En una entrevista publicada por la Revista de la Red Educacional Ignaciana, el investigador del CiPP de la UAH, Cristóbal Madero, analiza la realidad de la educación en Chile enfatizando que uno de los principales problemas es el déficit de docentes.
“No tengo muchas dudas de que el desarrollo del país está relacionado con lo que pase en educación en los próximos años”. Así lo sostiene el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Cristóbal Madero, quien fue entrevistado por la Revista de la Red Educacional Ignaciana (REI) para conocer su visión sobre la realidad de la educación en Chile.
El académico de la Facultad de Educación de la UAH destaca que el problema más recurrente que enfrentan los establecimientos educacionales es la carencia de profesores. “En cualquier colegio, ya sea privado o municipal, la respuesta rápida es que faltan profesores. Hablo especialmente de asignaturas como Religión, Filosofía y Ciencias en educación básica y media. Las cifras muestran que, del alrededor de 250 mil docentes que hay en Chile, escasean los idóneos para cada asignatura requerida, es decir, aquellos con el título en la asignatura que enseñan”, argumenta el investigador del CiPP.
Madero señala que esta es una realidad relativamente nueva que no solo se observa en Chile, sino que también en América Latina y que una de las causas sería una serie de reformas educativas que masificaron la educación primaria y secundaria permitiendo la formación de docentes en forma rápida lo que terminó por devaluar la profesión.
Además, critica el sistema de gratuidad aplicado en las universidades que se ha convertido en un obstáculo para mejorar el nivel académico de los profesores. “La beca “vocación” era una buena estrategia para lo anterior, pero la gratuidad, una muy mala política pública, hizo que la beca perdiera relevancia”, explica el experto.
El docente afirma que la clave es invertir y exigir más a las facultades de educación destacando que valores como la responsabilidad social en la formación de las generaciones futuras y la justicia son de gran importancia especialmente cuando se trabaja con estudiantes de bajos recursos.
En una columna de opinión publicada en el medio El Mostrador el investigador del CiPP, Mauricio Castillo, se refiere a la innovación como un proceso polifacético que puede estar impulsado por lo casual y lo deliberado a diferencia del azar que da origen a descubrimientos inesperados.
“Hay varios casos en los que el nacimiento de productos rompedores suele surgir de fuentes inesperadas. El azar, la aparición y acontecimientos por casualidad de forma feliz o beneficiosa, ha sido parte de la configuración de trayectorias de innovación. Sin embargo, los procesos intencionados y los modelos de gestión han demostrado ser decisivos a la hora de fomentar un terreno fértil para avances revolucionarios”, así lo explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Mauricio Castillo, en la columna “Innovación y azar” publicada en el medio El Mostrador.
El académico de la Facultad de Economía (FEN) de esta casa de estudios, analiza la contribución tanto de los aspectos fortuitos como de los intencionados para innovar, explicando que muchos avances se han producido a partir de eventos fortuitos o azarosos. “Consideremos el caso clásico de Alexander Fleming, que dio con la penicilina en 1928 mientras trabajaba con cultivos de bacterias. Las propiedades antibióticas del moho que descubrió revolucionaron la medicina y salvaron innumerables vidas”, puntualiza Castillo.
Para el experto el azar es un elemento importante dentro de la innovación, pero señala que este ingrediente no se puede forzar para que aparezca, destacando que las organizaciones pueden crear un entorno que fomente la creatividad, la curiosidad, la exploración y la amplitud de miradas, creando las condiciones necesarias para que se produzcan esos eventos inesperados.
Mauricio Castillo enfatiza que lo fundamental es tener claro que muchas innovaciones de éxito surgen de estrategias y modelos de gestión deliberados, cuando las empresas invierten en investigación y desarrollo, y emplean equipos interdisciplinares para el aporte de conocimientos e ideas. “Ejemplos notables son los de Apple Inc, famosa por su enfoque estratégico de la innovación. Mediante una combinación de liderazgo visionario, pensamiento de diseño e implacable orientación al cliente, Apple ha introducido constantemente productos revolucionarios como el iPhone, el iPad y AirPods.”, subraya el académico.
Para el investigador del CiPP, la innovación es un proceso diverso y variado que puede estar impulsado por lo fortuito y lo intencionado a diferencia del azar que da origen a descubrimientos inesperados. “Los procesos estratégicos y los modelos de gestión proporcionan la estructura y la dirección necesarias para convertir estos descubrimientos en innovaciones tangibles. Adoptar ambos aspectos enriquece el panorama de la innovación, fomentando la resistencia y la adaptabilidad”, explica Mauricio Castillo. “En el emocionante viaje de la innovación, el azar puede traer sorpresas, pero recordemos que la mayoría de las veces, el éxito radica en la constancia, la disciplina y el esfuerzo sostenido”, concluye el investigador del CiPP.
Investigadores e investigadoras del CiPP se reunieron para planificar el 2024
CiPP reunió a sus investigadores e investigadoras en la Casa Central de la UAH para evaluar el trabajo realizado en 2023 y planificar las acciones a realizar en 2024.
En una jornada de trabajo realizada el 23 de enero en la Sala de Postgrados de la Facultad de Derecho, investigadores e investigadoras asociadas del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, se reunieron para evaluar los principales avances alcanzados por el trabajo del CiPP el 2023, y para proyectar los focos de trabajo y prioridades para el 2024.
En la oportunidad, el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios, Eduardo Saavedra, destacó la importancia del Centro para la Universidad “el CiPP es un espacio abierto a todas y todos los académicos de la universidad interesados en las políticas públicas, que busca servir de plataforma para aumentar la incidencia pública de la UAH”.
Durante la actividad, académicos y académicas de las facultades de Economía y Negocios, Derecho, Ciencias, Sociales y Educación de la UAH, destacaron como uno de los logros la realización de cuatro coloquios CiPP sobre políticas públicas, entre los meses de agosto y noviembre, que permitieron abordar de manera interdisciplinaria temas relevantes de la agenda pública nacional, como son: la situación de los cuidados en el país, la realidad de los asentamientos precarios, el impacto en las Pymes de la llamada Revolución 4.0, y la necesidad de avanzar hacia un empleo público profesional e imparcial en Chile.
A modo de recapitulación, se compartieron datos de los cuatro coloquios. En ellos participaron 865 personas, 226 de forma presencial y 639 vía streaming. Los coloquios convocaron a 35 expertos y expertas, de los cuales 14 eran académicos y académicas de la UAH y 21 eran invitados externos. Estos expertos y expertas participaron de interesantes paneles de reflexión.
Asimismo, se destacó que fruto de estos encuentros, el CiPP iniciará una serie de publicaciones de Policy Papers que serán presentados en marzo próximo, los que fueron elaborados por los equipos de académicos y académicas del CiPP que expusieron en cada uno de los coloquios.
También se señaló como un avance del 2023, el diseño y aprobación de un Diplomado en Políticas Públicas que el CiPP ofrecerá a contar de junio de 2024, y que está dirigido a profesionales del sector público o privado, tanto a nivel nacional, regional y local, que deseen mejorar sus habilidades técnicas y directivas para diseñar e implementar políticas públicas con resultados de alto impacto, y/o trabajar de manera colaborativa con el estado.
Una especial valoración se realizó al hecho que tres investigadores del CiPP se adjudicaron proyectos Fondecyt de Iniciación 2024, a saber, Nicolás Fleet e Ignacio Cienfuegos de la Facultad de Ciencias Sociales y Gustavo Poblete de la Facultad de Derecho.
Con respecto a las prioridades para el 2024, las y los investigadores coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer las iniciativas realizadas el 2023 como espacios permanentes que ofrezca el CiPP, los que debieran permitir crecientemente realizar un aporte desde la academia a la discusión en los temas clave de la agenda pública.
También se acordó promover espacios más sistemáticos de diálogo entre las y los académicos que participan del Centro, que permitan abrir conversaciones en torno a las investigaciones que cada uno de ellos y ellas está impulsando, y generar colaboraciones que enriquezcan la reflexión y el trabajo interdisciplinario asociado a las áreas temáticas que aborda el CiPP. De esta manera, se podrá potenciar la incidencia pública de la Universidad.
En el cierre de esta actividad, Ximena Concha, directora ejecutiva del CiPP, valoró la jornada y los compromisos declarados por todas y todos los asistentes de seguir aportando con el crecimiento y la consolidación del centro. “Nos parece relevante lo declarado por las y los investigadores que asistieron a esta jornada, de profundizar su participación e iniciativa en el Centro el 2024, de manera que el CiPP pueda no sólo mantener sino que ampliar el nivel de actividad y resultados alcanzados durante el año anterior”, concluyó.
En entrevista con el CiPP, el académico Nicolás Fleet se refirió al objetivo y fundamento del proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó que busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa.
“Cambio político y reconfiguraciones profesionales del Estado en Chile: explorando afinidades entre alternancia en el poder y emergencia de nuevos profesionalismos públicos y tecnocracias posneoliberales”, es el proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 adjudicado por Nicolás Fleet, académico del Departamento de Sociología e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Esta investigación busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa, la que, por lo pronto, permite explicar el proceso de expansión estatal. “Espero poder observar, la reproducción de distinciones ideológicas y desigualdades sociales propias del sistema educativo dentro del Estado”, precisa Fleet, quien además es Director del Magíster en Sociología de la UAH.
“Este proyecto busca explicar el proceso de cambio político de la última década en Chile, que incluye un inédito período de alternancia en el poder y un ascendente ciclo de movilizaciones sociales – que culminan con el estallido social de 2019 – , un proceso constituyente, y la irrupción de una nueva coalición de izquierda, desde la perspectiva de los cambios y reconfiguraciones de la composición del aparato del Estado y de la emergencia de grupos profesionales y tecnocracias que, desde posiciones de liderazgo o subalternas, mantienen una vinculación con movimientos sociales”, afirma Nicolás Fleet.
El académico señala que el Estado neoliberal chileno ha crecido significativamente en las últimas décadas, realidad que es contraria a la creencia común de que el Estado neoliberal es un “estado mínimo”. También plantea que las carreras y universidades de egreso tienen un efecto político específico. “Me interesa distinguir en qué medida con los cambios de gobierno cambian también los tipos de profesionales que ocupan el Estado y cómo las profesiones y las universidades pueden constituir roles y afinidades políticas, con diferentes niveles de eficacia ideológica, en cada gobierno”, explica el sociólogo.
En un libro publicado previamente por Nicolás Fleet llamado “Mass intellectuality of the neoliberal state” (Palgrave Macmillan, 2021), explica que el modelo neoliberal hizo que la educación superior chilena transformara a la clase media. El docente señala que la masificación de la educación en Chile permitió, entre otras cosas, la emergencia de una serie de profesionalismos y tecnocracias que se identificaron con las demandas sociales que han movilizado el proceso político en el país en la última década. El sociólogo plantea que sobre esta base se sostiene una dirección post-neoliberal, que quiere cambiar la orientación del Estado.
Por ello, esta investigación también se enfoca en estudiar el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Con la idea de profesionalismos y tecnocracias posneoliberales busco poder caracterizar al gobierno actual a partir de un tipo de ocupación del aparato público, que implica movilizar cuadros profesionales que se vinculan o representan movimientos y demandas sociales en ámbitos sectoriales”, destaca Nicolas Fleet. “Me interesa poder mirar efectos significativos a nivel del trabajo público y la administración. En qué medida pueden ir cambiando el Estado desde dentro”, agregó el experto.
En una columna publicada en el diario El Mercurio la investigadora del CiPP de la UAH y decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, se refiere a las posibles reformas a la actual Constitución en el Parlamento.
“Si alguna lección nos dejó este ciclo constituyente es que no todos los asuntos relevantes deben ser contenidos constitucionales. Otros temas pendientes, ampliamente discutidos y disputados en los pasados procesos constituyentes, podrían aprobarse como reformas por vía legal”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Miriam Henríquez, en una columna publicada en El Mercurio.
