“Encuentro Entre Códigos: una nueva era constitucional, las propuestas y ajustes que vienen”
“Las mujeres no solo pueden elegir, sino que pueden y deben participar del nuevo proceso constituyente” afirmó la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez, en el último encuentro Entre Códigos organizado por el Diario Financiero que tuvo como sede la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
En la instancia el debate estuvo centrado en el escenario político tras el triunfo del Rechazo, donde junto a los también académicos José Francisco García, de la Universidad Católica y Rodrigo Correa de la UAI, enfrentaron visiones de cara a un nuevo proceso constitucional.
Para la académica de la UAH es indispensable asegurar la paridad de género al crearse una comisión de expertos o comisión técnica y propone partir por una hoja de ruta, que es distinta de la hoja en blanco porque “aprovecha lo avanzado y proporciona continuidad”, destacó la decana.
Asimismo, planteó que las iniciativas populares que fueron presentadas durante el proceso constituyente anterior no se pueden perder ya que “son temas en los que hay transversalidad y son un insumo valioso a considerar en el debate constitucional”.
Miriam Henríquez, considera que hay dos tareas urgentes una vez iniciado el proceso. La tarea de armonización es una, que contempla procedimientos intermedios que permiten progresar de una manera revisada; la otra es contemplar una transición que considere la complejidad de implementar normas nuevas y efectuar una superposición paulatina de la nueva constitución.
Conversando con Alexander Chaverri sobre los sistemas de cuidado
El experto y docente Alexander Chaverri dialoga con la Plaza de la Innovación y Cohesión Social, sobre los desafíos que representa para la región la instalación de sistemas de cuidado como cuarto pilar de los sistemas de bienestar en un contexto de profundas transformaciones.
El sistema de cuidados busca ser reconocido en diferentes naciones, pero su implementación tiene un alto costo que debe ser asumido por los estados para ser concretado.
Ese es parte del análisis realizado por Alexander Chaverri, experto en estado de bienestar y políticas públicas para personas dependientes, además de docente de la Universidad de Costa Rica y máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales de la Universidad de Salamanca. La entrevista con el experto se realizó en el marco del proyecto Plaza de la Innovación y Cohesión Social impulsado por el programa EUROsociAL con la colaboración del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
El especialista señaló que el mundo atraviesa desafíos en ámbitos muy diversos lo que obliga a una mirada que logre “entretejer los diferentes esfuerzos” y no una que los aborde aislando uno de otro, al tiempo de señalar que “la respuesta debe ir enfocada en dos sentidos”.
El primero de ellos es macro y tiene que ver “con las motivaciones políticas que tienen que estar en la órbita de los sistemas de cuidados” y el otro es “la implementación de las políticas”.
En el ámbito de lo “macro” se deben considerar componentes como género, empleabilidad y los costos que significa instalar un sistema de cuidados. “Sin generosidad fiscal, termina siendo retórica”, puntualizó.
Sobre la dimensión de género, el experto señala su importancia “no solo porque las mujeres son las que comúnmente cuidan de las personas en situación de dependencia, sino también porque son las que más requieren de esos servicios de atención a la dependencia”.
Respecto a la empleabilidad, indica que habiendo superado el bono demográfico en la región, “surge el bono de género y este es el bono que lamentablemente nuestros estados no han tomado en consideración para dinamizar el mercado del trabajo”.
Finalmente, en el tema de los costos, Chaverri hace referencia a aquellos “que principalmente se sostendrán en los sistemas públicos hospitalarios en ausencia de servicios de atención a la dependencia de carácter social”
V Coloquio Investigación en Comunicación: Extractivismo y colonialismo de datos
El Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales UAH y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, invitan a participar del quinto Coloquio Investigación en Comunicación. En esta oportunidad el tema central será “Extractivismo y colonialismo de datos en Latinoamérica”.
Dado el desarrollo de las tecnologías de la información (redes sociales, algoritmos de aprendizaje maquínico, etc.) los datos se han transformado en “el nuevo petróleo” del capitalismo contemporáneo (The Economist, 2017), siendo posible ver a los datos como materia prima capaz de ser extraída, comercializada, procesada y transformada en otros bienes con valor agregado. Este fenómeno trae consigo entre otras cosas, el extractivismo de datos, un proceso económico de apropiación. Dado que esta situación afecta a los países que sufrieron el colonialismo histórico y acrecienta la desigualdad, se habla también de colonialismo de datos, una realidad que está extendiéndose rápidamente por el globo.
Este coloquio busca ser un espacio para compartir las perspectivas en torno al extractivismo y colonialismo de datos presentando tres perspectivas:
Extractivismo de datos y su efecto en el sesgo maquínico (raza, género, clase) (Patricia Peña)
Extractivismo y colonialismo de datos en América Latina: Dominación y resistencia (Sebastián Lehuedé)
Datos faltantes y oportunidades para la investigación y el activismo (Helena Suárez)
La actividad se llevará a cabo el jueves 29 de septiembre entre las 12:30 y 14:00 hrs. A través de UAH-TV.
Esta instancia contará con las presentaciones de:
Patricia Peña Miranda, académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile e integrante de la Fundación Datos Protegidos. (@patana)
Sebastían Lehuedé, investigador postdoctoral en el Centro de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, e investigador asociado del Centro Carr por los Derechos Humanos, Universidad de Harvard, EE.UU. Investiga las tecnologías digitales desde un enfoque decolonial latinoamericano. (@s_lehuede)
Helena Suárez Val, activista y productora de comunicación social centrada en los derechos humanos y el feminismo. Ha trabajado para organizaciones feministas y de derechos humanos, locales e internacionales en diferentes partes del mundo. Desde 2015 recopila y trabaja con datos sobre casos de feminicidio en Uruguay (feminicidiouruguay.net). (@ladelentes)
La paridad como borde del nuevo proceso constituyente
“La paridad debe ser uno de los bordes procedimentales del próximo proceso constituyente y es tarea del Congreso Nacional, al momento de diseñar y definir el sistema que permitirá elegir a las y los nuevos constituyentes, asegurarla”, afirma la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera.
La académica señala que existe cierto consenso en cómo debiera desarrollarse un nuevo proceso constituyente cuya culminación debe ser la aprobación de una nueva constitución. También, enfatiza que existe un acuerdo para que el órgano constituyente sea elegido popularmente y que esté asesorado por una “comisión de expertos” cuyo trabajo sea más acotado en su duración y que concluya con un referéndum con voto obligatorio.
Miriam Henríquez, destaca que existe consenso para que el nuevo órgano constituyente sea paritario pero enfatiza que no está claro ¿qué significa paridad para los nuevos actores de este proceso y cómo se alcanzaría?
En su columna la académica señala que es muy poco probable que si solo se considera la paridad en las candidaturas se alcance un resultado equilibrado de hombres y mujeres en la futura convención y agrega que la comisión técnica que asesore a los constituyentes debe estar conformada por igual número de expertas y expertos.
Vuelta a la realidad económica después del plebiscito
Ni los retiros de las AFP ni una política monetaria desbordada fueron la causa del shock de oferta en la economía. Un tratamiento agresivo innecesario por parte del Banco Central puede ser contraproducente”, así lo plantea el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas ( CiPP) y académico de la UAH, Carlos J. García en una columna de opinión publicada en el Diario Financiero el 21 de septiembre.
La economía está atravesando por un severo shock de oferta, señala el economista, ya que los precios de productos claves a nivel internacional experimentaron aumentos importantes con un efecto negativo en la actividad mundial. “El traspaso de estos aumentos hacía la economía chilena fue brutal, registrándose una tasa de inflación por sobre el 14 % en agosto y resintiendo severamente la economía”, señala García.
