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Paulette Landon en foro regional sobre desarrollo sostenible.

Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, junto con el rector Eduardo Silva, lideraron el Foro Regional de Alianzas para el Hábitat 2023, una iniciativa internacional que busca impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los desafíos que presentan los altos niveles de crecimiento urbano y demográfico en Chile, América Latina y el Caribe. El encuentro contó con la presencia de la ex presidenta Michelle Bachelet y representantes de las entidades organizadoras y diplomáticas.

El encuentro, denominado “Foro de Alianzas para el Hábitat-Capítulo Santiago de Chile. En Ruta a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2023: Integración Urbana, Cohesión Social y Vida en Común” fue el primero de tres que se realizarán en nuestro país, en virtud de una reflexión política, académica y de la sociedad civil frente a las problemáticas que presentan las ciudades ante el exponencial crecimiento demográfico y urbano.

El foro consistió en 5 paneles de expertos en diversas temáticas relacionadas con gobernanza urbana, vivienda y nuevas precariedades, el hábitat y los desafíos para la vida en común. Fue organizado por la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, en alianza con la Universidad de Guadalajara y ONU Hábitat, entidades que cuentan con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH.

En la apertura participaron las autoridades de la universidad, la ex presidenta, Michelle Bachelet y, en representación de la Cumbre, el director ejecutivo, Bernd Pfannenstein y el coordinador general, Héctor García Curiel, quien además tiene el mismo cargo en la Universidad de Guadalajara. Los acompañó Ximena Mariscal, encargada de asuntos multilaterales de la Embajada de México.

El rector de la casa de estudios,Eduardo Silva, abrió con palabras de bienvenida donde recalcó que la universidad pretende ser “un espacio de reflexión, donde la realidad se pueda contemplar de una manera un poco más pausada, para mirar con más profundidad la realidad. Recurrimos a las Humanidades para comprender lo real y a las Ciencias Sociales para intervenir en ella. Enseñamos lo que investigamos y ponemos en valor público aquello”, refiriéndose al rol trascendente de la educación en las iniciativas sociales.

Sobre el tema del encuentro dijo que “es un privilegio mirar la ciudad desde una dimensión tan profunda como el habitar, es decir, la manera en que se asientan las personas, la configuración física de esos asentamientos y la convivencia social. Iniciativas como estas nos permiten hacernos cargo del rol público que nos hemos propuesto y ser una universidad para el bien común”.

En tanto, Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, se refirió a las proyecciones de precariedad en materia de vivienda a nivel mundial y, en ese sentido, en cuanto a Sudamérica, citó el aumento de la pobreza, incremento de asentamientos informales, altos niveles de violencia juvenil, crimen organizado, déficit en infraestructura y servicios básicos.

Luego se refirió al ámbito nacional, citando los datos del INE, el cual cifra a la población de Chile en 19 millones de habitantes, 11% pertenecientes al mundo rural y 90% urbano. En este escenario demográfico, el 10% es migrante, ya que nuestro país en los últimos 10 años ha acogido a más de 1,5 millones de extranjeros, motivo por el cual la situación migratoria en el norte y la seguridad en las fronteras de esta macrozona ha ocupado el primer lugar en la agenda política.

Añadió que “la crisis social y la pandemia han tenido diversos efectos en el país: desaceleración económica, inflación, déficit en las transferencias públicas, aumentando la pobreza a dos dígitos y sosteniendo los índices de desigualdad”.

Cabe destacar, según señaló la decana, que los campamentos en Chile están aumentando de manera alarmante, principalmente en la Región de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, donde se localizan las principales concentraciones urbanas del país. “Esta es una realidad en zonas de alto flujo inmigratorio como Tarapacá y Antofagasta, las cuales concentran el mayor número de familias viviendo en campamentos”, explicó Landon.

Por su parte, la ex presidenta Michelle Bachelet, refiriéndose al mismo tema, señaló en su discurso que “la ciudad fue y seguirá siendo uno de los inventos civilizatorios más importantes de la humanidad, pero hoy se ha vuelto una fuente de amenazas a la vida que no podemos ignorar (…) se ha convertido en un foco de conflicto, de sufrimiento y deshumanización”.

Agregó Bachelet que la “hipermetropolización ha fortalecido el individualismo campante y la estigmatización de los que son diferentes, la falta de civilidad en el trato cotidiano y las nuevas formas de violencia. Junto con ello se acentúa las causas y consecuencias del cambio climático a raíz de la contaminación, la pérdida de agua y de áreas verdes, además del estrés y soledad urbana a causa de la pandemia que generó enfermedades mentales y del ánimo”.

Tanto Landon como Bachelet hablaron del crecimiento no planificado, el cual ha generado un incremento del tiempo y los recursos destinados a las movilidades de las familias y ciudadanos. La decana puntualizó en que la pandemia generó un retroceso de más de una década en cuanto a la participación laboral de las mujeres, además del incremento de las patologías mentales.

Ambas representantes del mundo académico y político, respectivamente, coincidieron en tono y opinión acerca del sentido de urgencia que tiene la creación de una política urbana eficiente y sostenible, basada en la aplicación de planificaciones que entreguen soluciones reales, gracias a la sólida gobernanza del Estado y las entidades públicas.

“Hay algo que no hemos hecho bien en el desarrollo de nuestras ciudades. No desconozco que el crecimiento urbano y demográfico desproporcionado y sus consecuencias es un hecho mundial, pero reconozcamos que abandonamos la idea de la forma en que construimos las ciudades y no refleja el modo en que queremos vivir juntos. Por eso es que debemos deliberar y decidir democráticamente el tipo de ciudad que queremos tener y para eso construir colectiva y democráticamente”, puntualizó Bachelet.

Landon también manifestó enfáticamente que “la planificación urbana y territorial, la asignación de recursos y las habilidades técnicas a nivel de ciudad son extremadamente importantes para el futuro de nuestras ciudades”.

La autoridad académica remarcó que es necesario avanzar en políticas públicas que permitan un ajuste territorial que contribuya a la equidad de las nuevas ciudades, pueblos y regiones. También indicó que la elección democrática de las autoridades regionales del Ejecutivo 2021 constituye un paso significativo para este desafío, “pero sigue siendo insuficiente si no se completa con financiamiento y un diseño institucional sobre la base de un marco que pueda recoger particularidades socioculturales, produciendo más diversidad en el régimen territorial”, finalizó.

El mito del aumento del salario mínimo y su relación con la inflación

“¿Por qué el mito inflacionario fracasa tan estrepitosamente? La lógica del mito depende crucialmente de un supuesto que está ausente no solo en Chile, sino en la mayoría de los países: que los mercados sean perfectamente competitivos. Muy por el contrario, nosotros mismos hemos aprendido con los años que muchos mercados son imperfectos; es más, algunos han fallado miserablemente”, explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Carlos J. García, en la columna “Salario mínimo: continuación de los mitos” publicada en el diario La Tercera.

En la columna el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Carlos J. García, afirma que muchos creen que un salario mínimo más alto incrementa los costos de producción, lo que provoca que las empresas traspasen estos aumentos a sus precios para poder seguir compitiendo en los mercados. “Según esta lógica, el peor favor que se puede hacer a los trabajadores es subir el salario mínimo, porque ellos no solo perderán sus empleos, sino que también parte del poder adquisitivo de su sueldo por los aumentos del IPC”, señala el economista.

El, Doctor en economía de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) analiza en esta columna las cifras del salario mínimo de este año que tendrán un aumento de un 12 %, es decir subirá  de $410.000 a $460.000, concluyendo que el impacto de esta medida sobre la inflación tiene solo un efecto marginal.

García, explica que la historia muestra que los mercados no funcionan en forma perfecta y que incluso han tenido graves fallas que han perjudicado a la población. En la columna recuerda los casos de empresas que han  acordado  fijaciones de precios lo que les ha permitido tener ganancias superiores a las normales como es el caso de las colusiones de las farmacias, el asfalto, los pañales, los pollos, etc.

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La importancia de debatir y analizar los temas de seguridad

“Las evidencias comparadas muestran que diagnósticos errados o meras reformas legales sin medición, pueden terminar en vulneraciones de derechos y garantías, y sin impactos relevantes en eficacia preventiva o persecutoria”, afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco,  en una columna publicada por el diario La Tercera titulada “Necesidad de debatir temas relevantes en materia de seguridad”,  donde se refiere a la opción de dar mayores atribuciones a la policía para enfrentar la delincuencia.

Blanco, destaca que en muchos países para dar solución al tema de la seguridad y la delincuencia han entregado mayor poder a la policía, lo que a su juicio debe ser analizado mirando la experiencia de otros países. A su juicio, un elemento clave es mejorar los sistemas de inteligencia policial y de la Agencia Nacional de Inteligencia; así como perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección y entrenamiento policial.  “Requerimos revisar perfiles de quienes ingresan a la función policial; mejorar los incentivos en el reclutamiento -las postulaciones caen un 57% en 2019 y 2020-; políticas de retención del personal policial -se han perdido más de 700 funcionarios en el último año-; y, desde luego, mejorar las técnicas y tácticas usadas contra los diversos tipos de criminalidad y la capacitación de las policías en ello”, explica el abogado.

El académico de la Facultad de Derecho, Rafael Blanco, puntualiza que se requiere revisar la estructura organizacional de la policía en materia preventiva, examinar los sistemas de entrenamiento y capacitación de las academias policiales. y evaluar las ventajas y desventajas de la separación entre oficialidad y suboficiales, “Esta última posee menores incentivos y capacitación, siendo, sin embargo, la que mayores riesgos asume en las tareas preventivas y de control de orden público”, declara el experto.