La Decana de la Facultad de Derecho de la UAH plantea que existe una flexibilización de los requisitos para reformar la Constitución lo que permite no convertirla en un texto sumamente desarrollado como sucedió con los procesos anteriores, declarando que no debiera contener aspectos que por lo general no se regulan constitucionalmente, sino que son más bien áreas de las políticas públicas.
Henríquez se refiere a las opiniones que señalan que puede ocurrir una mutación constitucional, esto es, que no se modifique el texto de la Constitución actual orientada por las 12 bases constitucionales. La académica señala que es importante analizar el valor jurídico-normativo y el sentido político que tienen estos pilares que surgieron del acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria el 12 de diciembre de 2022. “Ellas fueron un piso mínimo y también un límite de los contenidos que podía aprobar la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. De su cumplimiento estuvo a cargo el Comité Técnico de Admisibilidad”, sostiene la abogada.
La decana explica que jurídicamente las “12 bases” fueron vinculantes para el proceso constituyente que culminó el 17 de diciembre donde finalizó su vigencia y eficacia jurídica. “Sin embargo, desde el punto de vista político sería esperable que quienes eventualmente ejerzan el poder de reforma constitucional —si son los mismos legisladores que las suscribieron— se comporten coherentemente y que en toda propuesta de reforma constitucional o de desarrollo de políticas públicas orienten su regulación por aquellas”, subraya la investigadora del CiPP.
La responsabilidad del Estado por actuaciones policiales
Por: Gabriela Lobos Hernández
En una entrevista realizada por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH el investigador, Gustavo Poblete, se refirió a la adjudicación del Proyecto Fondecyt 2024 que le permitirá estudiar situaciones de violencia policial en Chile.
¿Qué condiciones deben presentarse para que el Estado indemnice a las víctimas de lesiones causadas por Carabineros o la Policía de Investigaciones?Esa es la pregunta que busca responder Gustavo Poblete, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), quien se adjudicó un Fondecyt de Iniciación 2024 llamado “La falta de servicio por actuaciones policiales”.
El académico de la Facultad de Derecho de la UAH abordará la responsabilidad del Estado y las actuaciones policiales. Poblete explica que hay una serie de casos donde es importante analizar el razonamiento judicial de jueces y juezas para decidir la procedencia de indemnización de perjuicios por parte del Estado. “La idea es identificar y reconstruir los criterios judiciales que utilizan los tribunales de justicia cuando deciden estos casos. Esto es útil porque permite determinar si la actuación del Estado es negligente o diligente. Si procede de manera negligente quiere decir que debe indemnizar a las víctimas que sufrieron daños por parte de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile. Por el contrario, si lo hace de manera diligente entonces el Estado estaría actuando bajo el imperio del derecho y por lo tanto estas personas no podrían recibir ninguna indemnización”, puntualiza el investigador del CiPP.
El especialista comenta que esta investigación también analizará los casos de las víctimas del estallido social de octubre de 2019 donde hay personas muertas, heridas y mutiladas. Destaca que, según diferentes organismos nacionales e internacionales, la represión policial de las protestas implicó la violación de los derechos humanos de los manifestantes. Así lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la visita que hizo al país entre octubre y noviembre de ese año. “Estos casos son emblemáticos, porque encontramos una gran cantidad de personas con mutilaciones de sus globos oculares producidas por Carabineros con armas letales”, comenta el académico.
Otra de las situaciones que se investigará es el actuar de la fuerza pública en eventos masivos, ya sean deportivos, culturales o musicales. “En este tipo de casos, la fuerza pública actúa, por lo general, fuera de estos recintos, motivados por algún desorden o alteración pública. Sin embargo, el problema surge cuando utilizan carros lanza agua o gases lacrimógenos para controlar esta situación y dañan a otras personas. Entonces la pregunta que debe ser solventada es si ese daño debía ser tolerado por esas personas o si el Estado tiene que compensar económicamente a quien sufre perjuicios y que solo deseaba disfrutar de una jornada de entretenimiento”, plantea Poblete.
Miriam Henríquez: La ley de cuidados es un paso importante para el trabajo decente y la equidad de género
En una columna publicada en el diario La Tercera la investigadora del CIPP, Miriam Henríquez, destaca la entrada en vigencia de la ley que beneficiará a las mujeres trabajadoras que ejercen labores de cuidados no remunerados en Chile.
“Con esta ley, se avanza en romper con el círculo vicioso de cuidados, pobreza, desigualdad y exclusión, transformándolo en un círculo virtuoso de autonomía económica para las mujeres” afirma la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera denominada “Una oportunidad para los cuidados” donde se refiere a la entrada en vigencia a finales de este mes de la ley que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La nueva ley incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados. Establece que el empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora que, durante la vigencia de la relación laboral, tenga el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, sin recibir remuneración por dicha actividad, que toda o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo posibiliten.
En opinión de Miriam Henríquez,“Sin duda es un paso importante en materia de cuidados, de trabajo decente y de equidad de género”.
En materia de cuidados, las innovaciones de esta ley beneficiarán “a miles de trabajadoras y trabajadores del sector privado que tienen a su cargo el cuidado no remunerado de menores de 14 años; de adolescentes menores de 18 años con discapacidad; o de personas en situación de dependencia severa o moderada, cualquiera sea su edad”, destaca la decana.
Acerca del trabajo decente, incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados.
En relación a las brechas de género, Miriam Henríquez explica que esta iniciativa busca superarlas y se refiere a los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que muestran que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral alcanza el 51,5 por ciento, mientras que en los hombres asciende al 71,4 por ciento, es decir una de cada tres mujeres no es parte de la fuerza de trabajo porque ejerce tareas de cuidados. “Con estas medidas posiblemente más mujeres podrán incorporarse al mercado laboral o permanecer en él”, explica la académica.
Cabe destacar que el proyecto se remite a privados, pero está siendo discutido también en una mesa del sector público. La ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Municipios y emergencias: transferencias de recursos y aprendizajes
Por: Gabriela Lobos Hernández
En entrevista con el CiPP, el académico Ignacio Cienfuegos, se refiere al proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó con el objetivo de estudiar e identificar la discrecionalidad en las transferencias de recursos desde el nivel central a los municipios en emergencias y los aprendizajes institucionales derivados de aquello.
¿El criterio político influye en el proceso de distribución de recursos a los municipios en el contexto de emergencias? ¿Los municipios aprenden de las catástrofes? Estas y otras interrogantes busca responder el proyecto de iniciación 2024 Fondecyt, “Municipios y Emergencias ¿Qué pasa en los desastres? Transferencias desde el nivel Central y Aprendizaje Colectivo en los Gobiernos Locales en Chile”, que se adjudicó el académico Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La investigación está orientada a identificar los aprendizajes organizacionales que dejó la crisis sanitaria en los municipios chilenos. “El proyecto tiene como objetivo estudiar las variables que explican la existencia de una discrecionalidad en la distribución de los recursos hacia los municipios en contextos de emergencias, así como los procesos de aprendizaje colectivo en las políticas de los gobiernos locales en Chile, en respuesta a las barreras o decisiones discrecionales del nivel central en este mismo contexto”, señala el académico.
El director del Magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, explica que existen mecanismos institucionales a través de los cuales el sistema político transfiere recursos con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad socio-territoriales y que por lo general están relativamente institucionalizados dejando escaso margen de discrecionalidad a la autoridad gubernamental. Sin embargo, advierte que existen otros recursos en manos del ejecutivo nacional que pueden ser distribuidos de manera discrecional. “Queremos entender el cambio organizacional que pudiese haberse producido como respuesta al desastre natural del COVID, específicamente sobre políticas financieras y de gestión de riesgos del municipio y si esos cambios indicarían algún nivel de aprendizaje colectivo y cambio sustantivo para los gobiernos locales”, enfatiza el docente.
El régimen político municipal vigente en Chile garantiza la autonomía municipal como norma constitucional, pero se trata de una autonomía acotada y se expresa en tres ámbitos. En primer lugar, los municipios no tienen atribuciones para participar en los procesos de decisiones sobre temas relevantes y que afectan sus funciones o la calidad de vida de la ciudadanía local. En segundo lugar, el sistema de financiamiento de los municipios reconoce muy poco margen de maniobra para que estas entidades puedan generar nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas asociadas a distintos tributos y, en tercer lugar, no tienen la posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley aprobada en el Congreso.
Cienfuegos destaca que la investigación, permitirá explorar la implicancia de las transferencias gubernamentales discrecionales a los municipios como efecto de la crisis, en los procesos de recuperación y aprendizaje organizacional de los gobiernos locales, demostrando la interacción de factores externos e internos y su implicación para los gobiernos locales al hacer frente a los shocks financieros y manejo de las vulnerabilidades futuras. “En este sentido, será clave el identificar las múltiples dimensiones de la resiliencia en gobiernos locales, donde aparece evidente el papel de las políticas y decisiones definidas centralmente al inhibir, debilitar o mejorar las capacidades de los gobiernos locales al enfrentar emergencias, aspecto que será considerado también en el estudio del caso chileno y del cual existe escasa evidencia disponible“, puntualiza el investigador del CiPP.
Recordemos que el académico participó en noviembre de 2022 en el XXVII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, organizado por el Gobierno de Bolivia donde fue coordinador y panelista de la mesa titulada “Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local”. En la instancia se presentó un estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, que muestra que el gobierno central contó con recursos de libre disposición para apoyar a los municipios que fueron distribuidos con criterios políticos partidistas. Los alcaldes de la coalición de gobierno recibieron en promedio un 61% más de transferencias que los ediles que no pertenecían a Chile Vamos.
Municipios y emergencias: transferencias de recursos y aprendizajes
Por: Gabriela Lobos Hernández
En entrevista con el CiPP, el académico Ignacio Cienfuegos, se refiere al proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó con el objetivo de estudiar e identificar la discrecionalidad en las transferencias de recursos desde el nivel central a los municipios en emergencias y los aprendizajes institucionales derivados de aquello.
¿El criterio político influye en el proceso de distribución de recursos a los municipios en el contexto de emergencias? ¿Los municipios aprenden de las catástrofes? Estas y otras interrogantes busca responder el proyecto de iniciación 2024 Fondecyt, «Municipios y Emergencias ¿Qué pasa en los desastres? Transferencias desde el nivel Central y Aprendizaje Colectivo en los Gobiernos Locales en Chile», que se adjudicó el académico Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La investigación está orientada a identificar los aprendizajes organizacionales que dejó la crisis sanitaria en los municipios chilenos. «El proyecto tiene como objetivo estudiar las variables que explican la existencia de una discrecionalidad en la distribución de los recursos hacia los municipios en contextos de emergencias, así como los procesos de aprendizaje colectivo en las políticas de los gobiernos locales en Chile, en respuesta a las barreras o decisiones discrecionales del nivel central en este mismo contexto», señala el académico.
El director del Magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, explica que existen mecanismos institucionales a través de los cuales el sistema político transfiere recursos con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad socio-territoriales y que por lo general están relativamente institucionalizados dejando escaso margen de discrecionalidad a la autoridad gubernamental. Sin embargo, advierte que existen otros recursos en manos del ejecutivo nacional que pueden ser distribuidos de manera discrecional. «Queremos entender el cambio organizacional que pudiese haberse producido como respuesta al desastre natural del COVID, específicamente sobre políticas financieras y de gestión de riesgos del municipio y si esos cambios indicarían algún nivel de aprendizaje colectivo y cambio sustantivo para los gobiernos locales», enfatiza el docente.
El régimen político municipal vigente en Chile garantiza la autonomía municipal como norma constitucional, pero se trata de una autonomía acotada y se expresa en tres ámbitos. En primer lugar, los municipios no tienen atribuciones para participar en los procesos de decisiones sobre temas relevantes y que afectan sus funciones o la calidad de vida de la ciudadanía local. En segundo lugar, el sistema de financiamiento de los municipios reconoce muy poco margen de maniobra para que estas entidades puedan generar nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas asociadas a distintos tributos y, en tercer lugar, no tienen la posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley aprobada en el Congreso.
