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El negacionismo fomenta el odio y la repetición de las violaciones de los derechos humanos

La investigadora del CiPP de la UAH, Lieta Vivaldi, fue entrevistada por el medio Agenda Estado de Derecho, junto a las expertas Antonia Urrejola y Yanira Zúñiga, donde analizó los discursos negacionistas, el proyecto de ley que busca sancionarlos y cómo estos afectan a la democracia y el Estado de derecho.
“A 50 años del golpe de Estado en Chile, se torna necesario enviar un mensaje a la sociedad que establezca con claridad que hechos como los que ocurrieron durante la dictadura, no pueden volver a ocurrir”, así de tajante es la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, Lieta Vivaldi, quien fue entrevistada por el medio Agenda Estado de Derecho, junto a las expertas Antonia Urrejola y Yanira Zúñiga, donde analizó los discursos negacionistas, el proyecto de ley que busca sancionarlos y cómo estos afectan a la democracia y el Estado de derecho.

Con relación al proyecto presentado en el Congreso que busca sancionar a quienes nieguen, aprueben o justifiquen los hechos ocurridos durante la dictadura, Lieta Vivaldi, quien es consejera del INDH, explica que la libertad de expresión, tal como se la ha reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede tener restricciones. “El proyecto presentado es claro en sancionar a quienes nieguen, aprueben o justifiquen los hechos ocurridos y reconocidos en las Comisiones estatales de verdad que se han realizado desde el retorno a la democracia, y que tengan como consecuencia la afectación de derechos o alteración del orden público, lo que está ajustado a los estándares internacionales en la materia”, puntualiza la experta.

La académica de la Facultad de Derecho de la UAH, explica que los actos o discursos negacionistas tienen un impacto real pues, generalmente son figuras públicas y reconocidas, que con sus dichos validan ciertos discursos “Las personas comienzan a pensar que esos discursos son aceptables en la sociedad, con la consecuencia que se diluye en el consenso social que establece que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser permitidas en sociedades democráticas y, sobre todo, se crea el clima propicio para su repetición”, afirma Lieta Vivaldi.

Para la abogada el negacionismo atenta contra los principios básicos de convivencia y democracia, ya que no reconoce la historia, ni tampoco lo experimentado por las víctimas y sus familiares lo que va en contra de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales y la Constitución. Frente a una vulneración de estos derechos fundamentales, explica la académica, se está obligado a investigar en forma seria, imparcial y de oficio, sancionando adecuadamente a quienes resulten responsables y reparando en forma integral a las víctimas, además de establecer garantías de no repetición.

Puedes leer esta entrevista en el siguiente enlace.

Cristián Geldes participó en un encuentro para promover la innovación en las empresas del país.
El investigador del CiPP de la UAH, Cristián Geldes, participó en el segundo encuentro de la Red Chilena de Investigadores en Innovación que se realizó en el Campus Curicó de la Universidad de Talca cuya temática central fue “Los desafíos de la ciencia, la tecnología y la innovación para la transición hacia una sociedad sostenible e inclusiva”.Fuente: FEN UAH

Cristián Geldes, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) participó, junto a Rodrigo Ortiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, en el  segundo  encuentro de la Red Chilena de Investigadores en Innovación. La actividad se desarrolló el 6 y 7 de septiembre en el Campus Curicó de la Universidad de Talca.

Geldes participó como moderador en dos instancias del encuentro. La mesa de debate titulada “El rol de la innovación empresarial en la transición hacia una sociedad sostenible e inclusiva” y, luego en la mesa “Colaboración y transferencia tecnológica para la innovación”.

Durante el evento, el académico de la FEN UAH, Rodrigo Ortíz, presentó el trabajo titulado “Percepciones empresariales de los obstáculos para la innovación en Chile según la ubicación geográfica: Análisis con enfoque de pseudo-panel de datos”. La investigación, coautoreada con Cristian Geldes también de la FEN UAH y Fabiola Jeldes de la Universidad de Valparaíso tuvo por objetivo analizar si las empresas perciben de forma distinta los obstáculos para innovación de empresas, según su localización geográfica en Chile: zona norte, zona centro o zona sur.

Esto, en base a un pseudo panel, construido con 5 versiones de la Encuesta de Innovación Chilena, abarcando un período de estudio que va desde el 2007 a 2016.

El encuentro contó con la presencia de la subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, y congregó a investigadores de diferentes disciplinas que estudian el fenómeno de la innovación. El objetivo del evento fue promover el trabajo interdisciplinario y el diálogo sobre investigación en innovación desde una amplia variedad de perspectivas, incluyendo la cognitiva, de comportamiento, de psicología social, sociológica, antropológica, de administración, social y económica, con la finalidad de proveer información a los tomadores de decisión pública y privada que buscan promover el desarrollo socioeconómico del país.

Coloquio CiPP: La urgencia de contar con un Sistema Nacional de Cuidados

Un coloquio que analizó el derecho al cuidado, la realidad de las personas que ejercen labores de cuidado en Chile así como la problemática del trabajo no remunerado, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) se desarrolló este jueves 31 de agosto en el Campus B de esta casa de estudios.

El encuentro denominado “¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?” fue inaugurado por la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien destacó que este es uno de los proyectos más relevantes del gobierno y afirmó que parte de lo que se recaude con la propuesta del pacto fiscal favorecerá este programa. “Esta es una de las iniciativas que se beneficiarán con la mayor recaudación tributaria que se pretende”, enfatizó Paula Poblete.

Por su parte, la directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha, señaló en su saludo inicial que este conversatorio es el primero de otros tres que se efectuarán durante este segundo semestre. “Serán una plataforma de reflexión interdisciplinaria entre las y los académicos y académicas adscritos al centro y con actores del mundo político, social, sindical, empresarial y de la sociedad civil en general, en temas de la agenda pública que son urgentes de abordar como país, identificando recomendaciones para las y los tomadores de decisiones”, destacó Ximena b.

En la actividad, las investigadoras del CiPP Lieta Vivaldi y Ana María Fernández junto a la académica Victoria Martínez expusieron las principales conclusiones del policy paper “¿Derecho a cuidar?: modificaciones necesarias para avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género”, en el que señalan que Chile debe avanzar en el reconocimiento constitucional del derecho a los cuidados,  la creación de un Sistema Integral de Cuidados con participación de la sociedad civil junto con modificar patrones socioculturales que establecen roles de cuidado del hogar y la familia en las mujeres e incorporar los cuidados como algo necesario para la conciliación vida laboral y familiar.

Luego se contó con un selecto panel de reflexión que fue moderado por Eduardo Saavedra, director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, que estuvo integrado por Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de OIT para el cono sur; Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer; Malucha Pinto, destacada actriz y autora del libro «Cartas para Tomás” y Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa.

Patricia Roa, recalcó que la sociedad chilena debe ponerse de acuerdo en cómo se financiará esta iniciativa y asumir que todos y todas en alguna etapa de la vida requeriremos recibir cuidados. “No hay experiencia en el mundo en que estos sistemas funcionen sin una cuota de solidaridad”, explicó Roa.

Roa manifestó que para la OIT es muy importante que las personas cuidadoras que no son familiares y que ejercen esta tarea puedan acceder a un trabajo digno y que no se conviertan en trabajadores y trabajadoras de segunda clase. “Nosotros tenemos una larga tradición de trabajos considerados de segunda clase que felizmente superamos, pero no hace mucho las trabajadoras de casa particular tenían salario mínimo y jornada laborales diferenciadas”, acotó la oficial de programación de la Oficina de la OIT para el cono sur

Por su parte, Alejandra Sepúlveda, destacó que la necesidad de contar con un sistema de cuidados es un anhelo que tienen como organización desde hace muchos años. “Los estudios nos han mostrado que las mujeres tienen como principal barrera para su autonomía el cuidado porque es una tarea que recae en forma poco proporcionada sobre ellas”.

Sepúlveda se refirió a la campaña “Estar a cargo también es carga” realizada por Comunidad Mujer el año pasado que fue una encuesta aplicada a aproximadamente 20 mil personas que mostró que entre las mujeres existe mucho estrés. “Son las mujeres las que se encargan también de planificar y gestionar todo este sistema de cuidados teniendo la sensación de que son el pilar, lo que tiene un fuerte efecto en su salud mental”.

Camila Valenzuela, asesora de Sofofa, afirmó que la principal preocupación desde el mundo empresarial en materia laboral es el aumento de la informalidad “es un problema que afecta principalmente a las mujeres”, señaló. Agregó que Sofofa entregó 35 propuestas en materia laboral el año 2022 que consideran avanzar en conciliación vida laboral y familiar con medidas como sala cuna universal y bonos compensatorios para cuidadores/as, entre otras materias.

Malucha Pinto, por su parte, llamó a crear espacios para aumentar los canales de participación de las mujeres en política para que ellas puedan tomar decisiones e influir en la elaboración de las políticas públicas. “Hay que abrir los caminos para que se recomponga el tejido social, hay que alimentar y fortalecer el mundo de los territorios, el mundo de los barrios, porque eso es lo que podría ir garantizando que tengamos políticas públicas acordes a la realidad”, puntualizó la artista. 

El encuentro finalizó con la presentación de conclusiones que realizó la investigadora CiPP y decana de la Facultad de Derecho Miriam Henríquez, quien destacó el consenso entre las y los participantes de que los cuidados “son un problema social que requiere una solución integral y participativa”. Luego, señaló que se realizaron recomendaciones en lo laboral y constitucional. “En lo laboral,  reconocer los derechos laborales sin distinción de género y ajustar el marco normativo que se ha calificado como desfasado y anacrónico” y en lo constitucional, “la necesidad de reconocer el derecho constitucional a los cuidados, porque los actuales derechos no satisfacen las necesidades que implican”, indicó la académica.

 

 Paula Poblete, subsecretaria de evaluación social: “El Sistema Nacional de Cuidados es prioridad para el gobierno”

En la inauguración del Coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer? Organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, afirmó que Chile requiere un sistema nacional de cuidados y declaró que este es uno de los proyectos más importantes para el primer mandatario.

“El sistema nacional de cuidados es muy relevante en el programa de gobierno del Presidente Boric”. Así lo destacó Paula Poblete, subsecretaria de evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia durante su intervención en el Coloquio “¿Por qué  los cuidados tienen rostro de mujer?”, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado realizado en el Campus B de esta casa de estudios.

“Ustedes tienen un rol fundamental como formadores en el cambio cultural y el apoyo que pueden hacer a ese nivel, pero también desde el lado de la investigación con nuevas preguntas y análisis de los resultados”, comentó la autoridad de gobierno quien agregó que todas las evaluaciones que deriven en recomendaciones serán bienvenidas. “No es solo un discurso que queramos diseñar políticas públicas basadas en evidencia”, puntualizó la subsecretaria.

La idea del gobierno es garantizar el cuidado y el derecho a cuidar mediante una red intersectorial de servicios públicos, privados y comunitarios. Para fin de año esperan presentar un proyecto de ley que dé vida al sistema nacional de cuidados. En ello está trabajando el CAPI, comisión asesora presidencial interministerial de carteras que tienen servicios asociados a los cuidados por edad o funcionalidad. 

Este consejo, constituido en abril de este año, deberá proponer al Presidente de la República los fundamentos, principios, componentes y lineamientos para esta Política desde una perspectiva de derechos humanos, considerando un enfoque de género, interseccional e intercultural; así como establecer, un marco regulatorio para la creación de un Sistema Nacional e Integral de Cuidados. El trabajo se centra en los principios de derecho al cuidado (cuidar y ser cuidado), promoción de la autonomía y corresponsabilidad. 

