Conversatorio presenta la realidad digital en América Latina
“El concepto de Ciudadanía Digital está cada vez más presente en la discusión de políticas públicas y del mundo académico. Son diversas sus definiciones dependiendo del ámbito desde el cual se aborde” señala el documento “Ciudadanía Digital en América Latina” en cuya elaboración participó la investigadora del CiPP y académica UAH, Amaranta Alfaro.
El estudio encargado por la Cepal fue analizado en un conversatorio on line titulado “Ciudadanía Digital en América Latina” realizado el 11 de agosto, donde se presentó una revisión de las diferentes nociones de ciudadanía digital desde una perspectiva amplia que aborda definiciones teóricas y estudios empíricos, así como diversas iniciativas en el contexto latinoamericano.
Con ello se busca contribuir a una mejor comprensión de un fenómeno social y político de relevancia creciente para las políticas públicas, especialmente en el nuevo escenario de aceleración de la digitalización debido a la pandemia del COVID-19. “Desde mi experiencia puedo decir que los docentes se dieron cuenta que era necesario abordar este tema desde un punto de vista práctico donde pienso debemos tener una perspectiva inclusiva, dejando atrás esa mirada normativa de los riesgos que se asocian a la tecnología. Es un desafío incluir esta temática sin la satanización de las plataformas digitales que pueden generar una brecha y un gran impacto en algunos grupos”, destacó Amaranta Alfaro.
El análisis de esta investigación se desarrolló en dos etapas: una primera fase teórica de revisión de literatura que aborda y estudia el fenómeno de la ciudadanía digital, y una segunda instancia más empírica de búsqueda y revisión de iniciativas en América Latina que permitieron dar concreción y mayor especificación regional a las nociones levantadas desde la literatura.
En la revisión de literatura se identificaron tres enfoques para entender la ciudadanía digital, que se refiere, primero, a qué entiende la ciudadanía como participación e inclusión institucional digital; una segunda mirada, sobre qué entiende la ciudadanía como nuevas formas de participación y dinámicas de poder en el espacio digital, y un tercer aspecto sobre qué entiende la ciudadanía como una comunidad moral que trasciende los límites nacionales y territoriales, y que incluye a toda la humanidad interconectada por las redes digitales. Estas nociones tienen en común el intentar dar cuenta de las nuevas dinámicas de distribución del poder y participación en la esfera pública a partir de la digitalización de la sociedad.
En esta investigación donde también participaron Magdalena Claro de CEPPE-UC, Luis Enrique Santana de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rosemberg Franco de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, permitió identificar un conjunto de acciones, de alcance nacional y regional, que configuran un escenario de participación y distribución de poder diferente en el espacio digital en América Latina.
Rafael Blanco expone en encuentro nacional de sistemas acusatorios de Argentina
“Este evento es importante para Argentina y para todos aquellos países que siguen de cerca el proceso y desarrollo de los sistemas acusatorios penales en América Latina”, destacó el investigador del CiPP y académico de la UAH, Rafael Blanco, en el “III Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios” que se realizó el pasado 18 y 19 de agosto en Santiago del Estero, Argentina.
El académico participó como expositor abordando desde diferentes perspectivas el avance en materia judicial de los Ministerios Públicos Fiscales.“Este encuentro nos permite reunirnos con todos los actores para analizar los problemas, desafíos y avances que estos sistemas tienen en las distintas provincias. Es sumamente importante que se haga un esfuerzo permanente y sistemático de monitoreo y revisión de las prácticas acusatorias en la justicia penal”, expresó Rafael Blanco.
Blanco señaló que existe una demanda de rapidez por parte de los actores jurídicos y sociales explicando que “la audiencia y la oralidad facilitan esa inmediación, pero junto con esa estructura el sistema requiere que el Ministerio Público procese automáticamente las causas, que acoja, proteja y derive las víctimas y esa rapidez tendrá que ver con la manera en que recolecte información y controle el trabajo judicial”, destacó el investigador del CiPP .
Refiriéndose al sistema acusatorio en América Latina, el académico afirmó que “es evidente que los sistemas escriturados han demostrado su ineficacia e ineficiencia y la vulneración de garantías que conllevan, el acusatorio fue lentamente encontrando espacios normativos pero es necesario la práctica de los operadores (jueces, fiscales y defensa) que va de la mano con reemplazar el expediente por la audiencia, la escrituración con la oralidad pero sobre todo pasar de la lógica de tramitar a resolver conflictos y reestablecer la paz social”, enfatizó el abogado.
Esta actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones Forum y fue organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero junto con la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).
Leandro Sepúlveda: Colocolino por herencia y convicción
En el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) participan diferentes académicos de la UAH que comparten como objetivo común el de promover e incidir en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica y el diálogo permanente con los actores sociales, de modo de aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.
En esta oportunidad conversamos con Leandro Sepúlveda quien es Doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas de la Universidad ARCIS, Antropólogo Social de la Universidad de Chile y Director del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar, Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.
Dentro de sus intereses dice que lleva la delantera el jazz. Desde que descubrió en una estantería de su casa los libros de Jules Maigret (un comisario ficticio de la policía judicial francesa creado por Georges Simenon) se transformó en un aficionado a las novelas negras y policiales. Jugó fútbol hasta que sus rodillas dijeron basta. Un colocolino por herencia y convicción. De niño vió jugar a Chamaco Valdés, Caszely y el Pollo Véliz lo que fue suficiente, comenta Leandro, para sellar un compromiso de por vida con los albos.
Los libros de Jules Maigret, un comisario ficticio de la policía judicial francesa creado por Georges Simenon, lo transformaron en un aficionado a las novelas negras y policiales.
De niño vió jugar a Chamaco Valdés, Caszely y el Pollo Véliz lo que fue suficiente para sellar un compromiso de por vida con los albos.
¿Qué temas aborda dentro de la investigación educativa?
Desde que llegué a trabajar al CIDE en el año 2000 y después de mi incorporación a la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado en 2008, he trabajado en un área temática que vincula los procesos formativos con la incorporación al mundo del trabajo. En ese contexto, he profundizado en investigaciones sobre la educación técnica profesional de nivel medio o secundario como también en el ámbito de la educación superior. Esta última ha tenido un crecimiento de matrícula muy importante en los últimos años y un poco más de 4 de cada 10 estudiantes que ingresa a la educación superior lo hace en carreras técnicas, por lo que resulta de gran relevancia investigar sobre esta realidad.
Posiblemente debido a mi formación inicial como antropólogo, he focalizado mis investigaciones en las experiencias de los actores del sistema educativo y, muy particularmente, en los propios estudiantes; buscando analizar sus experiencias, motivaciones y modelos de trayectorias que siguen a lo largo de su proceso educativo-laboral. Este es un ámbito poco explorado en las investigaciones recientes y constituye una base de antecedentes muy importante para la discusión de las políticas educativas, las que muchas veces se diseñan desde criterios de tipo “macro”, pero sin considerar los cambios que han ocurrido en la subjetividad de los individuos, las aspiraciones de las nuevas generaciones y sus proyectos de vida que tienden a ser muy distintos a los que construyeron sus padres y las generaciones precedentes.
¿Qué importancia tiene la existencia del CiPP en la Universidad Alberto Hurtado? ¿Qué valor le da como académico el formar parte de este centro?
Creo que el CIPP representa un espacio de gran relevancia para los investigadores y académicos de la UAH. Por lo general, la vida universitaria tiende a construirse de manera segmentada (en los propios departamentos o Facultades donde uno trabaja) existiendo un gran desconocimiento de lo que hacen otros colegas en campos que no son tan lejanos de nuestro propio quehacer. La posibilidad que ofrece el CIPP de congregar a académicos de áreas diversas, intercambiar experiencias y sobre todo pensar nuestro trabajo como contribución a las políticas públicas es de gran importancia y me parece que el Centro ha llenado un espacio que estaba haciendo falta. Esas instancias, por lo menos potencialmente, podrían contribuir a un trabajo colaborativo y aunar esfuerzos en proyectos de mayor magnitud e incidencia respecto de lo que tradicionalmente hacemos. Nuestra Universidad, además, tiene un fuerte compromiso con el interés público, por lo que espacios como el CIPP sirven como un referente institucional; un espejo de lo que somos y lo que podemos aportar a nuestra sociedad por el bienestar común.
¿Cuáles son sus últimas investigaciones?
Este año 2022 estoy iniciando un proyecto FONDECYT de 4 años y que tiene por objetivo analizar el proceso de elección vocacional y las trayectorias educativas que experimenten estudiantes de la educación media técnico profesional; el estudio, desde una perspectiva longitudinal, busca analizar el proceso de elaboración, reelaboración y eventual transformación de las decisiones educativo-laborales que estos tienen, considerando la incidencia de su entorno escolar y familiar, y los recursos personales que estos movilizan a lo largo de su proceso de transición educativa. Es un seguimiento que comienza en segundo medio y termina un año después de su egreso escolar. Tenemos el desafío de trabajar con todos los estudiantes que hoy cursan 2° medio en 35 liceos de la región Metropolitana y seguirlos durante los próximos tres años. Es un estudio muy exigente en lo metodológico, pero muy entretenido y motivante.
Junto con eso, está a punto de salir publicado un libro de Ediciones UAH que trabajamos con un conjunto de colegas de distintos países sobre las transiciones educativo-laborales de los jóvenes en la actualidad, se titula “Transiciones educativo-laborales de jóvenes en tiempos de incertidumbre” y es una buena muestra de los temas en que he trabajado en los últimos años (aquí podrán encontrar un trabajo sobre estudiantes de la educación técnica que transitan hacia la educación superior que elaboramos con María José Valdebenito). Creo que el libro está muy bueno y recomiendo reservar un ejemplar desde ya.