Cienfuegos destaca que la investigación, permitirá explorar la implicancia de las transferencias gubernamentales discrecionales a los municipios como efecto de la crisis, en los procesos de recuperación y aprendizaje organizacional de los gobiernos locales, demostrando la interacción de factores externos e internos y su implicación para los gobiernos locales al hacer frente a los shocks financieros y manejo de las vulnerabilidades futuras. «En este sentido, será clave el identificar las múltiples dimensiones de la resiliencia en gobiernos locales, donde aparece evidente el papel de las políticas y decisiones definidas centralmente al inhibir, debilitar o mejorar las capacidades de los gobiernos locales al enfrentar emergencias, aspecto que será considerado también en el estudio del caso chileno y del cual existe escasa evidencia disponible», puntualiza el investigador del CiPP.
Recordemos que el académico participó en noviembre de 2022 en el XXVII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, organizado por el Gobierno de Bolivia donde fue coordinador y panelista de la mesa titulada “Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local”. En la instancia se presentó un estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, que muestra que el gobierno central contó con recursos de libre disposición para apoyar a los municipios que fueron distribuidos con criterios políticos partidistas. Los alcaldes de la coalición de gobierno recibieron en promedio un 61% más de transferencias que los ediles que no pertenecían a Chile Vamos.
En entrevista con el CiPP, el académico Nicolás Fleet se refirió al objetivo y fundamento del proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 que se adjudicó que busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa.
“Cambio político y reconfiguraciones profesionales del Estado en Chile: explorando afinidades entre alternancia en el poder y emergencia de nuevos profesionalismos públicos y tecnocracias posneoliberales”, es el proyecto Fondecyt de Iniciación 2024 adjudicado por Nicolás Fleet, académico del Departamento de Sociología e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Esta investigación busca comprender cómo se reproduce socialmente el aparato del Estado en relación con el proceso político y otras tendencias sociológicas, especialmente la masificación educativa, la que, por lo pronto, permite explicar el proceso de expansión estatal. “Espero poder observar, la reproducción de distinciones ideológicas y desigualdades sociales propias del sistema educativo dentro del Estado”, precisa Fleet, quien además es Director del Magíster en Sociología de la UAH.
“Este proyecto busca explicar el proceso de cambio político de la última década en Chile, que incluye un inédito período de alternancia en el poder y un ascendente ciclo de movilizaciones sociales – que culminan con el estallido social de 2019 – , un proceso constituyente, y la irrupción de una nueva coalición de izquierda, desde la perspectiva de los cambios y reconfiguraciones de la composición del aparato del Estado y de la emergencia de grupos profesionales y tecnocracias que, desde posiciones de liderazgo o subalternas, mantienen una vinculación con movimientos sociales”, afirma Nicolás Fleet.
El académico señala que el Estado neoliberal chileno ha crecido significativamente en las últimas décadas, realidad que es contraria a la creencia común de que el Estado neoliberal es un “estado mínimo”. También plantea que las carreras y universidades de egreso tienen un efecto político específico. “Me interesa distinguir en qué medida con los cambios de gobierno cambian también los tipos de profesionales que ocupan el Estado y cómo las profesiones y las universidades pueden constituir roles y afinidades políticas, con diferentes niveles de eficacia ideológica, en cada gobierno”, explica el sociólogo.
En un libro publicado previamente por Nicolás Fleet llamado “Mass intellectuality of the neoliberal state” (Palgrave Macmillan, 2021), explica que el modelo neoliberal hizo que la educación superior chilena transformara a la clase media. El docente señala que la masificación de la educación en Chile permitió, entre otras cosas, la emergencia de una serie de profesionalismos y tecnocracias que se identificaron con las demandas sociales que han movilizado el proceso político en el país en la última década. El sociólogo plantea que sobre esta base se sostiene una dirección post-neoliberal, que quiere cambiar la orientación del Estado.
Por ello, esta investigación también se enfoca en estudiar el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Con la idea de profesionalismos y tecnocracias posneoliberales busco poder caracterizar al gobierno actual a partir de un tipo de ocupación del aparato público, que implica movilizar cuadros profesionales que se vinculan o representan movimientos y demandas sociales en ámbitos sectoriales”, destaca Nicolas Fleet. “Me interesa poder mirar efectos significativos a nivel del trabajo público y la administración. En qué medida pueden ir cambiando el Estado desde dentro”, agregó el experto.
Miriam Henríquez: la ley de cuidados es un paso importante para el trabajo decente y la equidad de género
En una columna publicada en el diario La Tercera la investigadora del CIPP, Miriam Henríquez, destaca la entrada en vigencia de la ley que beneficiará a las mujeres trabajadoras que ejercen labores de cuidados no remunerados en Chile.
“Con esta ley, se avanza en romper con el círculo vicioso de cuidados, pobreza, desigualdad y exclusión, transformándolo en un círculo virtuoso de autonomía económica para las mujeres” afirma la investigadora del CiPP y decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera denominada “Una oportunidad para los cuidados” donde se refiere a la entrada en vigencia a finales de este mes de la ley que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La nueva ley incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados. Establece que el empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora que, durante la vigencia de la relación laboral, tenga el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, sin recibir remuneración por dicha actividad, que toda o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo posibiliten.
En opinión de Miriam Henriquez,“Sin duda es un paso importante en materia de cuidados, de trabajo decente y de equidad de género”.
En materia de cuidados, las innovaciones de esta ley beneficiarán “a miles de trabajadoras y trabajadores del sector privado que tienen a su cargo el cuidado no remunerado de menores de 14 años; de adolescentes menores de 18 años con discapacidad; o de personas en situación de dependencia severa o moderada, cualquiera sea su edad”, destaca la decana.
En materia de trabajo decente, incorpora flexibilidad y nuevos derechos para las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidados no remunerados.
La investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, explica que esta iniciativa busca superar brechas de género y promover el trabajo decente. También se refiere a los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que muestran que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral alcanza el 51,5 por ciento, mientras que en los hombres asciende al 71,4 por ciento, es decir una de cada tres mujeres no es parte de la fuerza de trabajo porque ejerce tareas de cuidados. “Con estas medidas posiblemente más mujeres podrán incorporarse al mercado laboral o permanecer en él”, explica la académica.
Cabe destacar que el proyecto se remite a privados, pero está siendo discutido también en una mesa del sector público. La ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Proyecciones económicas y financieras para el 2024
El investigador del CiPP UAH, Carlos J. García, en una entrevista realizada por el Diario Financiero se refiere, junto a otros/as expertos y expertas, a las proyecciones económicas y financieras para el nuevo año.
Termina el 2023 con una inflación controlada y alejándose del fantasma de la recesión. Sin embargo, la reactivación económica no se concreta y la desocupación va en aumento. Como es tradición, el Diario Financiero recurrió a distintos expertos y expertas para entregar sus proyecciones para el 2024. “Las perspectivas son de un crecimiento muy moderado, una recuperación lenta, tasas de desempleo persistentes, pero con una reducción de la inflación”, es la visión entregada por Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH).
“Por esa razón es probable que las tasas de interés del Banco Central lleguen a 5%, pero en general se proyecta un crecimiento más bien lento, en torno al 1%”, proyecta el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.
El Diario Financiero destaca, de las opiniones de las y los expertos que fueron consultados, que se espera una aceleración del mercado inmobiliario chileno, una estabilización del IPSA, un rally en la industria cripto y un leve crecimiento en el mercado accionario de Estados Unidos.
En una entrevista realizada por Meganoticias el investigador del CiPP UAH, Sebastián Salazar, se refirió a los desafíos en materia de seguridad que debe enfrentar el gobierno y a la implementación de algunas iniciativas contempladas en la propuesta constitucional rechazada hace pocos días.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Sebastián Salazar, fue entrevistado por Meganoticias para conocer su opinión, junto a la de otros/s expertos/as, sobre los desafíos en materia de seguridad que debe enfrentar el gobierno y la implementación de algunas iniciativas contempladas en la propuesta constitucional que fue rechazada hace pocos días atrás.
Diferentes iniciativas para enfrentar el tema de la seguridad en el país que fueron planteadas en el texto constitucional que fue rechazado por la ciudadanía el domingo 17 de diciembre, son estudiadas por el Congreso Nacional. Una de ellas es la creación de la Fiscalía Supraterritorial que sería una unidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público.
Esta Fiscalía Supraterritorial desempeñaría sus funciones frente a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de investigación. “Independiente del resultado, la Fiscalía Supraterritorial se va a implementar igual, está avanzando en el Senado una reforma constitucional al texto vigente que está dentro de los proyectos priorizados en el acuerdo de seguridad entre el gobierno y el poder legislativo”, planteó Sebastián Salazar, coordinador del Núcleo Constitucional de la UAH.
Otra de las iniciativas es la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y a la Defensoría de las Víctimas que está contemplado en un proyecto de ley del Presidente de la República, Gabriel Boric, con el objetivo de entregar apoyo gratuito e integral a quienes han sido afectados por la delincuencia con ayuda psicológica, social y representación social.
Estas dos iniciativas, la Fiscalía Supraterritorial y la Defensoría de las Víctimas, estaban incluídas en la propuesta constitucional rechazada por la ciudadanía por lo que no lograron alcanzar el rango constitucional. Sin embargo, varias expertas y expertos han planteado que el control del delito y el combate del crimen tiene que ver más con la elaboración de políticas públicas.
La propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial
La Investigadora del CiPP UAH, Michelle Azuaje, participó en el tercer módulo del Programa de Formación de Formadores OMPI-INDECOPI, realizado en la ciudad de Lima, Perú, donde expuso sobre las interacciones entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías.
¿Quién posee los derechos de autor cuando una obra es generada por IA? ¿Pertenece al creador del algoritmo, al usuario que lo emplea o a la propia IA? Esas interrogantes surgen en el estudio de las interacciones entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías que la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje, abordó en el tercer Módulo del Programa Formación de Formadores del Centro de Formación en Propiedad Intelectual, realizado en la ciudad de Lima, Perú, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre 2023.
El encuentro se desarrolló bajo el alero de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Su finalidad fue fortalecer la capacidad nacional institucional y de recursos humanos mediante un mayor desarrollo de la infraestructura y otras instalaciones con el fin de lograr mayor eficiencia y promoción de un equilibrio justo, al mismo tiempo que satisfacer la creciente demanda local de especialistas en propiedad intelectual (PI), profesionales, funcionarios públicos y otras partes interesadas. Con el aporte de la Doctora en Derecho, especialista en Pl y derecho digital, Michelle Azuaje, los asistentes pudieron interiorizarse de los desafíos de la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia.
La actividad busca proporcionar a los formadores los conocimientos y habilidades necesarios para formar posteriormente a públicos específicos en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías.
Humberto Borges lidera organización académica para el desarrollo de la investigación contable
El investigador del CiPP y director del Diplomado en Gestión Tributaria de la Facultad de Economía y Negocios UAH, Humberto Borges, fue recientemente elegido presidente de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC).
“Yo me dedico a estudiar todo aquello que tenga que ver con la mala utilización de información financiera y no financiera. Bajo ese paraguas, lo que hace CAPIC en sus investigaciones es ser una entidad que se basa en los temas éticos de la profesión. La vinculación no es solamente con la investigación, sino también referida a mejorar la calidad de los profesionales de la carrera”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Humberto Borges, luego de ser elegido presidente de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC) para el periodo 2023-2026.
CAPIC es una sociedad científica fundada en la ciudad de Valdivia el 24 de noviembre de 1990, por representantes de las carreras de auditoría de las universidades e instituciones de educación superior pertenecientes al Consejo de Rectores, con el propósito de fomentar el desarrollo de la contabilidad a través de la investigación.