El académico también se refiere en esta columna a la polarización que existe en el país. “En los últimos meses hubo una tendencia a culpar a la opción Apruebo de todo tipo de males, entre ellos la situación de la economía y, por ende, la amenaza de fin de mundo, incluyendo la fuga de capitales tanto humanos como financieros. Un resultado obvio del triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida es que el panorama económico en los próximos meses ya no se podrá achacar al triunfo del Apruebo. Despejada la supuesta incertidumbre política, más ficticia que real, ahora solo queda la realidad económica: una recesión por factores externos y algo más” enfatiza el analista.
Finalmente, el académico pronóstica un 2023 complicado donde la economía vivirá una etapa de recesión. “En adelante enfrentamos otro escenario no menos complejo, en que la autoridad y el país se debatirán entre la recesión y la inflación”, destaca el investigador
Las prácticas técnico – profesionales bajaron drásticamente producto de la pandemia
Casi el 45% de los egresados en 2020 – quienes debían hacer su práctica el verano del 2021– no la realizó. Antes de la pandemia, el porcentaje de alumnos que no hacía su práctica era de 27%. “Esto implica que más de 33.100 estudiantes, egresados en 2020, quedaron con su proceso formativo inconcluso, ya que no tuvieron la oportunidad de validar los aprendizajes logrados en liceos y desarrollar nuevos conocimientos y destrezas que solo se logran en el contexto laboral”, así lo afirmó la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la UAH, Paola Sevilla, en un reportaje del diario El Mercurio publicado el 19 de septiembre que abordó la educación media técnico – profesional (EMTP) y las prácticas profesionales durante la pandemia.
La académica realizó el estudio utilizando los datos del Ministerio de Educación concluyendo que las alumnas y alumnos de la educación media técnico – profesional (EMTP) fueron un sector muy afectado por la pandemia.
En el reportaje la especialista plantea que al realizar un análisis por sexo y rama de especialidad se puede observar que las mujeres con especialización en áreas industriales fueron las más afectadas ya que aproximadamente un 53,8% no realizó su práctica profesional el 2020. “Casi 10 puntos porcentuales más alta que la de sus pares varones (44,6%)”, enfatiza la docente.
La investigadora destaca que la falta de clases y actividades presenciales limitó el trabajo en talleres y empresas, afirmando que la práctica profesional beneficia el aprendizaje de habilidades blandas, permite a las y los alumnos confirmar o no su vocación y tiene directa relación con la empleabilidad.
Para Sevilla, la práctica profesional “tiene la potencialidad de ser la puerta de entrada a un trabajo remunerado que se relacione con su especialidad, sobre todo para aquellos que no continúan estudios superiores al concluir la educación media”.
Termina concluyendo que las cifras encontradas le parecen preocupantes en tanto “develan una realidad que hoy día muchos egresados de la EMTP enfrentan, que es la de transitar a la vida adulta sin las competencias mínimas para una inserción calificada”
El Estado desde la caja negra a la de vidrio: impuestos y transparencia
En estos días hemos leído muchas columnas que han intentado responder la causa de la gran votación del Rechazo de la propuesta constitucional. Algunos centrándose en errores del Gobierno o en los chascarros de los constituyentes. Según mi opinión, existe un punto que debe observarse y que se refiere al Estado y la transparencia, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Humberto Borges, en una columna publicada en el sitio web de radio Cooperativa.
El académico se refiere a que en la ciudadanía existe un interés porque el Estado sea vigilado lo que se traduce en la existencia de muchas iniciativas para transparentar las políticas estatales que buscan revisar en qué se gastan los recursos y la verdadera eficacia de las políticas públicas. “Cada vez que se habla de cobrar impuestos para financiar algún objetivo de política pública, muchas personas piensan: Quiero ver dentro de la caja negra, lo que se vio muy generalizado en la discusión previa al plebiscito», afirma Borges.
El investigador propone que cuando se discuta la reforma tributaria y comience nuevamente el proceso constitucional se establezcan mecanismos para lograr una verdadera confianza entre el Estado y los ciudadanos.
Los aportes de la economía social y de triple impacto
La presidenta de Human Foundation y de Social Impact Agenda per l’Italia, Giovanna Melandri, comentó acerca de los desafíos que existen en el mundo a raíz de la crisis climática que ha reformado los mercados del trabajo y del capital en las últimas décadas.
La crisis climática mundial ha provocado un paulatino, pero permanente cambio en las realidades locales que se traduce en migraciones tanto de las poblaciones humanas como también de los capitales para la inversión. Esto fue parte de los temas centrales que se expusieron en el seminario “Por una transición eco social. Los desafíos de las políticas sociales ante la transición” realizado en Santiago de Chile, al alero de la Plaza de la Innovación y la Cohesión Social, proyecto impulsado por el programa EUROsociAL con el apoyo del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Esta realidad que se comienza a verificar en diferentes puntos del planeta continuará existiendo en la medida en que los desafíos planteados en las últimas cumbres sobre el clima no se están cumpliendo y las naciones más desarrolladas del planeta mantienen sus mismos niveles de contaminación con emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero que terminan impactando con mayor intensidad en los países en vías de desarrollo.
En el seminario, Melandri se refiere a la importancia de las economías de impacto y sus herramientas para hacer frente a la crisis sindémica que enfrenta el mundo la que está demandando un importante cambio en las políticas públicas, en las regulaciones de mercado y las infraestructuras sociales. Además, la experta aborda diversos desafíos para los próximos años, la necesidad de modernizar el mercado del trabajo y también mejorar el acceso de la mujer al sistema laboral.
La economía de impacto incluye todas aquellas iniciativas, inversiones, negocios privados que buscan rentabilidad económica, pero también buscan generar un impacto positivo a nivel social y ambiental, tales como la economía social, las empresas de tipo B, empresas sociales, economía circular, economías regenerativas, el cuarto sector, y los negocios de triple impacto. Se caracterizan por buscar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y social, representando un nuevo paradigma de desarrollo que puede ser un importante aliado de las políticas públicas sociales en el logro de los desafíos que conlleva la transición climática y energética con justicia social.
Estas economías de impacto están planteando un cambio muy importante en las políticas públicas, en las regulaciones de mercado y en las infraestructuras sociales. Su paradigma es una estrategia respecto a la forma en que se valora y se asocia valor a las empresas, a los emprendimientos y a los sistemas de economía.
Se requieren políticas públicas que sean redirigidas hacia la definición de los sistemas de valor abordando lo social, económico, medioambiental, género, local, territorial, regional que ayuden a crear empresas y que cambien la manera en que en el mercado de capitales asigna los recursos, para lo cual se requieren herramientas para medir el impacto y una infraestructura de intangibles necesaria para crear este mercado.
Giovanna Melandri, fue presidenta del Museo MAXXI desde 2012. Fundadora y presidenta de Human Foundation y Social Impact Agenda per l’Italia. Activa en el movimiento internacional para la economía de impacto, representa a Italia como Embajadora del Global Steering Group for Impact Investment. Ha sido dos veces Ministra: para la Juventud entre 2006 y 2008 y de Cultura entre 1998 y 2001.
“Se abre un escenario de mucha incertidumbre, con un gobierno que se la jugó por el Apruebo y que tiene que lograr alinear a un conjunto de fuerzas que no está claro cómo se comportarán ni si podrán resistir el riesgo de desangrarse al pasarse las cuentas de la derrota”. Así lo sostiene Carlos Fabían Pressaco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, en su carta titulada “Y ahora ¿qué? que fue publicada en CIPER Chile días después del plebiscito del 04 de septiembre recién pasado.
