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El académico de la Facultad de Economía y Negocios  e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Fernando Crespo, ganó el concurso Proyectos de Investigación/Innovación en Docencia Universitaria 2024 con su proyecto “Aprendizaje Basado en Proyectos en Econometría y Análisis de Datos I”, que busca revolucionar estos cursos mediante una metodología que conecta teoría y práctica en un entorno de desafíos profesionales reales.

Fuente: FEN-UAH

Fernando Crespo, académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), se adjudica el  concurso Proyectos de Investigación/Innovación en Docencia Universitaria 2024 con su proyecto “Aprendizaje Basado en Proyectos en Econometría y Análisis de Datos I”. Este proyecto busca revolucionar los cursos de Econometría y Análisis de Datos I mediante una metodología que conecta teoría y práctica en un entorno de desafíos profesionales reales.

La idea del proyecto surgió al observar que las asignaturas cuantitativas suelen quedarse en la teoría y los estudiantes rara vez logran apropiarse de estos conocimientos de manera profunda. “Existe un déficit permanente en los cursos cuantitativos; los alumnos/as nunca se apropian realmente de ese conocimiento”, comentó Crespo. De esta manera, con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se busca cambiar esta realidad y fomentar competencias que el mercado laboral valora cada vez más.

¿Qué incluye la propuesta?

El proyecto no modificará los programas existentes, pero incorporará adaptaciones en las cátedras y ayudantías para guiar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos. Al final del curso, deberán presentar sus hallazgos, analizados con herramientas como Excel y R Studio. “Los estudiantes trabajarán con datos públicos del INE y otros, abordando problemáticas como el embarazo adolescente o las tasas de suicidio, generando análisis que reflejen situaciones profesionales reales”, señaló el académico.

Resultados esperados y proyección

El impacto del proyecto se medirá a través de la calidad de los proyectos, el compromiso estudiantil y encuestas de retroalimentación. “Queremos estimular a los alumnos/as a desarrollar proyectos de análisis cuantitativo y perder el miedo a estas herramientas”, añadió Crespo. Además, se contempla la posibilidad de publicar los mejores trabajos en la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios o presentarlos en congresos nacionales. Crespo también vislumbra la escalabilidad del modelo hacia otras asignaturas STEM de la universidad, siempre que se ajuste a sus particularidades.

Desafíos en el camino

Entre los retos que anticipa el investigador CiPP está la recepción inicial por parte de los estudiantes. “Al comienzo hubo mucha resistencia al uso de R y R Studio, pero hoy ven más clara la relación entre teoría y aplicación”, afirmó.

Con esta iniciativa, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado apuesta por un modelo pedagógico innovador que no solo mejora la experiencia académica, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar con éxito los retos del mundo laboral.

Un equipo  integrado por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho e investigadora CiPP UAH, fue seleccionado como uno de los 10 grupos que formarán parte del Laboratorio de Colaboración del ICCAL, una iniciativa del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

El jueves 5 de diciembre, el equipo integrado  por Miriam Henríquez, decana  de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue seleccionado como uno de los 10 grupos que formarán parte del Laboratorio de Colaboración del ICCAL, una iniciativa del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. El proyecto, titulado «Judicial Independence as a Cornerstone of Democratic Resilience», está integrado por Miriam Henríquez junto a Roberta Lugarà (Corte Europea de Derechos Humanos), Sabrina Ragone (Universidad de Bolonia), Pablo Saavedra Alessandri (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y Joaquín Garzón (Universidad Javeriana de Bogotá).

El objetivo del proyecto es, en primer lugar, sistematizar los instrumentos de politización de los sistemas de nombramiento, promoción y remoción de jueces y su impacto sobre la independencia judicial, ya sea por la injerencia de los poderes estatales, de los partidos políticos o de grupos de interés. En segundo lugar, el proyecto se centra en sintetizar la forma en que los Estados latinoamericanos y europeos han sorteado (o intentado sortear) las amenazas a la independencia judicial y los modos en que han restablecido dicho principio cuando ha sido agraviado.

«Cuando decidí participar de esta postulación mi interés era doble. Por una parte, contribuir a la investigación de frontera y a la internacionalización de nuestro quehacer académico en la UAH. Por otro lado, aportar a la temática de la independencia judicial. Un sistema de justicia independiente es un elemento estructural que sustenta el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Así, avanzamos en conformar un equipo altamente calificado y diverso con el objetivo de desarrollar un trabajo en red al alero de uno de los institutos de investigación más relevantes en el área como es el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law», aseguró la decana..

Esta iniciativa se desarrollará a lo largo de tres años, comenzando en enero de 2025, en el marco del Laboratorio de Colaboración del ICCAL (Ius Constitutionale Commune en América Latina), conformado por diez equipos, cada uno de ellos compuesto por dos a cuatro académicos/as en diferentes etapas de sus carreras, tanto de América Latina como de Europa. A través del prisma del derecho público comparado y los derechos humanos, cada equipo explorará una cuestión estructural de relevancia para la resiliencia democrática en las sociedades latinoamericanas y europeas.

El objetivo final del Laboratorio es crear un espacio para la excelencia en la investigación comparada, el desarrollo de conocimiento relevante para la formulación de políticas, el fomento de mentorías para el desarrollo académico de jóvenes investigadores/as y un mayor fortalecimiento del aprendizaje mutuo entre Europa y América Latina en estos tiempos retadores para la democracia.

En el marco de su participación en el Seminario ENCE 2024, Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector académico  de la Universidad Alberto Hurtado, destacó la importancia de la realización de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil para evaluar y mejorar la experiencia formativa y el compromiso de las y los estudiantes con su aprendizaje: «Es fundamental pensar en cómo generamos iniciativas que apoyen el progreso de los estudiantes, no solo en el aula, sino en el contexto universitario en general”.

Eduardo Abarzúa,  investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó  en el seminario 2024 de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil (ENCE). Este proyecto, desarrollado por el Consejo de Rectoras y Rectores de Chile, busca recoger información crucial sobre la experiencia formativa de los estudiantes de educación superior en el país, con el objetivo de evaluar y mejorar su compromiso con el aprendizaje y la formación.

Durante la actividad, Abarzúa integró el panel de conversación «Experiencia estudiantil y calidad de la formación», junto a la Dra. Erika Castillo Barrientos, Comisionada y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, y Sandra Gaete Mejías, Vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. El panel fue moderado por Jacquelinne Rojas, representante de la Universidad de Playa Ancha.

En su intervención, Eduardo Abarzúa destacó la relevancia de la ENCE para mirar integralmente el proceso de formación de los estudiantes, lo que permite establecer prioridades y enfrentar diversos desafíos. «Esta encuesta es fundamental porque nos permite generar un orden de prioridades en la formación de los estudiantes, pero también releva diversos desafíos», comentó al término del encuentro.

El investigador del CiPP también subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo de trayectoria estudiantil que abarque desde la admisión hasta el primer empleo, integrando la formación con el mercado laboral para asegurar la vigencia profesional. Además, enfatizó la necesidad de reconocer la diversidad de los estudiantes al ingresar y adecuar las capacidades pedagógicas de los docentes para atender estas diferencias. «Es fundamental pensar en cómo generamos iniciativas que apoyen el progreso de los estudiantes, no solo en el aula, sino en el contexto universitario en general», añadió.

Asimismo, Abarzúa abordó en su presentación la incorporación de tecnologías en el proceso de aprendizaje, facilitando la formación en diálogo con los contextos personales de los estudiantes, como los extensos traslados o la necesidad de trabajar y cuidar a sus familias. Finalmente, destacó que la formación debe estar basada en un sentido y propósito otorgado por la institución, permitiendo que los estudiantes se reconozcan y se sientan comprometidos, lo cual es central para la conformación de su identidad profesional futura.

El académico de la Facultad de Derecho e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Enrique Rajevic, se refirió en Chilevisión Noticias al cuestionamiento a la Contraloría que surgió frente a los alcaldes que fueron reelectos en 2024,  estando imputados por delitos como violación o fraude.

Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, se refirió en una entrevista con Chilevisión Noticias al cuestionamiento surgido frente a los alcaldes que fueron reelectos y que asumieron nuevamente sus cargos el pasado 6 de diciembre, a pesar de estar imputados por delitos graves como violación o fraude.

Rajevic explicó que «hoy día la manera de hacer efectiva la responsabilidad por actos contra la probidad de alcaldes o concejales es básicamente el tribunal electoral regional, la Contraloría no puede destituir a un alcalde directamente. Hay que ser más ágiles y hay que revisar esa institucionalidad para que finalmente se den las señales adecuadas».

Entre los casos mencionados se encuentran los alcaldes Javier Jaramillo (Victoria), Aníbal Valenzuela (Nancagua), Mario Meza (Linares) y Boris Chamorro (Coronel), quienes han sido formalizados por diversos delitos y, en caso de ser encontrados culpables, deberán abandonar sus cargos. Otros casos incluyen a Luis Reyes (Río Bueno) y Miguel Rivera (Hualpén), quienes han sido querellados y denunciados, respectivamente.

El investigador del CiPP,  también señaló que uno de los motivos por los cuales estas autoridades siguen siendo reelectas a pesar de tener causas pendientes puede ser que «los sistemas de transparencia y rendición de cuentas a nivel local no son todavía lo suficientemente robustos para permitir que las personas tengan toda la información que necesitan para medir una gestión local».Para conocer más detalles sobre esta entrevista, te invitamos a ver el reportaje completo en CHV.

Los investigadores Rafael Blanco y Hugo Rojas de la Universidad Alberto Hurtado publican una investigación en la prestigiosa editorial académica Routledge que analiza la evolución de la independencia judicial en Chile durante los últimos 50 años.

Fuente: Facultad de Derecho UAH

Los académicos de la Facultad de Derecho e investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Rafael Blanco y Hugo Rojas,  logran un importante reconocimiento con la publicación de su investigación en la prestigiosa editorial Routledge. El estudio, que examina la evolución de la independencia judicial en Chile en los últimos 50 años, ofrece una visión detallada y crítica sobre los cambios y desafíos que ha enfrentado el sistema judicial chileno.

El documento forma parte de la obra colectiva Judicial Independence in Transitional Democracies, publicada en diciembre de 2024 por Routledge, una de las diez editoriales académicas más prestigiosas a nivel internacional. La obra fue editada por Nauman Reayat, académico de la Universidad de Leicester, Rhona Smith, profesora de la Universidad de Newcastle, y Moohyung Cho, profesor de la Universidad Ewha Womans de Corea del Sur.

En el capítulo escrito por los académicos Blanco y Rojas se analizan las complejidades político-jurídicas de la evolución que ha experimentado la independencia judicial en Chile, desde 1973 a 2023. Se argumenta que los procesos de reforma del poder judicial en los años de la transición han requerido de amplios consensos políticos, en sintonía con los aportes realizados desde la academia y la sociedad civil.

Una de las novedades de esta investigación es el diálogo entre un experto en derecho procesal, como el profesor Rafael Blanco, y un experto en sociología del derecho y justicia transicional, como el profesor Hugo Rojas. “La combinación de estos distintos saberes nos ha permitido generar una propuesta muy superior a lo que cada uno de nosotros podía haber planteado en forma aislada”, explican los autores del documento.

Para conocer más detalles sobre esta investigación, te invitamos a leer la publicación completa en Routledge.