La elección tuvo lugar durante la XXXIV Conferencia Académica de la CAPIC, realizada del 22 al 24 de noviembre en la Universidad de Piura, Lima, bajo el lema “Sostenibilidad e Inclusión: aportes desde la investigación Contable”. En la oportunidad, Humberto Borges expresó que le resulta muy gratificante liderar la CAPIC, destacando el aporte que realiza la entidad.
Esta es la primera vez que un académico de la UAH lidera la CAPIC que ha experimentado un crecimiento significativo, incluyendo a expertos y expertas de universidades de Argentina, Colombia, Perú y España.
Eduardo Saavedra sobre la propuesta constitucional: “parece que a los chilenos nos atrae movernos polarizadamente”
El director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Eduardo Saavedra, en la editorial de la edición especial de la Revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) señala que la Constitución propuesta es reduccionista en cuanto a los derechos sociales y que no enfrenta las causas del estallido social.
“La nueva propuesta de carta magna, escrita por una amplia mayoría de constituyentes de la derecha más radical, refleja intereses que enfatizan los derechos asociados a la libertad individual, pero al igual que la Constitución vigente, es reduccionista respecto de los derechos sociales”, señala el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Saavedra, en la editorial de la edición especial de la Revista Observatorio Económico, publicada por la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.
Eduardo Saavedra, quien es decano de la FEN, afirma que los deseos de cambios derivados del “estallido social” se reflejaron en las urnas en octubre de 2020 cuando el 80% de las y los votantes manifestó su deseo de cambiar la Constitución de 1980 y, posteriormente en mayo de 2021, con la victoria de los sectores más radicales de la izquierda chilena para escribir la nueva constitución, sin embargo, puntualiza el académico esta propuesta fue rechazada porque representaba los intereses partisanos de quienes la redactaron y no del país. “La Constitución de 1980 resalta los derechos de propiedad individuales, pero poco o nada menciona acerca de los derechos sociales; mientras que la fallida propuesta de 2022 resaltaba los derechos sociales con muy poco de derechos sobre la libertad individual”, sostiene el investigador.
Eduardo Saavedra plantea que la actual propuesta constitucional al igual que la Constitución del 80 es reduccionista respecto de los derechos sociales y que al no enfrentar las causas del descontento popular de 2019, este podría aparecer nuevamente con alguna circunstancia que ocurra después del plebiscito del 17 de diciembre 2023. “Parece que a los chilenos nos atrae movernos polarizadamente, como en un péndulo, sin apuntar al sano equilibrio entre libertad individual y equidad colectiva”.
El economista subraya que el nuevo texto tiene marcados tintes populistas al buscar consagrar a nivel constitucional algunas prerrogativas propias de rango legal, además cataloga de partisano el blindaje a las AFP y de populistas el dejar exento de tributos a la primera vivienda. “Todo indica que, al no atacar las causas del descontento popular de 2019, este aparecerá con cualquier escenario post 17 de diciembre de 2023”, expone el académico.
Miriam Henríquez: “No es no es lo mismo reformar la Constitución de 1980 que cambiar el texto constitucional propuesto”
La investigadora del CiPP de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna difundida en el diario La Tercera señala que tanto la Constitución de 1980 como la nueva carta magna requerirán de modificaciones cualquiera sea la opción que triunfe en el plebiscito de este domingo 17 de diciembre, pero que ambas opciones deberán sortear diferentes exigencias.
“No tiene las mismas aristas reformar la Carta actualmente vigente que cambiar el texto constitucional propuesto. Más allá de quién debería impulsar los cambios en cada caso, es relevante considerar las exigencias que deberán sortearse en una y otra hipótesis ante el Congreso Nacional” afirma la investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, en una columna publicada en el diario La Tercera donde se refiere al Plebiscito Constitucional que se llevará a cabo este domingo donde se deberá votar “A favor” o “En contra” del texto de Constitución propuesto.
La decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, sostiene en esta columna que tanto la Constitución de 1980 como la nueva Constitución requerirán de reformas. “Improbablemente el asunto constitucional se clausurará con una eventual entrada en vigencia de la Constitución propuesta por el Consejo Constitucional y difícilmente un cuarto proceso constitucional tendrá cabida en el corto plazo”, destaca la académica.
Si gana la opción “En contra” la Constitución de 1980 mantendría su vigencia y su reforma requerirá el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio de acuerdo con la reforma constitucional efectuada por la ley N° 21.481 de 2022. “Esta enmienda se impulsó ante la posibilidad del triunfo del rechazo en el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre, con el fin de dotar a la Carta de mayor flexibilidad en caso de que fuera necesario reformarla si no era aprobada una nueva Constitución. Escenario que aconteció en 2022 y que podría repetirse”, puntualiza la investigadora.
Miriam Henríquez, explica que, si gana la opción “En contra”, lo más probable, es que con distintas agendas, las fuerzas políticas buscarán reformar la Constitución actual. “Ya sea para insistir, por ejemplo, con el establecimiento de un auténtico Estado social y democrático de derecho; o para constitucionalizar temas como el redistritaje o la propiedad de los fondos de pensiones”, concluye la abogada.
Carlos J. García: La propuesta de nueva constitución prácticamente deja sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central
En un artículo publicado en la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) el investigador del CiPP de la UAH, Carlos J. García, entrega su opinión de cómo define la administración y rol del Banco Central la nueva propuesta de Constitución.
“La propuesta de la nueva constitución política prácticamente dejó sin cambios los objetivos y la administración del Banco Central de Chile”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Carlos J. García, a pocas horas de que 15,4 millones de chilenos votarán A favor o En contra de la iniciativa de nueva Carta Fundamental,
El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH cuestiona la conformación del Consejo del Banco Central afirmando que se requiere de una rotación más alta de todas las autoridades que toman las decisiones de política monetaria, estabilidad financiera y administrativas para fortalecer la autonomía y los vínculos con la democracia, “La administración del Banco Central, en esta nueva propuesta, claramente, retrocede respecto de la anterior: el consejo sigue siendo de cinco consejeros, manteniendo el tiempo de duración del cargo en 10 largos años”, sostiene García.
El economista plantea que nuevamente se le asigna por objetivo al Banco Central velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. “En otras palabras, establece nueva y erróneamente que el bienestar de la población es sinónimo de estabilidad de precios. No hay duda de que una inflación baja es valorada, basta con recordar las crisis de Argentina y Venezuela, pero esto depende la situación que enfrente el país”, recalca el docente.
Para el investigador del CiPP el pleno empleo, concepto económico que hace referencia a una situación donde la totalidad de la población activa de un país se encuentra trabajando, no está claramente definido como una tarea irrenunciable a diferencia de lo que se observa en los bancos centrales de países desarrollados como Nueva Zelandia, Canadá, Noruega, Australia, etc.“No queda bien definido, no es un objetivo per se y, perfectamente, el objetivo de pleno empleo puede sacrificarse si los consejeros así lo definen sin responder a nadie, ni nada. Así, de nuevo, el objetivo de pleno empleo no está propuesto claramente como sí es definido abrumadoramente en otros bancos centrales de países desarrollados”, subraya García.
El derecho a la salud en la propuesta constitucional
En un reportaje publicado por CIPER Chile, el investigador del CiPP UAH y coordinador académico del Núcleo Constitucional de esta casa de estudios, Sebastián Salazar, analiza el sistema de salud establecido en el texto que será plebiscitado y se refiere a las limitaciones al legislador y la reinterpretación ideológica del Estado Social.
La discusión sobre el alcance de las instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud de la propuesta constitucional que se plebiscita este domingo 17 de diciembre fue abordada en un Reportaje por el medio CIPER, quien conversó con Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, y coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Éste se refirió a las limitaciones al legislador y la reinterpretación ideológica del Estado Social. “Las derechas sostienen que esto implica no solo a las prestaciones sociales, en este caso concreto en salud, sino que también a los regímenes jurídicos sobre los cuales se pueden articular las acciones en salud, sea a través de subsistemas públicos y privados completamente separados. La centroizquierda y la izquierda sostienen en cambio que, dentro de un marco general y común de articulación de políticas públicas, la elección se realiza a nivel de prestadores públicos y privados de las acciones en salud. Por tanto, hay una diferencia ideológica de niveles y de alcance”, explica Salazar.
El académico de la Facultad de Derecho de la UAH explica que la diferencia ideológica entre las posturas se relaciona con los niveles y el alcance de la participación de instituciones públicas y privadas en la prestación de servicios de salud. Ante ello Salazar sugiere que lo óptimo habría sido permitir ambas opciones, brindando al legislador democrático la capacidad de definirlas.
Sebastián Salazar argumenta que la propuesta refleja una visión diferente del concepto de Estado Social en comparación con el derecho comparado y otras derechas en el mundo. Se sostiene que la responsabilidad de satisfacer los derechos sociales fundamentales recae en el Estado. “En una economía de libre mercado, esto se puede realizar de diversas maneras, a través de la regulación, control, fiscalización y fomento de acciones tendientes a lograr dicho objetivo. La prestación directa de organismos públicos de bienes sociales es una de las tantas actividades administrativas que el Estado puede adoptar, sea a nivel nacional, regional o local”. Además, Salazar menciona la colaboración privada en la prestación de servicios públicos, señalando que la diferencia entre el rol público y privado a menudo radica en matices o intensidades.
El abogado argumenta que hay una tendencia por parte de estas corrientes a asociar los Estados Sociales directamente con el estatismo y el colectivismo monopólico. “Este temor lo que busca es separar completamente la política (Estado) de la economía (sociedad civil), en el que la satisfacción de los derechos sociales debe realizarse dentro del segundo ámbito, es decir, la economía”. Esto quiere decir, según el académico, que se busca separar completamente la esfera política y económica, desplazando la responsabilidad de la satisfacción de los derechos sociales hacia la economía, y esto, según su perspectiva, contradice los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
Salazar explica que la idea no sería incluir directamente a las ISAPRES en la Constitución, pero sí establecer la presencia de proveedores privados dentro de un marco de salud privado. Si estas instituciones enfrentaran problemas financieros y llegaran a quebrar, el Estado tendría la obligación de intervenir para salvarlas o generar alguna institución similar, ya que habría una obligación de asegurar su continuidad.
La propuesta constitucional, comenta el académico, establecería un marco restrictivo para el legislador, limitando su capacidad para realizar ajustes y priorizando la implementación de la visión ideológica específica. “Es más, el legislador estaría supeditado, como principal finalidad, a la de operativizar la definición programática de la derecha indicada anteriormente y a esta particular, refundacional e ideológica forma de comprender el Estado Social y Democrático de Derecho, en que se encuentran sustantivos elementos de subsidiariedad”, puntualiza Salazar.
Cristóbal Madero: las críticas a los SLEP y el olvido del fracaso de la educación municipal
El investigador del CiPP UAH, Cristóbal Madero, en la columna “Cómo llegamos a los SLEP… para no olvidar“, publicada en el diario La Tercera, se refiere a los cuestionamientos a los Servicios Locales de Educación (SLEP) distribuidos por todo el país, con el rol de reemplazar a las municipalidades o corporaciones municipales que estaban a cargo de la educación pública en las diferentes comunas del país.
“Ante las recientes críticas hacia los Servicios Locales de Educación debido a deficiencias notorias en algunos de ellos, no nos hace mal recordar cómo fue que llegamos a la convicción de que desmunicipalizar era un mejor camino” afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Madero, en una columna publicada en el diario La Tercera, donde puntualiza que en términos técnicos y financieros, al momento de llevar a cabo la reforma, el 70% de las comunas de Chile poseía menos de 8.000 estudiantes sumando al sector municipal y al particular subvencionado.
