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Cristobal Madero, investigador CiPP y académico UAH, “La nueva Ley de subvención especial para la modalidad de reingreso, actualmente en tramitación, viene a hacer justicia a niñas, niños y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar”.

Una nueva modalidad de reingreso escolar fue aprobada en febrero pasado por el Consejo Nacional de Educación. A dicha modalidad le sigue una ley de subvención especial que estos días se tramita en la Cámara de Diputados. Se trata de una modalidad y una subvención que vienen a hacer justicia a niñas, niños, y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar. Financiar aulas de reingreso y una serie de dispositivos ajustados a este tipo de estudiantes es el fin de esta política pública. Si bien se le podría acusar de estar segregando un sistema ya altamente segregado, eso está lejos del espíritu y la letra de la ley. Para asegurar el derecho a la educación de estos estudiantes, no hay más tiempo que perder.»

 

 

Eduardo Abarzúa, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la UAH en Cooperativa: “En nuestro país, la participación de los trabajadores está excluida por ley a propósito de la negociación colectiva, y en general ésta se centra en los puntuales aumentos salariales o el bono de término de conflicto”. En su columna de opinión titulada “Participación en la empresa, parte de la gestión y la democracia”, el académico reflexiona sobre la participación de los trabajadores en los gobiernos corporativos de las empresas y la encendida polémica generada, y propone responder para qué serviría entregarles influencia y en qué nivel puede esto aplicarse. Fuente: Cooperativa. 15/04/2021

Abarzúa señala que si bien los sistemas laborales de alto rendimiento se basan en la participación de las y los trabajadores, en nuestro país dicha participación está excluida por ley a propósito de la negociación colectiva, y en general se centra en los puntuales aumentos salariales o el bono de término de conflicto. Además, señala que el resto del tiempo, en demasiados lugares de trabajo, la decisión unilateral y el acatamiento son las formas normales de relación laboral.

Sobre la participación de los trabajadores en los gobiernos corporativos de las empresas y la encendida polémica generada, Abarzúa señala que es necesario, primero, responder la pregunta para qué serviría entregar influencia a los trabajadores y en qué nivel puede esto aplicarse.

Analiza, luego, para cada uno de los tres niveles de participación que se reconocen en las empresas — la participación en la gestión, la participación en los resultados y la participación en el diálogo social — cómo está nuestro país y qué desafíos existen. Chile tiene deudas importantes en los tres niveles.

Concluye Abarzúa señalando que el mejoramiento continuo y el crecimiento sustentable se centran en el aporte que pueden hacer los trabajadores en las tareas que ellos mismas administran. Además, habla de una cuestión ética, mencionando que “no podemos fortalecer la democracia y la cohesión social si todavía en demasiados espacios laborales el diálogo social y la opinión de los trabajadores y sus representantes son vistos como amenaza o pérdida de tiempo”.

Para leer la columna completa se puede ingresar en el siguiente link https://opinion.cooperativa.cl/opinion/economia/participacion-en-la-empresa-parte-de-la-gestion-y-la-democracia/2021-04-15/105530.html

 

 

Cecilia Osorio, investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y académica de la misma universidad. “Debemos relevar la importancia de un equilibrio entre la discusión política que es parte de las políticas públicas y la necesidad de la evidencia y de los argumentos”. En el lanzamiento del libro “Enfoques teóricos de políticas públicas: desarrollos contemporáneos para América Latina”, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. El evento se realizó de manera online a través de Facebook Live el pasado 26 de marzo.

El libro “Enfoques teóricos de políticas públicas: desarrollos contemporáneos para América Latina”, fue editado por la Dra. Gloria Del Castillo Alemán, Directora General de FLACSO México y el Dr. Mauricio I. Dussauge Laguna, Profesor Investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica.

En su intervención, la Dra. Castillo señala que el libro llega a “llenar un vacío en América Latina, inclusive en México, de esta literatura poco conocida y muy rica para comprender los grandes problemas públicos, problemas complejos, que nos lleven a rutas más satisfactorias de solución a través de políticas públicas”.

Por su parte, respecto a las motivaciones que los llevaron a impulsar la publicación, Mauricio Dussauge, señala “creemos que la construcción de la ciencia social no puede ser una tarea individual, debe ser una tarea colaborativa. En ese sentido creemos que hay muchos colegas en México y en la región para hacer este tipo de proyectos. Queríamos apoyar el desarrollo de nuestras discusiones y debates regionales de políticas públicas. Pensamos que este libro podría ser un buen punto de partida para ampliar los horizontes”.

En su comentario sobre el libro, la académica Cecilia Osorio explica que el libro tiene capítulos que tocan temas transversales, donde se hace énfasis en las ideas, en los actores y en los cambios en las políticas públicas. Y luego hay capítulos más específicos que se centran en los enfoques de análisis que se vienen trabajando en las últimas décadas y aquellos que son más emergentes. “Tenemos un libro editado que va abrir puertas para poder entrar a cada uno de estos enfoques, pero al mismo tiempo deja preguntas que son transversales y que desafían para el estudio y el análisis de las políticas públicas”, comenta.

La académica se refiere a la desinformación y a las fake news, señalando que “creo que es muy importante en este contexto, y lo hemos visto, en el contexto del COVID en particular, relevar la importancia de un equilibrio entre la discusión política que es parte de la políticas públicas y la necesidad de la evidencia y de los argumentos, lo técnico, por decirlo de alguna manera. Y aquí el tema de la desinformación, de las noticias falsas, es sumamente complejo y enturbia muchísimo el análisis de la política pública para la ciudadanía y el público en general”.

Añadió que resulta complejo que en este ámbito de estudio y discusión se requiera estar permanentemente diciendo “consideremos estos argumentos, hay que mirar los datos, hay que tensionar la discusión entre lo técnico y lo político”. En su mirada, los investigadores y analistas deben tener una posición muy clara: “para las políticas públicas requerimos datos y no siempre tenemos toda esa información, entonces habrá que generarla y relevar que requerimos evidencia y también se requiere de política porque se desarrolla en un ámbito que es eminentemente político”.

El cambio fue otro de los temas a los que se refirió la investigadora del CiPP, señalando que en el discurso público de los gobiernos de turno se habla de reformas o modificaciones que, en algunos casos, son levemente incrementales, por lo que tanto los analistas como investigadores deben cumplir su rol llamando cambio a los que realmente lo sean, o bien reconocer que sólo se trata de modificaciones leves. Además, una cosa es el cambio político, y otro es el ámbito del proceso de las políticas públicas. Se requiere hacer una distinción centrándose más en el estudio del cambio.

Osorio cierra sus comentarios reflexionando sobre la necesidad que surgirá en la post pandemia de discutir con mayor detención qué pasa con las políticas públicas en contexto de crisis, señalando que es algo que no se ha discutido lo suficiente.

Además, en esta presentación participaron el Dr. Pablo Sanabria-Pulido, Profesor Asociado y director de posgrados de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Dra. Laura Chaqués Bonafont, Catedrática de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y el Dr. Raúl Pacheco-Vega, Profesor Investigador y asociado del Laboratorio de Métodos de FLACSO México.

Para ver este conversatorio se puede ingresar en el siguiente link: https://www.facebook.com/FlacsoMexico/videos/1819222118257369

 

Fuente: La Tercera

Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y académico de la UAH, publicó una columna de opinión en el diario La Tercera titulada ¿Creceremos un 6% el 2021? El académico analiza si Chile cumple con los requisitos para lograr este crecimiento a partir de cómo los países desarrollados han hecho frente a la crisis sanitaria a nivel mundial.

Señala que artículos recientes en la prensa internacional, artículos académicos e informes de organizaciones internacionales, explican en forma concisa cuatro condiciones para que esta crisis se supere en forma rápida, por lo menos en los países desarrollados.

