Eduardo Abarzúa, investigador del CiPP y vicerrector académico de la UAH, fue entrevistado por la periodista Mirna Schindler en el programa AlPanPan de El Mostrador, donde analizó la desvinculación temprana de Isabel Amor del Sernameg desde una debilidad de origen del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
En el programa ALPanPan de El Mostrador, Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue entrevistado por la periodista Mirna Schindler para conocer su opinión sobre el caso de la profesional Isabel Amor, quien fue desvinculada 48 horas después de haber asumido como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) de la Región de Los Ríos por la causal de “pérdida de confianza”.
En la entrevista, Eduardo Abarzúa es taxativo cuando señala que “este caso agrava un problema de origen del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP)”.
El académico explica que con el sistema de ADP las personas son seleccionadas a través de un largo proceso basado en el mérito, pero son desvinculadas sin que la autoridad esté obligada a expresar causas que estén vinculadas con su desempeño. Desde el día en que son nombradas quedan sujetas a la exclusiva confianza de la autoridad, facultad que es y ha sido aplicada con total autonomía.
Además, el vicerrector académico de la UAH explica que existen datos que comprueban que, al término del primer año de gobierno, en cada uno de los cambios de coalición, el 40% de las y los directivos de primer nivel han sido desvinculados, y esa cifra llega al 60% en el segundo año.
Sobre la situación de la profesional Isabel Amor, Eduardo Abarzúa comenta que se trata de la “extralimitación de una facultad que la ley ha dado a las autoridades”. Asimismo, explica que los datos comprueban que se trata de una facultad que es utilizada y es uno de los déficit de la reforma.
En países más avanzados en estos temas, a los directivos públicos, “se les pide neutralidad política y lealtad con el ejecutivo. No se les pide que adhieran a temas que no son medibles”.
El investigador del CiPP señala que la situación de Isabel Amor, como también algunos de los elementos que han aparecido en el caso “Hermosilla”, hacen urgente la necesidad de una reforma del sistema de ADP. Recuerda que, en los dos procesos constitucionales, integró algunos de los grupos que presentaron propuestas en esta dirección.
Para Eduardo Abarzúa, existe suficiente evidencia que indica que las y los directivos públicos deben ser nombrados y desvinculados por razones de mérito y desempeño, y no por exclusiva confianza. Es decir, “un directivo público sólo debería ser removido por razones vinculadas con el incumplimiento a su convenio de desempeño”, concluye.
Si quieres escuchar la entrevista completa, puedes hacerlo en el siguiente enlace:
La investigadora del CiPP y académica de FACSO, María Paz Trebilcock, aborda la preocupante situación de las extorsiones en los campamentos y critica la falta de intervención estatal, destacando el impacto negativo en las comunidades más vulnerables, en su reciente columna de opinión publicada en CIPER Chile.
En una columna de opinión, titulada “Extorsiones en campamentos y ausencia del Estado”, María Paz Trebilcock, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), e investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VIODEMOS), expone la realidad sobre los asentamientos informales en Chile y la urgencia de que el Estado se haga presente y aborde integralmente la emergencia que afecta a miles de familias en los campamentos del país.
La investigadora del CiPP identifica que “la falta de disponibilidad de suelo, la imposibilidad de acelerar los procesos constructivos, la ausencia de gestión y el mal uso de fondos que se traspasaron a organizaciones sin experiencia han mostrado la falta de prolijidad con la que se ha trabajado en los asentamientos informales”. Además, María Paz Trebilcock señala que a partir de la “ausencia estatal” las extorsiones se han convertido en una práctica común, donde los grupos delictivos imponen pagos a los residentes a cambio de “protección”, generando un clima de miedo e inseguridad”.
Sobre la base de los problemas que enumera en su reflexión, la investigadora critica la falta del Estado y la ausencia municipal en estos asentamientos, argumentando que la falta de intervención y apoyo deja a los habitantes desprotegidos y a merced de estos grupos criminales. Esta situación, según Trebilcock, no solo afecta la seguridad de las familias, sino que también tiene un impacto devastador en la cohesión social y la calidad de vida de los residentes.
Finalmente, la académica hace un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas concretas y efectivas para proteger a estas comunidades y “territorios olvidados”. Insiste en la necesidad de una presencia estatal robusta que garantice la seguridad y el bienestar de los habitantes de los campamentos a través de un abordaje integral de la emergencia de los asentamientos informales en Chile.
Para conocer más detalles, te invitamos a leer la columna completa de la investigadora María Paz Trebilcock en CIPER, desde el siguiente enlace.
Un equipo interdisciplinario en el que participa el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Derecho UAH, Hugo Rojas, que busca preservar y analizar documentos y archivos históricos de derechos humanos mediante el uso de inteligencia artificial, publicó su primer artículo académico en el marco de esta iniciativa
En el marco del proyecto denominado “Nuestra MemorIA: Inteligencia Artificial y Archivos de Derechos Humanos” que lleva a cabo un equipo interdisciplinario en el que participa Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VIODEMOS), se publicó el primer artículo académico titulado “Creación automática de grafos de conocimiento a partir de documentos históricos: La dictadura chilena como caso de estudio”.
En esta publicación, tras un año de investigación, se exploran las posibilidades y desafíos de aplicar tecnologías avanzadas en el campo de los derechos humanos. El artículo explica la construcción automática de grafos de conocimiento a partir de documentos históricos sobre la dictadura en Chile (1973-1990) y que se encuentran disponibles en Memoria Viva.
En conversación con la Facultad de Derecho UAH, el académico Hugo Rojas señaló que “estos hallazgos son una contribución importante para la próxima realización de proyectos similares de investigación interdisciplinaria en los que participen equipos de las humanidades, ciencias sociales e ingeniería, con la intención de aprovechar al máximo el potencial de los archivos de derechos humanos en los procesos de justicia transicional”.
En un esfuerzo por preservar la memoria histórica de la época de la dictadura chilena y avanzar en la justicia transicional, el proyecto “Nuestra MemorIA: Inteligencia Artificial y Archivos de Derechos Humanos”, tiene como objetivo principal la digitalización y análisis de archivos de derechos humanos utilizando herramientas de inteligencia artificial para desarrollar innovadoras técnicas especialmente creadas para el análisis de documentos históricos y archivos sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Chile.
El enfoque de este proyecto no solo facilitará el acceso a la información, sino que también contribuirá a la creación de una base de datos robusta y accesible para la realización de proyectos similares de investigaciones interdisciplinarias y procesos judiciales.
El equipo de investigadores está compuesto por las y los académicos Camila Díaz (Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, IMFD), Jocelyn Dunstan (Pontificia Universidad Católica de Chile PUC-IMFD), Lorena Etcheberry (U. De la República de Uruguay), Antonia Fonck (PUC), Alejandro Grez (U. De la República de Uruguay), Domingo Mery (PUC-IMFD), Juan Reutter (PUC-IMFD) y Hugo Rojas (Derecho UAH-VioDemos-IMFD)..
Un reciente estudio realizado por investigadores e investigadoras de la Universidad del Desarrollo, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Alberto Hurtado, en el que participó la investigadora del CiPP, Amaranta Alfaro, ha arrojado luz sobre las consecuencias del ciberodio en las prácticas informativas de las comunidades migrantes en Chile.
Bajo la premisa de que el odio en línea representa una amenaza para la convivencia, y comprender sus efectos es crucial en un mundo cada vez más digital, un equipo de investigadores de las Universidades del Desarrollo, Andrés Bello y Alberto Hurtado, que contó con la participación de Amaranta Alfaro, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), llevó a cabo un estudio sobre cómo la hostilidad en línea afecta el consumo informativo de las personas migrantes en Chile.
En el proyecto también participaron Nairbis Sibrian Díaz y Juan Carlos Núñez, ambos de la Universidad del Desarrollo; y Vanessa Zúñiga de la Universidad Andrés Bello.
La investigación titulada “Evitación mediática en respuesta al ciberodio hacia personas migrantes en Chile”, fue financiada a través de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad del Desarrollo, y sus resultados se publicaron en la revista científica de comunicación aplicada “Index Comunicación”. El estudio se planteó responder a la pregunta: ¿Cuáles son las repercusiones del ciberodio en las prácticas informativas de las comunidades migrantes en Chile?
Metodológicamente, se aplicaron encuestas validadas a 1020 personas migrantes en el país, lo que representa una muestra representativa de la población total de 1.482.390 personas migrantes en Chile. Los resultados revelaron que el 48% de la muestra está altamente expuesta a discursos de odio, principalmente en plataformas como Instagram y Facebook (53%). Además, el 30% de los encuestados reporta una alta evitación de estas redes sociales debido al ciberodio.
Asimismo, el 50% de las personas encuestadas informó que estaría dispuesto a dejar de consumir medios y plataformas si continúan recibiendo mensajes de odio. Esta evitación mediática se refleja en la eliminación de cuentas de medios de comunicación de la dieta informativa de más del 50% de la muestra en redes sociales. En las conclusiones del estudio, se señala que estos datos “despiertan inquietud” porque “en Chile la desinformación se expresa en formatos adaptados a las redes sociales más populares como Facebook e Instagram, e investigaciones han advertido de la relación entre estas plataformas, los discursos y crímenes de odio”.
Para la académica Amaranta Álfaro, este estudio proporciona una visión crítica sobre cómo el ciberodio afecta a las comunidades migrantes en Chile y destaca la importancia de abordar este problema desde una perspectiva informada y empática.
Te invitamos a conocer más sobre el estudio titulado “Evitación mediática en respuesta al ciberodio hacia personas migrantes en Chile”. en el siguiente enlace:
Para citar este trabajo: Sibrian Díaz, N.; Alfaro, A.; Núñez, J.C. y Zúñiga Rodríguez, V. ( 2024). Evitación mediática en respuesta al ciberodio hacia personas migrantes en Chile. index.comunicación, 14(2), 83-108
En la IE University de Madrid, España, se llevó a cabo, desde el 8 al 10 de julio, la Conferencia Anual de la International Society of Public Law (ICON-S). La instancia contó con la participación de expertos y académicos de todo el mundo, entre ellos, seis docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), incluyendo a los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Sebastián Salazar y Lieta Livaldi.
Este año el tema de la conferencia fue “The Future of Public Law: Resilience, Sustainability and Artificial Intelligence”, donde se congregaron las principales voces de la academia para debatir sobre los desafíos actuales que enfrenta el Derecho Público y que reunió más de dos mil asistentes.
Sebastián Salazar, junto al académico de la UAH, Ariel Pérez, participaron en el panel “Constitutional Process in Latin America”, donde abordaron las principales lecciones del proceso constitucional chileno y la economía política que contemplaban las propuestas constitucionales.
En esa línea, Salazar, utilizando como marco metodológico el concepto de constitución material y sus elementos, realizó una presentación enfocada en analizar lo referido a los tres borradores constitucionales de los últimos años. Respecto a la exposición, el investigador del CiPP señaló que la idea estaba centrada en analizar cuál es la economía política que se deriva de los tres procesos constitucionales.
“En la presentación concluí que uno puede observar diferencias y matices entre los tres citados textos, particularmente los referentes al rol del Estado en la economía y los derechos económicos y sociales que cada uno de los textos consagra”, aseguró Salazar.
Por su parte, Lieta Vivaldi, en conjunto con las profesoras de la UAH, Bárbara Sepúlveda y Catalina Lagos, participaron del panel “Gender Perspective in Judicial Review: The Case of the Chilean Constitutional Court”, donde las expertas dieron una mirada a la evolución del Tribunal Constitucional durante los últimos años.
En ese sentido, Vivaldi realizó una presentación enfocada en los cambios en la composición del Tribunal Constitucional (TC) chileno y su impacto en la incorporación de las normas de derechos humanos de la mujer, donde profundizó en la importancia de la incorporación de la perspectiva de género interseccional en el Poder Judicial y, en particular, en las decisiones recientes del TC.
Respecto a las temáticas abordadas, la académica e investigadora del CiPP aseguró que son claves para enfrentar los desafíos de una sociedad con mayor igualdad de género y mayor participación de las diversas personas que componen la sociedad en las decisiones.
“La participación de la UAH en estas instancias es fundamental para profundizar intercambios teóricos, de conocimientos y de prácticas. La Universidad se posiciona así como un referente tanto nacional como internacional para pensar los principales desafíos del derecho público como son las temáticas de sostenibilidad, resiliencia, igualdad de género, pueblos originarios, igualdad y no discriminación, entre tantos otros”, enfatizó Lieta Vivaldi.
En el marco del II Seminario Internacional de MiPymes, celebrado en la Universidad Técnica del Norte en Ecuador, el investigador del CiPP, Mauricio Castillo, ofreció una charla en la que explicó cómo las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar la creatividad y la innovación para mejorar su desempeño en el contexto de la Industria 4.0.
Mauricio Castillo, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartió la charla “Creatividad e Industria 4.0: Impulsando la innovación en las PYMEs” en el II Seminario Internacional de MiPymes organizado entre el 1 y el 3 de julio de 2024 por la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador. La conferencia estuvo dirigida hacia investigadores/as y estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que incluye las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría (Presencial y Semipresencial), Economía, Gastronomía, Mercadotecnia y Turismo.
La charla del investigador del CiPP abordó cómo las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) pueden aprovechar la creatividad y la innovación para mejorar su desempeño en el contexto de la Industria 4.0. Asimismo, Mauricio Castillo reflexionó sobre el concepto de creatividad como un rasgo esencial y medible crucial para la resolución de problemas en el ámbito empresarial, destacando la importancia de integrar técnicas como el “Pensamiento Lateral” y el “Brainstorming” para fomentar la generación de ideas innovadoras.
Al finalizar la presentación, Mauricio Castillo se refirió a su participación en el II Seminario Internacional de MiPymes, valorando la respuesta e interés que recibió por su charla. “Me sentí particularmente cómodo y conectado con la audiencia, lo cual se reflejó en cómo los asistentes tomaban fotografías de las diapositivas y algunos tomaban nota de los puntos discutidos. Esta conexión se manifestó claramente al final de la charla, cuando recibí un aplauso caluroso y lleno de entusiasmo que reafirmó el impacto positivo de la presentación. Además, tuve el privilegio de ser entrevistado por una televisora local, lo que me permitió profundizar en los conceptos presentados y extender el alcance de estas ideas innovadoras a toda la comunidad. Esta experiencia no solo fue gratificante a nivel personal, sino que también reforzó la relevancia del contenido de la charla para los desafíos actuales que enfrentan las PYMEs”, comentó Castillo en entrevista para la Facultad de Economía y Negocios
Desafíos e impactos de la industria 4.0 en la Pyme
Uno de los puntos clave de la presentación de Mauricio Castillo fue la definición y medición de la creatividad, destacando las contribuciones de teóricos como J.P. Guilford, quien propuso que la creatividad es un rasgo medible y fundamental para la resolución de problemas. Además, el investigador CiPP exploró cómo la Industria 4.0 ha transformado la forma en que las PYMEs operan y compiten, subrayando la necesidad de adoptar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética, optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente.