Poblete se refirió a los principales desafíos que se enfrentan en este camino. “El trabajo interministerial en el Estado es súper complejo, súper difícil integrar, articular la oferta que existe y comprometer su gestión en el largo plazo”, aseguró la subsecretaria. La tarea es generar nuevas ofertas, sobre todo para las personas cuidadoras que son un nuevo actor en este sistema.

En los avances destacó la implementación del registro de cuidadoras. Aunque explicó que si bien se estima un universo de 600 mil personas, sólo se han inscrito cerca del 10%, lo que se explica, probablemente, dice la autoridad, porque la oferta no parece atractiva. Además, mencionó el aumento de la cobertura en 90 comunas del PRELAC, programa de la red local de apoyo y cuidados; la implementación de 57 centros diurnos de cuidados; y la construcción de dos establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

Junto con estos avances enfatizó que ChileValora, entidad responsable del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, está trabajando en el levantamiento de un perfil ocupacional de las cuidadoras gerontológicas, para discapacidad severa, socio comunitaria, niños y niñas a nivel primario que permita luego avanzar en su certificación.

Investigadoras CiPP formulan amplias propuestas de política pública para avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género en el cuidado.

Las investigadoras del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, Lieta Vivaldi y Ana María Fernández, junto a la académica Victoria Martínez expusieron las principales conclusiones y recomendaciones del policy paper “¿Derecho a cuidar?: modificaciones necesarias para avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género” elaborado de manera interdisciplinaria para el coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?

Los cuidados son actividades esenciales de la humanidad que todas las personas reciben y ejercen a lo largo de la vida. Hay consenso en reconocer que tradicionalmente han sido las mujeres las que han realizado ese trabajo en forma no remunerada, afectando su acceso y permanencia en el mercado laboral. Así lo señalan las investigadoras del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Lieta Vivaldi y Ana María Fernández, quienes junto a la académica Victoria Martínez expusieron las principales conclusiones del policy paper “¿Derecho a cuidar?: modificaciones necesarias para avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género” elaborado para el coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?

La división sexual del trabajo se expresa en que los cuidados son asumidos principalmente por las familias y al interior de estas, por las mujeres, generándose una carga desproporcionada para ellas. “En Chile la distribución de los cuidados, así como en todo el mundo es muy desigual y son las mujeres las que realizan más labores de cuidado no remunerados”, explicó la académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Victoria Martínez, en su presentación. La pandemia del COVID-19 profundizó dicha brecha. En Chile, en julio del 2020, un 57% de los hombres dedicó cero horas a la semana al cuidado de hijos e hijas menores de 14 años, un 71% dedicó cero horas a su acompañamiento escolar y un 38% de los hombres dedicó cero horas a las tareas domésticas. “La pandemia provocó una crisis con los cuidados que produjo que las mujeres tuvieron que salir del mercado del trabajo o restringir su jornada laboral y acortarla”, destacó la investigadora del CiPP, Ana María Fernández.

Fernández, quien es académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, explicó que las cifras que se han dado sobre informalidad laboral en la última publicación del Instituto Nacional de Estadística, INE, muestran que las mujeres profesionales y con educación superior, como magister y doctorado, son el colectivo donde mayoritariamente se está concentrando el trabajo informal. Además, puntualizó que los contratos de media jornada o tiempo parcial son mayoritariamente de mujeres porque eso les permite tener un cierto nivel de autonomía para poder ejercer la tarea de cuidar.

En la exposición se planteó la necesidad de contar con un marco institucional y normativo que sea capaz de distribuir los cuidados a través de las políticas públicas, impulsando cambios en los comportamientos esperados entre los padres y madres trabajadoras. “Algo está pasando que ni las políticas públicas, ni tampoco los actores sociales, ni nuestro marco normativo laboral, están satisfaciendo las necesidades que estamos observando día a día en las familias y, en concreto, el precio lo están pagando las mujeres”, explicó Ana María Fernández.

Ana María Fernández, recalcó que si bien el teletrabajo permite a las cuidadoras laborar desde casa, es también una oportunidad para los empleadores que pueden economizar. “Hay un ahorro de las empresas en un momento que se está trasladando a la baja de las cotizaciones previsionales de estos trabajadores y trabajadoras”, dice Fernández.

Victoria Martínez, afirmó que las últimas estadísticas en niños que cuidan a otros niños muestran también que son niñas las que atienden las necesidades de sus hermanos y hermanas más pequeños. Aquí nuevamente se refleja un sesgo de género que ha impactado en el desempeño académico de estas pequeñas cuidadoras. “La creación de un Sistema Nacional de Cuidados y la elaboración de políticas públicas sobre esta realidad podría mejorar el ejercicio de derechos de niñas y niños”, señaló la académica.

Por su parte, la investigadora CiPP, Lieta Vivaldi, profundizó en cómo los cuidados han sido concebidos a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. “A nivel internacional, han sido reconocidos algunos aspectos del derecho al cuidado y el derecho a cuidar, en particular en relación con ciertos grupos en situación de dependencia, como en documentos regionales que emanan de conferencias intergubernamentales, destacando los convenios de la OIT sobre conciliación y los derechos de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares Convenio (N°156) y (N°183) sobre protección de la maternidad”, señaló la académica.

Finalmente, Lieta Vivaldi, quien es académica de la Facultad de Derecho de la UAH, resumió las principales recomendaciones de política pública que las investigadoras destacan en el Policy Paper que fue presentado en el coloquio, para avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género en materia de cuidado.

“Vemos necesario avanzar en el establecimiento de un marco normativo que reconozca el derecho a los cuidados en sus distintas manifestaciones, para lo cual resulta fundamental, el reconocimiento constitucional del derecho a los cuidados”, explicó la académica.

También destacó que consideran necesario modificar el paradigma de trabajador y trabajadora para alcanzar un genuino trabajo decente, incorporando los cuidados como algo necesario para la conciliación vida laboral y familiar, así como para promover la igualdad de género en el trabajo.

Sobre el rol del sector privado, la académica indicó que les parece necesario que se avance en medidas concretas. “Una medida clave es implementar la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales …”. 

Respecto al proyecto del gobierno de avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, señaló “esperamos que el Sistema se concrete, que tenga un enfoque integral y que haya participación de la sociedad civil”, concluyó Vivaldi.

Malucha Pinto: “Necesitamos un Estado que cuide”

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

La actriz, exconstituyente y activista por la integración y los derechos humanos, Malucha Pinto, fue una de las panelistas del Coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de Mujer?, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP. Al término del evento, profundizamos con ella sobre su experiencia como mamá de un hijo con parálisis cerebral, su rol de activista y su visión sobre los desafíos constitucionales.

“Cuidar es un regalo. Ser parte de la vida de Tomás y cuidarlo como le he cuidado ha significado para mi muchas puertas profundas, personales, profesionales que se me han abierto. Evidentemente también es cansador no solo por el ejercicio propio del cuidado que tiene que ver con horas, precarización laboral y económica, sino que también porque es un constante desafío, ya que cuidar a alguien significa que uno está siempre desafiada a entender la vida de otra manera”, así responde la actriz Malucha Pinto cuando se le pregunta cómo ha sido su experiencia como madre de un hijo que requiere apoyos constantes y quien la inspiró a escribir el libro “Cartas para Tomás”.

Malucha Pinto, quien es una activista por los derechos humanos y la integración, destacó que la Convención Constitucional en la que le tocó participar, ha sido el mayor espacio democrático que ha existido en Chile para discutir la opción de tener un Estado garante de derechos universales. Además, acentuó que lo que se propuso fue constituir un Estado solidario con democracia inclusiva y paritaria reconociendo como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

La ex constituyente afirmó que es clave que las mujeres participen en política, ya que en la actualidad no tienen participación en la creación de políticas públicas. “Hemos hablado en este coloquio mucho de la participación de las mujeres en el mundo laboral y sin duda es muy importante. Sin embargo, la participación política de la mujer es primordial, ya que quienes hacen las políticas públicas de vivienda, de salud, etc.  son muchas veces los hombres. Es básico que cada institución sea paritaria”, declaró la dramaturga.

Malucha Pinto llamó a recomponer el tejido social para que se pueda construir una democracia desde las comunas y los territorios “porque eso es lo que podría ir garantizando que tengamos políticas públicas acordes a la realidad” recalcando que tener un Estado cuidador con un sistema de cuidados es un paradigma cultural muy diferente al que hemos conocido durante estos últimos 50 años que deja afuera a las mujeres, personas mayores, ciudadanos con discapacidad, etc.

¿Chile debe tener un Sistema Nacional de Cuidados?

“Me parece fundamental que exista este sistema y que tenga una categoría constitucional porque es una manera de reconocer este espacio como parte del pacto social y el derecho que tenemos a cuidar y ser cuidados. Necesitamos un Estado que cuide y que sea solidario y que desde ahí se establezca esta mirada sobre el cuidado para asentar este sistema en el país”.

¿Cómo ha sido su experiencia como mamá de Tomás?

“El tema de los cuidados es fuerte y demandante, es necesario hacer una transformación personal porque estamos colonizadas por el patriarcado donde las mujeres nos validamos por el sacrificio, la entrega, el cansancio, etc. Uno se valida en la medida que es una mujer sacrificada que lo da todo y se entrega por completo. Nos vamos cansando y no solo uno, sino que también tus redes de apoyo y va pasando el tiempo y obviamente vas envejeciendo y tienes en mi caso una guagua para siempre lo que es un tema complejo donde evidentemente el Estado debiera tener caminos profesionalizados y asequibles”.

En la antigua propuesta constitucional se contemplaba un Estado que garantizaba derechos universales como el del cuidado, pero finalmente la ciudadanía lo rechazó ¿Cómo explica este fenómeno?

“Esto era la crónica de una muerte anunciada por varios aspectos. El primero es que es imposible escribir una constitución en tan poco tiempo, sobre todo en un espacio tan democrático donde había gente tan diversa y donde no existían metodologías, simplemente tomamos las del Congreso. No se establecieron otros mecanismos que permitieran llegar a acuerdos y escucharnos realmente. En el primer tiempo que fui parte de la Comisión de Participación Popular estaban concebidos plebiscitos intermedios en los cuales íbamos a ir consultando a la ciudadanía respecto a los temas, lo que nunca pudo ser. Nosotros después de los primeros tres meses nos encerramos en el Congreso porque había que terminar el 4 de julio, entonces perdimos mucho contacto con la ciudadanía, dejamos de ir a nuestros territorios y solo teníamos contacto con la gente que llegaba hasta el Congreso que obviamente son las personas más politizadas, más autoconvocadas y en definitiva no eran una muestra de lo que es este país”.

¿Qué más sucedió?

“Otro gran aspecto es que somos un país que durante 50 años no tuvo ninguna noción en su cuerpo de lo que es un derecho universal garantizado porque en realidad no sabemos lo que es eso. Todo lo que se ha conseguido en Chile, desde la gente más pobre hasta las personas más ricas, ha sido gracias a su sacrificio y a su esfuerzo. No tenemos registro de lo que es solidaridad y de lo que es tener derechos. Esta propuesta constitucional planteaba un Estado social”.

¿Qué rol jugaron los medios de comunicación?

“Los medios de comunicación están concentrados en las manos de los dueños de este país y lograron transmitir la idea de que te iban a quitar lo que era tuyo y eso no es un derecho, sino que es algo que te ha costado con mucho sacrificio. Creo que ese mensaje fue una verdadera bomba porque además la gente no lee y se queda con el titular”.