El investigador CiPP,  académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la UAH, Enrique Rajevic, reflexiona en La Tercera sobre el reciente dictamen de Contraloría que decide abstenerse de resolver acerca del plazo que origina la confianza legítima en el personal a contrata, marcando un nuevo punto de inflexión en la evolución del empleo público.

Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la Universidad Alberto Hurtado (UAH),  en una columna de opinión publicada en La Tercera,  entra al debate sobre el reciente dictamen de la Contraloría General de la República sobre empleo público. En este dictamen, el ente contralor decide abstenerse de resolver acerca del plazo que origina la confianza legítima en el personal a contrata, lo cual, según Rajevic, «marca un nuevo punto de inflexión en la evolución de nuestro maltrecho empleo público».

Rajevic destaca que esta decisión de la Contraloría tiene implicaciones significativas para el empleo público en Chile, ya que afecta directamente la estabilidad laboral y las expectativas de las y los trabajadores a contrata. En su análisis, el académico subraya la importancia de este dictamen en el contexto de las políticas públicas y la gestión del empleo en el sector público.

El investigador del CiPP argumenta que la falta de una resolución clara sobre el plazo que origina la confianza legítima genera incertidumbre y puede impactar negativamente en la motivación y el desempeño de los empleados públicos. Además, Rajevic señala que este dictamen refleja las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema de empleo público en Chile, y llama a una reflexión profunda sobre las reformas necesarias para mejorar la estabilidad y las condiciones laborales en este sector.

Para leer más sobre el análisis de Enrique Rajevic, puedes acceder a la columna completa en La Tercera.

En una columna de opinión en La Tercera, Rafael Blanco, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Derecho de la UAH, junto a los académicos UAH Leonel González y Leonardo Moreno, reflexiona sobre la importancia del Consejo de Nombramientos Judiciales en la reforma judicial.

Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en una columna de opinión publicada en La Tercera, junto a los  académicos UAH Leonel González y Leonardo Moreno,  reflexionan sobre la reciente propuesta del Consejo de Nombramientos Judiciales. En opinión de los autores, se trata de un buen punto de inicio para la reforma del sistema judicial en Chile.

Blanco y sus coautores argumentan que la creación de este consejo es un paso crucial para asegurar la transparencia y la meritocracia en los nombramientos judiciales. Según ellos, este organismo podría contribuir significativamente a mejorar la confianza pública en el sistema judicial, al garantizar que los nombramientos se realicen de manera justa y basados en criterios objetivos. «La creación de este consejo es un avance significativo hacia una justicia más equitativa y eficiente», afirman en la columna. También abordan los desafíos que enfrenta la implementación de este consejo, subrayando la necesidad de un diseño institucional robusto que permita su funcionamiento efectivo. Los autores enfatizan la importancia de la independencia y la imparcialidad del consejo, así como la participación de diversos actores del ámbito judicial y académico en su conformación. «Es fundamental que el consejo opere con total independencia para evitar cualquier tipo de influencia indebida», señalan.

En su análisis, también destacan que, aunque el Consejo de Nombramientos Judiciales no resolverá todos los problemas del sistema judicial, representa un avance significativo hacia una justicia más equitativa y eficiente. Concluyen que este es un buen punto de partida para futuras reformas que continúen fortaleciendo el estado de derecho en Chile. «Este consejo es solo el comienzo de un proceso de reformas más amplio y necesario», concluyen

Para leer la columna completa, puedes acceder a La Tercera.

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Camilo Sembler,  reflexiona sobre las complejidades sociales que enfrentan los millennials en un artículo de la Revista Ya de El Mercurio.

De acuerdo al estudio publicado en abril de este año por el centro especializado en salud mental estadounidense Thriving Center for Psychology, uno de cada 10 millennials ha experimentado una crisis de mediana edad alrededor de los 34 años. Este fenómeno, marcado por la insatisfacción y el replanteamiento de los logros de esta generación, es analizado en un artículo de la Revista Ya de El Mercurio.

En este contexto, fue consultado Camilo Sembler, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), quien reflexionó sobre las complejidades sociales que enfrentan las nuevas generaciones. El artículo señala que desde empleos de corta duración y una creciente flexibilidad laboral hasta las dificultades para acceder a una vivienda propia, los cambios culturales y económicos han dado lugar a un escenario que retrasa hitos tradicionales en los millenials, como la independencia económica o la maternidad y paternidad.

En el artículo, Camilo Sembler señala que no se puede generalizar este fenómeno, ya que al estar marcados por los contextos propios de las personas (ser hombre, mujer, el nivel de recursos, entre otros) puede variar o no manifestarse.

«Es un grupo social que vive un proceso de transformación cultural, con mayores expectativas de autonomía y libertad personal, pero que, en muchos casos, chocan con las condiciones sociales actuales», señala Sembler.

Te invitamos a leer el artículo completo en Revista YA.

La investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado destaca la importancia de la alfabetización digital en el Encuentro x Chile, organizado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Michelle Azuaje-Pirela, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó el pasado 21 de noviembre en el Encuentro x CHILE, un evento organizado conjuntamente por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Centro Cultural Estación Mapocho. Este encuentro reunió a representantes de la academia, la sociedad civil y el gobierno para discutir y presentar propuestas con el objetivo de construir un futuro más inclusivo y sostenible para Chile.

Durante el evento, la investigadora del CiPP destacó la necesidad de trabajar en la alfabetización digital de la población chilena. “Una gran conclusión de nuestra mesa es que tenemos que trabajar fuertemente en la alfabetización digital de nuestra gente”, comentó al término del encuentro. Además, la investigadora subrayó la importancia de este esfuerzo para asegurar que todos los y las ciudadanas puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la tecnología.

El Encuentro x Chile contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al presidente de la República, Gabriel Boric Font y representantes de distintas regiones y sectores.

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos J. García advierte en Radio Cooperativa sobre el escenario económico actual y las posibles consecuencias del «efecto Trump».

Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue consultado por Radio Cooperativa, sobre el impacto del «efecto Trump» en la economía chilena. García señaló que la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha generado alta volatilidad en el mercado cambiario, con el dólar amenazando con alcanzar los 1.000 pesos.

El investigador CiPP explicó que, además del «efecto Trump», otros factores como el retroceso en el precio del cobre y el bajo crecimiento de la economía china están influyendo en el escenario económico actual. “Es probable que el crecimiento a finales de año aumente en algunas décimas, pero nada sustancial”, comentó el académico. Añadió que la mayor inflación podría hacer que el Banco Central demore en bajar su tasa de interés, lo que afectaría la actividad económica en Chile.

El académico también destacó la incertidumbre electoral internacional y cómo las políticas proteccionistas de Trump podrían provocar una caída más severa en la actividad económica de China, impactando negativamente las exportaciones chilenas.

Te invitamos a seguir leyendo en Radio Cooperativa.

En el marco de su proyecto Fondecyt de iniciación, Mauricio Castillo, investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, realizó una pasantía en Europa para investigar la adopción de la Industria 4.0 en Pymes chilenas, destacando la importancia de la creatividad y la cooperación en este proceso.

Fuente: FEN-UAH

Entre el 6 y el 23 de septiembre, el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Mauricio Castillo llevó a cabo una pasantía en España, Italia y Portugal, en el marco de su proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación titulado “Adopción de la Industria 4.0 en pequeñas y medianas empresas en una economía emergente y los impactos en la innovación”. Este proyecto busca comprender los factores que influyen en la adopción de tecnologías avanzadas y cómo estas impactan en la capacidad de innovación de las Pymes en Chile.

“El objetivo principal de nuestro estudio es analizar los elementos internos, institucionales e industriales que pueden facilitar o inhibir la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 en el contexto de una economía emergente como la chilena”, comentó Mauricio Castillo, quien destacó la relevancia de la creatividad y la cooperación para fortalecer la relación entre las tecnologías de base y las tecnologías avanzadas en las Pymes. “Nos interesa ver cómo estos elementos pueden ayudar a las empresas a superar las barreras tecnológicas y enfrentar con éxito los desafíos de la cuarta revolución industrial”, añadió.

Durante su estancia en Europa, el investigador CiPP participó en reuniones con equipos de investigación en las ciudades de Murcia y Cartagena, en España, donde desarrollaron modelos de investigación y analizaron datos avanzados en colaboración. Asimismo, sostuvo encuentros con el equipo directivo de Faedpyme, la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme, como parte de su rol de secretario del Comité Internacional del Observatorio Iberoamericano de la Mipyme. “Estamos estructurando actividades para 2025 que contribuirán a la investigación y desarrollo de las mipymes en Iberoamérica”, afirmó Castillo.

En Italia, Mauricio Castillo participó en el congreso IUFOST en Rimini, donde tuvo la oportunidad de conocer innovaciones desarrolladas por empresas europeas en el sector alimenticio. Además, en Portugal, presentó dos ponencias en el XXI Encuentro Internacional AECA en Faro: “Industria 4.0, Creatividad y Rendimiento de la Pyme: Un estudio en Chile” y “Preparación en las Pymes para adoptar las Tecnologías de la Industria 4.0”. Este último trabajo fue finalista del premio internacional Pyme Juan Antonio Maroto Acín, otorgado por AECA.

El proyecto FONDECYT no solo se enfoca en las variables técnicas de la adopción tecnológica, sino que también examina los elementos de creatividad y cooperación como factores que pueden mejorar la capacidad de las Pymes para adoptar tecnologías de la Industria 4.0. “Actualmente estamos trabajando en varios artículos en colaboración con distintos equipos, con el fin de responder a las interrogantes que plantea este proyecto y aportar al desarrollo de la innov

En un reportaje de El Mercurio, el investigador del CiPP Manuel Fuenzalida fue consultado por los resultados de una encuesta de Criteria que revela un aumento significativo del porcentaje de afiliados a Fonasa que eligen atenderse en clínicas privadas.

Un estudio reciente, elaborado por Criteria a solicitud de la Asociación de Clínicas de Chile, revela que el 55 % de los afiliados a Fonasa elige atención en clínicas privadas, un incremento respecto al 50 % registrado en 2021. Además, ante una enfermedad grave, el 58 % de los usuarios preferiría ser atendido en una clínica privada, valorando factores como la rapidez y la calidad en la atención.

Consultado por estos resultados, el investigador del  Centro Interdisciplinar dfe Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad Alberto Hurtado (UAH), Manuel Fuenzalida, destaca que la demora en la atención y la necesidad de acceso rápido están llevando a un número creciente de usuarios de Fonasa a elegir clínicas privadas. “Aquí inciden, por un lado, la idea de largas listas de espera y, por otro, la necesidad de un acceso más rápido a consultas y procedimientos, esto en particular cuando es una urgencia”, explicó. Agregó que “algunos pacientes perciben que el sistema privado ofrece una experiencia superior”.

Para Manuel Fuenzalida, es fundamental avanzar “en la creación de un sistema de derivación centralizado que sea capaz de detectar capacidad en los sistemas público y privado, para asignarla a la solución de la patología que está en la lista de espera”.Te invitamos seguir leyendo en la publicación de El Mercurio.

Cristian Geldes, investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, destacó la importancia de la sostenibilidad como una decisión estratégica en el Primer Congreso Internacional de Economía y Organizaciones Sostenibles.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Cristian Geldes, participó en el Primer Congreso Internacional de Economía y Organizaciones Sostenibles, organizado por la Universidad Santo Tomás y la Universidad Católica del Maule (UCM). El evento se llevó a cabo en el Campus San Miguel de la UCM los días 24 y 25 de octubre, y reunió a académicos, profesionales, empresarios y representantes gubernamentales para debatir sobre el rol crucial de la sostenibilidad en el crecimiento económico y social del país.