“Lo mismo podemos decir de la oposición, que ha afirmado hasta el hartazgo que está de acuerdo con el proceso constituyente, y, sin embargo, tendrá que resistir la tentación de aprovechar este caudal electoral para entorpecer el proceso, algo que podría ir creciendo en los próximos días”, plantea el académico.
Pressacco concluye que “es urgente «apurar el tranco», porque estamos frente a una sociedad cansada que lleva casi tres años inmersa en un proceso tan necesario como exigente —pandemia de por medio— y que requiere que este culmine con un nuevo texto constitucional”.
La inflación sigue afectando al bolsillo de los chilenos pese a los esfuerzos del Banco Central, alcanzando niveles cercanos al 14% que no se veían desde 1992. En el noticiario CNN Prime y en la edición central de Teletrece, el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado y académico de la FEN de esta misma casa de estudios, Carlos J. García, dio a conocer su visión sobre este tema.
En el reportaje de Teletrece, García explicó que las cifras de inflación alcanzadas tienen relación con los «shocks de oferta que ocurrió en los precios internacionales de la energía y los alimentos», agregando que «si los precios de los alimentos y el petróleo siguen al alza la inflación también lo hará como está ocurriendo en la mayoría de los países».
En la entrevista en CNN, se le preguntó al académico del CiPP cómo observa el escenario que proyecta que en el próximo trimestre la inflación podría empezar a ceder, en tanto algunos precios internacionales han comenzado a bajar.
Si bien se señala que no se trataría de un proceso rápido ni exento de costos para la ciudadanía, algunos expertos ponen cierta mesura a las proyecciones de baja pensando en los riesgos de la guerra. Para Carlos J. García, “Una sorpresiva alza sería por un empeoramiento de la guerra, eso empujaría el precio del petróleo, de los alimentos, la alimentación del ganado, y en esa situación tendríamos una reversión y seguiríamos viviendo un aumento de la inflación”, sostuvo el académico.
En la nota periodística se plantea que algunos productos podrían bajar influidos por los precios del mercado internacional y la estacionalidad podría jugar a favor de algunos alimentos. Incluso se señala que más que bajas significativas, lo que podría ocurrir son alzas de precios menos pronunciadas o la estabilización de precios en determinados productos. Frente a esta posibilidad, García alerta señalando que el traspaso de esos precios no es inmediato. “El traspaso de los precios internacionales a precios domésticos no es instantáneo y tiene una duración aproximada de un año, porque hay que recordar que como existe inercia inflacionaria además se reajustan los otros precios, puede ser que el precio de esos productos caiga”, planteó Carlos J. García.
Puedes revisar ambos reportajes en los siguientes enlaces:
María Paz Trebilcock: Amante del trailrunning y de la naturaleza
En el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) participan diferentes académicos de la UAH con el objetivo de promover e incidir en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.
En esta oportunidad conversamos con nuestra nueva investigadora asociada, María Paz Trebilcock, directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) desde el año 2016 y académica de este departamento desde el año 2013. Es Doctora en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Sociología y Socióloga de la misma Universidad. Investigadora responsable del proyecto “Estrategias de acceso a la vivienda de hogares vulnerables”.
María Paz relata que en la adultez descubrió su pasión por correr y que hasta antes de la pandemia participaba en maratones, sin embargo, ahora está muy motivada con la práctica del trailrunning que consiste en correr a través de montañas y cerros sin una distancia establecida. “Se desarrolla en un ambiente natural, generalmente de montaña, y tienes un gran contacto con la naturaleza, lo que me encanta”, relata la académica.
Forma parte del grupo de “Trailrunning Mustangos” con los que practica en diferentes cerros del sector oriente de Santiago. “Nunca fui muy deportista, pero hace unos 10 años empecé a entrenar. Actualmente vamos a diferentes cerros y jamás corro escuchando música. Llegue por mi marido que empezó a correr, siempre hemos hecho deporte juntos. Es una actividad que me ayuda a reflexionar, pensar en cosas nuevas y desconectarme”, destaca María Paz.
¿Qué temas abordas dentro de la sociología?
Desigualdades urbanas y territoriales e integración social. Llevo más de 10 años estudiando fenómenos como segregación residencial, gentrificación, y cohesión social en la ciudad.
También he colaborado con el también investigador del CiPP, académico Manuel Fuenzalida, en investigaciones sobre desigualdades en salud territorial, que es una línea muy poco estudiada y en la que hemos podido constatar lo poco que se ha avanzado en entender que en términos de salud los territorios son distintos en la demanda.
Mis últimas investigaciones han sido en estrategias residenciales de hogares vulnerables. Actualmente estoy desarrollando un proyecto Fondecyt de iniciación que busca ver cómo hogares de los dos primeros quintiles de ingreso logran acceder a una localización en la ciudad. También estuve desarrollando junto a la directora de la carrera de Administración Pública, Ana María Farias, un catastro de la gente en situación de calle en el eje Alameda en la ciudad de Santiago.
¿Qué importancia tiene para ti la existencia del CiPP en la Universidad Alberto Hurtado? ¿Qué valor le das como académica el formar parte de este Centro?
Valoro mucho poder complementar la investigación académica con investigación aplicada porque nos permite generar incidencia pública, es precisamente eso lo que valoro de un centro como el CiPP que te permite incidir en los debates públicos, aportar con evidencia en la toma de decisiones, manteniendo el sello crítico de la UAH.
Para mí como académica es vital estar conectada con las personas encargadas de tomar decisiones. No puede seguir existiendo una escisión tan grande entre la ciudadanía y la academia, hay que reponer ese rol público y el CiPP es un excelente espacio para hacerlo, porque su interdisciplinariedad y el sello hurtadiano van en esa línea.
¿Cuáles son tus últimas investigaciones?
Trebilcock, María Paz (Investigadora Responsable). Acceso a la vivienda en tiempos de crisis: estrategias de acceso al suelo de los pobres urbanos en Santiago de Chile” FONDECYT de Iniciación (2022–2025).
Fuenzalida, Manuel (Investigador Responsable); Maturana, Francisco; Landon, Paulette y Trebilcock, María Paz (Co-investigadores/as). “Variabilidad geográfica en el acceso a atención hospitalaria en Chile”. CONICYT – FONDECYT Regular (2019–2021).
Rasse, Alejandra (Investigadora Responsable) y Trebilcock, María Paz (Co-investigadora). “Segregaciones: Habitar la periferia popular en Santiago, Concepción y Talca”. CONICYT – FONDECYT Regular (2017–2021).
Álvarez, Ana María (Investigadora Responsable); Cavieres, Héctor; Landon, Paulette; Trebilcock, María Paz y Truffello, Ricardo (Co-investigadores/as). “Pobreza urbana y subjetividades de la espera: ‘Bajos de Mena’ un caso de estudio” Universidad Alberto Hurtado (UAH) – Fondo Interno DIP (2018–2019).
Trebilcock, María Paz. “Cooperación, solidaridad e identidad fundada en el trabajo: comparación entre los contratistas del cobre y contratistas del retail”. Universidad Alberto Hurtado (UAH) – Fondo Interno DIP (2014–2015).
Wormald, Guillermo (Investigador Responsable) y Trebilcock, María Paz (Co-investigadora). “Cultura de cohesión e integración en las ciudades chilenas”. CONICYT – Programa Anillo (2009–2012).
El nuevo Código del Proceso Penal de Uruguay, implementado el 2017, otorga nuevas funciones y un mayor protagonismo al Ministerio Público, quien deberá dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo además dar asistencia y protección a las víctimas y a los testigos de los mismos. En ese contexto, Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, se encuentra apoyando los procesos de entrenamiento y capacitación de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay. “Este proyecto se relaciona con la necesidad de preparar a los y las fiscales en los desafíos del nuevo proceso penal de Uruguay que se inició en el año 2017 en todo el país”, sostuvo el profesor Blanco.