¿Faltó información?

“Fue un texto que no se pudo dar a conocer bien, siempre pensamos que existiría una etapa de educación popular en la cual se iría a las comunidades donde se leería la propuesta constitucional, conversaríamos, discutiríamos, etc. A lo que se suma como te decía anteriormente que en Chile no se lee y que tenemos un sistema educacional sin educación cívica, con baja presencia de la historia, de las letras, de todo lo humanista lo que también ayudó e hizo que todo esto cayera en el vacío”.

La urgencia de contar con un Sistema Nacional de cuidados

Un coloquio que analizó el derecho al cuidado, la realidad de las personas que ejercen labores de cuidado en Chile así como la problemática del trabajo no remunerado, organizado por el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) se desarrolló este jueves 31 de agosto en el Campus B de esta casa de estudios.

El encuentro denominado “¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?” fue inaugurado por la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien destacó que este es uno de los proyectos más relevantes del gobierno y afirmó que parte de lo que se recaude con la propuesta del pacto fiscal favorecerá este programa. “Esta es una de las iniciativas que se beneficiarán con la mayor recaudación tributaria que se pretende”, enfatizó Paula Poblete.

Por su parte, la directora ejecutiva del CiPP, Ximena Concha, señaló en su saludo inicial que con este encuentro se inaugura un Ciclo CiPP sobre políticas públicas que considera cuatro coloquios que se efectuarán este segundo semestre. “Serán una plataforma de reflexión interdisciplinaria entre las y los académicos y académicas adscritos al centro y con actores del mundo político, social, sindical, empresarial y de la sociedad civil en general, en temas de la agenda pública que son urgentes de abordar como país, identificando recomendaciones para las y los tomadores de decisiones”.

En la actividad, las investigadoras del CiPP Lieta Vivaldi y Ana María Fernández junto a la académica Victoria Martínez expusieron las principales conclusiones del policy paper “¿Derecho a cuidar?: modificaciones necesarias para avanzar hacia una corresponsabiidad social y de género”, en el que señalan que Chile debe avanzar en el reconocimiento constitucional del derecho a los cuidados,  la creación de un Sistema Integral de Cuidados con participación de la sociedad civil junto con modificar patrones socioculturales que establecen roles de cuidado del hogar y la familia en las mujeres e incorporar los cuidados como algo necesario para la conciliación vida laboral y familiar.

Luego se contó con un selecto panel de reflexión que fue moderado por Eduardo Saavedra, director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, que estuvo integrado por Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de OIT para el cono sur; Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer; Malucha Pinto, destacada actriz y autora del libro «Cartas para Tomás” y Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa.

Patricia Roa de la OIT, recalcó que la sociedad chilena debe ponerse de acuerdo en cómo se financiará un “Sistema Nacional de Cuidados” y asumir que todos y todas en alguna etapa de la vida requeriremos ser cuidados. “No hay experiencia en el mundo en que estos sistemas funcionen sin una cuota de solidaridad”, explico Roa.

La presidenta ejecutiva de ComunidadMujer, Alejandra Sepúlveda, destacó que la necesidad de contar con un sistema de cuidados es un anhelo que tienen como organización desde hace muchos años. “Los estudios nos han mostrado que las mujeres tienen como principal barrera para su autonomía el cuidado porque es una tarea que recae en forma poco proporcionada sobre ellas”.

Camila Valenzuela, asesora de Sofofa, afirmó que la principal preocupación desde el mundo empresarial en materia laboral es el aumento de la informalidad “es un problema que afecta principalmente a las mujeres”, señaló. Agregó que Sofofa entregó 35 propuestas en materia laboral el año 2022 que consideran avanzar en conciliación vida laboral y familiar con medidas como sala cuna universal y bonos compensatorios para cuidadores/as, entre otras materias.

Malucha Pinto, por su parte, llamó a crear espacios para aumentar los canales de participación de las mujeres en política para que ellas puedan tomar decisiones e influir en la elaboración de las políticas públicas. “Hay que abrir los caminos para que se recomponga el tejido social, hay que alimentar y fortalecer el mundo de los territorios, el mundo de los barrios, porque eso es lo que podría ir garantizando que tengamos políticas públicas acordes a la realidad”.

El encuentro finalizó con la presentación de conclusiones que realizó la investigadora CiPP y decana de la Facultad de Derecho Miriam Henríquez, quien destacó el consenso entre las y los participantes de que los cuidados “son un problema social que requiere una solución integral y participativa”. Luego, señaló que se realizaron recomendaciones en lo laboral y constitucional. “En lo laboral,  reconocer los derechos laborales sin distinción de género y ajustar el marco normativo que se ha calificado como desfasado y anacrónico” y en lo constitucional, “la necesidad de reconocer el derecho constitucional a los cuidados, porque los actuales derechos no satisfacen las necesidades que implican”, indicó la académica.

Derecho al cuidado, una omisión constitucional injustificable

Lieta Vivaldi Macho, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH se refirió en una columna publicada en el sitio web de CNN Chile a la importancia de contar con un Sistema Integral de Cuidados en nuestro país y que dicho derecho debe contemplarse en la constitución.

Como parte de las acciones preparatorias del Coloquio CiPP que abordará la temática de los cuidados el próximo 31 de agosto, la investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Derecho de la UAH,  abordó la importancia de contar en Chile con un Sistema Integral de Cuidados, en una columna de opinión publicada en el sitio web de CNN Chile.

La académica contextualiza el tema señalando que todos en algún momento de nuestras vidas necesitaremos cuidados o deberemos hacernos cargo de alguien de nuestro entorno, y dicha  labor ha estado radicada injusta y fundamentalmente en las familias y particularmente en las mujeres.

La columna menciona, entre otros datos, que la Encuesta Social COVID-19, aplicada en 2021 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el INE, indica que el 33,3% de las mujeres tienen tareas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado.

“Un sistema integral de cuidados, en este sentido, debe tener el rol de garantizar las condiciones bajo las cuales las personas ejercen el cuidado, fomentar la corresponsabilidad social, una adecuada conciliación y el derecho de las personas que reciben cuidados a recibir los medios necesarios para vivir dignamente en todas las etapas de la vida”, sostiene la investigadora del CiPP.

Lieta Vivaldi recordó que se buscó constitucionalizar el derecho a los cuidados a todas las personas, reconociendo el derecho a ser cuidado/a, el derecho a cuidar y el autocuidado. “No resulta razonable ni justo que este texto que fue incluido en la anterior propuesta constitucional haya sido posteriormente omitido por la comisión de expertos que fijó el marco de la actual discusión”, advierte la académica.

Accede a la columna de opinión en el siguiente enlace: Columna de Lieta Vivaldi: Derecho al cuidado, una omisión constitucional injustificable

CiPP realizará coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de Mujer?

La creación de un sistema nacional de cuidados es una deuda de la sociedad con las mujeres que han debido ejercer mayoritariamente dicho rol sin ningún tipo de reconocimiento. ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer? es la pregunta que propone reflexionar el coloquio que el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado realizará el próximo 31 de agosto en el nuevo Campus B de la UAH.

En el marco de un ciclo sobre políticas públicas, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), realizará el próximo jueves 31 de julio un Coloquio denominado “¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?”. El evento se desarrollará en el nuevo campus B de la UAH, entre las 09:00 y las 12:30 hrs. ubicado en avenida Los Leones 1200, comuna de Providencia.

El objetivo del coloquio es proponer una reflexión amplia e interdisciplinar sobre la problemática del cuidado, poniendo foco en el derecho a cuidar, la realidad de quienes ejercen la labor de cuidadores y cuidadoras, así como la situación del trabajo no remunerado y la necesidad de avanzar hacia un sistema nacional de cuidados.

El evento será inaugurado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete.

Las académicas UAH Miriam Henríquez, Lieta Vivaldi y Ana María Fernández, todas investigadoras del CiPP, junto a Victoria Martínez, profesora de la Facultad de Derecho de la UAH, expondrán el estado de situación de la temática desde una perspectiva interdisciplinaria y plantearán propuestas y recomendaciones de política pública, destinadas a las/los tomadores de decisiones.

En un panel de reflexión, que será moderado por el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y  Negocios, Eduardo Saavedra, un destacado grupo de 5 mujeres dialogará sobre la temática del coloquio desde sus distintas miradas y perspectivas. 

Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de OIT para el cono sur; Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer; Malucha Pinto, destacada actriz y autora del libro «Cartas para Tomás»; Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa; y Daniela López, Jefa de Unidad de Transversalización de Género del Ministerio del Trabajo.

La necesidad de reconocer el derecho al cuidado dentro del nuevo texto constitucional y de contar con un Sistema Nacional de Cuidados abordará Malucha Pinto, actriz y activista por los derechos humanos y la inclusión. En un encuentro realizado en Concepción con organizaciones  ciudadanas ligadas a la reivindicación de personas en situación de discapacidad afirmó que si el trabajo de los y las cuidadores de Chile fuese regularizado y remunerado, probablemente lo que ingresaría al Estado en concepto de impuestos sería más de lo que aporta el cobre

Esta situación es mucho más difícil para las mujeres que viven en contextos vulnerables donde habitualmente no cuentan con una red de apoyo y recursos para enfrentar el desafío que demandan los cuidados de otros y otras. “La pandemia agudizó la crisis de los cuidados y se vio la necesidad de construir un nuevo modelo de organización social al respecto. Se necesita el reconocimiento social y económico del trabajo de cuidados”, así lo ha señalado la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, en una columna publicada en Ciper y quien será panelista del coloquio.

El Núcleo constitucional de la UAH, la Asociación “Yo cuido” y “Comunidad Mujer” promovieron la iniciativa popular de norma “Me cuidaron, me cuido y me cuidaran” que busca que el Estado reconozca el derecho a los cuidados, entendido este como el trabajo no remunerado realizado al interior de los hogares y principalmente por mujeres. “El derecho al cuidado es multidimensional e involucra el derecho de toda persona a cuidar y a recibir cuidados. Sobre el derecho a cuidar, es evidente que son las mujeres quienes asumen fundamentalmente estas labores (…)”, así se refiere la Decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, en una reciente columna de opinión publicada en el  diario La Tercera.

ONU Mujeres a través del Programa “Tu Oportunidad” presentó el estudio “Cuidados en Chile: avanzando hacia un sistema integral de cuidados”. En el documento se demuestra que los cuidados se producen mayormente al interior de los hogares y se realizan de manera muy desigual, afectando desproporcionadamente a las mujeres, quienes se llevan la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Un dato expuesto fue que, de las mujeres que cuidan a sus hijos, el 23% afirmó que a veces se había sentido sobrepasada, mientras que el 29% lo ha sentido siempre. La brecha de género en esta realidad es evidente. El mundo del trabajo no puede ser analizado, ni mirado, ni observado, si no es con un enfoque de género, porque, queramos o no, somos la mitad del mundo. Nos falta empoderarnos, nos falta darnos cuenta de que somos la mitad, por lo tanto, tenemos voz por la mitad. En conjunto […] hombres y mujeres podemos construir un país más equitativo”, destacó Ana María Fernández, académica de la Facultad de Economía y Negocios en el  Curso  “Formación Sindical Mujeres Líderes”, dictado en la UAH y quien será una de las expositoras del coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de Mujer?

