Blog – CIPP UAHURTADO

Miriam Henríquez analiza los desafíos para la paridad de género en la política chilena

Miriam Henríquez, investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha publicado una columna de opinión en La Tercera titulada «Muy lejos de la paridad y demasiado cerca de los cuidados«, en el marco de la conmemoración internacional del día de las mujeres.

En su artículo, Miriam Henríquez reflexiona sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para participar plenamente y en igualdad de condiciones en la vida política en Chile, especialmente en el contexto de la renovación de las autoridades presidenciales y parlamentarias.

A diciembre de 2024, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile está compuesta por un 35,5% de diputadas y el Senado por un 26% de senadoras, a pesar de la ley de cuotas vigente desde 2017. En vista de lo anterior, la investigadora del CiPP señala que los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales fueron aún más desalentadores, con ninguna mujer electa como gobernadora regional y solo un 16,2% de las municipalidades encabezadas por mujeres.

Miriam Henríquez también destaca que la subrepresentación política de las mujeres no se debe a la falta de capacidad, mérito o interés, sino a obstáculos políticos, sociales, culturales y económicos. Entre estos, menciona los estereotipos de género, la violencia política, la falta de recursos económicos y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados.

Un reciente estudio de ONU Mujeres, citado por la decana de Derecho, revela que una de las principales barreras para la participación plena de las mujeres en la política es el tiempo dedicado a las tareas de cuidados. Por lo que, Miriam Henríquez hace un llamado a la acción para reconocer y visibilizar las necesidades de las mujeres, promover la corresponsabilidad social y de género en materia de cuidados, y crear mecanismos que permitan conciliar la vida personal y familiar con la carrera política.

Por último, la académica subraya la importancia de trabajar de manera decidida y comprometida para alcanzar una democracia paritaria en Chile, asegurando que más mujeres puedan acceder y permanecer en la política.

Te invitamos a leer la columna completa en La Tercera.

Columna de opinión

Lieta Vivaldi destaca persistencia de desigualdades de género en el trabajo de las mujeres

En el Día Internacional de la Mujer, las académicas UAH, Lieta Vivaldi y María Teresa Rojas, subrayan en una Carta al director publicada en La Tercera la necesidad de reconocer y valorar el trabajo de cuidados, mayoritariamente realizado por mujeres, y de cerrar la brecha salarial que persiste en Chile

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la académica Lieta Vivaldi, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), y María Teresa Rojas, directora de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), reflexionan sobre las persistentes desigualdades de género que afectan el desarrollo democrático de la sociedad chilena. En una Carta al director publicada en La Tercera, subrayan que el trabajo de las mujeres sigue siendo una materia de inequidad significativa.

Las autoras destacan que, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos, la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 20% aproximadamente. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas señala que esta brecha se incrementa en las mujeres que ocupan altos cargos o poseen posgrados.

Otro punto crucial abordado en la carta es la falta de compensación económica y valoración social del trabajo de cuidados, que es realizado mayoritariamente por mujeres. Estudios del Banco Central (2021) indican que este trabajo representa un 25,6% del PIB ampliado, pero carece de reconocimiento y apoyo adecuado.

A pesar de la reciente presentación de una política y plan nacional de apoyos y cuidados (2025-2030) por parte del gobierno, las autoras instan a la clase política a avanzar en un acuerdo que reconozca la importancia del trabajo de cuidar. Subrayan que este trabajo es fundamental para la sociedad y requiere condiciones materiales, tiempo y consideración en la seguridad social de quienes lo ejercen.

Finalmente concluyen que, para lograr una verdadera equidad de género, es esencial que se implementen medidas concretas que valoren y apoyen el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos.

Te invitamos a leer la Carta al director en el sitio de La Tercera.

Artículos Académicos

Carlos García publica investigación sobre impacto económico de la alimentación saludable en el journal Economic Analysis and Policy

Una innovadora metodología desarrollada por Carlos J. García, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, que cuantifica los beneficios económicos de la alimentación saludable y evalúa políticas contra la obesidad en países emergentes, ha sido publicada en el journal Economic Analysis and Policy.

Carlos J. García, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha publicado un artículo académico en la edición de marzo del journal Economic Analysis and Policy. La publicación da cuenta de una investigación que propone una metodología complementaria al análisis econométrico tradicional, diseñada para estimar el impacto económico de la alimentación saludable y evaluar políticas contra la pandemia de obesidad en países emergentes.

El estudio titulado “Impacto económico y políticas para la pandemia de obesidad en economías emergentes” (Economic impact and policies for the obesity pandemic in emerging economies) cuantifica el impacto de la alimentación saludable utilizando un modelo estructural basado en hechos estilizados, que define las preferencias, la relación entre enfermedad y obesidad, y la percepción de los agentes sobre la alimentación saludable. Para ilustrar la metodología, el modelo se ha estimado con econometría bayesiana para un país emergente representativo, en este caso, Chile.

La metodología propuesta por el investigador del CiPP es complementaria a otras alternativas existentes, y contribuye a cuantificar los beneficios de segunda ronda de los programas alimentarios y las políticas públicas. De esta manera, cuando los programas de evaluación indiquen que una u otra alternativa es beneficiosa, la propuesta de García mostrará cómo estos beneficios se transfieren a toda la economía y su productividad.

Los resultados de la investigación indican que una economía emergente podría estar renunciando a una parte sustancial de su crecimiento si la pandemia de obesidad no se aborda adecuadamente con políticas que cambien el comportamiento de los agentes. Esta metodología añade un criterio adicional para clasificar las diferentes políticas, reforzando el diseño y el debate de políticas públicas en esta área y en otros asuntos de interés público.

Te invitamos a leer el artículo completo en el journal Economic Analysis and Policy.

Entrevista - Voces CiPP

Eduardo Saavedra aborda el impacto de la reforma de pensiones en las aseguradoras de EE.UU.

En entrevista con la Facultad de Economía y Negocios, el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, aclara que la reforma de pensiones no implica expropiación y que la preocupación de las aseguradoras de Estados Unidos radica en la disminución de sus rentas oligopólicas.

Fuente: Facultad de Economía y Negocios UAH.

Inexactitudes y falacias sustentan el deseo de levantar un caso para que intervenga el Gobierno estadounidense en favor de sus intereses oligopólicos. Esto es lo que advierte el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Saavedra, en la carta que el gremio de las aseguradoras de vida estadounidenses (American Council of Life Insurers, ACLI) envió a las autoridades chilenas reclamando por algunas disposiciones incluidas en la reforma del sistema de pensiones, proyecto que se despachó a ley el pasado 29 de enero. Una de las cuestiones más relevantes de la arremetida de la ACLI es la acusación de expropiación. Sin embargo, Saavedra fue enfático en descartar tal presunción.

En la misiva, argumentan que esta reforma no solo impactará negativamente a los trabajadores y a la economía del país, sino que también vulneraría los derechos de inversión de compañías extranjeras que operan en el sector previsional chileno, acusando que algunas disposiciones “socavan” el Tratado de Libre Comercio de Chile y EE.UU. En la ACLI participan los grupos Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum) y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC).

De esta arremetida de las AFP con capitales estadounidenses, la Facultad de Economía y Negocios conversó con Eduardo Saavedra, quien también fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2014-2020):

¿En términos generales, qué te parece la carta?

En la carta veo inexactitudes, amenazas y el deseo de mantener un derecho con argumentos falaces, sobre todo cuando hablan del impacto en los trabajadores que tendrá esta reforma al sistema de pensiones.

En la carta señalan que con algunas disposiciones de la Reforma de Pensiones (RP) se estaría socavando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Chile, ¿es así?

No lo socava, ni remotamente. Se han hecho varias modificaciones a DL-3500, que es el decreto que regula las actividades de los fondos de pensiones de la AFP. Por ejemplo, se ha facilitado la entrada de nuevas empresas. Eso no existía cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde la Comisión Marcel, hace 15 años, se licitan los trabajadores nuevos que entran al sistema, a la AFP que cobra menos comisión al afiliado. Así entraron las AFP Modelo y UNO; Plan Vital licitó después, cuando quería tener más afiliados. Como los afiliados no se mueven de AFP, estas licitaciones son una fórmula para crecer. Y cuando se hicieron estas modificaciones, nadie reclamó, nadie dijo que era expropiatorio, porque parte de las reglas del juego de mercado es que la entrada de nuevos actores se facilite, sobre todo cuando hay rentas significativas de los incumbentes que son los que están, entre los cuales están estas empresas norteamericanas de aseguradoras. Los grandes beneficiados de esto, son los trabajadores que, por un tiempo al menos, ven reducidas las comisiones que tienen que pagar cuando estas se licitan.

¿Y esta fórmula de licitar nuevos afiliados a la AFP que cobra menos comisión ha funcionado bien?

El sistema ha funcionado bien y han bajado las comisiones. Pero no ha funcionado perfecto. Sigue habiendo rentas oligopólicas, rentas elevadas para inversiones pequeñas y, por lo tanto, este reclamo de las compañías estadounidenses, lo único que me hace pensar es que quieren elevar la conversación para que el Gobierno de Estados Unidos haga algo, presione y logre un mejor trato para ellos.

¿En qué caso la reforma hubiese violentado el Tratado de Libre Comercio con EEUU?

Por ejemplo, que les expropiaran los activos o les quitaran los trabajadores. Eso podría ser considerado dañino para sus inversiones. Pero aquí, no es el caso.

¿Qué hay detrás de este reclamo?

Es importante decir que las AFP tienen ciertas rentas; rentas que son enormes para las pocas inversiones que hacen. Principalmente, esas rentas son producto de las comisiones que cobran por gestionar los ahorros previsionales de sus afiliados y de las cotizaciones. Entonces cuando ellos dicen que les están expropiando, se refieren a esas rentas. No dicen explícitamente: «lo que yo pierdo son las rentas que tengo, la comisión que cobro por los ingresos de los trabajadores mes a mes». Por lo tanto, lo importante aquí es dejar claro que en una economía de mercado las rentas sobre económicas o más allá de las rentas que deberían ser las razonables para el nivel de riesgo de estas industrias, esa renta no constituye un derecho de propiedad. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué es lo que están perdiendo? ¿Pierden afiliados? No, porque tienen el derecho a participar también por esos mismos afiliados a una comisión menor. Entonces, lo que pierden son rentas. Pero las rentas en una economía de mercado no constituyen derecho de propiedad. Eso tenemos que tenerlo muy claro.

Sobre esa base, cuando ellos dicen que podrían ir a buscar reparaciones legales, ¿eso no llegaría a buen puerto?

Ellos recurrirán ante el CIADI, que es un foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados que está en el Banco Mundial, sede Washington. Pero, probablemente, les iría pésimo en el CIADI. Yo creo que ellos quieren construir un caso para que intervenga el Gobierno de Estados Unidos, diciéndole a Chile: «ustedes me cambian la ley o les aplico sanciones».

¿Se siente como una amenaza cuando dicen que Donald Trump va a tener en cuenta sus reclamos para cuando revise los acuerdos comerciales?

Por supuesto que es una amenaza y ellos están construyendo el caso para despertar al Gobierno norteamericano y decir: «miren a Chile, nos están expropiando». Eso ya lo han hecho otras veces. Cuando fue la expropiación del cobre en 1971, obviamente las empresas norteamericanas fueron a presionar y el Gobierno de Estados Unidos intervino. Donald Trump lo está haciendo ahora con México y Canadá, subiendo aranceles para presionar políticas migratorias.

La ACLI afirma que no se les trata justamente por la disposición que establece la licitación del 10% de afiliados. Ahí hablan de la expropiación, que no es un trato justo y equitativo.

Aquí no hay expropiación porque no se les está prohibiendo a ellos participar. Si el mercado estuviese mucho más concentrado a lo que está hoy día, y si es que hay un actuar coordinado de las AFP norteamericanas para ponerse de acuerdo en variables de mercado, el Tribunal de la Libre Competencia podría resolver, dependiendo de cómo se lleve el caso, que en esas licitaciones no participen. Pero esto no es el caso como se ha aplicado en Chile, ni es el caso que pretende este nuevo cambio legal.