Es así como impartió un curso de litigación penal estratégica que tenía por objetivo preparar a las y los fiscales del Ministerio Público uruguayo para desarrollar habilidades, técnicas y estrategias para litigar casos en contextos de Juicio Oral. Los contenidos específicos del curso abarcaron: (a) reglas de admisibilidad de prueba y exclusiones probatorias; (b) Teoría del Caso y litigio en fase de juicio; (c) Examen y Contraexamen de testigos y peritos.
Al mismo tiempo perseguía generar los conocimientos para enfrentar los desafíos de la audiencia de control de acusación. “La capacitación está vinculada a materias de Derecho Procesal Penal, Litigación Penal Estratégica y los focos se vinculan con el trabajo que los y las fiscales deben realizar en las distintas audiencias del proceso. Este proceso de entrenamiento se realiza en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay”, comentó el académico.
“Es una capacitación y entrenamiento muy relevantes para apoyar los procesos de preparación y perfeccionamiento de los y las fiscales de cara a la necesidad de adquirir nuevas destrezas en la Litigación oral, en especial la preparación estratégica de los casos (Teoría del Caso) y las bases técnicas para preparar y ejecutar exámenes y contra exámenes de testigos y peritos en la fase de juicio”, agregó Rafael Blanco, quien impartió el curso en Montevideo, en dependencias de la Fiscalía Nacional y estuvo dirigido a fiscales de distintas ciudades del país.
Por otra parte, señaló el investigador del CiPP, la capacitación se orienta a proporcionar a las y los alumnos los conocimientos normativos y dogmáticos en materia de derechos y garantías, problemas de legalidad de las detenciones, imputaciones, medidas cautelares y aspectos claves de admisibilidad y exclusiones de prueba.
Conversando con Maristella Svampa sobre los desafíos de América Latina en un contexto de crisis
La destacada académica argentina dialoga con la Plaza de la Innovación y Cohesión Social, respecto de los desafíos para nuestra región que ha dejado la crisis económica, la pandemia y la guerra que impulsa los precios a niveles más allá de los previstos, generando incertidumbre e importantes desafíos a los países de la zona latinoamericana.
El incremento sostenido de los precios de los bienes de la canasta básica que han presionado fuertemente al alza la inflación en el mundo, se hace aún más evidente en América Latina, región del mundo que a pesar de tener la menor cantidad de población global enfrenta serios desafíos agravados por la crisis sanitaria de la pandemia del Covid 19 y los efectos de la guerra en Ucrania.
Esta zona está condicionada por largos periodos de modelos de desarrollo que han sido insuficientes y que han empujado como en ningún otro lugar del planeta a gran parte de la masa trabajadora a empleos informales. A ello se agrega la crisis climática que con especial intensidad golpea a esta área, generando cambios evidentes incluso en su geografía.
Todo este escenario y las posibles respuestas para estos desafíos son parte de la conversación con la socióloga, investigadora y escritora Maristella Svampa, quien comparte su mirada sobre los problemas, pero también las salidas a una realidad regional que aún se advierte compleja en los próximos meses.
El intercambio lo sostuvo en el marco de los encuentros impulsados por la Plaza de la Innovación y Cohesión Social, proyecto impulsado por el programa EUROsociAL con la colaboración del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Maristella Svampa es socióloga, escritora, e investigadora. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en Historia y Filosofía en Francia, y el doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Actualmente es investigadora Superior del Conicet y Profesora Titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los cuales se destacan la Beca Guggenheim (2007), el Premio Kónex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro “Debates latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo” (2018). Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana (https://maristellasvampa.net/).
Director académico del CiPP es el nuevo integrante del panel de expertos del transporte Público
Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado y decano de la la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de esta misma universidad, es el nuevo integrante del Panel de Expertos del Transporte Público (PETP).
Dicho panel es un organismo técnico independiente del Estado que se encarga de analizar los indicadores que inciden en la industria y determinar las alzas por polinomios. Esta herramienta hace un cálculo de los incrementos y descensos del dólar, IPC, inflación, entre otras variables macroeconómicas para determinar un cobro en el sistema y, por ende, el valor final de la tarifa al pasajero.
Saavedra cuenta con una amplia experiencia profesional y ha realizado importantes investigaciones en materias de regulación de infraestructura pública y libre competencia. Cuenta con numerosas publicaciones en estas materias y exposiciones efectuadas en seminarios sobre este tema
El panel está integrado por tres expertos. Dos de ellos son propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública y el tercer integrante se escoge de entre una terna propuesta por los decanos de las facultades de Ingeniería, Economía y Administración de las universidades acreditadas ante el Ministerio de Educación. Deben reunirse periódicamente, al menos una vez al mes.
Sus principales funciones son:
Determinar los ajustes a las tarifas del sistema de transporte público de pasajeros para la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de acuerdo con la aplicación automática de la fórmula de cálculo contemplada en la ley.
Evaluar los procesos de determinación de las tarifas en las bases de licitación de uso de vías y servicios complementarios, de haberlos, propuestos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Pronunciarse sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Eduardo Saavedra es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de Cornell University. Durante seis años fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), entre 2014 y 2020.
Nueva reforma tributaria. ¿Beneficia a la clase media?
“Considerando la clase media como aquellos que quedan afectos a impuestos hasta el tramo 4, aproximadamente ingresos de $750 mil a $4 millones mensuales, en este punto debemos indicar que los aumentos de tasas no los afectará, ya que las tasas aumentan progresivamente sobre los $4 millones. Es decir, la clase media no tiene aumento de tasas de impuestos y el grupo es aproximadamente el 43% de los contribuyentes”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH (CiPP), Humberto Borges, en una columna publicada por el Diario Financiero el 1 de septiembre.
El académico destaca que la propuesta del gobierno propone beneficios directos para la clase media como gastos deducibles en educación, deducción de gastos de arriendo, de cuidado de menores y de personas dependientes. “Por otro lado existen algunas exenciones que se eliminan: exención como ingreso no renta de los arriendos DFL – 2 y, además, se elimina la exención del impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones”, destaca el especialista.
El académico puntualiza que muchos oponentes a esta reforma critican la eliminación de los ingresos DFL2 afirmando que afecta a los jubilados. “Sobre la eliminación de exenciones de los ingresos DFL -2, los detractores indican que perjudica a los jubilados, situación difícil de sostener, ya que en promedio los jubilados obtienen alrededor de $300 mil mensuales y al sumar unos ingresos de $350 mil aún se mantendrían exentos de impuestos», destaca Borges.
Enrique Rajevic participa en la publicación del libro “Espacios Constitucionales”
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH, Enrique Rajevic, participó en la publicación del libro “Espacios Constitucionales” de las Ediciones Academia Espacial de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de Las Américas donde se analizaron los planteamientos sobre espacios, territorios y ciudades contenidos en los nueve artículos de la propuesta constitucional que fue plebiscitada el 04 de septiembre recién pasado.
El profesor Rajevic analizó el artículo 78 del texto bajo el título “Una propiedad con más espacios para el legislador” (pp. 99-103), que también fue comentado por Jeannette Bruna (“Análisis comparativo de la regulación del Derecho de Propiedad”, pp. 93-98), donde señala que “la propuesta en materia de propiedad se ajusta a los estándares más usuales en el constitucionalismo comparado. Esto implica una fórmula más neutra que la del texto vigente, lo que posibilita discusiones regulatorias más abiertas en el futuro”, explica el docente en el libro.