Se exploraron detalladamente varios aspectos cruciales de la creatividad y la innovación en el contexto empresarial moderno. Uno de los puntos clave fue la definición y medición de la creatividad, destacando las contribuciones de teóricos como J.P. Guilford, quien propuso que la creatividad es un rasgo medible y fundamental para la resolución de problemas. Además, se mencionaron las pruebas desarrolladas por Torrance para medir el pensamiento creativo, enfocadas en la fluidez, flexibilidad y originalidad de las ideas.
Otro aspecto abordado en la charla fue el impacto de la Industria 4.0 en las PYMEs. En ese sentido, Mauricio Castillo explicó que la adopción de tecnologías avanzadas y la digitalización no solo optimizan los procesos operativos, sino que también transforman radicalmente la concepción de nuevos productos y servicios. Este segmento de la presentación subrayó la relevancia de la innovación tecnológica como un pilar fundamental para el crecimiento y la competitividad en el mercado actual, resaltando ejemplos específicos como la primera fábrica inteligente y las mejoras en la eficiencia energética y la gestión inteligente.
Finalmente, el investigador CiPP reflexionó sobre los desafíos y estrategias para implementar efectivamente la innovación en las PYMEs. De igual forma, se discutió la importancia de cultivar una cultura organizacional que valore y fomente la creatividad, junto con la necesidad de formar alianzas estratégicas y proporcionar capacitación adecuada. Por último, Castillo destacó la importancia de los espacios dedicados a la creatividad y la implementación gradual de innovaciones como medios para
Entre los días 25 y 27 de julio de 2024, se realizó en el Centro Cultural Estación Mapocho el evento Smart City Expo Santiago 2024 que reunió a expertos y expertas en el ámbito de las ciudades inteligentes. La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Paulette Landon, participó como oradora en una sesión sobre gestión integral del transporte urbano. En la oportunidad, se presentaron además dos proyectos innovadores de los investigadores CiPP, Manuel Fuenzalida e Ignacio Cienfuegos, respectivamente.
Bajo el lema “Recuperando la ciudad para las personas, entre el 25 y el 27 de julio, se desarrolló en el Centro Cultural Estación Mapocho el congreso internacional “Smart City Expo Santiago 2024”, que reunió a expertas y expertos de diversas áreas para avanzar en la creación de “ciudades inteligentes” que otorguen oportunidades y generen impactos reales en la calidad de vida de las personas.
Paulette Landon, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) participó como speaker, en representación de su facultad, donde presentó dos proyectos de innovación elaborados por los investigadores del CiPP y académicos Manuel Fuenzalida e Ignacio Cienfuegos, de los Departamentos de Geografía y Política y Gobierno de la UAH, respectivamente.
En la sesión titulada “Gestión integral del transporte urbano: El papel clave de la autoridad metropolitana”, Paulette Landon exploró la relevancia de una gestión integral del transporte urbano, con un enfoque particular en el papel central que desempeña la autoridad metropolitana en este proceso, tomando en consideración que la movilidad urbana se ha convertido en un aspecto crítico del desarrollo sostenible en las ciudadanos modernas. Al finalizar el encuentro, la investigadora del CiPP valoró la participación en el congreso como una instancia de “reflexión en torno a cómo pensar, cómo diseñar un modelo de gobernanza metropolitana que sea más inclusivo y sustentable, y particularmente en la línea de la movilidad y transporte”.
Asimismo, para la investigadora del CiPP, quien es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, este evento permitió dialogar sobre cómo pensar en ciudades más inclusivas a través de una gobernanza que genere espacios de participación en todas las escalas del territorio.
En ese sentido, y en relación al abordaje de los problemas de la ciudad planteados en el congreso, la decana considera que es importante que esto se realice desde “la interdisciplina o la transdisciplina porque creo que es la forma en que tenemos de cruzar metodologías que nos permitan, no solo modelar en este caso los viajes de los y las habitantes de la ciudad hacia el trabajo, sino que poder colocar un zoom sobre las propias particularidades que tienen los distintos territorios y quienes habitan en la ciudad”.
El objetivo de la Smart City Expo Santiago 2024 fue potenciar a Santiago como una ciudad inteligente. En este encuentro, la Universidad Alberto Hurtado presentó los siguientes cuatro proyectos innovadores en un stand, dos de los cuales fueron desarrollados por los académicos Manuel Fuenzalida e Ignacio Cienfuegos, respectivamente, ambos investigadores CiPP. Los 4 proyectos son:
e-Incendio: una aplicación que busca modificar comportamientos comunitarios para aumentar la resiliencia y preparación frente a incendios forestales, a través de una plataforma tecn ológica de ciencia ciudadana aplicada en juegos que evalúa la percepción comunitaria ante el riesgo de incendios con un enfoque humano y territorial, desarrollado por Cristián Olivares, académico de la Facultad de Ingeniería UAH.
Argumentapp: una aplicación creada para fomentar la argumentación y el trabajo colaborativo en el aula mediante clases prediseñadas y controversias delineadas. A través de un modelo pedagógico integral, esta herramienta impulsa el trabajo colaborativo, propiciando la argumentación en clase y mejorando las habilidades argumentativas de los y las estudiantes, desarrollado por la académica Antonia Larrain, Vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UAH.
Geo Salud: un proyecto que estudia la desigualdad en el acceso a camas hospitalarias en Chile según ubicación geográfica de los pacientes, analizando la variabilidad en la atención hospitalaria en cuanto a uso de servicios, lugar de atención y estrategias de acceso de los pacientes en los 29 Servicios de Salud territoriales del país, desarrollado por el académico del departamento e Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales der la UAH e investigador del CiPP Manuel Fuenzalida.
Sistema de Evaluación de Gestión Municipal: un sistema que mide y evalúa el rendimiento municipal a partir de su gestión, prestación de servicios y nivel de participación ciudadana, combinando indicadores de confianza, participación y estándares de servicios municipales definidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. El proyecto fue liderado por Ignacio Cienfuegos, académico del departamento de gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH e investigador del CiPP.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile experimentó una variación mensual negativa en junio de 2024, lo que resultó en descensos de precios en varias divisiones. Además, esta es la primera vez en el año que la UF muestra una caída. Carlos J. García, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, ofrece su perspectiva sobre el impacto del indicador en la economía del país y su visión del panorama económico del país para el segundo semestre de 2024.
En junio de 2024, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,1%, acumulando 2,4% en el año y 4,2% a doce meses respecto de la serie empalmada del índice.
Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) explicaron que seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias positivas y una división registró nula incidencia.
Entre las divisiones que presentaron descensos en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-6,1%) con -0,167 puntos porcentuales, y equipamiento y mantención del hogar (-2,2%), con -0,134 pp. Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,250 pp. Debido a esta variación negativa del IPC, la UF de junio caerá $37,6, la primera baja de lo que va del 2024.
En conversación con el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el investigador Carlos J. García explicó los efectos de la variación negativa del IPC de junio y reflexionó sobre el panorama económico del país para el segundo semestre de 2024.
¿Cuál es tu primera lectura de la variación negativa del IPC?
Lo más probable es que en los próximos meses tengamos variaciones positivas que se deberían, básicamente, a que siguen subiendo los alimentos y se adicionaría el efecto del aumento del precio de la energía eléctrica. Sin embargo, mi primera lectura sobre la variación negativa del IPC, que se traduce en una menor inflación para el país, es que creo que resulta algo engañosa. Considero que no hay que engañarse con ese análisis positivo de la caída de la inflación, hay que entender que es más bien por efectos puntuales como la reducción de stocks, ofertas y liquidaciones por lo sucedido con el Cyber Monday. Pero descontando esa variable, la inflación todavía está sobre el 4%.
A partir del descongelamiento de las tarifas eléctricas, el Banco Central ajustó su proyección del IPC al 4.2% para finales de 2024. Por lo tanto, ¿cómo proyectas la inflación para julio?
Con el aumento de las cuentas de electricidad deberíamos estar más cerca del 5%. En el fondo, es otro shock de oferta, pero ahora por el lado de la energía. Ahora bien, eso se va a ir diluyendo porque hay una serie de mecanismos en la economía que entran a funcionar. Por lo que probablemente volvamos a estar cerca del 4,5% a finales de año.
El ministro Marcel estimó que el IPC de junio da cuenta de que el efecto del alza de la luz en la inflación es contrarrestado por otros precios. ¿Podrías explicarnos cómo es ese efecto transitorio?
Aquello es por una cosa puntual. Las liquidaciones no van a estar presentes en julio, agosto ni septiembre. En efecto, la luz sí porque es más permanente, pero también hay otros mecanismos. Por ejemplo, que el Banco Central dilate la caída de tasas, lo que genera que los precios de otros productos van a ir compensando un poco el aumento de las tarifas de la energía. Dicho eso, es importante también que la energía tenga efectos sobre la producción. Porque para la industria, el transporte, el comercio, y muchas otras actividades, si no hay energía, no hay nada. Entonces, esto va a tener un efecto de aquí a un año, y también tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento que no será menor.
Justamente, los últimos tres IMACEC arrastran bajas proyecciones de crecimiento.
Sí, pero ese es otro fenómeno. Lo explico de esta manera: Chile es un enfermo con varias enfermedades serias. Es decir, que la salud del país no está tan buena y eso se ve, por ejemplo, en la productividad. Entonces, hay una serie de determinantes que explican por qué está creciendo poco el país. La caída del IMACEC en los últimos meses refleja que la economía está dejando la recuperación para entrar a crecer con fluctuaciones, lo que los economistas llamamos como “crecimiento potencial”. Pero el shock del aumento del precio de la energía va a afectar ese crecimiento. Lo más probable es que en los próximos meses estemos por debajo del crecimiento potencial, es decir, por debajo del 2% y no más que eso.
En una entrevista para Emol, indicaste que “si bien el último IMACEC es una cifra desalentadora, no creo que este resultado esté marcado por una nueva tendencia de crecimiento bajo”. En ese sentido, ¿cuál es tu análisis de estos resultados?
La economía del país se ha empezado a ajustar hacia el crecimiento potencial, y se aproxima de forma fluctuante. Pero, en esa entrevista yo no había pensado en el efecto de la energía, pero ese efecto va a exacerbar un poco la desaceleración. Entonces, el economista tradicional dice que los precios deben reflejar los costos alternativos que tienen los recursos. Por lo que, no queda otra que asumir el aumento del precio, de la energía, de la luz. Pero, también aquí hay un tema de crecimiento y de innovación. Es decir, en estos últimos cinco años –en los que se mantuvo la deuda con las empresas de energía- no se hicieron las mejoras en productividad para que no hubiera sido necesario este aumento del precio en la energía.
¿Es decir que hay un desafío en innovación en el desarrollo de políticas públicas?
Sí, porque hay que empezar a pensar en cómo evaluar el impacto de las políticas públicas. Chile necesita seriamente desarrollar metodologías y planes que evalúen el impacto de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. De tal manera de poder rankear las políticas públicas y decir “bueno, necesitamos hacer esto”.
Carlos, ¿y lo que hoy se realiza en materia de evaluación de políticas públicas no va en esa dirección?
No. Lo que se hace muchas veces es evaluar el impacto, pero después de implementar las políticas públicas. Lo que necesitamos es hacerlo antes para poder evaluar qué política pública es mejor que otra, o con cuál vamos a crecer más o crecemos menos, o si tendremos mejores efectos distributivos, o en cuál será que los efectos regionales van a ser más fuertes. Necesitamos una visión de futuro en las políticas públicas y para eso necesitamos instrumentos que nos digan cómo llegar a esos objetivos futuros de políticas públicas.
¿A quién le atribuyes la responsabilidad para implementar esa visión de futuro?
La responsabilidad es del gobierno de turno y de sus ministerios, del Ministerio de Hacienda, de Economía. De hecho, Chile tiene que cumplir una serie de requisitos con la OCDE para informar del impacto de las políticas públicas que tiene a cargo el Ministerio de Economía. Desde hace muchos años, o desde siempre, estamos haciendo todo sobre la marcha en la medida que los problemas empiezan a aparecer. Usando la analogía del enfermo, podemos decir que si el enfermo siempre nos llega en malas condiciones, le vamos a estar recetando medicina, pero quizás si lo hubiéramos tenido corriendo, haciendo ejercicio, con una dieta saludable, con menos estrés, este enfermo no tendría necesidad de esta medicina y podríamos estar compitiendo en una maratón con Corea del Sur o Taiwán.
Por último, a fin de mes habrá una nueva reunión del Grupo de Política Monetaria, ¿qué recomendaciones crees quese le hará al Banco Central en su próximo anuncio?
Hasta antes del tema de la energía, los indicios eran ir reduciendo la tasa de interés para llegar rápidamente a un nivel de 5%, que es una tasa de largo plazo. Pero ahora, con este shock adicional de oferta que va a empujar la inflación, está difícil. A pesar de los efectos negativos sobre el crecimiento, al Banco Central lo único que le interesa es bajar la inflación, entonces es difícil que siga bajando tasas. Lo más probable que haga la entidad es que va a pausar la caída de tasas, pero cuando empiecen los efectos sobre la actividad y veamos que el shock de oferta está causando estragos en la actividad económica, quizá ahí el Banco Central comience a bajar tasas, pero eso va a ser en los meses correspondientes del segundo semestre o finales de año, probablemente. Hay que tener en cuenta que una economía sana tiene inflación porque eso indica que hay actividad económica y que hay una presión sobre el sistema p
En una entrevista para la Fundación Konrad Adenauer, el investigador CiPP y coordinador académico del Núcleo Constitucional reflexionó sobre el rol que tiene el orden constitucional en un Estado democrático cuando se discute de la seguridad nacional.
En una entrevista con el programa “Estado de Derecho” de la Fundación Konrad Adenauer, Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho, y coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) compartió sus reflexiones sobre el rol que desempeñan los tribunales constitucionales en el contexto de la seguridad nacional. Esta conversación se llevó a cabo como antesala del XXIX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Lima del 25 al 27 de septiembre de 2024.