Últimos artículos publicados
Oscar Valiente, Leandro Sepúlveda & Adrián Zancajo (2021). Development paradigms in the institutional configuration of vocational education and training in Chile (1964-2005), Journal of Vocational Education & Training, 73:2, 278-294, DOI: 10.1080/13636820.2020.1833076
Valdebenito, M. J., & Sepúlveda, L. (2021). New configurations of labour insertion processes. The case of secondary technical and vocational education and training students in Chile. International Journal of Social Welfare, 00, 1–13.https://doi.org/10.1111/ijsw.12508
Sepúlveda, Leandro y Valdebenito, María José (2020). ¿Navegando contra la corriente?: transición educativo-laboral de jóvenes egresados de la educación secundaria técnico profesional en Chile.
Gran participación en la tercera clase abierta constitucional
“Derechos constitucionales: derechos sociales y nuevas garantías de los derechos constitucionales” fue el tema abordado en la tercera clase abierta constitucional organizada por el Núcleo Constitucional de la UAH y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP). El evento, que fue seguido por una gran cantidad de personas de manera presencial y a través del canal UAH TV Digital, fue moderado por la investigadora asociada del CiPP y directora del Departamento de Periodismo de la UAH, Ximena Orchard, y contó con las exposiciones del co- director del Núcleo Constitucional UAH, Gonzalo García, y la académica de la UAH, Claudia Sarmiento.
A modo de introducción, Gonzalo García explicó que el tema de los derechos fundamentales es lo que justifica en buena medida la razón por la cual existen las constituciones. La propuesta de carta magna nos inscribe dentro de las constituciones que tendrían más derechos fundamentales garantizados en el mundo al proponer 140 derechos fundamentales. Se trata de una constitución que acumula derechos: 40 derechos civiles, 20 sociales, 28 procesales, 16 laborales, 9 políticos, entre otros. ¿Cómo se llega a este volumen tan alto de derechos? “Claramente aquí nos encontramos con una integración de los derechos convencionales, de los tratados internacionales de derechos humanos, al orden interno. Eso lleva a este volumen tan alto de derechos, pero no sólo eso, adicionalmente esta propuesta constitucional lo que hace es constitucionalizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con lo cual además de los 140 derechos, hay un conjunto de derechos que están garantizados por fuera”, destacó el académico.
El abogado también abordó el tema de la justicia indígena. “Me tocó redactar una sentencia en el pasado sobre un caso de violación en Rapa Nui sobre la base de una norma que tenía un privilegio para el mundo de este lugar y fue declarada inaplicable e inconstitucional, posteriormente la norma fue derogada. Lo que trato de explicar es que cuando hay un estándar que vulnera los derechos fundamentales el sistema opera para anularlo y esto es así con esta constitución y con la propuesta constitucional. Hay actores políticos que señalan que falta precisión para no creer que hay dos mundos con un tipo de justicia para cada uno. Me parece que si es necesario hay que aclararlo ya que las costumbres indígenas no pueden avasallar derechos fundamentales de las personas, sin embargo en el ámbito de la convivencia civil hay costumbres que se deben reconocer” afirmó García.
En tanto, ClaudiaSarmiento, sostuvo que la Convención Constitucional que estuvo a cargo de elaborar la propuesta constitucional tomó en cuenta las consignas y demandas del estallido social. “Los derechos sociales en la constitución del 80, sobre todo en el primer diseño la educación, salud, pensiones, estaban entregados en buena medida a la capacidad del mercado de proveer de estos bienes comunes. Lo que se nos propone en esta nueva constitución es que estos bienes comunes ya no van a estar entregados solamente a la agencia personal de cada uno de nosotros”, enfatizó la docente
GonzaloGarcía, por su parte, destacó que la propuesta constitucional reconoce a los trabajadores el derecho a participar en la vida de las empresas, ya que no es razonable que una persona trabaje en estas y solo conozca el ámbito que abarca la labor que realiza. “Hay formas de participación que no son solo las puramente conflictivas y creo que la aspiración en el marco de las nuevas reglas es que se propicien escenarios de crecimiento que deben incluir a las y los trabajadores para que tengan espacios de participación en este proceso”, sostuvo el Co- Director del Núcleo Constitucional UAH.
Claudia Sarmiento destacó el reconocimiento al derecho humano al agua, a la vivienda y a la alimentación señalando que son nuevos para nosotros, pero que se encuentran consagrados en muchas constituciones del mundo. “Estos derechos tan fundamentales, que buscan asegurar las condiciones adecuadas para la vida humana, tienen algo que para quienes trabajamos en la Universidad Alberto Hurtado nos convoca. En el fondo es perder el temor a esas condiciones de vida que nos impiden ser plenamente humanos y libres. Creo que en ese sentido esta triada de derechos que se incorpora en esta nueva constitución es virtuosa porque nos invita a ser más solidarios entre nosotros”, precisó Claudia Sarmiento.
Revincularse con la escuela: una tarea urgente de toda la comunidad
Los sondeos demuestran que el ausentismo escolar durante este primer semestre es crítico. Por ejemplo, un estudio del Centro de Estudios del Mineduc muestra que la inasistencia se ha duplicado el 2022 respecto a la de un año normal. Por ello revincularse con la escuela es una tarea urgente de toda la comunidad, es lo que señalan el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Madero y Macarena Hernández de la Universidad Católica de Chile. “La emergencia de estas cifras de ausentismo escolar deben alentarnos a revertir el problema con buenas políticas, como las enunciadas por el Ministerio de Educación”, dicen los investigadores.
En una columna de opinión publicada en el medio digital “El Desconcierto” plantean que una de las variables que explica el que niños, niñas y jóvenes interrumpan sus trayectorias educativas es precisamente el ausentismo escolar. “Ausentarse por más de un 10% de los días de clases en un año académico atenta contra el aprendizaje”, comentan Madero y Hernández.
A esa situación debemos sumar los efectos de las cuarentenas por la pandemia del Covid-19. “Según el Banco Mundial, Chile fue uno de los países que mantuvo sus escuelas cerradas por más tiempo en América Latina”, destacan los académicos. Como resultado dicen que la proyección es que Chile pierde alrededor de un año y medio en logros de aprendizaje de sus estudiantes.
Por ello, para estos profesores, el Plan de Promoción de Asistencia y Permanencia en el sistema educativo, anunciado por el Ministerio de Educación la semana pasada, es una noticia que debiera comprometer a la sociedad entera. “Si bien la recuperación de la presencialidad al ciento por ciento, luego de dos años de pandemia, es una responsabilidad de la comunidad educativa, esta lo es también de la sociedad en su conjunto”, afirman los investigadores.
Eduardo Saavedra en CNN analiza posible colusión de casinos
El Director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y ex Ministro del Tribunal de la Libre Competencia Eduardo Saavedra, fue entrevistado por CNN para analizar el allanamiento ordenado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a las casas de tres altos ejecutivos y dueños de las cadenas de casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol en el marco de una investigación por una eventual colusión en la industria.
Saavedra explicó que se está en presencia de una medida intrusiva, que la ley permite a la FNE, para buscar mayor información en el marco de una investigación que ya debe haber partido, y “para que fuera autorizado por un ministro de la corte y también, previamente, por el tribunal de la libre competencia, debía haber olor a humo, sin saber si realmente hay fuego”.
Explicó que no es posible adelantar juicios porque se debe esperar el resultado de la investigación, que “hasta ahora, nadie conoce, salvo la propia Fiscalía”.
Respecto a los plazos de un proceso como éste, Eduardo Saavedra, explicó que desde su experiencia como ex Ministro del Tribunal de la Libre Competencia, luego de autorizar una medida intrusiva, pueden pasar entre 8 meses a un año para que la Fiscalía, de encontrar antecedentes adicionales, presente un recurso que originaría un proceso formal ante el tribunal que podría tomar más de un año en resolverse. Por tanto, en dos años se podría tener una primera sentencia en primera instancia si el caso llega a tribunales.
Sobre lo que se puede esperar hacia adelante, concluye Saavedra, que de aquí a ocho meses a un año, la FNE debería cerrar el caso o bien presentar una demanda en un juicio contencioso acusando colusión ante el tribunal.
La FNE no ha emitido ninguna declaración sobre este caso y en el operativo se incautaron dispositivos personales como teléfonos celulares, computadoras, entre otros.
El Ministerio Público debiera mantenerse en la Constitución como un órgano constitucional autónomo
“Creo que es difícil que alguien pueda sostener que el Ministerio Público es un instrumento político de la mayoría política de turno o de quien está en la administración del Estado. En Chile una de las cosas que se logró asentar es un Ministerio Público que goza no sólo de una razonable autonomía, sino que además la ejerce adecuadamente”, así lo señaló el investigador del Centro interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco, en el conversatorio “El Ministerio Público en el Proyecto Constitucional” organizado por la Asociación de Fiscales de Chile el 27 de julio recién pasado.
El académico afirmó que el Ministerio Público debiera mantenerse en la Constitución como un órgano constitucional autónomo destacando que en el contexto latinoamericano se ve a Chile y Uruguay como referentes importantes. Sin embargo, planteó que deben regularse los mecanismos de nombramientos y remoción de las autoridades.
Blanco, señaló que existe un tema que está asociado a las percepciones de legitimidad de la ciudadanía cuando se opta por un modelo de autonomía constitucional lo que obliga a preguntarse si este modelo puede tener defectos. “Es algo que debemos responder y así como los modelos donde el Ministerio Público depende del poder ejecutivo puede poseer falencias y se corrigen, hay que ver como el diseño institucional de la Fiscalidad al contar con una autonomía constitucional garantizada puede también tener problemas o ripios que es necesario modificar”, afirma el académico.
