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Empleo público y nueva constitución

Empleo Público y Nueva Constitución: Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP y Núcleo Constitucional de la UAH, realizaron seminario para reflexionar sobre esta temática en nuestro país.

El evento, transmitido por UAH TV Digital, se realizó el miércoles 17 de noviembre con la participación de Eduardo Abarzúa, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH y Enrique Rajevic, Director del Departamento de Derecho Público de esta misma universidad, ambos investigadores del CiPP, junto a Natalia Henríquez Carreño. Vicepresidenta de la Convención Constitucional de Chile, electa por el distrito 9.

Para introducir y contextualizar la relevancia de convocar a esta conversación sobre empleo público y nueva constitución, el evento contó con las palabras y el saludo inicial de Sebastian Salazar, Coordinador Académico del Núcleo Constitucional Universidad Alberto Hurtado y Ximena Concha, Directora Ejecutiva del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la misma Universidad.

El primer panelista en intervenir fue Eduardo Abarzúa, quien partió su intervención valorando la convocatoria a este tipo de espacios de reflexión en la UAH, a través de una alianza entre el Núcleo Constitucional y el CiPP, y señaló que en Chile se requieren los mejores servicios públicos para dar continuidad a las políticas de Estado, destacando que el proceso constituyente es una gran oportunidad para fortalecer el empleo público. “Su actual precariedad es uno de los problemas que conspira contra la capacidad del Estado para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos como país.”, afirmó el académico.

El Decano de la FEN-UAH indicó además que “lo que se espera de la nueva Constitución en esta materia es que se diferencie en forma clara gobierno y administración”. “El gobierno es electo por la ciudadanía y es responsable de la conducción política del Estado y de la definición de políticas públicas. La administración es la que está a cargo de implementar las políticas públicas definidas por el gobierno electo y proveer a la ciudadanía de servicios públicos”, explicó el investigador del CIPP.

Luego, fue el turno del profesor Enrique Rajevic, quien junto con valorar también el espacio, explicó que el tema del empleo público ha sido abordado en las constituciones previas pero el problema es que las disposiciones han sido superadas por la realidad. “No hemos sido capaces de institucionalizar el empleo público de una manera adecuada y esto nos persigue en nuestra trayectoria institucional”, aclaró el Director del Departamento de Derecho Público de la UAH.

Rajevic fue claro en decir que no cree que el cambio de régimen político sea la clave para solucionar la situación del empleo público del país y puso como ejemplo a la época parlamentaria de Chile donde se criticaba la politización del sistema público.

Por su parte, la vicepresidenta de la Convención Constituyente, Natalia Henríquez agradeció la invitación de la UAH a participar de esta conversación, y, se refirió a su experiencia como médica internista del Hospital San José y más de 11 años en la red pública de salud del sector norte de Santiago. Comentó que, con cada cambio de gobierno, se reestructura siempre el recinto asistencial lo que va en contra de políticas de salud enfocadas al largo plazo y que existen criterios políticos que priman a la hora de designar a las autoridades. “Se sabe que ciertos servicios de salud se le dan a ciertos partidos políticos y un ejemplo de esto es mi hospital que se le entrega habitualmente al PPD y en algunas oportunidades a la DC”, comentó la constituyente.

Henríquez, afirmó que no existen políticas públicas que se proyecten en el tiempo, lo que influye negativamente en áreas como la salud que es intervenida con cada cambio de gobierno. Relató además que la estructura hospitalaria existente es modificada completamente y acusó que esto es producto de una estructura estatal débil, con una carrera funcionaria precaria y con gran cantidad de trabajadores a contrata que no logran generar un sentido de pertenencia con las instituciones donde trabajan, porque sienten que están de paso.

Consultada, al cierre del seminario, sobre su expectativa sobre el próximo gobierno, Henriquez fue clara en señalar “espero que quien llegue a la Moneda, deje trabajar a la convención”.

Puedes escuchar el seminario en el siguiente enlace.

Artículos Académicos

Trabajo social intradisciplinar en Chile. Evaluaciones realizadas por interventoras(es) en relación con aspectos de colaboración

Carlos Andrade Guzmán, investigador CiPP y académico UAH, publicó “Trabajo social intradisciplinar en Chile. Evaluaciones realizadas por interventoras(es) en relación con aspectos de colaboración», en la revista Cuadernos de Trabajo Social n.º 16, 2021, UTEM, Erih plus.

El artículo, que difunde resultados de investigación aplicada en base a un diseño cuantitativo, explora la evaluación que hacen profesionales y técnicos en trabajo social a la hora de colaborar entre sí, en torno al desarrollo de intervenciones en niñez y discapacidad.

Tomando como referencia la colaboración que en torno a la intervención se desarrolla desde el Trabajo Social chileno en marcos de intradisciplinariedad, este trabajo responde cuantitativamente a las siguientes preguntas.

Primero, cuál es la evaluación que hacen profesionales y técnicas/os del trabajo social en relación con las estrategias colaborativas desarrolladas en el contexto de sus intervenciones y;

Segundo, cuál es la evaluación que realizan en torno al papel que cumplen los aspectos estructurales y personales a la hora de colaborar para intervenir.

Para contextualizar la importancia de la temática abordada, Carlos Andrade señala que la colaboración en el contexto de la intervención social ha sido reconocida como central para hacer frente a fenómenos sociales desde un marco de complejidad. En este contexto, el trabajo social chileno ha tenido, como característica de su forma de intervenir, la articulación colaborativa con otras/os. Ello, por ejemplo, desde compartir saberes para articular y desarrollar intervenciones que se ajusten a las necesidades de los territorios, entre otros.

Si bien se reconocen avances en el campo de conocimiento a nivel internacional, se advierte que, en términos generales, se ha puesto poca atención en torno a los diversos elementos que rodean a la colaboración intradisciplinar en la intervención entre quienes comparten la formación en trabajo social. En términos específicos, se advierte como aún más escaso el conocimiento generado en torno a la colaboración entre profesionales y técnicas/os de la disciplina. Reducir esta brecha en el campo de conocimiento es lo que busca este estudio.

En este sentido, explica el autor, densificar este campo de conocimiento es relevante para el trabajo social chileno, debido a que la disciplina se encuentra altamente fragmentada, habiendo, por ejemplo, profesionales formados en universidades que, tradicionalmente estudiando 5 años, obtienen tanto el título profesional como el grado de licenciatura. Por su parte, también en Chile se forman profesionales que estudian en institutos profesionales durante 4 años y que obtienen sus títulos profesionales sin el grado de licenciadas/os. Finalmente, en este país se forman igualmente personas interventoras que estudian el nivel técnico en trabajo social, tradicionalmente, en torno a dos años y medio de formación. Tomando este marco como referencia el año 2017, eran más de 420 los programas de formación disciplinar ofertados en el país (Iturrieta, 2017). Sin embargo, poco se han estudiado los elementos de colaboración que rodean este encuentro intradisciplinar a la hora de intervenir, por ejemplo, en relación con cómo interventoras/es evalúan las estrategias colaborativas desarrolladas y los aspectos estructurales y personales en la base de la colaboración, marco en el cual se sitúa este estudio.

En cuanto a sus resultados, y con base en las evaluaciones de quienes intervienen, el trabajo concluye que las condiciones estructurales requieren ser fortalecidas en pos de que la colaboración permita acercarse a resultados satisfactorios de intervención.

El artículo se puede descargar en:

https://cuadernots.utem.cl/articulos/trabajo-social-intradisciplinar-en-chile-evaluaciones-realizadas-por-interventorases-en-relacion-con-aspectos-de-colaboracion/?fbclid=IwAR31DGPM2wdG0xUww5e8eKYU2NEhDH_bI29UeXVEZcW1b3fH8wSI9EGvwWc

Entrevista - Voces CiPP

Todo va a depender de quiénes vayan a votar este domingo

[Entrevistas] Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH en El Mostrador, sobre las elecciones presidenciales: “Todo va a depender de quiénes vayan a votar este domingo”

Fuente: El Mostrador

A días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 21 de noviembre, Cecilia Osorio, investigadora CiPP y académica UAH, participó junto a Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales, en el programa Semana Política de El Mostrador, donde analizaron las claves de estos comicios. Se refirieron tanto a la campaña presidencial como a otros factores que podrían incidir en los resultados de este domingo, y reflexionaron sobre el significado de la acusación constitucional contra el presidente.

“Todo va a depender de quiénes van a ir a votar el domingo”, señaló Cecilia Osorio. Si va mayor población de más edad a votar, que quizás no fue en las últimas elecciones por estar en pandemia, podría favorecer a Kast y Provoste. Y si los jóvenes se levantan a votar, vendría a confirmar la tendencia del plebiscito, y eso podría favorecer a Boric y Sichel”, señaló.

Entre los elementos de esta campaña presidencial, Fuentes identificó en primer lugar “la polarización política, no tanto social como otros colegas han planteado”. “Hay dos modelos en disputa que se plantean en la esfera política. Por un lado, una postura que derivó en una cercanía con el pinochetismo, valores conservadores, defensa radical del modelo, sin Estado, anti-nueva Constitución, por el Rechazo, y una postura de la izquierda que plantea revisar el modelo económico, de sustentabilidad ambiental, relaciones de género”, ejemplificó.

En segundo lugar, se ha desarrollado una campaña donde se instaló “súper rápido un lenguaje político, violento, con mucho adjetivo calificativo, y que está muy exacerbado por las redes sociales” y que refleja “una pérdida de valores cívicos mínimos”.

Sobre este mismo tema, Cecilia Osorio agregó que “la campaña no ha sido violenta solo entre los candidatos, sino también hacia un otro, como hacia los inmigrantes o los pueblos originarios”. “Eso me parece uno de los puntos más peligrosos o preocupantes hoy. Esa deshumanización hacia un otro, esta construcción de un otro que me genera miedo y que es el causante de problemas públicos, que sabemos que no son causantes, ha surgido en este debate y eso me parece súper preocupante, y antes no había ocurrido con tanta claridad. Uno lee las preocupaciones de intelectuales previo a que ganara Trump y hay cosas que están ocurriendo acá y no ocurrían en campañas anteriores”, planteó.

Para la académica de la UAH, “estamos en un escenario de alta dispersión, con muchos candidatos, que es arriesgado y súper fluido para hacer proyecciones” y si bien hay situaciones “de Macondo”, como la postulación a distancia de Franco Parisi, “dudo que no pase nadie de la derecha, dado que tenemos una dispersión muy alta de siete candidatos”.

Claudio Fuentes agregó que otro punto a analizar, es lo “desvalorizado del rol de los programas”. “Son como la palabra escrita, el compromiso, pero esto de que las candidaturas vayan cambiando el programa, que lo que se entrega al Servel no es lo mismo que está al final para la campaña, o que, si cambia el escenario, lo puedo cambiar. Esa noción, que de hecho Kast lo planteó en el debate, lo encuentro peligrosísimo y es la puerta abierta al populismo más barato, es una relativización”, indicó.

En este contexto, hacer cálculos es arriesgado, admitieron los analistas, porque todo depende del tipo de elector que se levante a votar este 21 de noviembre.

Fuentes, en tanto, descartó un escenario con la derecha fuera de la segunda vuelta. “La elección presidencial no es lo mismo que las elecciones de la Convención, hay muy poco espacio para los independientes, no creo que terminemos con Parisi y Boric en segunda vuelta, dudo que pase eso”, aseguró.

Sobre los efectos del último debate en los electores, Osorio es clara en señalar que: “El votante que está decidido previo a un debate no necesariamente modifica su voto según el desempeño de los candidatos. El votante duro de Kast, independiente de su desempeño mucho más débil en este último debate, no creo que mueva su voto. Lo que sí creo que puede ocurrir es que se mueva el voto de un elector que no tiene tan claro entre Kast y Sichel y puede ser que algunos se pasen a Sichel”.

En todo caso, afirma Osorio, lo que quedó claro es que Kast representa a una “derecha dura, acérrima y excluyente”.

En cuanto a la figura de Yasna Provoste, la académica comentó que “su campaña ha sido débil en términos de convocar, y si bien ha tratado de marcar posiciones con su programa, no me queda tan claro si a río revuelto va a emerger el centro”.