Otro punto que cuestionan es el rol que tendrá el Instituto de Previsión Social (IPS) y cuestionan la posibilidad de que ingrese al mercado un inversor público

En mi opinión, hay mercados que funcionan relativamente bien con empresas públicas y privadas, y a eso no hay que tenerle miedo. El mercado cuando no funciona como plantean los libros de texto, tiene como una opción regular y tiene otras opciones complementarias o sustitutas, incluso la propiedad pública. Y aquí estamos hablando de un mercado que tiene siete AFP y que se le permite la entrada de inversionistas nuevos que van a hacer lo que hacen hoy día las AFP: inversión. Eso significa más competencia y más competencia siempre es bueno.

Argumentan también que otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión.

No hay ninguna ventaja competitiva, porque hoy día ya se licita la cartera de afiliados nuevos que entran al sistema y las AFP participan. Y no es discriminatorio decir que la única obligación es que, si la AFP participa en la licitación con un precio más bajo de las comisiones, ese precio tiene que ser válido para todos sus afiliados. Y por eso, probablemente, las AFP muy grandes no quieren participar, porque tendrían que bajar el precio a toda la cartera de afiliados que tienen. Y por eso entran nuevas AFP a muy buen precio y validan el sistema. La preocupación latente en la carta es que esta licitación ya va a ser por el 10% de afiliados de todo el sistema y eso les va a revolver un poco el gallinero.

Ellos hablan que no es justo el trato porque “han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”

Me encantaría saber cuáles son las grandes inversiones que hacen los incumbentes en una industria que deja 700 mil millones de pesos de rentas y de beneficios anuales. Me parece que son mucho menos esas inversiones, porque en esos beneficios están descontadas las depreciaciones de aquellas grandes inversiones. Si son grandes gastos, también están descontados, y dejan una renta tan grande que la verdad es que es un negocio muy lucrativo a costa de los trabajadores chilenos.

¿Cómo observas la entrada de un inversor estatal?

El Estado muchas veces tiene otra función y objetivos distintos a los de un privado. El privado busca maximizar los beneficios de su empresa. Y, por lo tanto, llega a una cierta cotización. Si son muchos, va a ser la cotización muy parecida al costo medio de la empresa. Pero cuando son pocos, es mucho más grande que el costo medio. Y eso es lo que está sucediendo en las AFP hoy día. De allí las enormes ganancias que tienen. Porque una vez que tienen a la gente capturada, mensualmente le va cayendo el centavito. Bueno, esa cotización quizá es un 20%, un 30%, un 40% por encima de aquella que se va a dar cuando haya una licitación. Pero si entra un ente estatal, el ente estatal quizá no está interesado en maximizar beneficios. Quizá el ente estatal está interesado en maximizar el bienestar global del sistema, que ya es algo más complejo. En la práctica, probablemente el inversionista público haría lo mismo que haría una AFP que fuera administrada por los propios cotizantes, como en otros países existe. Iría a costo medio, o sea, no querría perder dinero, pero lo cual significa cobrar bastante más bajo y por lo tanto captar más afiliados.

Y la pregunta que uno se hace es ¿cuál es la dinámica de la industria cuando el nuevo entrante tiene ese otro objetivo? Si su interés es el costo medio, entonces le va a generar dinámica competitiva a la industria, mucho más grande que aquellos que maximizan beneficios. Y eso es un temor, porque eso no podría alegarse como expropiación, porque entró alguien y bajó el precio. Pero lo quieren alegar diciendo que es estatal. La argumentación es confundir peras con manzanas, que es muy propio de sectores radicales que dicen que el Estado no debería siquiera existir en esta industria. ¿Cómo funcionaron las AFP cuando partieron? Con un laissez-faire increíble que lo único que llevó fue a enormes ganancias para sus dueños.

En la carta también señalan que las medidas afectan la confianza de inversores de larga data y que disuadirían las inversiones futuras

Chile ha dado muestras que es un país que respeta los derechos de propiedad, respeta las instituciones. E insisto, este cambio es dentro de la institucionalidad, este cambio es conocido por los que llegaron acá. Chile no tiene que seguir saliendo al pizarrón a demostrar que es un país que respeta los derechos de propiedad. Y, ciertamente, si es que se da una dinámica más competitiva en la industria, van a bajar las comisiones, ya no va a haber tanta aseguradora norteamericana queriendo entrar al mercado AFP en Chile. Pero eso es más bien una reacción propia, porque el mercado ya no da tanta renta como daba. Pero de aquí a que un inversionista minero, un inversionista tecnológico, dijera: ´Chile se convirtió en Venezuela´, por favor. Esto es un pataleo de unos pocos empresarios que ven que sus derechos de rentas se están viendo amenazados. Y esas rentas no son propias de una economía de mercado.

Esta reforma es un acuerdo de un espectro político amplio que, finalmente, se pone de acuerdo en introducirse a una industria que funciona pésimo hace muchos años y les extrae renta a los trabajadores por muchos, muchos años.

¿Preocupa el hecho de que entren actores extranjeros a un sector tan sensible como el de las AFP?

Hay mucha gente a la que le preocupa, a mí no. A mí lo que me preocupa es que entren extranjeros que intenten meter a sus gobiernos para lograr beneficios. Como creo que está siendo este caso. Eso está fuera de la regla del mercado. Y parte de las reglas del juego es que, cada cierto tiempo, se hacen cambios legales. Meter al gobierno, y sobre todo un gobierno que ha dado muestras de que puede introducirse a la economía de mercado, porque lo único que le importa son las rentas de empresas norteamericanas, quizás nos hace cuestionar a muchos más sobre lo qué hacen los norteamericanos acá en Chile. Cuando se aprobó la entrada de capital extranjero a la industria de las AFP, dijimos bienvenidos todos, y jugamos con las reglas del mercado. Pero si ellos no quieren jugar con las reglas del mercado, ahí yo me cuestiono si vale la pena tener este tipo de empresas acá. Esto no es la guerra fría, no es la hegemonía de Estados Unidos en la época de Ronald Reagan o Bush padre. Esta es una época en donde un gran actor que no existía en aquella época, que es China, podría venir también a invertir acá. También está Japón, están los países de la Unión Europea, o sea, ¿nos afectaría que el gobierno norteamericano se ofendiera? Por supuesto que sí, pero tampoco quedaríamos solos contra el mundo.

Por último, en la carta aseguran que esta reforma perjudica la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores, poniendo como ejemplo que obligaría a los gestores de inversión a tomar decisiones subóptimas, que desalentaría la inversión en instrumentos financieros de largo plazo, el hecho de licitar cada dos años el 10% de la cartera de afiliado. ¿Podría ser un efecto?

Las AFP eligen su portafolio pensando en que los trabajadores que ingresan van a quedarse hasta los 60, 65 años y, por lo tanto, los fondos que tienen los invierten en activos de más largo plazo. Además, para asegurar que haya dinero efectivo para poder traspasar cuando alguien se cambia, el sistema les obliga a que haya un encaje. Esto significa que no pueden invertir un cierto porcentaje de los fondos que tienen. Tienen que mantener guardados líquidos, de manera que si un trabajador dice me jubilo o me cambio de AFP, haya un traspaso efectivo de dinero. Lo planteo por lo siguiente: En este cambio de ley, el encaje bajó, con lo cual hay más ganancia para las AFP, van a poder invertir más, van a tener menos dinero en encaje. Entonces, lo primero es que hay un beneficio que ellos no mencionan que es la reducción del encaje. Lo segundo, es que no todos los trabajadores se van y ahí queda el encaje en la AFP. Y las AFP invierten óptimamente, sin restricciones, en función del perfil de sus afiliados. Si tienen afiliados jóvenes probablemente invierten a más largo plazo. Si ven que tienen afiliados no tan jóvenes, tienen que asegurar que los fondos no sean tan volátiles. Por lo tanto, tiene que ser un mix de portafolio. No todo se tira a largo plazo. Y por lo tanto, hoy día hay una suboptimalidad, pero que se refiere a que es óptimo dada nuevas restricciones.

¿Y qué es lo que sucede con esta reforma? Le están diciendo, mire, yo sé que un porcentaje bajo de sus afiliados se va, pero ahora se va a ir un porcentaje más grande. Y, por lo tanto, va a tener que asegurarme que va a tener el dinero líquido cuando yo licite el 10% de los afiliados al sistema. Y si usted no se lo gana, tiene que hacer el traspaso de fondos. Por lo tanto, a aquella AFP que quiera cobrar caro por la comisión, se le va a ir gente.

Entonces, es un mercado que debería obligar al que quiere mantener afiliados a apostar por menores comisiones, por menor precio. Entonces, ¿es subóptimo? No lo sabemos. Puede ser que se mueva en el margen de la optimalidad de las inversiones. Me refiero en el margen a que es una restricción que ya tienen, que es cuántos trabajadores ellos creen que se le van a ir en los próximos dos años, hoy día quizás eso va a aumentar. Pero para los trabajadores, la buena noticia es que se van a ir en la medida en que alguien les bajó la comisión, y si les bajó la comisión es un beneficio para los trabajadores y en el neto es imposible que lo que les perjudica sea más grande que el beneficio que obtienen pagando menos comisión porque si no, no se cambiarían. Entonces, eso de nuevo es un argumento falaz. El tratar de meter en este baile a los trabajadores para que ellos también reclamen diciendo que es malo, lo que no va a suceder. No, es un argumento malo. Aquí, el único riesgo que veo es a las rentas oligopólicas de los inversionistas estadounidense de las AFP más grandes de Chile

Columna de opinión

Miriam Henríquez analiza implicancias legales y constitucionales del caso Maya Fernández

Miriam Henríquez analiza en su columna de opinión en el diario La Tercera las implicancias legales y constitucionales de la inhabilidad de la ministra Maya Fernández, en medio de la controversia por la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende.

Este lunes 10 de marzo, la ministra de Defensa, Maya Fernández, presentó su renuncia en medio de la controversia por la fallida compra de la casa de su abuelo, el ex presidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, comuna de Providencia.

En el marco del contexto previo a su renuncia, Miriam Henríquez, investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó una columna de opinión en La Tercera donde abordó las implicancias legales y constitucionales de este caso. A la luz de los últimos acontecimientos, resulta pertinente que la académica recuerde la potestad del presidente de la República de evaluar la responsabilidad política de sus ministros, mientras que la del Congreso Nacional de iniciar juicios políticos en caso de infracción a la Constitución o las leyes.

En su columna, Henríquez explica que el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, presentado el 20 de enero por dos abogados particulares, cuestiona la inhabilidad de la ministra Fernández para permanecer en su cargo. Este surgió en el contexto de la venta fallida de la casa del ex presidente Allende y planteó una nueva arista en el debate sobre la competencia del Tribunal Constitucional para resolver la permanencia de la ministra.

Miriam Henríquez explica que la Constitución distingue dos tipos de inhabilidades: las que impiden a una persona ser nombrada ministro de Estado y las que afectan a quienes, aunque cumplen con los requisitos, no pueden continuar en el cargo debido a situaciones personales específicas. Además, el artículo 37 bis, que es la base del requerimiento, prohíbe a los ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado, pero no especifica una sanción explícita para quienes infringen esta prohibición.

Según la decana de la Facultad de Derecho, el Tribunal Constitucional deberá determinar si la presunta infracción al artículo 37 bis constituye una causal de inhabilidad para la ministra Fernández. La jurisprudencia del tribunal indica que estas causales son de derecho estricto y se interpretan de manera restringida, lo que podría significar que el tribunal no pueda crear inhabilidades por analogía.

Finalmente, la investigadora CiPP señala que, en un régimen presidencial como el chileno, corresponde al Presidente evaluar la responsabilidad política de sus ministros, mientras que el Congreso Nacional puede iniciar un juicio político en caso de infracción a la Constitución o las leyes.