El investigador del CiPP valoró la realización de esta actividad destacando la labor que realizó la Asociación de Fiscales durante todo el proceso de elaboración de la propuesta constitucional.
Puedes revisar este conversatorio en el siguiente enlace:
Comenzó la recta final de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, lo que incluye la emisión de la franja televisiva donde el Apruebo y el Rechazo entregan sus argumentos para convencer a los indecisos. Para conocer sobre su influencia y analizar el contenido de cada opción conversamos con la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y directora del Departamento de Periodismo, Ximena Orchard.
La académica señala que aun cuando el espacio de televisión es visto de manera masiva por las personas, especialmente mayores y de bajos ingresos, no se ha perfilado como un elemento central en la campaña. “La franja electoral del actual proceso plebiscitario parece ser un elemento secundario desde el punto de vista del clima electoral, y más aún, desde la perspectiva de las decisiones de voto del electorado”, destaca la especialista.
En nuestra historia política, es inevitable tomar como punto de referencia la franja electoral de 1988, espacio que ha sido ampliamente estudiado y discutido, hasta llevado al cine, y que se ha considerado como un importante factor que contribuyó al clima de opinión que precedió a ese plebiscito y al triunfo del No. En efecto, los estudios disponibles sobre este tema muestran que la exposición a franjas electorales puede tener algún tipo de efecto en las audiencias, por ejemplo, sobre la valoración que se tiene sobre las y los candidatos, o el conocimiento que se tiene respecto de un proceso electoral. “En el caso de Chile sabemos que las franjas electorales siguen concitando interés, su audiencia ha tendido a envejecer, y suelen ser menos vistas que antes por audiencias jóvenes y por audiencias de recursos altos, que se informan en otras plataformas”, afirma la académica.
Volviendo al plebiscito de 1988, Ximena Orchard, señala que la franja del SÍ y el NO marcó la historia de la comunicación en Chile por el simbolismo y la ligazón emocional que entabló con el público, lo que no se observa hoy ya que el mensaje parece haberse alejado de la mística lograda por el plebiscito del 88.
Sobre la actual franja electoral, la investigadora señala que “desde el punto de vista de sus contenidos, considero que a la franja del apruebo le ha faltado fuerza, principalmente por su fragmentación y porque no logra transmitir un mensaje único y directo sobre los motivos para aprobar el nuevo texto constitucional, o apelar a emociones movilizadoras, sino que ha presentado una colección de mensajes, poniendo foco en los derechos sociales y en algunos artículos escogidos del texto. En la franja del rechazo, por su parte, no se ahonda sobre el texto, sino que se deslegitima el proceso y su resultado como “malo”, en una emisión donde se ha evitado la presencia de rostros políticos”, enfatiza Ximena Orchard.
La investigadora del CiPP destaca que en las primeras emisiones de la franja electoral el rating alcanzó y hasta superó los 40 puntos, convirtiéndose en el programa más visto del día durante su primera semana. Sin embargo, la académica cree que en el resultado del plebiscito no tendrá gran influencia lo que se muestre en este espacio.
“Las personas están interesadas en el proceso, por eso se está leyendo la Constitución y se ve la franja electoral. Sin embargo, el resultado del próximo plebiscito parece menos mediado por la franja que por otro tipo de acciones de comunicación política, como los contenidos en redes sociales, el trabajo territorial, y particularmente el clima de confrontación instalado entre los partidos políticos y promovido desde las elites, especialmente desde los grupos que no fueron protagonistas de la convención constitucional y que, por lo tanto, no tuvieron injerencia directa en la propuesta constitucional y deslegitiman el proceso. Pronto sabremos qué tanto permeó ese mensaje a la ciudadanía”, afirma la directora del Departamento de Periodismo.
En estos enlaces puedes conocer las entrevistas de Ximena Orchard donde analiza este tema y otros.
“Principios constitucionales: Estado social y democrático de Derecho, democracia paritaria, Estado plurinacional, Estado ecológico”, fue el tema abordado en la segunda clase abierta constitucional organizada por el Núcleo Constitucional de la UAH y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP). El evento fue moderado por la investigadora asociada y directora del departamento de periodismo de la UAH, Ximena Orchard, y expusieron el Coordinador del Núcleo Constitucional UAH, Sebastián Salazar, y la Coordinadora del Eje Género y Diversidades, Lieta Vivaldi.
Sebastián Salazar, explicó el significado de un “Estado social y democrático” señalando que la primera consagración de los derechos sociales se encuentra en la Constitución Mexicana de 1917 y posteriormente en la Constitución Alemana de Weimar de 1919.
El académico, explicó que la propuesta de “estado social” busca establecer una nueva dirección y enfoque en la manera de articular la relación entre las personas, los cuerpos intermedios y el Estado. “El sustento de los derechos sociales trata de aspectos que son necesarios para la vida misma de las personas. Algunas propuestas los consagran como un mínimo vital, un mínimo existencial, y otros lo establecen como derechos individuales, explicó el especialista.
Salazar destacó que el estado social democrático de derechos busca asegurar cierto estándar y calidad de vida a las personas en educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, etc. “Se entiende que esos ámbitos materiales de la vida de las personas no quedan adecuadamente satisfechos por los derechos y libertades civiles y políticas, es más, incluso el ejercicio de libertades se puede ver perjudicado o dificultado”, puntualizó el docente.
En tanto, Lieta Vivaldi, se refirió al tema paritario del nuevo texto constitucional afirmando que en esta propuesta la paridad queda establecida como un principio puntualizando que históricamente las mujeres y las minorías no han estado en igualdad de condiciones en la sociedad y han tenido poca participación en el ámbito público.
La académica resaltó que en el nuevo texto se habla de “igualdad sustantiva” lo que asegura que el Estado se preocupa de proveer los medios para que este objetivo se cumpla. “Una igualdad formal, una igualdad meramente en el papel no es suficiente ya que el estado debe activamente proveer los medios para que realmente podamos ser iguales en este sentido”, destacó la Coordinadora del Eje Género y Diversidades del Núcleo Constitucional.
En la propuesta constitucional se señala que Chile será un “Estado ecológico” lo que fue abordado por Sebastián Salazar, quien afirmó que este tema está presente en todo el texto. “Lo que se busca con la definición de estado ecológico es preocuparse de la conservación de los entornos, de la preservación de ciertos parajes, de darles una lógica de equilibrio ecosistémico a las personas y, en última instancia, también hay un cambio de enfoque respecto a una concepción antropocéntrica de ver las cosas hacia una concepción que de una u otra forma nos incluya dentro de un entorno”, afirmó el Coordinador del Núcleo Constitucional
Finalmente, Lieta Vivaldi se refirió al tema de la plurinacionalidad destacando que esto no significa que Chile deje de ser un Estado unitario. “El carácter plurinacional es necesario para la democracia, es una conversación que ha estado omitida por muchos años por el colonialismo y por otras razones y justamente son los cimientos en los cuales el pueblo chileno también tiene que construirse y reconocerse”, destacó la académica.
Lanzamiento del libro “Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile”
El miércoles 24 de agosto Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico UAH, junto a Miriam Shaftoe, presentará el libro que sintetiza los principales avances y desafíos en derechos humanos en el país.
Hugo Rojas, Profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e Investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y del Instituto Milenio sobre Violencia y Democracia, y Miriam Shaftoe (Universidad de Ottawa), han publicado el libro Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile (Valencia: Tirant lo Blanch, 2022).
La obra ofrece una síntesis de los principales logros y retos pendientes durante más de tres décadas de justicia transicional en Chile. El primer capítulo explica los fundamentos teóricos de los derechos humanos y los elementos de la justicia transicional. El segundo capítulo proporciona los antecedentes socio-políticos necesarios para reflexionar sobre las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el marco de la historia reciente de Chile. Los siguientes capítulos analizan de manera pormenorizada e interdisciplinaria cuánto, cómo y por qué se ha avanzado en las búsquedas de la verdad, la reparación de las víctimas y sus familiares, justicia, memoria y garantías de no repetición para que Nunca Más vuelvan a cometerse actos de represión estatal.
El profesor Rojas, señala que el libro “ofrece una visión panorámica de los últimos cincuenta años en el ámbito de los derechos humanos en Chile, sistematizando información y argumentos que pueden ser valiosos para comprender qué nos ha pasado como sociedad y cómo estamos enfrentando las profundas heridas y secuelas de la represión estatal”.
Y además agrega que “el texto también hace referencia a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019, pues tiene la intención de aportar a la promoción del estado de derecho, la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales en el país”.
Lanzamiento
Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico UAH
El libro será presentado el miércoles 24 de agosto, por la Dra. Miriam Henríquez, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, (CiPP), la Dra. Valeria Palanza, Decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el Dr. Manuel Guerrero, académico e investigador de la Universidad de Chile y de la Universidad de Uppsala. El evento contará con la participación de Manuel García y Carmen Paz González, quienes interpretarán algunas piezas musicales.
La actividad se realizará en la Confitería Torres (Alameda 1570, Metro Moneda), a partir de las 17:30 hrs., y por aforo los cupos son limitados, por lo que se requerirá inscripción y confirmación previa. La instancia es con cupos limitados y se pedirá pase de movilidad. Si desea asistir, favor inscribirse en el siguiente FORMULARIO. También puede sumarse a la transmisión vía UAH TV Digital y YouTube.