En la entrevista, Sebastián Salazar abordó las diversas amenazas que afectan la estabilidad y la seguridad en la región, enumerando cinco puntos críticos: El crimen organizado transfronterizo; los altos índices de corrupción y tráfico de influencias en la institucionalidad regional; el debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia constitucional; que América Latina se transforme en un tablero de ajedrez geopolítico en el actual escenario de conformación bipolar o multipolar en el ámbito de las relaciones internacionales; y los altos índices de desigualdad en la región.
En cuanto al papel de los tribunales constitucionales, el investigador del CiPP destaca su relevancia para la sociedad cuando hay amenazas a la seguridad nacional. Argumenta que el orden democrático debe habilitar herramientas ordinarias y extraordinarias para anticipar y mitigar riesgos, así como para conducir la seguridad nacional dentro del marco del respeto al Estado de Derecho y los derechos fundamentales, lo que permite establecer mecanismos de control y responsabilidades.
Finalmente, Sebastián Salazar explica que es fundamental advertir sobre el uso indebido de herramientas constitucionales y legales, especialmente cuando se politizan bajo la apariencia de enfrentar amenazas a la seguridad nacional. “Debe alertarse sobre el uso indebido, el aprovechamiento de estas herramientas constitucionales y legales para finalidades distintas por las cuales fueron creadas, sea por riesgos externos o internos que afecten a un país de la región”, concluye el académico.
El investigador del CIPP, Ignacio Cienfuegos, expuso sobre la gestión municipal en Chile en el XII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política en Lisboa, destacando la importancia de los sistemas de evaluación de desempeño a nivel subnacional para el desarrollo de capacidades institucionales.
Del 17 al 20 de julio, se llevó a cabo el XII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política en la sede del Instituto Superior Universitario de Lisboa, Portugal, donde participó Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). En esta versión del Congreso, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y el Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, se realizaron diversos debates bajo la temática ‘América Latina como actor en la configuración geopolítica global’.
En el evento, el investigador del CIPP presentó su ponencia titulada ‘Diagnóstico de la Gestión Municipal en Chile: Evidencia desde la percepción de los actores claves’ en el panel ‘Política Subnacional, Gobiernos Municipales, Regionales y Provinciales: Gestión Municipal’. En su exposición, Cienfuegos discutió la importancia de los sistemas de evaluación de desempeño a nivel subnacional para el desarrollo de capacidades institucionales. Además, identificó los déficits y desafíos en este ámbito en Chile, proporcionando un análisis crítico y constructivo para mejorar la gestión municipal.
Esta ponencia, realizada en el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, es el resultado de una investigación colaborativa con los académicos del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, Francisco Penaglia y Janel León, titulada ‘Diagnóstico de la gestión municipal en Chile: evidencia desde la percepción de los actores claves’, y publicada en la Revista de Administração Pública de Brasil. A partir de este estudio, se analizó el modelo de gestión de calidad, orientado a mejorar la gestión de los gobiernos locales en Chile y que impulsa la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Los resultados del estudio concluyen que no existiría evidencia de su contribución a la mejora en la gestión y servicios que prestan las municipalidades en Chile, así como una percepción negativa y contradictoria de los beneficiarios y distintos actores involucrados en el programa.
En una conversación con el CiPP, Ignacio Cienfuegos valoró la invitación para participar en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política más importante de la región. Asimismo, explicó la importancia de compartir en un foro internacional con otros/as investigadores/as que presentaron sus experiencias: “Fue muy interesante participar en esta instancia donde pude interactuar con otros/as colegas que estudian específicamente temas subnacionales. En mi panel, tuve la oportunidad de compartir con profesionales de México, Bolivia y Argentina que mostraron sus investigaciones y contribuyeron en la discusión sobre cómo promover la participación ciudadana en la administración de recursos, así como el desarrollo de capacidades institucionales en los municipios para el desarrollo de proyectos de inversión pública, y más”, comentó Cienfuegos.
Finalmente, el académico también destacó la discusión teórica en relación a su área de estudio, explicando que “los municipios son el espacio estatal más cercano al ciudadano, pero para aprovechar esta proximidad territorial, los municipios deben estar más atentos para comprender y proporcionar soluciones más pertinentes a la comunidad. Ahí fue clave la discusión teórica que se generó en las presentaciones del panel sobre las capacidades institucionales y por qu
Con el objetivo de caracterizar las condiciones de vida de las personas migrantes, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó en la Universidad Alberto Hurtado los resultados de la Encuesta Casen 2022 en relación con la población nacida fuera de Chile.
La Universidad Alberto Hurtado (UAH) fue el escenario, este martes 2 de julio, del hito de presentación de los resultados de la Encuesta Casen 2022 sobre personas migrantes, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El encuentro estuvo encabezado por la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Paulette Landon.
Según los resultados, entre 2006 y 2022 se multiplicó casi por nueve veces la proporción de personas migrantes en Chile, pasando de representar el 1% al 8,8% del total de la población del país. Además, la medición indicó que, al día de hoy, las personas nacidas en Venezuela representan casi la mitad de la población migrante residente en nuestro país, con un 49,2%. A nivel general, la población nacida fuera de Chile como proporción de la población total aumentó de manera sostenida, creciendo en 7,7 puntos porcentuales entre 2006 y 2022, alcanzando un 8,8% a nivel nacional en 2022, año en que Chile albergaba a más de 1,7 millones de personas nacidas fuera del país.
La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien estuvo a cargo de presentar los resultados, destacó que “los datos son importantes para orientar las políticas públicas y también para desmentir ciertos relatos. Por ejemplo, la población migrante tiene en promedio más años de escolaridad que la población nacida en Chile. Sin embargo, no necesariamente están accediendo a trabajos acordes con sus competencias. Con base en las tasas de participación laboral, vemos, además, que la población migrante principalmente viene a trabajar, pero enfrenta condiciones de mayor informalidad y precariedad».
Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, valoró el instrumento de medición dada su contribución para priorizar los objetivos de la política migratoria. Además, abrió el diálogo en torno a las brechas que expone la encuesta y la receptividad de la sociedad respecto a la población migrante.
Thayer enfatizó que los resultados que entrega la Encuesta Casen 2022 serán útiles para implementar la Política Nacional de Migración. “Nosotros entendemos que aquí ha habido una ausencia del Estado por mucho tiempo en materia de política migratoria. Hoy día nos estamos haciendo cargo, como Estado y como Gobierno, de la implementación de esta política a través de un plan de acción que tiene medidas orientadas a la inclusión de las personas que residen hoy en Chile y, por otro lado, busca recuperar la capacidad del Estado de gestionar los nuevos flujos migratorios. La información que se ha presentado hoy es fundamental para poder avanzar con estos instrumentos que antes no existían”, explicó.
En esa línea, la investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Amaranta Álfaro, junto a la académica de Trabajo Social, Claudia Garrido, ambas de la UAH, aportaron un análisis desde sus campos de estudio y reflexionaron sobre las implicancias de los datos expuestos.
En su presentación, la investigadora del CiPP abordó la discusión desde la perspectiva de las comunicaciones, resaltando las percepciones de los grupos migrantes ante discursos de odio presentes en plataformas como las redes sociales y medios de comunicación, y la vulnerabilidad ligada a la desinformación por evitación del uso de determinados espacios virtuales. “Se ha detectado que estos estereotipos de las y los migrantes en los medios, o en las redes sociales, los discursos de odio, etcétera, generan lo que en comunicaciones se llama ‘evitación mediática’, lo cual podría generar incluso un aumento de esa vulnerabilidad informativa”, agregó.
Finalizado el encuentro, y en conversación con el CiPP, Amaranta Álfaro se refirió a las claves para cumplir con una cobertura más responsable desde las y los profesionales de la comunicación, añadiendo que “los medios de comunicación tienen un gran desafío para cambiar la narrativa sobre la migración. Deben evitar caer en la criminalización y la estereotipación de los migrantes, y enfocarse en presentar una imagen más positiva y realista. Es necesario que exista una mayor especialización en periodismo migratorio e intercultural, similar a lo que se ha hecho con el periodismo de género”.
Por su parte, en el punto de prensa realizado al finalizar la actividad, la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Paulette Landon, expresó que “hay una dimensión humana de la migración de la que nos tenemos que hacer cargo todos y todas. Es importante también poder mostrar todos los beneficios que han traído a nuestro país las personas que vienen de otras partes de América Latina. Esta es una migración Sur-Sur y ya hemos tenido migración Norte-Sur y rural-urbana. Entonces, el desafío mayor es para las ciudades, considerando que cerca del 70% de quienes migran se concentran hoy en día en la Región Metropolitana y en otras metrópolis más pequeñas de nuestro país. Hay un desafío en cómo pensar la integración de las personas que migran a la ciudad e identificar dónde se estarían concentrando y de qué manera podemos mejorar los accesos a todos los bienes y servicios que ofrece la ciudad”.
La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, fue entrevistada en el programa “Lo que Queda del Día” de Radio Cooperativa, donde abordó el sistema de nombramientos del Poder Judicial, que actualmente se encuentra cuestionado en el marco de denuncias por tráfico de influencias en la Corte Suprema.
En medio de las críticas al sistema de nombramientos del Poder Judicial, debido al intercambio de mensajes de WhatsApp -revelados por Ciper Chile– que involucran a miembros de altas esferas de la Justicia, la semana pasada la Corte Suprema anunció que convocó a su Comisión de Ética para abordar dichos cuestionamientos.
En el programa “Lo que Queda del Día” de Radio Cooperativa, la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Miriam Henríquez, abordó la reciente controversia y los cuestionamientos por supuestas influencias políticas.
En ese sentido, la investigadora del CiPP aseguró que se trata de una temática que se ha agudizado durante los últimos meses, pero que es una preocupación que ha estado de manera permanente en los debates. “Se coloca como una situación necesaria de revisar a propósito del intercambio de mensajes de WhatsApp que conocimos en marzo y que nuevamente se retoma por estos días. Sin perjuicio de lo concreto de esta situación, esta es una materia que se ha venido debatiendo y que requiere modificaciones legales y constitucionales”, aseguró.
En cuanto a su opinión respecto al sistema de nombramiento del Poder Judicial, Miriam Henríquez señaló que el sistema -tal cual está diseñado constitucionalmente- afecta en cierta manera la independencia judicial interna. Lo que estaría directamente relacionado con la carrera judicial.
“Actualmente, son las cortes las que deciden la carrera judicial de todos los jueces para el ascenso, para las calificaciones e incluso para la remoción de los jueces. Esto genera que fallen mirando cómo los tribunales superiores podrían considerar esos fallos para supeditar su carrera judicial. Entonces, el sistema tal cual está diseñado condiciona las decisiones y, con eso, la independencia judicial interna”, precisó Miriam Henríquez.
Por otro lado, en relación a la gravedad de las investigaciones que están en curso a propósito de los intercambios de mensajes que involucran a miembros de altas esferas del Poder Judicial, Henríquez aseguró que es inapropiado, y que refleja que hay una intención de incidir en la toma de decisiones.
“Por eso se habla de que el sistema es permeable a cualquier tipo de influencia que tenga otros objetivos que no sean solamente políticos. De allí se califica al sistema como opaco o poco transparente y que eventualmente ponga entre dicho la probidad, y también la valoración pública que tiene la ciudadanía respecto de este intercambio de mensajes y de posibles influencias”, enfatizó la experta.
A modo de conclusión, la decana aseguró que “hay cosas que mejorar. Es urgente y necesario el cambio al sistema de nombramientos, que tiene que ver con la independencia judicial externa”.
En una carta al director publicada en el Diario Financiero, la investigadora del CiPP-UAH reflexiona sobre la actual brecha salarial de género en Chile.
Ana María Fernández, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académica de la Facultad de Economía y Negocios, y directora académica del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales (COR) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), se refirió a la brecha salarial de género en Chile en una carta al director publicada en el Diario Financiero.
En su carta, la académica destaca el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública sobre el nuevo proyecto de ley destinado a promover la equidad salarial entre hombres y mujeres. “La brecha salarial del 27%, que puede aumentar al 50%, persiste debido a múltiples factores como la discriminación en sectores feminizados, la falta de negociación salarial por parte de las mujeres y la responsabilidad desproporcionada en el cuidado familiar”, contextualiza Ana María Fernández.
En ese sentido, la investigadora del CiPP considera que la iniciativa del Gobierno es un paso en la dirección correcta, pero argumenta que será fundamental discutir medidas adicionales en la conversación sobre el proyecto de ley para cerrar la brecha de género en el país.
“La nueva ley busca corregir deficiencias de reformas anteriores, eliminando la necesidad de un reclamo interno antes de acudir a la Inspección del Trabajo y permitiendo a los sindicatos intervenir. Sin embargo, para su efectividad, se requiere que las empresas informen y aborden las brechas salariales, vinculándolas a programas de igualdad de género. Además, es esencial promover la corresponsabilidad en los cuidados para romper estereotipos de género”, explica la académica.
La investigadora del CiPP concluye que la conversación sobre la igualdad salarial no sólo es un imperativo legal, “sino también un catalizador del progreso económico y social”. Añade que avanzar en el reconocimiento del aporte equitativo que realizan mujeres y hombres en el mercado del trabajo “es esencial para construir una sociedad
“La propuesta tiene serios problemas que podrían resultar en una burocracia ineficaz y una violación del secreto bancario” es la opinión que entrega el investigador del CiPP y académico de la FEN, Humberto Borges, en su reciente columna de opinión, publicada en Cooperativa, en relación a la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el levantamiento del secreto bancario.
En su columna de opinión publicada en Cooperativa, el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH),Humberto Borges, analiza la propuesta del Ministerio de Hacienda en relación al levantamiento del secreto bancario. Para el investigador, esta medida, que busca informar sobre los depósitos bancarios en casos de delitos tributarios, plantea desafíos y preocupaciones.
Borges destaca tres puntos críticos en la normativa. En primer lugar, que la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) podría afectar a ciudadanos/as inocentes, ya que su información podría ser revisada simplemente por el hecho de realizar una cantidad considerable de abonos en un breve período.“La burocracia resultante de esta normativa parece innecesaria y carece de un objetivo claro y específico”, comenta.
En segundo lugar, que la normativa no aborda eficazmente el problema del narcotráfico al informar solo la identidad del titular de la cuenta. “La normativa parece centrarse más en la formalización del comercio ilegal que en la identificación y persecución de los verdaderos culpables. Para ser efectiva, esta medida debería incluir la identidad de quienes realizan las transferencias, permitiendo así una persecución penal adecuada”, explica Borges.
Por último, Borges enfatiza la necesidad de coordinación entre diversas entidades, como la Fiscalía, policías, tribunales y el SII, para combatir tanto el comercio informal como el narcotráfico. “La actual propuesta del Ministerio de Hacienda parece ignorar esta necesidad de coordinación, confiando únicamente en el SII para manejar la información de las cuentas corrientes. Esto no es viable, ya que el SII se enfoca en temas impositivos y no en la persecución de otros delitos”, concluye Humberto Borges.