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Journal of Open Innovation

abril 2023

Mauricio Castillo integrará el comité editorial de la Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity

“Es una gran satisfacción poder participar en una instancia como esta, yo lo veo como fruto del trabajo que venimos desarrollando como facultad. El grupo de investigadores que tenemos permite que sigamos desarrollando investigación con foco en Latinoamérica, y eso se está percibiendo también en el entorno”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios  de la UAH, Mauricio Castillo, al comentar la invitación que recibió para participar en el comité editorial del Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity (JOTMC).

La   revista   de circulación internacional es de acceso abierto  y publica artículos de investigación originales y de revisión, donde el lector puede encontrar desde trabajos teóricos y metodológicos hasta  textos sobre innovación, modelos de negocios abiertos, emprendimiento, complejidad y cambio evolutivo en gestión, economía o ingeniería, etc.

Los temas  que aborda la revista Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity son casos de desarrollo de modelos de negocios, metodologías no tradicionales como la simulación, el modelado basado en agentes, el análisis de redes y la dinámica de sistemas, gestión, administración pública, política, ciencias económicas, sociología, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, comunicación científica, ciencias naturales e ingeniería de innovación abierta.

El académico tendrá como una de sus principales tareas ayudar a promover la revista entre sus pares, sugerir estrategias de desarrollo de este medio de comunicación, revisar manuscritos y promover la participación de expertos.

Las barreras que enfrenta la ley de aborto en tres causales

Por: Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“La realidad es que pese a que tenemos una ley de aborto en tres causales esta no está cumpliendo su objetivo a cabalidad ni tampoco se está implementando de manera correcta,  me parece que a largo plazo podremos avanzar en reformas legales pero en la actualidad necesitamos políticas públicas que permitan y faciliten que la ley que ya tenemos sea aplicada en la mejor forma posible, de manera que no existan barreras, sino que por el contrario se facilite a las mujeres el poder acceder a los procedimientos sin ser estigmatizadas, con la información pertinente, sin retrasos innecesarios y sin causar mayor victimización de la que ya pueden estar viviendo debido a  la situación en la que se encuentran”, así de categórica es la conclusión de la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Lieta Vivaldi, con quien conversamos como equipo CiPP para conocer las principales conclusiones de la investigación del proyecto Fondecyt Regular donde participó, junto a otros académicos y académicas, titulada «Representaciones sociales de actores relevantes vinculadas con las principales barreras a las prestaciones garantizadas en la ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales en Chile» y de una segunda investigación que fue liderada por la Dra. Lidia Casas sobre el rol de la Atención Primaria de Salud en el acceso a la prestación.

La académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Lieta Vivaldi, señala que esta ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley IVE) que fue promulgada el 2017, adolece de problemas en su implementación, situación que llevó a la creación de un equipo interdisciplinario que investigó lo que está  sucediendo en la atención primaria de salud,  que es el lugar donde llegan las mujeres para dar a conocer su situación, recibir información y ser derivadas al nivel secundario. “En la atención primaria de salud detectamos principalmente falta de capacitación del personal de salud, lo que tiene como consecuencia que las mujeres no sean debidamente informadas sobre esta ley a lo que se agregan los retrasos en cuanto a la derivación”, relata la abogada.

Otra de las problemáticas encontradas es la objeción de conciencia por parte de los médicos lo que a juicio de la académica debiera revisarse, ya que Chile es el único país en el mundo donde las instituciones se pueden cuestionar, lo que la académica considera una especie de permiso para desobedecer la ley. “Esta objeción de conciencia está establecida de tal forma que es muy fácil invocarla, ya que solo se requiere señalar que es incompatible con razones profesionales, pero no obedece al sentido real de la objeción de conciencia que tiene que ver con una razón profunda y personal que conlleva a que el personal de salud no realice lo que la ley comanda”, enfatiza la actual consejera del INDH.

La investigación también contemplo la realización de un análisis a la realidad de los hospitales donde un número elevado de médicos se han declarado objetores de conciencia, lo que para la entrevistada es uno de los aspectos complicados de la implementación de la ley IVE que permite interrumpir el embarazo de mujeres con riesgo de vida para la gestante,  inviabilidad del feto y violación.”En algunos hospitales descubrimos que existía una auto gestión donde siempre hay un turno que no es objetor, sin embargo me parece que se requiere una mayor intervención del Estado realizando reglamentos que regulen el tema”, comenta Vivaldi.

En las investigaciones antes mencionadas también participaron las académicas de la Universidad de Chile, Adela Montero y Mirliana Ramírez; la investigadora de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, y la pediatra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Paz Robledo. Junto a ellas, también formaron parte de los equipos de trabajo Daniela González, trabajadora social de la Universidad de Chile, Jorge Babul, Juan José González y Natalia Bozzo de la UDP, entre otras personas.

La investigación del Fondecyt se desarrolló entre enero de 2021 y comienzos del 2023, se utilizó un enfoque cualitativo, donde se entrevistaron 71 integrantes de los equipos de salud provenientes de 12 instituciones de salud pública, cuatro instituciones de salud privada y dos organizaciones de la sociedad civil del país. El 70% de la pesquisa contempló a mujeres, y apuntaron, principalmente, a gineco obstetras, matronas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, mujeres usuarias, entre otros profesionales.

Desafíos del periodismo chileno en la cobertura del estallido social

“Gracias a la colaboración de muchos periodistas que compartieron sus experiencias, pudimos aportar a la comprensión de la forma en que el campo periodístico procesó esta crisis”, así lo afirma la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Ximena Orchard, al referirse al artículo académico titulado “Producción de conocimiento periodístico durante una crisis social: cómo los periodistas reclamaron autoridad profesional durante el levantamiento social chileno”, que fue publicado en la prestigiosa revista Journalism.

El artículo, elaborado por  la Directora del Departamento de Periodismo de la UAH, Ximena Orchard, junto al sociólogo, Mario Fegnani presenta los primeros resultados del proyecto Fondecyt de iniciación de la académica y se enfoca en las principales problemáticas enfrentadas por los periodistas nacionales en el desarrollo de las coberturas informativas sobre las protestas, basándose en el análisis de entrevistas a comunicadores que participaron en la cobertura del estallido social en la televisión, radio, prensa y medios digitales.

La investigación problematiza la cobertura de las protestas como un desafío epistemológico en el que la autoridad de los periodistas como narradores de hechos fue cuestionada por las audiencias. La investigación identificó, entre otras cosas, cuatro modos epistémicos (enfoques de producción de conocimiento) activados durante las protestas: narrador distante, deflector de conflictos, mediador de conflictos y narrador involucrado.

El trabajo es de tipo cualitativo y se basa empíricamente en el análisis de entrevistas realizadas a 32 profesionales de la prensa que participaron en las coberturas informativas sobre el estallido social, Para la académica, Ximena Orchard, el estallido social fue un proceso crítico desde el punto de vista informativo, donde se cuestionaron y discutieron públicamente la forma en que las protestas fueron abordadas y comunicadas  por los periodistas.

Cita artículo:

Orchard, X., & Fergnani, M. (2022). Journalistic knowledge production during a social crisis: How journalists claimed professional authority during the Chilean social uprising. Journalism, 0(0). https://doi.org/10.1177/14648849221142722

El peligro de un discurso de consenso en la Comisión Experta

“La Comisión Experta ha aprobado “en general” un borrador de anteproyecto por los 24 comisionados expertos, con la finalidad de debatir, “en particular”, las normas del texto base y las futuras enmiendas que se presentarán a éstas. A raíz de la aprobación unánime de este, varios discursos formulados por un grupo de comisionados hacen alusión a la idea de un consenso general al texto”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Sebastián Salazar, en una carta al director publicada en el diario La Tercera titulada “El consenso de la Comisión Experta”.

En la publicación, el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Sebastián Salazar, señala que existen varios comisionados que en su discurso llaman a alcanzar un acuerdo general, lo que a su juicio busca subestimar las legítimas diferencias que existen sobre materias constitucionales presentes durante años en la historia de Chile “Intentando minimizar artificialmente complejas y álgidas discusiones sobre materias constitucionales», afirma el abogado.

Salazar cita el trabajo del economista liberal conservador James M. Buchanan, autor de la teoría neocontractualista, para explicar el fundamento teórico de los comisionados que buscan alcanzar un acuerdo común del nuevo texto constitucional. “Buchanan plantea la necesidad de constitucionalizar diversos mecanismos de resguardo al libre mercado y a derechos fundamentales funcionales a este -como la propiedad privada y la libertad de empresa- por parte de las instituciones del Estado como guardián de su particular economía política constitucional, sobre todo estableciendo límites contra mayoritarios a políticas redistributivas fiscales y presupuestarias adoptadas por la deliberación democrática”, explica el docente.

El Coordinador del Núcleo Constitucional de la UAH, Sebastián Salazar, destaca en esta columna la importancia de que en el proceso de deliberación particular de los comisionados se alcancen genuinos acuerdos políticos y sociales transversales, sin que se impongan discursos que sean funcionales a determinadas posiciones ideológicas.

Revisa la columna completa en el siguiente link.

Reforma Tributaria: desigualdad entre las regiones y la capital

¿No será momento de pensar un poco más en las regiones del país y visualizar proyectos concretos que equiparen la calidad de vida de la gente de región con la gente de la capital?, se pregunta el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Humberto Borges, en una columna denominada “Santiago es Roma: escasez de recursos regionales e impuestos” publicada en el sitio web de Radio Cooperativa.