En su intervención, titulada «Construyendo organizaciones sostenibles. Una mirada desde la estrategia», Geldes profundizó en la importancia de generar «valor compartido» en las empresas. Explicó que “las organizaciones sostenibles buscan crear valor económico, social y ambiental”, y destacó que esta visión abarca no solo la rentabilidad, sino también el impacto positivo en las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente. «Para lograrlo, las empresas deben crear y capturar valor, lo que les permite proyectarse en el tiempo y cumplir su propósito organizacional», afirmó Geldes.

Además, subrayó que la sostenibilidad dentro de las organizaciones no es solo una tendencia, sino una “decisión estratégica” que debe estar integrada en todos los niveles. “La sostenibilidad debe involucrar políticas, programas, presupuestos y personas dedicadas al tema. No es una tarea menor, es una ruta que define el futuro de la empresa”, agregó.

Durante el congreso, se discutieron múltiples temas relacionados con el desarrollo sostenible, los desafíos económicos de distintos sectores y la importancia de construir organizaciones responsables. En este contexto, Geldes destacó la relevancia de las pequeñas empresas como un «eslabón clave» para el progreso territorial y el crecimiento económico integral. “Estas empresas no solo contribuyen al desarrollo local, sino que también son fundamentales para el avance del país”, comentó.

El congreso también tuvo un enfoque regional, lo que, según Geldes, es clave para “desarrollar capacidades fuera de la Región Metropolitana”, y fomentar un espacio inclusivo donde actores de distintas zonas de Chile y de otros países puedan compartir experiencias y perspectivas.

El investigador del CiPP de la Universidad Alberto Hurtado se une al Consejo Asesor del Ministerio de Educación junto a 47 consejeros y consejeras que tienen el objetivo de elaborar una Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior chilena.

Nicolas Fleet, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Educación. El Consejo, impulsado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y presidido por el académico Pablo González, tiene por objetivo elaborar una Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior chilena. Este órgano será la instancia formal encargada de elaborar y validar la propuesta que la Subsecretaría de Educación Superior está mandatada a presentar según lo establece la Ley N°21.091.

Por su parte, María José Valdebenito, académica de la Facultad de Educación de la UAH también se integró a este Consejo, en la comisión de “Trayectorias Formativas y Procesos Académicos”.

El Consejo Asesor del Ministerio de Educación, compuesto por 48 destacadas y destacados académicos y expertos, tiene la tarea de proponer reformas que modernicen y mejoren la educación superior en Chile.

Nicolas Fleet tendrá la tarea de coordinar la Comisión de Arquitectura y Gobernanza del Sistema de Educación Superior, una de las tres comisiones clave del consejo. Esta comisión se centra en diseñar estructuras y procesos que aseguren una gestión eficiente y transparente de las instituciones de educación superior. Entre los miembros de esta comisión se encuentran figuras reconocidas como Harald Beyer, exministro de Educación y exrector de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el hito de inicio del Consejo Asesor, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que esta instancia busca “robustecer la calidad de las instituciones, sin comprometer su autonomía ni sostenibilidad financiera, pero modernizando y complejizando el sistema de educación superior, teniendo siempre a la vista la eficiencia de los recursos”. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó la diversidad de los consejeros, señalando que “necesitamos construir un diálogo con investigadores, académicos, representantes de distintas partes del sistema y del espectro político y cultural”.

El Consejo Asesor trabajará durante un año en sesiones regulares en distintas comisiones en torno a cuatro ejes: trayectorias formativas y procesos académicos, arquitectura y gobernanza del sistema, asociatividad para el desarrollo del conocimiento, innovación e internacionalización, y articulación con entornos productivos y dinamización del desarrollo. Al finalizar el periodo de trabajo, se presentará al ministro de Educación una propuesta de Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, que espera abordar los desafíos del sistema de educación superior de cara a las próximas décadas.

Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado, analiza en La Segunda la falta de evaluación técnica en el proceso presupuestario nacional. En una columna de opinión, García  propone un enfoque más transparente y técnico para mejorar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos.

En una  columna de opinión publicada en La Segunda, Carlos J. García, académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas  (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH),  manifiesta una preocupación sobre la transparencia en la elaboración del presupuesto nacional. García señala que, aunque el presupuesto anual es presentado y discutido en el Congreso, el proceso carece de una evaluación técnica detallada de los beneficios concretos de las políticas públicas propuestas.

El investigador del CiPP también argumenta que el presupuesto se establece en términos generales y que las discusiones en el Congreso suelen estar dominadas por consideraciones políticas más que técnicas. Según el académico, en ninguna etapa del proceso se cuantifican los beneficios netos de las políticas en términos de variables clave como el crecimiento del PIB, el empleo, la productividad y la distribución del ingreso.

En su columna, Carlos J. García sugiere que, un enfoque más técnico, que transparente los beneficios netos de cada política, permitiría jerarquizarlas según su impacto previsto. Esto, a su juicio, facilitaría que la ciudadanía, a través de sus representantes, pueda tomar decisiones más informadas sobre el uso de los recursos públicos. Para conocer más detalles del análisis de Carlos J. García, te invitamos a leer la columna completa publicada en La Segunda.

Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado, analiza en La Segunda la falta de evaluación técnica en el proceso presupuestario nacional. En una columna de opinión, García  propone un enfoque más transparente y técnico para mejorar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos.

En una  columna de opinión publicada en La Segunda, Carlos J. García, académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas  (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH),  manifiesta una preocupación sobre la transparencia en la elaboración del presupuesto nacional. García señala que, aunque el presupuesto anual es presentado y discutido en el Congreso, el proceso carece de una evaluación técnica detallada de los beneficios concretos de las políticas públicas propuestas.

El investigador del CiPP también argumenta que el presupuesto se establece en términos generales y que las discusiones en el Congreso suelen estar dominadas por consideraciones políticas más que técnicas. Según el académico, en ninguna etapa del proceso se cuantifican los beneficios netos de las políticas en términos de variables clave como el crecimiento del PIB, el empleo, la productividad y la distribución del ingreso.

En su columna, Carlos J. García sugiere que, un enfoque más técnico, que transparente los beneficios netos de cada política, permitiría jerarquizarlas según su impacto previsto. Esto, a su juicio, facilitaría que la ciudadanía, a través de sus representantes, pueda tomar decisiones más informadas sobre el uso de los recursos públicos.Para conocer más detalles del análisis de Carlos J. García, te invitamos a leer la columna completa publicada en La Segunda.

Un equipo de académicos/as del Departamento de Política y Gobierno de la UAH está ejecutando un proyecto para actualizar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte para 2026-2037. Esta iniciativa incluye evaluaciones, diálogos ciudadanos y consultas web para desarrollar una nueva legislación inclusiva que promueva la actividad física y el deporte en Chile. En conversación con el jefe del proyecto e investigador del CiPP, Ignacio Cienfuegos, se profundizó en los objetivos y metodologías del proyecto, destacando la importancia de la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional.

En conversación con el académico de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ignacio Cienfuegos, profundizó en el proyecto “Evaluación y actualización de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte vigente, junto con los planes estratégicos nacional y regionales para el período 2026 – 2037”, adjudicado por un equipo de destacados/as académicos/as del Departamento de Política y Gobierno liderado por el profesor Cienfuegos y compuesto por Fabián Pressacco, Karina Retamal, Federica Sánchez, Francesco Penaglia, Ana Farías y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CiPP, Paulette Landon, quienes buscan desarrollar un proceso de participación ciudadana para actualizar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte.

En el marco del proyecto, el pasado 29 de octubre el Departamento de Política y Gobierno UAH y el Ministerio del Deporte, con la colaboración del CiPP, realizaron un seminario en el Campus Patrimonial de la UAH con el objetivo de compartir los hallazgos de la evaluación de la actual política y establecer los pilares de la nueva legislación que regirá de 2026 a 2037. En esta instancia, Ignacio Cienfuegos explicó el trabajo realizado por el equipo de académicos/as UAH: “Hemos entregado un informe con la evaluación de la Política que termina ahora y hemos entregado un informe con las bases, con los elementos más bien teóricos, conceptuales, la mirada comparada  internacional de lo que pudiese ser la nueva Política Nacional del Deporte. Eso lo vamos a complementar con lo que estamos trabajando hoy día, que es la percepción de diferentes actores interesados, del mundo local, de la sociedad civil, de las asociaciones deportivas. Estamos haciendo más de 135 diálogos territoriales. Todas esas miradas también  van a complementar esta propuesta de la nueva política”.

La política actual impulsada por el Ministerio del Deporte (Mindep) se creó con la finalidad de promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte a nivel local, regional y nacional durante todo el curso de la vida. Lo anterior se sustenta en la convicción de que la actividad física y el deporte son herramientas de integración y transformación social y tienen su razón de ser en la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida de las personas.

A través de diálogos ciudadanos se abordarán temáticas como formación, recreación, competición, alto rendimiento e infraestructura; diálogos que tendrán un enfoque inclusivo que considera a la población general, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y mujeres.

Una consulta web complementará estos diálogos, permitiendo una participación más amplia. Además, se establecerán protocolos de privacidad de datos y monitoreo constante para asegurar la efectividad del proceso.

—¿Cómo lograron la adjudicación de esta consultoría para la actualización de la Política Nacional del Deporte? 

Postulamos a una licitación pública del Ministerio del Deporte (Mindep), donde vimos una gran oportunidad de colaborar en un proyecto relevante a nivel país. Presentamos una propuesta técnica robusta, que incluyó a académicos de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, y expertos externos en políticas públicas deportivas. Compitieron diversas consultoras y universidades, pero nuestra propuesta fue la que obtuvo el puntaje más alto. Así fue como nos adjudicamos la consultoría para evaluar la Política vigente (2016-2025) y proponer su actualización para el periodo 2026-2037.

—¿Cuáles son las principales etapas del proyecto? 

El proyecto se estructura en dos grandes etapas. La primera consiste en la evaluación de la Política Nacional del Deporte 2016-2025, que ya completamos. Entregamos un informe que incluyó un análisis detallado de los logros, dificultades y déficits de la Política vigente, acompañado de propuestas conceptuales basadas en experiencias internacionales. Esta evaluación fue nutrida por entrevistas a funcionarios del Ministerio, ex autoridades y expertos en la materia. La segunda etapa es la formulación de la nueva Política. Aquí realizaremos 135 diálogos técnicos y ciudadanos, distribuidos por todo el país. Estos diálogos nos permitirán recoger las percepciones y aspiraciones de distintos actores, desde autoridades locales hasta deportistas y organizaciones de la sociedad civil. Además, se tendrá especial cuidado en incluir la perspectiva de pueblos originarios y territorios extremos.

—¿Cómo piensan abarcar todo el territorio nacional? 

Para llegar a los distintos lugares de estudio contamos con la colaboración de la estructura del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional del Deporte (IND), que tienen presencia en todas las regiones del país. Utilizaremos su red para convocar a las comunidades y a los actores clave en el ámbito deportivo. La diversidad territorial y multicultural será un aspecto fundamental en los diálogos, que se realizarán tanto en capitales regionales como en zonas más aisladas, asegurando una cobertura amplia.

—¿Cuál es el grupo objetivo de este estudio? 

