Por: Javier Figueroa, periodista CiPP.
En conversación con el CiPP, el académico de la FEN – UAH e investigador del CiPP analizó la aprobación del proyecto de “Cumplimiento Tributario” en la cámara baja: sus principales cambios, modernizaciones y el momento actual del gobierno en materia de recaudación fiscal.
En una sesión catalogada como histórica por el oficialismo, el pasado miércoles 10 de abril, el Congreso aprobó la esperada Ley de Modernización Tributaria, la cual busca hacer frente a la creciente informalidad y el crimen organizado en el país; y además recaudar un 1,5% del PIB, según el ministro de Hacienda.
Tras este anuncio, conversamos con Humberto Borges, investigador del Centro interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y presidente de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC). El académico, con un doctorado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza, tuvo la oportunidad de participar en el inicio de los Diálogos Sociales Tributarios 2022, convocados por el Ministerio de Hacienda para debatir modificaciones a la reforma tributaria. En esta nueva Entrevista CiPP, Borges analiza el combate a la informalidad y crimen organizado, el levantamiento del secreto bancario, el fortalecimiento del control y la supervisión, alivios fiscales para pymes y clase media, entre otras materias.
Hagamos un poco de contexto: ¿Cómo ha sido el proceso de las discusiones tributarias hasta llegar a esta aprobación?
La aprobación parcial, hasta este momento, de la Ley Antielusión, que es la parte que más me preocupa de todo esto; viene desde lo que fue el Pacto Tributario, el Pacto Fiscal y todas las leyes que se han ido cayendo. El 12 de marzo del año pasado apareció en prensa una discusión que tuvimos varios tributaristas, donde nosotros especificamos que la Ley Tributaria que este gobierno estaba llevando a cabo, tenía como problema de que existían tres o cuatro partes en las reformas que se querían hacer, y que era necesario subdividirlas, ya que algunas eran muy difíciles de implementar. Por lo tanto, correspondía hacer una reforma tributaria para primero ver qué hacer con el crimen organizado; segundo, ver el comercio informal, donde hay que golpear fuerte; y por otra parte, hacer hincapié en situaciones muy destructivas, como algo que por fin se visualizó, como son las pequeñas y medianas empresas.
¿Qué hay de esa etapa previa en esta nueva ley?
Parte de eso está aquí y yo lo celebro. Una situación bien fuerte es que está apoyando indirectamente a las pequeñas y medianas empresas que sí son legales y que ven un alivio que ahora se castigue a la persona que se instala frente a ellos, en el suelo, que no paga IVA y que por eso tiene una ventaja competitiva contra las otras empresas que sí pagan.
¿Qué otros cambios trae esta ley? Se aprobaron 156 artículos de 160 ¿Qué se rechazó?
En esa línea, algunas cosas que son importantes de esta aprobación, por ejemplo, como ya lo señalé, el alivio a las PYMES. También las medidas contra la informalidad tanto virtual como física; en general, todo lo que es norma anti elusión, esto es, todo el manejo de lo que se llama planificación y gestión tributaria, pero en forma errónea. Además, la modernización de la administración tributaria, lo que se relaciona con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y su capacidad de tener nuevos recursos y principalmente nuevas personas capacitadas que ingresarán a trabajar allí. Y por último, se va a favorecer la defensoría del contribuyente y, una cosa bien interesante, el levantamiento del secreto bancario.
Se rechazó muy poco, pero entre eso estuvo el rechazo a la administración de las normas generales antielusión. La administración de juzgar en primera instancia está en el SII, las aplicaciones que tenían que ver con este aspecto eran administrativas. Ahora se crea un consejo que evalúa estas situaciones antielusión, pero, al mismo tiempo, se ve una instancia judicial. A qué me refiero: siempre se veía como ‘Eh, oye, si al final el que coloca las leyes y las está interpretando es el mismo SII’, y el contribuyente no podía defenderse contra eso. No estamos hablando del gran contribuyente, sí del pequeño contribuyente, que no tenía las herramientas para poder discutir, entonces terminaba aceptando tal vez algunas situaciones que no correspondía aceptarlas. En ese sentido, se les está dando una herramienta para defenderse.
A inicios de este gobierno se habló de llegar a una recaudación de un 8% ¿Cómo visualizas esa cifra con el panorama actual?
En esta aprobación hay avances y una propuesta de funcionamiento interesante. Significa que después de años de estudios, lo que hace tres años era llegar a un PIB del 8% y tener una gran Reforma Tributaria, se dejó en algo más pequeño. Pero era lo lógico. Y como yo digo, luchando contra las cosas malas: la informalidad y el crimen organizado.
Si esto resulta, yo creo que se va a cumplir, hablando de metas, un tercio de lo que se pensaba recaudar. Se espera recaudar un 1,5% en general con estas nuevas modificaciones que se están haciendo. Yo creo que se va a lograr un poco más, porque ya se aprobó en forma especial lo que fue el Royalty, entre otras cosas. Hemos tenido dos años y medio de pérdida de tiempo, hasta tener una ley como la que hoy sale. Creo que estamos llegando a ese punto: golpear donde se tiene que golpear.