El autor recuerda la historia de Roma donde los patricios desde el Senado decidían el destino de millones de personas, imponiendo tributos y políticas públicas en todo el imperio. Esto significaba que los patricios y otros habitantes de Roma, la capital, terminaban siendo beneficiados de mejores políticas públicas y recibían los recursos de los otros estados del imperio. “El problema que conlleva la desigualdad es que se convierte en un símbolo y la capital, sea cual sea su nombre, representa la imagen de «Roma». Aquella capital que todas las ciudades de occidente quieren copiar, donde se coexiste entre los tomadores de decisiones y los beneficios de ser «capitalino», logrando finalmente ser un símbolo positivo solo para algunos”, explica Borges en la columna.

El académico hace un llamado a visualizar la realidad de las regiones y crear proyectos que equiparen la calidad de vida de la gente que vive en estos lugares con los habitantes de la capital, enfatizando que no se trata solo de cobrar más impuestos para solucionar la desigualdades, sino que también repartir  el dinero recaudado en forma equitativa,  lo que permitirá  contar con colegios dignos, calles descongestionadas, posibilidades de perfeccionamiento y desarrollo profesional, etc. “Por ejemplo, tener una escuela que no se inunde por lluvias o que haya un semáforo en una esquina muy congestionada o incentivar a los profesionales la vida en regiones para no perder a los mejores talentos regionales (lo que termina en éxodos hacia la capital)”, explica el experto.

Borges, cree que es urgente que la próxima reforma tributaria contenga medidas de financiamiento concreto para las regiones y que no se transforme en un instrumento para juntar dinero para invertir en la capital. Mi preocupación es que sigamos escuchando que la nueva reforma tributaria solucionará todos los problemas, no sosteniéndola en proyectos concretos de pensiones, salud, educación, seguridad y mejoramiento de los recursos que se encuentran en el aparato público -reforma al servicio público, muy necesaria- pero visualizándola sólo desde la capital, y no vista con una idea territorial y regional, explica el director del Diplomado en Gestión Tributaria de la UAH

Puedes revisar esta columna en el siguiente enlace.

El nuevo proceso constitucional y el Ministerio Público.

“El Ministerio Público es uno de los actuales órganos autónomos constitucionales que merece mantener dicho estatus. Su regulación requiere explicitar las funciones críticas que debe desarrollar, tales como el ejercicio de la acción penal, la protección de víctimas y testigos, y la dirección de la actividad policial en las investigaciones criminales”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Rafael Blanco, en una columna denominada “El Ministerio Público en la nueva constitución”  publicada en el diario La Tercera.

El académico de la Facultad de Derecho afirma que el Ministerio Público es un órgano de naturaleza jerárquica y propone que en este nuevo proceso constitucional se defina su estructura de gobierno, lo que permitirá asegurar su autonomía con respecto a los otros poderes del Estado.Una fórmula posible podría dibujarse con la concurrencia de un sistema de Alta Dirección Pública en la base para controlar mérito y la generación de ternas que luego fueran enviadas al Presidente de la República, quien debiera confirmar el nombre elegido con el acuerdo de los tres quintos de los senadores en ejercicio”, señala Blanco.

Rafael Blanco, explica que le parece razonable mantener el sistema actual de remoción del Fiscal Nacional y de los fiscales regionales pero enfatiza que se debe contar con una mayor precisión y fiscalización, para lo cual cree importante que la máxima autoridad del Tribunal Constitucional rinda cuentas ante el Congreso Nacional o frente a comisiones especializadas en forma periódica.

Puedes leer esta columna en el siguiente enlace: El Ministerio Público en la futura Constitución – La Tercera

Derecho a sala cuna: una deuda que sigue pendiente

“Cuando una empresa sabe que tiene la obligación de otorgar sala cuna a sus trabajadoras, a partir de contratar la número 20, pensará muy bien si le resulta rentable llegar o no a ese número de mujeres”, así lo explicó la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Ana María Fernández, en el reportaje publicado por la revista RH Management titulado “Sala cuna, ¿un beneficio, un deber ético o un derecho?”, donde se aborda si las nuevas modificaciones a la Ley de Sala Cuna son suficientes y se compara la realidad chilena con la del contexto internacional.

La académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, quien fue entrevistada por la Revista al igual que otras expertas y expertos, señala que el programa “Chile crece contigo” instalado en Chile el 2006 para proteger a la infancia y las  familias no ha logrado su objetivo, ya que muchas mujeres han tenido que acudir a cuidadoras informales para que se encarguen de sus hijos e hijas mientras trabajan, lo que demuestra que nuestro país está muy lejos de los estándares mínimos y de la realidad de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “En España, la edad de escolarización es a partir de los 3 años. En Islandia la fuerza laboral femenina ronda el 50% y existe una licencia postnatal de nueve meses (tres exclusivos de la madre, tres exclusivos del padre y otros tres que se pueden dividir entre ambos progenitores)”, explicó la especialista.

El reportaje señala que en Chile las labores domésticas están, en gran parte, destinadas al correcto cuidado de los niños, y que no se comparten. Tampoco hay corresponsabilidad respecto al financiamiento del derecho a sala cuna, ya que el pago de esta garantía está asociado al contrato de las trabajadoras mujeres, y nada dicen las innovaciones sobre la responsabilidad del otro progenitor.

Ana María Fernández, quien es académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, destaca los modelos usados en otros países en esta materia enfatizando que han establecido un marco jurídico que protege la infancia y la posibilidad de las mujeres de poder trabajar. “En Uruguay cuidan y orientan la estimulación psicomotriz de niños de 0 a 24 meses y posteriormente otorgan atención diaria de cuatro horas para los niños de 2 y 3 años. Para los niños de 4 a 5 años están los jardines infantiles y escuelas públicas y algunos privados autorizados, con educación obligatoria. Por otro lado, hace una década aprobaron la posibilidad de que, una vez terminada la licencia postnatal maternal, el padre o la madre puedan reducir la jornada laboral a media, para dedicarse al cuidado del menor hasta los 6 meses, a cargo del sistema de seguridad social”, afirmó la investigadora del CiPP.

Los expertos coinciden en que Chile debería tomar ejemplos de países vanguardistas en esta materia y hacer el esfuerzo por replicar estos modelos como el caso  de Canadá y Suecia que han avanzado en temas de horarios de tope de las actividades laborales para que las madres o padres puedan coincidir con la agenda  de retiro de sus hijos en los colegios.

Puedes conocer este reportaje en el siguiente enlace.

Ventas por delivery caen en Chile.

“Todas las industrias relacionadas con el consumo van a sufrir, estamos en una situación de bajo crecimiento y ha sido muy difícil reducir la inflación por lo tanto la política monetaria va a seguir siendo contractiva”, afirmó el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Carlos J. Garcia, en una entrevista realizada por TVN que fue emitida en el noticiario central  24 horas,  donde  analizó la caída del delivery en Chile.

Los datos fueron entregados por la consultora Kawes Lab quien realizó un seguimiento periódico del sector a través de un panel de más de 4.000 usuarios en todo el país que muestran que antes de la pandemia, en 2019, el 13% de los consumidores utilizaba estas plataformas de venta, mientras que en 2020 ese porcentaje se disparó hasta el 28%, posteriormente, esa cuota se redujo al 25% en 2021 y luego al 16% en 2022, Una cifra que, si bien sigue por encima de los niveles previos al Covid-19, está muy por debajo del punto más alto registrado en el momento de mayores restricciones sanitarias.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Carlos J. Garcia, cree que la causa principal de la caída de este tipo de compras se debe a la desaceleración actual de la economía y afirma que lo más probable es que esta situación se mantenga durante este año, puntualizando que en la medida que se reanude el crecimiento económico también lo hará esta industria de manera sostenida.

Los estudios muestran que en Chile la mayoría de los repartidores son varones de nacionalidad chilena y venezolana y que cerca de un 50% presta servicios a solo una empresa de delivery, mientras que un grupo menor asegura trabajar para cuatro o más aplicaciones a la vez. Más de la mitad de estas personas realiza su labor en vehículos motorizados, como autos o motocicletas, métodos de transporte que se utilizan en igual proporción.

En la nota de TVN también se señala que las plataformas que  lideran la industria de la entrega de  pedidos son Cornershop seguida por Pedidos Ya y Rappi.

Puedes revisar esta entrevista en el siguiente enlace: Delivery a la baja: pedidos cayeron 20% entre 2020 y 2022 | 24horas

Guía práctica para la recuperación de ex centros de detención

“El objetivo de este documento de trabajo es ofrecer herramientas metodológicas y prácticas a las organizaciones y colectivos que se encuentran gestionando –o que tienen interés en gestionar– el proceso de recuperación de ex centros de detención política y tortura”, señala en su presentación el documento “Guía práctica para el uso de documentos de archivo en la declaración de ex centros de detención política y tortura como monumento histórico en Chile» publicado por el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Hugo Rojas, junto a Daniela Accatino, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, y Rodrigo Suárez, Investigador del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos UAH e integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia – Antofagasta.

El académico de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos), Hugo Rojas, afirma que el texto tiene por finalidad apoyar a las personas interesadas en la conservación y protección de espacios que son relevantes para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. «Mientras más completa y pertinente sea la información que las agrupaciones o los interesados proporcionen a los profesionales y equipos del Consejo de Monumentos Nacionales, mayores son las posibilidades que dicho organismo se pronuncie pronta y favorablemente. En cambio, si la información entregada es parcial o incompleta, eso obliga a los funcionarios del Consejo a investigar o solicitar documentos a diversas instituciones, todo lo cual aumenta los tiempos de tramitación del respectivo expediente», explica Rojas.