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Mas información en https://cippuahurtado.cl/

Cristóbal Madero: El paro de profesores precariza la profesión

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Educación de la UAH, Cristóbal Madero, criticó el paro realizado por el Colegio de Profesores en julio pasado, en una Carta al director publicada por el diario El Mercurio donde afirma que se precariza la profesión.
“Una organización que quiere representar a las y los docentes no se da cuenta de que lo que hace es colaborar en ahuyentar a potenciales docentes más que nunca necesarios”, así de tajante es Cristóbal Madero, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la UAH en una Carta al director publicada en el Diario El Mercurio titulada “Profesión docente….la otra victima”, donde critica el paro de profesores realizado en julio pasado y declara que los principales afectados con esta medida son las y los estudiantes.

El académico de la Facultad de Educación de la UAH puntualiza que el Colegio de Profesores tiene alrededor de un 20 % de docentes afiliados a nivel nacional agregando que en las generaciones más jóvenes existe poco interés por colegiarse y puntualiza que un paro  atenta contra esta carrera. “Creen que sus demandas engrandecen la docencia como profesión al defender sus intereses en tanto asociación gremial a todo evento. La verdad, sin embargo, es otra: la lógica sindical de la organización docente no hace otra cosa que precarizarla en cuanto a profesión mediante este y otro tipo de llamado”, sostiene Madero.

Finalmente, Cristóbal Madero destaca que Chile tiene el desafío de contar con más y mejores profesores. “Las causas de que no tengamos docentes en la cantidad y calidad que quisiéramos exceden por mucho la acción de un colectivo como el Colegio de Profesores y su modo de proceder en este llamado a paro, pero ciertamente no ayuda para nada al que es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como sociedad”, enfatiza el docente.

La Eficacia Horizontal de los DDHH

Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, participó en el programa de la Radio Universidad de Chile “Proyecto 50,  violaciones a los DDHH, trauma y justicia”, donde abordó las implicancias personales y sociales de la vulneración de los derechos fundamentales y su persecución judicial en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.

En el programa de la Radio Universidad de Chile, “Proyecto 50,  violaciones a los DDHH, trauma y justicia”, Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, se refirió a las implicancias personales y sociales de la vulneración de los derechos fundamentales y su persecución judicial con motivo de la conmemoración de los 50 años.

El académico de la Facultad de Derecho UAH realizó una visión panorámica de lo que ha pasado en estos 50 años en los tribunales de justicia con los casos de violaciones a los derechos humanos. También planteó distintas opciones para acelerar la tramitación de los casos de derechos humanos e impedir la impunidad biológica, asignando mayores recursos profesionales y tecnológicos al Poder Judicial; además de la construcción de un “Archivo de la Represión”, a partir de bases de datos diseminadas en diversas organizaciones públicas y de la sociedad civil, con sistemas informáticos de búsqueda y triangulación de datos.

En una primera etapa, explicó Hugo Rojas, el objetivo fue proteger al sujeto que estaba ante una situación de subordinación frente a una autoridad pública o funcionario del Estado. Sin embargo, planteó que las sociedades van evolucionando y perfeccionando sus mecanismos de protección frente a la violación a los derechos humanos. Es decir, buscan ampliar el rango de acción.

El investigador del CiPP puntualizó que la vulneración de los derechos fundamentales no necesariamente se da en una situación de poder frente a otro. “Puede que una persona transgreda los derechos humanos de otra estando en un pie de igualdad. Eso se llama eficacia horizontal de los derechos humanos y esa es la tendencia que en las últimas décadas ha ido ampliándose en todas las sociedades”, comentó el académico.

Con respecto a la persecución judicial recordó que en los primeros 8 años de la transición se dictaron sólo 10 sentencias condenatorias y que hubo un cambio rotundo una vez que Pinochet fue detenido en Londres. “No se ha socializado del todo el trabajo que ha hecho el poder judicial. Se han dictado, hasta diciembre del año pasado, 1.313 sentencias condenatorias sobre 1.330 ex agentes represivos”, dice Hugo Rojas. Si consideramos que los juicios realizados son por 2.191 víctimas y, según los informes Rettig y Valech, el total es de 43.234, aún falta mucho por hacer en relación a la justicia, concluye el académico.

Rojas destacó el trabajo de la Oficina Coordinadora de Causas sobre Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo del ministro Mario Carroza, pero advierte que en este momento los tribunales están conociendo 2.040 casos para lo cual se dispone de tan sólo 14 ministros.

Accede al podcast donde podrás conocer esta entrevista en el siguiente enlace de spotify.

La estructura tributaria chilena es opuesta a la de los países OCDE

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Humberto Borges, en entrevista con el CiPP, evalúa la propuesta de pacto fiscal expuesta por el gobierno. Si bien la valora afirma que debió presentarse en dos fases para lograr consenso con la oposición y que la situación recaudatoria chilena sigue rezagada respecto de los países de la OCDE.

¿Qué le parece la propuesta de pacto fiscal presentada por el gobierno?

Es difícil responder, pero recuerdo que en marzo del año pasado comenté que, desde el punto de vista político, era necesario dividir el proyecto proponiendo en una primera fase aumentar el impuesto a la renta personal en los tramos más altos, elevar los gravámenes verdes e impulsar medidas para disminuir la elusión tributaria. Todas estas propuestas de la primera fase, no hubiesen tenido problemas para ser respaldadas por la oposición y tener una fácil tramitación en el Congreso.

En general, sobre el nuevo pacto fiscal, si bien valoro gran parte de las ideas, considero que se ha llegado con una propuesta tardía y en un momento muy complejo ocasionado por el caso fundaciones.

¿Permitirá este pacto fiscal aumentar las pensiones, elevar la PGU a $250 mil, y reducir las listas de espera en salud?

Creo que es viable subir la PGU a $250 mil, pero reducir las listas de espera no es un tema de los tributos, sino más bien de gestión del sistema donde encontramos la necesidad de contar con una infraestructura adecuada, personal calificado, planificación y ejecución de programas que termine con las listas de espera.

A mi parecer se deben destinar más recursos a salud, pero deben ser bien enfocados y gestionados. Es imposible pensar que aumentando sólo los impuestos se lograrán eliminar las listas de espera.

¿Se descarta el impuesto al patrimonio? ¿Qué opinión tiene sobre esto?

El impuesto al patrimonio o el llamado impuesto a los más ricos era un error conceptual, en varias oportunidades he comentado que es mejor apuntar los impuestos a la inactividad de terrenos y propiedades ya que son cuantificables y pueden transformarse en un elemento que de un golpe a los inversionistas especuladores. Asimismo, he reiterado que es fácil observar cuando alguien especula con un terreno por 10 o 20 años sólo para ganar plusvalía sin generar un emprendimiento o algo que sirva a la comunidad.

El presidente ha señalado que la única forma de financiar programas sociales es cobrando más impuestos a los que ganan más. ¿Qué opina y cuál es la experiencia de otros países?

Sabemos que un programa social con recursos y bien gestionado puede mejorar la vida de una comunidad. Un ejemplo es lo que vemos en países que destinan recursos a la educación básica mejorando aulas, alimentación de los estudiantes y aumentando los sueldos o beneficios de los profesores lo que repercute en una mejor educación de la población que se refleja, por ejemplo, en la disminución de la delincuencia. Esto se ha realizado en países de Europa, como Alemania donde se ha invertido en infraestructura, en la calidad de los docentes que estudian más de 4 o 5 años en las universidades y que están constantemente capacitándose.

En Alemania y otros países los impuestos a las rentas personales son mayores (40% a 50% de tasa a las rentas más altas), pero la educación pública tiene niveles de calidad de excelencia. El problema es ¿Qué se hará con cada impuesto? ¿Cómo se fiscalizará el cumplimiento de los estándares educativos o de otro ámbito?

¿Cómo es la actual recaudación de impuestos por persona en Chile?

Los impuestos a las personas físicas residentes, que es lo que llamamos el Impuesto Global Complementario (IGC) existente en Chile, ha sido cuestionado por la OCDE, ya que la recaudación por impuesto a las personas en nuestro país es inferior a la recaudación de los impuestos progresivos de otros países miembros de la OCDE.

¿Puede explicarnos cómo funciona el sistema tributario en esos países OCDE?

La estructura tributaria chilena es opuesta a la estructura promedio de los países OCDE porque en estas naciones la importancia mayor en la tributación la tienen los impuestos al ingreso de los individuos y las contribuciones a la seguridad social. En cambio, en Chile para estas áreas se registra una recaudación de tributos más baja en proporción al  grupo  de los  países  de  la  OCDE.

Además, las AFP privatizan la seguridad social enfocada en rentas de  jubilación,  que en otros países es parte de las fuentes recibidas por el Estado. Entendiendo que existe una jubilación asegurada, pero también se basa en la cooperación intergeneracional. El problema son los años de vida, ya que los países desarrollados han logrado –con tecnología y sistemas de salud– aumentar los años de vida de su población, produciendo un problema de financiamiento.

¿Qué pasa con el IVA?

Chile tiene el porcentaje más alto de recaudación por  concepto  de  IVA,  que financia un 40% del total que el Estado obtiene por impuestos y  por  impuesto  a  la  renta  de  las  empresas financia sólo un 22%. Todo esto estructura el impuesto al consumo en Chile como el segundo más alto después de México, con los obvios efectos que esta situación encubre, políticas tributarias regresivas que impactan fuertemente en la población de  menores ingresos.

¿Entonces está de acuerdo con la modificación al impuesto a la renta?

Es indudable que el sistema de impuestos personales debe ser reformado para que en efecto pueda tener un carácter redistributivo y progresivo, logrando finalmente en términos de la carga tributaria un promedio cercano al que  ostenta la OCDE para las personas.

Además, si nos centramos en las crecientes demandas sociales por más y mejores oportunidades de acceso a educación, salud y pensiones, es necesario visualizar una reforma a nuestro sistema tributario, para eliminar las distorsiones. Hay que enfocarse en las distorsiones que hoy generan una menor recaudación y las exenciones que no tienen una justificación, junto con reformular el impuesto a las personas.

¿Qué le parecen las medidas de fiscalización propuestas?

Medidas contra la informalidad me parecen correctas, está claro que mientras exista un vendedor ambulante como los famosos vendedores de los toldos azules las pymes están perdiendo y se estará incentivando a que estas últimas eludan o evadan impuestos. En definitiva, un pequeño empresario puede cuestionarse ¿para qué pagar impuestos, si el comercio legal no está protegido?

Me parece que en el área de la modernización de la administración y de la transparencia tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) se han logrado grandes avances, sin embargo, la facultad de poder querellarse o no en determinadas situaciones debe ser revisada.

Aún falta avanzar en lo referente a justicia y equidad tributaria porque se requiere dar un mayor respaldo a los contribuyentes que han cometido errores a diferencia de los que evaden impuestos y con pleno conocimiento, concluye Humberto Borges.

Las enmiendas de la derecha se inspiran en la declaración de principios de la Junta Militar.

En una entrevista realizada por el Mostrador TV el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP) y Coordinador del Núcleo Constitucional UAH, Sebastián Salazar, analiza las enmiendas presentadas por la derecha y en general la situación del Consejo Constitucional, luego de que la Corte Suprema declarará inadmisible el recurso presentado por consejeros oficialistas que buscaban detener la incorporación de nuevos capítulos al anteproyecto constitucional.

“Esta es una cancha abierta de la derecha que se están disputando la hegemonía donde muchas de las enmiendas tienden a esa lógica, o sea hay un problema de coherencia que confunde entre lo que es la discusión de política constitucional con la de la política contingente”, así de categórico es Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la UAH en una entrevista en El Mostrador TV donde sostiene que existe una competencia entre la oposición para tener la supremacía del proceso constitucional.