El grupo objetivo es amplio y diverso: no se trata solo de deportistas de alto rendimiento, sino también de organizaciones deportivas comunitarias, municipios y gobiernos regionales, que juegan un rol clave en la implementación de políticas deportivas. La idea es entender cómo se ha ejecutado la Política actual y qué mejoras podemos proponer para el futuro, teniendo en cuenta las distintas realidades del país.

—¿Qué expectativas tienen más allá de esta consultoría? 

Más allá de cumplir con los productos comprometidos, este proyecto tiene un tremendo valor académico. Los datos cualitativos y cuantitativos que estamos recabando alimentarán futuras investigaciones y publicaciones. Sin duda a futuro podremos utilizar estos insumos para artículos académicos y publicaciones que ayuden a comprender mejor las dinámicas del deporte en Chile. Además, este tipo de proyectos fortalece nuestra relación con el medio, lo que nos permite incidir de manera concreta en políticas públicas. Nuestra Universidad tiene un fuerte compromiso con la ciudadanía. Creemos que las políticas públicas no pueden formularse sólo desde una lógica tecnocrática; es fundamental incluir la mirada de los actores involucrados. Los diálogos ciudadanos permitirán levantar información valiosa sobre las percepciones y expectativas, lo que va en línea con nuestra visión de un diseño inclusivo y participativo.

¿Podrías comentar los hallazgos obtenidos del trabajo realizado con el proyecto?

No podemos ahondar en los hallazgos o información que es aun confidencial, sin embargo uno de los principales desafíos que se observan en la implementación es la rigidez con la que se han aplicado los programas a nivel local, aunque bien diseñados conceptualmente, han fallado en adaptarse a las realidades y necesidades específicas de diferentes comunidades.

Lo que también ha impactado en la implementación por la discontinuidad causada por los cambios de gobierno, lo que interrumpe la continuidad de las iniciativas y genera inestabilidad en su aplicación. Esta falta de continuidad no solo dificulta la implementación sostenida de programas, sino que también afecta la percepción pública con respecto a la promoción de la actividad física y el deporte, la que sin embargo es muy bien evaluada por la ciudadanía. Esto tiende hacer una cuestión bastante estructural de nuestra realidad en cuanto a la implementación de políticas públicas, por lo que podemos observarlas en múltiples sectores y problemáticas que aborda el estado lamentablemente.

—Finalmente, ¿cómo medirán el impacto de la nueva Política Nacional del Deporte una vez implementada?

Nuestro rol no continúa formalmente en términos de monitoreo o evaluación de la implementación de la nueva política, sino únicamente proponer lineamientos para la nueva política pública. Sin embargo, es deseable que en la implementación de la nueva política pública, las universidades que se han especializado en esta temática como la UAH, participen observando su avance, a través de alguna plataforma de la sociedad civil que monitoree su desempeño en el futuro y contribuyan con información a la toma de decisiones.

Participación de académicos UAH en el proyecto

El comité técnico tiene la función de resguardar tanto rigor técnico en relación a los instrumentos de participación y recolección de datos, como de la garantía del resguardo de los derechos de los participantes y un comportamiento ético.

En este contexto, la Universidad Alberto Hurtado ha dispuesto que el Comité de Validación Técnica estará integrado por destacados académicos del Departamento de Política y Gobierno UAH, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. Los académicos e investigadores que integrarán este Comité son los siguientes: Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Dra. Paulette Landon (Presidenta del Comité); Dra. Ana María Farias; Dr. Francesco Penaglia; Dra. Federica Sánchez.

El equipo técnico será compuesto por Tito Pizarro; Carlos Matus; Rodrigo Soto; María Loreto González; Sebastián Villavicencio; Carolina Picasso; Raúl Urbina; Rodrigo Mundaca Cabrera; Carolina Leitao Álvarez-Salamanca.

En el marco del Ciclo sobre Políticas Públicas 2024 que impulsa el CiPP, se desarrolló un seminario organizado por el Depto de Política y Gobierno UAH y el Ministerio del Deporte, con la colaboración del CiPP, donde autoridades, expertas y expertos del sector público y privado evaluaron la actual Política Nacional de Actividad Física y Deportes y discutieron los pilares de la nueva legislación para el período 2026-2037. El evento contó con dos paneles de conversación sobre actividad física y deportes de rendimiento en Chile, con la finalidad de aportar a un diagnóstico compartido de la política nacional.

En el marco del Ciclo sobre Políticas Públicas 2024 que impulsa el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el pasado 29 de octubre se realizó un seminario  centrado en la evaluación de la Política Nacional de Actividad Física y Deportes (2015-2025), reuniendo opiniones y perspectivas de expertos y expertas del sector público y privado, que aportaron a un diagnóstico compartido para su futura actualización. Este evento, que tuvo lugar en el Aula Magna del Campus Patrimonial UAH, fue organizado por el Departamento de Política y Gobierno de la UAH con el Ministerio del Deporte, y la colaboración del CiPP. Este evento fue inaugurado por el  ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien destacó el trabajo conjunto realizado entre el sector público y la academia, representado por docentes e investigadores de la Universidad Alberto Hurtado, quienes lideran el proyecto de construcción de la política que guiará el accionar deportivo en el país entre 2026 y 2037.

El seminario titulado “Bases para la actualización de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte”, reunió a diversas autoridades, representantes del mundo público y privado vinculado al área de actividad física, deporte de rendimiento y competición, paralímpicos y deportistas de élite, con el objetivo de compartir los hallazgos de la evaluación de la actual política y establecer los pilares de la nueva legislación que regirá de 2026 a 2037.

En ese sentido, se llevaron a cabo dos paneles de conversación que abordaron temas clave sobre actividad física y deportes de rendimiento. En ambos paneles, se presentaron antecedentes a modo de contexto para iniciar la reflexión y debate entre las y los participantes de las mesas de conversación.

En el primer panel, titulado “Actividad física y deporte en Chile: Estado actual, factores condicionantes y evolución de los hábitos y niveles de práctica en la población nacional”, Lorena Moreno, jefa de gestión deportiva de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa, presentó los antecedentes. El panel estuvo conformado por Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades; Tito Pizarro, médico y ex jefe de Políticas Públicas Saludables y Promoción en el Ministerio de Salud; Rodrigo Soto, director académico del Diplomado Internacional en Gestión y Políticas Públicas del Deporte en la Universidad de Santiago; Carolina Picasso, integrante del International Advisory Committee Special Olympics y del Consejo Asesor de Special Olympics Latin América; Juan Salgado, jefe de la división Actividad Física y Deporte en el Instituto Nacional de Deportes de Chile, y moderado por Carlos Matus, académico en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Lorena Moreno, jefa de Gestión Deportiva de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa, participó como experta en el proyecto y fue la encargada de contextualizar el primer panel de conversación. Su exposición se centró en la situación actual de Chile en materia de actividad física y en las posibles mejoras a implementar. Según Moreno, la actividad física se define como “todo movimiento que produce un gasto energético, no vinculado a lo competitivo; está relacionado con el tiempo de ocio, el movimiento que la persona decide hacer por salud, o actividades en un colegio. Es cualquier movimiento natural, pero no ligado al deporte competitivo”.

Entre los datos compartidos, se destacó que la población chilena sigue teniendo una alta prevalencia de inactividad física. Se prevé que para 2030, Chile podría liderar el ranking regional de la población más inactiva físicamente. “Continúa la brecha por género y nivel socioeconómico. Las mujeres, desde niñas hasta adultas, siguen siendo las más inactivas, al igual que los niveles socioeconómicos más bajos. Estos hallazgos se han mantenido desde las primeras encuestas nacionales”, agregó Moreno.

Otro punto importante destacado fue “el rol de las organizaciones deportivas en la sociedad, cómo son reconocidas a nivel comunitario, incluyendo las municipalidades, y cómo deben posicionarse en distintos espacios para promover la actividad física”. Además, mencionó el crecimiento de la industria del fitness y los gimnasios: “La oferta privada ha abarcado mucho más territorio en nuestro país. Actualmente, estamos en el quinto lugar de mayores emprendimientos en el área del fitness. Por lo tanto, el desafío es que lo público se conecte con lo privado para generar más instancias de actividad física en la población”.

Consultada sobre las causas de la inactividad física, Moreno recordó que las encuestas nacionales de hábitos de 2019 y 2021 indicaban que “las principales razones por las cuales no se realiza actividad física son la falta de tiempo, mientras que las personas con discapacidad señalan que es porque no tienen quién los guíe o acompañe. Estos son datos importantes para trabajar de manera inclusiva y entender dónde están las barreras de oportunidades para ellos”.

La presentación en el segundo panel de reflexión, titulado “Deporte de alto rendimiento en Chile: Detección de talentos, sistemas competitivos y apoyos integrales a deportistas”, estuvo a cargo de Carolina Bergeon, directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa. Este panel contó con la participación de Marcela Ramón, directora deportiva del Comité Paralímpico de Chile; Carolina Sanz, vicepresidenta del Comité Olímpico de Chile (COCH); María Loreto González, abogada y encargada de la Oficina por el Respeto en el Deporte del COCH; Carolina Gajardo, jefa del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento en el Instituto Nacional de Deportes de Chile; María Fernanda Valdés, múltiple medallista panamericana y deportista olímpica en los JJOO de Londres 2012 y Río 2016; y fue moderado por Jorge Silva, director de Deportes de la Universidad Católica de Chile.

Carolina Bergeon, directora de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa y experta en deporte de rendimiento y competición, presentó los principales hallazgos en esta área durante el seminario. Su exposición abordó cómo se evalúa la política vigente y qué aspectos deben integrarse en la nueva política para asegurar su éxito. Bergeon destacó la importancia de articular un sistema nacional de competencias que conecte federaciones, municipios y gobiernos regionales. “Respecto a ciertas preguntas de cómo se evalúa la política que está actualmente vigente, que estamos en proceso de evaluación, cuáles son los ítems más interesantes o muy importantes desde la mirada de los expertos que se debieran integrar en el nuevo proceso y que debieran contemplar una nueva política y así como, también en los distintos roles cómo nos hacemos cargo también de que la política pueda ser exitosa.

Otro de los puntos clave fue la asistencia a la carrera deportiva y el apoyo en materia de seguridad social para los deportistas. Bergeon subrayó la necesidad de que las y los deportistas puedan estudiar y obtener un título profesional mientras desarrollan su carrera deportiva, para no depender únicamente del deporte. Además, resaltó la evolución de las Ciencias del Deporte, que son cada vez más necesarias para alcanzar mayores logros. “El deporte de alto rendimiento se mide a través de los logros. Chile ha tenido más participación y mejores resultados en los últimos 10 años, pero necesitamos perfeccionarnos para seguir avanzando, y ahí es donde las ciencias del deporte juegan un papel crucial”, concluyó.

El Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado y el Ministerio del Deporte, con la colaboración del CiPP,  realizaron un seminario para presentar los avances de un proyecto cuyo objetivo es evaluar la  actual Política Nacional de Actividad Física y Deportes (2015-2025) y sentar las bases de la nueva legislación para el período 2026-2037. En la ocasión, se presentaron los primeros resultados de este proyecto y se abrieron debates en torno a algunos temas clave.

En el marco del Ciclo sobre Políticas Públicas 2024 que impulsa el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado y el Ministerio del Deporte, con la colaboración del CiPP, organizaron el seminario “Bases para la actualización de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte”, con el objetivo de compartir los avances de un proyecto de consultoría liderado por el académico e investigador del CiPP, Ignacio Cienfuegos, que busca  evaluar la actual Política Nacional de Actividad Física y Deportes (2015-2025) de cara a asentar los pilares de la nueva legislación que deberá regir para el período 2026-2037.