Se dejó a un lado lo que corresponde al aumento de los impuestos en personas sobre los $4.5 millones y no sobre $3.2 millones que era la primera propuesta que se cayó hace poco. Y es por lo mismo: realismo. Hay una estructura de la clase media que está sufriendo mucho.
Sobre el crimen organizado, esta aprobación trae consigo un levantamiento del secreto bancario, ¿qué te parece?
Es muy interesante la apertura del secreto bancario para delitos tributarios. Esto obliga a los bancos a estar más atentos. Y también trae un debate sobre la vulneración de derechos, el que creo que queda más claro en esta ley. Ahora se dice: Tiene que haber un delito tributario y para ser delito tributario tiene que cumplir unas condiciones. Hasta ahora es como ‘esto me parece un delito y por eso yo puedo solicitar la apertura del secreto bancario’, cuando eso no corresponde, porque es una vulneración a la persona. En otros países se hace de otra forma: uno tiene una cuenta como persona natural, sin ningún problema, pero si la empresa y los contribuyentes tienen otros ingresos, les dicen ‘usted tiene que tener dos cuentas, una cuenta que es por su negocio y una por su cuenta personal’.
Se establece también un incentivo a la autodenuncia y al denunciante anónimo para casos de delitos tributarios ¿Qué opinas de ello?
En otros países como Estados Unidos, están muy acostumbrados a la recompensa que viene del ‘viejo oeste’, es decir, a esta situación de dar un premio a la persona que descubra algo o que demuestre algo. Entonces, si yo me autodenuncio, digo, ‘mira he hecho esto, pero tal vez me equivoqué’, etc. Creo que no corresponde que esta persona al mismo tiempo sea premiada, es decir, que las penas que reciba bajen y tal vez que no vaya siquiera a la cárcel, pero que al menos se le cobre la multa. Y por otro lado, creo que existe una situación muy importante que es la del denunciante anónimo y la recompensa que puede recibir, que sería tal vez parte de lo que recaude el fisco. Esto puede generar un incentivo que, por un lado sea positivo, pero por otro lado puede ser realizado con una mala intención, entonces hay que tener cuidado porque también eso puede destruir.
Por ejemplo: Compañías que puedan destruir a su competencia dentro de un mercado, denunciando presuntos delitos tributarios con un incentivo como este. Entonces, pienso que es excelente una medida como esta porque va a traer recursos, pero también hay que ver si no se convierte en un incentivo perverso. Y eso significa no solamente establecer un eslogan, sino que es un tema que tiene que reforzarse.
¿Cuáles son los objetivos de esta recaudación fiscal?
El Pacto para el Crecimiento y también la ayuda social. Eso tiene que ver con el aumento a 250.000 de la PGU (Pensión Garantizada Universal), y también para obtener más recursos para frenar la delincuencia. Pero, te vuelvo a decir: El estado cambió sus prioridades; porque la primera prioridad sí fue la PGU hace mucho tiempo atrás, pero el tema de la antidelincuencia no era una prioridad y ahora sí lo es, y esto es lógicamente algo muy bueno de establecer.
La oposición criticó fuertemente el rol que tomaría el Servicio de Impuestos Internos, donde se le catalogó de que tendría “un poder ilimitado” ¿Qué opinas de ello?
Creo que es positivo que se le esté dando herramientas al SII y que se le esté enfocando directamente a lo que es antielusión. A propósito de lo que pasa con la operación renta y la declaración de propiedades, hay un temor de que asuma más poder el Servicio de Impuestos Internos y por eso está bien que se establezca un consejo.
Sin embargo, se rechazó la aplicación administrativa de la Norma General de Antielusión, que ahora no pasará por el SII, si no que tendrá que pasar por un proceso judicial y tendrá que pasar por este consejo neutral. Lo mismo ocurrirá con el secreto bancario.
¿Crees que sufrirá nuevos cambios o peligra en alguna forma la promulgación de la ley?
Peligrar no creo. Ya pasó el gran golpe. Viene un segundo, pero que será en aspectos como el llamado “Súper 12” (evolución del llamado “súper ocho”, que permitió a los contribuyentes declarar bienes o rentas en el exterior, pagando una tasa especial de 8%. El actual proyecto de ley busca repatriar capitales en el exterior, pero con una tasa del 12%). Puede que llegue al 10% o que haya un cambio en eso.
En lo que también puede que haya cambios es en el cómo va a estar compuesto el consejo que aplicará la norma antielusión. Eso va a ser una protección al contribuyente; tiene que estar en eso.
Este miércoles, 17 de abril, se inició la discusión del proyecto de Cumplimiento Tributario en el Senado, con la presentación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde detalló que el proyecto “permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del Pacto con recursos provenientes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con su responsabilidad”. La tramitación se continuará el próximo martes, 23 de abril.
