proceso productivo en un bien de consumo final”.
En ese proceso hay que extraer el agua, tratarla, transportarla y distribuirla. Por ello los investigadores se preguntan ¿Cómo y quién realizará, mantendrá y modernizará tales inversiones sin derecho de propiedad?
Carlos J. García, investigador del CiPP y académico de la UAH, en La Tercera: “Las mediciones en Chile y el mundo encuentran una y otra vez que los efectos del salario mínimo son despreciables o positivos sobre el empleo”.
El aumento del salario mínimo no reduce el empleo
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y académico de la UAH, Carlos. JGarcía, escribió una columna que fue publicada el 29 de abril en el diario La Tercera titulada “Salario mínimo: mito y medición” donde rebate uno de los argumentos usados para no aumentar el salario mínimo, que señala que su incremento reduce el empleo de los trabajadores que se beneficien con esta medida. “Esta lección no solo la recibieron muchos economistas en los Estados Unidos sino también en el mundo y por supuesto en Chile”, afirma el economista.
Carlos J. Garcíacita el libro de David Card y Alan Krueger de 1995 y explica que “las mediciones en Chile y el mundo encuentran una y otra vez que los efectos del salario mínimo son despreciables o positivos sobre el empleo. Tan importante ha sido este resultado, que Card recibió el premio Nobel de Economía el año pasado, y Krueger seguramente lo hubiera recibido, pero lo perdimos lamentablemente el 2019”.
El académico señala que si uno toma la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 2020 se puede observar que el salario mínimo en Chile es solo más alto que en los casos de México, Brasil y Rusia. También, agrega que el salario mínimo promedio de los países de la OCDE, medido incluso en dólares, es el doble que el de Chile.
Finalmente, el investigador del CiPP puntualiza que el aumento del salario mínimo en el país a 400 mil pesos no tendrá ningún efecto negativo en la economía nacional. “Si en los países en que realmente tienen salarios mínimos altos, el aumento de éstos no tiene efectos o son directamente positivos, es difícil pensar que en Chile -considerando los niveles que tiene en nuestro país- tendrá algún efecto y menos si uno creé que servirá para mejorar la distribución de los ingresos”.
Lee esta columna aquí: https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-carlos-j-garcia-salario-minimo-mito-y-medicion/QSJT7XUAFJG2LJTFN7YCS6JZN4/
La Fundación Omar Dengo de San José, Costa Rica, fue anfitriona del seminario “Empleo, recuperación económica y transformaciones del mundo del trabajo: Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de innovación de las políticas activas de empleo”, organizado por el área Políticas Sociales del Programa EUROsociAL+, coordinada por el IILA-Organización internacional ítalo-latinoamericana. El seminario contó con el apoyo del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.
El objetivo del seminario que se realizó el 26 de abril pasado, fue generar un espacio de diálogo convocante respecto de las prioridades de acción e innovación de las políticas de empleo en la actual fase de recuperación económica y para adecuarse a las profundas transformaciones que vive el mundo del trabajo.
Las bases conceptuales del seminario fueron expuestas por el coordinador IILA de Políticas Sociales de EUROsociAL+, Francesco Maria Chiodi, quien expresó que la humanidad está viviendo un cambio de época bajo la presión de cinco mega tendencias globales: el avance tecnológico, la globalización, el cambio climático, el cambio demográfico, el individualismo. “El futuro es incierto, ya no existe aquella sociedad industrial con una idea alta del trabajo que nos ha acompañado por dos siglos y en función de la cual el mundo occidental plasmó y desarrolló los regímenes de bienestar social. El trabajo está cambiando bajo la presión de las mega tendencias globales y las políticas del mercado de trabajo no pueden limitarse a pequeños ajustes, más bien están llamadas a pensar nuevos diseños, a ser proactivas, actores en juego de las transiciones capaces de desarrollar acciones que las orienten”. De acuerdo con este enfoque, en su intervención se detuvo en diez grandes innovaciones urgentes de las políticas del mercado de trabajo.
El relanzamiento de las políticas Vi del mercado de trabajo estuvo en el centro del encuentro desde el acto inaugural. La Ministra Consejera y Jefa de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, Katja de Sadeleer, destacó los esfuerzos realizados por los países de América Latina para recuperar los puestos de trabajo perdidos producto de la pandemia por COVID-19, afirmando que “la región mostró una recuperación de un 6,2% en 2021 y se estima que ésta sólo será moderada en 2022. Esto quiere decir que, al igual que en Europa, una recuperación robusta y resiliente necesita reformas e inversiones que ataquen los nudos estructurales […] la crisis de los últimos años deja en evidencia la importancia de políticas que acompañen las dinámicas del mercado no sólo para reaccionar ante nuevas crisis, que se anuncian con una frecuencia cada vez mayor, sino también para responder a los grandes desafíos globales que conllevan –al mismo tiempo– amenazas y oportunidades para el desarrollo”.