Te invitamos a leer la Columna de opinión en el sitio de La Tercera.

Entrevista - Voces CiPP

Victoria Martínez en Diario Constitucional: ‘Hay que definir quién asume la responsabilidad del cuidado’

En entrevista con el Diario Constitucional, la investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (UAH) y directora del Programa Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) advierte que la neutralidad legislativa no es suficiente para transformar la realidad cultural y social, y que es necesario implementar medidas concretas que promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado en el país.

Fuente: Diario Constitucional

El derecho al cuidado ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en Chile y América Latina, donde su vínculo con la perspectiva de género es innegable.

La investigadora asociada al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, y directora del Programa Derecho y Cuidados de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Victoria Martínez Placencia, quien se ha desempeñado como Abogada Asistente de Ministro en el Tribunal Constitucional de Chile y es actualmente candidata a Doctora por la Universidad Diego Portales, sostiene que este derecho no solo debe ser reconocido como un derecho humano autónomo, sino que también debe traducirse en políticas públicas efectivas que no refuercen la carga exclusiva sobre las mujeres.

En una entrevista con Diario Constitucional, Victoria Martínez compartió su visión sobre la importancia del derecho al cuidado y los desafíos para su reconocimiento como un derecho fundamental en Chile y la región.

¿Cómo definiría el derecho al cuidado y cuál es su importancia dentro del ordenamiento?

En mi tesis doctoral sobre el derecho al cuidado, yo lo defino como bidimensional, no tridimensional, como es la versión más consolidada de Laura Pautassi, yo creo que en realidad el autocuidado no es un derecho. Si no, que es parte del derecho a cuidar, es decir que el Estado dé las condiciones para que las personas puedan cuidar, condiciones de bienestar y de dignidad.

Por lo tanto, yo lo definiría como un derecho fundamental o humano que tiene estas dos dimensiones: el derecho a cuidar en ciertas condiciones y estándares y el derecho a ser cuidado también bajo ciertas condiciones y estándares.

¿Considera usted que el derecho al cuidado debería ser reconocido como un derecho humano autónomo?

Yo creo que sí, pero creo que es más valioso desde el punto de vista interno que internacional, o sea, si establecer un derecho humano a nivel regional o a nivel internacional sirve para su garantía interna me parece espectacular, pero si solo va a ser algo discursivo, creo que no tiene tanto sentido, por eso tiendo a pensar que debe ser considerado un derecho fundamental en los sistemas jurídicos internos nacionales porque de esta forma los estados quedan obligados a prestaciones específicas.

¿Qué relación tiene el derecho al cuidado con otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud o la dignidad?

Está muy relacionado y por eso yo creo que igual hay argumentos para decir que no se ha considerado autónomo porque justamente el derecho a recibir cuidado está muy relacionado con el derecho a la vida, con el derecho a la salud y con el derecho a la Seguridad Social y que ya está protegido para ciertos grupos vulnerables para personas con discapacidad, para niños, niñas y adolescentes.

Entonces creo que sobre todo en la vertiente del derecho a recibir cuidados, está muy interrelacionado con otros derechos que ya existen y por lo tanto uno podría decir, no es necesario establecerlo como derecho autónomo, pero creo que el derecho a cuidar, y la perspectiva de las cuidadoras, es la parte del derecho que hoy día no está suficientemente abordado por otros.

Creo que esto es lo más innovador, que, si bien se relaciona con el derecho a la vida, la salud, estos derechos no han sido capaces hasta ahora de abarcar o proteger efectivamente a las personas cuidadoras y por eso creo que ese es el argumento más fuerte para decir que sí debe ser un derecho autónomo.

¿De qué manera el derecho al cuidado está atravesado por la perspectiva de género?

A través de mi investigación me he dado cuenta de que en América latina la perspectiva de género es probablemente lo más relevante en el derecho al cuidado porque desde ahí se construye. Pero que cuando se ocupa el concepto derecho al cuidado en otras latitudes no se hace necesariamente desde el género, sino que puede ser desde la discapacidad, desde la vulnerabilidad, desde la dependencia, no necesariamente desde el género.

Entonces creo que eso es un desarrollo específico de América Latina y, creo que eso es lo que hay que reforzar porque, por ejemplo, hay algunas autoras estadounidenses o europeas que hablan del cuidado y no creen que sea necesario establecer un derecho, sino que sea como un valor constitucional, así como la dignidad.

Pero esa forma de verlo deja fuera a mi juicio, la perspectiva de las personas cuidadoras en América latina que son mayoritariamente mujeres, que además de que decir sí hay que cuidar y todos tenemos que cuidar, ellas quieren también tener la libertad de no cuidar, y ese aspecto de la libertad de no cuidar, creo que sólo es posible a través de un derecho subjetivo, no a través de un principio constitucional.

Yo puedo estar de acuerdo o no, pero creo que esas son las distintas variantes y por eso creo que para el desarrollo de América latina la perspectiva de género ha sido fundamental para este derecho.

¿Considera que la legislación actual en Chile sigue reforzando la idea de que el cuidado es una responsabilidad exclusiva de las mujeres?

Sí, ha habido mejoras en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, pero todavía queda mucho. Se está avanzando en la neutralidad, es decir, por ejemplo, los permisos para cuidar el derecho laboral se están haciendo como neutros para trabajadores con responsabilidades de cuidar a hombres o mujeres.

Pero esa neutralidad creo que no es suficiente para transformar la realidad cultural y social que no es neutral. Principalmente son las mujeres quienes asumen esas responsabilidades entonces creo que la legislación tiene que hacer más que ser sólo neutral.

Probablemente incentivar de manera más decidida que los varones cuiden sobre todo considerando que con el envejecimiento de la población puede ser que haya menos niños en el futuro y eso es como el cuidado que se ha compartido más, ¿verdad? El cuidado de niños y niñas. ¿Pero qué pasa con el cuidado de personas mayores o de personas con discapacidad? si uno hace el catastro, hay datos de que la mayoría son mujeres quienes cuidan.

Entonces, independientemente si uno es madre o no, parece ser que la responsabilidad de cuidar viene por ser mujer, entonces no es tanto por la maternidad o la paternidad, creo que ahí la legislación tiene que hacer más que ser solo neutral. Aunque reconozco que ha habido avances importantes desde la pandemia, sobre todo en materia laboral.

En este mismo contexto ¿qué mecanismos legales, considera usted que podrían implementarse para avanzar en su modelo de corresponsabilidad en el cuidado?

Sí, yo creo que aquí hay que tener varias definiciones políticas que yo he señalado como fuerzas políticas, partidos políticos que les interesa el tema del cuidado. Cuando hablamos de corresponsabilidad social, siempre nos imaginamos este diamante de cuidados que es como el Estado, el mercado, las familias, las personas. Eso suena muy bien, pero el problema está en definir cuánto le toca a cada.

En ese sentido, en Chile, por ejemplo, falta que el Estado tenga mayor presencia, por ejemplo, a través de servicios públicos, a través de lo que se está discutiendo hace mucho tiempo en el Congreso sobre la sala cuna universal, es decir, ahí a una porción de responsabilidad del Estado que se le tiene que aumentar.

En cuanto a las responsabilidades individuales, yo creo que una clave para la corresponsabilidad de género es establecer derechos intransferibles e irrenunciables de varones. Por ejemplo, el postnatal para padres que sea irrenunciable y que sea igual una cantidad de meses importante.

Creo que eso podría avanzar hacia la corresponsabilidad, pero la ecuación de cuánta responsabilidad toca cada uno, eso es lo que no está resuelto. Parece ser que todos estuviéramos de acuerdo en que sí hay que ser corresponsables, pero falta poner eso sobre la mesa, qué parte de responsabilidad va a asumir cada uno. Ahí yo creo que quienes están más al debe en términos individuales son los varones y en términos sociales es el Estado.

¿Existen modelos en América latina que puedan servir de referencia para mejorar la legislación en esta materia?

El modelo que sigue expresamente el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados en Chile, es el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Creo que eso es una corriente que no solamente está en Uruguay, sino que está desarrollándose en otros países de América latina, Brasil creo que recientemente igual aprobó un sistema, entonces creo que se está mirando hacia allá.

Creo que es una buena estrategia, pero creo que es una estrategia insuficiente en términos de su corresponsabilidad, porque lo que hacen estos sistemas en Uruguay y en Chile, en Brasil, en Colombia, es apoyar a las personas que hoy cuidan, que son mujeres y eso está bien, y que donde el Estado no estaba que aparezca, eso me parece perfecto. Pero el paso siguiente de que más varones cuiden o de no reforzar que solo las mujeres cuidan, eso necesita otro tipo de medidas, no solo este Sistema Nacional de Cuidados.

Creo que esa es una parte urgente. O sea, si uno le pregunta a las mujeres cuidadoras, eso es lo que ellas piden y lo que ellas necesitan, pero creo que desde el punto de vista teórico o jurídico también hay que avanzar en mecanismos para la corresponsabilidad, pero teniendo en cuenta que eso no está resuelto en ninguna parte, ni siquiera en los países nórdicos en los que hay mayores grados de corresponsabilidad porque hay más derechos para varones, pero aun así no es un tema que sea 50 y 50.

En este sentido, ¿cuáles considera usted que son los principales retos que enfrenta el derecho al cuidado en el siglo XXI?

El principal reto es que se reconozca como un derecho. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con Laura Pautassi quien dice que este derecho ya existe en el ámbito internacional. Yo soy un poco más positivista, entonces creo que tiene que estar en una fuente internacional explícitamente.

Comparto con ella que hay fragmentos de cuidado que están en tratados internacionales que ya existen como la comprensión de Derechos del Niño, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente está asociada a grupos vulnerables, pero un derecho autónomo al cuidado y sobre todo con el foco en las personas que cuidan, a mi juicio, no es un derecho humano todavía.

Un hito importante va a ser la opinión consultiva que debería publicar la corte este año sobre derecho al cuidado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno podría decir que el derecho existe a nivel regional, pero a nivel internacional yo veo poco probable que exista y se reconozca positivamente el derecho al cuidado. Poco probable porque uno ve el mundo y hay aires de guerra, hay aires de violencia, de extremos, y en esos extremos creo que el derecho al cuidado pasa como a último plano. Entonces creo que ese es el primer reto, que exista conciencia de que tiene que establecerse y reconocerse como derecho.

Y el segundo reto es que, independiente de si se establezca como derecho internacional, derecho humano o como derecho constitucional o legal, que en la práctica se materialice a través de políticas públicas y eso tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con gestión, tiene que ver con convicción política y eso es muy relevante si pensamos en los ciclos políticos chilenos que son tan cortos de 4 años, puede ser que lo que se haga ahora se deshaga mañana, entonces creo que lo principal es convencer de que es un derecho, de que es relevante y que hay que defenderlo, lo que no es solo convencer a los académicos y académicas, sino hay que convencer a la gente en general.

¿Qué rol cree usted que debería tener el Estado en la promoción y protección del derecho al cuidado?

Yo creo que al menos este gobierno entendió que por los cambios demográficos, esto es urgente, o sea, no es algo que por mucho pueda “chutearse la pelota” hacia delante porque esto va a explotar en algún momento. No vamos a dar abasto, la gente joven no va a dar abasto para cuidar a niños, personas mayores, personas con discapacidad, no va a dar abasto.

Eso es algo que hay que asumir, así como hay otras cuestiones relevantes que vienen con el envejecimiento de la población como aspectos económicos, aspectos de salud, seguridad social y de pensiones, este aspecto, el del cuidado, también es crucial.

Entonces yo creo que este gobierno comprendió eso, es posible que gobiernos de otro sector político igual lo sigan por esa razón, es decir, no podemos seguir tapándonos los ojos, en un futuro próximo esto va a ser imprescindible.