Madero, quien es académico de la Facultad de Educación de la UAH, sostiene que los países que son exitosos en educación son los que poseen una educación pública de calidad, explicando que se requiere la existencia de un modelo educativo cuyo eje sea la educación pública. “La verdad es que el mundo nos provee de ejemplo tras ejemplo indicando que sistemas educativos sin una fuerte presencia de establecimientos escolares administrados públicamente, no mejoran”.
El académico crítica el modelo de educación municipal aplicado en Chile donde se observa un bajo crecimiento y carencia de estímulos para las personas a cargo de los establecimientos escolares. “La autoridad municipal en ciclos de cuatro años de gobierno carece de los incentivos para apostar por la educación cuyos resultados son en su mayoría de largo plazo”, sostiene Madero.
Finalmente, Cristóbal Madero recalca que esta reforma busca mejorar la calidad de la educación no solo para un determinado sector de la población, sino que para todo el país. “Es cierto que hay un pequeño grupo de municipalidades en Chile con liderazgos importantes, y suficientes recursos económicos y humanos, que no necesitan de un nuevo sistema para proveer a quienes habitan su territorio de una mejor experiencia educativa. Sin embargo, la reforma busca mejorar la experiencia educativa no de una parte, sino de todos. Para lograrlo, la gran mayoría de los 346 municipios de Chile no estaba ni está preparado”.
Servicio Civil entrega reconocimiento a Eduardo Abarzúa por su compromiso con la función pública
El vicerrector académico de la UAH e investigador del CiPP de la UAH, Eduardo Abarzúa, recibió un reconocimiento del Servicio Civil por su dilatada trayectoria e importante contribución a mejorar y fortalecer la función pública en Chile en el marco de la celebración de los 20 años de la entidad.
El XV Encuentro Anual de Gestión de Personas, realizado el pasado miércoles 15 de noviembre, en el Hotel Plaza Santiago, fue el escenario donde la Dirección Nacional del Servicio Civil entregó un reconocimiento a Eduardo Abarzúa, Vicerrector Académico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) por su: “Apoyo, profesionalismo y compromiso que ha tenido en estos años con la función pública y la gestión de personas, a través de estudios, asesorías, formación y también desde su rol de consejero”.
El evento se realizó en el marco de la celebración de los 20 años del Servicio Civil y contó con la presencia de su director nacional, Felipe Melo, y más de 300 jefes y profesionales del área de Gestión de Personas de los servicios públicos centralizados del Estado.
Abarzúa, quien fue integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, entre los años 2014 y 2022, recibió este reconocimiento por su dilatada trayectoria e importante contribución a mejorar y fortalecer la función pública en Chile.
“Lo que uno ha dado, ha sido significativo para las personas […]. La política pública ha sido muy influyente en el desarrollo y el estatus que ha alcanzado la gestión de personas en el país. Y en ese sentido, me ha permitido acompañar al equipo y al Servicio y, en general, a las diferentes instituciones que han impulsado esta política”, señaló el investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, al recibir este reconocimiento.
Por su parte, Felipe Melo, director de la entidad, valoró el enorme aporte realizado por el Vicerrector Académico. “Eduardo Abarzúa ha sido un gran inspirador para muchos y muchas […]. Lo vemos tanto en los testimonios de las y los funcionarios del Servicio Civil como en los de muchos que han pasado por sus aulas, por sus clases en diferentes espacios. Su aporte, no solo ha sido desde el Consejo de Alta Dirección Pública, no solo con el desarrollo del conocimiento, a través de columnas de opinión o través de papers de investigación, sino también en generar vínculos, lazos al interior del mundo público”.
En esta ceremonia también recibieron un reconocimiento Raúl de la Puente, ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, actual presidente de la ANEF, y Elisa Ansoleaga, académica y directora de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales (UDP).
El actual presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, destacó el aporte de Eduardo Abarzúa. “Un tremendo ser humano, un tremendo profesional, un tremendo aporte en esta contribución en lo que ha significado también forzar una gestión moderna de las personas. Creo que el aporte de Eduardo, como consejero del Servicio Civil, en la vinculación con la ANEF y con las instituciones sindicales, permite un nivel de madurez también para nosotros y nosotras, quienes estamos en el Estado”, sostuvo el dirigente.
Lieta Vivaldi: alerta del retroceso de los derechos de las mujeres en la propuesta constitucional
La investigadora del CiPP de la UAH, Lieta Vivaldi, en una entrevista realizada por TVN se refirió a los riesgos que implica el inciso 1 del Artículo 16 de la propuesta constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
El próximo 17 de diciembre las y los ciudadanos decidirán si aprueban o rechazan la nueva propuesta constitucional que, según algunos, incluye en su articulado conceptos que permitirían cuestionar la continuidad de la ley de aborto en tres causales. “Al establecer la protección de la vida de quien está por nacer, nos enfrentamos a un riesgo, ya que se pone en igual lugar a un óvulo fecundado con los derechos de las mujeres o de las personas gestantes”, señaló la investigadora del CiPP, Lieta Vivaldi, en una entrevista realizada por el noticiario 24 Horas de TVN donde se analizó el inciso 1 del Artículo 16 de la propuesta constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
La normativa ha generado un amplio debate en el mundo académico y político, debido a que el nuevo texto reemplaza “al que está por nacer”por “quien está por nacer”. Esto, para algunos podría inclinar la balanza en favor de la proscripción del aborto en tres causales argumentando que la ley propuesta no deja ninguna duda cuando se habla “de quién está por nacer”, ya que se está refiriendo a un ser humano.
Recordemos que, en 2017, cuando la norma fue aprobada por el Congreso, la derecha recurrió al Tribunal Constitucional para impedir su promulgación. En esa oportunidad, dicha instancia, por seis votos a favor y cuatro en contra, declaró válida la ley.
Hugo Rojas presenta libro sobre la justicia transicional y afirma que este es un desafío intergeneracional
El investigador del CiPP de la UAH, Hugo Rojas, presentó, junto a un grupo de especialistas de diferentes países, el libro «Transiciones democráticas y memoria histórica. Aprendizajes de ida y vuelta entre América Latina y España» en un evento realizado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.
“Si las víctimas y las agrupaciones de derechos humanos no hubieran sido tan activas y no hubiesen persistido durante 33 años de una larguísima transición en Chile, el panorama que yo habría ofrecido sería bastante más desalentador y desolador. Nosotros debemos gran parte de los logros al trabajo constante, muchas veces silencioso, no reconocido y escuchado”, así lo afirmó el académico de la UAH, investigador del CiPP y del Instituto VioDemos, Hugo Rojas, en la presentación del libro colectivo titulado Transiciones democráticas y memoria histórica: aprendizajes de ida y vuelta entre América Latina y España, en un evento realizado el 21 de noviembre en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España.
El libro, editado por la Fundación Carolina, indaga sobre el concepto de memoria histórica y los tratamientos otorgados a las víctimas y responsables de las dictaduras en el marco de la justicia con el objetivo de analizar las políticas de los gobiernos democráticos en España y América Latina en relación con sus propios procesos transicionales.
Respecto a los aportes de su capítulo, Rojas señala que ofrece una visión panorámica sobre los logros alcanzados en el proceso de justicia transicional y los aspectos débiles o vacíos en los que todavía falta mucho por hacer. En su opinión, el proceso de justicia transicional se prolongará muchos años más en Chile, por lo que es imprescindible seguir aunando esfuerzos individuales y colectivos en las búsquedas de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Nuestra experiencia nos lleva a pensar que este es un desafío intergeneracional y que hay que saber pasar la posta o el testimonio a las futuras generaciones para que complementen los trabajos que mi generación y la anterior han tratado de llevar a cabo, por eso es importante preguntarse cómo estamos formando a las generaciones jóvenes para que ellos asuman un liderazgo”, puntualizó el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.
En la elaboración de esta obra también participaron Carlos Sanz (Universidad Complutense de Madrid), Lorena Balardini (Universidad de Buenos Aires), Antonio González Quintana (Consejo Internacional de Archivos), Ana Guglielmucci (Universidad del Rosario), Elena Martínez Barahona (Universidad de Salamanca) y Juan Pablo Vera Lugo (Universidad Javeriana de Bogotá), quienes se centraron en las experiencias latinoamericanas y española, bajo la pregunta de si existen enseñanzas útiles en los países examinados que puedan servir como modelo de buenas prácticas en materia de justicia transicional, memoria histórica e historia pública.
El libro expone las relaciones de ida y vuelta entre las transiciones y los procesos de democratización en España y cuatro países de América Latina: Chile, Argentina, Guatemala y Colombia. Para ello, rastrea un conjunto de iniciativas desarrolladas en las últimas décadas en torno a las políticas de verdad, justicia, reparación, memoria, garantías de no repetición y enfoque de géneros, ponderando específicamente aquello que América Latina puede aportar al debate democrático español y, por extensión, europeo.
CiPP cerró su ciclo de cuatro conversatorios reflexionando sobre el modelo de empleo público al que Chile debe avanzar
El pasado martes 21 de noviembre en el Auditorio Manuel Larraín de la Universidad Alberto Hurtado se realizó el cuarto coloquio del Ciclo sobre Políticas Públicas que organizó el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH, titulado “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?”.
“No hay gobernabilidad sin confianza en las instituciones”. Esa es una premisa de la Agenda de Modernización del Estado chileno, cuya implementación comenzó en el 2019. Y, sin duda, este proceso abre una oportunidad única para avanzar también hacia la concreción de un modelo de empleo público profesional e imparcial, que garantice la nítida separación entre lo que son las funciones de Gobierno y la de la Administración.
La relevancia de este tema es lo que llevó al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) a organizar el coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, con el cual finalizó su ciclo de cuatro conversatorios sobre políticas públicas en distintos ámbitos. El evento se realizó el pasado martes 21 de noviembre en el auditórium E11 de la UAH. Congregó a autoridades de la administración del Estado, a académicos/as e investigadores/as nacionales e internacionales, autoridades de la UAH, dirigentes/as sindicales, funcionarios/as públicos y estudiantes.
El objetivo fue reflexionar sobre las dificultades que presenta el modelo chileno de empleo público y realizar recomendaciones a las y los encargados de la toma de decisiones. Importante destacar que, en esta ocasión, el conversatorio se enmarcó en el proyecto de investigación, financiado por el Fondecyt Regular, «¿Tiene Chile un Servicio Civil Profesional e imparcial? «, que están desarrollando los investigadores del CiPP, Enrique Rajevic, secretario General de la UAH, académico de la Facultad de Derecho y director del Postítulo en Derecho Administrativo y Gestión Pública de esta universidad y Nicolás Fleet, académico del Departamento de Sociología y director del Magíster en Sociología, de la UAH.
El conversatorio se estructuró sobre la base de la exposición de Rajevic y Fleet, quienes prepararon un policy paper especial para este encuentro, en el cual presentaron los avances de su investigación.
La mirada de las autoridades de la Administración del Estado
Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, relevó la importancia de la investigación que están llevando adelante Rajevic y Fleet -que se está nutriendo también con datos de la Contraloría- valorando de igual modo, el desarrollo de este conversatorio, al enfatizar: “Justamente, son estos espacios académicos donde se da el puntapié inicial. Sin estas instancias, la verdad que este tema, prácticamente no aparece”. La importancia de estas materias, explicó, radica en un tema esencial: “No hay modernización real sin tocar el tema clave que son las personas que trabajan al servicio del Estado”.
La jurisprudencia, explicó, ha intentado reflejar parte de la distinción entre gobierno y administración. Sin embargo: “Ha quedado truncado, porque a nivel legal y Constitucional no ha habido ese mismo reconocimiento”. Sobre el status actual, dijo: “Pasamos de la extrema precarización a un régimen donde la contrata, prácticamente, se ha transformado en una planta”.
Cristián Valdivieso, subdirector(s) de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, valoró también que su institución sea parte de este proyecto de investigación pues se trata: “De un proyecto que tiene a la vista la discusión de base, respecto del modelo de empleo público”.