El abogado afirma que las enmiendas al anteproyecto presentadas por la derecha son regresivas e inspiradas en la declaración de principios de la junta militar. “El núcleo del pensamiento de la derecha muestra que todavía está muy presente el documento que se llama la declaración de principios de la Junta Militar del año 1974. Si uno lee ese texto que son ocho páginas se encuentra transversalmente en todas las enmiendas ese espíritu”, explica el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.

Salazar señala que le llama la atención la ausencia en esta discusión de los comisionados de derecha que no han defendido el anteproyecto que ellos elaboraron y explica que la propuesta de la derecha no es coherente para enfrentar los problemas del siglo XXI. “Debemos preguntarnos qué tanto vamos a retroceder”, subraya el académico.

El investigador del CiPP reconoce que ve con preocupación que se haya activado el “gatillo” de la judicialización del proceso constitucional lo que a su juicio demuestra que la política, los partidos y los consejeros constitucionales tienen dificultades para llegar a acuerdos sustantivos y transversales en materias sensibles y complejas para la ciudadanía. “Se quiere tener una constitución de los vencedores y este es un drama que tenemos en este país, esta es una problemática que la hemos tenido desde hace mucho tiempo y lamentablemente la convención constitucional tampoco escapó de ese fenómeno”, argumenta el Coordinador del Núcleo Constitucional de la UAH.

Puedes ver la entrevista completa en el siguiente enlace.

La agencia para la calidad de las políticas públicas.

Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH califica como una buena y esperada noticia que debiera concitar amplio interés, la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas, una de las medidas del denominado “pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar de Chile”, anunciado por el presidente Boric.

“La creación de una agencia de este tipo (para la calidad de las políticas públicas) es una medida largamente esperada y muchas veces anunciada, que debiera concitar el apoyo de -al menos- los técnicos y expertos de las más distintas afiliaciones y sensibilidades”, así lo sostiene Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, en una columna de opinión publicada en el diario La Tercera denominada “La esperada agencia de evaluación de política pública”.

En su columna de opinión, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH reflexiona, más allá de la discusión política en torno a la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, en torno a la pregunta ¿Qué pasa con las evaluaciones de las políticas públicas en Chile?

La visión de Cienfuegos es que el principal problema en Chile radica en que, si bien aquí se hacen evaluaciones de política pública, el resultado de dichas evaluaciones no necesariamente determina que un programa público continúe o se termine. “ … hay un problema con la usabilidad de dicha información, no siendo vinculante estos resultados de evaluación de políticas con la toma decisiones de nuestros gobernantes. De esta manera, los programas continúan funcionando pese a ser mal evaluados, así como otros son descontinuados por un determinado gobierno, únicamente por sesgo político”, comenta el investigador.

Por ello Cienfuegos destaca que para que dicha agencia de calidad de las políticas públicas cumpla su propósito debe tener ciertos grados de autonomía y reglas estrictas que hagan vinculante a las evaluaciones que de ella emanen.

Puedes revisar la columna completa en el siguiente link: Columna de Ignacio Cienfuegos: La esperada agencia de evaluación de política pública – La Tercera

Controles internos en el Estado y caso “convenios”

Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, en una carta al director publicada en La Tercera, entra al debate sobre el “caso convenios” planteando la necesidad de diferenciar  Gobierno y Administración y contar con un robusto control interno.

“No quiero decir que no se pueda tener un equipo de confianza, algo legítimo y necesario en una democracia, pero este equipo debe ser acotado y no debiera incluir los cargos descritos (jefaturas en las unidades jurídica, de administración y finanzas y de auditoría), que deben responder a una mirada especializada y de largo plazo”, así lo explica Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, al referirse al denominado “caso convenios” en una carta al director publicada en el diario La Tercera bajo el título “Controles internos en el Estado y caso “convenios”.

Rajevic señala que se requiere de una genuina diferenciación entre Gobierno y Administración, que incluya en esta última un control interno robusto, y limite los cargos de confianza que pueden ser nombrados por las autoridades públicas en funciones clave.

Por otra parte, el académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la UAH, atribuye la crisis originada por el caso convenios a una defectuosa regulación que admite el trato directo, la ausencia de garantías y la insuficiencia de los sistemas de control interno. “La regla general es que nos enteramos de estos hechos por la vía de la denuncia o de la investigación periodística, y no por el funcionamiento de los sistemas de control institucionales que, idealmente, debieran incluso impedirlos”, destaca Rajevic.

En ese sentido considera relevante el fortalecer la Auditoría Interna de Gobierno, encabezada por un Consejo Asesor Presidencial (el CAIGG) creado por un decreto de 1997.

Puedes leer esta carta en el siguiente enlace: Controles internos en el Estado y caso “convenios” – La Tercera.

El próximo jueves 31 de agosto en el Campus B de la Universidad Alberto Hurtado, se dará inicio al Ciclo CiPP sobre Políticas Públicas con el Coloquio ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer?

El propósito de este primer coloquio de de conversación es generar una reflexión amplia sobre la temática del cuidado desde el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, poniendo foco en el derecho a cuidar, la realidad de quienes ejercen la labor de cuidadores y cuidadoras, así como la problemática relacionada con el trabajo no remunerado.

El evento será inaugurado por Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social y contará con la participación de las académicas UAH e investigadoras del CiPP, Miriam Henríquez, Lieta Vivaldi, y Ana María Fernández junto a Victoria Martínez, académica de la Facultad de Derecho, quienes expondrán el estado de situación de la temática desde una perspectiva interdisciplinaria y plantearán propuestas y recomendaciones de política pública, destinadas a las/los tomadores de decisiones.

Luego, se contará con un destacado panel de invitadas que reflexionarán sobre el tema del coloquio desde distintas miradas: Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de OIT para el cono sur; Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer; Malucha Pinto, destacada actriz y autora del libro «Cartas para Tomás»; Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa y Daniela López, Jefa de Unidad de Transversalización de Género del Ministerio del Trabajo.

Al finalizar la actividad, se entregará un certificado de participación a todas las personas asistentes. Para cualquier consulta adicional, no dude en contactarse a través del correo cipp@uahurtado.cl

Te invitamos a inscribirte aquí: https://bit.ly/ColoquioCiPP

Conoce a nuestros panelistas y expositores del Coloquio

Eduardo Saavedra Parra

Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de esta misma casa de estudios. Es Ph.D. en Economía de Cornell University, Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Fue Ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre el 2014 al 2020, presidente de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas entre el 2018 y 2020 y director de la Sociedad de Economía de Chile en dos períodos. También ha sido asesor de la Fiscalía Nacional Económica, ministerios de Hacienda, Economía y Transporte, así como también de empresas públicas y privadas. Desde el 2022 forma parte del Panel de Expertos del Transporte Público (organismo técnico independiente del Estado). Sus áreas de especialización son Política de Competencia; Regulación de Servicios Básicos; y Concesiones de Infraestructura.

Miriam Henríquez Viñas

Decana de la Facultad de Derecho de la UAH e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de esta universidad. Es abogada de la Universidad Nacional del Comahue, Magister en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es vicepresidenta del directorio de Comunidad Mujer. Autora de innumerables columnas y escritos sobre el tema de la paridad, los derechos sociales y la importancia de contar con una constitución con perspectiva de género donde el derecho al cuidado esté garantizado.

Lieta Vivaldi Macho

Es académica de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado. Abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Género, Cultura y Violencia de la misma casa de estudios, magíster en Sociología de la London School of Economics and Political Sciences, y doctorada en Sociología de Goldsmiths College, de la Universidad de Londres. Es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM). Se ha dedicado a educar y promover los derechos humanos especialmente de las mujeres y las diversidades. Especialista en biopolítica, ética, feminismos, sociología jurídica, derechos sexuales y reproductivos.

Victoria Martínez Placencia

Abogada de la Universidad Alberto Hurtado, Magíster en Teoría del Derecho por la University College London y Candidata a doctora en derecho por la Universidad Diego Portales con el proyecto de tesis doctoral “Los cuidados como un asunto constitucional. Una aproximación teórica sobre el derecho a cuidar”. Se ha desempeñado como Abogada Asistente en el Tribunal Constitucional desde el año 2013 al año 2018. Actualmente imparte clases de Escritura Académica y Ética y Profesiones Jurídicas en la Universidad Alberto Hurtado. Su foco de investigación es el derecho público, especialmente las áreas de igualdad y no discriminación, roles de género y cuidado.

Ana María Fernández Marín

Académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y directora del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales, COR, ambas entidades de esta misma casa de estudios. Doctora en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, España. Magíster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local de las Universidades de Valencia y Jaume I de Castellón, España y de Relaciones Laborales de la Universidad de Cádiz España. Sus líneas de investigación se relacionan con las ciencias del trabajo en materias de Gestión de Personas en las Organizaciones, Relaciones Laborales, Diálogo Social, Mercado del Trabajo, Formación para el Empleo, Políticas Sociolaborales y temáticas de Desarrollo internacional, nacional y local.

Paula Poblete Maureira

Economista y Minor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.  Su experiencia profesional está vinculada a la investigación y al desarrollo, sistematización y análisis estadístico.  Trabajó como investigadora en el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile y en el área de Estudios, Proyectos y Asesorías de la consultora Focus. Lideró el área de Estudios de Comunidad Mujer, investigando temáticas vinculadas con trabajo, protección social y género. Ha sido académica de pregrado y postgrado en las universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso, Adolfo Ibáñez y Diego Portales en cátedras de economía y brechas de género. Es militante de Revolución Democrática y fue secretaria general de la colectividad. Además, participó en los directorios de la Fundación Rumbo Colectivo y en Fundación 99. Fue parte del Consejo Académico Económico del entonces candidato y actual Presidente Gabriel Boric. Su trayectoria profesional y académica ha contribuido en el avance de la igualdad de género, tanto en educación como en trabajo.

Malucha Pinto Solari

Dramaturga, directora, actriz y activista por los derechos humanos y la inclusión. Fue constituyente por el Distrito 13 y coordinadora de la Comisión de sistemas de conocimientos, culturas, artes, patrimonios y ciencia. Escribió el libro Cartas para Tomás. Su trabajo ha indagado en temas de inclusión y género. Es directora de la fundación Aracataca, que desarrolla Obras teatrales, Talleres y Workshops, Programas Comunitarios y Documentales. Ha desarrollado metodologías de desarrollo humano y comunitario con un fuerte espíritu de escucha y diálogo con las comunidades más invisibilizadas de su país

Alejandra Sepúlveda Peñaranda

Presidenta ejecutiva ComunidadMujer. Experta en género, políticas públicas y participación económica y política de las mujeres. Fue directora ejecutiva de ComunidadMujer desde 2010 y en 2021 asumió la presidencia ejecutiva de la organización, desde donde ha liderado iniciativas para promover el empoderamiento económico de las mujeres y promovido investigaciones sobre brechas y desigualdades de género en la educación, el trabajo y la política. Asimismo, ha implementado consultorías para promover el equilibrio de género en empresas e instituciones. Participa permanentemente en Mesas Técnicas, consejos consultivos, comisiones asesoras en instancias de consulta a la sociedad civil del Congreso Nacional. Es columnista de Diario La Tercera, miembro del Comité de Personas de Diario Financiero y desde 2020 es reconocida como HR Influencer.

Camila Valenzuela Simunovic

Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Es abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile con un Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Trabajó en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, como coordinadora general del Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores y luego como Asesora Legislativa en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Patricia Roa Ramírez

Oficial de Programación OIT cono sur.