Para Claudio Fuentes, otra clave son las elecciones parlamentarias, “porque el tipo de Congreso que se elija va a tener un impacto muy fuerte en la futura instalación de la nueva Constitución. Imagine que le vaya a bien a la derecha y tenga el 30-40% en el Congreso. Hay un vínculo entre la Convención y el futuro Congreso, por lo tanto, las elecciones parlamentarias son muy relevantes”, indicó.

Acusación contra Piñera y legado del gobierno.

Sobre el rechazo del Senado a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y si bien era un resultado “escrito”, dado el quórum exigido, los especialistas coinciden en que el hito estuvo en la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, más que en el trámite en la Cámara Alta.

Para Cecilia Osorio, hay una carga no solo simbólica en la decisión de rechazar la acusación contra el presidente, porque el presidente se queda, “pero hay una posición que es muy clara desde los representantes del parlamento de validar los argumentos desde los cuales se planteó la acusación constitucional”, de la que quedará una trazabilidad, y “quedará en los libros que es un presidente que fue acusado por la Cámara de Diputados”, y eso tiene un alto contenido simbólico.

“No se si esta será la mayor derrota para este gobierno, porque se trata de un gobierno que ya está muy debilitado, pero sin duda viene a terminar de remachar los últimos meses de un Gobierno que ha sido muy poco productivo”, señala Osorio.

Por su parte, el académico de la UDP, señaló que lo que ocurrió en el Senado tuvo menos relevancia de lo que pasó en la Cámara … aunque “Se sabía el resultado pero hay una sensación, que nunca pudo remontar el Presidente, de que efectivamente está condenado a la irrelevancia desde el punto de vista político y la opinión pública. Usualmente al final de su mandato los gobiernos tienden a subir, pero este Gobierno no lo logró y es muy difícil que lo logre”, sostuvo por su parte el académico de la UDP.

Sobre el legado de este gobierno, Cecilia Osorio señala que, lo cierto es que hay “un pato muy cojo”, un legado que no es positivo, de “un Gobierno que no supo asumir la crisis política desde el estallido en adelante, pudiendo haber reaccionado de otra manera”, con indolencia en materia de derechos humanos, y donde lo único positivo que destacaría es la vacunación ante la pandemia, concluye la investigadora del CiPP.

Escucha el programa en el siguiente ENLACE:

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/17/la-semana-politica-analizo-el-caso-kast-y-el-peligro-de-la-desvalorizacion-de-los-programas-presidenciales/

Columna de opinión - Voces CiPP

¿Son los actuales requisitos para aspirar a la Presidencia de la República los más adecuados a ese cargo?

Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH, en La Tercera “¿Son los actuales requisitos para aspirar a la Presidencia de la República los más adecuados a ese cargo?

Esta es la pregunta que la investigadora CiPP y académica UAH, Miriam Henríquez, se plantea responder en su columna de opinión publicada el 15 de noviembre en Voces de La Tercera. Señala que motivados por los perfiles y las conductas de los candidatos presidenciales, así como por el proceso constituyente en curso, han surgido cuestionamientos sobre la pertinencia de los requisitos actuales.

Para contextualizar, Henríquez parte recordando que las exigencias que se establecen para presentar candidaturas a cargos de elección popular van desde la nacionalidad, la residencia, la edad, la formación, entre otros. En principio, cuando se contemplan estas exigencias se busca satisfacer el perfil que el cargo y la envergadura de la tarea imponen, al mismo tiempo que evitar la existencia de barreras de entrada que marginen a ciertas personas de presentar sus candidaturas.

Luego, hace un contrapunto entre los requisitos que se exigen para quienes están interesados o interesadas en ser candidatos a la Moneda, en contraposición a los exigidos para otros cargos de elección popular.

Algunos ejemplos que menciona en su columna son:

No se exige para ser Presidente el cumplimiento de requisitos de idoneidad que suelen estar vinculados con ciertos estudios, como sí se instituye para los demás cargos.

Tampoco se exige una residencia en el país por un lapso de tiempo previo a la elección …….. Ello permite, por ejemplo, que el candidato Franco Parisi haya inscrito su candidatura, realizado campaña y participar de las elecciones sin encontrarse en el país.

O bien, no estar sometido a procesos judiciales por deudas o no haber sido condenado en juicio (salvo estar acusado o condenado por delito que merezca aflictiva) no es un requisito para optar a la Presidencia de la República.

Concluye Henríquez señalando que probablemente, los mínimos requisitos para presentar candidaturas a la Presidencia se pensaron para que, en una democracia abierta y plural, cualquier ciudadana o ciudadano sea elegible en la más alta magistratura. Sin embargo, y más allá del régimen político que se defina en la nueva Carta, corresponderá revisar la necesidad de nuevos requisitos que aseguren la idoneidad de los candidatos, así como aquellos que pueden resultar anacrónicos, como la edad mínima.

Revisa su columna completa en:

https://www.latercera.com/opinion/noticia/todos-podemos-aspirar-a-la-presidencia/BOTNISV2WJB3HFWXOSAM2INSC4/

Entrevista - Voces CiPP

En los programas presidenciales no se plantea realizar cambios estructurales a la educación técnica

Paola Sevilla y Leandro Sepúlveda, investigadores CiPP y académicos UAH: “En los programas presidenciales no se plantea realizar cambios estructurales a la educación técnica”

Los programas de los candidatos presidenciales no abordan en forma profunda el tema de la formación técnica en Chile y siguen viéndola como algo anexo a la educación general escolar y post secundaria. Ninguno plantea cambios estructurales y solo expresan mejorar aquello ya existente, sin cuestionar o proponer nuevas alternativas respecto a, por ejemplo, el lugar de la educación técnica en la enseñanza media, o el tipo de institucionalidad necesaria para favorecer un sistema integrado en función a políticas de desarrollo a nivel nacional o regional.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP), Leandro Sepúlveda y María Paola Sevilla, luego de analizar los programas de los candidatos presidenciales.

Paola Sevilla señala que hay una visión acotada de la educación técnica y que se restringe al espacio educativo, sin conectarla con la formación que acontece en el mercado laboral, en la formación de oficios, capacitación y certificación de competencias laborales. “Creo que esa es una falla que está presente en todos los comandos”, dice Sevilla.

La especialista agrega que entre Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Gabriel Boric hay un consenso en impulsar la educación técnica de nivel superior a través de los Centros de Formación Técnica estatales, política heredada del segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Sichel es partidario de impulsar estos CFT manteniendo el esquema de financiamiento actual a la educación técnica superior enfocado a la demanda, donde las instituciones reciben los recursos, ya sea por gratuidad o por otra vía en función de alumnos matriculados. En cambio, Boric y Provoste proponen la transformación del esquema de financiamiento que son los basales y, de esta manera, ellos proyectan potenciar estos centros estatales para su articulación con las necesidades socio productivas de sus regiones” puntualiza Sevilla.

Para Leandro Sepúlveda, este tema es relevante porque los CFT estatales están recién iniciándose y en la actualidad hay una alta concentración de matrícula en CFT e institutos profesionales que son privados. “Al plantear este tipo de financiamiento vemos un reforzamiento a instituciones que son estatales pero que hasta el momento no tienen incidencia significativa en la matrícula porque hay muy pocos y están recién en proceso de instalación; su desafío es lograr consolidar propuestas relevantes en los territorios y en vínculo con las iniciativas de desarrollo local o regional”, destaca el académico.

Por su parte, la docente afirma que uno de los aspectos en que avanzó el actual gobierno en torno a los centros de formación técnica es el marco de cualificaciones. Este es un instrumento que permite incorporar las necesidades del sector productivo en la oferta curricular de las instituciones. “Sebastián Sichel y Yasna Provoste rescatan este instrumento en sus programas y se ve una continuidad en ciertos aspectos que no se ve en el programa de Boric”, concluye Sevilla.

Otro de los aspectos que menciona Paola Sevilla es que en el programa del candidato del Pacto Apruebo Dignidad se observa un discurso que se esfuerza en superar el uso instrumental de la educación técnica dirigida a la consecución de un puesto de trabajo. “En general la educación técnica es asociada con la preparación de mano de obra calificada para un puesto de trabajo y el programa de Boric, por lo menos discursivamente va más allá, alejándola de esta perspectiva y abogando por una formación mucho más integral y en función de un crecimiento sostenible”, sostiene la especialista.

En tanto, el académico Leandro Sepúlveda señala que no se puede pensar en la formación técnica sin integrarla dentro del sistema educativo general y que lo que se observa en estos programas presidenciales es la dificultad de cuestionar el sistema educativo en su conjunto desde la perspectiva de la educación técnica. En el caso del programa de Boric, señala el investigador, hay un aspecto destacable: concebir el modelo de educación técnica de enseñanza media como el inicio de una trayectoria educativo-laboral que puede tener múltiples alternativas. Eso es importante porque permite concebir la educación técnica no como un pie forzado hacia un tipo de especialidad en particular, sino que como una alternativa amplia que el propio estudiante, a lo largo del tiempo, puede desarrollar.

Paola Sevilla comenta que en la actualidad la educación técnica se ve muchas veces afectada por los sesgos de género que perjudican a las mujeres y destaca que el único programa presidencial que aborda esta temática es el del Pacto Apruebo Dignidad. “Boric habla acerca de la importancia de que las mujeres puedan ser formadas en carreras masculinizadas que en general son las que tienen mejores perspectivas laborales”, destaca la académica.

En la misma línea, Leandro Sepúlveda, señala que en el programa del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se habla de crear oportunidades de emprendimiento para mujeres, lo que muestra también un sesgo de género. “Al enfatizar en una salida laboral de tipo emprendimiento significa reconocer las dificultades de inserción de las mujeres en puestos de trabajo y el implícito es que a las mujeres le va a costar más y, por lo tanto, lo que deberíamos apoyar son sus emprendimientos individuales”, cuestión que puede significar una contrapolítica de integración laboral puntualiza el investigador.

En los programas presidenciales no se hace mención a los docentes que trabajan en la formación técnica que son profesores diferentes a los del sistema escolar porque su vía de ingreso no es a través de las carreras de pedagogía. Es un estamento que tiene una alta tasa de rotación y muchos de los docentes actuales están envejeciendo. “Si se ha anticipado que faltarán docentes en el sistema escolar en la educación técnica esto es aún más crítico”, advierte Paola Sevilla.

Leandro Sepúlveda acota que en la propuesta de Boric hay un tema que le llamó la atención y que puede ser cuestionable: Vincular la oferta curricular técnico profesional con los programas de integración educativa; en el fondo, de la manera en que está planteado podría entenderse a la educación técnica como una alternativa de apoyo a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. El docente señala que en diversos actores del mundo educativo existe la idea que todo aquel individuo que no puede seguir el ritmo de una exigencia academicista tendría “la alternativa” de recurrir a la formación técnico profesional, lo que constituye una distorsión del sentido último de este tipo de educación.

Paola Sevilla recuerda que la propuesta de Yasna Provoste sobre la creación de un centro de desarrollo para la formación técnico profesional y una agencia nacional de cualificaciones es una política que viene desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Crear estas estructuras es un paso necesario, pero creo que propuestas como estas han estado presentes desde hace muchos años y no es novedad”, recalca la especialista.

En relación con el programa de José Antonio Kast los académicos observaron que éste se refiere a la educación dual y que señala que va a vincular los centros de formación con las universidades regionales. “No menciona a los centros de formación técnica ni a los institutos profesionales, y habla solo de las universidades regionales; más allá de esto, su propuesta apunta mayormente a “desmantelar” las reformas desarrolladas en los últimos años, enfatizar en el principio de elección educativa por parte de los padres y fortalecer un modelo educativo que enfatice en aspectos “valóricos” sin precisar a que hace referencia, pero que se intuye en un sesgo de conservadurismo religioso”, comenta Sepúlveda.

Los especialistas plantean que tanto Eduardo Artes como Franco Parisi no se refieren a la educación técnica en sus programas presidenciales. Agregan, que el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami hace un breve comentario haciendo un diagnóstico sobre el debilitamiento o freno del mercado laboral. Además, expone un cuestionamiento a la exacerbada oferta profesional que hay en la educación superior y resalta la importancia de una oferta técnica para formar a nuevos trabajadores. Lo que le parece interesante a Leandro Sepúlveda, aunque no ahonda en este punto en su propuesta.

¿Qué recomendación plantean a los candidatos?