Las cuatro condiciones son: “Primero, los países desarrollados se han adaptado mucho mejor de lo esperado a los cierres, restricciones y distanciamiento social en la segunda ola del virus que en la primera ola. Segundo, la voluntad y la capacidad de Norteamérica, Europa y Japón de utilizar la política fiscal para apoyar los ingresos durante la crisis, incluso cuando no podían ir a trabajar. Adicionalmente, los bancos centrales han ayudado con enormes aumentos en las compras de deuda pública, facilitando el uso expansivo de la política fiscal durante la crisis. Tercero, la capacidad de la ciencia para suministrar vacunas eficaces que señalen el camino hacia una vida más normal en los próximos años. Cuarto, expectativas realistas sobre la evolución de la pandemia”.

Si se analiza la situación nacional, en opinión de García, Chile cumple sólo con una de las cuatro condiciones anteriores: la vacunación.
Señala el académico “Reducida la principal causa de la crisis, el proceso de recuperación no tendría barreras para despegar, no como ha ocurrido en Europa, en que el retraso en la vacunación ha gatillado una tercera ola. Sin embargo, las otras tres condiciones no son claramente cumplidas por nuestro país”.

Termina diciendo que “en definitiva, un crecimiento del 6% del PIB para este año sería una muy buena noticia. Pero la distribución posible de resultados es bastante más amplia y con un sesgo fuerte hacia tasas menores que esa cifra. Hay una alta probabilidad que la recuperación de la crisis en nuestro país el 2021 será más bien modesta en los próximos meses y se producirá tardíamente hacia mediados del segundo semestre”.

Para leer la columna completa se puede ingresar en el siguiente link.


El Diario La Tercera publica columna de opinión del director académico del CiPP en la que reflexiona sobre la importancia de que en su diseño las políticas públicas sean el resultado de la discusión técnica de la academia, de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores. A continuación, compartimos el texto completo de la columna publicada por el medio.

Por Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH

Qué duda cabe que las políticas públicas inciden en la vida de todos los chilenos, en particular en aquellos a los que van destinadas. Sin embargo, la práctica pareciera indicar que no hay consenso en cuanto a que las mejores políticas públicas -aquellas que tienen un mayor impacto por cada peso gastado- sean aquellas que surgen de la discusión entre los que toman las decisiones, la academia que aporta su saber y los ciudadanos a quienes van dirigidas. Las políticas públicas son implementadas por los gobiernos, pero su diseño debe conjugar la discusión técnica que la academia debe y puede entregar, libre de los intereses de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores.

Actividades como el reciente encuentro anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, co-organizado este año por el CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, apuntan en la línea correcta. Lamentablemente, este tipo de instancias son muy pocas en nuestro país y la responsabilidad social universitaria parece estar más bien ausente. Para mostrar la importancia de encuentros como el mencionado, el tema del orador principal fue la 4° revolución industrial, planteándose que los avances tecnológicos, internet e inteligencia artificial van a llevar a que las máquinas desplacen el trabajo humano, tema agravado producto de la crisis sanitaria, el confinamiento y la volatilidad de la economía. De hecho, de acuerdo con el documental “American Factory” (Netflix, 2019), a fines de esta década, un 5% de la población mundial habrá perdido su empleo, desplazado por máquinas. La riqueza de la discusión entre expertos y quienes deben estudiar estos temas en Chile es fundamental para enfrentar la complejidad del problema. La discusión seria plantea interrogantes sobre qué políticas públicas deben ser impulsadas para adaptarse a este nuevo contexto.

No pretendo argumentar que la academia nada ha hecho por Chile; se han diseñado muy buenas políticas públicas desde las universidades, como por ejemplo las evaluaciones sociales de los proyectos de inversión pública que comenzaron a aplicarse hace más de medio siglo en el país. Simplemente, quiero destacar que el diálogo y la discusión de políticas debe amplificarse de modo de no llegar tarde con las propuestas que la sociedad civil espera. En esta tarea el gobierno, cualquiera sea su color o tendencia, debe tener un rol activo, no para monopolizar la investigación científica, sino para convertirse en el articulador de la relación entre la academia que produce conocimiento y su diálogo con la sociedad civil, lo que permite transformar dicho conocimiento en ideas aplicables para responder a las problemáticas que los propios ciudadanos demandan.

Fuente Diario La Tercera

 


El Diario La Tercera publica columna de opinión del director académico del CiPP en la que reflexiona sobre la importancia de que en su diseño las políticas públicas sean el resultado de la discusión técnica de la academia, de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores. A continuación, compartimos el texto completo de la columna publicada por el medio.

Por Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH

Qué duda cabe que las políticas públicas inciden en la vida de todos los chilenos, en particular en aquellos a los que van destinadas. Sin embargo, la práctica pareciera indicar que no hay consenso en cuanto a que las mejores políticas públicas -aquellas que tienen un mayor impacto por cada peso gastado- sean aquellas que surgen de la discusión entre los que toman las decisiones, la academia que aporta su saber y los ciudadanos a quienes van dirigidas. Las políticas públicas son implementadas por los gobiernos, pero su diseño debe conjugar la discusión técnica que la academia debe y puede entregar, libre de los intereses de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores.

Actividades como el reciente encuentro anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, co-organizado este año por el CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, apuntan en la línea correcta. Lamentablemente, este tipo de instancias son muy pocas en nuestro país y la responsabilidad social universitaria parece estar más bien ausente. Para mostrar la importancia de encuentros como el mencionado, el tema del orador principal fue la 4° revolución industrial, planteándose que los avances tecnológicos, internet e inteligencia artificial van a llevar a que las máquinas desplacen el trabajo humano, tema agravado producto de la crisis sanitaria, el confinamiento y la volatilidad de la economía. De hecho, de acuerdo con el documental “American Factory” (Netflix, 2019), a fines de esta década, un 5% de la población mundial habrá perdido su empleo, desplazado por máquinas. La riqueza de la discusión entre expertos y quienes deben estudiar estos temas en Chile es fundamental para enfrentar la complejidad del problema. La discusión seria plantea interrogantes sobre qué políticas públicas deben ser impulsadas para adaptarse a este nuevo contexto.

No pretendo argumentar que la academia nada ha hecho por Chile; se han diseñado muy buenas políticas públicas desde las universidades, como por ejemplo las evaluaciones sociales de los proyectos de inversión pública que comenzaron a aplicarse hace más de medio siglo en el país. Simplemente, quiero destacar que el diálogo y la discusión de políticas debe amplificarse de modo de no llegar tarde con las propuestas que la sociedad civil espera. En esta tarea el gobierno, cualquiera sea su color o tendencia, debe tener un rol activo, no para monopolizar la investigación científica, sino para convertirse en el articulador de la relación entre la academia que produce conocimiento y su diálogo con la sociedad civil, lo que permite transformar dicho conocimiento en ideas aplicables para responder a las problemáticas que los propios ciudadanos demandan.

Fuente Diario La Tercera

 

 

Fuente: Diario La Tercera

Miriam Henríquez, investigadora asociada al CiPP, decana de la facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 4, fue entrevistada por el diario La Tercera acerca de los debates que deben darse para una Carta Magna participativa, inclusiva y con perspectiva de género.

“Hay que considerar el lenguaje inclusivo en la Constitución”, dice Miriam Henríquez, quien asegura que una Carta Fundamental con perspectiva de género implica “mirar y acordar cada uno de sus contenidos, de tal manera que se asegure la igualdad real”. El lenguaje que se utiliza y los principios rectores de la Constitución son temas que deben ser reflexionados con esa perspectiva, “establecer como un principio central la igualdad, la no discriminación y la paridad y eventualmente consagrar derechos en que los titulares sean principalmente las mujeres, como en el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a una educación no sexista, el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivo de género”.

Para ver la entrevista completa puede ingresar en el siguiente link https://www.uahurtado.cl/wp-images/uploads/2021/04/Hay-que-considerar-el-lenguaje-inclusivo-en-la-constitucion-scaled.jpg

 

 

Fuente: Diario La Tercera

Humberto Borges, investigador asociado al CiPP y académico de la UAH, publicó una columna de opinión en el diario La Tercera titulada “Impuestos a los súper ricos y súper empresas”. En ella asegura que en los últimos años ha existido una creciente discusión por establecer impuestos a los súper ricos.