Desde un punto de vista metodológico, para la realización de esta investigación los autores combinaron los métodos documental y empírico. En primer lugar, revisaron una docena de expedientes en el Centro de Documentación del Consejo de Monumentos Nacionales. En segundo término, hicieron uso de la Ley de Transparencia para obtener copia digital de una muestra de expedientes tramitados en el Consejo en los últimos 25 años. En la tercera etapa entrevistaron a profesionales y ex directivos de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Técnica y de la Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales y a representantes de diversas agrupaciones de derechos humanos que han presentado solicitudes de declaración de patrimonio histórico ante dicho organismo. Finalmente, efectuaron una exhaustiva revisión bibliográfica y normativa referida a la protección, conservación y resguardo de los sitios de memoria en Chile.

Cabe señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado en la categoría de monumento histórico a 46 bienes patrimoniales vinculados a los derechos humanos, de los cuales 28 son ex centros de detención política y tortura, en 10 de las 16 regiones del país y en esta guía los autores explican de manera didáctica las distintas etapas del procedimiento que se debe llevar a cabo ante el Consejo de Monumentos Nacionales para que un sitio de memoria sea declarado patrimonio histórico, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 17.288 de 1970.

Esta publicación forma parte de las actividades del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos UAH, en el marco del Proyecto Investigación Anillos «Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos humanos en Chile» (CONICYT-PIA SOC180005).

Puedes conocer este documento en el siguiente enlace: Guía práctica para el uso de documentos de archivo en la declaración de ex Centros de Detención Política y Tortura como Monumento Histórico en Chile

Foro Regional de Alianzas para el Hábitat se realizará en la UAH

El próximo 24 de abril nuestra universidad será la sede de un encuentro internacional; el “Foro Regional de Alianzas para el Hábitat – Capítulo Santiago de Chile. En Ruta a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2023”. Este foro constituye un espacio de reflexión política, académica y de la sociedad civil en torno a los principales desafíos/avances/rezagos que enfrentan las ciudades de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU-Hábitat) y la convivencia en América latina en general, y en Chile en particular.

“En este espacio, la reflexión se centrará principalmente en el ámbito de la gobernanza urbana, vivienda y nuevas precariedades, el hábitat y los desafíos para la vida en común. Todos ellos, ámbitos urgentes de abordar en miras de avanzar hacia la integración urbana, la cohesión y la convivencia en la vida cotidiana en nuestros barrios y ciudades”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Paulette Landon.

Este Foro es organizado por la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, en alianza con la Universidad de Guadalajara y ONU Hábitat, y en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, y se realizará el próximo 24 de abril en el Aula Magna de nuestra Casa de Estudios desde las 09:00 am.

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo inscribiéndose en el siguiente enlace: enlace <<<

La jornada considera 5 momentos:

    • APERTURA. Contará con la presentación de la expresidenta Michelle Bachelet; el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva SJ; el coordinador general de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC) y también coordinador general de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara, Héctor García Curiel; y el director ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC), Bernd Pfannenstein.
    • PANEL: “Perspectivas políticas multiescalares sobre la gobernanza urbana y el desarrollo de nuestras ciudades”. Contará con participación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao; el representante regional de ONU-Hábitat en América Latina y el Caribe, Elkin Velásquez Monsalve; el jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, CEPAL, Diego Aulestia Valencia; y Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado.
    • CHARLA MAGISTRAL DE GONZALO SARAVÍ: “Des/integración socioespacial, hábitat y vida en común en los barrios de América Latina”. Pronunciada por el académico e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Gonzalo Saraví, y moderada por la académica del Departamento de Sociología Universidad Alberto Hurtado, Alejandra Luneke.
    • PANEL: “Nuevas precariedades urbanas, acceso al suelo y vivienda”. Presentación de las y los académicos Ivo Gasic, del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado; Felipe Link, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Yasna Contreras, de la Universidad de Chile. Comenta Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central; modera Loreto Rojas, académica del Departamento de Geografía UAH.
    • PANEL: “Integración socioespacial y los desafíos para la vida común”. Compuesto por los académicos/as Francisca Márquez, del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado; Alejandra Rasse, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Óscar Figueroa, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El alcalde de San Ramón será el encargado de comentar las ponencias; modera Franz Vanderschueren, director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado.

Si te interesa participar, puedes inscribirte en el siguiente enlace: enlace <<<

Una propuesta constitucional con control de cambios

“La Comisión Experta intentó mantener cierto equilibrio entre continuidad y transformaciones constitucionales. Muchos asuntos se encuentran regulados tal como lo hace la Constitución vigente. Sin embargo, es posible también reconocer la recepción de una serie de aspiraciones de cambio presentes desde hace un tiempo en nuestra sociedad, por ejemplo, en materia de derechos sociales, protección del medio ambiente y participación ciudadana», así lo señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna de opinión publicada por el diario La Tercera denominada “Una propuesta Constitucional con control de cambio”

La Decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, se refiere al trabajo efectuado por la Comisión Experta que en menos de un mes propuso la estructura de la nueva Constitución y las iniciativas de normas constitucionales para cada uno de los quince capítulos definidos destacando el establecimiento del Estado social y democrático de derecho. “A propósito del Estado social, que implica un rol más protagónico del Estado en la provisión de esos bienes básicos, se establece expresamente que serán dispensados a través de instituciones estatales y también privadas”, destaca la abogada en la columna.

La académica afirma que, aunque la propuesta no contempla todas las normas transitorias necesarias para pasar del antiguo al nuevo texto constitucional, sí existe un avance. “El tratamiento desde ahora de las normas transitorias sólo supone ventajas, porque permitirá contar con el mismo tiempo que las normas permanentes para su elaboración, aprobación y armonización; y permitirá avizorar los desafíos que impone una transición constitucional”, puntualiza la experta.

En su columna, la investigadora del CiPP señala que el listado de los derechos propuestos es más breve y no está contemplado el derecho a los cuidados que tuvo un amplio apoyo en el proceso anterior, donde gran parte de la ciudadanía adhería a reconocerlos. Además, enfatiza que hay una serie de derechos que fueron recogidos en el texto anterior gracias al gran número de firmas exigidas para su discusión. “Los grandes temas pendientes son la representación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como la representación política de los pueblos originarios. Si la paridad y los escaños reservados estuvieron previstos en los procesos políticos más importantes de este último tiempo, como los procesos constituyentes, y se los ha reconocido como mínimos, no se ven razones para omitirlos del nuevo texto constitucional», declara Miriam Henríquez.

Puedes revisar la columna completa en el siguiente enlace.

Ni perdón ni olvido

“Actos como los cometidos durante la dictadura cívico-militar no se deben olvidar, pero tampoco se perdonan; por ello la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. No es un sentimiento, es una norma jurídica, y, por lo tanto, corresponde al Estado cumplir con ciertas obligaciones”. Así lo plantea Lieta Vivaldi, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado en una Carta al Director publicada por el diario La Tercera, junto a Constanza Valdés.

Las académicas de la Facultad de Derecho de la UAH consideran que es necesario un relato oficial para las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe militar pero también para “ayudar a generar conocimiento en las nuevas generaciones; porque para nunca más es esencial no olvidar”.

Lieta Vivaldi y Constanza Valdés destacan el establecimiento de una agenda integral de verdad, justicia y reparación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. “Valorable sería una participación de las Fuerzas Armadas y de Orden en la mesa para, junto con ayudar a reparar heridas abiertas a partir del 18 de octubre, cerrar aquellas que luego de 17 años de dictadura y 33 años de democracia aún sangran”, opinan las consejeras del INDH.

En el siguiente enlace puedes leer la carta al director: Ni perdón ni olvido – La Tercera

Análisis de la Mipyme en República Dominicana: un enfoque de género, edad, territorio e informalidad

«Uno de los sectores que ofrece mayores oportunidades a las mujeres dominicanas para obtener ingresos propios es el de las casi 1.5 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) existentes en el país y que representan el 98% del tejido empresarial dominicano” así lo señala el Informe Análisis de la MIPYME en RD: un enfoque de género, edad, territorio e informalidad del módulo ENHOGAR 2022, en cuya elaboración participó el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Mauricio Castillo, junto a Rodrigo Ortiz, ambos académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.

La participación de ambos investigadores se ha dado en el marco de su colaboración con la Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme, FAEDPYME, una organización privada de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, constituida por las Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena y los Gobiernos de la Región de Murcia y de Cantabria, a través de sus Consejerías de Economía.

Para llevar a cabo este informe se ha realizado un estudio a partir de la información generada por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples

2022 (ENHOGAR) a través de su Módulo de Caracterización de Mipymes, elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, bajo el marco de la iniciativa del programa ADELANTE 2: Fortalecimiento de las estadísticas empresariales, coordinado por la ONE de la República Dominicana, con el apoyo técnico de la FAEDPYME.

El estudio muestra que el emprendimiento constituye una puerta de entrada para miles de mujeres que han visto en la creación de una micro o pequeña empresa una fuente viable de ingresos “No obstante, la realidad pone en evidencia la aún persistencia de brechas y estereotipos de género que merman las oportunidades de una mayor autonomía económica para las mujeres, en toda su diversidad”, afirma la investigación.