Una primera idea que plantea Leandro Sepúlveda es pensar en una reforma a la enseñanza media, algo que nadie aborda. “Es necesario pensar que una educación técnica acorde al tiempo actual y no desde una visión rígida de salida temprana al mundo del trabajo, debería ser una opción que tienen las personas entre múltiples alternativas, porque una de las características del mundo actual es el constante cambio y readecuación de los sujetos a esa realidad. Entonces, un sistema educativo técnico profesional que es muy rígido no es funcional al mundo actual”, argumenta Sepúlveda.

Finalmente, Paola Sevilla, afirma que hay un gran valor de la educación técnica que tiene que ver con la inclusión de estudiantes de todos los estratos sociales, pero que este atributo podría quedar en entredicho porque sería acosta de la equidad de género. “Nosotros sabemos que las mujeres de menor nivel socioeconómico son las que se han incorporado a tasas crecientes en la ETP superior, pero mayoritariamente en aquellas carreras que las llevan a ciertas posiciones en el mercado laboral con muchas más desventajas que los hombres contribuyendo a las brechas de género en el mercado laboral”, sentencia la académica.

Entrevista - Voces CiPP

El cuarto retiro: lo que se esconde detrás de una mala manera de hacer política pública

Eduardo Savedra director académico CiPP UAH: “El cuarto retiro: lo que se esconde detrás de una mala manera de hacer política pública”.

El director académico del CiPP entrega su visión sobre la discusión sobre el cuarto retiro de fondos previsionales que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Conoce aquí sus opiniones.

Hace tiempo que los retiros de fondos de pensiones dejaron de ser una excusa razonable para “aliviar la mala situación económica producida por la pandemia en los sectores más pobres”, señala el director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP-UAH, Eduardo Saavedra, quien agrega que ahora muestra su verdadera cara. “Es el modo en que los sectores antisistémicos logran colocar en la agenda pública uno de sus objetivos más anhelados, el fin del sistema de capitalización individual en Chile”.

Estos retiros, que pudieron justificarse cuando en 2020 el gobierno se mostró incapaz de enfrentar los problemas financieros de quienes no tenían trabajo o cerraban su emprendimiento a causa de la pandemia, actualmente no tiene justificación alguna, puntualiza el académico de la Universidad Alberto Hurtado. Esto por tres razones principales: (i) el gobierno ya hace más de un año que entrega subsidios universales para enfrentar la pandemia, entre otros el llamado bono IFE; (ii) las personas con menos recursos también son quienes disponían de menos ahorros previsionales, por lo que los retiros de dichos fondos actuales no les afectan mayormente, beneficiando a las clases más pudientes que no requieren de este “apoyo”; y (iii) las restricciones a la movilización que frenaron la actividad económica y dejaron a miles de personas sin sus ingresos, actualmente no existen.

El investigador recalca que estos retiros producen problemas económicos concretos. En primer lugar, queda actualmente de manifiesto que cuando muchas personas disponen de liquidez, lo vuelcan principalmente a consumo corriente, lo que produce presiones inflacionarias que ya estamos viviendo en Chile, dice Saavedra. Asimismo, estos retiros producen una pérdida de valor en el remanente fondo que queda para ahorrar, ya que presionan a la baja el precio de los instrumentos financieros en que están invertidos dichos fondos, lo que a su vez reduce las pensiones tanto de los futuros pensionados como de quienes actualmente están jubilados bajo la modalidad de retiro programado. En tercer término, indica el profesor Saavedra, se desnaturaliza completamente el concepto de ahorro previsional, el que por razones de miopía intertemporal en las personas es de carácter obligatorio, lo que impone una carga fiscal enorme cuando los individuos que ya usaron sus ahorros busquen jubilarse y la pensión que vayan a recibir sea paupérrima.

Pese a este aterrador diagnóstico, el economista se pregunta por qué se insiste en esta política. “Ciertamente se trata de una medida populista que entrega créditos de corto plazo a quienes la promueven, defienden y apoyan”, afirma Eduardo Saavedra. Esto explica que candidatos que se declaran “en reflexión” terminan después apoyando abiertamente la iniciativa, aclara el académico. “Esta clase política, que denosta a la tecnocracia contraria a los retiros de fondos de pensiones, refleja que no sólo no entiende el compromiso en políticas públicas, sino que además muestra que no le importa el largo plazo, el crecimiento y el progreso económico y social de nuestro país”.

Para Eduardo Saavedra iniciativas como el cuarto retiro de los fondos de pensiones dan cuenta que estas decisiones son tomadas con el trasfondo de promover cambios profundos a nuestra institucionalidad económico-política, lo que se hace de manera solapada porque faltan ideas de cómo construir un universo nuevo, sólo se tiene claro que se busca demoler el mundo viejo. “Lamentablemente, este proceso de destrucción sin construcción no es nuevo, siendo más bien una tónica que buscan los grupos antisistémicos y que apoyan quienes desconocen la historia y los procesos con que se han implementado las políticas públicas en Chile”, sentencia el economista.

Entrevista - Voces CiPP

La confianza es clave para la sostenibilidad de un sistema de pensiones

Fernando López, investigador CiPP y académico UAH, en radio cooperativa “La confianza es clave para la sostenibilidad de un sistema de pensiones”

El sistema de pensiones está totalmente desprestigiado en Chile y si la ciudadanía no lo legitima es imposible seguir manteniéndolo porque la confianza es clave para sostenerlo. Esta fue una de las afirmaciones que realizó el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, Fernando López, en el programa “Ahora es hora” de Radio Cooperativa el sábado 13 de noviembre.

El académico se refirió a un estudio realizado en varios países a comienzos de este año que muestra que en Chile el nivel de desconfianza frente al sistema de pensiones es altísimo y que en una escala de calificación del uno al siete los ciudadanos lo evaluaron con nota dos.

Para el especialista, los resultados de esta encuesta demuestran que el sistema de AFP en Chile está completamente deslegitimado y es imposible seguir manteniéndolo. “La confianza es clave para la sostenibilidad de un sistema de pensiones”, afirma el docente.

El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de esta casa de estudios destaca que la gente que confía menos en los sistemas de pensiones tiende a ahorrar menos y en cuanto tiene la oportunidad de retirar sus fondos lo hace muy rápido, incluso aunque muchas veces se perjudique.

Otros estudios revelan además, dice López, que la gran mayoría de las personas no quieren que una entidad privada administre sus fondos de pensiones y que para muchos ciudadanos es más seguro y confiable que esta labor la ejecute un organismo estatal. Asimismo, que la mayoría de las personas no están de acuerdo en la solidaridad intergeneracional ni en aportar más.

Sobre cuál es el mejor sistema previsional, señala que se trata de un problema que requiere de una mirada multidimensional y que se tienen que analizar los cambios a la estructura demográfica y del mercado laboral, entre otros factores. Lo clave dice el académico es “hablarle a la gente con la verdad y no crear falsas promesas ni falsas expectativas, como piso para generar un nuevo pacto social en torno a las pensiones”.

Sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, destaca que los programas de Boric y Provoste tienen en común que se plantea un diálogo social con los actores, un rol más activo del estado y un alto componente de reparto, en el sentido de asegurar un nivel de pensión para las personas. Sin embargo, señala López, tengo serias dudas sobre la sostenibilidad de lo que se propone, esto requiere un estudio actuarial para estimar la capacidad de pagar pensiones actuales y futuras. Lo positivo son los elementos de seguridad que se propone, lo que sintoniza con las expectativas de las personas, pero me preocupa la sostenibilidad.

Para Fernando López, no es una mala opción que una entidad del Estado administre los fondos de pensiones y declara que a nivel internacional existen destacados ejemplos con excelentes resultados. El académico se refirió al caso del Reino Unido donde se realizó un importante aumento de las contribuciones y se creó una entidad de gran prestigio e impecable funcionamiento.

Sin embargo, el investigador, recalca que no tiene certeza de si esta iniciativa pudiese resultar en Chile debido a la gran incertidumbre política y al clima que se observa en el parlamento con el tema de los retiros de los fondos de las AFP.

Sobre el programa del candidato José Antonio Kast, López destaca que básicamente lo que propone es dejar las cosas tal como están, lo que tiene como gran problema la legitimidad, las personas no quieren que siga el sistema tal como está, y su propuesta no se hace cargo de este problema.

Termina reafirmando la necesidad de hablar con la verdad, y fijar expectativas reales para las personas sobre lo que se puede o no esperar de cualquier sistema de pensiones.

Si quieres escuchar la entrevista completa, sigue el siguiente link:

https://cooperativa.cl/noticias/economia/sistema-previsional/afp/ahora-es-hora-la-legitimidad-del-sistema-de-pensiones-y-las/2021-11-13/103208.html

Libros

Human Rights and Transitional Justice in Chile

[LIbros] Hugo Rojas investigador CiPP y académico UAH: “es imprescindible formular políticas públicas que contribuyan a que el “Nunca Más” en materia de violaciones a los DDHH sea efectivo”

El académico de la UAH e investigador del CiPP, Hugo Rojas y la investigadora canadiense Miriam Shaftoe de la University of Otawa, publicaron el libro “Human Rights and Transitional Justice in Chile, que forma parte de la serie “Memory Politics and Transitional Justice” de la editorial Palgrave Macmillan.

La dictadura cívico-militar comandada por el general Augusto Pinochet, es sin duda, uno de los períodos más oscuros en materia de violación de los derechos humanos en nuestro país. Dejó una estela cruenta de ejecutados(as) políticos, detenidos-desaparecidos(as), miles de personas torturadas; y las huellas que dejó el Golpe Militar de 1973 van pisándolas, día a día, las descendencias directas de todas las víctimas.

El regreso a la democracia en la década de los 90 estuvo marcado por la demanda de justicia para estos crímenes de lesa humanidad. Desde este ángulo de la historia reciente del país cabe reflexionar sobre cómo han ido implementándose los mecanismos judiciales y políticos para la reparación de una sociedad fracturada por la masiva y sistemática violación de los derechos humanos.

“Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile” de Hugo Rojas y Miriam Shaftoe

Son estos temas los que justamente aborda el libro “Human Rights and Transitional Justice in Chile” (“Derechos Humanos y Justicia Transicional en Chile”) escrito por el académico de la UAH e investigador del CiPP y del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (Viodemos), Hugo Rojas, junto a la investigadora canadiense Miriam Shaftoe de la University of Otawa.

El libro -que forma parte de la serie “Memory Politics and Transitional Justice” de la editorial Palgrave Macmillan – a lo largo de sus 208 páginas ofrece: “Una síntesis de los principales avances y desafíos pendientes en materia de derechos humanos en Chile a propósito de la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura”, explicó Rojas.

En esa perspectiva, acotó, se revisan: “…las medidas de reparación material y simbólica para paliar en parte los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares; la dictación de sentencias condenatorias y sanciones aplicadas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; los esfuerzos de memorialización y conmemoración, y el establecimiento de medidas institucionales que garanticen que en el futuro no vuelvan a cometerse crímenes de lesa humanidad en el país”.

“Los hechos de violencia y la represión estatal del 2019 nos muestran que la sociedad chilena no ha sido capaz de desarrollar una cultura promotora de los derechos humanos en todos los sectores e instituciones, por lo que es imprescindible formular propuestas y políticas públicas que contribuyan a que el proyecto del Nunca Más sea efectivo”, Hugo Rojas, académico de la UAH e investigador del CiPP.

Hugo Rojas, académico de la UAH e investigador del CiPP

Es así que en el primer capítulo se explican los fundamentos teóricos de los derechos humanos y la justicia transicional; en el segundo, se analizan los principales hitos de la historia reciente de Chile que han definido el curso del proceso de justicia transicional. Los siguientes capítulos ofrecen una visión general de los elementos clave de la justicia transicional en Chile: verdad, reparación, memoria, justicia y garantías de no repetición.

Cada capítulo está: “Dirigido a un público amplio. El libro pretende ser un texto de consulta que contribuya a una mejor comprensión de los derechos humanos, de la justicia transicional, de la historia reciente y de las complejidades de la Transición chilena una vez recuperada la democracia en 1990”, sostuvo Rojas.