En resumen, y a partir de las tres ideas planteadas en su columna de opinión, el académico concluye que la propuesta presenta serios problemas que podrían afectar la eficacia y el secreto bancario.
Tras cuatro años de congelamiento, las tarifas eléctricas en Chile experimentarán un alza a partir del 1 de julio de 2024. Se estima un aumento de hasta un 30% en la primera cuenta de luz posterior al fin del congelamiento y hasta un 60% en enero de 2025. En entrevista con el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), el director académico Eduardo Saavedra analiza las consecuencias económicas que tendrá este incremento energético en Chile.
En noviembre de 2019, como respuesta al estallido social y la posterior pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera congeló la tarifa eléctrica para clientes regulados a través de la Ley 21.185, también conocida como Ley PEC 1. Esta ley estableció un «Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente» que permitió contener un alza proyectada del 9%.
Luego en 2022, dos meses luego de asumir la presidencia, el gobierno de Gabriel Boric ingresó una nueva ley, conocida como PEC 2, para crear el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), extendiendo el congelamiento de la tarifa eléctrica que permitió contener alzas en las cuentas de la luz que se estimaban en un promedio de 44%. Ambas medidas generaron una deuda de 6.000 millones de dólares con las empresas generadoras eléctricas.
En abril de este año, el Congreso aprobó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, la cual entrará en vigor el 1 de julio y permitirá pagar la deuda acumulada con las empresas generadoras de electricidad en un plazo de nueve años. Según las estimaciones del Ministerio de Energía, los tres incrementos graduales que se aplicarán para los clientes regulados se realizarán en julio, octubre y enero de 2025, con lo cual la tarifa eléctrica en los hogares del país experimentará un alza promedio entre el 50% y el 60%.
El descongelamiento de las tarifas eléctricas también tendrá un impacto en la inflación del país. En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central ajustó su proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a un 4,2% al cierre de 2024, cuatro décimas más que lo estimado en marzo de este año.
Para evitar un mayor impacto en los hogares chilenos, el Ejecutivo implementará un subsidio focalizado dirigido al 40% de los hogares más vulnerables, como lo establece la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas.
En entrevista con el CiPP, el director académico Eduardo Saavedra señaló que si bien el congelamiento tarifario fue una medida para paliar los efectos de la crisis social y la pandemia del Covid-19, su extensión por cinco años contribuyó al aumento de la deuda con las empresas generadoras. Asimismo, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado(UAH) también expresó su preocupación por el impacto que tendrá el alza en la inflación y en el bolsillo de las familias chilenas, especialmente en los sectores más vulnerables. En este sentido, destacó la importancia del subsidio focalizado anunciado por el gobierno, enfatizando en la necesidad de transparentar los precios y costos reales del consumo eléctrico.
¿Cuál es tu reflexión sobre el impacto que tendrá la estabilización de las tarifas de la energía eléctrica?
El congelamiento de la tarifa eléctrica fue una medida de corto plazo que se mantuvo más tiempo del que correspondía. En este momento, los costos son más altos y la ecuación es muy simple: Lo paga el Estado con un subsidio, o lo pagan los usuarios pagando el costo, o lo pagan las empresas, pero tendría como consecuencia menor inversión en el sector porque nadie invierte si vas a perder dinero. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene una u otra medida? Si esto se mantiene congelado, o se mantiene bajo el costo completo, las empresas van a invertir menos de lo necesario para la calidad del servicio que uno espera. Por un lado no queremos que se corte la energía eléctrica cuando hay viento, cuando hay lluvia, nos ponemos exigentes por eso. Por lo mismo, la primera gran mirada es que alguien tiene que pagar. No podemos seguir atrasados con los precios de la energía eléctrica y, estoy convencido, lo deben pagar los usuarios. El Gobierno se compromete a realizarlo de manera pausada, de modo de llegar en algún momento al costo total, y asimismo, se comprometió a aumentar el subsidio a los hogares más vulnerables. Con todo, vienen consecuencias económicas.
¿Y cuál será ese impacto a nivel macroeconómico?
El Banco Central dice que tendremos consecuencias en la inflación. Por otro lado, también dicen que no lo previeron, y a mí me parece que falla el Banco Central porque el proyecto de ley se estuvo discutiendo largamente en el Congreso. Me parece claro que si el Banco Central desconoce lo que se está discutiendo en el Congreso, no estaría haciendo bien su trabajo en el control de la inflación. La explicación de que esto los habría tomado por sorpresa es una mala explicación, mejor hubieran dicho “no nos dimos cuenta que esto iba a tener el impacto” o “no nos percatamos del proyecto de ley”. De todas formas, el congelamiento de precios de la electricidad tendrá consecuencias de inflación y el Banco Central ya las calculó. Si alguien dijera que no tiene consecuencias macroeconómicas, está equivocado, las va a tener.
¿Podrías explicar cómo la deuda con las generadoras eléctricas tendrá un efecto en la inflación?
Toda tarifa que fue congelada en su momento, tiene una consecuencia de desinflación. Es decir, si congelaste la tarifa, los precios no subieron lo que tenían que haber subido, y por lo tanto, solo por ese efecto, bajó la inflación. Ahora la inflación tiene que retomar su camino. Te diría que la buena noticia es que se sinceró que el congelamiento de precios tiene consecuencias a nivel macroeconómico, como la inflación, pero también a nivel de decisión de los consumidores. Mucha gente pensó que la energía eléctrica estaba barata y cambiaron estufas eléctricas por estufas a gas. Fueron las mismas empresas las que convencieron a los consumidores que tuvieran aire acondicionado y mucho artefacto eléctrico. Lamentablemente, hoy día vamos a pagar lo que realmente cuesta la energía eléctrica.
¿Qué te parecen las declaraciones del Ministro de Energía, Diego Pardow, comentando que el Banco Central debió reconocer previamente lo que iba a suceder con la estabilidad de precios a partir de los proyectos de ley que congelaron las tarifas?
El ministro tiene razón, en cuanto a que el congelamiento de tarifas ayudaba al control de la inflación, pero se trata de una decisión transitoria. El Banco Central tiene que hacer su trabajo, así como el Ministro de Energía tiene que hacer el suyo. No es obligación del Banco Central llamar la atención cuando una política va a reducir la inflación, pero no puede sentirse sorprendido el ente emisor por la decisión actual. Este proyecto de ley existía, y si el Banco Central desconocía que había un proyecto de ley que podía impactar a la inflación, entonces alguien del Banco Central falló. A lo mejor esa persona es la que tendría que dar una explicación. Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Así como sucedió con el accidente del tren en San Bernardo. No podemos decir “yo pensé que el otro iba a frenar”. No hay que suponer tanto, hay que hacer la pega. Pasa mucho en política pública. La gente está acostumbrada a mirar para el lado, a ver quién se equivoca y no reconocer que no hizo su propio trabajo.
Luego del congelamiento de precios en 2019, el Gobierno de Gabriel Boric en 2022 ingresó una nueva ley que extendió el congelamiento de la tarifa, ¿cuál es tu lectura de aquella decisión?
Fue una decisión muy populista. El congelamiento no se justificaba después de la pandemia. Y ya cuando el gobierno volvió a congelar los precios fue porque no querían que la gente estuviera protestando en la Plaza Baquedano.
Actualmente, la oposición ha emplazado al Gobierno declarando que el ministro ha tenido una “falta de claridad” sobre lo que iba a suceder con las leyes que congelaron la tarifa. ¿Cómo ves tú la gestión del ministro en este tema?
El ministro hizo el trabajo de ir al Congreso para discutir sobre el descongelamiento de los precios y entiendo que las bancadas habrán solicitado a los ‘think tanks’ de su propio lado discutir sobre aquellas propuestas. Si no se dieron cuenta los propios asesores, nuevamente hay gente que no está haciendo su trabajo. Me parece que si no hay información en un proyecto de ley, lo primero que debe hacer un congresista es pedir más información y no sólo aprobar porque es parte de un acuerdo político. Las declaraciones son una manera de endosarle a un ministro una responsabilidad que es propia. Si los diputados dejaron pasar la discusión, son tan responsables como un ministro que no hiciera su trabajo. Me parece a mí que ellos son más responsables porque son los encargados de hacer el análisis de los proyectos de ley.
De hecho, algunas figuras políticas de oposición ya han planteado en los medios de comunicación la idea de una acusación constitucional contra el ministro.
Me parece que eso es política de muy poco alcance. No es la política pública que todos queremos para Chile.
A partir de la discusión pública que se está dando a partir del descongelamiento de las tarifas eléctricas, ¿crees que se abrirá la discusión acerca de políticas públicas que promuevan el desarrollo de energías renovables?
Es que ya hay muchas, casi en exceso. El método vigente para tarificar la transmisión eléctrica es un favor total a las renovables no convencionales, sobre todo a las solares que están lejos de los puntos de consumo, y sin embargo todas pagan lo mismo, independiente de cuán cerca o lejos estén. Este método de tarificación facilitó la entrada de energías renovables no convencionales lejos de los centros de consumo. Si uno mira los precios nudos, que son los costos marginales del sistema, se dieron vuelta completamente. En la zona central tenemos costo marginal cero desde las nueve de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y por eso las renovables no convencionales no están rentando. Entonces yo te diría que la política energética chilena no puede ser más pro energías renovables no convencionales que lo que ya es.
Finalmente, ¿crees que el Gobierno podría evaluar una alternativa para evitar o disminuir la magnitud del aumento energético?
Yo te diría que varias leyes que debían permitir resolver problemas muy importantes y abusos que se han dado en Chile están durmiendo el sueño de los justos. Como por ejemplo, las leyes que modificaban todo el tema del gas natural y gas licuado, así como el tema de la entrada de ENAP. Es difícil avanzar con una oposición que está dando a entender, incluso desde el Banco Central, que todo lo que hace el gobierno es malo. Creo que con el tema de la electricidad deberían sincerarse los precios. ¿Qué más justo para una persona modesta que no le alcanza el dinero, saber que va a recibir energía eléctrica y que la van a subsidiar porque está catalogada como subsidiable? ¿Y qué más justo también verificar que los precios de la energía eléctrica sean los correctos? En Chile está instalada hace rato la idea que el Estado tiene una caja inagotable de recursos y que eso nos va a resolver la vida a todos. Pero el daño más grande que nos pueden hacer sería regalarnos las cosas.
El investigador del CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, José Ignacio Heresi, realizó una publicación en la revista «Observatorio Económico» de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, donde analiza la importancia de los programas de delación compensada como herramientas para combatir la colusión y las críticas que existen sobre su aplicación, en el marco de la colusión en los mercados de gases industriales, medicinales y especiales.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Indura y Linde, además de tres de sus ejecutivos, por colusión en los mercados de gases industriales, medicinales y especiales.
En el artículo “Colusión en los mercados de gases industriales, medicinales y especiales y la importancia de la delación compensada” publicado en la edición N° 188 de la revista «Observatorio Económico» de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de esta casa de estudios, José Ignacio Heresi, precisa que -según información de la FNE- la colusión ocurrió, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, y que consistió en la repartición del mercado entre ambas empresas.
En esa línea, el experto explica detalladamente el acuerdo en donde cada empresa evitaba competir de manera efectiva por los clientes que ya eran abastecidos por la otra empresa y enfatiza en la importancia del uso del programa de delación compensada de la FNE.
“Más allá de lo repudiable de las acciones de estas empresas (que deben acreditarse durante el juicio), en este caso nuevamente destaca el uso del programa de delación compensada de la FNE, por parte de Linde y sus ejecutivos”, asegura José Ignacio Heresi.
El investigador del CiPP sostiene que, en este caso, las críticas al programa de delación compensada pueden ser aún mayores que de costumbre, considerando que la solicitud del beneficio de este mecanismo ocurrió justo después de que la FNE había procedido con la entrada, registro e incautación de evidencia en los domicilios particulares de los tres ejecutivos de ambas empresas.
No obstante, José Ignacio Heresi enumera algunas de las ventajas más importantes que presentan los programas de delación compensada en la persecución de carteles. Entre ellas, que permiten detectar carteles de los que no se tenía conocimiento, el aporte de antecedentes que antes eran desconocidos y la información aportada por el postulante que puede facilitar la tarea de la agencia de competencia de probar el acuerdo colusorio.
A modo de conclusión, Heresi asegura que la efectividad de la aplicación de la ley y el desbaratamiento de los carteles podrían ser incluso más importantes que el costo de eximir de multas y penas de cárcel a algunas empresas e individuos.
“Se debe considerar que los carteles son conductas ilícitas que se mantienen en el tiempo, algunas veces durante muchos años. Por lo tanto, desbaratar estos carteles de manera efectiva permite que las empresas vuelvan a competir (en mayor o menor medida), con las correspondientes ganancias de bienestar para todos los consumidores”, concluye el investigador del CiPP.
La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje, integra la mesa «Trabajo del Futuro» en la iniciativa «Proyecta Chile 2050», convocada por Congreso Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro, que tiene como objetivo generar estrategias y políticas públicas en materia de trabajo.
Con el objetivo de generar una hoja de ruta para el futuro del país que vaya más allá de los gobiernos de turno, el Consejo Asesor Científico y Tecnológico de Congreso Futuro, el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas (CRUCH), y la Fundación Encuentros del Futuro, dieron inicio a la iniciativa “Proyecta Chile 2050”.
“Proyecta Chile 2050” se propone generar un consenso transversal e inclusivo en el contexto de un diagnóstico común: Chile no tiene un proyecto país que trascienda los periodos electorales y los gobiernos de turno. Por esta razón, se convocó a diversos actores del mundo político, empresarial y social para crear mesas de trabajo correspondientes al año 2024-2025, integradas por académicos/as y expertos/as de distintas universidades e instituciones para identificar propuestas de largo alcance en diferentes ámbitos que son claves para el desarrollo del país de cara al futuro. Estas estrategias y políticas se compartirán y promoverán entre los tomadores de decisiones.
La iniciativa estará presidida por el rector Emilio Rodríguez, vicepresidente del CRUCH. La vicepresidencia estará compartida entre el rector de la UC, Ignacio Sánchez, y Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro. El director de Fundación Encuentros del Futuro, Alfonso Gómez, quien también es consejero del Centro de Innovación UC y director de empresas, será el secretario. Además, Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA, y del senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, participarán como consejeros de la iniciativa.