Señala el académico que Chile es un ejemplo de la desigualdad de los ingresos. “En los últimos años se ha observado una desigualdad que se mantiene constante en los ingresos (rentas tributables de las personas), en promedio desde el 2010 a 2019 nos muestra que las riquezas del país se distribuyen en un 88,7 % de los contribuyentes obtiene el 52,8 % de los ingresos, y el 11,3 % restante obtienen el 47,2 % de los ingresos. Además, si observamos el 2% de los contribuyentes, del grupo que obtienen mayor renta, logran acumular en promedio el 17,5 % de los ingresos. En estos datos, no se encuentran sumadas las exenciones y los ingresos no rentas, que finalmente no permite ver la profundidad de la desigualdad.

Comenta el académico que esta situación de desigualdad también se ha observado en otros países donde han reaccionado estableciendo “mayores tasas progresivas a los tramos que obtienen mayores riquezas”.

Respecto a la realidad de nuestro país, el investigador asegura que “estamos acostumbrados a los promedios de la riqueza y no a calcular los montos que se acumulan en cada persona, hemos olvidado que la acumulación de riquezas es una forma de monopolio o dictadura indirecta”. Complementa diciendo que esto último lo han dicho varios investigadores indicando que “la desigualdad afecta a la política: si el poder económico está concentrado, probablemente el poder político también lo esté”.

Para ver la columna completa se puede ingresar en el siguiente link https://www.uahurtado.cl/wp-images/uploads/2021/04/Impuestos-a-los-super-ricos-y-super-empresas.pdf

 

Somos Mayoría

mayo 2021

 

El pasado jueves 29 de abril, Héctor Oyarce, investigador asociado al CiPP y académico del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, participó en la primera jornada del Proyecto Apruebo, denominada “Somos Mayoría”. En esta primera jornada se conversó sobre la nueva constitución y urgencias humanitarias.

El proyecto Apruebo es una iniciativa en la que participan, junto a Héctor Oyarce, el académico Sebastián Cox y las alumnas Victoria Cruz, Victoria Calderón, Yareta González, Maryfe Castillo y Claudia Fierro. Busca elaborar 12 cápsulas informativas sobre los
Derechos Humanos (DDHH) para responder a la pregunta “¿qué debemos saber sobre los DDHH y qué debemos hacer para cumplirlos y exigir su respeto, protección y garantías por parte del Estado, las Autoridades e Instituciones Públicas, incluidas las FFAA y Policías, en y por Chile 2020-2021?».

En esta primera jornada, los invitados fueron Branislav Marelic Rokov, experto y defensor en Derechos Humanos, consejero INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y ex director del mismo instituto. El segundo invitado fue Enrique Azua Herrera, experto y defensor en Derechos Humanos y jefe de la Unidad de Promoción, Educación y Participación del INDH.

En un tercer momento, los alumnos presentaron dos proyectos seleccionados de Urgencias Humanitarias, uno sobre la situación migratoria y los campamentos y el derecho a la vivienda. El segundo tema, relativo a las condiciones de la población penal cuyo rasgo selectivo es gente pobre. Cada uno de estos temas se traducirán en capsulas de videos
incorporando el enfoque de derechos en la política pública, con los cuales se generarán acciones ciudadanas de interés público. Los panelistas retroalimentaron estas propuestas
e hicieron sugerencias a cada uno de los proyectos.

Este proyecto está organizado por el equipo NIIPDH (Núcleo Interdisciplinario de Iniciativas pro DDHH” de la UAH. y el curso EDH (DAE-VRI). Para mayor información se puede seguir su instagram: @somosmayoria.eddhh

 

 

El pasado 5 de Abril Fabián Pressacco, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado y académico de la misma, escribió una columna de opinión en el diario La Tercera titulada “Eficacia y control de la crisis sanitaria”.

Ante la postergación de la próximas elecciones a la Convención Constitucional, el académico afirma que se evitarán dos efectos que pueden ser muy nefastos: “por un lado, un deterioro de la compleja situación sanitaria con la realización de un acto electoral que movilizará millones de personas; por el otro, una merma en la participación ciudadana que si bien afectará a todas las elecciones que se realizarán en esa fecha, sin dudas afectaría más significativamente a aquella en la que se elegirán a los miembros de la futura Convención Constitucional debilitando la legitimidad de sus miembros así como de su resultado”. Respecto a esto, no descarta la posibilidad de que una nueva fecha sea una decisión razonable si los datos de la pandemia no mejoran sustancialmente.

No obstante, el investigador reflexiona sobre los costos que ocasiona la decisión de postergar las elecciones y por cómo las acciones u omisiones del gobierno han generado un cuadro en donde se ha hecho necesaria dicha postergación. Algunos de esos costos son que fortalece las posibilidades de los candidatos y candidatas con mayores recursos y agrega más incertidumbre en un panorama muy incierto.

Sobre el actuar del gobierno, Pressacco es categórico al afirmar que “ha mostrado un rumbo errático y no ha logrado tomar el peso a la magnitud de la crisis”. Según el académico, se observa falta de planificación y un conocimiento precario de la realidad social por parte de la elite política; no se han incorporado las evidencias producto de las experiencias en otros países; y se han entregado medidas insuficientes en el ámbito socioeconómico, todo lo cual ha impedido que las personas se queden en sus casas y se hayan visto obligadas a salir a la calle a buscar el sustento diario, atochando el servicio de transporte y los lugares de compra.

En el plano de la salud, Pressacco reflexiona sobre la falta de efectividad de algunas de las medidas tomadas y sus efectos en los altos números de contagio y una red hospitalaria al límite. Afirma que “la exitosa campaña de vacunación no es suficiente si no se toman, al mismo tiempo, otras medidas”

Termina diciendo que “si el gobierno se hubiese tomado en serio el calendario electoral, generando un espacio de diálogo constructivo con la oposición y hubiese sido, al mismo tiempo, sanitariamente responsable, podría haberse evitado configurar un escenario en donde, finalmente, la alternativa más razonable ha sido postergar las elecciones”

Lea la columna completa en el link https://www.latercera.com/opinion/noticia/eficacia-y-control-de-la-crisis-sanitaria/WPDXGXSQ2FDALKIS3IWCDPBHLU/

 

 

El canal de televisión de Estados Unidos Vivoplay, en su programa Latinoamérica en Vivo realizó una entrevista el pasado 1 de abril a Rafael Blanco, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, esto a raíz de la entrevista publicada por el diario El Mercurio hace semanas atrás en la que el académico analizó la tensión entre política y justicia en América Latina.

Señala Blanco que es evidente que en los últimos años en América latina se han producido de manera sistemática los fenómenos de judicialización de la política, donde los sistemas de justicia penal de persecución criminal han conocido casos que han involucrado a ex presidentes de la república e incluso también legisladores. De acuerdo a estudios académicos, existen tres elementos comunes a este fenómenos, primero, un deterioro evidente de la calidad de la política, que se traduce en múltiples fenómenos de corrupción en diversos países de la región; el segundo elemento dice relación con reformas a los modelos, a los sistemas de justicia penal de persecución criminal que en los últimos 20 o 30 años han mejorado en cuanto a su independencia y que han logrado mayores dosis de autonomía; y el tercero, la existencia de una ciudadanía mucho más exigente, empoderada, y menos tolerante con los casos de corrupción. Estos tres fenómenos producen un traslado de la problemática desde la sede política a la sede de los tribunales: hay poderes judiciales y ministerios públicos que gozan de mayor autonomía que comienzan a perseguir casos de corrupción que se han hecho comunes en los distintos países. En opinión de Blanco, esta es una buena noticia “porque lo que los ciudadanos esperan de sus sistemas políticos democráticos, es que cumplan con el mandato de que todos son iguales ante la ley y que los delitos se persiguen y se sancionan” y esa es una demanda que se ha estado escuchando en los sistemas judiciales de los países, enfatiza.