Serie “Política de la Memoria y Justicia Transicional”

En su Introducción, precisamente, se consigna que: “La experiencia chilena brinda perspectivas comparativas útiles para investigadores, estudiantes y activistas de derechos humanos involucrados en procesos de justicia transicional en todo el mundo”. De ahí que el libro forme parte de la serie “Memory Politics and Transitional Justice” (“Política de la Memoria y Justicia Transicional”) que promueve el diálogo crítico combinando: “…una comprensión profunda de los contextos que han permitido que ocurra la injusticia con un análisis de cómo los legados de tal injusticia en la memoria política e histórica influyen en los proyectos contemporáneos de reparación, reconocimiento o nuevos ciclos de negación”.

Y aún más relevante se torna está revisión de las luces y sombras de la justicia transicional en Chile, al observar lo acontecido en los días más explosivos del denominado “estallido social o revuelta popular” de octubre del 2019. Ante la ola de protestas ciudadanas que se suscitaron a lo largo del país, con particular intensidad en la Región Metropolitana, el Gobierno se declaró “en guerra” y no tardó en imponer el Estado de Excepción de Emergencia Constitucional que le permitió revivir el Toque de Queda con las Fuerzas Militares custodiando las calles del país. Rápidamente se propagaron las denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, recordando los peores años de la dictadura militar.

Estos acontecimientos del Chile del presente puestos en la perspectiva del devenir de los últimos 48 años son materia también de preocupación del académico Rojas, pues afirmó: “Los hechos de violencia y la represión estatal del 2019 nos muestran que la sociedad chilena no ha sido capaz de desarrollar una cultura promotora de los derechos humanos en todos los sectores e instituciones, por lo que es imprescindible formular propuestas y políticas públicas que contribuyan a que el proyecto del Nunca Más sea efectivo”.

Páginas disponibles (gratis): https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-81182-2%2F1.pdf

Más información en: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-81182-2.

Libros

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: “Chile puede perder una parte de su crecimiento potencial por no enfrentar adecuadamente la pandemia de la obesidad dentro de sus políticas públicas”

El investigador del CiPP y académico de la UAH, Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral”, de la Consultora FoqusChile, co autoreado con Marta Manríquez de FoqusChile y como investigadora invitada, Ornella Tiboni, representante de la FAO en Chile.

Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Labora

Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Labora “Los resultados indican que Chile puede perder una parte de su crecimiento potencial por no enfrentar adecuadamente la pandemia de la obesidad dentro de sus políticas públicas”. Así de lapidaria es una de las principales conclusiones del estudio “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral”, que destacó Carlos García, investigador del CiPP, académico de la UAH e investigador a cargo del desarrollo del proyecto que culminó con este acabado informe, publicado en marzo del año pasado, y que busca ser un aporte a la discusión pública sobre los beneficios de alimentación laboral saludable, colocando a disposición datos económicos que ayuden a la toma de decisión de las autoridades de nuestro país.

El 69% de la población del país entre 20 y 64 años de edad padece de sobrepeso u obesidad

Catalogados como “pandemia”, en Chile el sobrepeso y la obesidad “parecieran estar fuera de control”, señala el estudio, acotando que el país: “…ha sido nominado como campeón en sobrepeso y obesidad por la OCDE en el año 2019”. Y las cifras que lo demuestran son elocuentes, pues el 69% de la población entre 20 y 64 años padece una de estas dos patologías: “…lo que ha provocado que al año fallezcan cerca de 6.500 hombres y mujeres en plena capacidad laboral por causas asociadas a la obesidad (CEPAL, 2017). Los costos (o pérdidas) en productividad debido a esta mortalidad prematura y al ausentismo laboral, alcanzaron en 2014 los US$ 75 millones y US$ 33 millones respectivamente”, consigna el estudio. (aquí foto obesidad, con pie lectura:

Carlos García, investigador CiPP y académico de la UAH

Al respecto, García es claro: “Los efectos de esta pandemia sobrepasan por mucho los límites de la salud de los trabajadores, afectando el desempeño de la economía como un todo, con caídas importantes en el consumo, la inversión, los salarios y la oferta de trabajo”.

De ahí la relevancia de esta investigación que pone énfasis en la imperiosa necesidad de impulsar políticas públicas que fomenten la alimentación saludable en los espacios laborales, recordando que en el Código Laboral la alimentación se entiende como “el beneficio de colación” y no como un derecho, quedando así al arbitrio de los empleadores si lo entregan o no; y si lo otorgan, a la voluntad también la modalidad que quieran utilizar y el monto que desean desembolsar.

El tema de la obesidad y sobrepeso también tiene que ver con el tipo de alimentación disponible, sostuvo García: “El crecimiento económico viene aparejado en forma masiva con aumentos de una alimentación rica en azúcar, grasas y sodio, y por tanto en el surgimiento de muchas enfermedades graves como la diabetes, ciertos tipos de cáncer, etcétera. Este fenómeno ocurre en la mayoría de las economías emergentes, incluso con el conocimiento disponible de las empresas y los propios trabajadores de las ventajas de la alimentación saludable”.

Estudio sobre Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

Otra variable que también entra en el círculo de la dieta que eligen las personas se entronca con la relación entre el poder adquisitivo y el precio de los alimentos: “En nuestro país se estimó que una canasta alimentaria de calidad sería 36,1% más costosa que la canasta básica alimentaria, lo que significaría que hasta 27% de la población no podría acceder a ella (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019). Esta realidad es la que viven miles de trabajadores diariamente: no poder acceder a una alimentación adecuada en la jornada laboral por no contar con un presupuesto Suficiente”.

La tasa de mortalidad asociada a una alimentación no saludable en el año 2017 fue de 158 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto – trajo al presente el estudio- motivo al Estado chileno a diseñar estrategias para promover una dieta equilibrada, pero la mayor parte dirigidas a niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en el sistema escolar.

Sin embargo, para el mercado laboral no existe este tipo de política de salud: “Así entonces, el lugar de trabajo se ha transformado en una oportunidad completamente perdida para modificar la cultura y promover estilos de alimentación saludable, y de esta forma, erradicar el sobrepeso y la obesidad en Chile”, un espacio que por lo demás es idóneo para propagar hábitos saludables si se considera el importante número de trabajadores(as) formales que componen la fuerza laboral del país y sus familias.

Estudio sobre Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

Es por ello la reflexión de García: “Es difícil entender la ausencia de políticas de alimentación sana en los lugares de trabajo -donde se desarrolla buena parte de la vida las personas- en un país que quiere tener una fuerza de trabajo sana y productiva”.

Más aún si desde la perspectiva del impacto en la economía es tremendamente decidor: “Un aumento de 30% en la alimentación saludable en diez años, plazo que se dio las Naciones Unidas para promover la alimentación sana en el mundo, podría generar un punto más de crecimiento del PIB en el largo plazo”, destacó el académico.

Estudio sobre Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

Consultado sobre qué se requiere para sustentar una política de salud de esta naturaleza, planteó: “La necesidad de implementar impuestos, subsidios, y cambios culturales, de promover fuertemente la alimentación saludable en los lugares de trabajo. Sobre todo, si los beneficios sobrepasan, por mucho, los costos, como se encuentra en este estudio”.

Revisa acá el estudio completo

https://foquschile.cl/wp-content/uploads/2021/04/Estudio-Alimentacion-Laboral.pdf

Seminarios/Eventos

Retos y oportunidades que la recuperación post COVID-19 ofrece para avanzar hacia una Centroamérica de paz, igualdad, democracia y desarrollo

Ximena Concha, directora ejecutiva CiPP en Foro de ONU Mujeres y el Instituto IILA: “La certificación de competencias laborales puede llegar a ser un eslabón clave de un sistema integral de cuidado”

Ximena Concha, directora ejecutiva del CiPP y consultora del programa EUROSOCIAL, participó como panelista en el Foro denominado “Retos y oportunidades que la recuperación post COVID-19 ofrece para avanzar hacia una Centroamérica de paz, igualdad, democracia y desarrollo” organizado por ONU Mujeres y la Organización Internacional Ítalo – Latinoamericana IILA, El foro se desarrolló en formato virtual el 04 de noviembre de 2021.

En la inauguración hicieron uso de la palabra, María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Antonella Cavallari, Secretaria General del IILA, Alberto Menghini, Jefe de Cooperación Regional de la Unión Europea para Centro América y Mauro Ghirotti, Director para Centroamérica y El Caribe –AICS El Salvador. En el cierre del evento, intervino Francesco Maria Chiodi, de IILA-Programa UE EUROSOCIAL.

Ximena Concha, quien es consultora del programa EUROSOCIAL, participó en un panel junto a Ana Elena Badilla, Representante de ONU Mujeres El Salvador y Ecuador y Anita Araceli Zetina, Secretaria General de la SISCA, y se refirió en su exposición a los sistemas de certificación de competencias laborales y su aporte a un sistema integral de cuidado.

A modo de contexto, Ximena planteó en su exposición que la Unión Europea y la Alianza Global de los Cuidados, además de la OIT, CEPAL y la propia ONU Mujeres han llamado a los países a colocar los cuidados en el centro de sus respuestas al Covid 19, creando paquetes de incentivos y recuperación que promuevan sistemas integrales de cuidado que aseguren el acceso al cuidado de las personas que lo requieran y, al mismo tiempo, garanticen los derechos a las personas que los brindan.

El llamado de estos organismos ha sido a impulsar políticas que apunten a la triple R: Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados no remunerados asumidos fundamentalmente por las mujeres. A este llamado, la OIT ha agregado además otras 2 “R”: las de Recompensar y garantizar una adecuada Representación por medio del diálogo social y la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del cuidado.

Dentro de la recomendación de “Reconocer”, el llamado es a promover políticas activas del mercado del trabajo que apoyen la incorporación, la reintegración y los progresos de las cuidadoras y cuidadores no remunerados en la fuerza de trabajo. Asimismo, a hacer visible y revalorizar el trabajo del cuidado como un factor clave para el bienestar de la sociedad y el funcionamiento de la economía.

Sobre los sistemas de certificación de competencias laborales en la región, señaló que existen en varios países sistemas maduros y consolidados, que tienen entre 12 y más de 30 años de existencia, que impulsan desde el estado procesos de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas, con especial foco, en aquellas que no tienen estudios formales o han adquirido determinados oficios en la propia experiencia laboral. Es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA de Costa Rica,, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER de México; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia; y la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, en Chile, institución que tuvo la responsabilidad de dirigir durante 9 años, desde su creación el año 2009.

La certificación informa al mercado laboral que una persona cuenta con las competencias laborales que ese mismo mercado laboral demanda para una determinada función laboral. De esa manera, permite reducir asimetrías de información entre quienes buscan y ofrecen puestos de trabajo, junto a otros beneficios como mejorar la empleabilidad de quienes se certifican y su visibilidad en el mercado laboral y la productividad de las empresas u organizaciones que contratan o cuentan con personas más calificadas.

Por su parte, a raíz de la creciente migración intrarregional en América Latina, que en gran parte se debe a razones de trabajo, surge como desafío la creación de condiciones para que a las personas migrantes les sean reconocidas sus competencias laborales y profesionales, como instrumento que facilite su inserción laboral y/o la continuidad de estudios en los países de destino.

En cuanto a la certificación de personas que se desempeñan en el mundo del cuidado, indicó que ya existen algunas experiencias de certificación de competencias impulsadas en la región por países como Chile y México, que han permitido identificar algunos perfiles laborales vinculados a las labores de cuidado como también iniciar procesos de certificación de algunos de estos colectivos. Son experiencias recientes con un alto potencial de crecimiento y expansión. También en Europa se ha avanzado en estas certificaciones en países como España y Holanda, según se pudo determinar en un reciente estudio sobre las políticas de certificación de competencias laborales y la migración en los países de Alianza del Pacífico y Europa, que desarrolló, junto a otros expertos, a petición del programa EUROSOCIAL.

En opinión de Concha, resulta altamente recomendable impulsar una amplia acción de certificación de competencias y capacitación de mujeres que se desempeñan en labores de cuidado, de manera remunerada o no remunerada, lo que podría generar diversos beneficios, como por ejemplo, dar mayor estatus y visibilidad a la función que estas mujeres cumplen en la sociedad, permitir una negociación más justa y simétrica de las retribuciones y las condiciones laborales entre la persona certificada y su posible empleador, profesionalizar las labores de cuidado, asegurar estándares de calidad en el ejercicio de estas labores, y aportar a la movilidad social y las trayectorias laborales y formativas de quienes se desempeñan en este tipo de tareas.