La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje-Pirela, es parte de la mesa «Trabajo del Futuro», específicamente de la sub-mesa “Inteligencia Artificial General y Generativa”, cuyo objetivo es abordar la relación entre las condiciones laborales actuales en Chile, como el subempleo, el desempleo, la precariedad laboral, la informalidad y el autoempleo, y el modelo económico vigente.
Además, esta sub-mesa analizará en qué medida estas problemáticas son inherentes al sistema o responden a otros factores. Asimismo, evaluará la preparación del mercado laboral chileno para enfrentar las tendencias disruptivas a nivel mundial que están transformando el mundo del trabajo.
Respecto a la primera sesión, que se llevó a cabo el pasado 15 de abril, Michelle Azuaje-Pirela aseguró que -en esa instancia- la mesa fue conformada oficialmente y que se establecieron reglas para su correcto funcionamiento. “Es un compromiso importante, ya que requiere asistir a varias reuniones y aunar voluntades desde diversas disciplinas. Serán muchas horas de trabajo, pero creo que los resultados serán muy positivos para el país”, afirmó.
Para la investigadora del CiPP, esta es una oportunidad única para aportar en la discusión del empleo en Chile desde diversas aristas. “Tenemos la oportunidad de aportar con nuestras distintas visiones y opiniones para aprovechar las oportunidades y asumir los desafíos en esta materia”, concluye la investigadora.
El proyecto “Proyecta Chile 2050” tiene una planificación de 35 sesiones semanales distribuidas a lo largo de 8 meses. Posteriormente, los integrantes de las mesas de trabajo deberán entregar al Senado un documento que presente las problemáticas y críticas identificadas, junto con los desafíos abordados en cada mesa y submesa -respaldados por evidencia científica- y las estrategias que fueron desarrolladas por los expertos y expertas. Este conjunto de propuestas profundizarán ámbitos como educación del futuro, salud del futuro, economía y trabajo del futuro, desarrollo de energías renovables, potencialidad y oportunidades de recursos tales como el hidrógeno verde y litio, el aporte de las ciencias, entre otros.
Con la participación de la ex presidenta Michelle Bachelet, en la Universidad Alberto Hurtado se llevó a cabo la presentación del libro «Reflexiones feministas sobre los cuidados», compilación de reflexiones profundas sobre el concepto de cuidado, abordado desde múltiples perspectivas y editado por académicas de la UAH.
En el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) se realizó, el pasado 25 de junio, el lanzamiento del libro “Reflexiones feministas sobre los cuidados”, editado por la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Lieta Vivaldi, y la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Daniela Alegría.
El libro es una recopilación de reflexiones sobre cuidados desde distintas perspectivas, la cuales se dieron a partir de un seminario realizado en el año 2022 en el que participaron personas de todas las edades, personal de la salud, además de representantes de la academia y el activismo. Además, el libro cuenta con aportes de referentes a nivel mundial, como Joan Tronto y Sara Farris, así como dirigentas de organizaciones sociales, como Lucha Venegas y Mariela Serey.
El evento contó con la presencia de la ex presidenta de la República y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el rector de la UAH, Cristián del Campo SJ ; la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, y el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eduardo Molina.
Durante el evento, las autoridades y académicos/as presentes compartieron palabras para explicar el contexto de este libro y la relevancia de su publicación en el fomento de políticas públicas que aborden esta temática.
En esa línea, la ex mandataria Michelle Bachelet se refirió a esta tarea que, según señaló, históricamente ha recaído en las mujeres. “Las labores de cuidado son indispensables para el funcionamiento de la economía, la producción y el mercado, pese a que es un trabajo muchas veces no remunerado y absolutamente invisibilizado”, señaló la ex comisionada de la ONU.
Respecto al contenido del libro “Reflexiones feministas sobre los cuidados” la ex presidenta afirmó que “Los textos que encontramos en el libro son un diálogo profundo y necesario sobre el cuidado. Esta obra colectiva nos ofrece un análisis detallado de los cuidados desde diversas perspectivas, a partir de un enfoque filosófico y jurídico, pasando por análisis político y sus aplicaciones prácticas”.
Por su parte, la investigadora y académica Lieta Vivaldi, en conversación con el CiPP, enfatizó en la importancia de la academia en el tratamiento de estas materias. “La academia no puede seguir siendo un espacio abstracto en el cual solo se piensa en las políticas desde un escritorio. En estas materias, la academia debe estar al servicio de la comunidad, al servicio del bien común y pensando en aquellas materias que son relevantes para la población. Sin duda una sociedad de cuidados es la sociedad que necesitamos hoy en día”, afirmó.
Además, Lieta Vivaldi se refirió al aporte de la publicación de este libro en la discusión pública sobre el sistema de cuidados. “Es un gran aporte, puesto que, desde la medicina, desde la filosofía, desde la sociología y desde el derecho, nos invita a pensar en los cuidados y no solo pensarlos en sentido abstracto, también pensar cómo los cuidados tienen repercusiones en nuestras vidas cotidianas”, señaló la académica.
Finalmente, la decana de la Facultad de Derecho de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, enfatizó en el compromiso de la universidad con la justicia social. “Una universidad para el bien común no puede sino tener al centro de nuestro interés la temática que hoy nos convoca: los cuidados”, aseguró la decana.
Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en todo el mundo el trabajo de cuidado es realizado mayoritariamente por mujeres, y en el caso de Chile, ellas dedican en promedio 3 horas diarias más que los hombres a realizar estas labores.
Por esta razón, la discusión en Chile respecto a esta materia se ha centrado en el poder garantizar las correctas condiciones bajo las cuales las personas ejercen el cuidado y fomentar la corresponsabilidad social. Te invitamos a revivir el evento completo en el canal de YouTube de la Universidad Alberto Hurtado.
Sobre la relación de la UAH con el mundo del trabajo, recordó que la UAH: “No es primera vez que desarrolla y realiza acciones desde el punto de vista académico hacia el mundo del trabajo en general. Tiene bastantes estudios propios, tiene desarrollo, y eso ha permitido también de que nuestra relación, tanto de las seremías, tanto del Ministerio del Trabajo, tanto de la Dirección del Trabajo, sea permanente con esta Universidad”, precisando que con el involucramiento de otros actores, como la academia: “…se puede desarrollar un mayor despliegue en conocer, en el mundo social, particularmente el mundo del trabajo, distintas realidades y todo lo que se requiere cambiar para ir equilibrando la relación capital-trabajo”.
El director académico del CiPP, Eduardo Saavedra, junto con valorar el aporte de esta nueva revista de divulgación de la DT, sostuvo una mirada a largo plazo respecto de la alianza entre academia e institucionalidad laboral: “Queremos destacar que esa simbiosis, esa sinergia que puede haber entre el trabajo académico y el trabajo concreto que hace, en el día a día, una institución como la Dirección del Trabajo es lo que nos interesa potenciar. Si podemos ser colaboradores de un mundo mejor para los trabajadores y trabajadoras de Chile, ahí están la Universidad Alberto Hurtado y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas”.
Subrayó también la importancia del desarrollo de políticas públicas encaminadas hacia el bien común, asentadas en la justicia social, gobernanza y en cómo cuidamos nuestro planeta: “Todos esos temas los hacemos siempre, pero ¿cómo hacemos que la gente sienta ese impacto del bien común? Con mejores políticas públicas, más eficientes, más efectivas, más claras, más baratas, más modernas. Y en eso está el CiPP y la universidad entera: : en la elaboración, en la propuesta, en la implementación, en la elaboración, y en la evaluación de políticas públicas también”.
Los debates urgentes en el mundo del trabajo
Para introducir el panel de reflexión, Ximena Concha, directora ejecutiva del CiPP, señaló que el mundo del trabajo está viviendo grandes y profundas transformaciones a raíz de variados fenómenos globales como los avances tecnológicos, la ecologización de las economías, el cambio demográfico y las migraciones. “Los mercados de trabajo están transitando hacia nuevas configuraciones y junto con las oportunidades, se agudizan viejas desigualdades y aparecen nuevos riesgos, por lo que se requiere de políticas públicas que acompañen estas transiciones con foco en la generación de empleos decentes y de calidad para todas y todos”.
Ana María Fernández, académica de la FEN, investigadora del CiPP y directora académica del COR, integró el grupo de panelistas del conversatorio con el cual concluyó el evento, quien valoró el tenor de la revista de la DT pues, a partir de los propios datos de esta institución, divulga información procesada que pone a disposición: “de los actores del mundo del trabajo que están interesados y, por supuesto, para nosotros, para la academia, es un insumo relevante”. También destacó que contenga temas coyunturales, abordados, por ejemplo, desde el prisma de entrevistas a expertos y expertas.
En relación con los temas principales que debieran guiar el debate en el mundo del trabajo, citó, por ejemplo, la irrupción de las plataformas “donde la relación entre empleador y trabajador está difusa”, por lo tanto, se requiere un “marco normativo que se adapte a estas nuevas realidades de la relación laboral”. A ello, sumó el desarrollo tecnológico, especialmente, el de la Inteligencia Artificial (IA) “asociado a las innovaciones en los procesos productivos y cómo estos procesos de automatización debieran ser controlados desde el diálogo de los actores sociales y limitados también a partir de los principios éticos y filosóficos, de manera que, aunque la tecnología sea posible de aplicar, los marcos jurídicos velen porque ciertos tipos de tareas no queden realizadas, sobre todo en decisiones, por las máquinas o por estas inteligencias artificiales, sino que, por un resguardo ético, ciertas actividades de los procesos productivos se resguarden como ámbito de acción del trabajo humano”.
Conciliación vida laboral y vida familiar es otra materia de debate urgente: “Supone establecer marcos regulatorios que permitan integrar procesos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, de manera que los aspectos culturales que están a la base de los procesos discriminatorios hacia las mujeres queden eliminados en la práctica, porque hombres y mujeres tendrían la misma responsabilidad y las mismas oportunidades de poder hacerse cargo de los trabajos de cuidado”. Se trataría, puntualizó de un sistema de cuidados con la coparticipación de: “Todos los actores sociales que organizan el cuidado en una sociedad, evidentemente, entre ellos, los servicios de cuidado por parte del Estado y de la política pública”.
Otro tema importante que recalcó es el cómo utilizamos las bondades de la globalización (en términos de los procesos productivos de las cadenas mundiales de suministro) de tal manera de mitigar: “…los impactos negativos de esta misma globalización en los eslabones de las cadenas de los países en desarrollo”, señalando que a través de establecer procesos de ´debida diligencia: “Se pone cota y unos mínimos que permitan que los derechos básicos de los trabajadores se cumplan en cualquier lugar del mundo”.
Por último, y no menos importante, mencionó la importancia de sistemas de formación para el trabajo a lo largo de la vida, que sean flexibles de manera que se puedan adaptar a los dinámicos procesos de tecnologización e innovación sustantivas que se dan al interior de las organizaciones: “Esto supone que los actores sociales deben trabajar de forma dialogada para establecer mecanismos que permitan la reconversión rápida, a través de procesos de formación, en momentos de desempleo y, principalmente, a través de procesos de formación dentro del empleo, para impedir precisamente que las personas queden desempleadas”.
Sobre el aporte de la academia a estos debates, mencionó varios aspectos, entre ellos: “Nuestro principal valor es, primero, pensar y ser consciente de cuáles son los nudos críticos en el mundo del trabajo, llevar a la discusión materias que pudieran no ser atractivas para, incluso, ciertos actores de las propias sociedades, pero que son necesarios de llevar a la discusión, al análisis, a la investigación y a la generación de información para que todos estos desafíos del mundo del trabajo puedan ser abordados pertinentemente en su momento y no cuando se produzcan grandes shock y grandes problemáticas sociales”.
OIT – Inquietud por el presente y futuro del trabajo
Desde la óptica de la OIT Cono Sur, Patricia Roa calificó como: “Una feliz noticia encontrarnos con una revista que tiene un nombre tan afortunado, “Trabajo en Debate”, porque nunca los temas laborales están sellados en piedra, siempre hay un debate, una nueva revolución tecnológica, una nueva discusión. Y nos parece que aportan estudios que pueden ser significativos para conducir técnicamente el diálogo entre trabajadores y empleadores, por supuesto también el Gobierno”.
Sobre el rol de la academia en estos debates, precisó que: “Es muy relevante, que esté vinculada esta generación de conocimiento, no sólo al debate tripartito, sino que también en conexión con las universidades. Y la Universidad Alberto Hurtado ha desarrollado un trabajo de conexión muy importante con el mundo del trabajo, promoviendo el trabajo decente y el diálogo social. Y entonces nos parece que el que se haya lanzado en esta universidad no solo demuestra la importancia de la vinculación con la academia, sino que es una manifestación del compromiso tradicional que ha tenido esta universidad con el mundo del trabajo”.
Consultada por los temas laborales que están en el debate, subrayó la inquietud sobre el presente y futuro del trabajo impactado por nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías, digitalización, el trabajo en plataforma, y el rol de las personas cuidadoras: “Toda la gente está muy inquieta sobre el futuro de su trabajo, sobre el presente de su trabajo. Y esa es una inquietud que tiene hoy día un adulto, pero que también la tiene mirando a sus niños que están en el colegio, que están en la universidad, porque pareciera ser un mundo muy inestable. Entonces, claramente, es un desafío que hay que asumir. Nosotros tenemos que tener capacidad de prospección, tenemos que saber anticiparnos, ver dónde se van a crear empleo, hacernos cargo de los empleos que se van a destruir, ofrecerles oportunidades, porque si las personas son el centro de nuestras políticas laborales, entonces preocupémonos de las personas y ayudémoslos a transitar a estos nuevos puestos de trabajo, ayudémoslos a aprender esto nuevo que van a requerir para seguir vigente y preocupémonos de que los niños, niñas y jóvenes estén hoy día recibiendo las herramientas necesarias para que sobrevivan con éxito a su vida laboral y alcancen, como la OIT promueve, trabajo decente para todas y todos”.
Sindicatos- Salario Vital-Negociación Ramal
Para Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile), esta nueva revista de la DT: “Es relevante dado que incorpora elementos concretos, científicos, para poder hacer una discusión concreta sobre la realidad laboral en Chile. Evidentemente que el debate laboral de la contradicción capital-trabajo siempre va a incorporar elementos de ideología, de política, pero los elementos concretos, la relación salarial-sindicato, cómo en las empresas donde existe sindicato sube el salario, hay menos brechas, me parece que son relevantes para dar un debate, como por ejemplo el salarial en Chile”.
Entre los temas laborales que a su juicio deben estar en la discusión, está el del salario vital y la negociación colectiva ramal: “La propuesta que hemos señalado al país es que Chile requiere un salario vital. De hecho, este año se reunió el Comité de Expertos Salarial y denominó el salario vital como un salario de suficiencia, que es la gran diferencia con el salario mínimo, que lo que establece es un mínimo para acceder a un trabajo; el salario vital establece el debate de si los salarios que las y los trabajadores ganan alcanzan para tener un mínimo de dignidad, tanto individual como familiar”.