El académico puntualiza que es tarea del legislador modelar la fisonomía concreta del derecho de propiedad en cada caso, dentro del marco de los parámetros que establece el texto constitucional y ponderando en su deliberación los diferentes intereses en juego, agregando que aquí debe estar “incluida una razonable seguridad jurídica para los procesos de inversión, así como a la Corte Constitucional y los tribunales controlar que el resultado respete esos márgenes”, afirma Rajevic en el texto
El libro que fue coordinado por los académicos Francisco Vergara-Perucich y Carlos Aguirre-Núñez, cuenta con un prólogo y un epílogo, a cargo de Catalina Hernández, Gaspar Domínguez, Benito Baranda y Nicolás Santa María, reuniendo las ideas sobre espacios, territorios y ciudades contenidas en la propuesta de Nueva Constitución rechazada por la ciudadanía. En sus páginas se pueden encontrar artículos con un nuevo enfoque constitucional en aspectos que atañen a las disciplinas socioespaciales. Temas como gobernanza, cuidados, vivienda, ciudad, ética, propiedad, patrimonio, naturaleza y energía son analizados.
Las contribuciones provienen de destacados y destacados expertos nacionales que han tenido la oportunidad de estar con un pie en la academia y otro en el ejercicio profesional directamente vinculado con temáticas que el texto constitucional sugiere.
Investigadores del CiPP publican artículo sobre distribución de recursos durante la pandemia
Los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH (CiPP), Fabián Pressaco e Ignacio Cienfuegos, junto a Felipe Livert, todos académicos de la UAH, publicaron en la revista de la Pontificia Universidad javeriana de Bogotá el artículo “Sesgo político en la distribución de recursos durante la pandemia en Chile: evidencia para un país centralizado”.
La investigación analiza la influencia política en la distribución de transferencias corrientes del nivel central a los municipios durante la primera ola de la pandemia. “A partir de un análisis de datos de panel y efectos fijos, podemos identificar un sesgo electoral en la distribución de recursos”, señalan los autores.
Los investigadores señalan que en los municipios donde el alcalde y el presidente son del mismo partido político, recibieron en promedio un 61 % más de transferencias. Los autores afirman que la distribución de recursos durante la pandemia siguió criterios estratégicos para favorecer los intereses del gobierno nacional, lo cual deja en evidencia la importancia de fortalecer el sistema de financiamiento municipal y, específicamente, los recursos que el gobierno central puede transferir.
Los académicos recomiendan utilizar transferencias basadas en fórmulas con indicadores estadísticos que no sean susceptibles de ser manipulados relacionados con los objetivos. Además, agregan que los indicadores requieren ser fácilmente verificables.
Quinta clase abierta constitucional aborda la propuesta de régimen político en el texto constitucional
“Esta última clase constitucional de este ciclo es una muestra de que somos una universidad abierta que ha estado colaborando en un proceso tan importante para el país (…) lo que nos ha permitido conocer mejor la propuesta constitucional que se nos está presentando” señaló el Rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, en la quinta y última Clase Abierta Constitucional, actividad que se realizó durante todo el mes de agosto bajo la organización del Núcleo Constitucional y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), ambas entidades de la Universidad Alberto Hurtado.
Sebastían Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional; Gonzalo García, co director del Núcleo Constitucional; Eduardo Silva, Rector de la Universidad Alberto Hurtado; Miriam Henríquez, Co directora del Núcleo Constitucional y Decana Facultad de Derecho; Tomas Jordán, académico Derecho Constitucional UAH y Ximena Concha, Directora Ejecutiva CiPP UAH.
Sebastían Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional; Gonzalo García, co director del Núcleo Constitucional; Eduardo Silva, Rector de la Universidad Alberto Hurtado; Miriam Henríquez, Co directora del Núcleo Constitucional y Decana Facultad de Derecho; Tomas Jordán, académico Derecho Constitucional UAH y Ximena Concha, Directora Ejecutiva CiPP UAH.
La directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha, destacó la gran cantidad de personas que participó de estas clases tanto en forma presencial como digital y resaltó la realización de esta actividad. “Estamos contentos y satisfechos porque creemos que hemos cumplido el objetivo que nos planteamos que era presentar de la manera más objetiva posible lo que propone el texto constitucional, para que cada uno de ustedes decida de manera informada su voto este domingo”.
A cargo de esta clase constitucional denominada “Régimen político, con referencia a democracia y nuevos mecanismos de participación” estuvo el académico y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, quien fue entrevistado por Ximena Concha y respondió además las preguntas de las y los participantes del evento.
Jordán, señaló que es importante comparar la propuesta constitucional con el texto vigente afirmando que los sistemas políticos tienen aspectos que los definen. “En la propuesta constitucional hay elementos centrales que la definen que no existen en la actual constitución como la democracia paritaria, el estado regional y la relación que se establece entre el poder ejecutivo y legislativo incorporando a la ciudadanía que adquiere un importante rol a través de diferentes instrumentos de participación”, destacó el académico.
El docenteargumentó quela Constitución del 80 al compararla con la propuesta constitucional no incluye temas que han sido demandados por la ciudadanía como la paridad, la participación, la descentralización, entre otros. “No existe el tema de la paridad, se establece un estado unitario donde las decisiones se toman centralizadamente y no hay relación entre este eje que tiene que ver con el poder ejecutivo, legislativo y ciudadanía”, explicó el abogado.
Frente a las críticas que señalan que en la propuesta constitucional se debilita la figura del presidente de la república el académico indicó que esta visión tiene que ver con un tema cultural asociado a temáticas de orden y seguridad, agregando que es necesario equilibrar la relación entre el congreso y la primera magistratura del país. “Se atenúa el presidencialismo con el estado regional en esta nueva relación que se establece entre el presidente o presidenta y el poder legislativo. Actualmente hay un régimen hiperpresidencialista donde las principales atribuciones constitucionales están radicadas en la o el presidente de la república”, puntualizó Jordán.
La propuesta de nueva Constitución propone, en lo que concierne al sistema político, una transformación sustancial de la estructura del poder legislativo, manteniendo un formato bicameral destinado a aumentar la representación de los territorios y de la población de Chile. Se establece una nueva organización del Poder Legislativo en dos cámaras en lo que se denomina un bicameralismo asimétrico. Una de ellas, denominada Cámara de las Regiones, se estructura a partir del principio de representación territorial; mientras que la segunda, denominada Congreso de Diputados y Diputadas se basa en el principio poblacional.
Empleo público y Servicio Civil en la nueva Constitución
“Junto a más de un centenar de personas, de un amplio espectro, presentamos a la Convención Constitucional (CC) la iniciativa popular «Propuesta constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile»(1), pero no logramos reunir el número suficiente de firmas para ser considerada. Nuestra idea partía de la constatación de la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con mayores capacidades para hacer frente a sus actuales desafíos, los que derivan del aumento sostenido de la intervención del Estado en nuestra sociedad, la mayor complejidad que hoy tiene la gestión de lo público y la demanda ciudadana por servicios públicos de calidad”.Con este contexto inicial, parte su artículo en Cooperativa, Eduardo Abarzúa, investigador asociado del CiPP y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado, titulado “Empleo público y Servicio Civil en la nueva Constitución”.
Sobre el contenido del texto constitucional que será sometido a plebiscito este domingo 04 de septiembre, la visión de Abarzúa es que varios de los conceptos considerados, van en la dirección de las propuestas que contenía la iniciativa popular de norma a la que alude en su párrafo introductorio y desde ese punto de vista propician el fortalecimiento de la función pública.
Dentro de los aspectos que destaca, señala que se “refuerzan aspectos asociados a buen gobierno, tales como transparencia, probidad, rendición de cuentas, participación ciudadana, lo que aporta a incrementar la legitimidad de la gestión del Estado y, además, la calidad de nuestra democracia”.