Por último señala Ximena Concha, es importante considerar que las labores de cuidado son un espacio ocupacional en expansión y pueden ser un motor de la reactivación económica post COVID 19, de hecho, la OIT ha cifrado en 2300 millones las personas que al 2030 estarán necesitadas de servicios de cuidado, sobre todo por el aumento de la esperanza de vida.

Concluye su exposición señalando que la certificación de competencias laborales, sumada a amplios procesos de capacitación de las personas -fundamentalmente mujeres- que efectúan labores de cuidado podrían llegar a ser un eslabón clave de una política que promueva al mismo tiempo la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo de su capital humano, como también un aumento de la calidad de las labores de cuidado que se entregan a miles de personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.

En el marco del Foro, ONU Mujeres y el IILA firmaron un memorandum de entendimiento que refuerza una cooperación inaugurada el 30 noviembre de 2020 en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional contra la violencia a las mujeres, reafirmando un compromiso común e identificando ulteriores áreas de mutuo interés.

Enlace para escuchar el foro: https://www.youtube.com/watch?v=ynPYkVlk7IE&ab_channel=IILAVideo

Artículos Académicos

Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile

Manuel Fuenzalida junto a Paulette Landon, investigadora CiPP y María Paz Trebilcock, todos académicos de la UAH, y Francisco Maturana publicaron “Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile” en la Revista INTERCIENCIA VOL. 46 Nº 9/10 Septiembre-Octubre 2021.

“Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile” es el nombre del estudio que muestra una acabada radiografía de los hallazgos de ocho clúster poblacionales que evidencian la heterogénea distribución de la población a lo largo de las 346 comunas del país, la cual, sostienen las y los autores de la investigación: “…debe ser mirada con atención para establecer una agenda de políticas públicas” que se haga cargo de estas particulares realidades.

¿Cómo se acercan o alejan del estándar demográfico nacional las unidades subnacionales chilenas? ¿Qué implicancias para la toma de decisiones tiene una distribución de pirámides poblacionales heterogéneas en el país? Esas son las interrogantes que gatillaron el estudio “Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en chile”, desarrollado por Manuel Fuenzalida, como investigador principal, junto a Paulette Landon, investigadora CiPP y María Paz Trebilcock, todos ellos académicos de la UAH, junto a Francisco Maturana, académico de la Universidad Austral de Chile.

“Cada uno de éstos clúster presenta características poblacionales diversas que tienen que ser miradas con atención para establecer una agenda de políticas públicas acorde a los tipos de envejecimiento que presentan los territorios, las fuentes productivas y la concentración de los grupos familiares en el territorio nacional”.

El foco del estudio está puesto en las 346 comunas (unidades subnacionales) del país. Se utilizaron los microdatos de la base del último Censo (2017). De ahí se procedió a elaborar una base de datos con las edades quinquenales de los habitantes de una comuna entre 0 a 80 años y más, divididos por sexo. Para cada comuna en análisis, se comparó la desviación estándar de las diferentes clases de edad en relación con la pirámide poblacional nacional. Con estos datos se realizó un análisis de clúster con el objetivo de agrupar comunas con similar composición poblacional, independiente que estuvieran desacopladas territorialmente.

La principal conclusión de la investigación es que, efectivamente: “Los resultados permiten afirmar que la estructura poblacional por edad y sexo a nivel comunal presenta características heterogéneas y en lugares específicos, desequilibrio poblacional”. Este análisis de patrones territoriales permitió identificar ocho clústeres (grupos poblacionales) diferentes.

De esta forma, el estudio estableció: Clúster 1 (C1) denominado como población “Envejecida” (conformado por 76 comunas); C2 “Nido con envejecimiento activo” (42 comunas); C3 “Transición al envejecimiento” (40 comunas); C4 “Población adulta” (37 comunas); C5 “Hombres en edad productiva terminal” (23 comunas); C6 “Hombres en edad productiva inicial” (30 comunas); C7 “Nido en expansión” (49 comunas) y C8 “Nido consolidado” (49 comunas).

Tres aspectos son resaltados por la investigación, desde la perspectiva de generar este tipo de políticas públicas. Sin duda, el primero en torno al envejecimiento de la población: “La política necesariamente tiene que considerar que existe un grupo de comunas objetivo para la promoción de un envejecimiento saludable y vejez satisfactoria, que supere los escollos de cuidados y pensiones. El desafío no es menor, dada la demostración que los adultos mayores perciben como barreras para la vida cotidiana, las dificultades para el acceso a servicios públicos, limitadas opciones recreativas, problemas económicos y la indisciplina social en general”.

El tercer aspecto a considerar son políticas públicas asociadas a la concentración de grupos familiares, que se da: “…principalmente en los clústeres 7 y 8, que adicionalmente se emplazan en las zonas centrales del país, donde se concentran los núcleos laborales y servicios relevantes para personas de distintas edades”, explica el informe. Una de las recomendaciones es: “Construir territorios más equitativos en términos de la socialización y acceso a servicios, es central en estos territorios que presentan una dinámica poblacional compleja, al representar los distintos segmentos de la pirámide poblacional”.Una segunda consideración gira en torno a la necesidad de políticas relacionadas a procesos de conmutación laboral, presente en algunos clústeres y que: “…tiene consecuencias importantes sobre la estructura, dinámica y magnitud de la población, tanto en la localidad de origen como en la de destino”. En esa línea, el estudio plantea que: “…la planificación territorial tiene que considerar amenidades, servicios de vivienda, salud y acceso a la educación, entre otros, que prevalecen en los lugares de residencia y no en el territorio donde se trabaja, pero sí considerando a estas comunas en la infraestructura crítica necesaria para desarrollar los procesos productivos”.

El estudio concluye sosteniendo que: “Se espera que los resultados de la investigación se transformen en un marco de referencia al momento de intentar explicar las características heterogéneas locales, a razón de grupos de edad específicos a nivel subnacional. En un contexto de investigación más amplio, esto permitirá en el mediano plazo calcular tasas de morbilidad estandarizadas por edad a escala comunal, y comparar su comportamiento entre diferentes áreas geográficas, lo que es esencial para tomar decisiones de política pública”.

Revisa acá el artículo: Análisis de patrones territoriales de la estructura poblacional por edad a nivel subnacional en Chile.

Seminarios/Eventos

Jornadas de ciudadanía digital

Amaranta Alfaro, investigadora CiPP y académica UAH en Jornadas de Ciudadanía Digital: Existe una gran distancia entre el uso potencial y real que los jóvenes en A.Latina dan a la producción y creación audiovisual en línea.

Amaranta Alfaro, investigadora CIPP y académica UAH, presentó junto a Rolando Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, los resultados del estudio sobre los “Determinantes de las habilidades y actividades relacionadas con la creatividad entre los jóvenes de Chile, Costa Rica y Uruguay” en el marco de la IV Jornada de Ciudadanía Digital.

Amaranta señaló en su exposición que los medios digitales forman parte de la vida cotidiana de los niños y jóvenes y la web 2.0 potencia que las personas compartan sus creaciones con otros, permitiendo a los jóvenes experimentar un papel activo como productores culturales.

Sin embargo, los resultados del estudio realizado, permite afirmar que dicha potencialidad no se alcanza finalmente. Si bien la producción y creación audiovisual ha sido identificada como una de las actividades en línea con mayor nivel de creatividad involucrada, en la práctica, es poco realizada en el contexto latinoamericano.

Asimismo, si bien existe una variedad de plataformas para crear y compartir videos, las que han ido en aumento en forma exponencial y son una de las que dominan la cultura en línea y las redes sociales, se observa una gran distancia entre su uso potencial y el uso real que los jóvenes le dan.

Dado que la creatividad aparece como una de las habilidades más relevantes para los cambios en el mundo laboral, y las habilidades del siglo XXI, nos pareció relevante estudiarla en detalle, comentó Amaranta.

El evento fue organizado en conjunto entre los organismos uruguayos Agesic y Ceibal y en este se abordaron la dimensión creativa y participativa de la ciudadanía en el entorno digital. La jornada buscó promover la reflexión, el intercambio y el desarrollo de capacidades para la construcción de ciudadanía en entornos digitales, desde una perspectiva integral que considera el uso crítico, reflexivo, seguro, responsable, creativo y participativo de las tecnologías digitales.

El evento se encuentra disponible en el canal de YouTube de Agesic:

Más información sobre la actividad.

Congresos y seminarios Académicos

LatCrit 2021

Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH en LatCrit 2021 “La sociedad chilena se encuentra en una encrucijada compleja de resolver desde el punto de vista político y constitucional”.

Rojas participó en la conferencia internacional LatCrit 2021 “Resistance and Transformation: Mapping Critical Geographies and Alternative Possibilities in Legal Scholarship and Praxis for the Next Twenty-Five Years”, organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Denver y Latina and Latino Critical Legal Theory.

Su ponencia denominada “Chile at the Crossroads: From Social Explosion to a New Constitution” fue presentada en el panel “Critical Perspectives on Democracy, Transparency, and Constitutionalism”, y será publicada en una revista académica estadounidense el 2022.

En su intervención, el académico señaló que todos los chilenos nos hemos sentido interpelados en estos dos últimos años y las conversaciones políticas han proliferado tanto en nuestros círculos íntimos como en los escenarios públicos, incluso a pesar de las restricciones de circulación impuestas por la pandemia.

La sociedad chilena se encuentra en una encrucijada compleja de resolver desde el punto de vista político y constitucional. En primer lugar, los chilenos han tenido que enfrentar una cuestión que quizás durante demasiados años trataron de eludir: ¿Cómo enfrentar pacíficamente la herencia y aquellos enclaves autoritarios del pasado dictatorial (1973-1990) que han permanecido durante más de treinta años de transición a la democracia? En segundo lugar, los chilenos también están discutiendo los mecanismos y formas más adecuadas para salir con éxito de esta encrucijada: ¿Cómo establecer -democráticamente y respetando el estado de derecho- las bases institucionales, políticas y constitucionales de una nueva República de Chile, que contribuya a relaciones más equitativas y armónicas entre los distintos sectores sociales y que, por cierto, perdure en el tiempo?

El estallido social ha sido la materialización de un profundo malestar social con el sistema económico neoliberal y la Constitución de 1980, ambos impuestos por la dictadura de Augusto Pinochet, a pesar de todas las correcciones y reformas aprobadas durante los años de la transición. Las élites políticas y económicas hicieron oídos sordos a los clamores de la mayoría de la población que quería confiar en las bondades de un modelo político-económico que supuestamente les proporcionaría las oportunidades, garantías y protecciones sociales que anhelaban. Sin embargo, esto no ocurrió y la olla a presión comenzó a hervir lenta y gradualmente, con millones de chilenos manifestándose en las calles durante la primavera de 2019 contra el sistema político y económico.

Para más información ingresa en el siguiente enlace.

Columna de opinión - Voces CiPP

Nudos críticos de una nueva reforma al sistema de Alta Dirección Pública

Fuente: Cooperativa

Eduardo Abarzúa en Cooperativa, sobre el proyecto de Reforma a la Alta Dirección Pública: hay razones para estar preocupados respecto de la viabilidad y pertinencia del proyecto presentado por el gobierno.

En su columna de opinión, coescrita con Cristina Orellana, el investigador CiPP y académico UAH, Eduardo Abarzúa, analiza el proyecto de ley presentado por el gobierno que, según se nombra, fortalece el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y la dirección nacional del Servicio Civil, y plantea cuatro nudos críticos que generan preocupación respecto de la viabilidad y la pertinencia del mismo.

A modo introductorio, la columna señala que al examinar la propuesta del gobierno están ausentes temas centrales y conocidos que se relacionan con la sustentabilidad de esta política pública, lo que, unido a la urgencia y momento político de la tramitación, generan preocupación respecto de la viabilidad y la pertinencia de un proyecto de esta naturaleza. Con esta perspectiva y en tanto integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, manifestamos nuestra preocupación basados en los siguientes nudos críticos.

El primer nudo crítico identificado por los autores es que el proyecto no se hace cargo del principal problema que afecta al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).

La instauración del SADP, en 2003, tuvo por objeto profesionalizar la gestión directiva del sector público y dejar atrás prácticas clientelares, a través de la selección -sobre la base del mérito y a través de concursos públicos- de los directivos de los principales servicios públicos de nuestro país ….. De esta forma se aspiraba a nombrar directivos profesionales, quienes encabezarían servicios públicos que ejecutan políticas públicas, la mayoría de ellas, trascendentes a cada gobierno.