Sobre la Negociación Ramal, enfatizó la necesidad de reponer este derecho: “Porque una Negociación Colectiva Ramal, un diálogo social a ese nivel, permite debatir sobre los debates fundamentales del trabajo, salario, por un lado, cuidado, como una segunda cuestión fundamental, la perspectiva de género, ahora que está en boga la implementación del convenio 190, la formalización de las y los trabajadores, dado la alta tasa de informalidad, cerca de un 30% en Chile, y también, por supuesto, los temas vinculados a la seguridad y salud laboral en el mundo del trabajo”.
También destacó: “La acción institucional de la Universidad Alberto Hurtado en materia de trabajo. Creo que han avanzado muchísimo en definir mecanismos de diálogo social, como, por ejemplo, la operacionalización que han hecho del concepto de Diálogo Social basado en el sistema institucional actual de relaciones laborales en Chile. Me parece que es un aporte, es fundamental que una universidad jesuita como esta se vincule, como históricamente lo ha hecho, a los temas del trabajo y a las condiciones de vida de las y los trabajadores”.
En una columna de opinión publicada en Cooperativa, el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Humberto Borges, entrega una visión crítica del Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno.
“A pesar de los avances en el cumplimiento tributario, la reforma deja pendientes áreas críticas como la educación pública. La gestión deficiente y la falta de recursos en este sector requieren una atención urgente”, así reflexiona Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en su columna “Una visión crítica del Pacto Fiscal” publicada en Cooperativa.
Si bien Borges coincide en la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público, considera que el Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno del presidente Boric, iniciativa destacada en la pasada Cuenta Pública, no presta suficiente atención a las áreas de educación, seguridad y salud.
El investigador del CiPP concluye su columna pidiendo un mayor diálogo sobre el aumento de impuestos y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y enfatizando la necesidad de considerar cuidadosamente los impactos potenciales de las medidas propuestas en el pacto fiscal. “Solo así podremos avanzar hacia un crecimiento económico sostenible y equitativo para todos los chilenos”, finaliza.
Te invitamos a leer la columna de opinión desde el siguiente enlace:
En una columna de opinión publicada en CNN, el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Sebastián Salazar, plantea que existe un diseño institucional «débil, fragmentado e ineficaz» que afecta una conducción democrática del sector seguridad en el país.
El investigador del Centro interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y académico de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, Sebastián Salazar, alerta en una columna publicada en CNN Chile sobre la existencia de un «diseño institucional débil, fragmentado e ineficaz» que afecta la conducción democrática del sector seguridad en el país.
Esta situación, según Salazar, es la raíz de la grave crisis de seguridad que existe hoy, con niveles de violencia inéditos en la comisión de delitos de alta connotación pública que “afecta a la ciudadanía de manera transversal, pero se ensaña principalmente con los grupos más vulnerables y de los sectores más populares del país”.
En ese sentido, el investigador del CiPP sostiene que el diseño institucional chileno, heredado en parte de la Constitución de 1980, genera tres problemas fundamentales.
Una conducción política débil, lo que alude a un lento proceso de fortalecimiento del rol del Presidente de la República en las relaciones con las Fuerzas Armadas y las policías ha dificultado la toma de decisiones estratégicas.
Una estrategia fragmentada que se expresa en una falta de coordinación entre organismos públicos y privados, sumado a la disparidad en la generación de información y las trabas para compartir datos, que obstaculizan una adecuada toma de decisiones en los niveles políticos y estratégicos; y
Una operativa ineficaz, esto es, la alta autonomía y el corporativismo de las instituciones del sector, como las FF.AA., las policías y los organismos de persecución penal, afectan los niveles de conducción de la seguridad.
Finalmente, Sebastián Salazar propone un conjunto de medidas urgentes que permitan fortalecer la conducción de la seguridad en sus tres niveles, entre otras, la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública y la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, un mejor control y gestión migratoria; una política carcelaria adecuada a las complejidades actuales y sus necesidades institucionales; la definición clara del rol de las FF.AA. en el orden público; y la prevención de la corrupción y el tráfico de influencias en el sector.
Te invitamos a leer la columna completa en el siguiente enlace:
La Dirección del Trabajo (DT) y el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), invitan al evento de lanzamiento de la nueva revista «Trabajo en Debate», una publicación destinada a discutir los temas más relevantes del ámbito laboral chileno. Autoridades públicas, dirigentes sindicales y empresariales, académicos/as, expertos/as, estudiantes y otros invitados/as se reunirán en el Aula Magna de la UAH el próximo 17 de junio para un debate informado sobre los desafíos del trabajo en el país. Conoce los artículos del primer número e inscríbete para participar en esta conversación sobre el presente y futuro del mercado laboral en Chile.
La Dirección del Trabajo (DT), con la colaboración del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), invitan al lanzamiento de la revista «Trabajo en Debate». Esta nueva publicación, elaborada por la DT, busca crear un espacio de discusión y divulgación sobre los temas más relevantes y actuales en el ámbito laboral de Chile, y ampliar la capacidad de divulgación de hallazgos de investigaciones relevantes y actuales sobre el mundo laboral.
El lanzamiento se realizará en la Universidad Alberto Hurtado dada la trayectoria y prestigio de esta casa de estudios en la investigación y análisis de temas laborales y sociales. La actividad se llevará a cabo el lunes 17 de junio, entre las 09:30 y las 12:00 hrs en el Aula Magna de la UAH. En la oportunidad, se presentará el primer número de la revista y participarán expertos/as del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH de la Organización Internacional del Trabajo, de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación de la Producción y el Comercio, quienes reflexionarán sobre los principales desafíos del mercado laboral en Chile y la importancia del diálogo social como herramienta para abordarlos.
El evento contará con una inauguración donde las autoridades de las entidades organizadoras y otras autoridades compartirán un saludo inicial. Luego, el Jefe del Departamento de Estudio de la Dirección del Trabajo, Sr. Gonzalo Tassara, presentará la Revista y los objetivos de su lanzamiento.
A continuación, se realizará un panel de discusión con expertos y expertas invitadas quienes valorarán el aporte que representa la Revista para avanzar hacia discusiones más informadas sobre los temas laborales.
El panel será moderado por Ximena Concha , directora ejecutiva del CiPP, y contará con los siguientes participantes:
Eric Campos, Secretario General de la CUT Pablo Bobic, Gerente Legal de la CPC (Por confirmar) Eduardo Abarzúa, Vicerrector Académico de la UAH e investigador del CiPP UAH Patricia Roa, Oficial de Programación de la Oficina de la OIT para Cono Sur de América.
Te invitamos a inscribirte para asistir a esta importante actividad, o para participar de la transmisión vía streaming del lanzamiento de la revista “Trabajo en Debate”: ¡Inscríbete aquí!
Artículos del primer Número
El primer número de la revista «Trabajo en Debate» incluye los siguientes artículos:
¿Hay mejores salarios en las empresas con sindicatos en Chile? Lo que dicen los datos reportados por las empresas a la Dirección del Trabajo (Katherine Tabilo, Carolina Díaz)
Infraccionalidad laboral en el rubro del retail. Análisis de resultados de fiscalizaciones recientes de la Dirección del Trabajo (Martín Oyarzo, Gonzalo Tassara)
Políticas laborales y empleo: análisis de las tendencias en las cartas de despido durante los dos últimos gobiernos (Francisco Gómez)
Salario mínimo y gratificación legal. Evidencia basada en registros administrativos de la Dirección del Trabajo (Francisco Gómez)
La situación actual y los desafíos futuros en la protección de la Libertad Sindical en Chile. Entrevista al profesor Cesar Toledo (Sebastián Osorio)
Un aporte al debate laboral en Chile
Se espera que la revista “Trabajo en Debate” se convierta en un referente para los actores del sistema de relaciones laborales, aportando a un debate informado sobre los desafíos del trabajo en el país.
La Dirección del Trabajo es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que vela por el cumplimiento de la legislación laboral, fiscalizando, interpretando, orientando la correcta aplicación de la normativa y promoviendo la capacidad de autorregulación de las partes, en la búsqueda del desarrollo de relaciones de equilibrio entre empleadores y trabajadores.El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios de la UAH y se vincula formalmente con ella a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Su objetivo fundamental es contribuir a hacer de la UAH un referente nacional y regional en investigación y producción académica de interés público.
La Dirección del Trabajo (DT), con la colaboración del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizaron el evento de lanzamiento de la revista «Trabajo en Debate», una nueva publicación de la DT en formato online destinada a discutir los temas más relevantes del ámbito laboral en Chile.
Durante la mañana del lunes 17 de junio, la Dirección del Trabajo (DT), en colaboración con el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizaron el evento de lanzamiento de la revista online «Trabajo en Debate», publicación semestral elaborada por la DT dedicada a la discusión y divulgación de investigaciones basadas en datos administrativos de esta repartición pública.
El evento de lanzamiento se desarrolló en el Aula Magna de la UAH y contó con la participación de autoridades de la Dirección del Trabajo, del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Durante la inauguración, las autoridades de las entidades organizadoras compartieron un saludo para dar inicio al lanzamiento de la revista y explicar sus enfoques. En sus palabras inaugurales, el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Eduardo Saavedra , señaló que en Chile falta que el mundo universitario haga una colaboración con el sector público, con el uso de datos y con metodologías propias de la investigación.
“Por esta razón, llama la atención positivamente que esto se haga desde la óptica del que está implementando, trabajando, fiscalizando y revisando el día a día en el tema laboral”, afirmó Saavedra.
Por su parte, el director del Trabajo, Pablo Zenteno, enfatizó en la importancia de esta primera actividad para cumplir desafíos que estaban pendientes y generar un trabajo mucho más profundo en la institución.
“El desafío es que toda la discusión que realizamos -que requiere la inversión de mucho tiempo en términos del esfuerzo de investigadores e investigadoras- transmute en buenas políticas públicas para el país. Esperamos que, finalmente, eso logre cambiarle la vida a los ciudadanos y ciudadanas de Chile y el mundo. En ese sentido, esperamos que esta primera actividad de lanzamiento de esta nueva Revista nos permita ir generando mejores lazos y desafiarnos, también, como institución”, aseguró Zenteno.
El jefe del Departamento de Estudio de la Dirección del Trabajo, Gonzalo Tassara, fue el encargado de presentar la Revista «Trabajo en Debate», los objetivos de su lanzamiento y los artículos que incluye el primer número de la revista, los cuales abordan temas claves, como la relación entre sindicatos y salarios en Chile, la infraccionalidad laboral en el sector retail, las políticas de empleo y las cartas de despido, y las tendencias en la protección de la libertad sindical.
Además, el evento tuvo un panel de discusión con expertos y expertas invitadas, el cual fue moderado por la directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha y contó con la participación del secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos; la oficial de Programación de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América, Patricia Roa; y la investigadora del CiPP, académica de la Facultad de Economía y Negocios y directora académica del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales (COR) de la UAH, Ana María Fernández.
Los panelistas valoraron el aporte que representa la revista «Trabajo en Debate» para avanzar hacia discusiones más informadas sobre los temas laborales y reflexionaron desde distintas perspectivas, sobre los principales desafíos del mercado laboral en Chile y la importancia del diálogo social como herramienta para abordarlos.
En ese sentido, Patricia Roa abordó los desafíos de la preparación de las personas para los nuevos puestos de trabajo que se crearán en Chile. “Hay una clara preocupación por los puestos de trabajo que se van a perder, pero muchas veces en este país no tenemos la reflexión suficiente para analizar cómo preparamos a las personas para los trabajos que se van a crear. Considero que tenemos más experiencia y habilidades para la catástrofe”, señaló.
“Hay muchas personas que podrían verse beneficiadas con una mirada más estratégica de no solo cómo vamos a proteger a quien pierda un empleo, sino que cómo estamos preparando a esa persona y a los que se van a incorporar a la fuerza de trabajo para esos nuevos puestos que se van a crear”, concluyó Roa.
Por su parte, Eric Campos destacó que, con la publicación de esta revista, la Dirección del Trabajo recuperará una tradición histórica en materia de estudios. “Creo que el valor de esta revista es que va a permitir que se abra un debate sobre la realidad. No voy a decir ‘ni más técnico ni menos ideológico’, porque todo es técnico y todo es ideológico, pero sí al menos discutir sobre cifras que se construyen a partir de la institucionalidad pública”, afirmó el secretario general de la CUT.
Ana María Fernández , analizó los desafíos de cara a la transición a nuevos puestos de trabajo. “¿Cómo hacemos esta transición? Necesitamos generar espacios de formación formal y no formal, que sean lo suficientemente laxos o maleables para que podamos implementar el concepto de formación a lo largo de la vida. Porque, si no, lo que vamos a generar son desempleados para lo largo de la vida”, aseguró.
Al final del evento, se abrió un espacio para preguntas de las y los asistentes, las cuales fueron respondidas por las y los panelistas expertos que participaron en la instancia, donde se abordaron temas como la negociación colectiva, la capacitación para nuevos empleos, la modernización del trabajo, y el rol de las universidades en ofrecer carreras que tengan empleabilidad en el mercado del trabajo, entre otros.
A modo de reflexión, la directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha, señaló al final del panel que las transformaciones que está viviendo el país requieren que todos los actores hagan una modificación a las formas tradicionales con las que se venían gestionando y conversando estos temas.
“Este cambio requiere un movimiento sindical más unificado, con una agenda común más fuerte y una academia cada vez más conectada con las necesidades reales de la sociedad”, concluyó Ximena Concha.
Te invitamos a revivir el evento completo en el canal de YouTube de la Dirección del Trabajo (DT) en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=kZkc4VSl9oU&ab_channel=DireccionDelTrabajo
En su tercera Cuenta Pública, Gabriel Boric presentó avances y desafíos, destacando medidas clave como la propuesta de aborto legal y la urgencia en la Reforma Tributaria, mientras compartió logros económicos y reflexiones sobre el futuro del país. En conversación con el CiPP, el investigador asociado Fabián Pressacco compartió sus principales reflexiones del discurso del mandatario.
El pasado sábado 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric Font, ofreció su tercera y penúltima Cuenta Pública desde el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. El discurso del Jefe de Estado generó diversas reacciones en el ámbito político nacional, donde destacó un balance de su gestión hasta la fecha y delineó compromisos, propuestas y medidas para el resto de su mandato.