Blanco asegura que, tal como señalan los informes de transparencia internacional, una de las características de nuestra región es que presenta altos índices de corrupción y esos casos de corrupción están ligados, entre otros factores, al financiamiento irregular de la política, fraudes electorales, pero también sobornos, delitos de la administración pública, y todos esos casos llegan a instancias judiciales precisamente porque han fallado los controles administrativos. Respecto a esta situación, es necesario analizar si los sistemas de justicia penal en los países de la región responden efectivamente a condiciones de genuina autonomía e independencia. Lo que se observa es que hay tareas pendientes en la región con algunas diferencias por países. Por ejemplo, Chile y Uruguay exhiben altos niveles de independencia judicial en sus ministerios públicos y entidades encargadas de la persecución penal. Sin embargo, otros como Perú y Bolivia muestras importantes rezagos en esta materia y requieren mejorar.

Con relación a cómo percibe el poder político de la región esta situación, el académico señala que en general su crítica es que “son perseguidos injustamente y con lógicas políticas. Yo nunca he escuchado a un presidente perseguido por casos de corrupción decir que el sistema de justicia funciona bien, que es imparcial, generalmente son críticas o reproches al modo arbitrario en que se ejerce ese poder”.

Los sistemas administrativos, los gobiernos de turno, “tratan siempre de maximizar no solo sus atribuciones sino también su poder, y eso se ha manifestado en la creación de consejos de la magistratura o de la judicatura, para nombrar y remover jueces, y esos consejos se han politizado fuertemente, este es el caso de Argentina y Perú. Por ejemplo, hoy en Perú hay una junta nacional de justicia que está a cargo del nombramiento de jueces para ir generando mayores dosis de independencia e imparcialidad. Por lo tanto, los intentos de control de los poderes judiciales por las administraciones no es un hecho nuevo, es algo que se ha incrementado en los últimos tiempos”.

Por eso, señala el académico, “el gran desafío de las agendas democráticas es garantizar una genuina separación de poderes, y eso supone altos niveles de independencia de los fiscales y de los jueces”. La tarea es entonces revisar los mecanismos de nombramiento y remoción de jueces y garantizar altos niveles de autonomía de los ministerios públicos.

Finalmente analiza que en los últimos años los sistemas judiciales sí han mejorado, se han empujado reformas para garantizar mayor independencia y autonomía pero quedan tareas pendiente en la mayor parte de los países latinoamericanos particularmente en los casos de Bolivia y Perú para garantizar mayor nivel de independencia de los jueces, también algunas provincias de Argentina. Y por otro lado, si lo que queremos son sistemas penales funcionando correctamente, debemos revisar el debido uso de mecanismos cautelares. Aquí hay un punto muy crítico: “el uso excesivo de prisiones preventivas en ciertos países durante los procesos penales, me parece que ha sido visto con preocupación por muchos sistemas judiciales y académicos, un uso que muchas veces puede ser cuestionable bajo la lógica del estado de derecho”, agrega.

 

 

Pedro Güell, investigador asociado del CiPP y académico del Departamento de Sociología de nuestra universidad, publicó en marzo de 2021 “Temporal structures of the poor: social mobility and the struggle for the future in Chile” en la prestigiosa revista The Sociological Review, junto a su colega Martina Yopo. Su artículo plantea que la pobreza envuelve maneras particulares de comprender y experimentar el pasado, el presente y el futuro, lo que estudian empíricamente analizando la manera en que los pobres organizan el tiempo en sus narrativas biográficas, y el efecto que esto tiene en sus esfuerzos por lograr movilidad social.

Detalles de este artículo se pueden encontrar en: Link

 

 

Eduardo Saavedra, investigador asociado del CiPP y académico del Departamento de Economía de nuestra universidad, publicó en marzo de 2021 “The Ban of Off-Net/On-Net Price Discrimination in Chile” en la revista Journal of Competition Law & Economics, coautoreado con Claudio Agostini y Manuel Willington. Su artículo analiza la prohibición hecha por el TDLC en 2012 para ofertar planes con precios diferenciados de acuerdo con el destino de las llamadas, encontrando que la mayoría de los planes ofertados previo a dicha prohibición no eran anticompetitivos. Tampoco este artículo encuentra evidencia que la evolución más competitiva de la industria sería consecuencia de dicha medida.

Detalles de este artículo se pueden encontrar en: Link

 

Eugenio Giolito, investigador asociado del CiPP y académico del Departamento de Economía de nuestra universidad, publicó en enero de 2021 “A demand-smoothing incentive for cesarean deliveries” en la prestigiosa revista Journal of Health Economics, junto a su colega Ramiro de Elejalde. Su artículo estudia los incentivos de los hospitales privados a practicar cesáreas para suavizar su demanda, encontrándose evidencia que los hospitales con tasas de cesáreas más altas son más propensos a reprogramar los partos cuando esperan una semana de mayor demanda.

Detalles de este artículo se pueden encontrar en: Link

 

Cecilia Osorio Gonnet, investigadora asociada del CiPP y académica del Departamento de Política y Gobierno de nuestra universidad, publicó en marzo de 2021 “Social policies in movement: Diffusion and transfer in Latin America”, como capítulo del Handbook of Policy Transfer, Diffusion and Circulation (Edward Elgar Publishing). Su trabajo describe los principales procesos de transferencia de políticas sociales en América Latina, entregando una completa revisión de la literatura y mostrando casos concretos que se han aplicado en varios países de la región.

Detalles de esta publicación se pueden encontrar en: Link

 

El pasado domingo 4 de abril el diario El Mercurio publicó en su cuerpo de reportajes, una entrevista a Pedro Güell, académico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP. Durante la entrevista, el académico abordó diversos temas, entre ellos su mirada sobre el último mandato de la presidenta Michelle Bachelet, de quien Güell fue uno de sus asesores más cercanos y su visión sobre la coalición de centro izquierda, la situación actual del país y los principales desafíos que enfrenta.

El académico asegura que del «bacheletismo» permanece la certeza de que Chile necesita y puede empujar cambios de fondo en varios ámbitos, “especialmente frente a las desigualdades de distinto tipo, al modelo extractivista y poco innovador de desarrollo, en las bases de la seguridad y bienestar social”. También destaca que “permanece la demanda de que los cambios deben ser impulsados con participación social, y coronados con la elaboración de una nueva Constitución”. Sobre el estallido social de octubre de 2019, Pedro Güell explica que este hecho mostró algo de más larga data, acentuándose dramáticamente después: “que la sociedad percibía que el sistema político y los liderazgos institucionales hacían oídos sordos a sus vivencias de abusos y desigualdades y a sus demandas de bienestar y seguridad”. Además, hace una crítica a la tesis de los “30 años”, explicando que es erróneo pensar “o que todo fue bueno y se debe seguir haciendo lo mismo, o que todo fue malo y hay que condenarlo en bloque, puesto que la historia es mucho más compleja que eso”.

Respecto a los candidatos en carrera a la presidencia, Güell explica que las encuestas muestran que nadie está bien posicionado, y el numero de personas que no tiene un candidato definido supera en casi cuatro veces al candidato mejor posicionado que no suele pasar de 15 puntos; por lo tanto “la sociedad no se siente interpretada por los liderazgos en vitrina”. Sobre su mirada del Chile actual, comenta que Octubre del 2019 ya es pasado y que a partir de entonces y con la actual pandemia “ha surgido un presente inédito, con desafíos que no tienen que ver solo con las deudas o errores de algún pasado remoto”. En este sentido, “las tesis del malestar o las del origen del estallido, por acertadas que sean, ya no bastan para entender bien el presente. Hoy estamos ante nuevas posibilidades y nuevas fragilidades, nuevas certezas y nuevos miedos. Hoy ya no nos creemos los mitos que fundaron parte de nuestros sentidos comunes en el pasado, como que somos clase media o que la posición social se adquiere con el mérito, o que tenemos relaciones sociales modernas porque estamos en la OCDE. Pero hoy tenemos en cambio más confianza en que políticamente se puede más de lo que nos dijeron, como tener una nueva Constitución o el retiro de los fondos previsionales. Nos sentimos más vulnerables como efecto de los conflictos y sobre todo de la pandemia, demandamos más apoyo del Estado, y valoramos su existencia y demandamos políticas de seguridad universales.