En su desarrollo, el SADP ha experimentado múltiples desafíos y, entre ellos, el más persistente y complejo ha sido la alta tasa de desvinculación de los directivos seleccionados por el sistema.

Pese a los esfuerzos desplegados a través de la reforma de 2016 -tales como la facultad presidencial de nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio-, al concluir el segundo año de gobierno el 74,33% de los directivos de primer nivel, en los tres últimos gobiernos, han sido removidos o no renovados: 77,8% en 2012; 72,6% en 2016 y 72,6% en 2020.

Los otros tres nudos críticos que desarrolla la columna son: que el proyecto no aborda la gobernanza del Sistema de Alta Dirección Pública; no contribuye a establecer una clara distinción entre el Gobierno y la Administración; y que se somete a la consideración del Congreso Nacional con suma urgencia, sin un trabajo prelegislativo y sin considerar el contexto derivado del proceso constituyente en curso.

Para leer la columna completa, sigue este link.

Coloquios

¿Cuáles son los desafíos para la educación media técnico profesional post pandemia?

¿Cuáles son los desafíos para la educación media técnico profesional (EMTP) post pandemia? fue el nombre del tercer coloquio que organizó el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH. En esta oportunidad, Leandro Sepúlveda, investigador CiPP y académico de la Facultad de Educación UAH, fue el encargado de realizar su ponencia sobre el tema, la que luego fue comentada por Paola Bordón, también investigadora CiPP y académica de la FEN-UAH.

Para comenzar, el investigador entregó algunos antecedentes de contexto sobre la EMTP para luego desarrollar su tesis principal sobre la situación de este tipo de educación en nuestro país.

Algunos datos clave que entregó son que el 38% de los estudiantes de 3º y 4to medio en nuestro país estudian en la EMTP; también que la oferta curricular es compleja y depende de las posibilidades que cada establecimiento tiene para ofrecer a sus estudiantes y no necesariamente a los requerimientos socio-productivos locales o regionales; El 70% de los establecimientos que imparten EMTP sólo brindan esa modalidad y apenas un 8% de la matrícula se forma en sistema Dual (es decir, con alternancia entre el establecimiento educativo y las empresas). Además, el 49,7% de los establecimientos corresponde a municipales, el 40,7% a particulares subvencionados y el 7,4% a establecimientos de administración delegada, (esto es, que están bajo la responsabilidad de algún gremio empresarial); Otros aspectos relevantes son que existe segmentación de género por sectores de especialidad, por lo que el 40,5% de las mujeres estudiantes prefieren la administración y el comercio; y se observa una homogeneidad económica cuando el 78% de la población escolar proveniente del sector socioeconómico bajo estudia en la EMTP.

La tesis que sostiene el investigador es que la educación técnica profesional de nivel secundario en nuestro país responde a una política educativa fallida. Para sustentar su tesis, Leandro Sepúlveda explica que el actual sistema tiene su origen en la reforma de 1965, incentivada por un modelo desarrollista que fortalece las capas medias y que impulsa el desarrollo de los mandos medios, y el desempeño de cargos específicos que pueden estar por encima de un obrero. Desde entonces hasta ahora, señala el investigador, se ha producido una desvinculación de una política educativa para el trabajo a políticas de desarrollo o innovación productiva.

En palabras del académico, hay un sistema de educación técnica profesional que tiene características relevantes, que cubre una matrícula importante del país, pero que, sin embargo, cuando uno lo analiza en el contexto de las políticas educativas a nivel nacional, lo que se observa es constantemente una marginalidad y una dificultad de dar cuenta de un sistema integrado y con proyecciones estratégicas para la educación para el trabajo. Las causas son varias, una es que hay un modelo sociocultural que hace que la educación técnica siempre haya sido vista como una educación “de segunda” respecto al sistema académico tradicional. También la disfuncionalidad respecto a los modelos de desarrollo predominantes. Y el desinterés por parte de los gremios empresariales por fortalecer y desarrollar la educación técnica, más allá de lo que algunos de ellos hacen con la administración de establecimientos.

Finalmente, Sepúlveda expone los desafíos post pandemia para la EMTP y los divide en corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, dice, es imprescindible para un modelo educativo basado en el aprendizaje práctico, retomar la presencialidad en los establecimientos educacionales; también innovar y promover recursos tecnológicos para el aprendizaje; favorecer/apoyar los centros de prácticas para el aprendizaje situado. A mediano plazo, explica la importancia de romper con una lógica que es la escala de gestión de la educación técnica; tener una dinámica de actualización curricular y los vínculos con el sistema de educación técnica en su conjunto. Finalmente, a largo plazo propone una discusión seria sobre la pertinencia de la educación técnica en la enseñanza media.

En su comentario, la investigadora Paola Bordón se hace cargo de la tesis que propone Sepúlveda sobre si estamos o no en presencia de una política educativa fallida. Plantea la necesidad de volver a la pregunta inicial de por qué existe la EMTP en nuestro sistema educacional. Señala que puede tratarse de una política fallida porque no logra hacer bien los dos objetivos para los cuales fue creada: por una parte, insertar a los estudiantes en el mercado laboral y, de otra, darles herramientas para que puedan proseguir estudios en la educación superior.

Para Bordón, más allá de los números, hay una pregunta fundamental y profunda que debemos hacernos, al entender los objetivos iniciales que tuvo esta educación, que probablemente tuvieron mucho sentido hace 30 años atrás, pero ahora ya no.

Ha pasado mucho tiempo y hemos visto pasar muchas comisiones que han analizado el tema y han propuesto repensar la EMTP pero en la práctica las cosas siguen igual, afirma Bordón.

Para escuchar este interesante Coloquio, sigue el siguiente link:

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En un plebiscito el sesgo de participación es enorme. Es decir, un plebiscito no necesariamente mejora la representatividad

Pedro Güell en BíoBío TV: “En un plebiscito el sesgo de participación es enorme, es decir, un plebiscito no necesariamente mejora la representatividad”

En la catorceava edición del programa Veo Veo Constituyente del que Pedro Güell, investigador CiPP y académico UAH, es panelista estable, se analizó el tema específico del plebiscito dirimente. Güell es claro en decir que la aprobación por 103 votos fue una suerte de “saludo a la bandera”, pues al mismo tiempo de ser aprobado el plebiscito dirimente, se puso la indicación de que esto debe ir a reforma constitucional, es decir, el parlamento tiene que aprobar este plebiscito y todo indica que no lo hará.

Políticamente, explica Güell, esto no prosperará más allá y en ese sentido es como decir “estamos de acuerdo con el principio de ampliar la participación lo más posible, darle peso a los pequeños grupos, pero no lo vamos a propiciar demasiado”. Sin embargo, para el académico el tema de fondo es la desconfianza en la representación. Y la pregunta más directa, dice, es “sin plebiscito ¿puede mejorar la representación? porque cuando uno elige a una persona, ¿por qué habría que desconfiar de sus decisiones y pedir que se vuelva a votar, una suerte de reelección, al hacer estos plebiscitos? En palabras de Pedro Güell, un plebiscito es mucho más manipulable que un grupo de representantes, y en ese sentido es preferible incentivar los mecanismos de deliberación dentro de los propios representantes antes que sacar el problema a un plebiscito que nadie sabe cómo puede terminar. “En un plebiscito el sesgo de participación es enorme. Es decir, un plebiscito no necesariamente mejora la representatividad”, dice Güell.

Por lo tanto, el investigador propone que para mejorar la calidad de representación se debe avanzar en que los propios convencionales puedan deliberar más profundamente, que existan mecanismos para profundizar. Para Güell la crisis de representación no siempre se soluciona por la vía de la democracia directa, sino que más bien profundizando los mecanismos de representación.

En la misma línea, Güell comenta que “los plebiscitos son buenos en los casos extremos en que las cosas deben decidirse en blanco y negro, pero hay situaciones como las normas constituyentes que más vale darle una vuelta más. Es decir, es preferible que antes de invertir en un plebiscito, incluso se alargue el período. Pero la deliberación requiere un espacio y una forma de conversación que los plebiscitos no siempre proponen”.

Por otra parte, también destaca que el tema de la participación en el trabajo de la constituyente ha sido bastante intensa, pues han habido cerca de 2.000 audiencias con grupos de interés y aportantes a la discusión; ha habido una correa de transmisión entre grupos de reflexión, grupos de interés, organizaciones sociales y la convención. Y de hecho, previo a toda la discusión de los reglamentos internos, esos mismos fueron elaborados con una participación muy intensa, explica.

Pedro Güell reconoce y recalca el notable trabajo de la convención en términos prácticos y políticos, no solo por elaborar el trabajo que tenían que hacer con el reglamento, sino en cómo han ido ordenándose y creando espacios de diálogos políticos. Sin embargo, en la opinión pública se ha producido un distanciamiento creciente en confianza y aprobación respecto de la convención constituyente.

Finalmente, el investigador menciona que desearía que se dejara atrás la “obsesión” de la unidad y el consenso nacional que han caracterizado nuestras constituciones en general, especialmente la del 80. Es decir, explica, que el ideal ha sido una suerte de fusión en una cosa única, y que la aspiración de la nación es la ausencia de fisura. Sin embargo, Güell apunta a una sociedad que reconozca no solo la diversidad, sino también estas fisuras; un país más tolerante con la fragilidad de la democracia; más tolerante con la fragilidad de la convivencia y que por tanto es una sociedad que piensa su constitución de una manera clara y reparadora. En definitiva, poder pensar que “somos naturalmente fisuras y la constitución nos ayuda a mantenernos juntos”, explica.

Para ver esta nueva edición de VeoVeo Constituyente, sigue el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/10/08/veoveo-constituyente-el-plebiscito-dirimente.shtml

Columna de opinión - Voces CiPP

Reflexiones sobre el efecto supletorio o derogatorio de la Ley de Transformación Digital del Estado

Enrique Rajevic en ADAD “Reflexiones sobre el efecto supletorio o derogatorio de la Ley de Transformación Digital del Estado”

En su columna publicada en el sitio de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, ADAD, el investigador CiPP y académico UAH, plantea una reflexión sobre la Ley N° 21.189, de Transformación Digital del Estado (LTDE), que aún no entra en vigor, analizando si las disposiciones que incorpora a la Ley N° 19.880, de 2003, de Bases de Procedimiento Administrativo (LBPA), tienen un carácter básico (derogatorio) o supletorio respecto de la diversidad de procedimientos administrativos sectoriales existentes.

Rajevic señala que el Mensaje que le dio origen a la LTDE era nítido en este punto, pues modificaba el artículo 1° de la LBPA para afirmar, luego de que este declara el carácter supletorio de la LBPA, que “Sin embargo, en cuanto al soporte de su tramitación, todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de las técnicas y medios electrónicos establecidos en la presente ley, salvo las excepciones contenidas en la misma”. Así, dejaba en claro que en este punto se consagraba una norma genuinamente básica, con un efecto derogatorio tácito y no integrativo. Pero esta propuesta se modificó en el curso de la tramitación para terminar señalando que “Todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de los medios electrónicos establecidos por ley, salvo las excepciones legales”, trasladándose al inciso siguiente la actual parte final de esta norma, a saber, que “En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter supletorio”. Con esto último se perdía la claridad de la declaración inicial pues en los “procedimientos administrativos especiales” la obligatoriedad de los medios electrónicos sería, como toda la LBPA, supletoria.

Agrega el académico que, con todo, la LTDE hizo una excepción tratándose de “aquellos procedimientos administrativos regulados en leyes especiales que se expresan a través de medios electrónicos”, pues en ellos “la aplicación de todo o parte” de la LTDE se determinaría vía un DFL (artículo 1° transitorio), que es el el DFL N° 1/2020, MINSEGPRES (http://bcn.cl/2riw5), publicado el 06.04.2021.

Concluye Rajevic señalando que puede entenderse que en 2003 el legislador decidiera eludir el mandato constitucional de fijar las bases de los procedimientos (art. 63 N° 18) ante el profuso y heterogéneo universo de tramitaciones sectoriales que se verían afectadas, y la imposibilidad de estimar los efectos potenciales. Que tras 16 años de aplicar la LBPA siga pasando lo mismo resulta poco alentador.

Para leer su columna completa, sigue este link.