Si quieres ver en vivo el lanzamiento del libro, a las 17:30 hrs., incluyendo la interpretación de algunas canciones por parte de Manuel García, puedes conectarte y verlo a continuación:
Los principales hitos del proceso constituyente abordó la primera “Clase Abierta Constitucional”, actividad organizada por el Núcleo Constitucional y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado. Esta primera sesión, de un total de cinco que se desarrollarán todos los martes del mes de agosto, se realizó en el aula magna y contó con las exposiciones de Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la UAH e investigadora del CiPP y Gustavo Poblete, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del eje de Derechos Sociales del Núcleo Constitucional.
La actividad fue inaugurada por el co director del Núcleo Constitucional, Gonzalo García, y Ximena Concha, directora ejecutiva del CiPP, quien además moderó el evento. Estuvieron presentes, además, Sebastián Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional y Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP.
Como antecedente del proceso constituyente, los expositores mencionaron el proyecto constitucional presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet en marzo del 2018, que se originó en cabildos autoconvocados, pero que no tuvo tramitación en el Congreso.
El proceso constituyente vivido en nuestro país, fue el resultado de un estallido social que encontró un camino institucional para salir de la crisis con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en noviembre del 2019. Luego se instaló una mesa técnica que formuló una reforma que fue aprobada en diciembre del 2019 y que permitió el inicio del proceso constituyente. Se convocó a un plebiscito para abril del 2020 el que a raíz de la pandemia fue postergado.
El 25 de octubre del 2020 se realizó el plebiscito de entrada que presentaba dos cédulas. Una por si se aprobaba o rechazaba la elaboración de una nueva carta magna y la otra si se aprobaba o rechazaba que la redactara una convención constitucional o convención mixta. Triunfan una nueva constitución y una comisión convencional como medio para su elaboración.
Después vendrían la tramitación de varias reformas que incorporan 17 escaños reservados para los pueblos originarios, la paridad de género y la posibilidad de candidaturas independientes. Los expositores destacan que en el proceso se inscribieron 3 mil 500 candidaturas y que de ellas 2 mil 200 fueron de personas independientes.
El 15 y 16 de mayo de 2021 se efectuaron las elecciones para conformar la lista de 155 constituyentes. Fueron electas 77 mujeres y 78 hombres. En julio se instaló la convención constitucional que funcionó un año hasta que entregó el texto de propuesta de nueva constitución.
El próximo hito en este proceso, será el plebiscito de salida que se efectuará el 4 de septiembre donde las y los ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan el texto de nueva constitución propuesto.
Los expositores comentaron que todo indica, según la discusión política que se está dando en el país, que el proceso constituyente continuará. Si gana el apruebo serán reformas sobre el nuevo texto y si gana el rechazo sobre la actual constitución de 1980, dicen los especialistas.
Para Miriam Henríquez la nueva noción de representación descriptiva es una relevante característica del proceso constituyente. “Cuando nos referimos a representación generalmente nos estamos imaginando una persona que es elegida por otras personas y generalmente que toma decisiones por la mayoría. Pero el proceso constituyente instaló entre nosotros una noción de representación algo más compleja, una dimensión adicional de la representación que es la representación descriptiva de la sociedad que pretende ser un reflejo, un espejo de lo que somos”, dice la investigadora del CiPP.
Esto explicaría, por ejemplo, que si gran parte de la ciudadanía no milita en un partido político opte por elegir representantes independientes. O bien que si las mujeres son más del 50 % de la población entonces haya surgido la demanda de que la convención estuviera compuesta al menos por la mitad de mujeres.
Gustavo Poblete destacó que el proceso constituyente continuó pese a la pandemia mundial adecuándose en aspectos cronológicos sin detener la vía institucional y democrática. “Los cambios constitucionales tienen que asociarse con crisis a nivel social o institucional, por ello era esperable que la pandemia no sería una excusa para no seguir adelante con el proceso constituyente”, puntualizó el profesor Poblete.
A modo de resumen, los principales aspectos que de acuerdo a los dos expositores, caracterizaron al proceso constituyente, son su carácter único, representativo, paritario, institucional, democrático, con escaños reservados y acompañado de una crisis sanitaria.
Los expositores también se refirieron a las dudas que planteaba el proceso. Una de ellas, fue si podría o no cumplir con el plazo establecido de nueve meses y otros tres más prorrogables. Finalmente lo hizo al entregar un texto de propuesta de nueva constitución el pasado 4 de julio.
También se plantearon aprehensiones en torno al quórum de dos tercios para algunas normas, los reglamentos que debían dictarse, la completitud del texto y si se mantendrían en su función específica. La realidad muestra que se lograron acuerdos en numerosos artículos por 103 o más convencionales; la convención dictó de manera oportuna su reglamento (en tres meses) fijando un procedimiento. Los constituyentes no traspasaron los límites de su trabajo que era redactar una nueva carta magna. Además, ambos expositores destacaron la completitud del texto constitucional que incluyó la organización del poder y los derechos de las personas el que consideran completo y consistente.
En la clase constitucional se comentaron las normas transitorias que permitirán, de ganar el apruebo, hacer una transición gradual y progresiva para implementar la nueva Constitución creando instituciones y órganos nuevos.
Intervención de la Contraloría General de la República en la SEGEGOB
“La utilización de recursos públicos no tiene que ver sólo con dinero, sino también con factores como el uso del tiempo y la imagen”, sostiene Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la UAH quien fue entrevistado por el diario La Segunda.
El académico se refirió a la actuación de la Contraloría General de la República (CGR) enviando funcionarios a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) a examinar las acciones del gobierno en la campaña previa al plebiscito de salida constitucional.
En opinión del académico se trata de una medida oportuna que tendrá efecto pues se da la señal de que “hay que ser prudente y cuidadoso en lo que se haga de lado y lado”, y advierte: “Tratándose de ministros y ministras de Estado, no hay una posibilidad de establecer sanciones porque no son funcionarios públicos. Contraloría se limitaría simplemente a establecer los hechos y enviar los antecedentes a la cámara de diputados que podría, si lo estima necesario, establecer un juicio político, porque la responsabilidad de ministros y ministras es política y no de otra naturaleza”, acota el docente.
Sobre cuál sería el límite entre informar e intervenir, Rajevic señala que “la instrucción que entregó Contraloría es que informar implica que se entreguen antecedentes con una perspectiva imparcial, sin incentivar el voto desde una perspectiva determinada …”.
Para él la noticia de que la CGR instaló un grupo de fiscalizadores en la SEGEGOB resulta una medida bastante rotunda y muy profunda de parte del ente contralor. “No hemos tenido en el pasado una intervención de esas características. Desde esa perspectiva, es una buena señal”, comentó el investigador.
Sobre la acusación de la oposición de que se trataría de una medida tardía por parte de la CGR, Rajevic no está de acuerdo y valora la medida, considerando que queda más de un mes de campaña y aun cuando las herramientas del ente contralor tengan ciertas debilidades cuando se trata de autoridades superiores como las y los ministros de estado. “No me cabe duda que esta acción producirá un efecto; son señales que también podrían tener efecto dentro de esta campaña dando un mensaje de que hay que ser prudentes y cuidadosos en lo que se haga de lado y lado. Veo lo que ocurrió, como buena señal de que las instituciones están funcionando”, planteó Enrique Rajevic.
Pagamos impuestos para que las instituciones funcionen
“La transparencia es un pilar indispensable para que la nueva reforma tributaria tenga éxito y de esta forma los contribuyentes y ciudadanos que entregan su dinero al Estado tengan la seguridad de que las instituciones financiadas por éstos sean reguladas y fiscalizadas”, así lo afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Pública (CiPP) de la UAH, Humberto Borges, en una columna publicada en el portal de Radio Cooperativa.
El académico señala que son importantes las normas de transparencia que existirán al implementar esta reforma destacando que los fraudes empresariales o colusiones que han sucedido en Chile han producido un gran descontento y desequilibrio entre quienes sí cumplian con las reglas tributarias. “Esto es importante ya que un ciudadano entrega dinero con la confianza de que los recursos se vigilan y, si ocurriera una situación ilegal, será detectada y sancionada” destaca Borges.
El investigador del CIPP afirma que la transparencia de las entidades fiscalizadoras, reguladoras, persecutoras y que entregan justicia son tan necesarias como que las organizaciones privadas cumplan con las normas legales.Además, enfatiza que existen errores legales que provocan vacíos y que incluso pueden ocasionar más daños que el objetivo o bien perseguido.”Los cambios tributarios y legales antes de la actual reforma han estado eliminando controles como el de llevar una contabilidad completa o a lo menos que se cumpla con la labor de mostrar las transacciones que las empresas realizan”, declara el especialista.
Humberto Borges, enfatiza que eliminar la contabilidad completa y tener documentos más laxos para demostrar los ingresos, deja un flanco abierto para la corrupción y el crimen organizado. También advierte que es necesario mejorar los controles y rol que realizan las entidades estatales.
La Clase Abierta/Constitucional es una iniciativa del Núcleo Constitucional UAH cuyo objetivo es dar a conocer los principales tópicos del texto constitucional elaborado por la Convención Constitucional.
Las clases se desarrollarán entre el 2 y el 30 de agosto, en formato híbrido, con cupos presenciales y por UAH TV DIGITAL. Serán impartidas por profesores de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en 5 sesiones que se realizarán cada martes de agosto a las 12:30 horas.
Nota: Las clases se desarrollarán en modalidad presencial en el Auditorio E11 Almirante Barroso 10 y serán retransmitidas vía Streaming. Estas son gratuitas, abiertas a todo público y dando prioridad a estudiantes y funcionarios de la UAH. Cada módulo tiene una duración de 1 hora.
Se entregará material complementario (diapositivas).