Pero, al mismo tiempo, nos sentimos más confiados en nuestras capacidades individuales y familiares para sobrevivir, después de todo, parte importante de esta crisis la estamos enfrentando con recursos propios, emocionales y materiales. Experimentamos y denunciamos las desigualdades más intensamente, pero hemos reforzado prejuicios y temores frente a los otros. Despreciamos a los tecnócratas, pero confiamos más que nunca en la ciencia para solucionar los problemas. Renegamos de la política y sus cadenas de representación, pero votamos con entusiasmo en un plebiscito para cambiar la Constitución. Nuestro presente está hecho de esas contradicciones inéditas. Ya no basta con corregir el pasado, viene el tiempo de innovar y atreverse. El que se quede discutiendo sobre el pasado, pierde”. Sobre la capacidad que tendrá el proceso constituyente de encauzar la crisis institucional del país, el académico señala que “hay demasiadas expectativas puestas en la capacidad del debate y redacción constitucional para canalizar el conjunto de la crisis social y pocos esfuerzos por generar acuerdos en torno a las demandas que no aceptan más demoras”, haciendo referencia a las reformas a los sistemas de seguridad y bienestar social o a los problemas de orden público. Señala que hoy es igualmente urgente y clave para nuestra democracia y crisis actual, llevar a buen puerto el debate y redacción constitucional como lo es comenzar la discusión y diseño de una agenda de reformas sociales y económicas.

Revise la entrevista completa en el siguiente enlace

 


El pasado 21 de marzo Rafael Blanco, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, fue entrevistado por el diario El Mercurio (página A4) sobre “la tensión entre política y justicia en América Latina”. En su análisis Blanco enfatiza en el escenario social e institucional de los países donde han existido casos de corrupción que han afectado a diferentes autoridades políticas de la región y se refiere en particular a los casos de Argentina y Brasil.

El académico señala que todas las investigaciones contra los expresidentes parten de un nuevo escenario social e institucional y que habría tres fenómenos que coinciden en estos países. El primero de ellos, que “ha habido muchas reformas importantes en los últimos 20 años en América Latina a los sistemas de persecución y enjuiciamiento penal, las que han empoderado a las instituciones judiciales”. Uno segundo, que en todos estos países “ha existido un deterioro de los procesos políticos – democráticos y fuertes casos de corrupción”. Y el tercero, que “hay una ciudadanía menos tolerante a la corrupción, que exige más transparencia y respuestas más inmediatas”.

Sobre la tensión en sí, Blanco postula que esta podría producirse justamente porque la autonomía judicial está funcionando: “cuando la política no logra cumplir con sus metas y las demandas ciudadanas y se cometen delitos de fraude electoral o financiamiento irregular de la política, lo que los ciudadanos esperarían es que el Poder Judicial actúe. Ahora tiene que hacerlo en un contexto de legitimidad y respetando el principio de inocencia”.

En el caso de Argentina, el abogado afirma que “hay un problema en la generación de los miembros del Poder Judicial, asociado a organismos que están muy politizados, como el Consejo de la Judicatura. Hay gobernadores que tienen mucho poder político y que muchas veces logran extender ese poder político en los nombramientos de los fiscales”. Y señala que uno de los desafíos de este país es justamente “mejorar los niveles de independencia de los jueces”. Además critica la reforma impulsada por el actual gobierno asegurando que va en “dirección equivocada”. “Me parece que la reforma argentina debilita la autonomía del Poder Judicial y de los fiscales”, finaliza Blanco.

En el caso de Brasil, Blanco señala que no existe una separación real entre los roles de control de la investigación y de juicio. Este país “tiene un sistema acusatorio y ministerios públicos bastante autónomos, y la Corte Suprema goza de bastante legitimidad”. El problema es que los fiscales tienen un poder muy grande que no necesariamente se controla adecuadamente”. Explica que “aun cuando los países tengan ministerios públicos muy autónomos, si esa autoridad se traduce en niveles de descontrol o falta de accountability, puede pasar que un fiscal en medio de la crisis política que muchos países viven pueda comenzar a generar su propia agenda y verse a sí mismo como el ‘salvador de la democracia’. Esta situación representa un peligro dado que los fiscales “representan uno de los intereses – el de persecución penal de la comunidad-“ pero no son el único actor que debe garantizar el proceso penal, porque de esa manera “el principio de inocencia quedaría destruido”.

Para poder ver el reportaje de la entrevista se puede ingresar en el siguiente link

https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_PaginaCompleta.cshtml?LPKey=sena6.B4.G/u6.W.Ky4.Sje.I.Z.U.Hl.V3.Y.U.E.W56.Mr.N/d.Y.B.L.Q.Zn.U.%C3%96

 


El pasado 14 de enero se realizó el 12° Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, evento co-organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CiPP. El encuentro contó este año con la participación del académico Gonzalo Ordóñez-Matamoros, PhD en Políticas Públicas del Georgia Institute of Technology y Profesor e Investigador de la Universidad Externado de Colombia, Universidad de Twente en los Países Bajos y Georgia Institute of Technology en Atlanta, quien realizó la conferencia magistral llamada “Revolución Tecnológica, Covid-19 y Mercado Laboral: Retos y Oportunidades para América Latina”.

El Profesor Ordóñez-Matamoro plantea en su conferencia cuatro argumentos centrales: con la aparición del COVID-19 ahora sí comienza la Cuarta Revolución Industrial; el Mercado Laboral será uno de los más afectados, positiva y negativamente; para América Latina no es asunto de “embarcarse” si o no, sino cómo; y por último, el Estado y la educación son fundamentales.

Sobre la Cuarta Revolución Industrial (4RI) explica, citando a Karl Schwab, que se trata de una fusión de los dominios físicos, digítales y biológicos, y que a diferencia de otras revoluciones tecnológicas que han existido en la historia de la humanidad, esta se diferencia por su velocidad, profundidad y alcance. Este proceso de transformación digital se ha acelerado a nivel mundial con la aparición del Covid-19, pudiendo observarse un aumento del teletrabajo y la virtualización del empleo, generando efectos como una modificación de las interacciones sociales y reducción de costos de movilidad y de impactos medioambientales. Los sectores económicos han sido afectados de manera diferente, siendo algunos “ganadores” como los desarrolladores de software, comercio electrónico, y plataformas de streaming, y otros “perdedores”, como el turismo, empresas de transportes, comercio presencial, y la industria del entretenimiento.

Respecto a la región de América Latina, se pregunta “¿Cómo se puede preparar la región para beneficiarse del conocimiento y la tecnología producidas tanto internamente como en el exterior para así innovar, crecer, competir, contribuir al bienestar y salir del atraso que nos caracteriza como región ad portas de la 4RI?”

En el ámbito de la educación, señala como retos para los sistemas educativos en América Latina, la necesidad constante de actualización, de nuevas competencias y habilidades, junto a una renovación de los métodos de enseñanza y el uso de tecnologías para la educación.

Finalmente, reflexiona sobre cuál debiera ser el papel que jueguen las ciencias sociales y humanas en la 4RI en América Latina, situando su aporte en la compresión de las complejidades de la ‘realidad’ y su entorno cambiante, el apoyo a la toma de decisiones ilustrada y a la solución (responsable) de problemas públicos, el aprovechamiento y desarrollo de oportunidades empresariales ‘sostenibles’, la exaltación del ser humano en la sociedad del conocimiento y su apoyo a la inclusión social, a la democracia y a la paz.

A modo de conclusión, señala que el mundo ya experimenta efectos enormes -positivos y negativos- de la 4RI, por lo que si bien América Latina está avanzando, debe hacer más de lo que ya está haciendo. En este sentido, el Estado y la educación deben ser protagonistas, junto con el aporte fundamental que les cabe a las ciencias sociales y humanas, además del de otras ciencias como las ingenierías y la medicina.

Para poder ver la presentación completa se puede ingresar en el siguiente link https://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/archivos/Ordonez-Matamoros_Gonzalo_Pres.pdf

 


EMPLEO PÚBLICO Y SU CALIDAD: La primera línea concreta de la servicialidad del estado en la atención del ciudadano es el nombre del cuarto y último coloquio organizado por el Círculo Legal de ICARE que se realizó este martes 26 de enero, en el que el académico de la Facultad de Derecho e investigador asociado del CiPP, Enrique Rajevic, tuvo la oportunidad de exponer.