Entrevista - Voces CiPP

El informe de la FNE muestra que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo y replica esa falta de competencia hacia los minoristas, lo que lleva a subir los precios hacia los consumidores

Fuente: Conexión T13 Radio.

Eduardo Saavedra, director académico CiPP, en Conexión T13 “El informe de la FNE muestra que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo y replica esa falta de competencia hacia los minoristas, lo que lleva a subir los precios hacia los consumidores”.

El director académico del CiPP y académico UAH participó en el estudio dado a conocer por la Fiscalía Nacional Económica, FNE, sobre el mercado del gas, que recomienda, entre otras medidas, prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen de la distribución del gas licuado (GLP) a los consumidores, y propone cambios regulatorios al negocio del gas natural para que bajen los precios hacia los consumidores.

Ante la pregunta de por qué la FNE considera que en el mercado de la distribución mayorista de GLP se observa una baja intensidad competitiva y algunos factores estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto, Saavedra explica que en general cuando en un mercado hay pocos actores, como en este caso donde sólo hay 3 empresas de distribución mayorista, existe riesgo de comportamientos colusivos. No es que ocurran, aclara Eduardo, pero hay riesgos de que ocurran.

¿Cuándo se producen esos riesgos de comportamientos colusivos? Hay distintos factores.

Cuando hay pocos actores en una industria; cuando se comparten activos – como los compartieron dos de ellos en GASMAR -; cuando se muestra una participación de mercado estable o muy estable no sólo a nivel país sino que a nivel comunal; cuando la demanda del producto es bastante homogénea. En este caso, respecto del GLP o balón de 15 kgs. a los usuarios les da lo mismo uno u otro. Entonces, cuando los riesgos aparecen, no es que sean indicio de colusión, son riesgos de que puede haber un comportamiento de acuerdos y eso es lo que se quiere bajar.

Explica Saavedra que existe otro riesgo muy importante, con olor a humo, cuando se encuentra que la rentabilidad, o los márgenes de estas tres empresas, han crecido en el último tiempo, respecto del período cuando el precio del petróleo era caro, y eso no tiene una explicación natural en economía, salvo que haya un ejercicio de poder de mercado, que puede ser de baja de competencia o podría ser acuerdo también.

Consultado sobre el dato que revela el informe con relación a que cuando el precio internacional del petróleo ha sido a la baja, esto no ha sido necesariamente simétrico con los precios a la baja en la venta al público, el director académico del CiPP explica que lo se observa en el Informe de la FNE es que cuando el precio internacional del petróleo cayó, los precios subieron, y eso no necesariamente refleja un acuerdo colusivo, aunque podría serlo, también podría reflejar algo que tampoco es bueno: que las empresas tienen poder de mercado. Y, viendo que en el presupuesto de cada familia, el gasto destinado al gas es elevado, cuando el costo está alto, las empresas no cobran tanto, cuando el costo es bajo, cobran más, es decir, tienen más margen, de modo que manejan el precio lo que es indicio de que hay poder de mercado, no necesariamente colusivo, pero sí poder de mercado.

Respecto de la reacción de una de las empresas aludidas que argumenta que las recomendaciones de la FNE no resuelven el problema de fondo que es la dependencia del precio local respecto del precio internacional, que habría aumentado más del 100% sólo los últimos 12 meses, Saavedra es claro en señalar que el problema que intenta resolver la FNE es que, dado que el precio internacional se mueve y puede afectarnos, vamos a tratar de que el mercado chileno sea más competitivo de lo que ha sido hasta ahora.

La FNE acotó lo que buscaba, porque podría haber indagado varios otros temas en este mercado, y encontró que el mercado del GLP a nivel mayorista es poco competitivo, no permite o dificulta mucho la entrada de competidores y además en ese mercado hay restricciones que se llaman “verticales”, que es el control de los mayoristas hacia los distribuidores minoristas, que replica esa falta de competencia y eso es lo que lleva a que los precios sean altos.

Sobre la situación de los contratos que las empresas mayoristas establecen con los miles de distribuidores minoristas, que según explica el Informe de la FNE serían todos muy similares y la gran mayoría exige exclusividad, Eduardo Saavedra es claro en señalar que la FNE recomienda eliminarlos, no se justifican. Señala que en dichos contratos las empresas mayoristas le imponen a los distribuidores la responsabilidad sobre la seguridad de los balones, lo que muestra que en la práctica los mayoristas se han desligado de toda responsabilidad pero la imponen a los minoristas. Además, le impiden a los minoristas, que tienen toda la logística de distribución armada, vender más de un producto y les imponen multas si venden productos de otros, e incluso los premian por la exclusividad.

La FNE cree que todas esas cláusulas, lo único que hacen, es replicar la alta concentración que existe en el mercado de mayoristas y trasladarla a nivel del cliente final, concluye Saavedra.

Consultado sobre por qué el mercado del gas no tiene las mismas regulaciones que otros servicios básicos como la luz y el agua, Saavedra explica que el mercado del gas natural llegó a Chile en los años 90 por iniciativa privada, lo que es un desarrollo distinto a como se dio en el mundo, y al llegar por redes privadas y suponer toda la regulación que era un sustituto del gas licuado -supuesto que no ha sido probado- esto llevó a que fuera regulado de esa manera. Esa regulación, explica el académico, consideraba una rentabilidad máxima que podían ganar las empresas y dado que eso no estaba bien regulado, la ley se modificó el 2016 y entró en vigor el 2017. En ese momento, se señaló que las empresas de gas natural que no cumplieran con el límite máximo de rentabilidad iban a ser reguladas, y ese es parte del problema en el que estamos metidos ahora.

Ahondando en el tema del gas natural que también se aborda en el Informe de la FNE, Saavedra es consultado sobre la integración vertical entre Metrogas y la empresa AGESA que sería una empresa espejo de la primera y los impactos generados. Se le pregunta si estamos condenados a esperar hasta el año 2030, fecha en que terminarían los contratos existentes, para que dejemos de tener un mono proveedor y puedan entrar otros competidores y los precios puedan bajar.

En este tema, el investigador del CiPP explica que no cree que estemos condenados porque la propuesta de la FNE es que se debe mirar la rentabilidad del negocio del grupo completo, lo que significa, sumar a la rentabilidad de AGESA, la rentabilidad que tiene Metrogas, y así se debe calcular la rentabilidad que no puede superar el límite que fija la regulación. Y, por lo tanto, no habría que esperar hasta el 2030. Si una ley como esa pasa por el Congreso, a la empresa le quedarían dos opciones. Si mantiene los precios, la van a regular; o bien tendrá que bajar los precios si quiere que no la regulen.

Explica Saavedra que la propuesta original que hizo el Ministerio de Energía el año 2016 fue incluir una cláusula transitoria de que debía hacerse una licitación internacional, y que debían respetarse los contratos anteriores que podían estar con empresas relacionadas que provenían del 2012 o 2015, ese era el espíritu de la ley. El problema es que, como dicen los abogados, el espíritu no vale cuando la letra es muy clara, y en este caso la letra es muy clara, pero una vez que se discutía esa tramitación, Metrogas sacó la empresa espejo, innecesaria. Pero, está cumpliendo con la ley, pero esto huele feo, y por lo tanto la empresa va a tener que dar explicaciones. No me cabe duda que no sólo se “bypasea” el espíritu de la ley, sino que se está jugando con la fe pública del Congreso cuando se discute la ley, se pone una cláusula, y de inmediato aparece una empresa espejo que se queda con todas las ganancias. Además que la cantidad de dinero es enorme: estamos hablando de 160 mil millones de pesos que, por cliente representa $85 mil pesos extra anualmente, mucho más que con la situación del confort, por decirlo de esa manera, concluye el académico.

Si quieres escuchar su entrevista completa, sigue este link.

Columna de opinión - Voces CiPP

Propuestas tributarias de los candidatos: ¿En busca de un país?

Humberto Borges en Cooperativa: “Las propuestas (tributarias de los candidatos) no deben sólo sustentarse en la recaudación y deben ser creadas sobre la base de una idea de país.

Humberto Borges, investigador asociado al CiPP y académico UAH, publicó una columna de opinión en el medio online de Cooperativa, que tituló Propuestas tributarias de los candidatos: ¿en busca de un país?

En su columna se refirió a siete puntos principales que han sido propuestos por los candidatos, estos son: impuesto al patrimonio, royalty minero, normas generales anti elusión, desintegración del sistema tributario, IVA diferenciado, impuestos verdes y eliminar o modificar las exenciones. Además, Borges señala que todas las propuestas de los candidatos tienen un mínimo común: financiar la pandemia y los nuevos derechos sociales.

Sin embargo, el académico es claro en decir que las propuestas no deben sólo sustentarse en la recaudación, sino que deben ser creadas sobre la base de una idea de país. Ejemplifica explicando que el actual sistema tributario respalda a las empresas extractivistas y la recaudación mediante el impuesto más regresivo de todos: el IVA.

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Seminarios/Eventos

Documento Constitución y Pobreza”: “Los derechos debieran tener como titular a todas las personas, es decir, ser de carácter universal, sin distinción, ni exclusión

Miriam Henríquez en webinar “Documento Constitución y Pobreza”: “Los derechos debieran tener como titular a todas las personas, es decir, ser de carácter universal, sin distinción, ni exclusión”

La investigadora asociada al CiPP y académica de Derecho UAH Miriam Henríquez, participó el pasado 30 de septiembre en el Webinar denominado “Documento Constitución y Pobreza”, iniciativa impulsada por Techo Chile, Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, INFOCAP, Espacio Mandela, Centro Vives UAH, Servicio Jesuita a Migrantes, Comunidad Jesuita de Tirúa, Fundación Súmate, Hogar de Cristo y Empleate.

En la oportunidad, Miriam Henríquez, junto con valorar el documento que fue presentado a principios de septiembre a la Convención Constitucional, expuso cinco puntos que a su juicio podrían ser profundizados de modo de contribuir a generar un panorama más completo y robusto con miras a alcanzar una constitución inclusiva.

¿Puede una constitución garantizar los derechos sociales de los más pobres y excluirlos? es la interrogante principal que plantea este documento y a partir de la cual Miriam hace una reflexión introductoria aludiendo a que estima que el texto tiene una doble orientación. Por una parte, que la futura carta constitucional reconozca los derechos sociales como verdaderos derechos fundamentales, y por otra, que la futura carta también reconozca a los grupos de especial protección para su inclusión efectiva.

Respecto a las fortalezas del documento, Henríquez destaca que contiene un diagnóstico actualizado de las problemáticas que han sido destacadas, la mayoría de los casos con referencias al año 2021; tiene propuestas de contenidos constitucionales, que no solo se quedan en el diagnóstico, sino que avanzan a una propuesta concreta; hay una referencia a principios constitucionales que de establecerse en la constitución, orientarían la misma, tales como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la solidaridad y la justicia social; se reflejan los derechos sociales que debieran constitucionalizarse, como el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación; hay una lógica de transversalidad, de entender cuáles son los grupos de especial protección, vulnerables e históricamente invisibles que debieran estar previstos en la nueva carta: las mujeres, las personas mayores, las personas en situación de calle, en situación de discapacidad, privadas de libertad, los migrantes y el pueblo mapuche. Todas estas particularidades, explica la académica, diferencian este documento de otros que ya se han hecho llegar a la Convención Constitucional.

En cuanto a la profundización del documento, Miriam Henríquez expuso cinco puntos.

En primer lugar, menciona que convendría hacer una precisión sobre el rol del estado como un estado social. En la actualidad, explica Miriam, está establecido que el estado es subsidiario, pero se requiere avanzar a que este se convierta en uno más solidario, un estado social de derecho, donde se garanticen y satisfagan los bienes básicos, como la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

En segundo lugar menciona que podría hacerse un mayor énfasis a que haya una garantía estructural de los derechos fundamentales. “Los derechos debieran tener como titular a todas las personas, es decir, ser de carácter universal, sin distinción, sin exclusión. Y en segundo término, que los derechos en su contenido protectivo se formulen como imperativos negativos de no lesión, en el caso de las libertades. O bien como imperativos positivos de prestación, como en el caso de los derechos sociales”, explica Miriam.

El tercer punto que propone dice relación con poder plantear un listado más detallado de las garantías de los derechos y sus tipos. Y aquí la académica es clara en decir que hay garantías abstractas que están destinadas a los poderes públicos para evitar que la actividad o inactividad de estos poderes pueda implicar un desconocimiento o una vulneración de los derechos constitucionales.