Certificación: Se entregará una constancia de participación a quienes completen más de un 80% de las actividades del curso (para los asistentes presenciales) o la aprobación de una evaluación sobre los contenidos centrales del curso (para quienes lo sigan por Youtube).
Martes 2 de agosto: Principales hitos del proceso constituyente. Implicancias del plebiscito. Transición constitucional.
Martes 9 de agosto: Principios constitucionales: Estado social y democrático de Derecho, democracia paritaria, Estado plurinacional, Estado ecológico.
Martes 16 de agosto: Derechos constitucionales, con especial énfasis en derechos sociales y nuevas garantías de los derechos constitucionales.
Martes 21 de agosto: Organización territorial e indígena, con especial énfasis en el Estado regional y el estatuto indígena.
Martes 30 de agosto: Régimen político, con referencia a democracia y nuevos mecanismos de participación.
La educación pública en Chile después de haber estado casi 40 años en manos de los municipios ha comenzado a transitar hacia un modelo de agencia o servicios locales de educación pública (SLEP), tema que es abordado en el artículo titulado “Nosotros Esperábamos que….” La Nueva educación pública en la voz de directoras y directores transitando hacia servicios locales de educación, que da cuenta de los resultados de un estudio realizado por el investigador del CiPP y académico UAH, Cristóbal Madero, junto a Beatriz Manz de la University of California-Berkeley y Cristóbal Castro de la Universidad San Sebastián, publicado en la Serie Policy Brief Educación Pública Chilena N° 2 del Observatorio de la Nueva Educación Pública (ONEP) de la UAH (junio 2022).
El estudio “da cuenta de cómo un grupo de directoras y directores de dos de los más antiguos Servicios Locales de Educación (SLEP) creados el año 2018, evalúan el tránsito que van teniendo hacia esta nuestra estructura para la Educación Pública”.
A modo de contexto, los autores señalan que este proceso se da junto a un nuevo relato denominado “Nueva Educación Pública” (NEP) que se inicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con la ley 21.040 del 2017. Los autores señalan que esta normativa se diseña en un gobierno de centro izquierda, y se implementa bajo un gobierno de signo contrario, lo que se traduce en que la puesta en marcha de este nuevo concepto de educación pública en el gobierno de Sebastián Piñera se efectuó en forma lenta, sin gran entusiasmo por parte de la autoridad, por lo cual dicha ley no logra dar un impulso para dignificar y potenciar la NEP.
“La nueva ley responsabiliza al Estado por la calidad de la educación que imparte, pone en el centro a la escuela pública y sus condiciones para asegurar una educación de calidad para todos, genera capacidades y profesionaliza la labor de apoyo a las escuelas”, señala la investigación.
Además, fomenta la participación y descentraliza decisiones fundamentales, y crea una red articulada de servicios públicos de educación (los 70 SLEP). En este sentido, la Nueva Educación Pública busca ser el referente de un sistema educacional de provisión mixta, inclusivo, equitativo y que entrega una educación de excelencia, garantizando el acceso universal a una educación de calidad, laica, gratuita e inclusiva, que ofrezca experiencias de aprendizaje significativas, orientadas a la formación de personas/ciudadanos libres, autónomos e iguales en dignidad y derechos.
El estudio plantea que este despertar de la educación se dio también por razones estructurales señalando que se contaba con una institucionalidad poco sustentable y sin horizonte de crecimiento. Además había un sentir que señalaba la necesidad de un cambio, lo que se puede verificar en una encuesta desarrollada por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE, el 2012, donde solo un 10,1% de los apoderados, un 1,5% de los directivos y un 1,2% de los docentes entrevistados, señalaron que preferían la municipalidad como administradora de la educación pública por sobre una corporación de derecho público a nivel provincial o regional, o de un sistema nacional de educación pública.
El trabajo aborda cómo perciben el proceso de instalación de los SLEP las y los actuales directores de establecimientos públicos de educación. Participaron 13 directoras y directores que han trabajado en dos de los cuatro SLEP creados en 2018. El primero de ellos (SLEP 1) está formado por cinco comunas en el sur de Chile y consta de 75 establecimientos, una matrícula de 8.711 (722 VTF), 880 docentes, y 821 asistentes de la educación. El segundo SLEP (SLEP 2) consta de dos comunas y se compone de 49 establecimientos,13.335 estudiantes (685 VTF), y 1.145 docentes y 982 asistentes de la educación.
La investigación constata que a juicio de las y los directores, el comienzo de la implementación de los SLEP muestra fortalezas y debilidades importantes. La valoración del giro pedagógico por una parte y la necesidad de mayores y mejores soportes a la gestión de la implementación por otra, son ejemplos de ello. Por lo cual el estudio plantea que es necesario abordar las debilidades con prontitud y efectividad, lo que permitiría acercarse a los ambiciosos propósitos del nuevo subsistema escolar chileno.
“Desde el inicio del proceso constituyente, se ha ido asentando en nuestro medio una nueva dimensión de la representación política. Se trata de la representación descriptiva, que plantea que los órganos representativos deben reflejar las principales características de la población de la que proceden”. Así lo cree Miriam Henríquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado y decana de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, quien publicó en el diario La Tercera la columna titulada “Sin paridad no hay paridad”.
Precisamente en ese ámbito destaca la representación de las mujeres, que conforman más de la mitad de nuestra población, comenta Henríquez. Eso, según ella, se confirma con el hecho de que Chile contó con el primer órgano constituyente paritario del mundo. En opinión de la investigadora las convencionales actuaron en favor de los intereses de género los cuales quedaron plasmados en la propuesta de nueva Constitución.
“El texto constitucional comprende más de 30 disposiciones relativas a temáticas de género, entre sus 388 artículos. Ellas se encuentran dispuestas a lo largo de todo el articulado. Pero la propuesta no se caracteriza sólo por la importante cantidad de normas de género, sino también por su estructura y por las transformaciones que implicarían de aprobarse la nueva Constitución”, sostiene la docente.
Miriam Henríquez destaca las normas sobre democracia paritaria e inclusiva, así como la igualdad sustantiva de género. También el enfoque de género que orienta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, como a la educación, a la salud y a los cuidados. También resalta las normas sobre violencia de género y que en el ámbito de la distribución del poder los órganos deben cumplir con una composición paritaria.
“El género es un tema central, transversal y estructural en la propuesta de nueva Constitución y esto es el resultado de la integración paritaria del órgano que le dio origen”, concluye la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
“La revista The Economist revela que la inflación de costo ha sido históricamente un buen predictor de protestas masivas, disturbios y violencia política”, destaca Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Universidad Alberto Hurtado, quien publicó en la Revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH el artículo “Inflación de costo: hambre, frío y desempleo”.
Los precios del trigo, azúcar, maíz y la soja aumentaron en los mercados internacionales, al igual que la energía. Los alimentos y el transporte inciden significativamente en este tipo de aumento de precios que los economistas definen como “inflación de costo”.
En Chile la deuda del gobierno está a un nivel manejable si se compara con otros países, considera García. Por ello, plantea el docente, la ayuda directa a los ciudadanos más afectados por esta “inflación de costo” se puede hacer solo aumentando la deuda en el corto plazo.
La situación en Chile se vuelve compleja considerando la situación fiscal del gobierno. En este último año el precio del cobre cayó y la Reserva Federal de los Estados Unidos, buscando detener la inflación, aumentó la tasa de interés disparando el precio del dólar en los mercados. “Puesto que la mayoría de los precios de nuestras importaciones está en dólares, los precios de todas las importaciones en pesos vuelven a subir”, puntualiza el académico.
El Banco Central decidió subir la tasa de interés a 9,75% para frenar el gasto en consumo e inversión privada encareciendo el crédito. “No obstante, frenar la economía trae consigo otra maldición: el desempleo”, sentencia el investigador.
Todo este escenario es, según García, un cóctel político y social explosivo para el gobierno. “En términos técnicos se le llama a esta mezcla maldita “estanflación”. Para el ciudadano común es hambre, frío y mayor desempleo”, aclara el economista.
Carlos J. García dice que algunos reclaman subsidios, fijaciones de precios y reducciones de impuestos. Sin embargo, explica el especialista, estos son instrumentos demasiado amplios favoreciendo a todos, incluidos a aquellos que no necesitan la ayuda. Para él un camino más cierto es la ayuda directa, pero a costa de varios puntos más de deuda pública sobre el PIB. “Nada es gratis, y ayudar tampoco será en esta coyuntura”, puntualiza el docente. “Parece que crecemos, que nos aproximamos al desarrollo, pero de un plumazo volvemos reiteradamente al subdesarrollo o, mirando el vaso medio lleno, a una situación de economía emergente permanente en que el fantasma del hambre, del frío y el desempleo no desaparece”, concluye García.
El derecho a la vivienda digna es nuevo en las constituciones del mundo y, en la propuesta de texto constitucional que se plebiscita el próximo 4 de septiembre, se expresa de la siguiente manera. “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
Para analizar este derecho la sección “Camino al plebiscito” del noticiario 24 Horas de TVN entrevistó a Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Universidad Alberto Hurtado.
El abogado explicó que se reconoce el derecho a la vivienda que puede ser otorgado de diferentes maneras. “Es decir uno puede tener un arriendo, por ejemplo, uno puede tener derecho de superficie, uno puede tener propiedad. La fórmula de políticas públicas a nivel comparado varía y cada una tiene sus méritos”, comenta el docente.
El texto propuesto de carta magna agrega en torno a este derecho que el Estado deberá tomar las medidas necesarias para el goce oportuno del uso de una vivienda digna. “El Estado va a tener más deberes y más atribuciones, hay que tener recursos y buenas políticas públicas y ojalá este no fuera un tema de trincheras y tuviéramos unas políticas de Estado en esta materia que nos permitan generar hábitat y viviendas adecuadas para todos y todas las chilenas”, plantea Rajevic.