Durante su presentación, el académico expuso un panorama general de las características del empleo público en el país y reflexionó sobre diversos temas, uno de ellos, que no obstante los múltiples esfuerzos realizados, como la Ley 20.955 del año 2016 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, seguimos en el país sin la formalización de una igualdad de oportunidades para el ingreso de personas al sector público. También comentó algunas cifras como las que entregó la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos (2019), proyecto liderado por el Servicio Civil, que muestran un alto nivel de compromiso y satisfacción con el trabajo, pero una baja percepción de meritocracia en la contratación en el Estado, donde se puede apreciar que un 36% de los encuestados manifestó que la ayuda de familiares, amigos u otros contactos personales tuvo alguna importancia para conseguir su primer trabajo en el sector público y un 31% considera que la ayuda de un político o alguien con vínculos políticos serán importantes para el desarrollo futuro de su carrera profesional. Finalmente, planteó como interrogantes ¿Por qué se ha preferido mantener un sistema de empleo precario? y ¿qué riesgos representa para la calidad de la gestión y la probidad en el estado?

Este ciclo de coloquios denominados “Conflictos actuales del derecho público y del ejercicio profesional frente al estado”, que comenzó el martes 5 de enero y concluyó este martes 26, tiene dentro de sus objetivos, según sus organizadores, analizar y entender diferentes temas que a diario son de materia jurídica y generar discusiones en torno a asuntos que son claves para la recuperación de la confianza en el Estado y sus instituciones.

Para poder ver nuevamente este ciclo de cuatro capítulos, se puede ingresar al siguiente link

 

Cuarto Coloquio: EMPLEO PÚBLICO Y SU CALIDAD: La primera línea concreta de la servicialidad del estado en la atención del ciudadano


El Diario La Tercera publica columna de opinión del director académico del CiPP en la que reflexiona sobre la importancia de que en su diseño las políticas públicas sean el resultado de la discusión técnica de la academia, de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores. A continuación, compartimos el texto completo de la columna publicada por el medio.

Por Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH

Qué duda cabe que las políticas públicas inciden en la vida de todos los chilenos, en particular en aquellos a los que van destinadas. Sin embargo, la práctica pareciera indicar que no hay consenso en cuanto a que las mejores políticas públicas -aquellas que tienen un mayor impacto por cada peso gastado- sean aquellas que surgen de la discusión entre los que toman las decisiones, la academia que aporta su saber y los ciudadanos a quienes van dirigidas. Las políticas públicas son implementadas por los gobiernos, pero su diseño debe conjugar la discusión técnica que la academia debe y puede entregar, libre de los intereses de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores.

Actividades como el reciente encuentro anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, co-organizado este año por el CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, apuntan en la línea correcta. Lamentablemente, este tipo de instancias son muy pocas en nuestro país y la responsabilidad social universitaria parece estar más bien ausente. Para mostrar la importancia de encuentros como el mencionado, el tema del orador principal fue la 4° revolución industrial, planteándose que los avances tecnológicos, internet e inteligencia artificial van a llevar a que las máquinas desplacen el trabajo humano, tema agravado producto de la crisis sanitaria, el confinamiento y la volatilidad de la economía. De hecho, de acuerdo con el documental “American Factory” (Netflix, 2019), a fines de esta década, un 5% de la población mundial habrá perdido su empleo, desplazado por máquinas. La riqueza de la discusión entre expertos y quienes deben estudiar estos temas en Chile es fundamental para enfrentar la complejidad del problema. La discusión seria plantea interrogantes sobre qué políticas públicas deben ser impulsadas para adaptarse a este nuevo contexto.

No pretendo argumentar que la academia nada ha hecho por Chile; se han diseñado muy buenas políticas públicas desde las universidades, como por ejemplo las evaluaciones sociales de los proyectos de inversión pública que comenzaron a aplicarse hace más de medio siglo en el país. Simplemente, quiero destacar que el diálogo y la discusión de políticas debe amplificarse de modo de no llegar tarde con las propuestas que la sociedad civil espera. En esta tarea el gobierno, cualquiera sea su color o tendencia, debe tener un rol activo, no para monopolizar la investigación científica, sino para convertirse en el articulador de la relación entre la academia que produce conocimiento y su diálogo con la sociedad civil, lo que permite transformar dicho conocimiento en ideas aplicables para responder a las problemáticas que los propios ciudadanos demandan.

Fuente Diario La Tercera

 


Este viernes 15 de enero, se dio inicio al ciclo de webinarios “Diálogos Chile-Unión Europea” en el marco del proceso constituyente en marcha en el país, organizado entre la Comisión Mixta Parlamentaria Congreso Nacional/Parlamento Europeo, la Biblioteca del Congreso, y la Delegación de la Unión Europea en Chile, con el apoyo de EUROsociAL+ programa de la UE para promover la cohesión social.

Las chilenas y chilenos se preparan para elegir a las personas que escribirán la Carta Magna que regirá las bases para avanzar hacia un nuevo Chile. Es en este contexto que se ha organizado este ciclo de diálogos para poder ampliar las miradas y también la información previos a la instalación de la convención constituyente en el mes de abril. El objetivo final, según el programa EUROSOciAL, es “proporcionar modelos, ideas, argumentos y experiencias europeas que puedan tener utilidad y valor como parámetro de comparación para el caso chileno”. Se trata de identificar las preguntas cruciales que todo proceso constituyente debe afrontar en nuestros días y de aportar algunas de las respuestas esenciales y en particular atender a las preguntas centrales en el debate público en Chile”.

El ciclo de diálogos fue inaugurado por representantes de la Unión Europea, el Senado y la Cámara de Diputados. Contó con la participación del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell; la presidenta del Senado de Chile, Adriana Muñoz; el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, la diputada del Parlamento Europeo y co-Presidenta de la Comisión Mixta UE- Chile, Inmaculada Rodríguez-Piñero; el diputado chileno y co-Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE- Chile, Pablo Lorenzini, el Embajador de la UE en Chile, León de la Torre Krais, así como de expertos/as europeos y chilenos.

El proceso constituyente chileno será un referente regional e internacional, señaló Josep Borrel, junto con recalcar que Chile y la Unión Europea comparten valores fundamentales. Destacó la importancia del rol del estado, la organización política del país y las exigencias de una mayor justicia social, como pilares relevantes en la construcción de esta nueva Carta Magna.

Por su parte, Adriana Muñoz, Presidenta del Senado de Chile, enfatizó la importancia de redactar una nueva constitución en un contexto donde Chile enfrenta situaciones de crisis en diversos ámbitos, todos los cuales deben ser abordados. Señaló que la actual constitución, ilegítima en su origen, en lo esencial, está petrificada e impide la modernización de la sociedad. Destacó la urgencia de dejar atrás un país centralizado, con una economía neoliberal, y avanzar hacia un estado que reconozca la pluralidad étnica y un país en donde se logre la igualdad de género en todos los ámbitos y se termine la violencia que hoy se vive. En este sentido, destacó la paridad de género del proceso constituyente como un hito trascendental y único.

En esta primera instancia, se contó con dos ponencias magistrales en torno a los desafíos de una constitución para el siglo XXI. La primera, de Tania Groppi, Catedrática de Derecho Público de la Universidad de Siena en Italia, quien entregó una visión general sobre cómo se construye una nueva constitución, basado en la historia y experiencia europea. La segunda, de Miriam Henríquez, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP. Esta última, reflexionó sobre qué elementos hacen inédito el proceso constituyente en Chile y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que dicho proceso genere un pacto social legítimo en la sociedad.

El ciclo de webinarios se ha estructurado en torno a seis mesas de diálogo, una de ellas con distintas sesiones, y tendrá lugar en los próximos meses hasta la instalación de la Convención Constituyente.

Para más información sobre las próximas fechas y actividades, se puede consultar en el link https://eurosocial.eu/seminarios-web/dialogos-chile-union-europea-lanzamiento-de-la-serie-de-webinarios/

 

La primera actividad del centro es la organización del 12° Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, el jueves 14 de enero, el que por primera vez se desarrolló en modalidad virtual. Este encuentro está abierto a académicos, estudiantes y personas de instituciones públicas, académicas y centros de estudios ligadas a las políticas públicas.