En tanto la Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Silvia Lara Povedano, expresó que no se puede seguir apostando al modelo que considera el crecimiento económico como factor suficiente para generar empleo y reducir la pobreza de América Latina. “Eso no ha sucedido en los últimos 30 años y no tenemos por qué pensar que ahora con la reactivación económica va a suceder”, manifestó la autoridad ministerial, añadiendo que es importante cambiar la ecuación: “Cambiemos la ecuación, coloquemos el empleo no como variable residual o como variable de cierre. La propuesta es tomar el empleo como punto de partida, lo cual significa repensar la política. Tenemos que repensar cuál es el conjunto de políticas públicas que habría que echar a andar, en la medida en que nos propongamos partir del empleo y por eso insisto en la idea de colocar el empleo en el centro del proceso de recuperación”.
Respecto a la situación del empleo en Latinoamérica y el Caribe el Director adjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Leonardo Ferreira Neves, expuso que “sólo en la primera mitad del 2020 se perdieron 43 millones de empleos. Por otro lado, al tercer trimestre de 2021 se habían recuperado alrededor del 90% de los puestos de trabajo perdidos durante la primera mitad del 2020, pero falta todavía por recuperar 4,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 4,2 millones corresponden a ocupaciones de mujeres”.
Por ello, Leonardo Ferreira Neves hizo hicapié en un llamado mundial a la acción para tomar medidas a fin de construir un mejor futuro tras la crisis y que se basa en políticas de empleo planteadas por la OIT inspiradas en sus normas internacionales de trabajo, en particular el Convenio 122, para lo cual se deben considerar crecimiento económico y empleo inclusivos, protección de todos los trabajadores, protección social universal y diálogo social.
Eduardo Abarzúa, Vicerrector Académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, expresó que los planteamientos fueron sustantivos: “se ha discutido a nivel regional y en contraste con la experiencia europea respecto de políticas de empleo activas en el mercado del trabajo. Creo que las similitudes, pero también las proyecciones instalan desafíos únicos para nuestra región, entre otros, la cooperación interregional, las acciones afirmativas para grupos más vulnerables que se han visto afectados por la pandemia, pero también incorporar perspectivas más prospectivas como es el cambio climático o el tema de la pérdida de empleo ante los cambios tecnológicos”.
Por su parte, a modo de conclusión, la Directora del CIPP de la Universidad Alberto Hurtado y experta en Sistemas de Cualificaciones del Programa de la UE Eurosocial+, Ximena Concha, abordó la importancia de la discusión sobre empleo retomando el análisis de los impactos de las grandes y profundas transformaciones en el mundo del trabajo a raíz de fenómenos globales como los avances tecnológicos, la ecologización de las economías, el cambio demográfico y las migraciones, entre otros. “Los mercados de trabajo están transitando hacia nuevas configuraciones y, junto con las oportunidades que ello abre, se agudizan viejas desigualdades y aparecen nuevos riesgos y nuevos costos”, señaló Ximena Concha, añadiendo también que “es necesario enfatizar el rol que juegan las políticas e instrumentos de formación, evaluación y certificación de competencias laborales que permiten apoyar eficazmente la actualización constante de las y los trabajadores a través de trayectorias formativas y laborales que hagan realidad la formación a lo largo de la vida y reconozcan los distintos tipos de aprendizaje”.
En sus saludos de cierre, Juan Manuel Santomé, Director del Programa EUROsociAL+, expuso que el empleo seguirá ocupando un lugar central en las políticas de la Unión Europea y que para el ámbito de la cooperación también lo va a ser. “El programa EUROsociAL es un programa de cooperación Unión Europea, América Latina y el Caribe y va a ser también uno de los pilares centrales de la cooperación a futuro”, añadiendo que “la Unión Europea y América Latina están llamadas a fortalecer un partenariado en los próximos años. Estamos en un momento de encrucijada y la Unión Europea y América Latina y Caribe tienen que ser aliados en salir hacia adelante”.
Sobre EUROsociAL+: es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de políticas de igualdad de género, políticas de gobernanza democrática y políticas sociales.