También le parece importante que el texto constitucional establezca una clara distinción entre gobierno y administración “al diferenciar a funcionarios y funcionarias del personal de confianza de los gobiernos, los que deben ejercer la conducción política y definir políticas las públicas que deben ser implementadas por la administración, la que debe ser profesional y políticamente prescindente”.
Eduardo Abarzúa señala también que, de aprobarse el texto constitucional, se abren importantes desafíos para el empleo público en nuestro país, por medio de la “preparación de propuestas legales que cautelen el espíritu del texto constitucional”.
Al mismo tiempo, indica que independiente del resultado del plebiscito de salida “(…) en materia de empleo público, las propuestas de la CC deberían ser consideradas como parte integrante del debate sobre el futuro del empleo público en nuestro país, teniendo a la vista mejores estándares de calidad de los servicios que el Estado provee a sus ciudadanos, así como de legitimidad en su actuación”, concluye el académico.
Las disyuntivas económicas en la propuesta de cambio constitucional
“La nueva Constitución propuesta para ser votada el 4 de septiembre en nuestro país se hace cargo de muchos de los derechos sociales demandados por la ciudadanía, los que van más allá de los ya mencionados, pues abarcan el derecho de la tierra y a un ambiente no contaminado, lo que le otorga una carácter ecológico profundo, como también consagra derechos de los pueblos originarios por encima de los de la gran mayoría de ciudadanos no originarios”. Así lo sostiene Eduardo Saavedra, director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en el artículo titulado “Las Disyuntivas económicas en la propuesta de cambio constitucional” que fue publicado en la Revista Observatorio Económico N° 168 de la FEN UAH.
En su artículo, también señala: “Haber diseñado una Constitución más equilibrada en los derechos individuales y los sociales (o colectivos) parecía ser la opción más sensata, aquella que representara a una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Pero eso no se hizo, y por lo tanto las opciones, según muestran diversas encuestas, están bastante más equilibradas entre aprobar la propuesta o rechazarla”.
“La propuesta (de texto constitucional) aspira a una cierta concepción de la vida en comunidad que solo puede realizarse con los esfuerzos de las personas, de la sociedad y del Estado. La solidaridad no es una mera declaración, sino que está presente transversalmente como un deber del Estado y de los integrantes de la sociedad; como un principio de la interpretación y aplicación de los derechos; y como fundamentación del propio orden político y territorial”, señala la decana de la Facultad de Derecho de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, en una columna publicada en La Tercera el 22 de agosto.
La académica destaca que el texto constitucional propuesto inicia su articulado afirmando que Chile “se constituye como una república solidaria” lo que para la docente representa una de las declaraciones más innovadoras del nuevo texto constitucional ya que hay una evolución desde un Estado individualista, como el liberal, hacia un Estado social y democrático de Derecho.
Miriam Henríquez enfatiza que la solidaridad se levanta en esta propuesta constitucional como un deber del estado en la promoción de condiciones que garanticen la libertad y la igualdad. “La propuesta refiere que es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Esto último, da cuenta además de una visión integral de la persona”, plantea la especialista en su columna.
La propuesta de texto constitucional sobre el régimen territorial y participación ciudadana
El nuevo texto de la Constitución establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, lo que para el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fabián Pressacco, es un avance significativo que viene a proponer un marco normativo para procesar conflictos de larga data y que han cobrado especial relevancia en los últimos años.
El académico, afirma que en ningún caso la autonomía reconocida a las entidades territoriales debería atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile –algo que queda consagrado en el texto propuesto- y destaca la relevancia reconocida a la dimensión territorial que es recogida en los cambios introducidos en diferentes ámbitos: en el énfasis en la autonomía de los entes territoriales y los principios de equidad territorial en los sistemas de financiamiento y de pertinencia territorial en el diseño e implementación de las políticas públicas; en el reconocimiento de los territorios indígenas y especiales y en la creación de la Cámara de las Regiones. “El nuevo poder legislativo estará integrado por el Congreso de las y los Diputados y una nueva cámara denominada Congreso de las Regiones -que viene a reemplazar al suprimido Senado- constituyendo un bicameralismo asimétrico que, de todas maneras, reconoce una posibilidad de mayor relevancia para que los asuntos regionales sean considerados en el proceso de toma de decisiones”, destaca Pressacco.
Otro aspecto novedoso de esta propuesta constitucional señala el investigador, es la creación de nuevos entes territoriales. Por un lado, se reconocen las Autonomías Territoriales Indígenas y otros Territorios Especiales como el Archipiélago de Juan Fernández y Rapa Nui. “Estos son dos territorios insulares con características propias como Rapa Nui que es una isla en medio del océano Pacifico que depende de un avión o un barco chileno para alimentar a su población. Creo que la institucionalidad debe ser lo suficientemente razonable y comprensiva como para poder procesar las particularidades y diversidades que tiene nuestro país”.
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta constitucional es la definición del Estado como plurinacional. Los cuestionamientos a esta innovación son, a juicio del académico, exagerados. Lo que se propone es reconocer a los pueblos indígenas como naciones y concederles derechos que les aseguren participar en las decisiones que pueden afectarles, lo que va en concordancia con el derecho internacional. “La plurinacionalidad trata del reconocimiento de la coexistencia en Chile de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Se consagra en esta propuesta de constitución la plurinacionalidad como la coexistencia de diversos pueblos y se enfatiza que ello ocurre siempre en el marco de la unidad del Estado”, advierte el investigador.
El docente, sostiene que, en materia de participación, el texto constitucional establece elementos para una democracia participativa en la cual la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Señala el texto: “Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas, en conformidad a esta Constitución y las leyes”. Refuerza este elemento estableciendo que “será deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales”.
El cientista político destaca que se establece un estado democrático con importantes mecanismos de participación tales como plebiscitos o referéndums así como la iniciativa legislativa para proponer o derogar. “Si observamos las democracias más avanzadas vemos que no es inusual contar con este tipo de mecanismos. Un buen ejemplo de ello es el caso de Estados Unidos en donde, en el marco de un régimen federal, las ciudadanías estatales resuelvan asuntos específicos por medio de referéndums que se realizan de manera simultánea con las elecciones regulares, finaliza el académico.
Conversatorio organizado por la Universidad de Atacama aborda los sistemas judiciales y la propuesta constitucional
“El texto que se propone va a requerir reformas si es aprobado para que realmente garantice un genuino sistema democrático de distribución de poder”, señaló el investigador del CiPP, Rafael Blanco, en el conversatorio “Sistemas judiciales en la propuesta de nueva constitución” organizado por el Programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Atacama y la Fundación Chile Descentralizado, que se realizó el 29 de agosto recién pasado.
El académico se refirió a la Defensoría Penal Pública destacando que la propuesta constitucional le entrega plena autonomía. “Me parece que la propuesta constitucional coloca a la defensa penal como un órgano constitucional autónomo que es un paso muy significativo ya que es una autonomía legal que era necesaria”, destacó Blanco.
El docente cuestionó la propuesta constitucional que establece que la defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrá ser licitada o delegada a abogados particulares, pudiendo contratar excepcionalmente a estos últimos en los casos y formas que establezca la ley. “Es un error que la prestación de servicios de defensa sólo tenga que hacerse por el Estado y no también por organismos de la sociedad civil que era una riqueza del modelo que se elimina con el nuevo texto constitucional”, puntualizó el abogado.
Rafael Blanco, señaló que en el país el modelo de externalización de servicios de la Defensoría Penal Pública funciona bien y que posee un modelo de control que muestra positivos resultados. ”No me parece una buena decisión eliminar los modelos de externalización de servicios de la Defensa Penal Pública, fíjense que Chile es de los pocos países en la región que cuenta con un modelo de auditoría y de control bastante exhaustivo e intenso sobre la prestación de servicios por parte de la sociedad civil”, dijo el investigador del CiPP.