En cuanto al género, se observa que las Mipymes gestionadas por hombres tienen en mayor medida dispositivos y servicios TIC (servicios de tecnologías de información)  y en relación  a las características sociodemográficas del propietario, el 59,4% de las Mipymes están gestionadas por hombres. La tenencia de dispositivos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es relativamente baja, con el 41,4% de las Mipymes que tienen celular, el 29,4% que tienen internet y el 24,6% que utilizan las redes sociales. “En resumen, el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en República Dominicana varía significativamente en función del género de los gestores, los años de funcionamiento de la empresa, el estrato geográfico y el nivel de formalidad de la empresa”, puntualiza la publicación.

La mayor concentración de Mipymes se observa  en el sector de Comercio con un 41.8% de las Mipymes. Seguido del sector de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que concentra el 13.9% de las Mipymes, mientras que el 11.2% pertenece a otras actividades de servicios donde se encuentran  los salones de belleza, las barberías, reparaciones de equipos como teléfonos celulares o enseres domésticos, entre otras actividades de servicios personales.

En tanto,  alojamiento y servicio de comidas representa el 11.1%, mientras que Industrias manufactureras el 6.9%. donde existe un elevado grado de informalidad y  un porcentaje muy reducido de negocios cuentan con Registro Nacional del Contribuyente (RNC). Solo el 9.3% de las Mipymes declara poseer RNC, lo que muestra que más de un 90% de las Mipymes no tienen este tipo de formalización o registro oficial.

Puedes leer esta publicación en el siguiente enlace.

Ana María Fernández : Una española cosmopolita apasionada por el mar

Por: Gabriela Lobos Hérnandez, periodista CiPP

En el  Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) participan diferentes académicos de la UAH con el objetivo de promover e incidir en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.

En esta oportunidad conversamos con la académica de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, Ana María Fernández Marín quién es Ph.D doctora cum laude en Economía Aplicada – Ciencias del Trabajo, Universidad de Murcia, España.  Sus ámbitos de investigación están vinculados en materias de Gestión de Personas, Relaciones Laborales, Diálogo Social, Mercado del Trabajo, Formación para el Empleo, Políticas Sociolaborales.

Chiclana de la Frontera es su ciudad natal (Provincia de Cádiz, Comunidad Autónoma de Andalucía, España). Su carrera universitaria comenzó a mediados de la década de los 90, cursando su pregrado de Relaciones Laborales en la Universidad de Cádiz, España; lo terminó en la Universidad de La Sapienza de Roma (Italia), gracias a adjudicarse una beca de movilidad estudiantil del entonces Programa Sócrates de la Comisión Europea. “Tuve la suerte de poder salir al extranjero muy jovencita, con 21 años, gracias a una beca Sócrates de la Unión Europea. Estudié mi último año de pregrado en Relaciones Laborales en la Università di la Sapienza de Roma. Fue una experiencia maravillosa porque pude integrarme con compañeros italianos en mis cursos, pero también pude conocer a otros estudiantes que venían de otros países europeos. Varios de ellos siguen siendo grandes amistades que perduran tantos años después”, relata la académica.

Inmediatamente después de finalizar la carrera se fue a Alemania, a la Universidad de Heidelberg donde estableció importantes lazos de amistad que perduran hasta hoy. “Llegué a una ciudad que es muchísimo más pequeña pero que tiene la característica de ser multicultural y ahí fue donde conocí a muchos estudiantes de posgrado de latitudes más lejanas: latinos, chinos, árabes y por supuesto también europeos. Las reuniones en la cafetería universitaria y en las fiestas eran multicolor y maravillosas. Los dos años que pasé allí me marcaron mucho. Fue en esa etapa donde comenzó a interesarme especialmente las temáticas de desarrollo. Veía las profundas diferencias, no solo culturales, sino también de oportunidades, que tenían estudiantes que eran absolutamente privilegiados en sus países”, afirma la docente

De ahí se ha ido especializando con magíster y diplomados en universidades chilenas y españolas, obteniendo con honores su doctorado en Ciencias del Trabajo. A su llegada a Chile, trabajó como consultora en sus ámbitos de desempeño, colaborando con instituciones como Fundación Chile, Fundación Eurochile, y con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Es amante del pop español, la paella, el flamenco, bailar sevillana y visitar diferentes lugares. “Me encanta viajar, conocer otras culturas, espacios urbanos y también la naturaleza en otras latitudes. Lamentablemente es algo que no hago tan frecuentemente como me gustaría, pero igualmente procuro salir de escapadas hacia la costa cada vez que puedo. Ver el océano es para mí a la vez, un placer y una necesidad, sin embargo, mi hobby diario es la lectura y mi panorama ideal es leer un buen libro a la orilla del mar”, puntualiza la investigadora del CiPP.

 

La playa Sancti Petri en Chiclana que pertenece a la Provincia de Cádiz.

¿Qué temas aborda dentro de la economía?

Mis temas de investigación dentro de la disciplina se relacionan con la economía laboral, la economía feminista y el desarrollo. Como doctora en ciencias del trabajo mi interés se encuentra en analizar de qué forma el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, se introduce en los sistemas socioeconómicos para generar valor y desarrollo.

¿Qué importancia tiene para usted la existencia del CiPP en la Universidad Alberto Hurtado (UAH)? ¿Qué valor le da como académica el formar parte de este Centro?

El CiPP supone un paso muy importante para la UAH en su labor de extensión. Es un espacio privilegiado para abordar de forma transdisciplinar toda la complejidad de las políticas públicas. Conforme las sociedades se desarrollan y complejizan, las políticas públicas deben ser capaces de avanzar tanto en el análisis de los desafíos que éstas presentan, así como en la búsqueda de propuestas y soluciones para los problemas públicos que enfrentan la ciudadanía, a través de la intervención del Estado. Cada vez con más frecuencia, además, estas soluciones van de la mano de espacios de participación y cogobernanza con los actores afectados. Sin lugar a dudas, es un privilegio poder trabajar con otros colegas en el CiPP de otras facultades y campos del conocimiento. Es sin duda un espacio de pensamiento crítico que amplifica el trabajo que realizamos.

¿Cuáles son sus últimas investigaciones?

Desde hace varios años que formó parte del Proyecto FONDEF IDIAS, donde desarrollamos junto a otros colegas el Índice de Diálogo Social que nos permite medirlo al interior de las organizaciones y que ahora se encuentra en etapa de escalamiento. Este proyecto nos va a permitir observar las características del diálogo social en determinados sectores, industrias o por tamaño de organización. También estoy participando en el Grupo de Futuro del Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con académicos y académicas iberoamericanas. Este grupo de investigación recién está comenzando y los resultados están proyectados para 2024. En la línea de Trabajo digno, tras una primera publicación realizada el año pasado sobre la definición del constructo por parte de la ciudadanía de Chile, ahora sigo avanzando en identificar el modelo de empleo que se encuentra implícito en las reivindicaciones ciudadanas.

Velásquez, D., Fernández Marín, A.M. y Contreras F. (2022). Análisis conceptual de Diálogo Social. Hacia una definición operacionable. Trabajo y sociedad, 39(23), pp. 555-570

Fernández Marín, A.M. y Sanhueza, L. (2022). Trabajo digno en el Chile de hoy. Revista Latinoamericana de Derecho Social, 34, pp. 146-182: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/16735/17337.

Fernández Marín, A.M. y Silva Leiva, M. (coord.). (2022). Estudio diagnóstico del Teletrabajo en los Sectores de Comercio y Servicios. Análisis de elementos que inciden en el desarrollo laboral de los trabajadores de la Región Metropolitana. Santiago: https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2022/08/Edicion-digital-comprimido-Otic-Comercio-11-08-2022.pdf

Fernández Marín, A.M. (2022). Teletrabajo en el mundo. En Fernández y Silva (coord.). Estudio diagnóstico del Teletrabajo en los Sectores de Comercio y Servicios. Análisis de elementos que inciden en el desarrollo laboral de los trabajadores de la Región Metropolitana. Pp. 21-114. Santiago: https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2022/08/Edicion-digital-comprimido-Otic-Comercio-11-08-2022.pdf

Fernández Marín, A. M. (2020). Manual de diálogo social en las organizaciones. Santiago: https://coruahurtado.cl/wp-content/uploads/2021/09/Libro-digital-Manual-de-dialogo-social-03-06-2020.pdf.

Fernández Marín, A.M., Riquelme, P. y López, M. (2020). “El enfoque de los mercados de trabajo segmentados: origen y evolución”, Cuaderno de Relaciones Laborales, 38(1), pp. 167-187: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/68873/4564456553374

Fernández Marín, A. M. (2019). Empleabilidad, diálogo social y capacitación en la provincia de San Antonio. Santiago: https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/08/LibroEmpleabilidad-UAH.pdf

Ministerio de Educación; Corfo (2017). Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Ministerio de Educación y Corfo, en colaboración con Sence, ChileValora y Fundación Chile. Santiago, Chile: http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/01/1-Marco-de-Cualificaciones-TP_2017.pdf

Ministerio de Educación; Corfo (2017). Cualificaciones de los sectores Mantenimiento, Minería, Logística y Tecnologías de la Información. Ministerio de Educación y Corfo, en colaboración con Sence, ChileValora y Fundación Chile. Santiago, Chile: http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/

Constitución y Fuerza Pública

“En términos de idiosincrasia constitucional, conservar un capítulo especial es mantener la ruptura con nuestra mejor tradición institucional sobre la materia”. Así lo cree Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, quien publicó en el Diario La Tercera la columna de opinión “Capítulos de la Constitución y Fuerza Pública”.

El docente se refiere a las declaraciones de varios comisionados designados por partidos de derecha sobre la ausencia de un capítulo destinado a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en la primera propuesta de estructura de capítulos para el anteproyecto de nueva constitución que fue presentada el 10 de marzo pasado.