El seminario apoyado por el CiPP fue encabezado por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro y contó con la participación de la subsecretaria de la cartera, Antonia Illanes, y el jefe de la división política y gestión deportiva del Ministerio, Iván Castro. Por parte de la UAH, estuvieron presentes, el rector de la UAH, Cristián del Campo SJ, el vicerrector Académico, Eduardo Abarzúa, el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios, Eduardo Saavedra, y el jefe del proyecto UAH-Mindep e investigador del CiPP, Ignacio Cienfuegos.

El evento, desarrollado el pasado martes 29 de octubre en el Aula Magna del Campus Patrimonial UAH, se enmarcó en la exposición de los avances de la ejecución de la consultoría solicitada a la UAH, y asumida por el Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, a través de la adjudicación de una licitación pública del Ministerio del Deporte, iniciada en julio de este año y cuyo término se estima en mayo del 2025. El objetivo del proyecto es evaluar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 y colaborar en la formulación de la nueva política para 2026-2037.

Luego de la inauguración de las autoridades, el seminario se estructuró sobre la base de la exposición de los hallazgos de la evaluación de la actual política en materia de “actividad física” y “deportes de rendimiento y competición”, para luego dar paso a dos paneles de conversación sobre estas materias en el que participaron representantes del mundo público y privado vinculado al área de actividad física, deporte de rendimiento y competición, paralímpicos y deportistas de élite.

Mirada de las autoridades

En sus palabras inaugurales, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, recalcó que la nueva Política Nacional del Deporte que estará vigente los próximos 12 años, no solo debe ser pensada hacia el deporte de alta competencia, recordando que en ese período se celebrarán tres juegos olímpicos, sino también “debe ser mirada dentro de la construcción de las políticas para todo el país, para todo el territorio, para poder tener presencia respecto de planes en materia de infraestructura, para también atender los programas que se desarrollan con distintas comunidades, con distintos énfasis, para que efectivamente toda la comunidad se sienta parte de este proceso”.

En ese contexto, valoró el trabajo realizado por el equipo de investigadores UAH, comentando que “estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido esta actualización hasta ahora, de la participación que hemos podido tener de los usuarios que, a través de la página del Ministerio del Deporte, han podido completar las encuestas en distintos momentos, y también a todo el trabajo que se ha hecho con la Universidad Alberto Hurtado, que está a cargo de este proceso, tanto a través de sus profesionales, de sus docentes y también de toda esta acción colaborativa para llevar adelante los diálogos en todas las regiones de nuestro país”.

Por su parte, el vicerrector Académico UAH, Eduardo Abarzúa, destacó el valor de políticas públicas de largo plazo que tengan la virtud de ser evaluadas como la política nacional del deporte, señalando que el trabajo realizado por la UAH es un aporte sustantivo a la credibilidad de la democracia y también al desarrollo del país. “Esta política pública, y su forma de gestión, coincide con nuestra visión de universidad. En el país, hacen falta políticas públicas de largo plazo, políticas públicas que, por ejemplo, en materia de Educación, en materia de Salud, no estén sujetas a cambios de acuerdo con los gobiernos de turno. En general, las leyes se formulan y rara vez tienen procesos de evaluación con la seriedad que está teniendo este proceso, que no solo incorpora una perspectiva tecnocrática de cifras, de datos, sino también de diálogos y participación ciudadana”, explicó.

En sus palabras, Eduardo Abarzúa recordó que desde la UAH se elaboraron propuestas constitucionales- presentadas en los dos procesos que ha vivido el país- en los que los énfasis estuvieron puestos en “instalar una separación más firme, más profunda, entre Gobierno y Administración. Cuando uno hace esta separación distingue no solo el tipo de funcionarios públicos -que son permanentes, que administran políticas de largo plazo- también se distingue que esa administración está a cargo de políticas públicas que trascienden a los gobiernos y que benefician al conjunto de la sociedad”.

El director del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios, Eduardo Saavedra, celebró no sólo la ejecución de este proyecto, sino también el desarrollo del seminario desde la mirada interdisciplinar del CiPP, conformado por académicos/as e investigadores/as de las facultades de Derecho, Economía y Negocios y Ciencias Sociales de la UAH. En ese sentido, hizo referencia a la larga trayectoria de la UAH en elaboración de propuestas de políticas públicas y la importancia de dialogar con quienes son los encargados de implementarlas.

“La Universidad Alberto Hurtado, desde su fundación, hace políticas públicas. Las y los académicos hacemos políticas públicas, pero en la medida que no dialoguemos con quienes las llevan a cabo, no dejan de ser un mero artículo, un mero libro, un mero trabajo intelectual”, señaló Saavedra en su presentación. Además, precisó que uno de los objetivos del CiPP es “acercar la academia hacia las personas, hacia quienes finalmente van a ser beneficiarios de las políticas públicas. Y eso, sin lugar a duda, es lo que buscamos también con estos encuentros”.

Al finalizar el encuentro, y a modo de cierre, el rector Cristián Del Campo SJ valoró la ejecución de este  proyecto particularmente porque trata de fundar bases para una política pública a largo plazo en una materia “absolutamente fundamental” como lo es, precisó, “el deporte y su facilitación y promoción en distintos espacios”.

“Para nosotros como Universidad es fundamental y es un privilegio sumarnos a este esfuerzo que nos convoca el Ministerio del Deporte desde distintas perspectivas. Por eso, que esté aquí participando no solo la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad, sino también el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, aporta perspectivas del derecho, de la economía y de las ciencias sociales”, expresó el rector. Además, Cristián Del Campo felicitó el trabajo participativo que ha caracterizado la ejecución del proyecto, pues contempla diálogos ciudadanos a nivel nacional, con un fuerte enfoque en la diversidad territorial y la inclusión de pueblos originarios. En esa línea, el rector UAH animó que “esta política siga siendo pensada con los actores, con las personas que conocen mejor los barrios, que conocen mejor las realidades de sus familias, que conocen los obstáculos, porque si no, podemos caer en el riesgo de crear algo muy bonito, pero que siga estando creado desde un cierto lugar que no está realmente vinculado con la gente. Los án

El próximo 29 de octubre, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado realizará el segundo encuentro del “Ciclo sobre Políticas Públicas” con el objetivo de socializar los primeros hallazgos del proceso de evaluación de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte.

El Departamento de Política y Gobierno y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) con el patrocinio del Ministerio del Deporte del Gobierno de Chile realizarán el próximo martes 29 de octubre el Seminario “Bases para la actualización de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte” donde se compartirán los hallazgos del proceso de evaluación de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte del Ministerio del Deporte, recogiendo opiniones y miradas de expertos y expertas que complementen un diagnóstico común para su actualización.

La jornada comenzará a las 09:00 horas en el Aula Magna en el Campus Patrimonial con una inauguración a cargo de las autoridades de la UAH, Jaime Pizarro Herrera, ministro del Deporte, Ignacio Cienfuegos, jefe de proyecto UAH-MINDEP e investigador CiPP, e Iván Castro, Jefe de la División de Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte.

El evento contará con dos paneles temáticos de conversación integrados por profesionales, especialistas y representantes de instituciones referentes para el desarrollo de la actividad física y deporte a nivel nacional. El primero, titulado » Actividad física y deporte en Chile, Estado actual, factores condicionantes y evolución de los hábitos y niveles de práctica en la población nacional«, contará con la participación de Lorena Moreno, Jefa de Gestión Deportiva de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa; Tito Pizarro, ex jefe de Políticas Públicas Saludables y Promoción en el Ministerio de Salud; Rodrigo Soto, director académico del Diplomado Internacional en Gestión y Políticas Públicas del Deporte en Universidad de Santiago; Raúl Urbina, presidente de la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física (ACHIPEF); Carolina Picasso, integrante del International Advisory Committee Special Olympics y del Consejo Asesor de Special Olympics Latin América; Carolina Leitao, alcaldesa de la comuna de Peñalolén​ y presidenta nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades; Juan Pablo Salgado, jefe de la división Actividad Física y Deporte en Instituto Nacional de Deportes de Chile; y la moderación a cargo de Carlos Matus, académico en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Mientras que el segundo panel titulado «Deporte de alto rendimiento en Chile: detección de talentos, sistemas competitivos y apoyos integrales a deportistas» contará con la presentación de Carolina Bergeon, directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa; Francisca Crovetto, directora de la Agrupación de deportistas de alto rendimiento de Chile y medallista olímpica; Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile; Sebastián Villavivencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile y seleccionado de basquetbol en silla de ruedas; María Loreto González, abogada del Comité Olímpico de Chile (COCH) y encargada de la Oficina por el Respeto en el Deporte del COCH; Carolina Gajardo, jefa del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento en el Instituto Nacional de Deportes de Chile; y la moderación a cargo de Jorge Silva, director de Deportes de la Universidad Católica de Chile.

Te invitamos a participar del Seminario “Bases para la actualización de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte”¡Inscríbete!

Nicolás Fleet aborda en una columna de opinión publicada en El Mostrador el caso de Marcela Cubillos y la cuantiosa cifra que recibió como remuneración en la Universidad del Desarrollo, señalando que se trata de una contratación política. 

En una columna publicada en El Mostrador, el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e , Nicolás Fleet, examinó el controvertido caso de los 17 millones mensuales que recibió como remuneración en la Universidad San Sebastián, la ex ministra de educación y actual candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes,  Marcela Cubillos. El académico plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en la política chilena y es taxativo en señalar que estamos en presencia de una contratación política y no, como ha querido instalar la defensa de Cubillos, de una cuestión de libertad de trabajo, de mercado o de enseñanza.

“Este caso no se trata de libertad comercial, de trabajo o libertad educativa, porque si así fuera se le pagaría a Cubillos un sueldo de mercado. Se trata de una contratación política, que obedece entonces a una decisión estratégica de esa universidad para posicionarse en el ámbito político o del Estado, seguramente con el propósito de obtener recursos de las redes políticas con las que se vincula”.

Sobre la autonomía de las universidades para, una vez acreditadas, acceder a fondos públicos para el financiamiento de la educación superior, el investigador del CiPP señala que es necesario discutir sobre las condiciones en que la educación cumple un fin público y cómo se asignan recursos públicos “más allá de la propiedad de la institución”.

En ese marco, Nicolás Fleet se pregunta si la política de remuneraciones “clara y transparente” que fue declarada por la Universidad San Sebastián en su última resolución de acreditación se corresponde con los fines públicos de la educación o es, en los hechos, una especie de lucro. “ … No obstante, una política de contratación y remuneraciones que se aparta de los fines académicos, para hacer cuantiosos e injustos pagos políticos, evidentemente que no es pública ni conocida, sino que opera de manera oculta y corrupta”, asegura el académico.

Por último, el académico plantea que es importante no retroceder en los avances en materia de calidad de la educación superior que se han alcanzado en las últimas décadas en Chile, señalando que “al menos no es aceptable que, invocando libertad o autonomía, una universidad se aparte de su misión y abuse de la confianza y recursos públicos”.

Te invitamos a leer la columna completa en El Mostrador aquí.

El director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH,,  Eduardo Saavedra, desglosó en el canal 24 horas las implicancias legales y económicas del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la colusión en licitaciones de casinos, resaltando la evolución de las multas y la eficacia de la delación compensada en la detección de estos delitos.