Lo que a mí me gustaría que ocurriera es que no se pierda el aspecto de género porque si no, es muy probable que se hagan apoyos, que el Estado participe más, pero que siga siendo la cuidadora principal la mujer. Entonces el costo del envejecimiento de la población lo vamos a pagar nosotras, lo que creo que es injusto, por eso el Estado debería dirigir su acción y las políticas públicas para que el costo de los cambios demográficos no sea solo para las mujeres, que sean mejor repartidos.

¿Cree que en el futuro el derecho al cuidado será reconocido como un derecho fundamental con mayores garantías?

Yo creo que sí, yo creo que va a ser cuestión de tiempo en Chile, no se pudo al nivel de cuando estuvimos con los borradores constitucionales, no se pudo establecer ahí, pero yo creo que definitivamente va a ser un derecho legal. No va a faltar mucho para que sea reconocido como un derecho fundamental, puede ser una jurisprudencia, puede ser a través de distintos mecanismos, así ha pasado en varios países de América latina. En Ecuador, por ejemplo, se reconoce el derecho de cuidado a través de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Ahora de esa declaración discursiva de decir este derecho forma parte de nuestro sistema jurídico a la realidad hay una distancia enorme. Yo prefiero mil veces que existan las políticas públicas y que después se reconozca el derecho en el papel, digamos, a que se haga al revés, que se reconozca el derecho en el papel, pero que en la práctica no haya ninguna garantía.

Entonces ¿cómo hacer que ese avance del derecho al cuidado vaya de la mano de que se reconozca positivamente, pero que además se materialice? eso requiere convicción, requiere convicción política y también requiere que las personas estén atrás. O sea, en Chile, los movimientos y las organizaciones de cuidadoras han sido fundamentales para que el proyecto de ley sobre el Sistema de Apoyos y Cuidados avance y ese, probablemente va a ser el camino, sólo de esa forma este derecho va a poder ser establecido positivamente, pero también garantizado.

Te invitamos a revisar la entrevista en el sitio del Diario Constitucional.

Artículos Académicos

Investigación de Mauricio Castillo explora el impacto de la sociedad en el modelo N-Helix

Mauricio Castillo, junto con los académicos Paulina González-Martínez y Domingo García Pérez de Lema, publicaron un estudio en el Journal of the Knowledge Economy. El artículo analiza cómo la sociedad influye en la interacción entre empresas, universidades y gobiernos, destacando su papel crucial en la innovación regional y en la implementación de políticas participativas.

Mauricio Castillo, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), publicó en la prestigiosa revista Journal of the Knowledge Economy, el artículo de investigación titulado «The Role of Society in the N-Helix Innovation Model: A Systematic Review». Este trabajo es el resultado de una investigación conjunta con la académica Paulina Ivonne González Martínez, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central y el académico Domingo García Pérez de Lema de la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia, España.

Para Mauricio Castillo, el estudio aborda un tema crucial en el ámbito de los ecosistemas de innovación: el papel fundamental de la sociedad en la interacción entre empresas, universidades y gobiernos. A través de un análisis sistemático, los autores examinan cómo la sociedad contribuye al desarrollo de políticas participativas y modelos colaborativos que impulsan la innovación regional.

Los hallazgos del estudio se organizan en tres ejes principales:

Gestión y políticas públicas: Analiza cómo las políticas públicas pueden fomentar la innovación a través de la participación activa de la sociedad.
Usuarios de la innovación: Explora la relación entre la sociedad y los modelos de innovación N-Helix.
Tecnologías emergentes: Examina el impacto de las nuevas tecnologías en la interacción entre los diferentes actores del ecosistema de innovación.

El artículo de investigación destaca que, en un ecosistema regional de innovación, la sociedad juega un papel fundamental en las relaciones entre empresas, universidades y gobiernos. Este modelo de cooperación, conocido como cuádruple hélice, visualiza la influencia de la sociedad civil en los procesos de innovación y los sistemas regionales. A pesar de los numerosos modelos N-Helix, existe una brecha significativa en la comprensión del papel de la sociedad, lo que requiere un marco conceptual robusto.

La investigación emplea una revisión sistemática de la literatura sobre el N-Helix, utilizando un enfoque metodológico de dos pasos que incluye un análisis bibliométrico de la base de datos Web of Science y una revisión sistemática de la literatura. En ese sentido, se analizaron trescientos cincuenta y siete artículos, abordando preguntas sobre la importancia de la sociedad en los estudios N-Helix, las principales líneas de investigación y las áreas de investigación emergentes.

Para los investigadores, este estudio ayuda a los agentes públicos a comprender las interacciones de la sociedad civil en los sistemas regionales de innovación, facilitando políticas públicas más participativas. La participación activa en los procesos de innovación posiciona a la sociedad civil como un actor clave, contribuyendo al desarrollo de políticas y a la implementación de modelos multi-hélice, mejorando así las interconexiones entre gobierno, empresas, universidades y sociedad civil.

Te invitamos a revisar el artículo de investigación desde el sitio de Journal of the Knowledge Economy.

González-Martínez, P., García-Pérez-De-Lema, D. & Castillo-Vergara, M. The Role of Society in the N-Helix Innovation Model: A Systematic Review of the Literature. J Knowl Econ (2025). https://doi.org/10.1007/s13132-024-02581-w

Artículos Académicos - Congresos y seminarios Académicos

Sociedad Chilena de Políticas Públicas realiza su XVI Encuentro Anual con charla magistral de Ernesto Dal Bó

El XVI Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, que contó con el auspicio del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, se realizó el martes 14 de enero 2025 en la Universidad Andrés Bello, con la participación de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y una charla magistral de Ernesto Dal Bó. Más de 20 académicos presentaron sus investigaciones en diversas mesas de discusión.

En una jornada que inició a las 8:30 de la mañana en el Campus Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello (UNAB), la Sociedad Chilena de Políticas Públicas (SCHPP) realizó su XVI Encuentro Anual, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas de la misma casa de estudios y el auspicio del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Eduardo Saavedra, director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, estuvo presente en el evento que contó con una charla magistral del destacado profesor de la Universidad de Berkeley y Ph.D. en Economía de la Universidad de Oxford, Ernesto Dal Bó.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la SCHPP, Sebastián Izquierdo, destacó la calidad del evento y la organización: “Hemos vivido un encuentro de gran nivel. Desde la charla magistral hasta las mesas de discusión, donde diversos académicos e investigadores presentaron sus trabajos en variados temas, todas las instancias contribuyeron significativamente a la discusión que buscamos fomentar como Sociedad para mejorar las políticas públicas”.

En la instancia, más de 20 académicos e investigadores presentaron diversos trabajos previamente seleccionados por convocatoria. Las exposiciones fueron divididas en seis mesas tituladas: “Construyendo Equidad”; “Evaluación y Descentralización: Claves para políticas efectivas”; “Impacto Social: Vivienda, Igualdad y Bienestar”; “Tejiendo Políticas que Cuidan”; “Criminalidad y Corrupción”; y “Educación y Equidad: Perspectivas sobre Acceso y Género”.

Para finalizar la jornada, se llevó a cabo una conversación entre el académico, Ernesto Dal Bó, y la contralora general de la República, Dorothy Pérez bajo el título “Capacidades estatales: el impacto del estatuto administrativo”. En el debate se discutieron sobre cuáles son los desafíos clave para el futuro del servicio público en Chile.

Este Encuentro fue auspiciado por: CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; Centro de Estudios Públicos; Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián; Facultad de Economía y Gobierno, y Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; CLAPES UC; Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado; Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Faro UDD-Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo; Horizontal; Libertad y Desarrollo; Universidad Diego Portales; y como media partner La Tercera.

Para obtener más detalles del encuentro, ingresa a https://www.sociedadpoliticaspublicas.cl.

Artículos Académicos

Miriam Henríquez, Victoria Martínez y Macarena Rodriguez analizan el surgimiento del derecho humano al cuidado en Latinoamérica

Las investigadoras asociadas del CiPP, Miriam Henríquez y Victoria Martínez, junto a la directora de la Clínica Jurídica, Macarena Rodríguez, todas académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) examinan en un artículo académico publicado en la Revista Estudios Constitucionales el surgimiento del derecho humano al cuidado en Latinoamérica, destacando su etapa de emergencia y las fuentes de derecho que lo sustentan.

En su reciente artículo académico titulado «Derecho al cuidado: ¿Nuevo derecho humano en Latinoamérica?», publicado en la Revista Estudios Constitucionales, las investigadoras del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Victoria Martínez y Miriam Henríquez, y la directora de la Clínica Jurídica, Macarena Rodríguez, todas académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), analizan el surgimiento del derecho humano al cuidado en Latinoamérica. El estudio sostiene que este nuevo derecho se encuentra en una etapa de desarrollo denominada de emergencia o de surgimiento.

Para alcanzar esta premisa, las autoras sintetizan la literatura internacional sobre el surgimiento de nuevos derechos humanos y las etapas que se identifican en su evolución. Aplicando la propuesta de Decken y Koch al caso del derecho al cuidado, identifican las fuentes de derecho internacional, regional y local que permiten sostener y concluir lo señalado.

Este estudio subraya la importancia del derecho al cuidado como un nuevo derecho humano en Latinoamérica, invitando a los lectores a reflexionar sobre su impacto potencial en la región.

Para leer el artículo completo titulado «Derecho al cuidado: ¿Nuevo derecho humano en Latinoamérica?», visita el sitio de la Revista Estudios Constitucionales.

Entrevista - Voces CiPP

Entrevista a Ignacio Cienfuegos sobre su libro «Gestión del riesgo público»

En el marco de la celebración del décimo aniversario de la carrera de Administración Pública, Ignacio Cienfuegos, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, presentó su libro “Gestión del riesgo público. Incertidumbre y toma de decisiones en el Estado”. Esta publicación aborda la gestión integral del riesgo en Chile, ofreciendo tanto investigaciones académicas como aplicaciones prácticas para el sector público.

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales UAH

El pasado 15 de noviembre, durante la semana de celebración por el décimo aniversario de la carrera de Administración Pública, Ignacio Cienfuegos, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, presentó su libro “Gestión del riesgo público. Incertidumbre y toma de decisiones en el Estado”. Este libro se centra en la gestión integral del riesgo, condensando y profundizando las investigaciones y reflexiones académicas del autor sobre una disciplina aún emergente en Chile, además de ofrecer aplicaciones prácticas para la gestión de riesgos en el sector público.

En esta conversación realizada con la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Cienfuegos reflexiona sobre los riesgos a los que está expuesto el país desde el punto de vista público, sobre la importancia de la gestión integral del riesgo en los gobiernos locales y su rol en catástrofes incendiarias que mantienen al país hoy en alerta.

– Ignacio, desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los principales riesgos a los que está expuesto nuestro país?

Chile enfrenta una amplia gama de riesgos, entre los que destacan los desastres naturales, exacerbados por los efectos del cambio climático. En el ámbito económico, al ser un país con una economía pequeña y poco diversificada, estamos expuestos a la volatilidad financiera y a las fluctuaciones en los precios de los commodities. A esto se suman riesgos sociales derivados de un persistente malestar ciudadano y un sistema político que resiste una verdadera transformación. Además, los riesgos asociados al mal uso de los recursos públicos, la corrupción y las malas prácticas a nivel empresarial. En conjunto, son riesgos que están impactando severamente en la reputación de nuestra alicaída clase política y empresarial.

– ¿Qué estrategias consideras prioritarias para que las instituciones públicas puedan anticipar y mitigar estos riesgos de manera efectiva?

Primero, fortalecer la institucionalidad pública. Sin embargo, lo más desafiante, pero también lo más relevante, es promover una cultura organizacional orientada a la conciencia del riesgo. Esto incluye incorporar procesos sistemáticos de evaluación y control interno en las instituciones públicas. Además, siguiendo la perspectiva moderna de la gestión de riesgos, es fundamental adoptar un enfoque multidisciplinario que combine análisis técnico, económico y social. En el ámbito local, resulta crucial capacitar y dotar a los gobiernos locales de los recursos y herramientas técnicas necesarios para abordar los riesgos específicos de sus territorios. Por último, se requiere avanzar hacia modelos de gobernanza colaborativa en los territorios, que faciliten la implementación de medidas preventivas y fomenten la inversión en infraestructura resiliente.