Sebastián Salazar recuerda que solo la Constitución de 1980 tiene un capítulo de esta naturaleza y con un profuso tratamiento político constitucional. “Inclusión totalmente inédita y disruptiva en relación con las anteriores cartas fundamentales de larga data que han regido en nuestro país”, destaca el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.

“Ello obedece, claramente, al origen de dicho texto, como consecuencia del quiebre institucional de 1973; puesto que la materia, en estos términos, no fue abordada por sus autores, ni por la Comisión Ortuzar ni por el Consejo de Estado, sino que se trató más bien de una decisión adoptada por la Junta Militar de Gobierno; y por el rol tutelar de garantes del orden constitucional como uno de los elementos fundamentales del denominado Poder de Seguridad”, puntualiza el investigador del CiPP.

En este enlace puedes leer la columna de opinión.

Inflación y salario mínimo

“Si es un aumento progresivo, como lo ha planteado el gobierno, digamos que de aquí a tres años llegue a 500 mil pesos, el efecto sería marginal”. Así lo sostuvo Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado al ser entrevistado en Radio 13C sobre el salario mínimo y la inflación.

El docente comentó que la inflación ha sido prácticamente nula en los últimos tres meses, lo que quiere decir que si quisiéramos incrementar el salario mínimo en estos momentos tendría un efecto marginal en la inflación. Además agregó que “el tema inflacionario es importante pero hay que recordar que la gente que está afecta al salario mínimo es como el 10% de los trabajadores”.

García reconoce que donde puede haber un efecto negativo es entre los jóvenes menores de 20 años. “Más que la discusión del salario mínimo hay que mejorar las políticas públicas para fomentar el capital humano de este sector y que puedan competir en el tema tecnológico y con la sustitución que van hacer los robots de los empleados, los trabajadores”, dice el investigador del CiPP.

En el siguiente link puede escuchar la entrevista.

Reforma Constitucional al Poder Judicial

“Se requiere de un diseño que evite concentraciones de poder excesivas en un solo poder del Estado, y al mismo tiempo, mecanismos que aseguren que al interior de cada poder se distribuya el mismo, evitando riesgos de captura por grupos de interés que comprometan las funciones de cada uno”. Es la opinión de Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, vertida en una columna publicada en El Mostrador.

Para el docente de la Facultad de Derecho de la UAH, uno de los pilares de la discusión constitucional debe ser los mecanismos que aseguren la separación entre las distintas funciones del Estado y los mecanismos de pesos y contrapesos que logren instalarse al interior de cada una de ellas. “Las pretensiones de cualquier reforma debieran ser el garantizar un marco de independencia judicial, tanto externa como interna. Esto es: jueces y juezas genuinamente independientes de otros poderes del Estado y, al mismo tiempo, independientes de estructuras burocráticas de poder al interior del mismo sistema de justicia, que pudieran afectar su capacidad autónoma de decidir los asuntos que le han sido confiados para adjudicar”, puntualiza el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.

Lo primero que debería privilegiarse, afirma Blanco, es la separación de las distintas tareas en órganos diferentes. “Se requiere separar ese Consejo de Nombramientos de las funciones de administración, gestión y presupuesto, que debieran estar radicadas en otro órgano”, señala el investigador del CiPP.

Puedes leer la columna de opinión en el siguiente enlace: Reforma Constitucional al Poder Judicial: un desafío para la Democracia – El Mostrador

¿Por qué siguen aumentando los campamentos en Chile?

“En la medida que no tengamos una política de vivienda que se haga cargo no sólo del déficit habitacional, sino también de los nuevos tipos de familias que se configuran, de la recomposición de los territorios como un todo, para ser habitados por las y los ciudadanos, que no promueva solo la propiedad, sino que se haga cargo del ciclo de vida de las familias, la precarización de la vivienda va a seguir aumentando”, así de enfática es la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, María Paz Trebilcock, en una columna publicada en Le Monde Diplomatique.

La académica del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, María Paz Trebilcock, explica que el último Catastro de Campamentos de Techo que cifra en 39,5% el aumento de familias en campamentos, así como en 33,1% el crecimiento de los campamentos a nivel país era una cifra esperable, enfatizando que las razones se deben, entre otros factores, a los altos precios de arriendo, la elevada inflación que se vive en el país, que implica destinar los recursos destinados a vivienda a otros ítems de subsistencia básica, la legitimidad del discurso del acceso a vivienda, que tras el estallido social del 2019, se enarbola como uno de los grandes derechos sociales y la oportunidad de acceso a la ciudad que tienen los campamentos que contrasta con los lugares donde se han construido las viviendas sociales en Chile.

María Paz Trebilcock destaca que el número de campamentos en el país seguirá aumentando porque  también se acomodan de mejor forma a las necesidades familiares. “Los campamentos se han convertido en un punto asequible a la ciudad, las posibilidades de autoconstrucción que muchas veces ofrecen adaptarse a las necesidades familiares de mejor manera y con más espacio ante formas de arriendo abusivas y las nuevas configuraciones familiares, como por ejemplo hogares unipersonales, que no son visibilizados en las políticas de vivienda”, señala la autora.

Puedes revisar la columna en el siguiente enlace.

El golpe a la reforma tributaria

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“El rechazo a la reforma tributaria no solamente beneficia a los grandes patrimonios, sino que también a los evasores y a aquellos grupos que no tienen grandes patrimonios pero que ejercen una actividad ilegal y que conocemos como comercio “informal” que cometen día a día delitos tributarios”, afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Humberto Borges, en una entrevista realizada por nuestro equipo.

El académico destaca que esta reforma tributaria planteaba el tema de la evasión como algo central fortaleciendo la fiscalización y hacía más robusto al Servicio de Impuestos Internos (SII) otorgándole mayores facultades. “Un tema relevante abordado por esta iniciativa era enfrentar la evasión de impuestos que existe en Chile y con este rechazo se pierde un aspecto muy positivo de esta reforma que era la fiscalización. A mi parecer es necesario enfrentar desde los vendedores de relojes de alta gama que traen estos productos a Chile sin pagar impuestos hasta el comercio de los toldos azules”, afirma Borges.

El experto puntualiza que el término “Impuesto a los super ricos” fue un slogan mal elegido porque no logró expresar que lo que se buscaba era detectar a los dueños de riquezas que no son usadas y a los cuales  considera se les debería cobrar un impuesto más alto porque destinan estos bienes a la especulación. “Aquí se ubican las personas propietarias de bienes que no son utilizados como por ejemplo el dueño de una   parcela de 5000 hectáreas que no hace nada con esta tierra, no la trabaja. Esta persona no realiza ningún aporte y se le deberían cobrar impuestos porque está especulando con este terreno” destaca el director del Diplomado en Gestión Tributaria de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH.

Humberto Borges, enfatiza que se apropió de la agenda la idea que todos los patrimonios pagarían impuestos, dentro de los límites establecidos, y no se destacó bien que lo importante era terminar con la especulación e incentivar las actividades con estos bienes o riquezas que se encuentran inactivos. También destaca que la reforma tributaria favorecía a sectores del país que necesitan más apoyos y ayudas “Me parecía muy positivo que la reforma apoyará a la clase media y a las personas dependientes, sin embargo en   cuanto al beneficio que se otorgaba al arriendo había un error porque no diferenciaba bien a quiénes beneficiaría esa normativa, lo cual a simple vista podría convertirse en un Transantiago 2.0, es decir, una ley con problemas de evasiones en forma masiva, declara el académico.

Lo sucedido con la reforma tributaria fue un golpe inesperado para el gobierno  quien ha señalado que los objetivos que se perseguían eran aumentar la recaudación a través de un nuevo pacto fiscal. El proyecto se estructuraba en cuatro grandes áreas: medidas contra la evasión y la elusión; modernización de procedimientos tributarios; modificaciones en bases o tasas impositivas —impuesto a altos patrimonios—; y beneficios e incentivos para los contribuyentes.

Miriam Henríquez expuso ante la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del nuevo proceso constituyente

“Hay que pensar que la constitución no es solamente un pacto político, sino que también un pacto social que toma la foto de este momento, pero también tiene que ser un pacto intergeneracional, me parece que debiera reflejar las legítimas aspiraciones y demandas sociales”, señaló la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en su presentación ante la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Experta establecida en el marco del nuevo proceso constituyente.

La académica puntualizó que la definición que tiene que tomar esta Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y luego la Comisión experta, es si este primer capítulo va a tener un listado de principios explícitos como el “principio de probidad”, “principio del estado social y democrático de derecho”, “principio de subsidiariedad “, etc.

La Decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, también se refirió al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas afirmando que “La propuesta de las bases habla del reconocimiento de los pueblos indígenas, o sea hay un reconocimiento a las distintas culturas, pero probablemente sí esta constitución tiene que ser aplicable dentro de 30 años más va a ser necesario el reconocimiento de una interacción entre las culturas que es lo que justamente implica la interculturalidad”, afirmó la abogada.

Miriam Henríquez expuso junto a los académicos Javier Couso (UDP), Arturo Fermandois (PUC), y José Ignacio Martínez (U. de los Andes), quienes fueron de los primeros invitados a las audiencias que sostiene el organismo encargado de entregar un anteproyecto de Carta Magna y acompañar el trabajo de las personas que serán electas para redactar el nuevo texto.

La subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Experta está presidida por Máximo Pavez (UDI) e integrada por Verónica Undurraga (Independiente PPD) y presidenta de la comisión de expertos, Marcela Peredo (Independiente RN-EXPDG-Amarillos-PCC-INDEP), Magaly Fuenzalida (Independiente FRVS) Catalina Lagos (PS) y Carlos Frontaura (Independiente Republicano).

Enlace de acceso las audiencias de la Comisión Experta en la imagen:

La propiedad intelectual frente a los desafíos de la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia

“Tradicionalmente, la propiedad intelectual existe para proteger las creaciones humanas e incentivar la innovación. Por ello no es extraño que, según reflejó el informe “Tendencias de la tecnología 2019 – Inteligencia artificial” elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), desde el año 2013 comenzó a evidenciarse un creciente número de solicitudes de registro de patentes; derechos de software y secretos empresariales, especialmente en campos relacionados con la inteligencia artificial y la robótica avanzada”, así lo señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Michelle Azuaje, en un artículo publicado en el  medio on line EstadoDiario.

En su artículo, la académica afirma que la inteligencia artificial (IA) se ha fusionado con otras tecnologías de vanguardia generando una gran cantidad de nuevos productos y servicios que han cambiado la vida de las personas. “En los últimos años se han generado innovaciones que buscan aprovechar el auge de las tecnologías centrales de la cuarta revolución industrial (tales como robótica avanzada, el Internet de las cosas (IoT); el Internet de los servicios (IoS); el Internet de los cuerpos (IoB), las neurotecnologías, blockchain, entre otras) y prometen contribuir con el desarrollo económico y social y mejorar varios aspectos de la calidad de vida de las personas», explica Azuaje quien es Profesora e investigadora de propiedad intelectual y derecho digital de la Facultad de Derecho de la UAH.

Todos estos nuevos productos demandan ser resguardados por el sistema de propiedad intelectual que tradicionalmente existe para proteger toda invención humana e impulsar los adelantos, sin embargo – señala Michelle Azuaje – la relación entre la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia con la propiedad intelectual no se agota en las estadísticas de registro, ya que este sistema no solo existe para conceder o reconocer derechos, sino además para establecer ciertos “equilibrios” entre los titulares de derechos, los consumidores y usuarios y la sociedad en general.

La académica plantea que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual comenzó el año 2020 a preocuparse por la inteligencia artificial y que hoy se encuentra analizando  también los desafíos de esa y otras tecnologías de vanguardia.

Cabe mencionar que este artículo contó con el financiamiento y resume algunos de los resultados de la ejecución del proyecto ANID Fondecyt de Postdoctorado 2021, N° 3210519, titulado: Transparencia algorítmica y propiedad intelectual: propuestas para Chile (2021-2023).

Puedes revisar el artículo en el siguiente enlace:

La propiedad intelectual frente a los desafíos de la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia

Conmemoración y demandas en el día internacional de la mujer

“Esta fecha nos recuerda nuevamente que los derechos humanos tienen una perspectiva de género y, además, que los derechos de las mujeres son derechos humanos”, así lo afirmó la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Lieta Vivaldi, quien publicó una columna de opinión en El Mostrador junto a la académica Constanza Valdés y fue entrevistada también por este medio y el programa El Semáforo de Radio Universidad de Chile, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 08 de marzo de 2023.

La académica afirmó que en la conmemoración de este día y al cumplirse un año desde que el Presidente Gabriel Boric asumiera el gobierno (que como sabemos se ha declarado “feminista”), es importante cuestionar y analizar en qué sentido, tanto la legislación como las políticas públicas impulsadas por el Gobierno, han avanzado hacia una real incorporación de las demandas feministas por una verdadera igualdad de género. “En este sentido, la paridad en los espacios de poder ha sido un sello de este mandato y también del nuevo proceso constituyente, lo que sin duda contribuye a que avancemos hacia una democracia más representativa”, puntualizó la abogada.

Para la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Lieta Vivaldi, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer debe estar conectada con la agenda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en nuestro país, donde señala se vivieron situaciones de extrema gravedad que tienen un importante componente respecto a la perspectiva de género. “Las numerosas mujeres que fueron víctimas de desaparición forzada, violencia político sexual y tortura fueron muchos años invisibilizadas y olvidadas, incluso en un comienzo por las mismas comisiones de verdad. Algo similar ocurrió durante las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el contexto del estallido social, especialmente respecto a la violencia político sexual caracterizada por desnudamientos, amenazas y otras formas de violencia” declaró la directora del Programa Género, Derecho y Justicia Social de la UAH.

Puedes revisar su columna de opinión y entrevistas en los siguientes links:

Un 8M marcado por la memoria y los derechos humanos – El Mostrador

De Gobierno feminista a Gobierno por las mujeres – El Mostrador

Investigador del CiPP pública en prestigiosa revista académica luego de recibir el premio Franz Edelman junto a otros investigadores

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“El artículo científico muestra todas las innovaciones que se efectuaron durante la crisis del COVID – 19 y que fueron reconocidas por el premio Franz Edelman, que es considerado un Nobel alternativo en el ámbito de la ingeniería aplicada, por lo que es un gran reconocimiento”, así lo explica el investigador del CiPP, Manuel Fuenzalida, quien publicó junto a un grupo de expertos «Las herramientas analíticas de datos salvan vidas durante la crisis del Covid 19 en Chile» en el INFORMS journal on applied analytics (2023).

En abril de 2022, el Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión (INFORMS, por su sigla en inglés), la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile, a través del Ministerio de Salud y otras entidades, el Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia.

Manuel Fuenzalida, académico del departamento de Geografía y director del Magíster en Ordenamiento Territorial y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, forma parte del equipo del MINSAL que recibió este premio, como integrante del Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres (DEGREYD), donde presta servicios especializados por la Alerta Sanitaria COVID-19.

Conversamos con Manuel Fuenzalida para conocer la relevancia de esta publicación académica y del premio recibido, quien nos contó que durante la pandemia los Ministerios de Salud y de Ciencias de Chile se asociaron con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y ENTEL, para desarrollar metodologías y herramientas innovadoras que ayudaron en la gestión territorial del COVID-19 y cómo desde el DEGREYD del MINSAL participó en el desarrollo de una plataforma para monitorear y optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas.

Para ello, relató Fuenzalida, la generación de datos epidemiológicos georreferenciados a nivel de Zona Censal urbana (ZCUr) y su combinación con datos de movilidad de las personas entre ZCUr, con una escala temporal diaria dentro de una semana epidemiológica, fueron clave para lograr un índice de riesgo que capture la probabilidad de detectar casos sintomáticos al realizar pruebas en cada ubicación. Luego de una fase piloto, la estrategia fue lanzada a nivel nacional el 27 de noviembre de 2020, por el subsecretario de Salud Pública y el Director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI). El índice de riesgo fue empleado en los 29 servicios de salud que forman el sistema de salud pública de Chile, y se utilizó activamente para planificar la búsqueda activa de casos asintomáticos.

Durante la pandemia los Ministerios de Salud y Ciencias de Chile se asociaron con el Instituto ISCI y ENTEL para desarrollar metodologías y herramientas innovadoras que ayudaron en la gestión territorial del COVID-19.

Durante la pandemia los Ministerios de Salud y Ciencias de Chile se asociaron con el Instituto ISCI y ENTEL para desarrollar metodologías y herramientas innovadoras que ayudaron en la gestión territorial del COVID-19.

¿Qué importancia le asigna desde el área de la geografía a que la ciencia, la analítica, la ingeniería y la gestión trabajen en forma colaborativa?

Dado que provengo de la Geografía, el premio constata el valor de la disciplina y el gran potencial de colaboración en un contexto multi e interdisciplinario. La respuesta a la pregunta ¿dónde? es necesaria para la epidemiología y las ciencias de la ingeniería (convengamos que también para todas las disciplinas presentes en nuestra Facultad de Ciencias Sociales). El desarrollo tecnológico del último tiempo y la georreferenciación de los datos han permitido crear un valor fundamental para el análisis de los datos. Poder enseñar esto a los estudiantes de pregrado de Geografía y de los programas del Magíster Interdisciplinario en Intervención Social (MIIS), de Gobierno, Políticas Públicas y Territorio (MAGOB) y del de Ordenamiento Territorial y Geografía (MOTyG) me permite pensar que estoy colaborando en alcanzar una masa crítica de analistas territoriales, tan necesaria hoy en día.

¿Cuál es el aporte de esta construcción de datos epidemiológicos georreferenciales?

Dan a entender a la autoridad sanitaria la evolución territorial de la pandemia y cómo las distintas frecuencias en su distribución en el espacio geográfico ponen de manifiesto la necesidad de quienes toman decisiones en materia sanitaria, determinen inteligentemente el tipo y la complejidad de las medidas para cada sector de una ciudad.

Aquí es importante reconocer que el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres del MINSAL, pone a disposición de la comunidad en general, la frecuencia de casos activos en cuadrante por kilómetro cuadrado urbano, de forma diaria, más un visor comparativo que permite visualizar de forma dinámica e interactiva el total de casos confirmados y probables según semanas epidemiológicas, y de esta forma entender si en mi lugar de residencia el COVID-19 está al alza, a la baja o se mantiene igual que la semana anterior (https://tinyurl.com/y5h5brw7).

¿Qué significa para usted este premio?

Formar parte del equipo que ganó el Franz Edelman Award es, sin duda alguna, un reconocimiento a los últimos tres años de mi vida, que han estado dedicados a un trabajo intenso y 24/7 en la construcción de datos epidemiológicos georreferenciados, en el lugar de residencia del caso activo PCR+ o caso probable, para su posterior conteo en distintas escalas de análisis (Cuadrantes 1km2 urbanos y rurales; Zonas Censales urbanas y de localidades rurales; Unidades Vecinales).