El articulado relacionado con el derecho a la vivienda digna también establece que debe haber habitabilidad, espacio, equipamientos suficientes, disponibilidad de servicios y una ubicación adecuada.
Miriam Henríquez: Justicia con enfoque de género en la nueva constitución
El 4 de septiembre la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención constituyente. En este contexto el medio electrónico El Desconcierto entrevistó a seis abogados y seis abogadas de distintos centros de estudios, universidades y sectores políticos para conocer su opinión sobre el texto final que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Entre ellos, a la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez.
Henríquez señala que en el artículo número 1 se encuentran los pilares básicos del texto constitucional propuesto. “Recoge los principales pactos que ya delinean la futura Constitución y establece un Estado que deja atrás la falsa dicotomía entre derechos sociales y derechos civiles y políticos; reconoce la preexistencia de las primeras naciones o pueblos originarios y, por ello, se lo declara plurinacional e intercultural; redistribuye el poder estatal entre hombres y mujeres con criterio de paridad; y plasma la relación indisoluble de las personas con la naturaleza y, por ello, se lo proclama ecológico”.
La académica, destaca la aprobación de la norma que establece que los tribunales de justicia independiente de su competencia deben resolver siempre con enfoque de género y señala que las críticas que han surgido frente a este planteamiento son “inferencias erradas”. “Una interpretación adecuada la encontramos en el reciente Informe de la Convención de Venecia, que señala que la introducción de la perspectiva de género en la función jurisdiccional puede ser útil para garantizar los Derechos Humanos y para promover la imparcialidad del juez”, comenta la abogada.
En cuanto a los puntos más débiles de la propuesta constitucional la especialista, que fue entrevistada junto a 11 constitucionalistas, afirma que hay un excesivo uso de expresiones como “según lo determine la Constitución y las leyes”.
Paola Bordón: Economista y fanática del heavy metal
En el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) participan diferentes académicos de la UAH con el objetivo de promover e incidir en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.
En esta oportunidad conversamos con Paola Bordón, profesora asistente del departamento de economía de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH); Ph.D. in Economics, University of Wisconsin–Madison, Estados Unidos. Magíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile. Ingeniera Civil Industrial, Universidad de Chile y directora del Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la FEN UAH.
La académica nos relata que cuando estudiaba ingeniería civil industrial en la Universidad de Chile tuvo algunos cursos de economía y se dio cuenta que esta disciplina la apasionaba. “Fue tanto lo que me gustó que realicé el Magíster en Economía Aplicada en la Universidad de Chile y de ahí me fui a hacer un doctorado a Wisconsin – Madison donde viví seis años transformándose en una experiencia maravillosa”, afirma Paola Bordón.
Paola Bordón, en Wisconsin – Madison
Se declara fanática del cine, de los viajes y del rock, específicamente del heavy metal, donde admira a bandas como Led Zeppelin y Iron Maiden. “No concibo la vida sin música específicamente sin rock porque me traspasa una energía especial, he asistido a los conciertos de todos los grupos emblemáticos que han venido a Chile”, relata la docente.
Paola Bordón, junto al guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.
¿Qué temas abordas dentro de la economía?
Mis campos de trabajo e investigación incluyen laeconomía de la educación, economía laboral, econometría aplicada, organización industrial empírica y políticas públicas.
Lo que me interesa es diseñar y evaluar políticas públicas, he trabajado como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Universidad de Chile y para los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo.
¿Qué importancia tiene para ti la existencia del CiPP en la Universidad Alberto Hurtado? ¿Qué valor le das como académica el formar parte de este Centro?
Creo que el CiPP llenó un espacio que era muy necesario en la Universidad porque es vital entender que las políticas públicas deben tener un enfoque multidisciplinario, donde confluyan diversas miradas provenientes de diferentes disciplinas.
Cuando uno diseña, piensa o evalúa políticas públicas necesita un enfoque multidisciplinario y creo que eso dio origen a este centro que agrupa a académicos que pueden aportar diferentes visiones hacia un foco común.
La Universidad leyó muy bien esta necesidad de contar con este espacio donde convergen diferentes miradas y empujó lacreación de este centro lo que me parece destacable.
Mauricio Castillo presenta trabajo en el IV Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPYME
Un modelo de ecuaciones estructurales para probar el impacto que tuvo el teletrabajo (home office) y el comercio electrónico (e-commerce) en pequeñas y medianas empresas de México, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y, en particular en el desempeño y la innovación, presentó el investigador del CiPP, Mauricio Castillo, en el “IV Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPYME” que se desarrolló en Bogotá los días 23 y 24 de junio 2022. El trabajo presentado por el académico se titula “Business Strategies in SMES in the Sonora Region of Mexico: Open Innovation in the Face of COVID-19”.
El evento fue organizado por la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), Universidad Jorge Tadeo y UNIVERSITAS XXI y contó con la participación de más de 100 trabajos que se expusieron en diversas salas paralelas que combinaron presencialidad y virtualidad. Los participantes provenían de Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, España y Colombia.
Este trabajo fue desarrollado en conjunto con los doctores Luis Enrique Valdez-Juárez y Elva Ramos-Escobar del Instituto Tecnológico de Sonora de México. “Tuve la oportunidad de cumplir con diversos objetivos. En primer lugar, volver a encontrarme con colegas investigadores, con alguno de los cuales solo habíamos trabajado en forma virtual. También la posibilidad de establecer nuevas posibilidades de colaboración”, comentó Castillo.
El académico destacó la realización de este evento y señaló que colaborará con investigadores que trabajan en torno a la Industria 4.0 (foco del proyecto de investigación que está ejecutando) y kolau.com, que es una compañía que busca ayudar a digitalizar a las mipymes. Además, se estableció que este congreso se realizará cada dos años.
Destacan a Hugo Rojas en el Día Mundial de la Justicia Internacional
Las publicaciones de Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) fueron destacadas por la editorial Springer Nature como una contribución a la promoción y protección de los derechos humanos. Dicho reconocimiento se dio en el marco del “Día Mundial de la Justicia Internacional”, que celebra el 17 de julio anualmente la creación de la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma.
Ese día se ofrece a la humanidad la oportunidad de unirse para promover un mundo cada vez más justo, con el objetivo final de alcanzar la paz y seguridad a todas las personas.
El libro del profesor Rojas titulado Human Rights and Transitional Justice in Chile (Palgrave Macmillan, 2021), escrito junto a Miriam Shaftoe, ha sido mencionado por Springer Nature como una de las 40 novedades recientes en estudios de paz, conflictos, raza, inmigración y reformas a la justicia.
El docente se refirió, en una entrevista concedida a Springer Nature, a la importancia de la organización civil frente a lo que consideran injusticias. “Los movimientos sociales suelen surgir para hacer frente a las injusticias y desigualdades que afectan a un grupo de personas que están descontentas con la forma en que son tratadas por el resto de la población”, apuntó Rojas.
En su opinión, el movimiento de derechos humanos jugó un papel fundamental en la recuperación de la democracia en Chile y en la inclusión de los temas de justicia transicional en la agenda pública. “En la actualidad, los movimientos feminista e indígena están desempeñando un papel clave en el trabajo de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Constitución para el Chile post-transicional”.
En sus investigaciones el docente ha presentado propuestas para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas en Chile y tratado de dar a conocer las percepciones de las víctimas de la dictadura militar. “Además, mi investigación ha contribuido a una mejor comprensión de las personas indiferentes a los derechos humanos, explicando sus causas y consecuencias sociales”, destacó Hugo Rojas. También explicó que lo que se espera de las ciencias sociales es que propongan información y datos útiles para los procesos de toma de decisiones en el ámbito público.
Asimismo se refirió a su deseo de que todas las sociedades fueran capaces de promover una cultura de los derechos humanos mucho más sólida e intensa que la que vemos hoy en día. “Alcanzar niveles altos y sofisticados de cultura de derechos humanos debería contribuir a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho”, sentenció Hugo Rojas.
La reforma cumple el objetivo de avanzar en equidad y justicia tributaria
En los últimos días, el investigador del CiPP y académico UAH, Humberto Borges, ha sido entrevistado por diversos medios para conocer su opinión sobre la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno. Revisa aquí sus distintas intervenciones:
En entrevista con el CiPP, el profesor Borges resume su opinión sobre la propuesta de reforma tributaria ingresada por el gobierno a la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar su tramitación legislativa: “Es una reforma realista, aunque tal vez no logre la meta de recaudación esperada, pero coloca incentivos correctos en el tema de la equidad. Es vital abordar muy bien los temas de transparencia en la utilización de los recursos, ya que se debe recaudar por un lado y mostrar los resultados por otro, si se logra todo esto sería realmente un pacto tributario y social”.
Borges valora la realización de esta reforma ya que cumple el objetivo de avanzar en equidad y justicia tributaria destacando que está muy bien estructurada superando las deficiencias de las reformas anteriores. “Muchas de las problemáticas de las reformas anteriores estaban relacionadas con la falta de claridad del pago de impuestos personales, lo que no sucede ahora donde nos encontramos con una mejor estructura impositiva”, enfatiza el docente.