Destacó que con el Servicio Civil (que cumple 20 años) se “incorporó la intencionalidad de generar una carrera dentro de la función pública”. La Ley 20.955, significó un avance, por ejemplo, se instaló la práctica de reclutamiento y selección de personal. Hoy, precisó, el 99,7% de los servicios públicos cuenta con un procedimiento de esta naturaleza. Y se ha avanzado de un 49% a un 64% de personas que ingresan al Estado, a través de este mecanismo.
A su juicio, uno de los desafíos importantes de abordar: “Es el ejercicio de liderazgo público para el cumplimiento de la función. Si hablamos de un empleo profesional, imparcial, también tenemos que meter en la juguera de la discusión, todo el componente de gestión del desempeño […]. El margen de acción que hay respecto de poder profesionalizar y modernizar el Estado tiene también una responsabilidad en los líderes y lideresas”.
Exposición de Rajevic y Fleet: ¿Cómo fortalecer el empleo público profesional e imparcial?
Para Enrique Rajevic, lo fundamental de la investigación que están llevando adelante para fortalecer un Servicio Civil imparcial y profesional: “Es buscar mecanismos que permitan que las personas que trabajan para la administración pública, lo hagan con una vocación de servicio público de largo plazo, bajo la conducción de los gobiernos, pero sin ser colonizados (por decirlo de algún modo) con la política, de manera tal, de resguardar la continuidad de las políticas públicas, la integridad de las personas que trabajan, las mismas organizaciones públicas, la experiencia y la especialidad de las personas que trabajan y la competencia en definitiva y eficacia en la prestación de servicios públicos”.
El desafío entonces, es tener un empleo público que funcione bajo reglas del mérito y capacidad: “Y no, bajo el riesgo de que lo vayan a echar, porque el jefe de alguna manera le tiene antipatía o por algún otro tipo de problema subjetivo”. Esto no implica, acotó, que haya que desconocer: “Una capa de personas que trabajan para el gobierno y que responden al principio democrático y, por tanto, que tienen que ser elegidos por esas razones”.
Su diagnóstico recae sobre la regulación, explicando que el Estatuto Administrativo si bien procura evitar efectivamente la intervención de la política, lo cierto es que lo hace a través de “la contrata” como mecanismo de contratación que se ha transformado en una válvula: “el empleo a contrata, que es un empleo donde se puede nombrar a las personas directamente y desvincular con mayor libertad. Y esto es lo que ha empezado a crecer reduciéndose la importancia que tiene el empleo de carrera, lo cual también probablemente quiere decir que hay una impresión de que el empleo de carrera tampoco es la mejor fórmula”.
Al respecto, la jurisprudencia, hasta ahora: “Ataca los bordes, resuelve problemas, pero no genera un nuevo modelo de empleo”, concluyó.
Nicolás Fleet mostró los patrones de crecimiento del empleo público, consignando que, en los últimos 25 años, el Estado, en general, se ha triplicado. Y la profesionalización del empleo público también se ha ampliado: “Hasta ser ya más de la mitad del Estado. El estamento profesional crece, sobre todo en el último periodo, a unas tasas que son sobre el 7%”. Y la pregunta de fondo es cómo se vincula esa mayor profesionalización con la calidad: “Qué capacidad tiene este estamento profesional para producir mayor eficiencia o mayor efecto sobre la calidad de la política pública”.
Otra interrogante que se abre en torno a estas tasas de crecimiento, es su causa: “En qué medida esto responde a un proceso político, a necesidades sociales, a tendencias poblacionales, y en qué medida, frente a los cambios de gobierno, se preserva una capacidad funcionaria que asegura la continuidad y estabilidad del Estado”.
Por qué no avanzamos
En el primer panel -moderado por Ignacio Cienfuegos, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH e investigador del CiPP – participaron tres expositores/as que coincidieron en varios aspectos: Rodrigo Lavanderos, coordinador de Modernización del Estado, del Ministerio de Hacienda, sostuvo que se ha producido: “una atomización en la reglamentación y normativa que rige al sector público”, planteando la interrogante si Chile: ¿Necesita un estatuto único de empleo público o nos vamos por el camino de los estatutos sectoriales? Si no nos hacemos esa pregunta desde el origen, mover la aguja del empleo público va a ser cada vez más difícil”.
Otro tema, señaló, que, claramente, aún no se ha podido resolver es la: “Separación entre los funcionarios administrativos de los funcionarios de gobierno”. Otros factores son: “Algunos impulsos refundacionales permanentes en cada cambio de signo político y sin haber cambios de signo político”.
Amaya Fraile, socióloga, magíster en Políticas Públicas con amplia experiencia en el sector público y modernización del Estado, co-fundadora de la consultora Magenta, puso el énfasis en la necesidad de precisar qué se va a entender como empleo público: “No sólo como un problema del Estado central”, señalando que los datos de ministerios y sus servicios son “parciales”, porque el empleo público abarca también: “Las Fuerzas Armadas y de Orden, empresas públicas, organismos autónomos, los municipios, etc. Creo que debemos llegar a un rango de 1 millón de personas”.
En esa línea, indicó que cuando se aborda el empleo público hay que: “Hablar desde esa diversidad”. Y lo que no ayuda son, precisamente, la fragmentación de estatutos, pues cada sector tiene su propia normativa: “Hay un montón de estatutos donde están atomizadas las normas. Entonces, tenemos que trabajar en algún mecanismo que permita tener una norma directriz”.
Para Enrique Paris, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, con una vasta experiencia en el sector público en cargos de responsabilidad, si bien se ha avanzado en algunos aspectos, la principal razón por la cual le ha costado mucho a Chile destrabar los problemas que experimenta el empleo público: “Es la incapacidad del sistema político para ponerse de acuerdo en cuál es el espacio de la política y cuál es el espacio que le corresponde a la administración”.
Este tema es de tal relevancia que: “Mientras no definamos con claridad las reglas que son propias de la administración, de esa administración indiferente, pero que debe ser eficiente, eficaz, nos vamos a seguir topando con problemas, en donde la política tenga la tentación de colonizar la administración, incluso muchas veces en la pretensión de algunos desde la administración de pretender hacer mejor la política. Son dos carriles distintos que hay que separar”.
¿Hacia dónde deberíamos avanzar?
El segundo panel -moderado por el vicerrector Académico de la UAH, Eduardo Abarzúa, tuvo la intervención de cuatro panelistas, dos de ellos expertos internacionales: Miguel Sánchez Morón, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Derecho Administrativo, de la Universidad de Alcalá de Henares, España, destacó que para consolidar un modelo de función pública profesional e imparcial: “No hay fórmulas mágicas, depende, sobre todo, de la evolución de la convicción de la cultura política, administrativa y jurídica de cada país”.
En el caso de los países europeos: “En términos generales, durante el Siglo XIX adquirieron la convicción de que era necesario contar con ese tipo de gestión pública para garantizar las funciones de Estado y para garantizar imparcialidad de la prestación”. Esto se fue implementando a diferentes ritmos. En el caso español, en el año 1918: “Se aprobó un estatuto legal que garantizó la inamovilidad de los funcionarios públicos». Luego, en la Constitución Política (1978): “Se optó por garantizar las bases esenciales del sistema de función pública de carrera e imparcial” que a la postre fue decisivo. Hoy, cerca del 80% de los empleados públicos tienen este estatuto profesional de inamovilidad.
Un tema que sigue pendiente, explicó, es que: “No hemos sido capaces de garantizar para el grueso de los altos cargos de la administración, ese régimen de profesionalidad […]. Las/los Directores generales se siguen nombrando en función de la confianza política […]. Los partidos políticos en España todavía tienen un excesivo protagonismo en la vida pública, incluso dentro de la administración”.
Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford (Reino Unido), profesor titular y asociado en el Departamento de Ciencias Políticas, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, planteó reformas en cinco puntos: Meritocracia, la cual: “Está muy correlacionada con indicadores de menor corrupción y efectividad del gobierno”. La desburocratización, en el sentido de dar mayor autonomía, pues con: “Unos directivos públicos que trabajan como directivos en el sector privado, como Nueva Zelanda, Suecia, Australia, de hecho, existe menos, no más corrupción”.
Una tercera reforma debería apuntar hacia la Transparencia: “Una política transparente produce déficit de confianza al principio, porque decir la verdad no es agradable, pero al cabo del tiempo, genera superávit de confianza”. Mestizaje ideológico: “Creo mucho en la bondad de muchas reformas neoliberales y en lo contrario, en muchas reformas social-demócratas para compensar”, destacando en esta línea el modelo de Nueva Zelanda. Y, por último, Experimentación y Fontanería: “No podemos valorar sólo las políticas públicas por los resultados objetivos, sino que hay que medirlos de manera científica: ver si efectivamente dan valor a la sociedad, si tienen impacto social”.
Para Beatriz Corbo, abogada, profesional experta del Servicio Civil y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, avanzar implica considerar mecanismos de mérito y confianza. En segundo término, hay que abordar derechamente el tema del empleo público, porque hasta ahora ha sido de manera tangencial, pues pareciera ser que es una discusión: “…que nadie quiere tener, porque es difícil tenerla”. Otro elemento a considerar, agregó, es tener: “Una mejor comprensión de lo que son los cargos de gobierno y lo que son los cargos de administración”.
Concluyó, afirmando que: “Si comprendemos mejor eso, probablemente, vamos a poder tener una mejor bajada hacia lo que es el empleo público”.
José Pérez, presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), fue enfático en señalar que, el proceso de modernización del Estado debe ser con la participación de las y los funcionarios públicos y sus dirigentes sindicales, quienes son los que tienen la experiencia en el trabajo estatal, ya que: “Trabajamos para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno […]. Además, hemos impulsado que todos estos cambios, que son de voluntad política primero y después de aspectos legislativos y también técnicos, no pierdan el foco final, que es la atención a la ciudadanía con servicios públicos de calidad”.
Recalcó que: “Partimos con fortalecer el desarrollo laboral; acuñamos el trabajo decente para los trabajadores públicos y estamos disponibles para avanzar en todos los procesos y subsistemas, pero con participación de las organizaciones sindicales”.
Mirada de las autoridades de la UAH
El rector de la UAH, Eduardo Silva, SJ, también estuvo presente en el evento. Al respecto, dijo que, con este coloquio, el CiPP sigue cumpliendo con su objetivo de: “Abordar temas que son de preocupación de todos, aprovechando las competencias de nuestros académicos y poniendo eso, al servicio justamente de los diferentes públicos relevantes. En este caso, de la Contraloría, del Servicio Civil, de académicos de otras universidades y también de estudiantes”.
Los contenidos de este encuentro, dijo, aportan a mejorar: “Algo tan vital, como lo es un Estado más moderno, más eficiente, más capaz, más meritocracia y más imparcial. Cabe decir, que no depende de los vaivenes de los cambios de gobierno. El Estado requiere una situación más estable y ese es el fruto de esta investigación”.
Eduardo Abarzúa, vicerrector Académico de la UAH, hizo un positivo balance de la actividad desde varias perspectivas. Primero, resaltando el proyecto de investigación de Rajevic y Fleet pues pone: “En relieve, la producción académica de nuestra universidad y de nuestro Centro”. También destacó el nivel de la convocatoria, que congregó a académicos, investigadores/as de talla internacional, y directivos y profesionales del sector público: “Reunir a este grupo de personas, con distintas perspectivas sobre el Estado y hacer este diálogo interdisciplinar, pero también multiactores, creo que es relevante”.
En ese sentido, dijo que el CiPP: “Cumple con su propósito de entregar la investigación y el desarrollo de la universidad para que se tomen mejores decisiones, decisiones basadas en la democracia”.