El académico afirmó que el nuevo texto constitucional tampoco resuelve en el Ministerio Público la forma en que se debate abierta y participativamente la política de persecución criminal. “Es un gran déficit a nivel latinoamericano. Se señala que esa política ahora la va a definir el comité del Ministerio Público lo que es un avance pero me parece que la sociedad civil en el ámbito territorial y cada comunidad debería poder participar en ese proceso de definiciones de la política criminal”, puntualizó el especialista.
En esta actividad también participaron el presidente nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Mauricio Olave, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, Mario Maturana, y los ex convencionales constituyentes Ruggero Cozzi y Andrés Cruz.
Puedes ver esta exposición en el siguiente enlace:
“La propuesta de la nueva Constitución política prácticamente dejó sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central de Chile. (…) En otras palabras, establece erróneamente que el bienestar de la población es sinónimo de estabilidad de precios (…). La estabilidad de precios es una medida intermedia e indirecta –y por tanto imperfecta– de una más profunda: el pleno empleo, como lo establece no solo la moderna teoría monetaria sino la propia experiencia internacional” Así lo explica, Carlos J. García, investigador asociado del CiPP y académico de la Universidad Alberto Hurtado en su artículo “Banco Central: oportunidades perdidas”, publicado en la Revista Observatorio Económico N°168 de la Facultad de Economía y Negocios, FEN UAH.
El académico lamenta que el texto constitucional no haya considerado al pleno empleo como un objetivo de la labor del Banco Central, “como sí es definido abrumadoramente en otros bancos centrales de países desarrollados: Nueva Zelandia, Canadá, Noruega, Australia, etc”.
Sobre la duración de los consejeros, señala que hubiera esperado que se redujera el número de años que las y los consejeros pueden durar en sus cargos, como lo indica la experiencia comparada. “La experiencia internacional indica que el Banco Central, para fortalecer las conexiones de su autonomía con la democracia, debe exhibir una rotación más alta de todas las autoridades que toman las decisiones de política monetaria, estabilidad financiera y administrativas, la misma experiencia internacional indica que es entre 4 a 7 años como máximo”.
La incorporación de la ciencia como un derecho fundamental en la propuesta constitucional “Representa un gran avance, no sólo porque puede implicar incrementar el presupuesto público dedicado a la investigación científica –lo que es una cuestión fundamental para fortalecer la labor investigativa en el país– sino también porque atribuye a la sociedad un papel activo en la producción –y no sólo en el consumo– del conocimiento y la ciencia” destaca el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Nicolás Fleet.
El académico del Departamento de Sociología de la UAH fue entrevistado por Chilevisión Noticias donde se refirió a la incorporación en la propuesta constitucional de la ciencia como un derecho fundamental establecido en el texto.
Para el sociólogo Nicolás Fleet, esto representa un gran logro que entrega a la sociedad un rol activo en generar conocimiento y no solo consumirlo. La propuesta constitucional responde a la idea de que la ciencia es un derecho humano que está cada vez más asentado y extendido. Así lo considera la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27 cuando dice que “toda persona tiene derecho… a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten… Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas…” y fue en este contexto que la convencional constituyente, Cristina Dorador presentó esta norma.
Cuarta Clase Constitucional: Organización Territorial e Indígena.
“La Convención Constitucional en lo que se refiere a la organización territorial se hizo cargo de la historia institucional que ha sido muy centralista, donde la administración central es la más gravitante. Esto es lo que de una u otra manera viene a cambiar con la idea de un estado regional”, así lo señaló el investigador del CiPP, y Coordinador del eje de Modernización de la Gestión Pública del Núcleo Constitucional de la UAH, Enrique Rajevic, en la cuarta Clase Abierta Constitucional realizada el 23 de agosto, que abordó el tema “Organización territorial e indígena: énfasis en el Estado regional y estatuto indígena” y que fue moderada por la investigadora del CiPP y académica de la UAH, Amaranta Alfaro.
En la oportunidad, se contó además con la participación de Viviana Villalobos, académica de la Facultad de Derecho y ex abogada ayudante en la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal de la Convención Constitucional.
El académico de la Facultad de Derecho, Enrique Rajevic, afirmó que normalmente cuando se habla de un estado unitario nos estamos refiriendo a que hay un solo centro de poder, mientras que al mencionar un estado federal hablamos de que hay estados dentro del estado que tienen su propio parlamento, sus propios tribunales, etc. “La propuesta constitucional nos plantea una versión intermedia que también existe en otros países porque está claro que no se ha inventado esta idea de estado regional, sino que estamos respondiendo a una categoría que ya está instalada”, destacó el abogado.
Rajevic explicó que no existe una “super constitución mundial” donde cada país pueda decir en qué lugar de organización territorial se ubica, destacando que en la propuesta constitucional se nos plantea “un estado regional a la chilena” con sus propias características, donde no hay en principio una potestad legislativa de las regiones. “Seguimos teniendo una estructura legislativa más bien centralizada, lo que aquí aparece es que la formulación de las políticas públicas y la organización territorial del estado funciona a través de regiones, comunas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”, declaró el especialista.
El académico enfatizó que la constitución vigente tiene alrededor de 18 artículos que están dedicados a esta materia a diferencia de la propuesta constitucional que posee prácticamente 80 artículos. “Hay una regulación mucho más profunda que plantea una estructura diferente a la actual con este sello de lo regional y lo comunal», afirmó el investigador del CiPP.
Por su parte, Viviana Villalobos explicó que la propuesta constitucional establece que Chile se organizará en entidades regionales autónomas, haciendo referencia a: regiones autónomas, comunas autónomas, y las autonomías regionales indígenas, junto a los territorios especiales (Rapa Nuí, Juan Fernández y el Territorio Antártico chileno). Y, que dicha autonomía se refiere a tres ámbitos: financiero, administrativo y político.
La duda razonable que surge ante esta propuesta, señala Villalobos, es ¿cómo vamos a limitar esta autonomía? “La propia constitución entrega la respuesta cuando señala que Chile, a pesar de reconocer autonomías territoriales, sigue siendo un único país indivisible, y en el mismo sentido, se prohíbe la secesión territorial”.
Esto significa, explica la académica, que “ninguna de estas autonomías territoriales podrá acaparar el poder de independizarse, como puede ocurrir en otras experiencias comparadas”.
Por lo tanto, si bien la nueva constitución reconoce a Chile en su diversidad social, económica, y cultural, “seguimos siendo un único país con autonomías territoriales”, concluye Villalobos.
Para escuchar la cuarta clase constitucional, sigue este link.
“La propuesta de convención establece que el Estado podrá crear empresas. El artículo 182 expresa que este puede participar en la economía, incluyendo el fomento y desarrollo de actividades económicas, el artículo 214 permite que las comunas autónomas puedan crear empresas y el artículo 220 les otorga las mismas competencias a las regiones autónomas. En el artículo 224 se permite que los gobiernos regionales propongan la creación de empresas. A mi juicio, estas iniciativas suponen varios errores en su diseño”. Así lo señala Mauricio Castillo, investigador asociado del CiPP y académico de la Universidad Alberto Hurtado, en su artículo “¿Debe ser el rol del Estado crear empresas?” publicado en la Revista Observatorio Económico N°168 de la Facultad de Economía y Negocios, FEN UAH.
Dentro de los elementos que señala como “errores de diseño” de las iniciativas contempladas en el texto constitucional a este respecto, menciona la burocracia con la que generalmente se asocia la administración de empresas públicas lo que se opone al espíritu emprendedor que permite “conducir a un mayor desarrollo de innovación social y económico”.