Daniela López Leiva

Jefa del Departamento de Transversalización de Género de la Subsecretaría del Trabajo Abogada, Magister en Derecho en género de la  Universidad de Jaén, España e Instituto de Estudios Judiciales. Especializada en interculturalidad, diversidad sexual y género.

 

Ciclo CiPP: Coloquios sobre políticas públicas abordarán temas cruciales para el desarrollo y bienestar social

El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) organizará un ciclo de coloquios entre agosto y noviembre, donde sus investigadores/as asociados/as discutirán con otros expertos/as asuntos clave relacionados con políticas públicas en diversas áreas. Entre los temas a tratar se encuentran el derecho al cuidado, la vivienda en sectores vulnerables, la industria 4.0 y la crisis del empleo público.

Con el propósito de fomentar un diálogo constructivo en torno a temáticas de interés público y desafíos que enfrenta la sociedad actual, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado ha anunciado un ciclo de coloquios abierto y gratuito sobre políticas públicas a desarrollarse durante el segundo semestre del 2023. Estos eventos reunirán a investigadores/as del Centro, expertos/as, autoridades públicas y representantes del mundo social a reflexionar sobre temas clave con el objetivo de generar recomendaciones concretas para abordar la implementación de políticas públicas que promuevan el bienestar y la equidad social.

“El CiPP hace una invitación abierta a toda la comunidad a discutir asuntos públicos relevantes para la sociedad en cuatro grandes áreas: Política Social y Bienestar; Mercado y Estado; Democracia y Ciudadanía; y Modernización y Gestión Pública. A partir de agosto las y los interesados podrán participar en forma gratuita en cuatro coloquios donde nuestras investigadoras e investigadores asociados analizarán tópicos de interés de la agenda pública”. Ese es el llamado de la directora ejecutiva de la entidad, Ximena Concha, a cargo de la organización del ciclo de conversaciones.

Lo que buscamos es “generar una plataforma de reflexión interdisciplinaria sobre políticas públicas entre las y los investigadores asociados de nuestro centro que investigan temas de interés público y representantes del mundo académico, político y social, buscando identificar en cada coloquio recomendaciones para las y los tomadores de decisiones, acercando la academia a las necesidades de la sociedad”, explica Eduardo Saavedra, director académico del CiPP.

El primer coloquio denominado ¿Por qué los cuidados tienen rostro de mujer? Se efectuará el jueves 31 de agosto de 9:00 a 12:30 horas en el Campus B de la UAH, ubicado en Av. Los Leones 1200 y contará con la participación de destacadas académicas de la Facultad de Derecho y Economía y Negocios de la UAH, quienes dialogarán con un panel de invitados integrado, entre otros, por la presidenta ejecutiva de ComunidadMujer, Alejandra Sepúlveda; la destacada actriz nacional, autora del libro “Cartas para Tomás”, Malucha Pinto; Patricia Roa, Oficial de Programación de la Oficina Regional de la OIT para el Cono Sur de América Latina; Camila Valenzuela, Asesora Legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sofofa; y Daniela López, Jefa de Unidad de Transversalización de Género del Ministerio del Trabajo.

En este encuentro se abordará la necesidad de reconocer el derecho al cuidado dentro del nuevo texto constitucional, la situación de las personas que realizan labores de cuidado en forma no remunerada, y la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados como grandes desafíos que avancen hacia un estado social y democrático de derecho que valore y proteja el bienestar de todos sus miembros, sentando las bases para una sociedad más solidaria e inclusiva. La actividad cuenta con la colaboración del Centro de Organizaciones Laborales, COR, de la Universidad Alberto Hurtado.

El segundo coloquio se denomina “Acceso a la vivienda en sectores vulnerables: un problema de violencia estructural” y se realizará el 26 de septiembre. Luego, en el tercer Coloquio, que se realizará el 17 de octubre, haremos una reflexión sobre la industria 4.0 en Chile y sus impactos y desafíos en la empresa, la economía y la regulación, tanto en Chile como en la región; y cerraremos este ciclo 2023 en el mes de noviembre con un Coloquio sobre la crisis del empleo público.

Todos estos eventos se realizan de manera presencial, requieren inscripción previa y tendrán entrada liberada. Las personas que vivan fuera de Santiago o en el extranjero que quieran participar podrán conectarse vía streaming a los eventos. Al término de los encuentros, se entregarán certificados de participación a las y los asistentes.

Este ciclo CiPP sobre políticas públicas es apoyado por el Fondo de Financiamiento Basal 2023 para Unidades de Investigación Asociativa, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP) de la UAH, y permitirá que el CiPP pueda promover la incidencia de la UAH en la creación e implementación de políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de nuestra casa de estudios y así aportar a mejorar el bienestar de las personas, la equidad social y el desarrollo sustentable.

Te invitamos a inscribirte aquí.

Carlos J. García: La reducción de la tasa de interés es una decisión acertada.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Carlos J. Garcia, en entrevista con el CiPP, analiza la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés, de política monetaria, indicando que se trata de una decisión acertada, pero advierte que no traerá grandes cambios a nivel del consumo, empleo, inversión o interés por créditos hipotecarios.
Por: Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP.

“La actual tasa de interés del Banco Central sigue siendo muy alta en Chile por lo cual se necesitan nuevos recortes para que esta medida pueda influir en la recuperación de la economía”, así de taxativo es el investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH, Carlos García, quien en entrevista con el equipo CiPP analiza la medida anunciada por el ente rector de reducir la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos base, hasta 10,25%.

Recordemos que la decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo del Banco Central transformándose en la disminución más grande de la tasa de interés (TPM) desde el año 2009, cuando se disminuyó en 250 puntos. “Me parece que es una decisión acertada porque la tasa de interés alcanzó niveles demasiado altos durante casi un año”, destaca el docente.

La medida tomada por el ente rector es catalogada por los especialistas como un buen indicador para la economía y una muestra de que la inflación se ha ido reduciendo más rápido de lo previsto. “La inflación viene cayendo por la gran contracción monetaria del último año y la reducción en julio del 2023 de la tasa de interés no afectaría mayormente este proceso”, destaca el economista.

El investigador del CiPP, Carlos García, aclara que esta medida no influirá en el empleo ya que la tasa de interés en Chile sigue siendo alta. “Si bien fue un recorte fuerte de 100 pb, la tasa de interés sigue alta y, por lo tanto, los efectos sobre el empleo son marginales”, explica el ex economista del Banco Central.

El especialista es categórico en cuanto a los efectos que esta medida podría tener en el consumo y a la posibilidad de que exista más interés y mayores facilidades para invertir e incluso optar a créditos hipotecarios. “Solo se verán cambios en la medida que los recortes en la tasa de interés sigan en los próximos meses”, sentencia el académico.

La jerarquía de los tratados de derechos humanos en la nueva constitución

La investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, se refiere al debate que ha surgido en el proceso constituyente en relación a los tratados de derechos humanos, afirmando que es un error pensar que estos son impuestos por organismos internacionales ya que cada Estado por vía democrática decide ser parte de ellos  para aplicarlos internamente, retirarse o denunciarlos.

“La definición del rango de los tratados de derechos humanos se plantea como uno de los principales debates en este proceso constituyente. ¿Por qué este contenido es tan relevante? Porque el catálogo de derechos constitucionales que se configure podría complementarse o eventualmente ampliarse a través de los tratados de derechos humanos y las interpretaciones que de ellos realicen las cortes internacionales”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en una columna titulada “Nuevamente al pizarrón: la jerarquía de los tratados” publicada en el diario La Tercera.

La Decana de la Facultad de Derecho afirma que durante estos últimos días algunos académicos han declarado ante el Consejo Constitucional sus discrepancia de que Chile incorpore tratados de derechos humanos argumentando que podrían afectar a la soberanía nacional, generarían una contradicción entre la supremacía constitucional y la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y  se podrían producir complicaciones debido a las interpretaciones que realizan los tribunales internacionales lo que traería una falta de certeza jurídica. ”Estas posiciones se parapetan en el miedo, el diseño constitucional y la práctica deben despejar esos temores”, puntualiza la abogada.

Miriam Henríquez recalca que los tratados internacionales se incorporan a los ordenamientos jurídicos del país en base a un procedimiento definido en la propia Constitución. “En la negociación, firma y ratificación del tratado interviene el Presidente de la República. Luego, el Congreso Nacional los aprueba, en lo pertinente, en la forma en que se aprueba una ley”, explicó la experta.

Puedes leer esta columna completa en el siguiente enlace: Columna de Miriam Henríquez: Nuevamente al pizarrón: la jerarquía de los tratados – La Tercera

Estado y Fundaciones: ¿cómo recuperar la confianza pública?

La preocupación de la ciudadanía se centra en los últimos días en el llamado caso Democracia Viva donde se cuestiona la reciente aparición de la fundación y la asignación directa de recursos. Gustavo Poblete Espíndola, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, aborda el tema en un artículo publicado en la Revista Mensaje.
El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, Gustavo Poblete, en un artículo publicado por la Revista Mensaje titulado “Caso Democracia Viva: Cómo repensar la relación Estado-fundaciones”, se refiere a la importancia de las fundaciones en nuestro ordenamiento jurídico y reflexiona sobre los principales desafíos de la Comisión Asesora Ministerial creada a raíz del caso Democracia Viva.

El académico y Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho UAH propone los temas que, en su opinión, debería tratar la Comisión Asesora Ministerial que buscará en 45 días establecer qué aspectos deberían ser perfeccionados sobre todo cuando se asignan fondos públicos. “La transparencia procedimental, la rendición de cuentas reforzada y la fiscalización efectiva son las temáticas mínimas que debiesen ser discutidas por esta Comisión y solucionadas, posteriormente, en el plano legislativo”, sostiene Poblete.

Gustavo Poblete señala que el Estado tiene la obligación de promover y apoyar las iniciativas de estas instituciones privadas sin fines de lucro, pero también, debe garantizar criterios objetivos y de plena transparencia en los procedimientos de asignación de recursos. “La ley refuerza la obligación del Estado en esta materia porque están comprometidos los dineros de la ciudadanía en el financiamiento de estos proyectos”, enfatiza.

Recordemos que la Comisión Asesora Ministerial tiene como Secretaria Ejecutiva a la abogada Valeria Libbert y está integrada por el abogado Francisco Aguero, la abogada María Jaraquemada, el ingeniero Ignacio Irarrázaval, el abogado Ramiro Mendoza, y la economista Jeannette von Wolfersdorff.

En el siguiente link tendrás acceso al artículo.

Alza del salario mínimo para proteger a las familias, la paz social y las relaciones laborales

“Nuestro sueldo mínimo está por debajo del costo de la vida, incluso antes de las altas tasas de inflación de los últimos meses. Es lógico, por lo tanto, que el destino del incremento sea el consumo y no el ahorro, sobre todo si se tiene en consideración que los valores recientes de la canasta básica en enero de 2023 han colocado la línea de pobreza en los $219.9706 como valor por persona”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ana María Fernández, en el  artículo “El salario mínimo, un componente fundamental del trabajo digno” publicado por la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de nuestra casa de estudios.