– En tu libro, planteas que la gestión integral del riesgo es una respuesta a los retos que enfrentan particularmente los municipios de nuestro país. ¿Podrías compartirnos cuál es la visión que sustenta esta afirmación y cómo se conecta con las necesidades locales?

La gestión integral del riesgo busca abordar la complejidad de los riesgos mediante un enfoque que integra dimensiones técnicas, económicas, sociales y organizacionales. Los municipios enfrentan desafíos específicos, como la desigualdad en la distribución de recursos, la dependencia del nivel central y la presión de atender a múltiples demandas ciudadanas, especialmente en contextos de emergencia. Este enfoque integral les permite optimizar la asignación de recursos, planificar de manera estratégica y coordinarse eficazmente con niveles superiores de gobierno a través de una perspectiva multinivel. De esta forma, se fortalece su capacidad tanto para prevenir como para responder a amenazas locales y globales.”

– Propones un Programa aplicado de Gestión del Riesgo Integral para municipios. ¿En qué se diferencia esta perspectiva con la gestión del riesgo clásica?

El Programa Aplicado de Gestión del Riesgo Integral se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, que combina perspectivas técnicas, económicas, sociológicas y culturales. Este enfoque supera la visión exclusivamente técnica de la gestión clásica, así como el enfoque de silos o de estancos que separa el análisis de riesgos financieros, naturales o normativos, estableciendo una mirada comprensiva, asumiendo que los riesgos en las organizaciones son interdependientes y están interconectados. Además de centrarse en la mitigación de riesgos catastróficos o de alto impacto, este enfoque busca identificar oportunidades para mejorar la resiliencia y el desarrollo sostenible. Así, propone integrar la gestión del riesgo en los planes de desarrollo comunal, en lugar de tratarla como un elemento reactivo o aislado.

Incendios forestales

Chile enfrenta un desafío recurrente y significativo durante el verano: los incendios forestales. Cada año, el calor, los vientos y la vegetación seca crean un ambiente perfecto para que estos incendios se propaguen. El cambio climático ha empeorado las cosas, con más olas de calor y sequías prolongadas. Este fenómeno pone en riesgo a las comunidades generando impactos sociales, económicos y ambientales. Ante esta realidad, se plantea un ambicioso marco de acción para la gestión integral de riesgo.

– El terremoto fue un punto de inflexión al mostrar cómo una crisis puede transformarse en una oportunidad para mejorar la gestión del riesgo. En ese contexto, ¿cómo han influido los importantes incendios forestales de los últimos años en la evolución y el fortalecimiento de la gestión del riesgo público en el país?

Se observa mayor concientización pública y el desarrollo de campañas educativas para reducir riesgos asociados a prácticas humanas, que es la principal causa de estas catástrofes. Se requiere, sin embargo, aún mayores capacidades por parte de los gobiernos locales, permitiendo una respuesta más ágil y efectiva en colaboración con instituciones nacionales. Asimismo, se observa una creciente concientización pública, respaldada por campañas educativas destinadas a reducir los riesgos asociados a prácticas humanas, que siguen siendo la principal causa de estas catástrofes. No obstante, es fundamental seguir fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales para garantizar respuestas más ágiles y efectivas, en estrecha colaboración con las instituciones nacionales.

– En los últimos días, el debate público se ha centrado en las medidas preventivas necesarias frente a los incendios forestales. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol específico que deben asumir los gobiernos locales en la prevención y gestión de este tipo de riesgos?

Los gobiernos locales tienen un rol crucial en la planificación territorial, aspecto fundamental en la prevención de emergencias y catástrofes socio naturales. Esto incluye la regulación del uso de suelo para evitar construcciones en zonas de alto riesgo, una tarea que sigue siendo deficitaria debido a la falta de actualización en muchos planes de ordenamiento territorial. Además, es esencial fortalecer los esfuerzos por involucrar a las comunidades, promoviendo prácticas seguras y sensibilizando sobre la prevención de incendios.

– ¿Cómo deberían actuar los gobiernos locales ante la contingencia?

Los municipios también tienen un papel operativo crucial en la coordinación de planes de contingencia, liderando la articulación con cuerpos de bomberos, ONGs y la sociedad civil. Su proximidad territorial les permite responder de manera más eficiente a las necesidades locales. Por otro lado, deben maximizar el uso de instrumentos de inversión pública, trabajando junto a los gobiernos regionales para desarrollar infraestructura básica. Esto incluye la construcción de cortafuegos, el acceso a fuentes de agua y la mejora de recursos logísticos, elementos esenciales para mitigar y combatir incendios de manera efectiva.

Te invitamos a conocer más del libro “Gestión del riesgo público” visitando el sitio de la Editorial RiL.

Artículos Académicos

Artículo académico de Cristian Geldes destaca cambios en la ética empresarial desde 1988

Cristian Geldes, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH junto a Sebastián Uriarte, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Jesús Santorcuato, académico de la Universidad de Chile, publicaron artículo académico en destacado Journal of Business Ethics que aborda la evolución de la ética en el emprendimiento entre 1988 y 2023, identificando fases clave y proponiendo nuevas áreas de investigación.

En su reciente artículo académico publicado en el destacado Journal of Business Ethics, Cristian Geldes, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, junto a los académicos Sebastián Uriarte, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y Jesús Santorcuato, de la Universidad de Chile, examinan la evolución de la ética en el emprendimiento entre 1988 y 2023.

El estudio analiza 516 artículos de revistas indexadas en la base de datos Scopus de publicaciones científicas entre el período 1988 y 2023, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos, permitiendo identificar tres fases principales de la evolución del tema: Formativa, consolidación y pragmática.

La fase formativa (1988-2013) estableció las bases teóricas del campo, enfocándose en temas como la responsabilidad social corporativa y los dilemas éticos en pequeñas empresas. La fase de consolidación (2014-2018) diversificó los enfoques temáticos, incluyendo tecnologías digitales y género. Finalmente, la fase pragmática (2019-2023) aborda desafíos contemporáneos como la sostenibilidad y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial.

El artículo también aborda temas como género, innovación tecnológica, sostenibilidad y emprendimiento social. Además, propone nuevas áreas de investigación, resaltando la importancia de adaptar las prácticas éticas al tipo de emprendimiento y su contexto cultural. Geldes y Uriarte subrayan la necesidad de promover un emprendimiento responsable y sostenible que equilibre los beneficios económicos, sociales y ambientales, impulsando un desarrollo global más equitativo.

Para leer el artículo completo de Cristian Geldes, Sebastián Uriarte y Jesús Santorcuato y profundizar en su análisis, visita el sitio del Journal of Business Ethics.

Cita artículo:

Uriarte, S., Geldes, C. & Santorcuato, J. Evolution of Ethics and Entrepreneurship: Hybrid Literature Review and Theoretical Propositions. J Bus Ethics (2024). https://doi.org/10.1007/s10551-024-05815-8

Columna de opinión - Voces CiPP

Miriam Henríquez examina la reforma al sistema judicial en Chile

La investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, examina en su columna de opinión para La Tercera los desafíos y avances de la reforma al sistema judicial en Chile, a la luz del balance del año 2024.

En su reciente columna de opinión para La Tercera, Miriam Henríquez, investigadora asociada del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, explora los desafíos y avances de la reforma al sistema judicial en Chile. Henríquez destaca que el 2024 fue un año difícil para el Poder Judicial, especialmente para la Corte Suprema, debido a la remoción e inhabilitación de dos ministros y otros mecanismos de control que han generado dudas sobre la independencia y transparencia de los jueces.

La investigadora CiPP señala que, en respuesta a esta situación, el Presidente de la República inició en octubre pasado la tramitación de un proyecto de reforma constitucional para modificar el gobierno judicial y crear un nuevo órgano encargado de los nombramientos judiciales. Sin embargo, la tramitación ha avanzado mínimamente.

El proyecto de reforma plantea tres objetivos principales: asegurar la independencia judicial interna separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales, garantizar la independencia judicial externa mediante nuevos procedimientos de nombramientos de jueces, y afianzar la transparencia y probidad en el sistema judicial. Entre las medidas propuestas se incluyen la supresión de la superintendencia directiva de la Corte Suprema y la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales.

Henríquez concluye que el proyecto es un buen punto de partida para discutir la pertinencia de un órgano autónomo encargado de la selección de jueces y otros temas relacionados, como la suplencia de los abogados integrantes que colaboran con la función judicial. Destaca la necesidad de darle celeridad a este asunto tras la aprobación de la Ley de Presupuestos y el avance de la reforma de pensiones.

Para leer la columna completa de Miriam Henríquez y profundizar en su análisis, revisa la publicación original en La Tercera.

Columna de opinión - Voces CiPP

Carlos García analiza en La Tercera el crecimiento económico de Chile para 2025

Carlos J. García, investigador asociado del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, examina en su columna de opinión para La Tercera las implicaciones de un crecimiento económico del 2% para Chile en 2025, destacando tanto sus aspectos positivos como sus preocupaciones.

En su reciente columna de opinión para La Tercera, Carlos J. García, investigador asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, analiza las implicaciones de un crecimiento económico del 2% para Chile en 2025. García plantea que, aunque mejor que una recesión, este crecimiento es preocupante para el país. Según él, un crecimiento del 2% es insuficiente para mejorar significativamente el ingreso per cápita, que se duplicaría en 35 años a este ritmo. En contraste, un crecimiento del 5% permitiría duplicar el ingreso en solo 14 años, beneficiando a la fuerza laboral de manera más tangible.

García destaca que un crecimiento económico estancado desincentiva el esfuerzo y la innovación, y plantea dudas sobre la capacidad de Chile para retener a sus profesionales más calificados en el largo plazo. Además, advierte sobre el impacto de la revolución tecnológica, que podría duplicar la tasa de desempleo actual, afectando especialmente a los trabajadores con capital humano medio.

El investigador cuestiona si el exceso de permisos y regulaciones es la causa de la baja productividad y sugiere que la clave para un mayor crecimiento radica en adoptar la nueva revolución tecnológica, como lo ha hecho Estados Unidos. García concluye que el crecimiento del 2% es una señal de que Chile debe repensar su estrategia de desarrollo para mejorar el bienestar de su población.

Para leer la columna completa de Carlos García y profundizar en su análisis, revisa la publicación original en La Tercera.

Noticias

Investigadores del CiPP proyectan el 2025 en jornada de planificación interdisciplinaria

Con el objetivo de valorar los avances y desafíos del 2024 y proyectar el 2025, las y los investigadores asociados del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado se reunieron en una jornada de reflexión interdisciplinaria que contó con la participación de la Vicerrectora de Investigación y Postgrados, Antonia Larraín, quien compartió la visión institucional sobre el rol y aporte de los centros de investigación que existen en la UAH, y en particular sobre el CiPP.

El jueves 23 de enero recién pasado, las y los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado se reunieron en la sala de postgrado de la Facultad de Derecho, al igual que hace un año atrás, en una jornada de reflexión interdisciplinaria con el objetivo de valorar los avances y desafíos del 2024 y proyectar el año 2025. La jornada contó, en su parte inaugural, con las palabras de Antonia Larraín, Vicerrectora de Investigación y Posgrados de la UAH, quien fue invitada a compartir la visión institucional sobre el rol y aporte de los centros de investigación que se desarrollan en la UAH, y en particular sobre el CiPP como entidad interdisciplinaria.

En sus palabras de bienvenida, Eduardo Saavedra, director académico del CiPP, destacó la importancia de proyectar el año en una jornada de diálogo y participación a partir de los aprendizajes adquiridos. “La invitación es a dar continuidad a los proyectos ya realizados durante 2023 y 2024 y pensar en nuevas iniciativas que amplíen la contribución del centro a diseñar e implementar mejores políticas públicas para la sociedad”.