En una reciente entrevista en el canal 24 horas, el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Saavedra, analizó  el requerimiento realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra tres grandes cadenas de casinos (Dreams, Enyoy, y Marina del Sol) y contra cinco altos directivos de estas empresas  por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

Según explica Eduardo Saavedra, las empresas habrían acordado no competir en las licitaciones, asegurando que cada una supiera que las otras dos no participarían en las concesiones donde ya tenían presencia.

En palabras del Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, “Esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo.

El director académico del CiPP, Eduardo Saavedra, explicó en su entrevista que, a diferencia de casos anteriores, las multas ahora se calculan en función del daño causado, lo que podría resultar en sanciones más severas. “El castigo es mayor porque las colusiones anteriores estaban acotadas a un marco legal con multas máximas de 30.000 UTA, equivalentes a unos 22 millones de dólares. Ahora, las cifras están relacionadas con el doble de los beneficios obtenidos o una estimación de las ventas futuras”, detalló.

El decano también destacó la importancia de la figura de la delación compensada, que permite a una empresa involucrada en prácticas ilícitas colaborar con las autoridades a cambio de una reducción en las multas. Es un muy buen mecanismo para extraer información y ciertamente las empresas que se benefician de la suspensión compensada son aquellas que son capaces de aportar suficiente información como para lograr la condena de la otra empresa”, afirmó Saavedra.

La entrevista también abordó la complejidad del negocio de los casinos, que incluye no sólo las salas de juego, sino también restaurantes, conciertos y hoteles. Saavedra subrayó que las multas deben considerar los beneficios futuros esperados, ya que los ingresos actuales no reflejan el verdadero impacto económico de la colusión.

Finalmente, el director académico del CiPP enfatizó que será el tribunal quien determine la validez de las acusaciones y el monto de las multas, basándose en los cálculos de la Fiscalía y los argumentos de las empresas involucradas.

Te invitamos a ver la entrevista completa en 24 Horas:

En su reciente columna de opinión publicada en CIPER Chile, Miriam Henríquez entra al debate sobre la independencia judicial y  la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de jueces en Chile, a raíz de las deficiencias evidenciadas al interior del Poder Judicial en el caso Hermosilla.

Miriam Henríquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) analizó en profundidad el debate sobre el nombramiento de jueces en el Poder Judicial en una reciente columna publicada en CIPER Chile.

En la columna de opinión, titulada “Más allá del gobierno judicial: el debate por el nombramiento de los jueces”, la decana de la Facultad de Derecho sostiene que este proceso va más allá de las meras decisiones administrativas y plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y su relación con la política pública. “El problema que ha hecho evidente el Caso Hermosilla es distinto y radica en que el actual proceso de nombramiento de jueces se observa como opaco y permeable a las influencias políticas”, destaca en la columna.

La investigadora del CiPP enfatiza que el gobierno judicial no solo se trata de seleccionar a las y los magistrados, sino que implica una reflexión profunda sobre los principios que deben guiar este nombramiento. Miriam Henríquez hace un llamado a considerar el impacto que estas decisiones tienen en la percepción pública de la justicia.

A modo de conclusión, la investigadora del CiPP  señala que son varios los factores que ameritarían consideración ante una posible reforma al sistema de nombramiento de jueces.

En primer lugar, “el margen de discrecionalidad que corresponde a los órganos intervinientes». La académica señala que cualquier participación de la Corte Suprema, del Presidente de la República y del Senado ha de ser consistente con el principio de independencia judicial, tanto interna como externa.

En segundo lugar,, la investigadora del CiPP  señala que los estándares del procedimiento de nombramiento deben ser públicos, transparentes, conforme a criterios técnicos, objetivos y que valoren el equilibrio de género. Y, tercero,  destaca que un sistema de nombramientos respetuoso del principio republicano de la independencia no debe tender a recompensar los contactos políticos, sino la idoneidad, el mérito y la integridad de aquellos que resulten escogidos.

Miriam Henríquez concluye su columna con una reflexión sobre la necesaria independencia  e imparcialidad de las y los jueces “la selección de los magistrados debe asegurar que quienes son designados no sean deudores de favores, ni con quienes los nombraron ni con quienes, supuestamente, incidieron en sus nombramientos. Solamente así, cuando fallen un caso concreto, podrán decidir con independencia e imparcialidad”.

Te invitamos a leer la columna completa en Ciper Chile: https://www.ciperchile.cl/2024/09/21/mas-alla-del-gobierno-judicial-el-debate-por-el-nombramiento-de-los-jueces/

El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) organizó un coloquio multidisciplinario sobre la implementación de la Ley Karin y su impacto en la prevención del acoso laboral y sexual, abordando sus alcances, barreras y oportunidades en el sector público y privado. 

A dos meses y medio de la entrada en vigencia de la Ley Ley N°  21.643 que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo (conocida como Ley Karin), el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) organizó un coloquio transversal y multidisciplinario en torno a los alcances,  barreras y oportunidades que se abren con su implementación al interior de las organizaciones del Sector Público y Privado del país.

El coloquio “Ley Karin: Claves para una implementación efectiva”, realizado el martes 15 de octubre, es el primero del Ciclo sobre Políticas Públicas 2024. Estuvo presidido por la vicerrectora de Investigación y Postgrados de la UAH, Antonia Larraín; la decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, y el director de Vinculación con el Medio y Proyectos (VcM) de la Facultad de Economía y Negocios, Mauricio Araneda, en representación del director académico del CiPP, Eduardo Saavedra.

El evento se estructuró sobre la base de exposiciones de académicos y académicas de la UAH y el desarrollo del panel de reflexión “Ley Karin: ¿cómo nos preparamos?”, en el que participó Patricia Roa, oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para el Cono Sur; Karen Palma vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la  Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile),  Pablo Bobic gerente legal de  la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC; y Karin Schmidt, jefa de Cumplimiento Laboral de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP);

Al iniciar la jornada, la vicerrectora Antonia Larraín dio la bienvenida, señalando que temas como los planteados en la Ley Karin son de interés para una universidad como la Alberto Hurtado que está enfocada en el bien común y que busca incidir en políticas públicas orientadas a ese objetivo. En esa línea, relevó la importancia de realizar este debate desde una mirada multidisciplinaria: Porque estamos comprometidos, en distintas áreas: del Derecho, Psicología, Economía, Sociología, Filosofía, etc. con poner fin a la hostilidad en el mundo del trabajo […]. La aspiración, es que, en el mundo del trabajo, ojalá también fuera de él, todas las personas nos podamos sentir trabajando libre de hostilidades, erradicando la violencia de cualquier tipo, especialmente la violencia de género”.

Asimismo, se refirió a los cuatro cursos modulares de Educación Continua que ha diseñado la UAH en torno a la Ley Karin y su implementación. Se trata de mallas académicas “…del más alto nivel”, subrayando que están diseñadas también bajo un enfoque multidisciplinario más allá de lo meramente jurídico.

En representación del director académico del CiPP, Mauricio Araneda también relevó a las y los  académicos de la UAH que están trabajando en materias vinculadas directamente al mundo del trabajo aportando miradas múltiples. Como ejemplo de materias abordadas, está la asistencia técnica de la UAH a un estudio en torno a la implementación del Convenio 190 de la OIT  (Convenio sobre erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo), realizado en el contexto de la alianza entre  la CUT Chile y la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción CCh, cuyos resultados serán presentados en el Coloquio por el profesor Nicolás Barrientos.

Es por ello que puso énfasis en este esfuerzo institucional: “…que combina dos actos: crear conocimiento e incidir en las políticas públicas, en la cual nosotros acompañamos y hacemos esta sinergia entre lo que hacemos como universidad y la interacción que tenemos nosotros con el medio. Y eso es lo que nos hace una universidad compleja y también completa”.  

Exposición Ley Karin y cursos online de Educación Continua 

Las académicas Victoria Martínez de la Facultad de Derecho de la UAH y Magdalena Ahumada de la Facultad de Psicología de la UAH presentaron un panorama general de la Ley Karin y el enfoque interdisciplinar de los cuatro cursos virtuales y sincrónicos que la Universidad ha desarrollado al respecto.

Dicha normativa, señalaron, marca cuatro hitos relevantes toda vez que incorpora: perspectiva de género en las relaciones laborales; nuevas definiciones de acoso y violencia; régimen unificado para el Sector Público y Privado y nuevas obligaciones para los empleadores en materia de prevención y medidas de resguardo. Este último lo destacaron especialmente porque: “Tiene el potencial de transformar la cultura organizacional y las relaciones de género en el trabajo”.  

La propuesta de la UAH, coordinada por el  CiPP, para abordar el problema de la violencia en el trabajo se funda en un enfoque interdisciplinar: Porque se trata de un fenómeno complejo que requiere del análisis y los aportes de distintas disciplinas. Nuestro compromiso es contribuir a la construcción de espacios laborales seguros, respetuosos, dignos, fundados en relaciones laborales que integren a todas las personas, a hombres y mujeres”.  

Por su parte, el académico de la FEN e investigador del CiPP, Nicolás Barrientos, expuso sobre “Diseño y validación de una escala de percepción de factores claves para la prevención del acoso en el trabajo”. Se trata de una investigación en el marco de los estudios que está realizando la alianza CUT Chile – CChC, con el apoyo técnico de la FEN, sobre las implicancias de la Ley Karin y el Convenio 190 de la OIT.

En palabras de Nicolás Barrientos, las conclusiones son fruto de la: Recolección de toda la literatura sobre acoso desde año 1999 a la fecha, que demuestra que va creciendo la preocupación académica en distintas partes del mundo.  Por otra parte, respecto al análisis factual de los datos, construí un modelo teórico, que explica una realidad a partir de parámetros matemáticos y estadísticamente confiables. A partir de eso, obtener las dimensiones más importantes, en este caso, para empleadores del Sector Público, empleadores del Sector Privado, trabajadores del Sector Público y trabajadores del Sector Privado, a la hora de comprender el fenómeno del acoso y cómo prevenirlo”.  

El análisis exhaustivo permitió identificar y confirmar: “Tres dimensiones claves, fundamentales para la prevención del acoso en el lugar de trabajo: aspectos institucionales, normativos y sociales”.

Finalmente, el panel titulado “Ley Karin: ¿Cómo nos preparamos?” abordó los principales desafíos, resistencias y oportunidades que implica la implementación de la Ley Karin en las empresas y organizaciones del sector público y privado. En el panel que fue moderado por la profesora Constanza Montecinos, los representantes de  de la Central Unitaria de Trabajadores, Empresa Nacional del Petróleo, Confederación de la Producción y el Comercio, y Organización Internacional del Trabajo,  discutieron estrategias para enfrentar las barreras culturales y estructurales, destacando la importancia de promover un entorno laboral respetuoso y libre de acoso. Además, se resaltaron las iniciativas exitosas y buenas prácticas que pueden servir como modelo para otras instituciones, subrayando la necesidad de un compromiso continuo y una capacitación constante para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa.

El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado organizó un coloquio multidisciplinario para analizar la implementación efectiva de la Ley Karin en las organizaciones y empresas chilenas.  A través de un panel de conversación, se analizaron los desafíos que representa la implementación de la Ley  desde la mirada de las y los trabajadores y empleadores y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En el marco del Ciclo sobre Políticas Públicas 2024, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado(UAH) realizó el pasado 15 de octubre un coloquio  para conversar y debatir sobre las claves para una implementación efectiva de la ley Karin en la cultura de organizaciones y empresas en Chile.