Eduardo Saavedra, decano de la FEN-UAH y director Académico del CiPP, recordó que para el CiPP: “El empleo público ha sido siempre de gran preocupación de varios investigadores del Centro, dedicados al tema de modernización del Estado”. Una materia relevante pues: “Todo lo que se espera de una economía moderna requiere de un Estado, cuyos trabajadores den lo mejor de sí y tengan además el espacio para dar lo mejor de sí”. Revisa acá la transmisión del coloquio
Enrique Rajevic y Nicolás Fleet presentan resultados preliminares de investigación sobre el modelo de empleo público en Chile.
Los investigadores del CiPP UAH Enrique Rajevic y Nicolás Fleet, presentaron los resultados preliminares de una investigación que están realizando sobre el modelo chileno de empleo público, en el Coloquio organizado por el CiPP “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?.
En el marco del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), los investigadores del CiPP Enrique Rajevic y Nicolás Fleet, expusieron las principales conclusiones de un “policy paper” que prepararon con ocasión de este evento, que contiene los primeros resultados del proyecto de investigación, financiado por el Fondecyt Regular N° 1231868 de 2023, denominado“¿Tiene Chile un Servicio Civil Profesional e imparcial?.
En su exposición, los académicos hicieron referencia a un panorama conceptual, doctrinario y estadístico de la evolución de la carrera funcionaria en Chile como también de sus patrones de crecimiento y estabilidad e inestabilidad en el periodo de 1995 a 2022.
Enrique Rajevic, quien se desempeña como secretario general de la UAH, destacó que un servicio civil profesional e imparcial es esencial para la continuidad y el desarrollo adecuado de las políticas públicas, más allá de los cuatro años que dura cada gobierno. Esto supone una regulación que impida una excesiva influencia de la política en el empleo público. “Nosotros queremos contribuir con este trabajo generando mejores evidencias y datos como también avanzar en algunas líneas para mejorar el empleo público”.
Rajevic señaló que se debe garantizar la separación entre las funciones de gobierno y administración como también el acceso igualitario e imparcial al empleo público. “Cuando decimos imparcial nos referimos a que las personas que estén en la administración pública no estén gracias al gobierno de turno, sino que por una vocación de servicio que trascienda al gobierno que está en ese momento, es lo que se ha denominado eficacia indiferente, esto quiere decir que se trabaja con la misma preocupación y profesionalismo si gobierna la derecha, la izquierda o el centro”.
El profesor Rajevic también abordó el tema de la confianza y cómo impacta en ella contar con funcionarios/as públicos mejor preparados. Señaló que la confianza en las instituciones públicas ha caído fuertemente y que contar con un empleo público profesional e imparcial permite tener personas que estén mejor preparadas y especializadas, fortaleciendo la integridad y la continuidad de las políticas públicas. “Permite que no haya funcionarias y funcionarios preocupados de no hacerle el favor a quién está gobernando”.
El académico destacó la promulgación de la Ley de Protección al Denunciante, normativa que entrega protección a funcionarios/as públicos que sean testigos o víctimas de hechos de corrupción y que denuncien estas situaciones. “Esta ley permite que las personas que trabajan en la administración pública tengan buenos incentivos para proteger la probidad, lo que produce mayor confianza ciudadana”.
Por su parte, Nicolás Fleet, quien es académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, explicó que la modalidad de contratación denominada “a contrata” ha pasado a ser la forma predominante en la administración pública, donde se observa un crecimiento sostenido. “El estudio muestra que las y los trabajadores de planta constituían el 70,4% de la administración pública en 1995, y las contratas el 25,6%, sin embargo, en 2022 este cuadro cambia drásticamente ya que los funcionarios de planta alcanzan un 24,8% del total de dotación mientras que aquellos contratados bajo la modalidad “a contrata” suman un 69,4%.”.
Fleet, aclaró que, si bien se observa un aumento de la dotación del personal de la administración pública en Chile, nuestro Estado no es grande, destacando que la evidencia internacional muestra que para un buen funcionamiento se requiere un sector público profesional y bien dotado. “Los países desarrollados tienen un Estado que es más grande que el chileno y a pesar de que se observa un crecimiento nuestro Estado sigue siendo pequeño”.
El investigador afirmó que ha existido un proceso de modernización del Estado, pero este avance choca con la politización que hace más difícil ponerse de acuerdo. “Desde mi punto de vista hay una camisa de fuerza porque el Estado tiene un marco neoliberal y no puede desarrollar con total despliegue algunas capacidades que están dormidas sobre todo en el ámbito productivo y en el desarrollo de funciones públicas como la educación y la salud”, enfatizó Fleet.
¿Por qué no avanzamos? fue la interrogante planteada a las y los expertos que participaron en el primer panel del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el CiPP de la UAH.
El primer panel de reflexión realizado en el marco del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile? organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) fue moderado por el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Ignacio Cienfuegos, y tuvo como foco conversar acerca de las razones que explican que el mundo político no le dé prioridad a modernizar el modelo de empleo público chileno pese a sus evidentes carencias. Participaron de esta conversación, el coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos, la cofundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo asesor de la Fundación Pivotes, Amaya Fraile, y el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris.
El coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos señaló que existe una deuda en cuanto a la modernización del Estado enfatizando que hay una inmovilidad y que es necesario indagar en las causas de esta situación. Un primer elemento que menciona es que Chile fue reconocido por tener un estatuto público común, ”más allá de la legitimidad de su origen”. Por ello, una de las preguntas que se deben responder es “¿Qué pasó con el estatuto unificador?” destacando que esta normativa hizo que Chile fuese reconocido por tener un estatuto administrativo que logró aunar al sector público con todas sus complejidades.
Lavanderos explicó que la situación actual es muy diferente, dado que existe “una hipertrofia de los sectores y subsectores públicos” y hay sectores donde el estatuto administrativo es incluso minoritario como norma general. “(…) y estamos llenos de normas especiales, y hemos producido una atomización en la reglamentación y en la normativa que rige el sector público chileno”.
Para ejemplificar se refiere a la situación compleja que se da en el sector de la salud donde no existen estatutos comunes, sino que hay cuatro leyes diferentes para los médicos. Incluso a las y los facultativos que trabajan en urgencia se les aplican tres normativas distintas. “En definitiva, actualmente existe una gran diversidad para gestionar la administración pública y no existe un patrón único”. Concluye Lavanderos este punto señalando que esta situación ha hecho repensar el origen y genera la pregunta válida “de si Chile necesita o no un estatuto único de empleo público o nos vamos por el camino de los estatutos sectoriales”, y aunque la pregunta no sea fácil de responder, de no querer hacerla “mover la aguja del empleo público, no será fácil”.
En su intervención, la cofundadora de la consultora Magenta C e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Pivotes, Amaya Fraile, plantea que es importante precisar cuál es el concepto de “empleo público” que se quiere analizar, que no se limita a quienes están regidos por el estatuto administrativo sino “a todos quienes trabajan en el Estado” que según sus estimaciones llegaría a un millón de personas aproximadamente. Por lo que cuando se habla de empleo público se habla de una gran diversidad, donde se han ido creando distintos estatutos y normativas para distintos grupos dentro del Estado.
En opinión de Fraile, esta atomización de normas también es una causa que ha complejizado la modernización del Estado y ha producido una inamovilidad, a raíz de la gran cantidad de estatutos que existen “le dan poder a la inamovilidad porque surge la pregunta ¿Qué parto reformando? (…) esta realidad le ha dado poder al estatuto para que no se toque”.
Amaya Fraile, sostuvo que no solo se debe buscar la solución a través de la “inamovilidad per se” que permite que las personas no sean desvinculadas de la administración pública sino que también le parece que es importante ver qué aspiraciones tienen los funcionarios para su carrera. “Creo que es importante analizar qué es lo que quiere ese empleado público de su carrera recordemos que se aplicó una consulta pública que se aplicó antes del anteproyecto de ley y que tuvo 58.000 mil respuestas donde participaron el 60% de funcionarios y un 40% de no funcionarios. Los resultados mostraron que existía un 90% de acuerdo para que existiera una única modalidad contractual con indemnización por despido es decir yo no sé si eso sea lo mismo que inamovilidad”, expuso la panelista.
La especialista declaró que es importante plantearse ¿qué es lo que buscamos?¿Qué necesitamos del empleo público para que sea productivo? ¿Buscamos un Estado que responda a las necesidades de sus ciudadanos o a la estabilidad de sus funcionarios?. “Me parece que son dos preguntas que debemos hacernos tratando de llegar a un equilibrio y no tengo la respuesta de cuál puede ser ese equilibrio”.
Finalmente, cerrando este panel, el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris, expresó que para responder la pregunta del panel “¿Por qué no avanzamos” es fundamental tener en claro que cuando se diseña cualquier tipo de sistema institucional referido al empleo “hay que resolver un problema de agencia” que implica solucionar el problema entre las expectativas que tienen los políticos y el sistema político y las que tienen en este caso las y los empleados públicos y la administración, situación que no está resuelta en Chile. “Creo que la clave es cómo logramos definiciones, más allá de los estatutos, que se traducen en normas y leyes de rango constitucional y otras de rango legal para lograr separar las carreras de los políticos de aquellos que están en la administración pública, cómo hacemos muy costoso cambiarse de un lugar a otro”.
Parísseñaló que es importante escuchar a las personas y manifestó su preocupación por los datos entregados por la última encuesta, CEP, correspondiente al periodo septiembre a octubre de 2023, que reveló que el 59% de las y los encuestados considera que el nivel de corrupción es mucho mayor que hace 5 años atrás. “No recuerdo que los datos que se muestran tuvieran esta magnitud en encuestas anteriores. Lo más alarmante es que el 73% percibe que la corrupción está extendida en el servicio público a mucha gente o en casi toda la gente. Entonces cuando hablamos de empleo público es vital poner atención en la percepción y expectativas que tiene la ciudadanía acerca de lo que hace el Estado y sus funcionarios y funcionarias”.
El decano de la FEN de la Universidad Santo Tomás, consideró también que es importante mirar la tradición del empleo público en Chile para aprender de esta experiencia y no volver a copiarla ya que el modelo de empleo público antes de los noventa y del golpe de Estado era un modelo de patronazgo. “No era un modelo de carrera funcionaria lo que no es solo una característica chilena sino en el mundo, probablemente los países más desarrollados migraron desde los modelos de patronazgo a los de mérito”.
Empleo público en Chile: ¿Hacia dónde deberíamos avanzar?
El segundo panel de reflexión realizado en el marco del Coloquio CiPP “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, tuvo como foco abordar las perspectivas de cómo mejorar el modelo chileno de empleo público y contar con una Administración Pública eficaz para servir a las personas.
¿Hacia dónde deberíamos avanzar? fue la interrogante que abordó el segundo panel del coloquio “¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Moderó este panel el Vicerrector Académico de la UAH e investigador del CiPP, Eduardo Abarzúa, quien fue durante 8 años integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil de Chile, institución que hace pocos días atrás le entregó un reconocimiento por su apoyo, profesionalismo y compromiso con la función pública y la gestión de personas en el país.
Participaron de este diálogo, el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón, la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Beatriz Corbo, el director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF, José Pérez Debelli.
En la primera intervención, el académico de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón, explicó que en los países europeos existe una administración pública profesional y no politizada, lo que significa que el ingreso al Estado se realiza rindiendo pruebas selectivas que miden el mérito y la capacidad. “Prácticamente en todos los estados europeos se cuenta con una función pública profesional e imparcial. Durante el siglo XIX la mayoría de los estados europeos adquirieron la convicción de que era necesario contar con una función pública o una burocracia profesionalizada para garantizar las funciones del Estado y asegurar de manera imparcial el funcionamiento de los servicios”.
Morón relató que este fenómeno se fue dando de manera paulatina en los diferentes países europeos y que en el caso de España se consolidó en 1918 cuando se aprobó un estatuto legal que garantizó la inamovilidad de las y los funcionarios públicos que accedieran a los diferentes servicios estatales.