En la jornada participaron 15 investigadores e investigadoras y se dio la bienvenida a las y los nuevos investigadores que se han asociado al centro últimamente: Victoria Martínez de la Facultad de Derecho, Magdalena Ahumada de la Facultad de Psicología, Camilo Sembler de la Facultad de Ciencias Sociales, Nicolás Barrientos de la Facultad de Economía y Negocios, y María José Valdebenito de la Facultad de Educación. Además, la directora ejecutiva, Ximena Concha presentó el nuevo diseño del sitio web del centro orientado a mejorar la visibilidad del trabajo del CiPP y el de cada uno y una de sus académicos asociados e incidir en el diálogo sobre políticas públicas.

La jornada de planificación concluyó con una reafirmación del compromiso de las y los asistentes con el fortalecimiento del Centro como espacio de reflexión y colaboración interdisciplinaria y con una propuesta de iniciativas que, junto con mantener aquello que se ha venido haciendo bien, permita sumar otras acciones que, con una participación más activa de las y los propios investigadores asociados, permitan aumentar la visibilidad del centro en la agenda de las y los tomadores de decisiones y su capacidad de incidencia pública, en particular, en la discusión legislativa a nivel nacional.

El CiPP es un organismo creado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, y Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Este centro se relaciona con la UAH a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP) y, según la política institucional, es considerado un Centro de Pertinencia Pública y Relevancia Social. Su propósito es dar a conocer la investigación y vinculación con el medio que se realiza en la UAH en distintas áreas de políticas públicas, trascender el espacio académico y aumentar su contribución a mejorar los problemas de la sociedad.

Entrevista - Voces CiPP

Eduardo Saavedra sobre cortes masivos de luz: “hoy no están garantizadas las inversiones de las empresas”

El doctor en economía y director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, Eduardo Saavedra, participó en el programa “Lo que importa” de Daniel Matamala, donde abordó las causas y consecuencias de los cortes de luz que afectaron a más de un millón de clientes en la zona centro-sur del país tras el paso del sistema frontal.

Entre el 1 y el 19 de agosto, miles de clientes de ENEL experimentaron cortes en el suministro eléctrico derivado del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de Chile. A la fecha, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha recibido más de 26 mil reclamos por los extensos cortes, de los cuales cerca del 80% pertenece a la Región Metropolitana.

El doctor en economía Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en conversación con el programa “Lo que Importa” del periodista y conductor Daniel Matamala, profundizó en las causas de la crisis de suministro eléctrico y sus posibles soluciones.

Respecto a la forma en que se fijan los estándares del sistema eléctrico en Chile, Saavedra, explica que cada cuatro años, se modela una empresa que no existe, se calcula cuánto costaría su infraestructura, sus gastos y costos de inversión y operacionales, y una vez que se tiene esa estimación, a la empresa se le paga un punto medio aproximadamente. De esta manera, para tener rentas, una empresa real como ENEL tendría que superar en eficiencia a la empresa modelo. Aunque, en la práctica, se termina convergiendo a la empresa real.

Según Eduardo Saavedra, este modelo de regulación es un buen mecanismo porque permite que las empresas sean más eficientes. “Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con los costos de inversión, pareciera que la ficción se pasó de la raya. En la realidad, las empresas tienen que hacer inversiones de manera sistemática para poder competir con la empresa modelo. Si no se hacen esas inversiones, ocurre lo que pasó, viene un temporal fuerte y quizás no se tomaron todas las medidas para evitarlo”

En la práctica, los castigos que existen para las empresas por no haber hecho las inversiones que se requerían, al parecer no funcionan muy bien. Un ejemplo de esto son las multas, que no son lo suficientemente altas”, precisó.

En esa línea, Saavedra aseguró que se debería garantizar que las compensaciones sean más automáticas, para no repetir escenarios como el del pasado sistema frontal. “Es importante precisar que las compensaciones tienen que ver más con lo no consumido, que con todo el daño extra que significa el dejar de consumir el suministro eléctrico”, aseguró el director académico del CiPP.

Sobre la situación chilena comparada con el panorama internacional, Eduardo Saavedra señaló que “el problema está en que parte de la regulación paga el costo anual de una inversión basada en una empresa ficticia, recién hecha, que no es la realidad. Esto en otros países ya comenzaron a cambiarlo y se fueron por una regulación más de empresa modelada, en el caso de los costos operacionales”.

Recomendaciones

A modo de conclusión, Eduardo Saavedra planteó algunas recomendaciones que podrían permitir asegurar que el servicio de distribución eléctrica y otros servicios básicos funcionen de manera más eficiente y con mejor calidad en el país, a la vez que se protega a las y los consumidores y se fomente una inversión adecuada en infraestructura.

En ese sentido, Saavedra sugiere que, en lugar de permitir que una sola empresa maneje tanto la distribución como la comercialización, se deberían separar estas funciones, ya que esto permitiría mayor competencia en la parte de comercialización, mientras que la distribución se manejaría de manera más eficiente.

Respecto a la regulación de costos, el investigador del CiPP aseguró que esta debe basarse en las inversiones realmente realizadas y no en un modelo ficticio. “Por ejemplo, la regulación “brownfield” permite que las empresas reciban compensación por las inversiones efectivas que realizan, en lugar de basarse en una empresa modelo que podría no reflejar la realidad de las inversiones y los costos actuales”, concluyó.

Por otro lado, Eduardo Saavedra fue enfático en que se debe aumentar la severidad de las multas y la rapidez en las compensaciones a los consumidores. «Es imperativo que las multas por incumplimiento sean significativamente más altas para asegurar el cumplimiento efectivo de las normativas. Las sanciones actuales son insuficientes y no generan el impacto necesario para corregir comportamientos inadecuados en el sector energético”, explicó.

Finalmente, en cuanto a la transparencia y competencia en la licitación, Saavedra sugiere que, en la medida de lo posible, se considere algún mecanismo de licitación o evaluación de desempeño para asegurar que las empresas continúen siendo eficientes y cumplan con los estándares de calidad.

Columna de opinión - Voces CiPP

Miriam Henríquez: “La concentración de atribuciones en el presidente contribuye a la parálisis del régimen político”

La decana de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, en su columna de opinión en CIPER Chile, hace un repaso de los problemas que genera el régimen político en la gobernabilidad del país y las modificaciones que se propusieron en los fallidos procesos constituyentes.

En su reciente columna de opinión publicada en CIPER Chile, Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), analiza los problemas del actual régimen político chileno y la necesidad de una reforma integral. La investigadora del CiPP destaca que, aunque el presidencialismo ha sido una tradición arraigada en Chile, presenta deficiencias que afectan la gobernabilidad.

«La concentración excesiva de atribuciones en el Presidente de la República desincentiva la cooperación con el Congreso Nacional y contribuye a la parálisis del régimen político», afirma Miriam Henríquez. Además, en su columna menciona problemas como la falta de mayoría parlamentaria para el gobierno, la ausencia de mecanismos institucionales de cooperación y la alta volatilidad electoral.

La investigadora del CiPP argumenta que las reformas propuestas en los fallidos procesos constituyentes en Chile no abordaron de manera efectiva estos problemas mencionados, y que cualquier cambio futuro debe considerar el sistema completo y no solo algunas de sus partes. Asimismo, Miriam Henríquez propone un enfoque que equilibre las atribuciones entre el Presidente y el Congreso, y que promueva una mayor gobernabilidad y representación ciudadana.

Para conocer más detalles del análisis de Miriam Henríquez, te invitamos a leer la columna completa publicada en CIPER Chile.

Noticias

Fernando Crespo gana el Concurso Proyectos de Investigación/Innovación en Docencia Universitaria 2024

El académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Fernando Crespo, ganó el concurso Proyectos de Investigación/Innovación en Docencia Universitaria 2024 con su proyecto “Aprendizaje Basado en Proyectos en Econometría y Análisis de Datos I”, que busca revolucionar estos cursos mediante una metodología que conecta teoría y práctica en un entorno de desafíos profesionales reales.

Fuente: FEN-UAH

Fernando Crespo, académico de la Facultad de Economía y Negocios e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), se adjudica el concurso Proyectos de Investigación/Innovación en Docencia Universitaria 2024 con su proyecto “Aprendizaje Basado en Proyectos en Econometría y Análisis de Datos I”. Este proyecto busca revolucionar los cursos de Econometría y Análisis de Datos I mediante una metodología que conecta teoría y práctica en un entorno de desafíos profesionales reales.

La idea del proyecto surgió al observar que las asignaturas cuantitativas suelen quedarse en la teoría y los estudiantes rara vez logran apropiarse de estos conocimientos de manera profunda. “Existe un déficit permanente en los cursos cuantitativos; los alumnos/as nunca se apropian realmente de ese conocimiento”, comentó Crespo. De esta manera, con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se busca cambiar esta realidad y fomentar competencias que el mercado laboral valora cada vez más.

¿Qué incluye la propuesta?

El proyecto no modificará los programas existentes, pero incorporará adaptaciones en las cátedras y ayudantías para guiar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos. Al final del curso, deberán presentar sus hallazgos, analizados con herramientas como Excel y R Studio. “Los estudiantes trabajarán con datos públicos del INE y otros, abordando problemáticas como el embarazo adolescente o las tasas de suicidio, generando análisis que reflejen situaciones profesionales reales”, señaló el académico.

Resultados esperados y proyección

El impacto del proyecto se medirá a través de la calidad de los proyectos, el compromiso estudiantil y encuestas de retroalimentación. “Queremos estimular a los alumnos/as a desarrollar proyectos de análisis cuantitativo y perder el miedo a estas herramientas”, añadió Crespo. Además, se contempla la posibilidad de publicar los mejores trabajos en la revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios o presentarlos en congresos nacionales. Crespo también vislumbra la escalabilidad del modelo hacia otras asignaturas STEM de la universidad, siempre que se ajuste a sus particularidades.

Desafíos en el camino

Entre los retos que anticipa el investigador CiPP está la recepción inicial por parte de los estudiantes. “Al comienzo hubo mucha resistencia al uso de R y R Studio, pero hoy ven más clara la relación entre teoría y aplicación”, afirmó.

Con esta iniciativa, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado apuesta por un modelo pedagógico innovador que no solo mejora la experiencia académica, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar con éxito los retos del mundo laboral.

Noticias

Miriam Henríquez se adjudica concurso del Instituto Max Planck con proyecto sobre independencia judicial

Un equipo integrado por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho e investigadora CiPP UAH, fue seleccionado como uno de los 10 grupos que formarán parte del Laboratorio de Colaboración del ICCAL, una iniciativa del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

El jueves 5 de diciembre, el equipo integrado por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue seleccionado como uno de los 10 grupos que formarán parte del Laboratorio de Colaboración del ICCAL, una iniciativa del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. El proyecto, titulado «Judicial Independence as a Cornerstone of Democratic Resilience», está integrado por Miriam Henríquez junto a Roberta Lugarà (Corte Europea de Derechos Humanos), Sabrina Ragone (Universidad de Bolonia), Pablo Saavedra Alessandri (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y Joaquín Garzón (Universidad Javeriana de Bogotá).

El objetivo del proyecto es, en primer lugar, sistematizar los instrumentos de politización de los sistemas de nombramiento, promoción y remoción de jueces y su impacto sobre la independencia judicial, ya sea por la injerencia de los poderes estatales, de los partidos políticos o de grupos de interés. En segundo lugar, el proyecto se centra en sintetizar la forma en que los Estados latinoamericanos y europeos han sorteado (o intentado sortear) las amenazas a la independencia judicial y los modos en que han restablecido dicho principio cuando ha sido agraviado.

«Cuando decidí participar de esta postulación mi interés era doble. Por una parte, contribuir a la investigación de frontera y a la internacionalización de nuestro quehacer académico en la UAH. Por otro lado, aportar a la temática de la independencia judicial. Un sistema de justicia independiente es un elemento estructural que sustenta el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Así, avanzamos en conformar un equipo altamente calificado y diverso con el objetivo de desarrollar un trabajo en red al alero de uno de los institutos de investigación más relevantes en el área como es el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law», aseguró la decana..