Entre los anuncios más destacados, la Reforma Tributaria fue uno de los temas centrales del discurso, resaltando la importancia de su aprobación para cumplir con las promesas realizadas. Además, el mandatario repasó los avances en materia de seguridad, anunció máxima prioridad al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y destacó la presentación de un proyecto de ley de aborto legal, la postulación de Chile como sede de los Juegos Olímpicos de 2036, la urgencia en la ley de eutanasia, la creación del Sistema Nacional de Cuidados en Chile y la ampliación de cupos en cárceles.
Además, el Presidente Boric destacó los logros económicos, señalando un crecimiento del 2,4% en 2022, superando las expectativas, y un aumento del casi 3% en la inversión total, así como un incremento del 31% en la inversión extranjera directa. El optimismo económico se consolidó en 2023 con una inflación anual que continuó a la baja, marcando un 9,9% en abril. Además, la economía experimentó dos trimestres consecutivos de crecimiento en relación con el trimestre anterior durante los primeros meses de este año.
Fabián Pressacco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) compartió sus impresiones sobre el discurso de Gabriel Boric y reflexionó sobre la gestión del Gobierno en una conversación con el CiPP.
¿Cuáles son tus impresiones generales del discurso del presidente Gabriel Boric en su tercera Cuenta Pública?.
Había expectativas contenidas porque el mismo Gobierno se había encargado de decir que esto no iba a ser una cuenta pública de demasiados anuncios, más bien un recuento de balances. Sin embargo, el presidente no renunció a su relato anclado en la equidad y en problemas de desigualdad, haciendo énfasis a esta idea de que todos y todas tengamos la posibilidad de desarrollarnos como personas sin importar el lugar donde nacemos, y a mí me parece que ese relato sigue siendo su sello distintivo y un componente valioso. A veces cuesta conectar ese relato con las políticas públicas, pero me parece aún más relevante anclarse en ese relato cuando el gobierno tiene y va a tener dificultades para poder sacar adelante proyectos emblemáticos de su agenda.
En ese sentido, ¿a quién crees que le habló el presidente en su discurso?
Le habla a la gente que sigue estando preocupada y descontenta con la desigualdad, con las dificultades cotidianas de llegar a fin de mes. Le habla a la gente de este país que la pasa mal, que lamentablemente son muchas personas. No creo que esté hablando, en términos de relato general, al nicho, al típico 30% que lo sostiene. Sino que busca ampliar ese conjunto porque hay iniciativas y proyectos que deberían buscar un acuerdo común.
Es decir, ¿también le habla a la oposición?
Creo que trata de interpelar a la oposición, poniendo el foco en esta mirada de los bienes públicos, de mejorar la responsabilidad pública, y en la provisión de ciertos bienes públicos anclados a una perspectiva de derechos. El tema previsional es eso. Creo que el presidente ha tenido un proceso de aprendizaje gigantesco. Estamos hablando de un hombre que hace 10 años era dirigente estudiantil. Entonces, es un tipo que ha logrado poner en balance sus convicciones iniciales, y procesarlas para abrir y tender puentes de diálogo. Además, hoy se enfrenta a una oposición muy mezquina, muy fundamentalista en muchos casos, y me parece que es el gran obstáculo.
¿Cómo se logra romper con ese obstáculo al momento de tender puentes de diálogo?
Eso lleva a otros temas que tienen que ver con cómo se configura el sistema político, el grado de fragmentación que hay en la representación parlamentaria, la indisciplina parlamentaria, y también los problemas al interior de la coalición. Chile se ha vuelto muy complejo de gobernar. Esta coalición es muy variopinta, se fue reconstruyendo en el camino. Hay que recordar que esta coalición es la que dijo no al PPD para hacer primarias conjuntas, y que ahora tiene a la jefa de gabinete de ese partido. Eso ha ampliado la base de sustentación, pero ha complejizado la posibilidad de encontrar acuerdos dentro de la coalición gobernante. Y claramente el panorama en el Parlamento es de una fragmentación muy alta, de mucha indisciplina, de mucho díscolo, de mucho voto suelto.
En este segundo periodo de gestión, ¿el desafío del Gobierno será articular los partidos que conforman su coalición?
Pienso que el desafío fundamental es renunciar a todo lo que no sea fundamental y colocar todos los esfuerzos en sacar adelante dos cosas que están íntimamente relacionadas: reforma tributaria y reforma previsional. Al Gobierno le queda poco tiempo para lograr ese gran desafío y es un escenario complejo con un margen muy pequeño. Pero también hay que sacarse el sombrero, y lo digo por la Ministra Jara que es una de las fortalezas de este Gobierno. Entonces, el desafío del Gobierno es seguir reduciendo las ansias reformistas y dejar de lado algunas cosas que son significativas, porque el tiempo político se acaba este año. Después viene la elección municipal, y luego el foco estará puesto en las presidenciales.
En relación a los proyectos anunciados en la Cuenta Pública, ¿crees que reflejan adecuadamente las necesidades y las preocupaciones del país?
Creo que el presidente tiene una sensibilidad que lo hace interpretar bien las necesidades del país. En su discurso recogió los temas medioambientales, toda la fuerza del hidrógeno verde, el tema de las energías renovables no convencionales, que son temas potentes. Aparte, en esta segunda mitad de la gestión del Gobierno se comienza con datos económicos muy buenos, con la billetera con más margen de maniobra, el precio del cobre en la nube, el tema del litio, etcétera.
¿Y cuáles crees que son las oportunidades para este segundo periodo de gestión?
El tema de los cuidados es un motor para la economía que tiene que ver con un tema de derechos de protección social y seguridad social. Si uno mira la economía de los países desarrollados, estas políticas están implementadas y un porcentaje significativo del mundo laboral está dedicado a eso. Por lo tanto, creo que no solamente es un avance en derechos, sino también es la oportunidad de reconfigurar de manera significativa el mundo del trabajo, crear nuevos sectores, o formalizar sectores que en la práctica funcionan, inyectando dinero en el bolsillo de las personas. Asimismo, los temas de seguridad, pero entendidos en esa dimensión más sustantiva de que todos y todas nos sintamos más seguros. En su discurso, Gabriel Boric también le hace ese guiño a los temas de seguridad, no solamente pensados como en esa dimensión más represiva de orden público, sino que en un ámbito de seguridad que sintoniza con las preocupaciones de la gente.
¿Cómo ves la participación ciudadana en el proceso de elaboración y desarrollo de las políticas públicas?
Es una asignatura pendiente porque tenemos una sociedad bastante despolitizada. Si bien los procesos vinculados al estallido social y el activismo político vinculado a los procesos constituyentes fomentaron la participación ciudadana, todavía hay un porcentaje significativo que no está muy interesada en las políticas públicas. En términos institucionales, cuando tú miras cuáles son las instancias de participación del sistema político chileno, te das cuenta que son muy acotadas y muy débiles.
¿A qué te refieres con esto?
No hay mecanismos de rendición de cuentas disponibles, instancias consultivas y deliberativas. De hecho, esto de tener que ir a participar en varios plebiscitos en muy poco tiempo estuvo fuera del rango de lo normal. En muchas democracias más avanzadas estos mecanismos están más afiatados, se usan más frecuentemente. Hay países donde si el sistema político, las instituciones políticas, o los poderes del Estado no logran destrabar un tema relevante para la ciudadanía, como actualmente sucede con el tema provisional, se abre una vía consultiva. Ojo, hacer las cosas participativamente lleva tiempo, es complejo y hay que saber hacerlo. Entonces, el valor que te agrega en términos de resultados puede no ser tanto, pero sí le da legitimidad al proceso. Pero nuevamente, a veces lleva mucho tiempo y no sé si este Gobierno tiene tanto tiempo.
Finalmente, ¿cómo calificas la gestión del Gobierno en el periodo cubierto por la Cuenta Pública 2024?
Yo tengo una buena evaluación del Gobierno pero con diversidad según los ámbitos en particular. Hay algunos integrantes con un desempeño que yo considero notable. Recién te hablaba de la Ministra Jara, el caso del subsecretario Monsalve, la ministra Carolina Tohá, y el presidente mismo. Creo que el anuncio del aborto vuelve a colocar en un lugar más visible a la Ministra Orellana, que había estado bastante ausente, siendo que está en el comité político. Por otro lado, hay gente que está en el promedio, y creo que el Gobierno ha tenido un problema de cuadros medios. De pronto le ha faltado gente con más preparación, en el sentido no solamente profesional, sino de conocer el teje y maneje del Estado. El Estado es una cosa tremendamente compleja, entonces hay un tema de oficio que no se aprende en ningún lado más que ahí mismo, se aprende desde adentro.
Ahora, a mí me parece que este Gobierno ha sido muy maltratado, en parte porque también tuvo una instalación y una impronta inicial muy crítica. Uno podría decir que el Gobierno perdió tiempo inicial muy valioso, habiendo tenido tanta claridad respecto a lo que había que hacer. Pero la instalación del Gobierno fue muy lenta y se perdió tiempo valioso que ahora se echa de menos.
La investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, presenta su libro «Relaciones Laborales: Diálogo Social en las Organizaciones». Esta publicación, que se enmarca en el proyecto FONDEF ID 17I20225, dirigido por el investigador asociado del CiPP y Vicerrector Académico UAH, Eduardo Abarzúa, aborda las relaciones laborales a través del proceso de diálogo social en las organizaciones.
«Relaciones Laborales: Diálogo Social en las Organizaciones», es el título del libro publicado por la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ana María Fernández. Esta publicación se realiza en el marco de la segunda parte dell proyecto FONDEF ID 17120225 “Mejorando las relaciones laborales: desarrollo y escalamiento del Sistema de Fomento al Diálogo Social en las organizaciones, Índice de Diálogo Social (IDIAS)” que contó con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile ( ANID).y fue ejecutado en conjunto por las facultades de Psicología y de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, durante el período 2018-2023.
El libro, editado y publicado por la editorial Ediciones UAH, ofrece un enfoque completo y comparativo sobre los procesos de diálogo social en el ámbito laboral, explorando tanto el sector público como el privado en el contexto específico de Chile. Desde una perspectiva teórica y regulatoria, la obra examina las diversas dimensiones del diálogo social, tanto en sus expresiones formales como informales, con el objetivo de promover una cultura de diálogo dentro de las organizaciones.
En palabras de Ana María Fernández, «este libro tipifica parte del diálogo social en su concepto operacionalizado para Chile y lo circunscribe dentro de la realidad socioproductiva de nuestro país, que difiere de las concepciones eurocéntricas, donde prepondera en gran medida, por ejemplo, la negociación colectiva. Nosotros, sin embargo, tenemos una baja tasa de sindicalización y entonces acudimos a otras expresiones dialogantes que pueden ser tipificadas y consideradas como diálogo social».
Asimismo, la académica de la FEN UAH explica que la relevancia de la investigación en el desarrollo de políticas públicas radica en generar conocimiento sobre el diálogo social, lo cual «es imprescindible para poder poner en marcha el compromiso del gobierno de relanzar la posibilidad de conseguir en Chile una interacción y una negociación multinivel en nuestro sistema de relaciones laborales».
Destinado a profesionales y académicos/as interesados/as en el desarrollo de las relaciones laborales, así como a gestores de recursos humanos, dirigentes/as sindicales y funcionarios/as públicos, «Relaciones Laborales, Diálogo Social en las Organizaciones» aborda de manera exhaustiva los aspectos fundamentales del diálogo social descentralizado. El libro se estructura en cuatro capítulos, que van desde una introducción teórica hasta un análisis detallado de las manifestaciones del diálogo bipartito en empresas y entidades del sector público.
Esta publicación representa una contribución significativa al entendimiento y la promoción del diálogo social como herramienta fundamental para el desarrollo organizacional y la gestión de conflictos en el ámbito laboral.
Este proyecto de investigación, aprobado por la Resolución Exenta 11440/2 020 de la ANID, ha sido dirigido por el investigador asociado y Vicerrector Académico UAH, Eduardo Abarzúa, y ha contado con la participación destacada de un equipo multidisciplinario compuesto por Mauricio Araneda Reyes, Carlos Aparicio Puentes, Ana María Fernández Marín, Fernando Contreras Muñoz, Ximena Concha Bañados, Marcela Silva Leiva, Karin Undurraga Biskupovic y Jaime Maturana Zúñiga.
La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, junto con la directora del Programa de Género, Derecho y Justicia Social UAH y también investigadora del CiPP, Lieta Vivaldi, participaron en la cuenta pública de los Programas de Género de la Facultad de Derecho de la UAH, donde se realizó un recuento de las distintas acciones que se han llevado a cabo a través de estas iniciativas y su aporte a las políticas públicas en este ámbito.
La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) llevó a cabo la cuenta pública de los Programas de Género que ejecuta -el pasado 4 de junio-, donde se reflexionó sobre sus principales logros, avances y desafíos pendientes en la búsqueda de una sociedad más equitativa e inclusiva, a través de estas iniciativas.
En la instancia, participó el Rector de la UAH, Cristián del Campo, la Vicerrectora de Investigación y Postgrado, Antonia Larraín, la directora de Género, Diversidad y equidad, Andrea Hurtado, la decana de la Facultad de Derecho UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez y la directora del Programa de Género, Derecho y Justicia Social UAH e investigadora del CiPP Lieta Vivaldi, entre otras académicas y académicos de la universidad.
En la actividad se expusieron tres programas vinculados con temáticas de género, cada uno de los cuales aborda problemáticas relevantes de la agenda de política pública a nivel país: El Programa de Género, Derecho y Justicia Social, que existe desde el 2018, y que actualmente es liderado por la profesora Lieta Vivaldi; el Programa de Violencia Intrafamiliar en convenio con la Fiscalía Oriente y el Gobierno Regional, dirigido por la profesora Rocío Yubano; y el reciente Programa de Derecho y Cuidados, liderado por la profesora Victoria Martínez.
Como primer punto, se abordó la importancia de promover la justicia social como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más igualitaria. Luego, se discutió sobre la importancia de los programas y las acciones que prevengan y aborden la violencia de género, así como la necesidad de promover una cultura de respeto y equidad de género; y finalmente, se dedicó atención especial a la cuestión de los cuidados, reconociendo el valor fundamental de este trabajo, que en su mayoría es realizado por mujeres.
En su intervención inicial, la decana Miriam Henríquez señaló que las propuestas de estos programas se relacionan con el quehacer de la formación, la investigación y la vinculación con el medio de la universidad y facultad. “Esto también es parte de nuestro gobierno y planificación estratégica. Nosotros definimos transversalizar la perspectiva de género en prácticamente todas las áreas de nuestro quehacer”, afirmó.