El académico señala que el aumento de las tasas del Impuesto Global Complementario, enfocadas principalmente al grupo de contribuyentes con más altos ingresos, logra una progresividad más adecuada que la existente en las reformas anteriores. Además, el especialista valora que se abra un debate relacionado con la utilización de los impuestos como herramientas de equidad. “Se podría discutir el monto de disminución de la renta imponible: $450.000 por arriendo y $550.000 al mes por cuidado familiar, logrando mejorar la propuesta, con menores montos y establecer restricciones en los establecimientos que entreguen los servicios, pero en general, es una medida adecuada, ya que apoya el empleo femenino y las necesidades de cuidado de los integrantes de una familia”, destaca el profesor de la UAH.
El investigador del CiPP destaca los cambios a la legislación para fortalecer normas antielusión sobre tasación, paraísos fiscales, gastos rechazados, precios de transferencia, entre otras. “Es importante que el SII, focalize las medidas contra el comercio no formalizado ya que gran parte de la evasión del IVA se encuentra en este grupo”, afirma el catedrático.
Con respecto al sistema tributario de los países de la OCDE los datos muestran que, en 2019, la carga tributaria de Chile fue del 20,7 %, comparada con el 33,8 % de la OCDE y que esto se ha mantenido en el tiempo. “Estas medidas mejorarán bastante la posición de Chile dentro de la OCDE, pero aún falta saber cómo quedará finalmente esta reforma“ puntualiza el director del Diplomado en Gestión Tributaria de la UAH.
Miriam Henríquez asume como parte del directorio de Comunidad Mujer
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, asumió como nueva integrante del Directorio de Comunidad Mujer, que es presidido por la economista Alejandra Mizala. También fue nombrada la rectora de la Universidad Santo Tomás, María Olivia Recart. Ambos nombramientos se producen en reemplazo de la actual ministra de Justicia Marcela Ríos y la académica y escritora Cecilia García-Huidobro.
“Para nuestra organización es un orgullo que estas destacadas mujeres se sumen al directorio y al consejo consultivo de Comunidad Mujer. Esta renovación nos alegra porque nos fortalece en un contexto país y global de grandes transformaciones, donde las mujeres tenemos mucho que aportar. Necesitamos del talento y voces comprometidas de quienes contribuyen día a día al avance de la equidad de género”,destacólapresidenta ejecutiva de la entidad, Alejandra Sepúlveda.
Por su parte, la Asamblea Anual del Consejo Consultivo de Comunidad Mujerdio la bienvenida a ocho nuevas integrantes, de una amplia diversidad generacional, provenientes de la academia, el mundo privado y el activismo: la ingeniera, Belén Guede; la cientista política, Claudia Heiss; la activista medioambiental y por los derechos de niñas y mujeres, Julieta Martínez; la defensora de los derechos digitales, Valentina Muñoz; la directora de empresas, Tina Rosenfeld; la ex subsecretaria de Ciencias, Carolina Torrealba; y las abogadas constitucionalistas, Verónica Undurraga y Yanira Zúñiga.
Hay una Tecnocracia que representa a los Movimientos Sociales
“El modelo neoliberal hizo que la educación superior chilena transformara a la clase media, empoderando a un grupo social postergado que exigió demandas respecto a su rol en la sociedad. Serían los hijos de la clase trabajadora que accedieron a las Universidades los que han irrumpido en los últimos años en la escena pública”. Así lo sostiene el sociólogo e investigador del CiPP, Nicolás Fleet en una entrevista concedida al diario La Segunda, donde es consultado a raíz de la publicación de su libro «Mass intellectuality neoliberal state», donde investiga la masificación de la educación superior en Chile. Agrega que las movilizaciones estudiantiles en el 2006 con los secundarios, y luego el 2011 con los universitarios, desencadenaron un proceso de protestas que dan origen al estallido social y a la creación de la Convención Constituyente.
El académico afirma que esta nueva clase media formada por profesionales e intelectuales tienen otras demandas y expectativas con respecto de su rol en la sociedad. Se transformó en el sector más expansivo de la estructura social chilena en las últimas décadas. “Ese proceso generó una crisis de legitimidad en las instituciones. Y este nuevo grupo social irrumpió de forma revolucionaria demandando participación en la distribución del poder y los recursos de la sociedad”, comenta el docente.
Fleet afirma que en el país hay en la actualidad un acceso universal a la educación superior — como el que ocurrió en Francia en 1968, y en Chile entre 1967 y 1973 – , ya que al mirar los datos del Banco Mundial se observa que hay un nivel de cobertura de un 90% en la población joven entre 18 y 24 años, lo que constituye un acceso universal, que no tiene comparación en América Latina y pone a Chile en los niveles de países como Finlandia, Estados Unidos y España, y por sobre otros como Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido.
Señala Fleet que “la clase media en Chile tuvo que soportar endeudamiento, educación de mala calidad, y subordinación porque los dueños de la industria de la educación superior le hicieron pagar un costo muy alto”.
”Es decir, La industria neoliberal de la explotación de la educación tuvo como consecuencia que, los hijos del neoliberalismo terminaron siendo los sepultureros del modelo que los produjo”, señala el especialista.
En la entrevista, el académico también plantea que en Chile las universidades de élite tienen rasgos de segmentación social e ideológica que todavía no superan. “Las universidades de élite forman a la clase dirigente, mientras que las universidades masivas forman roles más subordinados. En qué universidad estudias tiene que ver con el origen de clase y eso determina el acceso a posiciones de poder“, enfatiza Nicolás Fleet.
La masificación de la educación universitaria, señala el sociólogo, también cambió la estructura del empleo y hoy cerca del 40% de la población joven empleada tiene una credencial de educación superior. “Quizás no haya en el mundo muchas otras experiencias de masificación tan rápida de las credenciales universitarias como ocurre en Chile”, puntualiza Fleet.
Si quieres profundizar en el tema puedes acceder a la entrevista en el siguiente enlace.
“Queremos un modelo más rápido, más transparente con menos corrupción, más profesional, que permita perseguir delincuencia menor y sofisticada, evitar el uso político del ministerio público; y jueces y juezas imparciales”, señaló Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, al referirse a las motivaciones iniciales de la Reforma Procesal Penal en Chile. Este cambio fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la Región de Coquimbo y la Región de la Araucanía, el 16 de octubre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el día 16 de junio de 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar.
El profesional hizo estos comentarios en una conferencia on line realizada para estudiantes y profesores de la Escuela de Postgrados de la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre sobre la experiencia de la Reforma Procesal Penal de Chile.
El docente destacó que la reforma procesal penal transitó de un modelo inquisitivo a uno adversarial y que se instaló gradualmente por territorio y no por materia. “Fue muy efectivo porque esto permitió identificar errores, problemas y corregirlos antes que la reforma se instalará en el territorio siguiente”, comentó el profesor.
En esta transformación de nuestra justicia el foco se trasladó a la audiencia. “Todo el sistema trabaja para la audiencia, el fiscal lleva información a la audiencia, el defensor lleva la información a la audiencia y los jueces y juezas esperan que el fiscal y la defensa lleguen con información valiosa a la audiencia”, apuntó el investigador del CiPP. Nada relevante se define fuera de la audiencia, sentenció Rafael Blanco.
Se establecieron dos tipos de jueces, uno de garantía y los de la fase de juzgamiento. “Tenemos dos órganos jurisdiccionales, de control de la investigación pero un control desde la óptica de garantías y derechos, y otro que es el juez oral que tiene que ver con la adjudicación del procesos”, dijo el docente. En Chile el fiscal no puede tomar decisiones que afecten derechos o garantías sin autorización del juez, resaltó el investigador. En otras palabras, no puede detener ni ordenar prisión preventiva. Sobre la formalización explicó que es una audiencia pública donde el fiscal comunica al imputado, que está en compañía de su defensa, que está haciendo objeto de una investigación. Ahí se toman decisiones en torno a si resuelve el caso con una salida alternativa o se opta por una medida cautelar personal como prisión preventiva, arresto domiciliario o arraigo.
En Chile, afirmó Blanco, los intervinientes son el fiscal, la defensa y la víctima que puede contratar un abogado querellante. Es decir, que la víctima también es un sujeto procesal. Rafael Blanco advirtió que el 60 por ciento del total de casos que ingresan al sistema no se investigan o se desestiman porque técnicamente no es posible de investigar. Se archivan, se ejerce la facultad de no iniciar investigación o el principio de oportunidad, puntualiza el profesor Blanco.
Cuando se implementó la Reforma Procesal Penal en Chile, recordó el investigador del CiPP, no se entendían los modelos alternativos de solución de controversias. Por ello acompañaron al proceso de reforma la realización de foros entre el mundo académico, en la sociedad civil, centros de pensamiento y el mundo periodístico. “Un tercio del total de los casos que se judicializaron, del total de casos criminales que llegan a sede judicial en Chile, se resuelven por sistemas alternativos”, sostiene Blanco. Se trata de la suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios. “La reforma procesal penal necesita gestionar conflictos y los modelos de resolución alternativa lo que permiten es diferenciar niveles de compromisos delictual, niveles de complejidad de los casos y exhibe un crisol, una diferenciación de resoluciones que ha sido muy eficiente y al mismo tiempo útil desde el punto de vista jurídico”, dijo el docente.
“La reincidencia en los casos que se derivan a sistemas alternativos son significativamente menores que los niveles de reincidencia en los sistemas penitenciarios”, acotó el investigador.
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El diálogo social es el único camino para sociedades inclusivas
La tercera fase (2016-2022) del programa de cooperación regional para la cohesión social de la Unión Europea en América Latina y la República Dominicana, concluyó con un Encuentro Final y Diálogo de Alto Nivel UE-ALC realizado en Ginebra, el 29 y 30 de junio. Bajo el enfoque «Nuevos Contratos Sociales y Asociaciones para Sociedades más Resilientes e Inclusivas en América Latina y el Caribe», se reunieron autoridades y funcionarios de instituciones europeas, Estados miembros de la UE, países de América Latina y el Caribe, y organizaciones y sociedad civil.