Esta iniciativa se desarrollará a lo largo de tres años, comenzando en enero de 2025, en el marco del Laboratorio de Colaboración del ICCAL (Ius Constitutionale Commune en América Latina), conformado por diez equipos, cada uno de ellos compuesto por dos a cuatro académicos/as en diferentes etapas de sus carreras, tanto de América Latina como de Europa. A través del prisma del derecho público comparado y los derechos humanos, cada equipo explorará una cuestión estructural de relevancia para la resiliencia democrática en las sociedades latinoamericanas y europeas.

El objetivo final del Laboratorio es crear un espacio para la excelencia en la investigación comparada, el desarrollo de conocimiento relevante para la formulación de políticas, el fomento de mentorías para el desarrollo académico de jóvenes investigadores/as y un mayor fortalecimiento del aprendizaje mutuo entre Europa y América Latina en estos tiempos retadores para la democracia.

Seminarios/Eventos

Eduardo Abarzúa destaca la importancia de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil en seminario ENCE 2024

En el marco de su participación en el Seminario ENCE 2024, Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado, destacó la importancia de la realización de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil para evaluar y mejorar la experiencia formativa y el compromiso de las y los estudiantes con su aprendizaje: «Es fundamental pensar en cómo generamos iniciativas que apoyen el progreso de los estudiantes, no solo en el aula, sino en el contexto universitario en general”.

Eduardo Abarzúa, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó en el seminario 2024 de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil (ENCE). Este proyecto, desarrollado por el Consejo de Rectoras y Rectores de Chile, busca recoger información crucial sobre la experiencia formativa de los estudiantes de educación superior en el país, con el objetivo de evaluar y mejorar su compromiso con el aprendizaje y la formación.

Durante la actividad, Abarzúa integró el panel de conversación «Experiencia estudiantil y calidad de la formación», junto a la Dra. Erika Castillo Barrientos, Comisionada y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, y Sandra Gaete Mejías, Vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. El panel fue moderado por Jacquelinne Rojas, representante de la Universidad de Playa Ancha.

En su intervención, Eduardo Abarzúa destacó la relevancia de la ENCE para mirar integralmente el proceso de formación de los estudiantes, lo que permite establecer prioridades y enfrentar diversos desafíos. «Esta encuesta es fundamental porque nos permite generar un orden de prioridades en la formación de los estudiantes, pero también releva diversos desafíos», comentó al término del encuentro.

El investigador del CiPP también subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo de trayectoria estudiantil que abarque desde la admisión hasta el primer empleo, integrando la formación con el mercado laboral para asegurar la vigencia profesional. Además, enfatizó la necesidad de reconocer la diversidad de los estudiantes al ingresar y adecuar las capacidades pedagógicas de los docentes para atender estas diferencias. «Es fundamental pensar en cómo generamos iniciativas que apoyen el progreso de los estudiantes, no solo en el aula, sino en el contexto universitario en general», añadió.

Asimismo, Abarzúa abordó en su presentación la incorporación de tecnologías en el proceso de aprendizaje, facilitando la formación en diálogo con los contextos personales de los estudiantes, como los extensos traslados o la necesidad de trabajar y cuidar a sus familias. Finalmente, destacó que la formación debe estar basada en un sentido y propósito otorgado por la institución, permitiendo que los estudiantes se reconozcan y se sientan comprometidos, lo cual es central para la conformación de su identidad profesional futura.

Entrevista - Voces CiPP

Enrique Rajevic sobre alcaldes imputados: «Contraloría no los puede destituir directamente»

El académico de la Facultad de Derecho e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Enrique Rajevic, se refirió en Chilevisión Noticias al cuestionamiento a la Contraloría que surgió frente a los alcaldes que fueron reelectos en 2024, estando imputados por delitos como violación o fraude.

Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, se refirió en una entrevista con Chilevisión Noticias al cuestionamiento surgido frente a los alcaldes que fueron reelectos y que asumieron nuevamente sus cargos el pasado 6 de diciembre, a pesar de estar imputados por delitos graves como violación o fraude.

Rajevic explicó que «hoy día la manera de hacer efectiva la responsabilidad por actos contra la probidad de alcaldes o concejales es básicamente el tribunal electoral regional, la Contraloría no puede destituir a un alcalde directamente. Hay que ser más ágiles y hay que revisar esa institucionalidad para que finalmente se den las señales adecuadas».

Entre los casos mencionados se encuentran los alcaldes Javier Jaramillo (Victoria), Aníbal Valenzuela (Nancagua), Mario Meza (Linares) y Boris Chamorro (Coronel), quienes han sido formalizados por diversos delitos y, en caso de ser encontrados culpables, deberán abandonar sus cargos. Otros casos incluyen a Luis Reyes (Río Bueno) y Miguel Rivera (Hualpén), quienes han sido querellados y denunciados, respectivamente.

El investigador del CiPP, también señaló que uno de los motivos por los cuales estas autoridades siguen siendo reelectas a pesar de tener causas pendientes puede ser que «los sistemas de transparencia y rendición de cuentas a nivel local no son todavía lo suficientemente robustos para permitir que las personas tengan toda la información que necesitan para medir una gestión local».Para conocer más detalles sobre esta entrevista, te invitamos a ver el reportaje completo en CHV.

Artículos Académicos

Rafael Blanco y Hugo Rojas publican investigación sobre independencia judicial en Routledge

Los investigadores Rafael Blanco y Hugo Rojas de la Universidad Alberto Hurtado publican una investigación en la prestigiosa editorial académica Routledge que analiza la evolución de la independencia judicial en Chile durante los últimos 50 años.

Fuente: Facultad de Derecho UAH

Los académicos de la Facultad de Derecho e investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Rafael Blanco y Hugo Rojas, logran un importante reconocimiento con la publicación de su investigación en la prestigiosa editorial Routledge. El estudio, que examina la evolución de la independencia judicial en Chile en los últimos 50 años, ofrece una visión detallada y crítica sobre los cambios y desafíos que ha enfrentado el sistema judicial chileno.

El documento forma parte de la obra colectiva Judicial Independence in Transitional Democracies, publicada en diciembre de 2024 por Routledge, una de las diez editoriales académicas más prestigiosas a nivel internacional. La obra fue editada por Nauman Reayat, académico de la Universidad de Leicester, Rhona Smith, profesora de la Universidad de Newcastle, y Moohyung Cho, profesor de la Universidad Ewha Womans de Corea del Sur.

En el capítulo escrito por los académicos Blanco y Rojas se analizan las complejidades político-jurídicas de la evolución que ha experimentado la independencia judicial en Chile, desde 1973 a 2023. Se argumenta que los procesos de reforma del poder judicial en los años de la transición han requerido de amplios consensos políticos, en sintonía con los aportes realizados desde la academia y la sociedad civil.

Una de las novedades de esta investigación es el diálogo entre un experto en derecho procesal, como el profesor Rafael Blanco, y un experto en sociología del derecho y justicia transicional, como el profesor Hugo Rojas. “La combinación de estos distintos saberes nos ha permitido generar una propuesta muy superior a lo que cada uno de nosotros podía haber planteado en forma aislada”, explican los autores del documento.

Para conocer más detalles sobre esta investigación, te invitamos a leer la publicación completa en Routledge.

Columna de opinión - Voces CiPP

Enrique Rajevic sobre el reciente dictamen de Contraloría: «marca un nuevo punto de inflexión en la evolución de nuestro maltrecho empleo público»

El investigador CiPP, académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la UAH, Enrique Rajevic, reflexiona en La Tercera sobre el reciente dictamen de Contraloría que decide abstenerse de resolver acerca del plazo que origina la confianza legítima en el personal a contrata, marcando un nuevo punto de inflexión en la evolución del empleo público.

Enrique Rajevic, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), académico de la Facultad de Derecho y secretario general de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en una columna de opinión publicada en La Tercera, entra al debate sobre el reciente dictamen de la Contraloría General de la República sobre empleo público. En este dictamen, el ente contralor decide abstenerse de resolver acerca del plazo que origina la confianza legítima en el personal a contrata, lo cual, según Rajevic, «marca un nuevo punto de inflexión en la evolución de nuestro maltrecho empleo público».

Rajevic destaca que esta decisión de la Contraloría tiene implicaciones significativas para el empleo público en Chile, ya que afecta directamente la estabilidad laboral y las expectativas de las y los trabajadores a contrata. En su análisis, el académico subraya la importancia de este dictamen en el contexto de las políticas públicas y la gestión del empleo en el sector público.

El investigador del CiPP argumenta que la falta de una resolución clara sobre el plazo que origina la confianza legítima genera incertidumbre y puede impactar negativamente en la motivación y el desempeño de los empleados públicos. Además, Rajevic señala que este dictamen refleja las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema de empleo público en Chile, y llama a una reflexión profunda sobre las reformas necesarias para mejorar la estabilidad y las condiciones laborales en este sector.

Para leer más sobre el análisis de Enrique Rajevic, puedes acceder a la columna completa en La Tercera.

Columna de opinión - Voces CiPP

Rafael Blanco sobre el Consejo de Nombramientos Judiciales: Un paso hacia la transparencia

En una columna de opinión en La Tercera, Rafael Blanco, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Derecho de la UAH, junto a los académicos UAH Leonel González y Leonardo Moreno, reflexiona sobre la importancia del Consejo de Nombramientos Judiciales en la reforma judicial.

Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en una columna de opinión publicada en La Tercera, junto a los académicos UAH Leonel González y Leonardo Moreno, reflexionan sobre la reciente propuesta del Consejo de Nombramientos Judiciales. En opinión de los autores, se trata de un buen punto de inicio para la reforma del sistema judicial en Chile.

Blanco y sus coautores argumentan que la creación de este consejo es un paso crucial para asegurar la transparencia y la meritocracia en los nombramientos judiciales. Según ellos, este organismo podría contribuir significativamente a mejorar la confianza pública en el sistema judicial, al garantizar que los nombramientos se realicen de manera justa y basados en criterios objetivos. «La creación de este consejo es un avance significativo hacia una justicia más equitativa y eficiente», afirman en la columna. También abordan los desafíos que enfrenta la implementación de este consejo, subrayando la necesidad de un diseño institucional robusto que permita su funcionamiento efectivo. Los autores enfatizan la importancia de la independencia y la imparcialidad del consejo, así como la participación de diversos actores del ámbito judicial y académico en su conformación. «Es fundamental que el consejo opere con total independencia para evitar cualquier tipo de influencia indebida», señalan.

En su análisis, también destacan que, aunque el Consejo de Nombramientos Judiciales no resolverá todos los problemas del sistema judicial, representa un avance significativo hacia una justicia más equitativa y eficiente. Concluyen que este es un buen punto de partida para futuras reformas que continúen fortaleciendo el estado de derecho en Chile. «Este consejo es solo el comienzo de un proceso de reformas más amplio y necesario», concluyen

Para leer la columna completa, puedes acceder a La Tercera.

Entrevista - Voces CiPP

Camilo Sembler analiza la crisis de mediana edad adelantada en millennials

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Camilo Sembler, reflexiona sobre las complejidades sociales que enfrentan los millennials en un artículo de la Revista Ya de El Mercurio.

De acuerdo al estudio publicado en abril de este año por el centro especializado en salud mental estadounidense Thriving Center for Psychology, uno de cada 10 millennials ha experimentado una crisis de mediana edad alrededor de los 34 años. Este fenómeno, marcado por la insatisfacción y el replanteamiento de los logros de esta generación, es analizado en un artículo de la Revista Ya de El Mercurio.

En este contexto, fue consultado Camilo Sembler, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), quien reflexionó sobre las complejidades sociales que enfrentan las nuevas generaciones. El artículo señala que desde empleos de corta duración y una creciente flexibilidad laboral hasta las dificultades para acceder a una vivienda propia, los cambios culturales y económicos han dado lugar a un escenario que retrasa hitos tradicionales en los millenials, como la independencia económica o la maternidad y paternidad.