El evento contó, en su parte inicial, con exposiciones de académicos y académicas de la UAH y finalizó con un panel de discusión titulado “Ley Karin: ¿Cómo nos preparamos?”, donde representantes de las y los trabajadores y empleadores, junto a la Organización Internacional del Trabajo, dialogaron y plantearon importantes reflexiones y recomendaciones.

En dicha reflexión estuvieron presentes  Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT); Pablo Bobic, gerente legal de, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Patricia Roa, oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur (OIT); y Karin Schmidt, jefa de Cumplimiento Laboral de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

El panel moderado por la académica Constanza Montecinos,  abordó los principales desafíos, resistencias y oportunidades que implica la implementación de la Ley Karin en las empresas y organizaciones del sector público y privado. En ese sentido, las y los expertos discutieron sobre la importancia de crear protocolos efectivos de prevención y respuesta, la necesidad de una cultura organizacional que valore la igualdad y el respeto, y las estrategias para superar las barreras culturales y estructurales que aún persisten.

Ley Karin, ¿cómo nos preparamos?

En la actualidad,  45 países, de los 187 estados-miembros,  han ratificado el Convenio 190 (adoptado por la OIT en el 2019) incluido Chile, tras rubricarlo el año pasado. En ese sentido, Patricia Roa comentó en el panel que Chile puede nutrirse de estas experiencias internacionales en torno a cómo ha sido su implementación y cumplimiento.

A propósito del procedimiento de la OIT respecto a la Memoria, que anualmente cada país debe presentar informando sus  avances en el  cumplimiento de los convenios ratificados (en la que quedan registradas también las opiniones de trabajadores y empleadores), Patricia Roa de la OIT aseguró que Chile tiene una ventaja, que es la de contar, por ejemplo, con la Ley Karin, puntualizando eso sí que esta norma legislativa, no es una ley que haya sido aprobada en el Congreso Nacional para dar cumplimiento al Convenio 190.“ … es una  moción parlamentaria que estaba siendo tramitada al mismo tiempo que la ratificación y que cumple parcialmente, en aspectos bien sustantivos, la obligación del Convenio 190”.  

El objetivo del Convenio, explicó: “busca animar un nuevo tipo de convivencia  en el mundo del trabajo que se funde en el respeto y en la solución pacífica de nuestras diferencias”. No obstante, hizo hincapié en la alta complejidad de las relaciones laborales pues, finalmente, son relaciones humanas.

Es por ello que, subrayó, una de las dimensiones más importante para su implementación es tener en cuenta los aspectos sociales que se expresan al interior de las empresas y organizaciones: “Es allí donde se juega la vida de este convenio. Y si al interior de los lugares de trabajo, los distintos mecanismos que la Ley Karin obliga no se hacen parte de la convivencia laboral, va a ser muy difícil de que esta ley traiga paz”, agregando que el desafío es poner al mismo nivel de importancia las relaciones laborales libres de violencia y acoso con las materias salariales y de condiciones laborales.

Por su parte, Karen Palma de la CUT partió agradeciendo el aporte de la UAH, a través de la FEN, en relación a las investigaciones que forman parte de los estudios sobre el Convenio 190 y la Ley Karin, que está realizando la multisindical en alianza con la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción.

Uno de los elementos que destacó de ambas normativas es que también han contribuido a instalar al interior de las organizaciones sindicales el debate sobre la violencia y acoso laboral y sexual, sumándose con fuerza a las tradicionales demandas de mejoras salariales y jornada laboral, siendo las sindicalistas las principales propulsoras de ello. Recordó que la Ley Karin surgió a raíz del trágico caso de una trabajadora de la salud – Karin Salgado- que se suicidó tras sufrir maltrato laboral prolongado en el tiempo.

Un desafío ha sido también el sortear con seriedad la caricaturización que se ha hecho sobre las conductas que se consideran como violencia y acoso laboral y sexual. Entre otros desafíos, planteó, además, la necesidad de aumentar los recursos para la implementación de estas normas, sobre todo en materia de prevención y educación; fortalecer a la DT en su capacidad de fiscalización de estas normativas; en el ámbito del Sector Público, revisar de manera crítica el actual sistema de denuncias y sumarios administrativos y revisar el Convenio 190 respecto de lo que no está incorporado en la Ley Karin.

Por su parte, Karin Schmidt de ENAP contó que la empresa se ha ido preparando “a paso seguro” con normativas y directrices legislativas. Desde el 2014 cuenta con protocolos de investigación interna: “Entonces para nosotros, dentro de la cultura de la empresa, no era una novedad esto de contar con un procedimiento de investigación interno; lo que sí para nosotros fue una novedad, de cierta manera, es el protocolo de prevención que lo vamos a lanzar ahora”.

Un trabajo que ha sido bien participativo pues: “No quisimos imponer un documento, sino que lo preparamos, lo conversamos con todas las unidades de negocio para que todos se sintieran parte y de ahí comenzar a hacer el cambio cultural, que para nosotros es bien importante”; se dialogó también con los sindicatos y federaciones sindicales de ENAP. Uno de los desafíos de la empresa es la brecha generacional: “Tenemos gente muy antigua que tiene 35 años de servicio en la empresa versus gente nueva, con un trato y una forma de ver la vida totalmente distinta y eso es difícil de abordar para llegar a un punto de encuentro”.  

También realizaron jornadas de capacitación teórica y práctica con ejemplos de casos reales, donde se daba la discusión de si eran o no una conducta violenta o de acoso laboral. Además, diseñaron dípticos, publicación en la revista corporativa, un podcast y afiches.

Finalmente, Pablo Bobic de la CPC afirmó que la Ley Karin: “Es una ley que tiene que ver con un cambio cultural profundo, tiene que ver con la forma cómo nos tratamos como sociedad en general y en particular al interior de las empresas […], lo que se consideraba tolerable y aceptable en alguna generación, en algún momento, ahora en muchos casos, sencillamente, ya no es aceptable”.

En su intervención, Bobic puso  el acento en la cultura de la prevención que promueve esta ley, argumentando que, desde esa mirada, la Ley: “Hace ciertos requerimientos a todas las empresas: grandes, medianas y pequeñas; públicas y privadas […] Todas tienen que tener protocolos preventivos y tienen que, de alguna manera, señalar cuáles son esas conductas riesgosas y no deseadas, un marco mínimo”. También citó como tarea la implementación de canales de denuncias en cada organización y procedimiento de investigación. Muchas empresas se han asesorado con mutuales, el ISL o la Suseso.

Recalcó que cada empresa, casa sector productivo: “Es muy particular, no es lo mismo lo que pasa en un lugar que lo que puede pasar en otro”. Y, desde el punto de vista de la relación: “Con los sindicatos, con los trabajadores individuales, con todos, es crear muchas instancias de diálogo. Es imposible para grandes empresas, para grandes organizaciones, pero también en general para todos, imaginarnos lo que a los otros les está pasando si no les preguntamos, por qué hacemos un protocolo, resguardamos las cosas que nos parecen evidentes, pero muchas veces se ocultan situaciones que tienen que ver con el día a día”.  

El coloquio concluyó con un llamado a la acción hacia las empresas y organizaciones,  por parte de todas y todos los panelistas,   instándolas a adoptar medidas concretas para cumplir con la Ley Karin y mejorar las condiciones laborales en Chile.

A dos meses de su aplicación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Mintrab) entregó el primer balance de la Ley Karin: entre el 1° y 31 de agosto se interpusieron 4.820 denuncias, de las cuales  3.844 corresponden al sector privado y 976 al sector público. Las autoridades han insistido en que el foco de la aplicación de esta ley está puesto en la prevención; en esa línea, en igual período, se realizaron  1.852 atenciones bajo el programa de Atención Psicológica Temprana (APT) considerado en la normativa (un 73,3% de las ATP corresponde a mujeres; 80,6% de las atenciones fueron por acoso laboral; 13,2% por violencia en el trabajo y 6,2% por acoso sexual.); entre el 1° y el 15 de septiembre se realizaron 1.170 APT: 80,3% por acoso laboral; 15,5% por violencia en el trabajo y 4,3% por acoso sexu

El próximo 15 de octubre, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado realizará el primer coloquio del “Ciclo sobre Políticas Públicas” para conversar sobre las claves para una implementación efectiva de la Ley Karin en la cultura de organizaciones y empresas. El panel de discusión contará con representantes de la CUT, OIT, CPC y ENAP.

El próximo 15 de octubre, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) llevará a cabo un coloquio para discutir y reflexionar sobre la Ley Karin y las nuevas exigencias para las empresas y organizaciones en su implementación efectiva.

Este evento contará con la participación de Karin Palma, vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT); Pablo Bobic, gerente legal de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC);  Patricia Roa, oficial de programación de la OIT para el cono sur; y Karin Schmidt, jefa de Cumplimiento Laboral de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). El panel abordará los principales desafíos, resistencias y oportunidades que implica la implementación de la Ley Karin en las empresas y organizaciones del sector público y privado.

La jornada comenzará a las 09:00 horas en el Auditorio Manuel Larraín en el Campus Patrimonial con una inauguración a cargo de las autoridades de la UAH. A continuación, Victoria Martínez, directora del Programa “Derecho y Cuidados” de la Facultad de Derecho, y Magdalena Ahumada, académica de la Facultad de Psicología, presentarán un panorama general de la Ley Karin y el enfoque interdisciplinar de los cuatro cursos virtuales y sincrónicos que la universidad ha desarrollado al respecto.

Posteriormente, el académico Nicolás Barrientos, de la Facultad de Economía y Negocios e investigador del CiPP, presentará los resultados del working paper titulado “Diseño y validación de una escala de percepción de factores claves para la prevención del acoso en el trabajo” con el objetivo de presentar evidencia reciente sobre una de las problemáticas que aborda la Ley.

Finalmente, se abrirá un panel de conversación para analizar los desafíos que representa la implementación de la Ley en las empresas y organizaciones, desde la mirada de las y los trabajadores y empleadores y de la Organización Internacional del Trabajo.

Te invitamos a participar del “Coloquio Ley Karin: Claves para una implementación efectiva” inscribiéndote desde el siguiente formulario: ¡Inscríbete!

La Universidad Alberto Hurtado y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) han lanzado una serie de cursos virtuales y sincrónicos enfocados en la implementación de la Ley Karin, con el objetivo de disminuir las brechas de género y prevenir la violencia en el trabajo.

La Universidad Alberto Hurtado (UAH), a través de su Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, ha lanzado una innovadora serie de cursos modulares, virtuales y sincrónicos enfocados en la implementación de la Ley Karin (Ley N°21.643). Los cursos tienen un enfoque integral e interdisciplinario y abordan tanto el cumplimiento de la Ley como la incorporación de la perspectiva de género en las relaciones laborales y otros aspectos de la salud laboral,y serán dictados por  académicas y académicos de las Facultades de Derecho, Psicología, y Economía y Negocios de la UAH.

De esta manera, son  cuatro cursos que abordan distintos aspectos de la Ley Karin que se centran en la transformación organizacional, poniendo especial énfasis en la prevención de la violencia en el trabajo y en la perspectiva de género en todas las etapas de la implementación de la nueva ley. El programa de contenidos está diseñado para proporcionar herramientas prácticas y teóricas que permitan a las organizaciones públicas y privadas adaptarse a las nuevas normativas y políticas públicas, promoviendo ambientes laborales más equitativos y libres de violencia.