Sobre CIPP: El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios. Su misión es promover la incidencia de la Universidad en la creación e implementación de políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de la UAH, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.[GA1]
En el marco del programa de cooperación EUROsociAL+ de la UE se celebró el seminario “Los Cuidados como Cuarto Pilar de los Sistemas de Bienestar Social” en Buenos Aires Argentina.
Este viernes 22 de abril 2022, el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina fue anfitrión del seminario regional “Los Cuidados como Cuarto Pilar de los Sistemas de Bienestar Social” impulsado por el área de Políticas Sociales del Programa EUROsociAL+, el cual contó con el apoyo del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
El objetivo del encuentro fue contribuir al diálogo entre los diferentes actores políticos de los países latinoamericanos, con el fin de avanzar en la reflexión sobre una organización sistémica de los cuidados que sea sostenible y se sustente en los principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social.
Una de las conclusiones que arrojó el seminario es que, durante los últimos años, en la región se ha consolidado la voluntad de implementar sistemas integrales de cuidado a fin de establecer instrumentos para el ejercicio del derecho al cuidado de las personas dependientes. Esta inclusión de la agenda de los cuidados está siendo acompañada por pronunciamientos institucionales que crean un escenario óptimo para reflexionar y generar un mayor conocimiento sobre esta materia.
El Vicecanciller de la República Argentina, Embajador Pablo Tettamanti, abrió el evento junto al Embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico y María Cristina Perceval, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. “Una de las prioridades de nuestro país es garantizar una redistribución más justa de las tareas de cuidado”, aseguró el Vicecanciller argentino y agregó “en este sentido, el señor Presidente de la Nación informó sobre la remisión de un proyecto de ley a fin de establecer un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Por su parte, el Embajador de la Unión Europea añadió: “Nuestras sociedades están atravesando profundas transformaciones demográficas y sociales, sobre todo después de la crisis del Covid-19. Concebir a los sistemas de cuidados como pilar integrado de los sistemas de bienestar social es clave para el ejercicio de derechos como para la sostenibilidad del desarrollo que promovemos. Por eso es tan relevante el espacio de intercambio y reflexión que tuvimos en Buenos Aires, y que nos honra apoyar desde la Unión Europea a través de EUROsociAL”. Hacia el cierre del evento, la Embajadora Sabina Frederic, a cargo de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria destacó que “la construcción de un espacio en el que instituciones de diferentes países puedan aportar sus experiencias y capacidades en un proceso de aprendizaje mutuo, constituye no sólo una experiencia sumamente enriquecedora sino también un impulso a la promoción del desarrollo”.
Fue en el marco de esta actividad que la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del CIPP UAH, Miriam Henríquez, mencionó que en el contexto del proceso constituyente que se está realizando en Chile se aprobó el artículo 10, “este pasa a formar parte del borrador constitucional y trata precisamente sobre los derechos a los cuidados. Es una buena noticia para compartir, es una noticia que introduce muy bien la temática de este seminario”.
Del seminario participaron también Celina Lezcano Flores, Ministra de la Mujer de Paraguay; Francisco Delgado Jiménez, Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica; Lucía Cirmi Obón, Directora Nacional de Cuidados de Argentina; Anne Caroline Posthuma, Directora del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, OIT/Cinterfor; Ernesto Villalba, experto en validación y certificación de competencias del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, CEDEFOP; Julio Bango, sociólogo, Secretario Nacional del Sistema Integral de Cuidados de Uruguay (2015-2020); Laura Pautassi. Doctora en Derecho Social Universidad Buenos Aires e investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja Facultad Derecho, Universidad de Buenos Aires; Soledad Salvador, experta de EUROsociAL+, miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre desarrollo (CIEDUR); y Emanuele Pavolini, Doctor en Sociología Económica, Universidad Macerata (Italia); como algunos de los destacadas y destacados ponentes del seminario.
Sobre EUROsociAL+: es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de políticas de igualdad de género, políticas de gobernanza democrática y políticas sociales.
Sobre CIPP: El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios. Su misión es promover la incidencia de la Universidad en la creación e implementación de políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de la UAH, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.
El alza del salario mínimo no resuelve la situación económica
Hace seis años que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gobierno no llegaban a un acuerdo sobre el reajuste al salario mínimo, lo que cambió con el proyecto que el ejecutivo ingresará al Congreso para aumentar el salario mínimo a 400 mil pesos mensuales a contar de agosto de este año.