En el artículo, Camilo Sembler señala que no se puede generalizar este fenómeno, ya que al estar marcados por los contextos propios de las personas (ser hombre, mujer, el nivel de recursos, entre otros) puede variar o no manifestarse.

«Es un grupo social que vive un proceso de transformación cultural, con mayores expectativas de autonomía y libertad personal, pero que, en muchos casos, chocan con las condiciones sociales actuales», señala Sembler.

Te invitamos a leer el artículo completo en Revista YA.

Seminarios/Eventos

Michelle Azuaje-Pirela participa en el Encuentro x CHILE para un futuro inclusivo y sostenible

La investigadora del CiPP y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado destaca la importancia de la alfabetización digital en el Encuentro x Chile, organizado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Michelle Azuaje-Pirela, investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), participó el pasado 21 de noviembre en el Encuentro x CHILE, un evento organizado conjuntamente por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Centro Cultural Estación Mapocho. Este encuentro reunió a representantes de la academia, la sociedad civil y el gobierno para discutir y presentar propuestas con el objetivo de construir un futuro más inclusivo y sostenible para Chile.

Durante el evento, la investigadora del CiPP destacó la necesidad de trabajar en la alfabetización digital de la población chilena. “Una gran conclusión de nuestra mesa es que tenemos que trabajar fuertemente en la alfabetización digital de nuestra gente”, comentó al término del encuentro. Además, la investigadora subrayó la importancia de este esfuerzo para asegurar que todos los y las ciudadanas puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la tecnología.

El Encuentro x Chile contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al presidente de la República, Gabriel Boric Font y representantes de distintas regiones y sectores.

Entrevista - Voces CiPP

Carlos J. García analiza el impacto del «efecto Trump» en la economía chilena

El investigador del CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos J. García advierte en Radio Cooperativa sobre el escenario económico actual y las posibles consecuencias del «efecto Trump».

Carlos J. García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), fue consultado por Radio Cooperativa, sobre el impacto del «efecto Trump» en la economía chilena. García señaló que la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha generado alta volatilidad en el mercado cambiario, con el dólar amenazando con alcanzar los 1.000 pesos.

El investigador CiPP explicó que, además del «efecto Trump», otros factores como el retroceso en el precio del cobre y el bajo crecimiento de la economía china están influyendo en el escenario económico actual. “Es probable que el crecimiento a finales de año aumente en algunas décimas, pero nada sustancial”, comentó el académico. Añadió que la mayor inflación podría hacer que el Banco Central demore en bajar su tasa de interés, lo que afectaría la actividad económica en Chile.

El académico también destacó la incertidumbre electoral internacional y cómo las políticas proteccionistas de Trump podrían provocar una caída más severa en la actividad económica de China, impactando negativamente las exportaciones chilenas.

Te invitamos a seguir leyendo en Radio Cooperativa.

Proyectos de Investigación

Mauricio Castillo realiza pasantía sobre adopción de la Industria 4.0 en Pymes chilenas

En el marco de su proyecto Fondecyt de iniciación, Mauricio Castillo, investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, realizó una pasantía en Europa para investigar la adopción de la Industria 4.0 en Pymes chilenas, destacando la importancia de la creatividad y la cooperación en este proceso.

Fuente: FEN-UAH

Entre el 6 y el 23 de septiembre, el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Mauricio Castillo llevó a cabo una pasantía en España, Italia y Portugal, en el marco de su proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación titulado “Adopción de la Industria 4.0 en pequeñas y medianas empresas en una economía emergente y los impactos en la innovación”. Este proyecto busca comprender los factores que influyen en la adopción de tecnologías avanzadas y cómo estas impactan en la capacidad de innovación de las Pymes en Chile.

“El objetivo principal de nuestro estudio es analizar los elementos internos, institucionales e industriales que pueden facilitar o inhibir la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 en el contexto de una economía emergente como la chilena”, comentó Mauricio Castillo, quien destacó la relevancia de la creatividad y la cooperación para fortalecer la relación entre las tecnologías de base y las tecnologías avanzadas en las Pymes. “Nos interesa ver cómo estos elementos pueden ayudar a las empresas a superar las barreras tecnológicas y enfrentar con éxito los desafíos de la cuarta revolución industrial”, añadió.

Durante su estancia en Europa, el investigador CiPP participó en reuniones con equipos de investigación en las ciudades de Murcia y Cartagena, en España, donde desarrollaron modelos de investigación y analizaron datos avanzados en colaboración. Asimismo, sostuvo encuentros con el equipo directivo de Faedpyme, la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme, como parte de su rol de secretario del Comité Internacional del Observatorio Iberoamericano de la Mipyme. “Estamos estructurando actividades para 2025 que contribuirán a la investigación y desarrollo de las mipymes en Iberoamérica”, afirmó Castillo.

En Italia, Mauricio Castillo participó en el congreso IUFOST en Rimini, donde tuvo la oportunidad de conocer innovaciones desarrolladas por empresas europeas en el sector alimenticio. Además, en Portugal, presentó dos ponencias en el XXI Encuentro Internacional AECA en Faro: “Industria 4.0, Creatividad y Rendimiento de la Pyme: Un estudio en Chile” y “Preparación en las Pymes para adoptar las Tecnologías de la Industria 4.0”. Este último trabajo fue finalista del premio internacional Pyme Juan Antonio Maroto Acín, otorgado por AECA.

El proyecto FONDECYT no solo se enfoca en las variables técnicas de la adopción tecnológica, sino que también examina los elementos de creatividad y cooperación como factores que pueden mejorar la capacidad de las Pymes para adoptar tecnologías de la Industria 4.0. “Actualmente estamos trabajando en varios artículos en colaboración con distintos equipos, con el fin de responder a las interrogantes que plantea este proyecto y aportar al desarrollo de la innov

Entrevista - Voces CiPP

Manuel Fuenzalida analiza migración de usuarios de Fonasa a clínicas privadas

En un reportaje de El Mercurio, el investigador del CiPP Manuel Fuenzalida fue consultado por los resultados de una encuesta de Criteria que revela un aumento significativo del porcentaje de afiliados a Fonasa que eligen atenderse en clínicas privadas.

Un estudio reciente, elaborado por Criteria a solicitud de la Asociación de Clínicas de Chile, revela que el 55 % de los afiliados a Fonasa elige atención en clínicas privadas, un incremento respecto al 50 % registrado en 2021. Además, ante una enfermedad grave, el 58 % de los usuarios preferiría ser atendido en una clínica privada, valorando factores como la rapidez y la calidad en la atención.

Consultado por estos resultados, el investigador del Centro Interdisciplinar dfe Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Manuel Fuenzalida, destaca que la demora en la atención y la necesidad de acceso rápido están llevando a un número creciente de usuarios de Fonasa a elegir clínicas privadas. “Aquí inciden, por un lado, la idea de largas listas de espera y, por otro, la necesidad de un acceso más rápido a consultas y procedimientos, esto en particular cuando es una urgencia”, explicó. Agregó que “algunos pacientes perciben que el sistema privado ofrece una experiencia superior”.

Para Manuel Fuenzalida, es fundamental avanzar “en la creación de un sistema de derivación centralizado que sea capaz de detectar capacidad en los sistemas público y privado, para asignarla a la solución de la patología que está en la lista de espera”.Te invitamos seguir leyendo en la publicación de El Mercurio.

Congresos y seminarios Académicos

Cristian Geldes: La sostenibilidad es una decisión estratégica para el futuro de las organizaciones

Cristian Geldes, investigador CiPP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, destacó la importancia de la sostenibilidad como una decisión estratégica en el Primer Congreso Internacional de Economía y Organizaciones Sostenibles.

El investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Cristian Geldes, participó en el Primer Congreso Internacional de Economía y Organizaciones Sostenibles, organizado por la Universidad Santo Tomás y la Universidad Católica del Maule (UCM). El evento se llevó a cabo en el Campus San Miguel de la UCM los días 24 y 25 de octubre, y reunió a académicos, profesionales, empresarios y representantes gubernamentales para debatir sobre el rol crucial de la sostenibilidad en el crecimiento económico y social del país.

En su intervención, titulada «Construyendo organizaciones sostenibles. Una mirada desde la estrategia», Geldes profundizó en la importancia de generar «valor compartido» en las empresas. Explicó que “las organizaciones sostenibles buscan crear valor económico, social y ambiental”, y destacó que esta visión abarca no solo la rentabilidad, sino también el impacto positivo en las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente. «Para lograrlo, las empresas deben crear y capturar valor, lo que les permite proyectarse en el tiempo y cumplir su propósito organizacional», afirmó Geldes.

Además, subrayó que la sostenibilidad dentro de las organizaciones no es solo una tendencia, sino una “decisión estratégica” que debe estar integrada en todos los niveles. “La sostenibilidad debe involucrar políticas, programas, presupuestos y personas dedicadas al tema. No es una tarea menor, es una ruta que define el futuro de la empresa”, agregó.

Durante el congreso, se discutieron múltiples temas relacionados con el desarrollo sostenible, los desafíos económicos de distintos sectores y la importancia de construir organizaciones responsables. En este contexto, Geldes destacó la relevancia de las pequeñas empresas como un «eslabón clave» para el progreso territorial y el crecimiento económico integral. “Estas empresas no solo contribuyen al desarrollo local, sino que también son fundamentales para el avance del país”, comentó.

El congreso también tuvo un enfoque regional, lo que, según Geldes, es clave para “desarrollar capacidades fuera de la Región Metropolitana”, y fomentar un espacio inclusivo donde actores de distintas zonas de Chile y de otros países puedan compartir experiencias y perspectivas.

Noticias

Nicolas Fleet integra Consejo Asesor del Ministerio de Educación

El investigador del CiPP de la Universidad Alberto Hurtado se une al Consejo Asesor del Ministerio de Educación junto a 47 consejeros y consejeras que tienen el objetivo de elaborar una Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior chilena.

Nicolas Fleet, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Educación. El Consejo, impulsado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y presidido por el académico Pablo González, tiene por objetivo elaborar una Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior chilena. Este órgano será la instancia formal encargada de elaborar y validar la propuesta que la Subsecretaría de Educación Superior está mandatada a presentar según lo establece la Ley N°21.091.

Por su parte, María José Valdebenito, académica de la Facultad de Educación de la UAH también se integró a este Consejo, en la comisión de “Trayectorias Formativas y Procesos Académicos”.

El Consejo Asesor del Ministerio de Educación, compuesto por 48 destacadas y destacados académicos y expertos, tiene la tarea de proponer reformas que modernicen y mejoren la educación superior en Chile.

Nicolas Fleet tendrá la tarea de coordinar la Comisión de Arquitectura y Gobernanza del Sistema de Educación Superior, una de las tres comisiones clave del consejo. Esta comisión se centra en diseñar estructuras y procesos que aseguren una gestión eficiente y transparente de las instituciones de educación superior. Entre los miembros de esta comisión se encuentran figuras reconocidas como Harald Beyer, exministro de Educación y exrector de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el hito de inicio del Consejo Asesor, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que esta instancia busca “robustecer la calidad de las instituciones, sin comprometer su autonomía ni sostenibilidad financiera, pero modernizando y complejizando el sistema de educación superior, teniendo siempre a la vista la eficiencia de los recursos”. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó la diversidad de los consejeros, señalando que “necesitamos construir un diálogo con investigadores, académicos, representantes de distintas partes del sistema y del espectro político y cultural”.

El Consejo Asesor trabajará durante un año en sesiones regulares en distintas comisiones en torno a cuatro ejes: trayectorias formativas y procesos académicos, arquitectura y gobernanza del sistema, asociatividad para el desarrollo del conocimiento, innovación e internacionalización, y articulación con entornos productivos y dinamización del desarrollo. Al finalizar el periodo de trabajo, se presentará al ministro de Educación una propuesta de Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, que espera abordar los desafíos del sistema de educación superior de cara a las próximas décadas.