En la publicación la académica de la FEN afirma que el salario mínimo actual en Chile es tan bajo que determina que un hogar en que ambos progenitores reciben este sueldo estaría justo en el umbral de la pobreza, lo que se hace más preocupante en el caso de familias monoparentales, con los mismos dos hijos a cargo ya que se requeriría de $659.910, lo que coloca en especial vulnerabilidad a las mujeres jefas de hogar. “En una familia de cuatro integrantes, donde ambos progenitores trabajan, se requeriría que entre ambos los ingresos pudieran alcanzar los $879.880, sólo para poder subsistir. Si se tiene en consideración que el ingreso medio de la población ocupada fue en 2021 de $681.031 y que el 50% de las personas ocupadas recibieron ingresos menores o iguales a $457.690 (INE, 2022), muchas familias de nuestro país deben destinar la mayor parte de sus ingresos a satisfacer las necesidades básicas», destaca la experta en el texto.

La investigadora puntualiza que en Chile existe una cultura patriarcal donde las mujeres deben asumir labores de cuidado y complementar el ingreso de los hombres, a quienes se les asigna el rol de proveedor principal. “En este sentido, el aumento del salario mínimo, unido al anterior acuerdo que reduce y flexibiliza la jornada laboral, es una política apropiada tanto para proteger económicamente a las familias, como para favorecer una mayor participación laboral de las mujeres en nuestro mercado de trabajo”, plantea Ana María Fernández.

En la publicación la autora enfatiza que la literatura ha demostrado que los sueldos y en concreto la regulación del salario mínimo es un buen instrumento para garantizar una mejor redistribución de las riquezas, especialmente en sociedades donde esta distribución no logra realizarse a través de la intervención del Estado por su baja capacidad recaudatoria, agregando que en Chile más de la mitad de las y los trabajadores ocupados poseen baja calificación, pues sólo han llegado a alcanzar niveles de educación primaria y muy principalmente secundaria y es esta masa laboral la que recibe los sueldos más bajos.

La experta afirma que la subida del salario mínimo era una medida indispensable para lograr la paz social y fortalecer las relaciones laborales.”Pareciera que los actores sociales de nuestro sistema de relaciones laborales están demostrando su madurez y, a través del diálogo social, estarían apostando por reformas concretas que pretenden romper el círculo vicioso de un modelo de desarrollo excluyente”, declara Fernández.

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Sebastián Salazar expuso sobre derechos fundamentales y estados de excepción ante el Consejo Constitucional

“Incluso en situaciones excepcionales y extraordinarias el imperio de los derechos fundamentales está por sobre todo”. Así lo expuso Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional.

Tras hacer una revisión histórica de las tradiciones y corrientes constitucionalistas sobre los Estado de Excepción, Salazar quien es coordinador académico del Núcleo Constitucional de la UAH, destacó su valorización como herramientas temporales para enfrentar ciertas situaciones de extrema gravedad y restablecer la normalidad. “Lo que hacen los Estados de Excepción es limitar o suspender el ejercicio de determinados derechos en función del que se esté señalando”, puntualizó el académico, quien apuntó que son las Fuerzas Armadas y de Orden, instituciones que tienen el monopolio exclusivo del uso de la fuerza, quienes generalmente ejercen esas atribuciones pero con respeto a los derechos fundamentales.

“Los problemas de hoy en esta materia son que no ha existido una claridad entre las distintas figuras de excepciones. Tenemos una legislación desordenada, no sistematizada y no coherente, debido a que muchas de estas normas han sido construidas de maneras esporádicas y puntuales y sin un desarrollo sistemático”.

Otro de los problemas que mencionó el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, fue que la ley que organiza los estados de excepción “está obsoleta” porque es del año 1989. El investigador del CiPP destacó que la Comisión Experta hubiera reafirmado los cuatro Estados de Excepción ( asamblea, catástrofe, de sitio y emergencia), que haya una redacción clara y precisa en la propuesta, que se consagren mayores estándares de control -ya sean formales o materiales- y que existan diversas prácticas institucionales.

Accede a la exposición en el siguiente link.

La imprescindible modernización de la Contraloría

“Es necesario tener una capacidad para revisar a las entidades públicas mucho más eficiente, pero ¿cómo podemos luchar con una cultura que menosprecia las auditorías internas y las fiscalizaciones de la contraloría?”. Es la interrogante que plantea Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en una columna de opinión publicada en el sitio web de Radio Cooperativa.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios recuerda que en la década de los ’90, se miraba a los auditores internos como personas que molestaban pidiendo documentos y estableciendo riesgos que nunca ocurrían. Por mucho tiempo, dice Borges, se viene hablando en Chile de realizar una modernización del Estado que aún posee estructuras del siglo pasado. “Por parte del Estado el problema es más profundo, y se observa que ha quedado atrás, muy atrás, bajo los escándalos de los dineros de las FF.AA. y de Orden, que han dejado al descubierto un tema muy profundo que tiene que ver con la vulnerabilidad del Estado en su conjunto”, advierte el doctor en contabilidad y finanzas.

Para Borges, lo que pasa en el Estado chileno no es más que el menosprecio de las auditorías preventivas y de los organismos de supervigilancia. “Otra arista del mismo problema es la situación de la estructura de financiamiento a fundaciones, que no solo vulnera la solidez de la estructura de gobernanza del país, sino que además deja al descubierto la posibilidad de que gran parte de las unidades del Estado tengan problemas de control, seguridad y supervigilancia”, puntualiza el investigador del CiPP.

Ante este escenario, el académico de la FEN señala la necesidad de fortalecer el rol y estructura de la Contraloría General de la República, “La Contraloría no sólo debe visar documentos legales, como era en el tiempo de pelucas blancas, sino tener una estructura más sólida que observe lo complejo de una sociedad y Estado en constante cambio. (…) Pero creo, tristemente, que para la modernización del Estado y la modificación de la Contraloría deberemos esperar mucho tiempo”, sentencia Borges.

Accede a la columna de opinión en el siguiente enlace.

Hugo Rojas expone ante exigentes comunidades académicas

“Es importante hacer el esfuerzo de presentar las investigaciones que uno está realizando en congresos internacionales por varios motivos. La audiencia buscada debiera ser lo más global posible; es decir, es bueno tratar de pensar que las ideas que uno está escribiendo le pueden interesar a personas que residen en otros países y no conformarse con una audiencia local”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Hugo Rojas, luego de participar en cuatro congresos mundiales con ponencias que fueron seleccionadas por sus respectivos comités científicos.

El académico de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) expuso en el Congreso de Estudios Latinoamericanos “América Latina y el Caribe: Pensar, Representar y Luchar por los Derechos”, organizado por la Latin American Studies Association, donde también  presentó la investigación Hacia la reparación integral de las víctimas de violencia policial durante la revuelta social chilena el 2019: lecciones y propuestas de Justicia Transicional”. Además, coordinó el panel en el que se discutió el borrador del libro colectivo “Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas”, junto a Sheila Velez-Martinez (Pittsburgh), Kim D. Ricardo (Illinois), Beth Lyon (Cornell), Charles R. Venator Santiago (Connecticut), Paz Acevedo y Javiera Morales (PUC). 

Hugo Rojas reflexiona sobre la relevancia de participar en este tipo de instancias de discusión académica con audiencias amplias y de presentar trabajos que planteen enfoques interdisciplinarios “Las comunidades científicas están valorando cada vez más las investigaciones comparadas e interdisciplinarias y participar en congresos internacionales facilita el intercambio de ideas con personas que puede que no conozcan en profundidad la realidad social chilena pero que pueden aportar a mejorar las investigaciones en desarrollo, tanto en lo teórico como en lo empírico”, destaca el experto.

El académico explica que estas actividades ayudan a formar redes de contacto con equipos de otras universidades del mundo lo que le parece muy relevante para ampliar el trabajo, ya que las investigaciones de vanguardia sobre fenómenos complejos son cada vez más asociativas y articuladas en redes de largo plazo. “Es conveniente exponer los resultados preliminares ante comunidades académicas exigentes, pues ello contribuye a mejorar la calidad de los trabajos. Por último y no menos importante, asistir a congresos internacionales permite aprender mucho al tener la oportunidad de seleccionar y escuchar investigaciones muy interesantes e innovadoras, que de otra manera quizás uno no hubiera conocido”, enfatiza Rojas.

El investigador también expuso en San Juan de Puerto Rico; en el 20° Congreso Mundial de Sociología de Melbourne, Australia; y en el 27° Congreso Mundial de Ciencia Política (IPSA), realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Enrique Rajevic expuso en audiencia pública del proceso constitucional

“Garantizar la separación entre las funciones de gobierno y administración, garantizar el acceso igualitario al empleo público y reconocer los derechos colectivos de los servidores y servidoras públicas, son pilares fundamentales para garantizar un empleo público profesional e imparcial”. Así lo sostuvo Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, quien expuso el 06 de julio en audiencia pública organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana del actual proceso constitucional.

El abogado expuso ante la comisión de “Sistema Político, Reforma Constitucional y forma de Estado” donde se refirió a diversas propuestas para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial en la nueva Constitución destacando que en Chile no existe un sistema donde el mérito sea el que impere para acceder a la administración pública. “Creo que sería muy frustrante que cambiemos la Constitución y sigamos teniendo el mismo modelo”, destacó el académico.

El secretario general de la UAH, Enrique Rajevic, afirmó que se deben reconocer los derechos colectivos laborales de los empleados públicos en la administración civil, es decir el derecho a negociación colectiva, sindicalización y huelga. “Esto no opera para el mundo militar porque tienen el monopolio del uso de la fuerza lo cual no es recomendable”, puntualizó el investigador del CiPP.

Las Audiencias Públicas fueron organizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todo en colaboración con casas de estudios superiores acreditadas de todo el país que permitieron que instituciones, entidades de la sociedad civil y personas individuales presentarán sus puntos de vista sobre alguna parte del articulado del anteproyecto de carta magna al Consejo Constitucional.

Es importante destacar que el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio, la Universidad Alberto Hurtado abrió las puertas de su campus patrimonial para recibir a 93 Audiencias Públicas que forman parte de los mecanismos de participación ciudadana en el contexto del proceso constitucional vigente.

Puedes ver la exposición de Enrique Rajevic en el siguiente enlace: Audiencia Pública – Enrique Rajevic.

Lieta Vivaldi: El negacionismo debilita el consenso social de no repetición de las violaciones a los DD.HH.

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“El negacionismo abarca una serie de acciones que incluyen la negación total o parcial, la justificación, la relativización, la banalización o la minimización de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar en Chile, además de ensalzar a quienes cometieron dichos crímenes”, así de categórica es Lieta Vivaldi, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH ante declaraciones que justifican el golpe de Estado y enaltecen la figura del General Augusto Pinochet como un gran estadista.

La académica de la Facultad de Derecho afirma en una Carta al Director publicada en el Diario La Tercera que el negacionismo atenta contra los principios básicos de convivencia y democracia, pues no reconoce lo experimentado por las víctimas y los familiares, negando la historia del propio país. Es por esta razón que las declaraciones del consejero constitucional más votado, Luis Silva, al reconocer admiración por Pinochet calificándolo como un hombre que logró rearmar al país, son para la abogada inaceptables.”El intento de legitimación del dictador Pinochet por parte del consejero Luis Silva es un acto negacionista. El “negacionismo” no es sólo negar las violaciones de derechos humanos, sino también minimizarlas, banalizar, legitimar y ensalzar la figura de los perpetradores”, destaca Vivaldi.

En entrevista con el equipo CiPP, la Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señala que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig); la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech); y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, a través de sus respectivos informes constataron que existieron crímenes de lesa humanidad que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión política y tortura.

“En Chile vemos expresado el negacionismo en la relativización de estos hechos, su negación o justificación. Lo sucedido no solo constituyen violaciones individuales a la vida o integridad física, sino a la propia humanidad de las personas que lo sufrieron. Además, trasciende lo individual hacia lo colectivo”, enfatiza la académica.