En el evento se subrayó la necesidad de avanzar en mecanismos de inclusión para las sociedades que están emergiendo en el marco de los desafíos que generó la pandemia y la reconfiguración mundial a la que estamos asistiendo. Entre ellos, destacan las nuevas relaciones laborales, el intercambio comercial y la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisión.
Avanzar en la inclusión social y la interacción entre las comunidades y sus territorios es parte de las ideas planteadas durante el encuentro que se realizó en modalidad presencial en la ciudad de Bruselas los días 29 y 30 de julio pasado, y se transmitió vía online a todos los países de América Latina. Contó con la participación de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Marcela Ríos; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi; el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; la directora ejecutiva del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Ximena Concha y el coordinador de la Red de Certificación de Competencias Laborales de la Alianza del Pacífico, Igor Dedic.
El evento fue inaugurado por Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, quien inauguró el Diálogo de Alto Nivel UE-ALC junto con Pablo Tettamanti, secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, representante de la Presidencia pro-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; Dina Ercilia Boluarte Zegarra, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú; Pilar Cancela; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España; y Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Al abrir el diálogo, la comisaria Urpilainen destacó que: «En este momento de gran agitación geopolítica, la UE llevará nuestra asociación con América Latina y el Caribe a nuevas alturas, con los muchos beneficios mutuos económicos, sociales y medioambientales combinados que tiene para el futuro. EUROsociAL+ ha sido un ejemplo exitoso de asociación entre nuestras dos regiones; ha avanzado en la inclusión, la igualdad, la cohesión social y la educación. Nos basaremos en sus logros para diseñar juntos un nuevo programa que contribuirá a abordar aún más las desigualdades, con un impacto que no deje a nadie atrás».
Entre los planteamientos, uno que ha rondado especialmente entre los participantes, es el de generar espacios de participación concreta de las comunidades, la intervención en las decisiones en sus territorios y la entrega de nuevas herramientas que permitan que esa participación se concrete en acciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Durante el panel Pactos Paritarios como requisito básico para avanzar en la construcción de una sociedad justa y democrática, que fue moderado por Clarisa Hardy, experta del Consejo de Orientación de EUROsociAL y presidenta del Instituto Igualdad de Chile, la directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha, agradeció el aporte del Área de Políticas Sociales del programa al desarrollo en Chile del sistema nacional de certificación de competencias laborales y, más recientemente, la alianza con el CiPP para la creación y ejecución de la iniciativa «Plaza de la Innovación y la Cohesión Social» que busca poner de relieve la necesidad de innovar en políticas sociales para dar respuesta a los desafíos de las transiciones globales que enfrenta el mundo. Sobre cómo avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, indicó que “el diálogo social es el único camino posible para construir sociedades verdaderamente inclusivas”.
Por su parte, el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, explicó que la agenda de trabajo de su Ministerio tiene como ejes prioritarios, reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, llevar adelante la reforma a las pensiones, avanzar en la negociación sindical multinivel y en garantizar derechos colectivos.
Durante el encuentro se compartieron los logros alcanzados por el programa en su tercera fase en relación con el fortalecimiento institucional y el apoyo a las reformas políticas en materia de igualdad de género, políticas sociales y buena gobernanza.
La reunión mostró experiencias, mejores prácticas y resultados de EUROsociAL+, destacando el valor añadido de un diálogo político a varios niveles, la combinación de apoyo regional y nacional, y la relevancia de la cooperación técnica pública.
Junto a ello, se analizó el contexto internacional y los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad a raíz de la pandemia, como también la crisis económica y de disponibilidad de materias primas y alimentos ocasionada por la crisis bélica europea que amenaza con extenderse ante la presión que ejercen otras naciones frente al conflicto ruso-ucraniano y que mantiene al mundo con importantes niveles de escasez en productos básicos como granos y fertilizantes que terminan por afectar la producción agrícola en diferentes partes del planeta.
En este marco el Encuentro de EuroSociAL buscó generar un espacio de debate para entregar ideas que permitan abordar estos y otros desafíos y buscar alternativas novedosas de solución que permitan de alguna manera amortiguar los efectos de ambas crisis, la de salud por la pandemia y la de la guerra en Europa, para así permitir la construcción de nuevos procesos de intercambio que se traduzcan en un mejor bienestar para las sociedades de todos los continentes.
Segundo Coloquio presentó “Manual de Buenas Prácticas” para la difusión de temas mapuches y estudio sobre la cobertura del caso Catrillanca.
Un “Manual de buenas prácticas para la difusión mediática de temas mapuches” elaborado por las periodistas Stefanie Pacheco – Pailahual y Paula Huenchumil Jerez y los resultados de un estudio sobre «La cobertura del caso Catrillanca por los medios de comunicación en Twitter» de la académica e investigadora del CiPP, Amaranta Alfaro, fueron presentados en la segunda sesión de Coloquios de Investigación en Medios de Comunicación “Medios y narrativas sobre el pueblo mapuche” organizado por el Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH con el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert – Chile, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), la Fundación Interpreta y el Centro Vives UAH.
En el lanzamiento del Manual, Paula Huenchumil, señaló que se trata de un material que busca ser una guía práctica para contribuir al ejercicio periodístico responsable entregando ejemplos y orientaciones para un uso adecuado del lenguaje al momento de producir contenidos periodísticos que abordan la temática mapuche. “Es importante que se comprenda que cuando se habla del pueblo Mapuche nos estamos refiriendo a otro pueblo, donde debemos entender que tiene otra forma de ver el mundo, posee un idioma diferente, tiene vestimentas propias, alimentación distinta, otra concepción del territorio y una organización diferente en lo político, social, familiar, etc”, destacó la periodista.
Stefanie Pacheco – Pailahual afirmó que al mirar los datos históricos y analizar la prensa, queda demostrado que los medios de comunicación masiva discriminan a los pueblos originarios y no consideran sus diferencias, diversidades culturales y políticas. La periodista destacó que años atrás hubiese sido impensado que dos mujeres mapuches escribieran este texto. “En los 80 o 90 seguramente este manual hubiese sido escrito por una persona no mapuche. Hoy el movimiento mapuche del cual somos parte, está en una posición distinta, donde hay actores en espacios donde nunca habíamos estado”, puntualizó la panelista.
En tanto, la investigadora del CiPP, Amaranta Alfaro, presento un análisis sobre la cobertura de prensa del asesinato de Camilo Catrillanca, esto es, sobre la visibilidad que le dieron los medios de comunicación nacionales y la relevancia que le asignaron en la cobertura mediática de Twitter. “Se consideró la visibilidad como una variable clave para determinar la importancia de un tema para un medio de comunicación y por lo tanto para su audiencia” explicó la especialista.
La académica, relató que se analizaron 25 cuentas de Twitter de medios de comunicación, donde el principal filtro para la selección de la muestra fue la popularidad, es decir las que tenían un mayor número de seguidores. “Nos centramos en esta plataforma por su alta relevancia en el consumo de noticias entre las y los chilenos. Se realizó un análisis de contenido de 3.160 tweets publicados durante 24 horas, inmediatamente después de que la noticia de última hora saliera a la luz”, destacó la periodista.
La investigación demuestra que el contenido noticioso de una cuenta de Twitter no depende de la plataforma de origen, de la postura editorial o del tamaño de la audiencia de la prensa, televisión y radio. “Con este artículo exploramos si el periodismo en Twitter puede estar cambiando o creando una nueva realidad en torno a la influencia y relevancia de los contenidos informativos como el caso estudiado, y, por lo tanto, podría estar cambiando el poder de los medios de comunicación convencionales chilenos al desafiar los criterios de selección de noticias y su relevancia para establecer la agenda del debate público”, señaló Amaranta Alfaro.
En el coloquio también se presentó el estudio “Barómetro de Percepción en RRSS del conflicto en territorio Mapuche”, a cargo del Director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la U. Alberto Hurtado, Nicolás Rojas-Pedemonte.
Diferencias de Género en carreras vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas en la Educación Superior Técnico Profesional.
El artículo“Diferencias de género en trayectorias de carrera en áreas STEM de la Educación Superior Técnico Profesional”, escrito por la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Paola Sevilla, junto a la académica de la Universidad de Houston, Virginia Snodgrass, publicado en el Journal of Career Development examina cómo se producen las diferencias de género durante el desarrollo de las carreras en programas de estudio vinculados a áreas de la ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM, sigla usada en inglés).
Las académicas señalan que existe un gran interés por investigar la baja presencia femenina en carreras universitarias vinculadas a estas áreas, pero que sin embargo, los títulos universitarios no son los únicos que conducen a trabajos STEM. “Cerca de la mitad de estos trabajos requieren competencias y habilidades que se adquieren en la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) donde las diferencias de género son aún más acentuadas que en las universidades”, enfatiza Paola Sevilla
Para examinar cómo se producen las diferencias de género durante el desarrollo de la carrera en programas de estudio vinculados a áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas de la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) se utilizaron datos de una encuesta levantada en instituciones chilenas de ESTP los que fueron analizados a la luz de la Teoría Sociocognitiva de la Carrera.
Los resultados muestran que, si bien las estudiantes en carreras vinculadas a estas áreas altamente masculinizadas perciben más barreras y menos apoyos de su entorno cercano, sus creencias de autoeficacia (autopercepción de desempeño) son similares a las de sus pares varones. Sin embargo, el impacto de esta autoeficacia en las expectativas de resultados futuros en el mercado laboral es más atenuado, lo que finalmente termina acentuando las brechas de género en la persistencia educativo-laboral vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.