En su opinión, el sector público presenta ciertos rasgos que irían en dirección contraria a los que requiere el espíritu emprendedor, la apertura al riesgo y a la innovación.
“En general, las características del sector público no favorecen la toma de riesgos y la innovación. Más aún, cuando el borrador extiende la facultad fiscalizadora de la Contraloría a las empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal, estableciendo incluso que “podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de ellas”. En mayor medida se inhibirán los procesos creativos”.
También hace referencia a los bajos niveles de confianza que las entidades públicas tienen por parte de la ciudadanía.
Finalmente, reconoce que en algunas ocasiones existen razones que justifican la creación de empresas públicas, aunque igualmente cree que estas deberían responder a una estrategia nacional.
“Por cierto que las empresas públicas se crean para resolver fallos de mercado o para hacer las cosas que las empresas privadas no pueden o quieren hacer. En inversiones nuevas, que requieren gran volumen de capital y son de larga maduración, y/o en empresas de alta significación regional. Se trata de empresas que abren paso al desarrollo del país y de las empresas privadas. Pero no creo adecuado que esto quede en manos de quienes estarán dirigiendo las regiones o comunas autónomas, sino que respondan a una estrategia nacional. En el texto actual, las empresas públicas se pueden crear mediante ley de quórum calificado”.
Derechos Sociales en la propuesta de la nueva constitución
“La propuesta de Constitución Política de la República consagra una serie de derechos sociales como respuesta a la crisis social por demandas de mayor bienestar, democracia y justicia en la sociedad chilena”. Entre los derechos explicitados
en la propuesta se incluyen el derecho a la alimentación adecuada; el derecho a la ciudad, al territorio y a vivir en entornos libres de violencia; el derecho a la conectividad digital; el derecho al cuidado y al reconocimiento; el derecho al deporte, a la actividad …..” Así comienza el análisis que propone Paola Bordón, investigadora asociada del CiPP y académica de la UAH, en su artículo titulado “Derechos Sociales en la propuesta de nueva constitución”, publicado en la Revista Observatorio Económico N°168 de la Facultad de Economía y Negocios, FEN UAH.
Sobre la factibilidad de financiar los derechos consagrados por el texto constitucional, es clara en señalar(…) es imposible proveer automáticamente todos los derechos consagrados, puesto que los recursos fiscales no son suficientes, lo que podría causar frustración y malestar en la ciudadanía, fomentando crisis sociales y políticas futuras”.
Propuesta de nueva Constitución: tributos, creación y distribución
“Uno de los temas importantes al estudiar la propuesta de nueva Constitución son los tributos. El presente análisis se enfoca en ellos, su creación y distribución. Primero, la base de los tributos se encuentra en los art. 184 y 185 de la propuesta, (Cap. V, Buen Gobierno y Función Pública) (…). Ahora bien, a mi entender el principio de transparencia debería reforzarse (art. 185, 2), ya que uno de los temas centrales para los ciudadanos que pagan impuestos es exigir transparencia y «accountability» de los gastos fiscales. Por otra parte, destacó como positivo los impuestos medioambientales y los bienes naturales, esenciales dentro de la crisis climática”. Así lo sostiene Humberto Borges, investigador asociado del CiPP y académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en su artículo “Propuesta de nueva Constitución: tributos, creación y distribución”, publicado en la Revista Observatorio Económico N°168 de la Facultad de Economía y Negocios, FEN UAH.
Sobre la norma que se refiere a la creación de tributos, el académico señala que al ser de concurrencia presidencial, esto implica que al crearlos, suprimirlos, reducirlos o condonarlos, es necesario que sea concordado entre las nuevas autoridades legislativas y la presidencial. En este sentido, llama la atención sobre la necesidad de “mantener una estructura donde ambos poderes se vigilen, para evitar la posibilidad de que se pueda realizar “populismo tributario”.
Libro del académico Hugo Rojas es presentado en un emotivo lanzamiento
En la tradicional Confitería Torres ubicada en el centro de Santiago, se realizó este 24 de agosto, un emotivo lanzamiento del libro “Derechos humanos y justicia transicional en Chile” escrito por el investigador del CiPP, HugoRojas, junto a Miriam Shaftoe, publicado por la editorial española Tirant lo Blanch en su Colección Humanidades.
El libro fue presentado por la investigadora del CiPP y Decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, Manuel Guerrero, académico de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Researcher in Neuroethics de Uppsala University y Valeria Palanza, Decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El cantautor Manuel García y Carmen Paz “Kuki” González, interpretaron algunas piezas musicales.
Gran cantidad de asistentes acompañaron al profesor Hugo Rojas en el lanzamiento de su libro.
Miriam Henríquez resaltó la interdisciplinariedad de la investigación: “El libro ha sido escrito de una manera tal que no le pertenece a ninguna disciplina en particular; en ese sentido, es una invitación a dialogar sobre asuntos complejos en nuestra sociedad, a identificar lo que hemos avanzado en justicia transicional y también nos anuncian lo que nos falta por hacer”, sostuvo.
Guerrero destacó que el libro es como un viaje, pues uno se va reconociendo a sí mismo a través del recorrido histórico que va haciendo el texto en los distintos capítulos. En su opinión,“en el libro hay una historia social que adquiere una dimensión política; uno empieza a verse en el proceso social, uno empieza a reconocerse como individuo, como familia, como comunidad, como clase, como identidad política y finalmente como país en este proceso social que ha sido tan intenso en cincuenta años.”
Por su parte, Valeria Palanza resaltó el cuidado, respeto y calidad con que el libro fue escrito por los autores, desde las definiciones estructurales y los distintos argumentos, hasta la selección de cada palabra y las referencias bibliográficas. “Esta es una instancia para celebrar, un gran libro y de lectura amplia, lo cual es muy necesario en sociedades que todavía están procesando el concepto de derechos humanos”, afirmó.
Por su parte, el profesor Rojas agradeció especialmente a las personas que colaboraron durante el diseño y la ejecución del proyecto y a quienes asistieron presencialmente a la ceremonia o la acompañaron de manera virtual. Hugo Rojas se desempeña como profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado, profesor adjunto de Derechos Humanos y Justicia Transicional en la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Instituto VioDemos y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado. Miriam Shaftoe es investigadora ayudante de la Universidad de Ottawa y experta en derechos humanos y estudios de paz.
En palabras del profesor Rojas, el libro “ofrece una visión panorámica de los últimos cincuenta años en el ámbito de los derechos humanos en Chile, sistematizando información y argumentos que pueden ser valiosos para comprender qué nos ha pasado como sociedad y cómo estamos enfrentando las profundas heridas y secuelas de la represión estatal”.
También agrega que “el texto también hace referencia a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019, pues tiene la intención de aportar a la promoción del estado de derecho, la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales en el país”.
La obra pretende ser un texto de consulta que contribuya a una mejor comprensión de los derechos humanos, la justicia transicional, la historia reciente y las complejidades de la transición chilena una vez recuperada la democracia en 1990.
Dirigido a un público amplio, “Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile” nace de la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar en Chile y aborda los fundamentos teóricos de los derechos humanos y la justicia transicional. También analiza los principales hitos históricos de nuestra historia reciente y brinda un panorama de los elementos clave de la justicia transicional en el país: verdad, reparación, memoria, justicia y garantías de no repetición.
El cantautor Manuel García y Carmen Paz “Kuki” González, interpretaron algunas piezas musicales.
La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y contó con el patrocinio del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos), el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH (CiPP) y Tirant lo Blanch.
Las personas interesadas en adquirir el libro pueden obtener la información aquí.