14 de enero, 2021.– El CiPP es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios, que busca promover la incidencia de todos/as las y los investigadores UAH en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.

El CiPP tiene como focos de acción producir, recopilar, sistematizar y difundir la producción y los resultados de los académicos de la UAH en áreas seleccionadas de las políticas públicas, tanto en materia de investigación como de vinculación con el medio. Además, se propone desarrollar e implementar progresivamente un proceso y registro “curatorial” permanente que sistematice, traduzca y articule la producción académica en la UAH y las demandas y desafíos de información para la toma de decisiones en el ámbito de políticas públicas.

El CiPP cuenta con la dirección académica de Eduardo Saavedra, académico de la FEN, quien señaló que se espera que “con ambos focos de acción, que se irán desarrollando secuencialmente, seamos capaces de aportar al país y a sus personas de acuerdo a sus necesidades. En tal sentido, no se trata sólo de impartir conocimiento desde nuestras aulas, sino también de ser capaces de crear un puente con la sociedad para escuchar sus demandas y entregar propuestas a tales fines”.

¿Qué actividades tienen planificadas para este 2021?

Por de pronto, el CiPP ha sido el organizador local del 12 Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, realizado el jueves 14 de enero en modalidad online. Esperamos durante 2021 ir incorporando investigadores asociados al centro, de entre todas y todos los académicos de la UAH que sientan que tienen un aporte que entregar a las políticas públicas de este país. Durante el año iremos progresivamente interactuando en talleres o seminarios, y esperamos tener un encuentro anual con los trabajos de nuestros propios investigadores.

¿Cuáles son las líneas temáticas que trabaja el centro?

Abarca prácticamente la totalidad de los temas de política pública, que para efectos de estructura las hemos dividido en cuatro grandes temas de interés: Política social y bienestar; Estado y mercado; Democracia y ciudadanía; y Modernización y gestión pública.

Dentro de cada gran tema aparecen subáreas que esperamos sean los temas que aúnen el trabajo interdisciplinar en la UAH; ellos son las problemáticas sociales (pobreza, equidad), sectores sociales (educación, salud), trabajo, servicios básicos (energía, agua), regulación financiera, política intersectorial (urbana, ambiental, competencia), ciudadanía, sistema político, personas, justicia, gestión pública, evaluación de políticas, y modernización del Estado.

¿Cuál crees que es la importancia de crear este nuevo centro para la UAH?

La UAH es una universidad con vocación pública. Sus académicos y académicas entregan un aporte notable en este ámbito, tanto en su investigación como en diversas actividades de vinculación con el medio, que duda cabe. Sin embargo, no existe un único paraguas que muestre este enorme trabajo, lo que lo tiende a ocultar, de allí nuestro aporte en el foco de la recopilación, sistematización y difusión de las actividades de nuestros investigadores. El segundo aporte es favorecer las actividades que conlleven el trabajo interdisciplinar, que creemos es la única vía posible para dotar al país de más y mejores políticas públicas. En tal sentido, este centro quiere ir más allá, entendiendo que mucha investigación puede provenir del trabajo de centros disciplinares o incluso interdisciplinares pero en temas acotados. El CiPP no pretende competir con ellos, por el contrario, busca facilitar e incluso aglutinar el trabajo de dichos centros y del trabajo académico en los departamentos y facultades. Nuestro centro, sin querer ser una aduana obligada, espera ganarse la confianza de todos los académicos/as de la UAH y ser la cara visible de nuestra universidad en las políticas públicas.

Más información acerca del CIPP: cippuahurtado.cl

Información sobre el 12 Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.


El próximo jueves 14 de enero de 2021 se realizará el 12° encuentro anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, SChPP, organizado en conjunto con el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, UAH.  Dada la contingencia, el evento será 100% virtual.

En la oportunidad, se contará con la presencia del destacado académico Gonzalo Ordóñez, PhD en Políticas Públicas del Georgia Institute of Technology y Profesor e Investigador de la Universidad Externado de ColombiaUniversidad de Twente en los Países Bajos y Georgia Institute of Technology en Atlanta.

La conferencia, tratará el tema de la Cuarta Revolución Industrial y su implicancia en la educación y el mercado del trabajo. También habrá mesas temáticas sobre educación y cuidado infantil en tiempos de pandemia, el proceso constituyente, productividad, salud mental, políticas sociales y orden público. Click aquí para ver programa del 12 encuentro.

 

El director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, explica el alcance del 12° Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas que co-organiza el CiPP y cuyo tema central es qué tan preparado está Chile para enfrentar la llamada Cuarta Revolución Industrial.

Eduardo Saavedra, académico FEN: «La academia ha hecho mucha y muy buena política pública, sin embargo ha sido insuficiente».
Según el documental American Factory se calcula que 375 millones de personas en el mundo tendrán que buscar nuevos tipos de trabajo en el 2030 debido al reemplazo del ser humano por las máquinas, fenómeno que alerta a los cientistas sociales quienes piensan en nuevas formas de crear conocimiento para instalar profesionales en las futuras estructuras de producción, analizar su impacto en el orden social y aportar en las definiciones del Estado en un país que cambia. Así lo explica Eduardo Saavedra, académico de la Facultad de Economía y Negocios y director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH que organiza el próximo 14 de enero el 12° Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y que este año tiene seis mesas de debate, más de cincuenta panelistas, entre expertos y expositores de trabajos, y como invitado internacional a Gonzalo Ordóñez-Matamoros, PhD en Políticas Públicas del Georgia Institute of Technology y Profesor e Investigador de la Universidad Externado de Colombia, Universidad de Twente en los Países Bajos y Georgia Institute of Technology en Atlanta.

-Este es el segundo año que la UAH es sede de este encuentro. ¿Qué significa para la Universidad aglutinar este nivel de debate en un momento de urgencia y de profunda crisis sanitaria y económica?-

-La UAH es una universidad enraizada en Chile, en su cultura, economía y sociedad, con un enorme compromiso de vocación pública. Este compromiso trasciende nuestra actividad académica y nos lleva a aportar en la discusión de más y mejores políticas, incluyendo por supuesto aquellas relacionadas a las crisis sociales, sanitarias y económicas que actualmente enfrentamos. De allí que hemos elegido para este encuentro temas de primera necesidad como el que nos hablará el invitado internacional acerca de la cuarta revolución industrial y sus efectos económicos y sociales. En las mesas temáticas tenemos diversos invitados, incluyendo académicos/as de las Facultades de nuestra universidad, en que se conversará acerca de la pandemia y las políticas de salud mental, nueva constitución y territorio, orden público y modernización de nuestras policías, la productividad en el contexto de la recuperación económica, educación de calidad y las políticas sociales prioritarias. La elección de estos temas tiene el sello de la UAH y esperamos que generen un intercambio de ideas que enriquezca las políticas públicas del país.

-¿Cuáles son las preguntas fundamentales que se quieren responder en cuanto al futuro próximo de la Cuarta Revolución Industrial?-

-Internet existe hace muchos años, pero es un fenómeno más reciente que las máquinas se conecten entre sí y tomen decisiones a partir del análisis de los datos, que puedan aprender y perfeccionarse sin la intervención humana. Esto es lo que caracteriza de alguna forma la Cuarta Revolución Industrial: las fronteras entre lo humano y lo digital se tornan borrosas y lo tecnológico permea casi todos los campos de la sociedad. El coronavirus ha venido a acelerar aún más este proceso, disparando el uso de big data, la inteligencia artificial, las apps, entre otras cosas.

Para las ciencias sociales en general, es decir las disciplinas que tienen como centro de estudio al individuo y la sociedad, hay un rol fundamental en formar criterio para comprender la complejidad de esta realidad y ayudar a adaptarnos a su cambio permanente. De esta manera, las preguntas que se quieren responder tienen que ver sobre qué políticas públicas debiesen ser impulsadas por los estados para adaptarse a este nuevo contexto. Por ejemplo, además del desempleo que ya está dejando el confinamiento y la volatilidad de la economía, una aceleración del desarrollo tecnológico con el coronavirus también puede desencadenar el desplazamiento de cierto tipo de trabajos que hoy hacen personas, se calcula que 375 millones de personas en el mundo tendrán que buscar nuevos tipos de trabajo en 2030 según el documental American Factory.