Por su parte, la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Beatriz Corbo, se refirió al sistema de Alta Dirección Pública cuyo objetivo es dotar a las instituciones de gobierno, a través de concursos públicos y transparentes, de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas definidas por la autoridad. “Este sistema ha logrado instalarse a pesar de lo contra cultural que fue en sus orígenes, hoy nadie pone en duda la relevancia de los procesos de selección donde el mérito, la igualdad y la no discriminación son elementos centrales”, destacó la panelista.
La especialista recalcó que un gran avance en la modernización del Estado sería contar con una mejor distinción entre aquellos cargos que son de gobierno y los que son propios de la administración pública. Además, dijo que el empleo público y la Alta Dirección Pública requieren de una mirada sistémica porque hoy hay mucha asimetría entre la estabilidad de los empleados públicos y la inestabilidad de los altos directivos.
El director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente, indicó en su exposición que para lograr una profesionalización del empleo público se requiere de un conjunto de reformas en cinco temas clave: la meritocracia, la desburocratización, la transparencia, el mestizaje ideológico y la experimentación o fontanería.
Lapuente recalcó que la “meritocracia” se refiere a lograr y mejorar la profesionalización de la administración pública y que hay datos que muestran una relación entre profesionalización y menor corrupción. “La encuesta “Expertos” que realiza el Instituto de Cualidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo muestra que una profesionalización de la administración pública se relaciona con indicadores menores de corrupción”.
La “desburocratización” es, según Lapuente, un tema que deben mejorar España y Chile. Señala que vale la pena mirar como ejemplo a Nueva Zelanda donde existe una mayor autonomía de los recursos humanos. En relación a la “transparencia” aclaró que es necesario que exista un acceso a la información porque esto aumenta la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
En cuanto al “mestizaje ideológico» nuevamente puso de ejemplo el modelo de administración pública de Nueva Zelanda donde se observa muy bien este concepto. En cuanto a la “experimentación y fontanería” manifestó que es necesario contar con directivos creativos que prueban diferentes medidas y las evalúen. “Me gusta pensar que el directivo público es un científico o un fontanero porque como diría la premio nobel de economía, Esther Duflo, no existen botones mágicos para las políticas públicas. En realidad deberíamos ser como fontaneros que luchamos contra la ignorancia, la ideología y la inercia”, expresó Victor Lapuente.
En su exposición, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, sostuvo que la modernización del Estado sigue siendo un desafío pendiente enfatizando que es importante que estas transformaciones sean realizadas con la participación de las y los empleados públicos. “Es un tema que se habla, pero no se concreta donde la ANEF ha estado siempre dispuesta a conversar y a contribuir en este proceso. Las y los funcionarios públicos podemos hacer una importante contribución porque somos los que más conocemos los servicios y el Estado”.
Perez Debelli destacó que la ANEF cumplió 80 años que han estado caracterizados por abrazar un sindicalismo sociopolítico, no partidista, donde han tenido y tienen una opinión de lo que pasa en nuestra sociedad y el mundo. “Poseemos una mirada sobre el Estado que también busca que sea más moderno, fuerte, presente, participativo y activo, tenemos mucho que decir y aportar. Esperamos sentarnos con el gobierno en una mesa sectorial para abordar estos temas”.
El dirigente argumentó que no se debe perder el foco de que la administración pública tiene por principal función servir a la ciudadanía y que son las y los funcionarios del Estado quienes ejecutan las políticas públicas por lo que es fundamental que tengan un “trabajo justo” donde existan y se reconozcan los derechos colectivos .Además, planteó que el Estado subsidiario restringe a la administración pública. “Limita a las trabajadoras y trabajadores en sus funciones y tareas. Por ejemplo a los cerros de Antofagasta no pueden acudir porque ahí están las fundaciones donde, lamentablemente, hay gente que pretende llevarse el Estado para la casa, denunció el presidente de la ANEF.
En el cierre de este segundo panel, el Vicerrector Académico de la UAH, Eduardo Abarzúa, elogió la realización de este coloquio al entregar un análisis de la realidad del empleo público en Chile, junto con entregar herramientas y propuestas concretas para abordar la modernización del Estado. También valoró las exposiciones de los profesores Sanchez Morón y Lapuente en tanto han permitido visualizar cómo se ha abordado este proceso en España y otros países.
Coloquio CiPP analizará el sistema de empleo público chileno
Destacados académicos/as y expertos/as se darán cita el próximo martes 21 de noviembre, en un coloquio CiPP que examinará el modelo chileno de empleo público y formulará propuestas para mejorar su profesionalidad e imparcialidad.
“¿Cómo favorecer un empleo público profesional e imparcial en Chile?” es el título del cuarto y último coloquio que realizará el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), como parte de un ciclo sobre políticas públicas que ha convocado este segundo semestre 2023. El encuentro se efectuará el próximo martes 21 de noviembre entre las 09:00 y las 13:00 hrs. en el auditorio E11 de esta casa de estudios (Erasmo Escala #1823, Santiago). El objetivo es reflexionar sobre las dificultades que presenta el modelo chileno de empleo público para asegurar su profesionalidad e imparcialidad y realizar propuestas para avanzar en esa dirección.
En la oportunidad, los investigadores del CiPP y académicos de la UAH, Enrique Rajevic y Nicolás Fleet, presentarán un panorama conceptual, doctrinario y estadístico de la evolución de la carrera funcionaria en Chile, como también de sus patrones de crecimiento y estabilidad e inestabilidad en el período 1995 al 2022.
Este evento se realizará en el marco del proyecto Fondecyt Regular 2023 que se adjudicó Enrique Rajevic cuyo nombre es “¿Tiene Chile un servicio civil profesional e imparcial?”, investigación que parte del supuesto de que un servicio civil o sistema de empleo público debe ser profesional e imparcial para determinar la continuidad y el desarrollo adecuado de las políticas públicas, además de favorecer la integridad del servicio. “La idea de este coloquio es analizar cómo podemos contar con un modelo de empleo público que vaya más allá de los gobiernos de turno. El proyecto Fondecyt que estamos desarrollando junto a Nicolás Fleet va en esa línea, donde el desafío es contar con una administración pública que funcione obviamente bajo la dirección del gobierno pero que no deba reinventarse cada cuatro años”, destaca el académico.
En tanto el coinvestigador de este proyecto Fondecyt, Nicolás Fleet, enfatiza que en esta investigación les interesa también avanzar en la observación estadística del estado. “Es un aspecto muy poco claro en Chile, sobre todo en poder estimar en qué medida los patrones de crecimiento obedecen a cambios políticos, ya sea de política pública o bien a cambios de gobierno, y en qué medida la rotación de funcionarios con estos cambios de política se inscribe o no dentro de una profesionalización y por lo tanto mayor capacidad de la gestión pública», explica el sociólogo.
En el evento participarán también el Director Jurídico de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic, el Subdirector(s) de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil de Chile, Cristóbal Valdivieso el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris, el Coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos, el Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, ANEF, José Pérez Debelli, el Director del Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotenburgo, Víctor Lapuente, y el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez Morón.
Inteligencia artificial: ¿Cómo proteger la intimidad, imagen y voz de las personas?
Michelle Azuaje, investigadora del CiPP UAH, en una columna de opinión publicada en el medio El Mostrador, se refiere a la importancia de tener una legislación que proteja a las personas de las diversas aplicaciones y contenidos que recrean tanto imágenes como voces utilizando la inteligencia artificial (IA).
En una columna de opinión titulada “Clonación de voces e imágenes con inteligencia artificial: ¿qué tan protegidos estamos?”, publicada por el medio El Mostrador, la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Michelle Azuaje, se refiere a la importancia de tener una normativa que resguarde los derechos al honor, intimidad, imagen y voz de las personas frente a las problemáticas éticas y jurídicas que se derivan del uso generalizado de la inteligencia artificial (IA), que en la actualidad permite mantener conversaciones con la percepción de que se trata de una persona real o la creación de canciones con la voz casi idéntica de destacados artistas.
Azuaje contextualiza el tema recordando la situación ocurrida con el cantante Bad Bunny donde un joven chileno se hizo viral al crear una canción con IA y usar la voz del artista puertorriqueño. También expone la situación de Scarlett Johansson quien estableció una demanda por la clonación de su voz e imagen a través de una app. “Casos como estos hacen temer también por el uso inadecuado de la voz e imagen de los artistas, que hoy se ven enfrentados a nuevas amenazas”, señala la académica.
La abogada explica que la IA impone nuevos desafíos para el derecho, ya que, si bien existen normativas que protegen la imagen y la voz de las personas, artistas, e intérpretes puede que estas no sean suficientes. En este aspecto destaca la creación en España de la Ley Orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial. “(Esta Ley) busca entre otras cosas, identificar contenidos generados por IA; delimitar infracciones y responsables de la utilización de la IA cuando vulneren las condiciones de la normativa sobre comunicaciones audiovisuales; actualizar la normativa penal para calificar como “injuria” la simulación de imágenes o voces de personas generadas por IA sin autorización y con ánimo de menoscabar el honor, fama, dignidad o la propia estimación de una persona o con fines de publicidad; crear nuevas medidas cautelares para facilitar la retirada urgente de imágenes o audios generados con IA sin autorización; así como crear un nuevo delito electoral, para sancionar la difusión de forma intencionada de imágenes o audios de las personas candidatas que estuviesen alterados o recreados mediante el uso de IA”, destaca Michelle Azuaje.
“Le Monde Diplomatique” destaca reflexión realizada en el Coloquio CiPP sobre la revolución 4.0
La edición chilena del medio “Le Monde Diplomatique” realizó una cobertura especial de las reflexiones realizadas durante el Coloquio organizado por el CiPP UAH “La Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?”.
Una cobertura especial sobre el coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?”, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizó la edición chilena on line del medio “Le Monde Diplomatique”, publicación francesa que ofrece análisis y opiniones documentadas sobre política, cultura y actualidad mundial. El medio recogió en una nota las opiniones vertidas por los panelistas sobre las implicancias y consecuencias que provocarán los cambios tecnológicos en Chile y el resto de América Latina, en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
La columna titulada “Las nuevas tecnologías amenazan con aumentar las brechas entre América Latina y los países desarrollados” destaca las intervenciones de Juan Jacobo Velasco, Oficial Nacional de Información Laboral de la Oficina de OIT para el Cono Sur de la OIT; del Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel y del investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, Carlos García, quienes participaron en el coloquio “Industria 4.0 en la Pyme: ¿Cómo nos subimos a esta revolución?” organizado por el CiPP de la UAH el pasado 17 de octubre de 2023.
De las palabras de Juan Jacobo Velasco de la OIT, se releva su reflexión sobre los fuertes impactos que están teniendo los cambios tecnológicos en el mercado laboral, los procesos de producción y el consumo en América Latina. “En este contexto podría aumentar la brecha entre los países latinoamericanos y las naciones desarrolladas, al igual que las desigualdades de ingresos, de derechos y de oportunidades en la región”, expresó Velasco.
También la nota hace referencia a la opinión del Gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel, quien durante el encuentro destacó que Chile está a la vanguardia en tecnología en la región. “Recientemente fue lanzado el índice latinoamericano de inteligencia artificial (IA) y si bien ahí queda en evidencia que Latinoamérica está lejos de las grandes potencias como Estados Unidos, Europa y Asia, dentro de la región, Chile destaca por su capacidad de infraestructura y de conocimiento”.
El medio “Le Monde Diplomatique” destaca asimismo el análisis realizado por Carlos J. García, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, quien señaló que un aspecto clave para poder sumarse y adaptarse a estos cambios es el nivel de desarrollo del capital humano. Agregó el académico que la revolución 4.0 aún está en proceso de maduración y que tiene sus matices claroscuros, en el análisis de las economías emergentes, sin embargo se debe estar atento a sus potenciales efectos negativos. “Habrá un impacto negativo en los salarios reales, aumentará la brecha de género y la distribución del ingreso”, advirtió García.