En ese sentido, la decana enfatizó que los resultados presentados son fruto de un trabajo colectivo, el cual se ha realizado con convicción y audacia. “Estamos convencidos de que tenemos que aportar un granito de arena para contribuir con la igualdad y la justicia”, dijo.
Por su parte, Lieta Vivaldi enfatizó en la importancia de contar con programas que aborden estas temáticas. “Me parece bastante excepcional contar con una facultad de Derecho con tres programas de la calidad que tenemos y que aborden temas tan urgentes para el país, como son los cuidados, la violencia de género, la perspectiva de género en la academia, y en nuestras vidas. Cuando yo estudié, esto era algo impensado, ya que se consideraba un tema muy de nicho”, señaló.
En cuanto a los desafíos, la académica aseguró que el espíritu principal de los programas es seguir mostrando cómo cada uno está contribuyendo en las distintas facultades de la universidad. “La clave es entender que estas perspectivas se deben aplicar en todos los ámbitos de la vida, en lo personal, pero también en lo profesional. Eso es clave, porque va a haber mejor calidad de todas las personas, y eso es lo que nos importa”, aseguró.
La cuenta pública de los programas de género de Derecho UAH reflejó su compromiso continuo con la promoción de la justicia social, la valoración del trabajo de cuidado y la lucha contra la violencia de género. Te invitamos a escuchar el conversatorio completo.
La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Paulette Landon, participó en el encuentro de cierre del proyecto “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe” del programa de colaboración CEPAL-BMZ/GIZ.Paulette Landon, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue una de las participantes destacadas en el evento de cierre de la Fase 2022-2024 del proyecto “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe” (Proyecto CISI) del programa de colaboración CEPAL-BMZ/GIZ que busca fortalecer las condiciones técnicas e institucionales para promover el desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe.
El encuentro tuvo lugar los días 4 y 5 de junio y se realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile. En la oportunidad, se abordaron temas cruciales para el futuro urbano como la movilidad sostenible, la economía circular en el transporte y los beneficios del transporte eléctrico.
El objetivo del encuentro fue debatir sobre temas claves para el desarrollo de las ciudades en la región, como la relación entre movilidad sostenible y desarrollo urbano, los beneficios de las inversiones en movilidad urbana, el potencial de la economía circular en el sector de transportes, así como los impactos y requisitos del sector energético y los derechos sociales relacionados con el acceso y uso del transporte público.
Paulette Landon, quien es Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, participó en la primera sesión titulada «Desarrollo urbano y beneficios adicionales asociados a la movilidad». En este espacio se enfatizó la importancia de las decisiones e inversiones en transporte público para el desarrollo urbano; se discutieron los beneficios vinculados al suelo, como la valorización inmobiliaria, el uso estratégico del suelo público vial y la institucionalidad necesaria para su implementación.
Además, durante la sesión, se presentaron comparaciones entre ciudades de Asia y América Latina, especialmente los casos de Yakarta y Costa Rica, así como las oportunidades que las grandes inversiones en transporte eléctrico pueden ofrecer. En este sentido, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, destacó la importancia de identificar buenas prácticas que puedan ser adoptadas en la implementación de nuevos planes de transporte y movilidad en nuestras ciudades.
En cuanto a la planificación de la movilidad urbana, Paulette Landon subrayó la necesidad de desarrollar políticas públicas integradas en todos los ámbitos, así como la colaboración de equipos multidisciplinarios en el diseño de planes de transporte inclusivos. En este contexto, mencionó la relevancia del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial como una instancia para la participación de diferentes actores del ámbito público y privado, a diferentes escalas, especialmente de los residentes locales.
Los intercambios realizados en el encuentro estuvieron orientados hacia el desarrollo de políticas públicas efectivas, con la participación de autoridades nacionales y locales, instituciones privadas y organizaciones de apoyo al desarrollo. Todos ellos dialogaron sobre las investigaciones y asistencias realizadas por la CEPAL a lo largo del proyecto.
Te invitamos a revisar la transmisión del encuentro:
Rafael Blanco critica la posibilidad de ampliar la justicia militar en Chile
En una columna de opinión publicada por El Mostrador, el investigador del CiPP, Rafael Blanco junto al académico Leonardo Moreno señalan que sería un error y un retroceso ampliar la jurisdicción militar encomendándole el conocimiento y decisión de delitos cometidos por militares contra civiles.
Rafael Blanco, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y Leonardo Moreno, ambos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, entran de lleno al debate sobre la opción de entregar a la justicia militar el conocimiento y decisión en torno a eventuales hechos ilícitos que miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros puedan cometer en determinadas circunstancias como el resguardo a infraestructura crítica, en Estados de Excepción Constitucional, el resguardo de zonas fronterizas o el resguardo del orden público en materia de actos electorales o plebiscitarios. Los académicos son taxativos al señalar que una medida como ésta “representa un retroceso y un error en materia de debido proceso y Estado de Derecho”.
Los investigadores argumentan que la justicia militar no es un fuero adecuado para investigar y juzgar delitos cometidos por militares contra civiles, ya que carece de las garantías necesarias para un proceso penal justo e imparcial.
Dentro de los argumentos que desarrollan en su columna, Rafael Blanco y Leonardo Moreno señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que la jurisdicción militar debe limitarse al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo, y que en ningún caso debe extenderse a civiles.
También señalan que, desde la recuperación de la democracia, Chile ha realizado grandes esfuerzos por acotar la justicia militar, de modo que quede circunscrita sólo a casos de delitos militares, “evitando su inadecuada extensión a civiles y a delitos relacionados con acciones no militares”, explican.
Además, los académicos critican el modelo inquisitivo que caracteriza al sistema de justicia militar vigente en Chile, calificándolo de «anacrónico» y «carente de sistemas institucionales de defensa para los mismos militares imputados».
A modo de conclusión, los académicos Blanco y Moreno, señalan que “no es correcto ampliar la jurisdicción militar y mucho menos encomendar el conocimiento de delitos cometidos por militares contra civiles a esta jurisdicción especializada, sin contravenir estándares de un proceso penal en forma y los compromisos suscritos por nuestro país ante las instancias internacionales”.
Ante ello, destacan la importancia de fortalecer el sistema de justicia ordinario, que dispone de un modelo acusatorio formal y con alta reputación «probablemente es de aquellos más reputados en América Latina», concluyen.
En un evento encabezado por el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes y el presidente de la CUT, David Acuña, la directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha, recibió un reconocimiento por su aporte al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile, ChileValora, institución de la que fue su primera Secretaria Ejecutiva, y por un período de nueve años.
En el marco de la cuenta pública, que conmemoró los 15 años de existencia del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, la Directora Ejecutiva del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ximena Concha, recibió un reconocimiento por su aporte a la instalación y desarrollo de este sistema en el país. La directora ejecutiva del CiPP tuvo la misión de instalar el sistema en el país luego de la promulgación, en el año 2018, de la Ley 20.267 que creó en el país un sistema destinado a evaluar y certificar las competencias laborales de las personas, independientemente de que tengan o no un título o grado académico. Este servicio público de conformación tripartita, es encabezado por un directorio integrado por el gobierno a través de representantes de las y los Ministros del Trabajo, Economía y Educación; de los empleadores, a través de representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME), y de las y los trabajadores, a través de representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El evento estuvo encabezado por el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, el presidente de la CONAPYME, Héctor Sandoval; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); David Acuña, el Director de la OIT para el cono sur de América, Fabio Bertranou.
Estuvieron presentes además, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal; la directora del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Aída Chacón; el director de la Dirección del Trabajo (DT), Pablo Zenteno; la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana; el director (s) de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), Juan José Cárcamo; el director nacional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan Andrés Troncoso Morales; el seremi de Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana, Marco Canales, la presidenta del directorio de ChileValora, Andrea Marchant; el vicepresidente del directorio de ChileValora, Jorge Riesco; entre otras autoridades.
En el marco de la cuenta pública, la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, dio a conocer la apertura de las primeras oficinas regionales de ChileValora en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía, luego de que el parlamento aprobara en forma unánime, en enero 2024, la Ley que Moderniza y Fortalece a ChileValora, servicio público relacionado con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que, a través de la certificación, reconoce el saber hacer de las personas en Chile. Asimismo, informó que en el marco del sistema se han entregado 182.934 certificaciones.
A 15 años de su creación, esta ley permitirá que la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, se modernice y fortaleza en aspectos fundamentales, como contar con presupuesto propio, incrementar la cobertura nacional de certificaciones a través de la creación de oficinas regionales y facilitar el uso de franquicias tributarias a las empresas para costear la certificación de sus trabajadores y trabajadoras. Además, ChileValora podrá homologar las certificaciones con los países integrantes de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), entre otras iniciativas.
Ximena Concha, dirigió este servicio entre agosto de 2009 y julio de 2018, y en su período le tocó liderar el diseño, puesta en marcha y coordinación general del Sistema nacional de certificación de competencias laborales, logrando la activa participación de 21 sectores productivos (que equivalen al 90% de los sectores identificados por el INE) y 53 subsectores productivos del país (minería, agrícola, alimentos elaborados, construcción, energía, turismo, logística, comercio, servicios sociales, entre otros), a través de representantes de gremios empresariales, organizaciones de trabajadores y de gobierno en la conformación de 53 mesas de diálogo social tripartito en cada sector y subsector, movilizando a más de 300 actores institucionales en el levantamiento y validación de un catálogo de más de 800 perfiles ocupacionales (que describen 47 de las 100 ocupaciones que representan el 85% del empleo en el país), su traducción formativa y rutas formativo laborales asociadas a un marco de cualificaciones, y la entrega de 100.000 certificaciones de competencias laborales.
Miriam Henríquez sobre un eventual nuevo proceso constitucional: “No es viable de la forma que lo conocemos en el corto plazo”
La investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, participó en el podcast “Panel Constitucional” de Radio Cooperativa, donde analizó posibles reformas al sistema político y la necesidad de tener una Constitución con enfoque de género.
Tras casi cinco meses desde el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre, donde triunfó la opción En Contra, expertos y expertas del área continúan discutiendo sobre las debilidades de la actual Carta Fundamental y sobre la posibilidad de un nuevo proceso constitucional.
En el podcast de Radio Cooperativa “Panel Constitucional”, la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Miriam Henríquez, junto a la abogada y ex convencional constituyente, Constanza Hube, debatieron sobre los aprendizajes de los procesos constitucionales pasados y los desafíos que tiene pendiente el país respecto a esta materia.
En ese sentido, Henríquez, aseguró que en todos los procesos constitucionales que ha tenido Chile se han cometido los mismos errores. “Cuando uno aprende no tiene que tropezar de nuevo con la misma piedra, pero a veces ocurre. Contamos con casi cuatro propuestas; la de la presidenta Michelle Bachelet -que no alcanzó a tramitarse-, el texto de la Convención Constitucional, el de la Comisión Experta y el del Consejo Constitucional. Yo creo que hemos fallado en lograr un mismo objetivo, que en todos los casos era dictar una Constitución en democracia, que reemplazara la de 1980”, afirmó.
Sin embargo, Miriam Henríquez enfatizó en la conversación que también debemos resaltar lo positivo de los procesos, sobre todo en la lógica de la participación ciudadana. ”En definitiva, hubo una movilización de la ciudadanía en torno a ciertas propuestas, algo que no había ocurrido en otros casos. Yo diría que el rechazo a ambos textos nos da cuenta de una ciudadanía que no se dejó influenciar por las noticias, sino que hubo cierta moderación al valorar las propuestas”, aseguró.
Respecto a los desafíos pendientes, la decana señaló que es necesario que todas las lecciones sean analizadas detalladamente para no repetir errores en el futuro. “A corto plazo, no me parece viable que haya un nuevo proceso constituyente de la forma que lo conocemos, sino que probablemente será una reforma constitucional o reformas legales”, añadió la experta.
Régimen presidencial y gobernabilidad
Respecto al régimen presidencial, Miriam Henríquez considera que, luego de los dos procesos constitucionales, quedó asentado que es la base sobre la cual hay que comenzar a trabajar, ya que no existió espacio para generar modificaciones en el pasado.
“Lo otro que creo que quedó asentado es el bicameralismo. O sea, pensemos en el rechazo que supuso la propuesta de unicameralismo y luego la sustitución del Senado por otra Cámara. Yo diría que fue una de las razones no determinantes, pero que sí incidió en que muchas personas dijeran ‘no, este régimen no nos representa’«, afirmó la académica.
En ese sentido, la investigadora del CiPP asegura que hay que realizar cambios al régimen presidencial. Por ejemplo -asegura-, para atemperar algunas atribuciones legislativas que tiene el Presidente de la República, fundamentalmente lo relacionado con su iniciativa exclusiva. “Todos los asuntos importantes que ha tenido que conocer el Tribunal Constitucional en este tiempo tienen que ver con la iniciativa exclusiva, ahí hay una tensión evidente”, señaló.
Respecto a la gobernabilidad, Miriam Henríquez aseguró que el Consejo Constitucional quiso profundizar en este tema por la vía de reforzar los partidos políticos. “Me parece acertado, para evitar la fragmentación, ya que toda esta combinación hace difícil a cualquier administración gobernar y generar colaboración”.
En ese sentido, la experta añade que “hay lecciones aprendidas y que es evidente que debemos realizar cambios profundos y refinar los diagnósticos”.
Constitución con enfoque de género
En cuanto a la importancia de contar con una Constitución con perspectiva de género, Miriam Henríquez aseguró que, si bien los procesos constitucionales tuvieron puntos positivos en este aspecto -como la paridad-, la Carta Magna vigente “se queda corta” en esta materia.
“Si es que la cláusula solo es que hombres y mujeres son iguales ante la ley, yo creo que incluso la idea de la discriminación arbitraria se queda corta, porque hoy -prácticamente a nivel internacional y en el derecho comparado- se habla de la prohibición de la diferenciación, porque en general muchas diferencias son arbitrarias”, precisó Henríquez.
Además, la Decana considera que no todo lo que estaba previsto en el proceso constitucional pasado era simbólico, por ejemplo, la prohibición de la violencia de género. “Es cierto que se establecieron una serie de derechos con perspectiva de género, pero yo creo que la reforma más relevante fue la reorganización del poder que tenía que ver con la paridad. Me parece que es un tema que hoy refleja sentires y demandas ciudadanas y me parece necesario que estén previstos en una Constitución”, señaló.
En ese sentido, Henríquez afirma que en la primera propuesta constitucional había más de 60 normas vinculadas con temas de género. “Eso se podría acotar a temas centrales como prohibir la diferenciación, prohibir la violencia de género y establecer ciertos derechos como aquellos vinculados con el tema del trabajo”, concluye.