-Según su experiencia: ¿Cómo debería la academia enfrentar estas transformaciones para no llegar tarde con la contribución del conocimiento?-

-La academia ha hecho mucha y muy buena política pública, sin embargo ésta ha sido insuficiente, y sobre todo el trabajo académico ha estado acotado a las miradas de cada disciplina. En otras palabras, con escaso diálogo interdisciplinar, como el que propone la Sociedad Chilena de Políticas Públicas con estos encuentros anuales. Precisamente, la discusión de los temas que intenciona este encuentro contribuye a no llegar tarde con las propuestas que nuestro país requiere. Pero esto es un primer paso, se requiere también de nuestra capacidad de realizar propuestas con múltiples miradas, en donde academia, sociedad y sector público acuerden los grande hitos que Chile debe ir enfrentando.

-¿Usted cree que es hora de redefinir lo que es una política pública? En ese sentido: ¿Qué tenemos que entender los chilenos sobre el rol del Estado?-

-No veo por qué debamos redefinir una política pública, éstas son las que son y más allá de cómo pretendemos definirla, lo importante es hacer políticas públicas. Se trata de un ejercicio que mezcla sanamente el trabajo académico con las necesidades de una sociedad que requiere de los talentos que están y que sean capaces de responder a las demandas de la sociedad. El Estado debe tener un rol más activo, no para monopolizar la investigación científica, ni menos para realizar propuestas desconectadas e incoherentes, como sucede a menudo. Por el contrario, el rol del Estado debe ser ante todo el gran articulador de la relación entre la academia que produce conocimiento y su diálogo con la sociedad para transformar dicho conocimiento en ideas aplicables para responder las problemáticas de la sociedad. Luego, obviamente, implementar las propuestas. Mi crítica es al rol mínimo que ha tenido el Estado en la producción de conocimiento aplicado en Chile, que no sólo se refleja en el escaso aporte público a la investigación científica, sino a las erráticas políticas de apoyo a la investigación aplicada.

-Y sobre el invitado internacional: el PhD Gonzalo Ordóñez-Matamoros, experto en innovación, tecnología y gestión del conocimiento. ¿Cómo se gestó la relación con él y qué se espera de su contribución?-

-Gonzalo Ordóñez-Matamoros es entre otras cosas, profesor asistente e investigador asociado al departamento STePS (Science, Technology, and Policy Studies) de la Facultad de Gestión y Gobernanza de la Universidad de Twente en los Países Bajos. Fue precisamente en los Países Bajos, donde coincidió con el profesor de la UAH Ignacio Cienfuegos, cuando éste realizó sus estudios de Doctorado, generándose una relación de colaboración académica permanente. Cuando, en conjunto con el directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, decidimos concentrar la discusión del encuentro de este año en la cuarta revolución industrial, el nombre de Gonzalo generó amplio consenso dada su experticia en gobernanza y gestión del conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Consideramos que su trayectoria no es solo académica, sino también como hacedor de políticas públicas, así como su mirada desde Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, puede darnos un marco de discusión amplia y comprensiva sobre la temática que priorizamos.

El CiPP es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios, que busca promover la incidencia de todos/as las y los investigadores UAH en la creación e implementación de políticas públicas, sustentadas en la interdisciplinariedad de la investigación académica, el diálogo permanente con los actores sociales, y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.

El 12 Encuentro Sociedad Chilena de Políticas Públicas es virtual y el programa completo con las conferencias está disponible en stagewebinar.cl/12encuentroschpp-uah Este año se incluye por primera vez una categoría de afiches para alumnos tesistas que expondrán durante el encuentro.

 

Ignacio Cienfuegos, Investigador asociado del CiPP, liderará en calidad de jefe de proyecto a un equipo de la Universidad Alberto Hurtado, que desarrollará la “Consultoría para la Actualización de la Herramienta Diagnóstico de la Calidad de la Gestión Municipal 2021 – 2023”, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE (E15459/2020). Este diagnóstico se aplica desde el año 2010 a las 345 municipalidades del país.

El objetivo de la consultoría es revisar, analizar, evaluar y actualizar, tanto los contenidos como la estructura de dicho instrumento diagnóstico, con el propósito de asegurar que éste responda efectivamente a las demandas de información necesarias para la implementación de la política pública de fortalecimiento de la gestión municipal.

Entre los ejes estratégicos formulados por la Dirección de Presupuesto, DIPRES, se propone, en materia de mejoramiento de la gestión institucional nacional, el Programa Marco para la Gestión de Calidad en la Administración Pública, en el cual se determina que, superadas las primeras etapas de mejoramiento, con predominancia de certificaciones ISO, se aplicarían, en el marco avanzado, los modelos de gestión de excelencia para las instituciones públicas, basados en el Modelo Chileno de Excelencia.

 

 

Cecilia Osorio Gonnet, investigadora asociada del CiPP publicó «Actores en procesos de transferencia de políticas sociales en América Latina” en Nota de investigación en Estudios Públicos 160 (2020), 121-130.

En esta nota de investigación se aborda el rol de los actores en los procesos de formulación de políticas sociales y en su transferencia entre países de América Latina. El diverso grupo de actores que es posible identificar en la literatura incentiva a ajustar la discusión sobre algunas de sus particularidades: carácter individual o colectivo, rol técnico o político. A través de este ejercicio se perfilan futuras líneas de trabajo y una nomenclatura —tecnócrata social—, las que aportan tanto a la literatura acerca de políticas públicas en Chile como a los estudios respecto de la transferencia y la difusión de políticas en América Latina.

Documento de investigación disponible en el siguiente: Link (DOI) (Latindex).

 

 

Enrique Rajevic, investigador asociado del CiPP, participó con la ponencia «De Duguit al derecho regulatorio: la mutación del servicio público en Chile y sus límites» en las XVI Jornadas de Derecho Administrativo (2019/2020) dedicadas a “La Actividad De Servicio Público”, que organizaron la Universidad de Talca y la Asociación de Derecho Administrativo.

Enlace de la exposición: Link

 

 

Héctor Oyarce, investigador asociado del CiPP, en su calidad de miembro-director del Núcleo Interdisciplinario de Políticas Públicas y Enfoque de Derechos, NIIPDH, participará en un proyecto que elaborará 12 cápsulas informativas sobre los derechos humanos (DDHH): «Qué debemos saber sobre los DDHH y qué debemos hacer para cumplirlos y exigir su respeto, protección y garantías por parte del Estado, las Autoridades e Instituciones Públicas, incluidas las FFAA y Policías, en y por Chile 2020-2021». Este proyecto se desarrolla en forma colaborativa con los profesores Andrés Castro y Sebastián Cox (Optativos de Formación General, OFG). Cabe señalar que participan de esta iniciativa alumnos y docentes de otras facultades, tales como Facultad de Derecho, Carrera de Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo Social, Psicología.

 

 

Ciudadanos, Economía y la Nueva Constitución

Eduardo Saavedra P.

Este artículo plantea que cuando una persona es vista como un ciudadano, es decir de manera más compleja que sólo como un consumidor, las bases mismas de los beneficios de nuestro modelo económico basado en la sola competencia y la búsqueda de mayores eficiencias queda con muy pocos defensores fuera de la profesión. La mirada estrecha de consumidores les margina a los ciudadanos de derechos diferentes a los meramente económicos, lo que les hace sentir excluidos y abusados por el sistema económico que nos gobierna; abusos desde el propio Estado, desde las empresas e incluso desde las grandes empresas en contra de pequeños emprendedores. Ello plantea que un nuevo pacto social debe diseñarse constitucionalmente desde un Estado garante tanto de la propiedad privada como de la satisfacción de una serie de bienes y servicios básicos. Bajo este equilibrio de derechos, un nuevo Estado que pasa a ser un actor relevante en el progreso social de todos sus ciudadanos, mostrándose con un rostro más humano que debería traer a Chile mayor y mejor progreso social que el alcanzado en las últimas décadas.

Disponible en el siguiente Link.