Para muchos chilenos y chilenas esta cifra no es suficiente para llegar a fin de mes, producto de la fuerte inflación que vive nuestro país. El académico de la UAH, Carlos J. García, en una entrevista dada al CiPP señala que el aumento del salario no resuelve la difícil situación económica por la que atraviesa el país. “Una cosa es el valor real del salario mínimo, que mejora con este reajuste, y favorece a un grupo particular de trabajadores y otra cosa es el costo de la vida actual, que se ha visto mermada por la inflación de costo, energía, alimentos, etc., de estos meses y que afecta a todas las familias, muchas de ellas con salarios solo un poco por encima del mínimo”.
Este es el aumento más alto del salario mínimo en 25 años en Chile y el acuerdo considera un nuevo incremento a partir de agosto de 2021 llegando a 400 mil, y si la inflación acumulada en 12 meses supera el 7% a diciembre de este año, el sueldo mínimo será de 410 mil pesos en enero de 2023.
Para el economista existe una reticencia al elevar este salario. “Cuesta porque se instaló un mito: el salario mínimo produce desempleo. Sin embargo, la evidencia internacional y nacional indican lo contrario”.
El sueldo mínimo en Chile es muy inferior al que tienen los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala el académico “Si consideramos los países de la OCDE, en promedio, y medido en dólares, el salario mínimo es aproximadamente el doble que en Chile. ¿Cómo llegar a esos niveles? Mejorando primero la productividad de nuestros trabajadores, controlando poderes de mercado desmedidos en el sector privado sobre las negociaciones salariales y avanzando paulatinamente”.
El Investigador del CiPP, Carlos J. García, afirma que no le parece indispensable la propuesta del gobierno de entregar una “compensación transitoria” a las pequeñas y microempresas, destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual.”No lo creo necesario, pero tiene efectos políticos positivos e inmediatos: que se acepte el aumento del salario mínimo. En términos económicos, muchas de las empresas no pagan ese salario o muchos de sus empleados están por encima del salario mínimo. Se puede prestar para reducciones arbitrarias de salarios para recibir la ayuda y, peor aún, presiones futuras con el objeto de hacer estas transferencias permanentes”.
Finalmente, el economista destaca que la evidencia internacional muestra que el salario mínimo no es bueno para superar la pobreza y que mejores resultados se obtienen con transferencias directas del gobierno a las personas más necesitadas.
Una de las opciones que han surgido para hacer frente a la fuerte inflación que vive el país y el alto costo de la vida, es establecer una canasta básica protegida reduciendo o eliminando el impuesto al valor agregado (IVA) de estos productos.
En una entrevista realizada por el CiPP el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Humberto Borges, señaló que esta es una decisión incorrecta porque disminuirá los recursos del Estado. “Es necesario diferenciar un grupo de productos… eso sería mejor”.
Es una mala política reducir el IVA a toda la canasta básica, argumenta el especialista, porque al no identificar determinados productos se deja la ventana abierta a la evasión a lo que se suma que es más difícil de fiscalizar que realmente los precios bajen.
El investigador del CiPP, señala que existen muchas críticas al IVA, porque es un impuesto regresivo, es decir, daña a las personas con menos recursos, pero recalca que es también una fuente de gran recaudación para el Estado. “Existen datos de la OCDE que muestran que el IVA entrega cerca del 40 % de los ingresos estatales”. Humberto Borges, destaca que el IVA al poseer una tasa fija permite no tener costos adicionales en fiscalizaciones y evita errores, razón por la que a gobiernos de distintos signos políticos les acomoda este tipo de impuesto.
“Al bajar el impuesto a estos productos influirá en la recaudación del Estado y ese es el problema porque Chile focaliza en el IVA gran parte de su recaudación, lo que perjudica a los más pobres”.
El investigador del CiPP, puntualiza, que se puede hacer una rebaja de tasa de impuesto en algunos productos como, por ejemplo, a los alimentos que tengan un componente de beneficios para una dieta saludable. “Si se concentra (la rebaja) en productos de salud, no discrimina y apoya a los pobres y a la clase media. Por el contrario, al disminuir la tasa en forma general, puede favorecer la compra de cosas que no son tan necesarias y facilitar a los grupos de mayores ingresos a adquirir una gran cantidad de productos a un costo menor”.
En varios países de Europa se aplica una política de disminución del IVA en los productos de primera necesidad, salud y educación. “Las tasas más altas se cobran a los productos que no son de primera necesidad”, señala Humberto Borges.
Un ejemplo de esta política es España que cobra entre un 4% y 5% de IVA a los productos alimenticios, aumentando la tasa en otros productos hasta llegar al 21%, aplicando la tasa mayor a aquellos que contaminan o generan enfermedades, lo que trae como consecuencia un mayor gasto fiscal, en gastos de salud.