El premio Franz Edelman es entregado desde 1972 a las mejores intervenciones de ingeniería aplicada en el mundo y entre los ganadores de versiones anteriores se encuentran el Programa de Distribución de Alimentos de las Naciones Unidas, Intel; El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y Hewlett Packard.

Datos de la publicación académica:

Leonardo J. Basso, Marcel Goic, Marcelo Olivares, Denis Sauré, Charles Thraves, Aldo Carranza, Gabriel Y. Weintraub, Julio Covarrubia, Cristian Escobedo, Natalia Jara, Antonio Moreno, Demian Arancibia, Manuel Fuenzalida, Juan Pablo Uribe, Felipe Zúñiga, Marcela Zúñiga, Miguel O’Ryan, Emilio Santelices, Juan Pablo Torres, Magdalena Badal, Mirko Bozanic, Sebastián Cancino-Espinoza, Eduardo Lara, Ignasi Neira

(2023) Analytics Saves Lives During the COVID-19 Crisis in Chile. INFORMS Journal on Applied Analytics 53(1):9-31.

https://doi.org/10.1287/inte.2022.1149

Conferencias sobre el golpe militar y la justicia transicional en la Universidad de Salamanca

“La sociedad chilena lleva 33 años tratando de saldar cuentas con el pasado por las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 caracterizándose por ser un proceso lento y gradual, quizás en un comienzo pensábamos que la transición a la democracia iba a durar menos años pero seguimos en una etapa de transición; como también creíamos que saldaríamos cuentas con las violaciones a los derechos humanos en un periodo más breve”, así lo señaló el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Hugo Rojas, quien dictó tres conferencias el pasado mes de febrero en la Universidad de Salamanca, España.

La primera conferencia de Hugo Rojas se desarrolló el 2 de febrero y abordó el tema “Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile” en el Máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. En la oportunidad presentó una matriz analítica que permite evaluar los logros alcanzados en los años de la transición a la democracia y los desafíos pendientes respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. “La sociedad chilena ha avanzado gradualmente en la agenda de justicia transicional, pero a un ritmo más lento del esperado por los sectores comprometidos con los derechos humanos; en parte ello se debe a las resistencias de grupos sociales que no le asignan prioridad y a la displicencia de personas que consideran que se debiera dar vuelta la página”, sostuvo Rojas.

La segunda conferencia, el 7 de febrero, se llamó “A 50 años del golpe militar: derechos humanos y justicia transicional en Chile” y fue dictada por Rojas en el Centro de Investigación para la Gobernanza Global y en el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca.

En su presentación, el investigador del CiPP se refirió a los hechos ocurridos en el estallido social y la importancia de la justicia y la reparación para las víctimas, también explicó cómo la sociedad chilena se ha hecho cargo de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, y también a las dificultades que se han presentado para conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante el estallido social de 2019.

El profesor Rojas afirmó que la transición chilena ha sido un proceso largo marcado por avances y hechos interesantes, algunos de ellos imprevistos como la detención de Augusto Pinochet en octubre de 1998 “Este año se conmemoran 25 años de esta detención a solicitud de la justicia española mientras él se encontraba convaleciente en un recinto hospitalario en Londres. Este es un hecho inesperado que gatilla la interposición de más de 100 querellas contra Pinochet y de otras personas que fueron investigadas por violación a los derechos humanos”, destacó el académico.

El 8 de febrero, Hugo Rojas dictó la clase “Aportes de la academia en la experiencia chilena de justicia transicional” en la Clínica Jurídica de Memoria Democrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

En la oportunidad se refirió al rol que han tenido las universidades, docentes y estudiantes en las búsquedas de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición en Chile. «Estas reflexiones del caso chileno pueden contribuir al análisis que necesariamente debería ocurrir en España con ocasión de la conmemoración de los 100 años de la guerra civil», puntualizó el abogado.

Hugo Rojas Corral es Profesor de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH.

Puedes revivir la charla del profesor Hugo Rojas “Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile” en el siguiente enlace:

¿Qué consecuencias puede tener un sexto retiro?

“Un sexto retiro no es una realidad apropiada, mejor sería aumentar la inversión pública o detener los aumentos de las tasas de interés del Banco Central”, así lo afirmó el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Carlos J. Garcia en entrevistas realizadas por  Radio Cooperativa y Bío Bio Chile donde analizó la idea de algunos parlamentarios que buscan reimpulsar esta idea.

El debate en torno a este tema podría instalarse con fuerza en las próximas semanas, ya que el próximo 18 de abril termina en el congreso la prohibición de presentar proyectos de estas características lo que, para el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Carlos J. Garcia, no sería una buena medida. “Los retiros fueron medidas extraordinarias en tiempos de crisis. En este momento, a pesar de que la economía está mostrando debilidades en términos de crecimiento y desempleo, parece ser que un sexto retiro no es una medida apropiada, mejor sería aumentar la inversión pública o detener los aumentos de las tasas de interés del Banco Central”, señaló Garcia.

Desde el gobierno han sido enfáticos en rechazar un sexto retiro afirmando que “generaría más incertidumbre al panorama económico”, incluso el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que lo único que se lograría es  aumentar la inflación, encareciendo los créditos y el valor del dólar. Además, el encargado de la billetera pública argumenta que la iniciativa carece de sentido si se toma en cuenta el contexto en que se aprobó el primer retiro en comparación con la presentación del sexto retiro.

Para que este proyecto sea aprobado, se necesitan tres quintos de ambas cámaras, es decir, 93 diputados y al menos 30 senadores, lo que significa que no basta solo con el apoyo de un sector político, sino que debe haber una unión de las distintas coaliciones.

Puedes revisar las entrevistas realizadas a Carlos J. Garcia en los siguientes enlaces:

– Radio Bio Bio

– Radio Cooperativa

Entrada de ENAP al mercado del gas licuado

“Está altamente documentado en la literatura económica que la entrada de una firma pública como ENAP, en un mercado fuertemente oligopolizado como el de la distribución mayorista de GLP, genera una dinámica competitiva fuerte, mucho más que si la empresa entrante es otra empresa privada”. Así lo sostiene Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Alberto Hurtado en un artículo publicado junto a Rafael R. Guthmann en la Revista Observatorio Económico N°174 de la FEN UAH.

En el artículo los académicos comparten simulaciones de mercado realizadas en la distribución de GLP que permiten llegar a algunas conclusiones con respecto a la entrada a ese rubro de ENAP, que ya realizó un plan piloto de venta de cilindros a la población. “Si bien todo indica que dicho plan piloto fue exitoso, hay serias dudas de que, mientras no se remueva la exclusividad de comercialización que tienen los distribuidores minoristas respecto de cada distribuidor mayorista actual, la posibilidad que una empresa del tamaño de ENAP entre al mercado en tiempo y magnitud como para generar un cambio en las condiciones de competencia es más bien bajo, e incluso nulo”, plantean los investigadores.

En la publicación se señala que el ingreso de ENAP depende de la capacidad de distribución minorista. “Una opción ciertamente real sería que los distribuidores minoristas independientes no estén amarrados por las cláusulas de exclusividad que actualmente caracterizan esta industria, tema que es prioritario en el proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso”, comentan los académicos.

Concluyen los académicos que la única manera que ENAP entre en este mercado y discipline los precios que cobran las tres principales empresas distribuidoras mayoristas es que la discusión parlamentaria avance en eliminar la exclusividad con que están amarrados los distribuidores mayoristas independientes con sus respectivas empresas mayoristas.

En el siguiente link puedes leer el artículo.

Proceso constituyente: participación en la medida de lo posible

“La participación ciudadana propuesta en este proceso está limitada y es acotada, en circunstancias que los procesos constituyentes requieren de ella y con carácter incidente”. Es la opinión de Miriam Henríquez, decana de la facultad de derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien publicó una columna de opinión en la sección Voces de La Tercera el 06 de febrero pasado.

En su columna, la decana planteó que “A diferencia de los dos procesos constituyentes anteriores, la participación ciudadana en el proceso en curso se encuentra débilmente contemplada en las normas que lo regulan”.

En el actual proceso, se definieron como mecanismos de participación la iniciativa popular de norma, las audiencias públicas, la consulta y los diálogos ciudadanos como las vías para que la ciudadanía sea parte del debate constitucional, y que el órgano encargado de ello será la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, liderado por las universidades de Chile y Católica de Chile, las que podrán coordinarse con las universidades acreditadas del país.

Sin embargo, aunque los nombres puedan coincidir, existen diferencias en los mecanismos propuestos. “La iniciativa popular de norma no será – como en el proceso anterior – una vía para proponer contenidos constitucionales, sino una instancia para enmendar alguna propuesta de norma contenida en el anteproyecto formulado por la Comisión Experta”, explica Henríquez.

Las audiencias públicas y los diálogos ciudadanos también están delimitadas a asuntos planteados en el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. “Por su parte, la consulta ciudadana será un mecanismo de participación virtual en el que las personas podrán expresar de manera breve su opinión sobre las normas contenidas en el anteproyecto y de preguntas predefinidas, las que no tendrían un carácter vinculante para el Consejo Constitucional”, puntualiza la investigadora del CiPP.

Concluye la decana que “La participación ciudadana propuesta en este proceso está limitada y es acotada, en circunstancias que los procesos constituyentes requieren de ella y con carácter incidente”.

En el siguiente link podrás acceder a la columna.