Lieta Vivaldi relata que esta negación de hechos tan dolorosos y dramáticos provocan que las personas comiencen a pensar que esos discursos son aceptables en la sociedad y permiten que se debilite el consenso social que establece que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser permitidas en sociedades democráticas y sobre todo, se crea el clima propicio para su repetición.

“A nivel comparado encontramos varias experiencias en que se penaliza el negacionismo, como en Alemania o España, por ejemplo. Ahora bien, de todas maneras, el establecer leyes que sancionen el negacionismo no soluciona el problema de fondo. Para ello, es necesario avanzar más allá en garantías de no repetición, robustecer la memoria histórica, los discursos públicos, los sitios de memoria y la educación en derechos humanos en todos los niveles además de fortalecer la matriz cultural de los derechos humanos en la sociedad. La academia y universidades aún están muy al debe en cuanto a la incorporación de los derechos humanos en las mallas curriculares. A 50 años del golpe de Estado en Chile, se torna necesario enviar un mensaje a la sociedad que establezca con claridad que hechos como los que ocurrieron durante la dictadura no pueden volver a ocurrir”, puntualizó la consejera del INDH.

Puedes leer la carta al director de Lieta Vivaldi en el siguiente enlace: Banalizar la violencia, una amenaza a la democracia – La Tercera

Publican estudio bibliométrico de modelos computacionales y matemáticos de Innovación y Tecnología en la Empresa

“Un estudio bibliométrico, facilita el intercambio y la difusión de los resultados de la investigación dentro y fuera de la organización. Las empresas pueden fomentar una cultura de innovación abierta al proporcionar una plataforma para que los investigadores colaboren, intercambien conocimientos y publiquen su trabajo”, así lo explica Mauricio Castillo quien junto a Cristián Geldes, ambos investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, y los académicos de la UAH Víctor Muñoz y Mónica Soto y el doctor Alejandro Álvarez de la Universidad de La Serena, publicaron recientemente el artículo “Bibliometric Analysis of Computational and Mathematical Models of Innovation and Technology in Business” en el Journal Axioms (2023).

El trabajo efectuado por los académicos hace un análisis bibliométrico de los modelos computacionales y matemáticos de innovación y tecnología entregando información relevante para evaluar la calidad e importancia de las publicaciones, aplicando las matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita de comunicación donde se consideran los títulos de las publicaciones, tipos de documentos, idioma, resumen, autor y palabras claves o descriptores.

Esta investigación grupal es destacada por el investigador del CiPP, Cristián Geldes, quien valora la labor que se está efectuando en la Facultad de Economía y Negocios de la UAH. “Esta publicación demuestra el trabajo en equipo que estamos desarrollando en el Departamento de Gestión y Negocios, especialmente en el ámbito de la investigación en temas de innovación y estrategia, con el propósito de contribuir al desarrollo empresarial y la sociedad. En el caso de esta publicación quisiera destacar el liderazgo de Mauricio Castillo como experto en análisis bibliométrico”, enfatiza el docente.

Los académicos explican que el análisis bibliométrico presenta beneficios no solo para la academia, sino que también para las empresas y organizaciones que pueden acceder a información de un gran número de publicaciones y citas científicas, identificar a líderes de opinión que pueden colaborar como asesores y expertos en determinadas materias y conocer las tecnologías emergentes.

Puedes conocer este estudio en el siguiente enlace: https://www.mdpi.com/2075-1680/12/7/631

MDPI and ACS Style

Castillo-Vergara, M.; Muñoz-Cisterna, V.; Geldes, C.; Álvarez-Marín, A.; Soto-Marquez, M. Bibliometric Analysis of Computational and Mathematical Models of Innovation and Technology in Business. Axioms 2023, 12, 631. https://doi.org/10.3390/axioms12070631

La prestigiosa Revista “Pléyade” publicó reseña del libro sobre educación superior escrito por Nicolás Feet.

“El libro enfrenta una de las transformaciones más gravitantes de la segunda mitad del siglo XX en adelante: el paso de la centralidad obrera y manual en el trabajo a la hegemonía de los servicios, en especial, la profesionalización del trabajo”. Así se refiere, en un artículo publicado en la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, Pléyade, el actual subsecretario de educación superior, Víctor Orellana, al libro “Mass Intellectuality of the Neoliberal State. Mass Higher Education,  Public  Professionalism  and State Effects in Chile”, escrito por el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Nicolás Fleet.

“Los cambios en el trabajo y la masificación de la educación superior generan una verdadera intelectualidad de masas. Entre muchos efectos, este proceso va alterando al Estado, dado que en su crecimiento éste fundamentalmente incorpora más profesionales”, sostiene Orellana, quien destaca que Fleet aborda el fenómeno desde otra perspectiva diferente a las de la movilidad social individual y la distribución de las oportunidades.

Orellana hace hincapié en que las universidades tradicionales y elitarias concentran la capacidad de formación de profesionales para la conducción del Estado, especialmente monopólicas en cuanto a las disciplinas económicas y de este modo a la conducción de un ministerio clave en un Estado neoliberal como es Hacienda. Luego, comenta que los egresados de la masificación de mercado, de origen más popular, se incorporan al Estado en ministerios sociales y en puestos profesionales socioculturales, en un vínculo contractual más precario y subalterno. ”La derecha política se asocia a mayor presencia de economistas e ingenieros, mientras que durante los gobiernos de la Concertación se incorporan al Estado más cientistas sociales y profesiones socioculturales”, puntualiza Orellana.

En el libro comentado el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Nicolás Fleet, muestra que Chile ha experimentado una gran masificación de la educación superior y, por lo tanto, del predominio del trabajo profesional e intelectual en la estructura social; todo lo cual ha ocurrido en muy poco tiempo, fundamentalmente desde la década del 2000. Por eso, se trata de transformaciones que han afectado principalmente a las generaciones más jóvenes, que han transitado desde el trabajo manual o de rutina, que predominó en las generaciones de sus padres, hacia el trabajo intelectual.

Puedes leer el comentario del libro aquí.

Revisa aquí la publicación de Nicolás Fleet.

Nuevo libro permitirá enriquecer el debate constitucional

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“Este libro aborda la estructura y organización del gobierno del Poder Judicial en la constitución vigente, en la propuesta de la convención constitucional y en los debates posteriores,  analizando de modo crítico las opciones que se han planteado hasta la fecha, sugiriendo líneas matrices de cambios en esta materia”, así lo explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Rafael Blanco, con quien conversamos como equipo CiPP sobre la contribución del libro “Análisis de los órganos constitucionales del sistema de justicia, falencias y desafíos de cara al debate constitucional” del cual es director junto a Silvana Adaros y donde participaron los  académicos Leonardo Moreno, Eduardo Gallardo y Jaime Arellano.

El texto examina el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal en la actual constitución y el planteamiento de la Convención Constitucional. “Se analiza la Constitución de 1980 en adelante, incluyendo los debates que hemos tenido en el Consejo Constitucional y en los foros actuales que aún no han concluido, por lo tanto, es un texto de referencia muy útil para quienes quieren mirar la estructura institucional, las funciones y las atribuciones de estos diferentes órganos”, señala el académico de la Facultad de Derecho de la UAH.

Se aborda la organización y la administración del Ministerio Público en la constitución vigente y las ideas de cambio señaladas por la Convención con el objetivo de ilustrar el trabajo que abordará el Consejo Constitucional. Los autores aconsejan eliminar a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones de los procesos de nombramiento del fiscal nacional y los fiscales regionales respectivamente, recomendando generar áreas de selección más abiertas, competitivas y meritocráticas que garanticen altos estándares de exigencia a los y las candidatas, proponiendo considerar instancias como la Alta Dirección Pública como opción para construir el sistema de selección, destaca Blanco.

Por otra parte, se sugiere mejorar la rendición de cuentas del fiscal nacional y los fiscales regionales, generando mecanismos que consulten la creación de comisiones especializadas en el parlamento ante las cuales las autoridades del Ministerio Público deban entregar las informaciones que permitan conocer los grados de eficiencia y eficacia de sus acciones, resguardando los datos que sean reservados o secretos.

En el trabajo se analiza la Defensoría Penal Pública, que en la actual constitución no es considerada como un órgano autónomo, y que a pesar de que la propuesta constitucional reconoce esta posibilidad, esta opción no es contemplada por la Comisión Experta. “Se analiza la organización de la Defensa Penal Pública y la necesidad de regularla como órgano constitucional autónomo, pues este actor del sistema penal forma parte de una tríada de instituciones que intervienen en el sistema penal acusatorio y que requieren de una estructura institucional que garantice altos niveles de autonomía para el ejercicio de sus funciones”, puntualiza el profesional.

En materia de gobierno del Poder Judicial, Rafael Blanco, señala que en el libro se sugiere erradicar de la Corte Suprema las funciones administrativas y de gestión, dejando únicamente las tareas propias de una corte de casación. “La propuesta se orienta a crear órganos especializados a cargo de las tareas de nombramientos, remociones y control disciplinario de jueces, por una parte y generar órganos a cargo de las tareas de administración, gestión y control presupuestario por otra. También se sugiere que la Corte disminuya su número de integrantes y tenga potestades de unificación del derecho y contar con facultades como el certiorari, entre otros aspectos”, explica el académico.

En la presentación del libro que fue editado por Ediciones Der, participó la investigadora del CiPP y Decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, quien destacó el aporte de este trabajo. “Este libro no se agota en marcar las falencias de la constitución actual, sino que plantea propuestas de soluciones a las que llama desafíos que a mi parecer es un eufemismo para con mucho respeto sugerir a los órganos constituyentes cuales pueden ser las soluciones a propósito del diagnóstico que realizan lo que puede alimentar el debate constitucional”, señaló la abogada.

Si te interesa el libro, puedes encontrarlo en el siguiente link.

Si quieres revivir el evento de lanzamiento del Libro, puedes verlo en el siguiente link.

La urgencia de regular los arriendos en Chile

“Chile tiene un déficit en materia de vivienda que se calcula en alrededor de 600.000 a 700.000 unidades, por ello el arriendo se ha asomado como una política relevante”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, María Paz Trebilcock, en una columna titulada “¿Por qué es importante eliminar los requisitos del arriendo?” publicada en el sitio web de la Radio Universidad de Chile.

La académica del Departamento de Sociología de la UAH afirma que en los últimos años los arriendos han tenido un aumento de hasta un 40% en algunos sectores lo que causa un gran impacto en el pago y en los requisitos exigidos para poder optar a un alquiler. “Si se pretende que el precio del arriendo no sea más que un 25% del sueldo, las posibilidades de acceder a él se vuelven cada vez más escasas. Si a esto se suman los requisitos de pagos adelantados, el universo de posibles arrendadores se limita cada vez más”, destaca la socióloga.

María Paz Trebilcock, puntualiza que es urgente proteger los arriendos porque de lo contrario aparecen formas muy precarias de acceso a la vivienda como los subarriendo o el alquiler de casas de material ligero que son ocupadas generalmente por los migrantes. “Hemos visto que una de las principales causas para llegar a vivir a un campamento es no poder pagar el arriendo. Es por ello que se hace fundamental resguardar este mercado, tanto desde el punto de vista del arrendatario, como también del arrendador”, destaca la especialista.

La investigadora recalca en esta columna que es importante flexibilizar el acceso a la vivienda formal ya que de lo contrario comienzan a surgir formas precarias y muy poco dignas de morada.

Puedes revisar esta columna en el siguiente enlace.