Los cuatro cursos, que ya tienen sus matrículas abiertas, se desarrollarán de manera 100% virtual y sincrónica, y proporcionarán una comprensión completa de la nueva legislación, en línea con el Convenio N°190 de la OIT. Además, ofrecerán herramientas prácticas para su implementación en el sector público y privado. Otro aspecto innovador es el enfoque modular de la oferta, que significa que cada curso puede tomarse en forma independiente, o bien como parte de un curso mayor, denominado:  “Ley Karin: Aspectos clave para su implementación y transformación efectiva en organizaciones”.

Cursos con matrícula abierta:

  1. Ley Karin: Nuevos desafíos y perspectiva de género en organizaciones y empresas. 16 horas / 100% sincrónico virtual
  2. Ley Karin: Aspectos legales para su implementación. 16 horas / 100% sincrónico virtual
  3. Ley Karin: Abordaje de la violencia laboral desde un enfoque de salud y bienestar en las organizaciones. 16 horas / 100% sincrónico virtual
  4. Ley Karin: Aspectos clave para su implementación y la transformación efectiva en las empresas y organizaciones. 44 horas / 100% sincrónico virtual

Para más información sobre los cursos y cómo inscribirse, visita el siguiente enla

El investigador del CiPP y académico de la FEN de la UAH publicó artículo académico en la revista Observatorio Económico con un análisis sobre cómo la acreditación influye en el rendimiento financiero de las universidades chilenas.

Nicolás Barrientos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH),  publicó un artículo en la edición 191 de la revista Observatorio Económico de la FEN que examina las diversas fuentes de financiamiento de las universidades y discute cómo una buena acreditación puede mejorar el rendimiento financiero.

El estudio titulado “Desempeño financiero de las universidades chilenas y sus niveles de acreditación” revela que una acreditación sólida facilita el acceso a financiamiento tanto público como privado, atrae a estudiantes y académicos de alto nivel, y promueve una gestión eficiente de los recursos. Asimismo, resalta que la acreditación se ha vuelto un diferenciador social clave, ya que el prestigio asociado influye en la elección de una institución educativa por parte de las personas.

Finalmente, el investigador del CiPP concluye en el artículo que existe una retroalimentación positiva entre la acreditación y el rendimiento financiero, generando un ciclo virtuoso de mejora continua en las instituciones de educación superior.

Para más información sobre este artículo, visite el sitio de la Revista Observatorio Económico.

Miriam Henríquez, junto a decanas y decanos de diversas facultades de Derecho, destacan la importancia de la integridad y la ética en la formación de futuros abogados, en una reciente carta al director en respuesta a recientes casos de tráfico de influencias en la Corte Suprema.

En una reciente carta al director publicada en El Mercurio, Miriam Henríquez, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), junto a varios decanos y decanas de diversas facultades de Derecho del país, expresaron su preocupación por los casos de tráfico de influencias que involucran a miembros de la Corte Suprema. Las y los decanos subrayaron que estos incidentes socavan los principios fundamentales del Estado de Derecho y generan dudas sobre la imparcialidad de la justicia.

Asimismo, en la carta firmada también por las y los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad Austral de Chile (UACh), Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad Diego Portales (UDP), Universidad de los Andes (UANDES) y Universidad del Desarrollo (UDD),  enfatizaron que las decisiones del tribunal más alto del país, ya sea en nombramientos de autoridades o en la adjudicación de causas, no deben depender de las conexiones personales de los candidatos con los jueces, sino de su mérito y las razones presentadas en los procesos judiciales. Advirtieron que permitir que las redes de influencia afecten estas decisiones puede ser devastador para la justicia.

Además, las y los decanos destacaron la responsabilidad de las facultades de Derecho en la formación de futuros abogados y abogadas, inculcando valores de integridad y ética profesional. Señalaron que la credibilidad de este mensaje es crucial para asegurar la calidad de la justicia en el futuro.

Finalmente, hicieron un llamado a las instituciones para que reaccionen de manera seria y transparente ante estos hechos, restaurando el valor de la probidad y la imparcialidad en la justicia. “Las facultades de Derecho estamos disponibles para aportar en esta urgente tarea”, concluye la carta.

El Núcleo Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM) busca entender el impacto de las políticas de conciliación laboral y familiar en Chile. En conversación con el CiPP, el académico Camilo Sembler destaca la importancia del trabajo de investigación interdisciplinar que se realizará en el proyecto seleccionado en el Concurso Núcleo Milenios de Ciencias Sociales 2024.

El pasado 20 de agosto, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa, anunció los resultados del Concurso Núcleos Milenios de Ciencias Sociales 2024. En esta convocatoria, tres proyectos fueron adjudicados a investigadores del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Una de las iniciativas seleccionadas es el Núcleo Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM).

Camilo Sembler, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, junto a la académica Julieta Palma del Departamento de Sociología, forman parte del Núcleo Milenio LABOFAM. Este proyecto busca estudiar si las políticas implementadas para conciliar la vida laboral, familiar y personal en Chile generan cambios en las relaciones laborales, como la satisfacción laboral y la disposición de los trabajadores y trabajadoras a participar en sindicatos, así como en la vida familiar de estos.

En conversación con el CiPP, Camilo Sembler compartió sus perspectivas sobre la importancia de este proyecto y los desafíos que tendrá el analizar los efectos de las nuevas leyes chilenas sobre conciliación de vida laboral y familiar, y la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Sembler destacó que Esto funciona como una suerte de laboratorio, porque nos permite mostrar qué efectos son los más inmediatos que generan estas políticas en sociedades como la chilena”.

Primero, cuéntame sobre quiénes integran el proyecto

Este proyecto es un Núcleo Milenio en Política laboral, Vida familiar y Colectiva (LABOFAM) que reúne a investigadores e investigadoras de distintas disciplinas. En el proyecto participan académicos y académicas de la Universidad de Chile, de Valparaíso, de Talca y de nuestra universidad. Está dirigido por Pablo Pérez, que es sociólogo y académico de la Universidad de Chile, y la directora alterna es Julieta Palma, académica del departamento de sociología de la UAH. El resto de las y los académicos participamos como investigadores principales en las distintas líneas del proyecto.

¿Y cuál es el objetivo principal del proyecto?

El objetivo del proyecto está orientado a investigar las políticas recientes de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Por ejemplo, en Chile las políticas que se han implementado en ese ámbito son la reducción de la jornada laboral, que ha ido avanzando progresivamente, y políticas de teletrabajo. Entonces, lo que nosotros queremos investigar en el núcleo es el impacto de esas políticas sobre tres ámbitos principales.

¿Cuáles son esos tres ámbitos?

El primero es el ámbito de las relaciones laborales. Hay toda una discusión sobre estas políticas, las cuales pueden tener consecuencias positivas y negativas. Alguna literatura muestra en términos positivos que se mejora el bienestar de las y los trabajadores, hay mayor satisfacción con el trabajo, también mayor posibilidad de ajustar horarios, etcétera. Pero hay otros efectos que han sido menos investigados, pero alguna literatura también ha mostrado. Por ejemplo, si el teletrabajo puede afectar la sindicalización de los trabajadores y la participación en el ámbito laboral, o generar un efecto de des-socialización, porque de algún modo se pierde el vínculo con el trabajo.

Hay una segunda línea donde yo participo más directamente, que son el impacto de estas políticas sobre la vida familiar, particularmente en aspectos como las pautas de distribución del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados o su impacto sobre las relaciones familiares.

Y una tercera línea llamada vida colectiva, donde investigamos el impacto de estas políticas sobre la participación colectiva, política o comunitaria de los trabajadores. Entonces, el proyecto es una apuesta de dar seguimiento a estas políticas que en Chile recién se están comenzando a implementar y explorar sus consecuencias.

¿Cuál será la metodología para realizar el trabajo en esas tres líneas?

El proyecto tiene una estrategia multi-método, con una dimensión cuantitativa y cualitativa. Vamos a trabajar una encuesta longitudinal que se va a aplicar, en distintos momentos del tiempo, a un grupo de trabajadores y trabajadoras que estén participando de estas políticas, y a un segundo grupo que no esté participando o siendo parte  de estas políticas, para ver así los posibles efectos de las recientes políticas. También hay una dimensión cualitativa que busca explorar más profundamente los efectos en la vida cotidiana en un subgrupo de trabajadores y trabajadoras. Por eso se trata de una suerte de laboratorio, pues las políticas a investigar recién se están implementando en Chile. Eso es una de las novedades y desafíos del proyecto

¿Cuáles crees que serán los principales resultados del trabajo de laboratorio?

No existe aún abundante literatura sobre este tipo de políticas, pues en general son recientes. Además, la mayoría de la evidencia disponible se refiere a sociedades industrializadas. Así, algo también interesante del proyecto es explorar cómo funcionan estas políticas en sociedades como la chilena, donde el peso de la desigualdad social es distinto o las desigualdades de género tienen otro carácter.

¿Qué aspectos han identificado como Núcleo sobre las políticas implementadas para conciliar la vida laboral, familiar y personal?

En general, lo que podría decir es que en Chile fueron iniciativas que lograron generar consenso entre los actores políticos, también por distintos motivos. Algunos pensando que son leyes que contribuyen a flexibilizar el trabajo, otros pensando en que otorgan mayor autonomía a las y los trabajadores. Pero, en general, lo que uno ve con este tipo de políticas es que hasta ahora no es del todo claro cuáles son los efectos reales que van a tener, precisamente porque son novedosas.

Por ejemplo, desde que se aprobaron las 40 horas se abrió toda esta discusión de cómo implementar la ley. A fin de cuentas, todas estas políticas dependen mucho del poder que tengan las y los trabajadores para negociar los términos de su implementación.

¿Y a partir del trabajo de investigación se obtendrán resultados sobre la implementación de esas políticas?

Eso es un aspecto interesante y bien novedoso del proyecto. De algún modo, vamos a ir recogiendo resultados a medida que estas leyes se van implementando. Por eso esto funciona como una suerte de laboratorio, porque nos permite mostrar qué efectos son los más inmediatos que generan estas políticas en sociedades como la chilena, por ejemplo, con bajas tasa de sindicalización, con derechos de participación laboral bastante reducidos, con desigualdades de género muy marcadas, con todos esos rasgos particulares.

¿Crees que en Chile se construyen políticas públicas adecuadas a la realidad de la sociedad? 

Depende mucho de los actores que participan en la construcción de esa política. En Chile también hemos tenido una cierta tendencia a construir políticas que sobre representan la voz de algunos actores y no de otros. Por ejemplo, sectores que consiguen más incidencia en la agenda pública o también el lugar de los expertos y las expertas que, por cierto, tienen una voz muy importante cuando se hacen políticas. Yo diría que, en el último tiempo, este gobierno ha intentado avanzar en construir una agenda que incorpore distintas voces. Pienso, por ejemplo, en la propuesta del sistema de cuidados. Eso contribuye no solamente a la mayor pertinencia que tienen las políticas públicas, sino también a su legitimidad.

Finalmente, ¿podrías explicar cómo se llevará a cabo el trabajo interdisciplinario en esta investigación?

Si bien cada uno de nosotros viene de disciplinas distintas, y de focos temáticos distintos, lo interesante del proyecto es realizar una articulación. Muchas veces estas políticas públicas tienen efectos contradictorios en distintas esferas. Es decir, puede tener un efecto positivo en el ámbito laboral, y un efecto no tan positivo o ambivalente en la esfera doméstica. Entonces, por eso el desafío es intentar mirar los efectos en su simultaneidad, con un trabajo interdisciplinario y con un manejo más integral.