En el cuarto punto la académica plantea que debe haber una referencia a la efectividad de los derechos que dependen, de alguna forma, de la organización del poder. Si la constitución del futuro, por ejemplo, no camina hacia una mayor descentralización, por más que la constitución sea rica en derechos sociales, por más que establezca estos grupos de especial protección, será muy difícil tener una garantía efectiva en esos derechos, dice.

Finalmente Miriam es clara en decir que esta es la posibilidad de hacer una referencia explícita a la relación que va a tener el estado con el derecho internacional de los Derechos Humanos. Particularmente enfatiza en que la nueva constitución debe definir la jerarquía de los tratados de derechos en general y de los derechos humanos en particular.

Para poder ver su participación completa, sigue el siguiente link: https://www.uahurtado.cl/webinar-documento-constitucion-y- pobreza-2/

Artículos Académicos

Socioeconomic segregation between and within curriculum tracking

María Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH publicó “Socioeconomic segregation between and within curriculum tracking”, coautoreado con Ernesto Treviño, en el Journal of Educational Development (WOS) (2021)

El artículo, a partir de bases administrativas del Ministerio de Educación de 2004 a 2019, estima la magnitud y evolución de la segregación socioeconómica en la educación media poniendo foco en el arreglo institucional para la provisión de las modalidades humanista-científica (HC) y técnico-profesional (TP).

Los resultados muestran que la desigual distribución socioeconómica de estudiantes entre ambas modalidades es menor cuando la diferenciación curricular acontece al interior de un mismo establecimiento “modelo polivalente” que cuando ocurre entre establecimientos “modelo especializado”, principalmente en el sector particular subvencionado.

No obstante, se observa una tendencia a la baja en los niveles de segregación del “modelo especializado” que se acentúa tras la implementación de la ley de inclusión. Se argumenta que esta ley llevaría a que estudiantes de bajo nivel socioeconómico se distribuyan más homogéneamente entre establecimientos especializados en educación HC y TP debido a la eliminación del copago y la selección académica.

Para ver la publicación, siga el link: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102493

Columna de opinión - Voces CiPP

Austeridad equivocada vs. mirada de largo plazo

Fuente: La Tercera

Carlos J. García en La Tercera “Es momento de pensar en la inversión pública en dos áreas claves: infraestructura y capital humano especializado”.

El investigador CiPP y académico UAH, Carlos J. García, hizo esta afirmación en su columna de opinión “Austeridad equivocada vs. mirada de largo plazo” publicada en La Tercera en la que reflexiona a partir de los bajos niveles de productividad laboral de Chile respecto de países desarrollados y la necesidad de repensar la inversión del Estado.

Una de las cifras más dramáticas que he revisado en los últimos meses es la de los niveles de productividad laboral entre países. Si se compara el nivel de Chile con otras economías pequeñas y abiertas como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y República Checa, estos países son entre un 50% y 100% más productivos que el nuestro en los últimos veinte años. En términos simples, en promedio un trabajador en esos países produce por lo menos un 50% más que un trabajador chileno. Más capital físico y humano explican esta diferencia, según nuestras teorías de crecimiento económico, señala García.

Este magro resultado es producto de nuestro modelo económico y de las pobres políticas públicas implementadas, indica el investigador.

Considerando este contexto, no es momento para una austeridad mal entendida en el gasto del gobierno …. los desafíos requieren que repensemos en cómo y en cuánto gasta el gobierno. Reducir en forma dramática este gasto sería un error fatal, pero seguir manteniendo su composición, básicamente asistencialista, también. Es momento de pensar en la inversión pública en dos áreas claves: infraestructura y capital humano especializado.

Para leer su columna completa, revisa este link.

Noticias

La situación del Gobierno versus la Convención ha sido permanentemente tensa

En esta doceava edición del programa Veo Veo Constituyente emitido por BíoBío TV el 24 de septiembre pasado, del que los investigadores CiPP y académicos UAH,, Miriam Henríquez y Pedro Güell son panelistas estables, se tocaron temas como las indicaciones del reglamento general, los movimientos sociales y el secreto de las cuentas bancarias de los constituyentes.

Para comenzar, Miriam Henríquez explicó lo ocurrido la última semana en la convención y aludió a la modificación del calendario de votaciones. Ante más de mil indicaciones que se realizaron a los distintos reglamentos que se debían votar, se dispuso un tiempo adicional de modo que los convencionales tuvieran la oportunidad de revisar todas las indicaciones. Eso supuso, continúa, que los días jueves y viernes sean los días que estén dispuestos para aprobar las indicaciones del reglamento general. Quedan además, otros reglamentos como el de ética, el de participación popular y el reglamento de participación y consulta indígena. Toda la convención dijo que el 1 de octubre se debe terminar el trabajo de la aprobación de los reglamentos, explica Miriam. Y añade que es un tiempo récord para una tarea que no es menor.

Por otra parte, Guillermo Larraín, se refirió al tema de los plebiscitos dirimentes, cómo se entiende el rol de representación y cómo se relaciona esto con los movimientos ciudadanos. Y señala que sobre esto también existe un debate, pues algunos constituyentes plantean que la democracia supone ser el movimiento social. “Por supuesto que los movimientos sociales son parte de la democracia, pero no son la democracia del todo. Primero porque los que no se mueven, los que no se movilizan también son ciudadanos y ciudadanas que tienen perfecto legítimo derecho a ser escuchados”, dice. Y finaliza añadiendo que entender la democracia desde la lógica del movimiento ciudadano, tiene una lógica que llega hasta cierto límite.

En otra línea, Miriam Henríquez explica que es inevitable que haya un canal entre lo que pasa en la convención y lo que ocurre en la contingencia. Esto debido a que hace algunos días atrás el Gobierno, y específicamente la DIPRES, rechazó los recursos que la convención solicitó, para viáticos, asesores,y traslado a regiones entre otros. “La situación del Gobierno versus la convención ha sido permanentemente tensa. Y justamente uno de los comentarios más repetidos ha sido que si resultara electo Boric, esto no sucedería, porque habría una mayor disposición a apoyar, entonces tiende a presidencializarse el trabajo de la convención”, explica.

La académica e investigadora también se refirió al secreto bancario y que en torno a esto ha habido una interpretación restrictiva. Y comenta que justamente el secreto tenía que ser conocido por algunas instituciones, por ejemplo el Sii (Servicio de Impuestos Internos). Ese levantamiento de la reserva, dice, tenía que ver con ciertos órganos como por ejemplo el Sii, pues hubo todo un debate respecto al derecho a la vida privada de las personas, y se estimó que los constituyentes tenían derecho a mantener esa reserva, por lo tanto esa norma no fue aprobada.

Finalmente Miriam Henríquez hace una reflexión y es clara en decir que las constituciones también reflejan los desacuerdos. Las constituciones tienen la forma de los desacuerdos porque sus normas son genéricas y los desacuerdos se reflejan en la ambigüedad. A veces los desacuerdos se reflejan en las contradicciones que tienen las constituciones, y a veces en los detalles. Entonces, explica Miriam, la discusión del reglamento no se va a parecer a la discusión de las normas constitucionales, no solamente por las mayorías, ahora simple mayoría, más adelante serán dos tercios, sino porque las constituciones justamente están estructuradas y diseñadas no solo para reflejar los acuerdos, sino también para contener los desacuerdos. “No tenemos que perder de vista eso cuando estemos analizando la discusión de las normas constitucionales. Yo aspiro que a partir de octubre eso sea el corazón del debate”, termina Miriam.

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Seminarios/Eventos

El sistema procesal en la Constitución: aportes para el debate constituyente

Rafael Blanco “Estoy convencido de que el foco de reformas potenciales y necesarias al sistema de justicia y en particular al sistema de justicia penal, no se agota en el modelo de jurado”.

Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, participó como expositor en el seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, denominado “El Sistema procesal en la Constitución: Aportes para el debate constituyente”. En la instancia, el académico realizó una exposición acerca de las reformas al sistema de justicia penal.

“Estoy convencido de que el foco de reformas potenciales y necesarias al sistema de justicia y en particular al sistema de justicia penal, no se agota en el modelo de jurado”, fueron las palabras que dieron inicio a su ponencia.

A pesar de que hay varios debates muy interesantes y necesarios que hacer, explica Blanco, como por ejemplo la regulación constitucional de la defensoría penal pública, existen buenas razones para pensar un modelo de autonomía constitucional de la defensoría; existen buenas razones también, para repensar la estructura de gobierno corporativo de la fiscalía nacional y los sistemas de designación de fiscal nacional y fiscales regionales, consagrados en la Constitución; así mismo es posible repensar el modelo de gobierno del poder judicial con excesiva concentración de funciones en una corte suprema que cumpla roles de casación, de control disciplinario. Sería bueno separar, dice el investigador.

Sobre el sistema de jurados, Rafael Blanco expone algunas ideas. Lo primero que comenta es que, bajo su mirada, Chile, a diferencia de lo que ocurría el año 2000, donde se transitaba en un modelo inquisitivo más puro que era común en América Latina, logró transitar hacia un modelo acusatorio, probablemente siendo el más puro dentro de los modelos acusatorios que hay hoy en día en la región. Explica que el modelo acusatorio ha instalado dispositivos que dialogan mucho mejor con la idea de jurados, como por ejemplo, la separación en fase, particularmente fases de admisibilidad diferenciadas de la fase de juicio, lo que permite pensar un modelo de control sobre la prueba y la admisibilidad. Esto último en relación al estado de valoración de la prueba y cuál es ese estado óptimo y quiénes deberían integrarlo y por qué razón.

En esta misma línea, el investigador explica que el sistema de jurados es un instrumento o un mecanismo que está presente en varios sistemas acusatorios de la región, hay países que lo tienen consagrado constitucionalmente, y que existen distintos modelos.

Sobre las virtudes del modelo de jurado clásico, destaca por ejemplo que estos tienen posibilidades de impugnación incluso sin fundamento limitadamente y con fundamento de manera más amplia. Pero eso le entrega a las partes un poder que los sistemas tradicionales sin jurado no tienen, que es la posibilidad de participar activamente en el control de quien va a ejercer la labor de juzgamiento sin que haya respecto de ese tribunal, sospechas de prejuicios, de intereses de conflictos, y eso es ventajoso, afirma Blanco.

De este modelo también destaca la calidad del litigio y expresa que en los modelos tradicionales el litigio tiende a burocratizarse, pues se genera una rutinización y estandarización respecto del nivel de exigencia que en la etapa valorativa se genera sobre el litigante. Pues al conocer los tribunales, comienzan a proliferar rutinas, estandarización de argumentos. “A mí me parece que aquí lo central tiene que ver más bien con el modo con que el litigante, fiscal o defensa, es capaz de concebir el juicio como un espacio donde genuinamente se está ante un tribunal exigente, un tribunal que va a conocer una causa con un proceso deliberativo altamente complejo. Y eso significa esmerarme mucho en la preparación del caso, y ese incentivo aumenta cuando a quienes conforman el jurado no los conozco, pero sé que han sido seleccionados de un modo de garantizar genuinamente altos estándares de imparcialidad”, explica.

Otro aspecto que el investigador destaca tiene que ver con los roles que están llamados a realizar los jueces en los modelos acusatorios. «Me parece que el jurado libera a los jueces de roles respecto a los cuales uno puede prescindir de la función jurisdiccional y los concentra y potencia en otros que son insustituibles».

Finalmente Rafael Blanco vuelve a ratificar que la incorporación de ciudadanos y ciudadanas en el sistema de valoración probatoria, tiene enormes ventajas y estas se traducen en las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de Argentina, donde se refleja que el ciudadano que fue y experimentó un rol de responsabilidad como ciudadano y ciudadana, tiende a mejorar su concepto sobre el sistema de justicia, sobre los operadores del sistema de justicia, pero no solo sobre los jueces y juezas, sino también de los fiscales y defensores. Hay una ventaja de legitimación general detrás de este modelo, termina.

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Capítulos de Libros

Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile

Ximena Orchard publicó «Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile», como capítulo del Libro In Santangelo, G. et al . Derecho a la Comunicación en América Latina. Cali: Sello Editorial Javeriano-ITESO, 2021.

Este capítulo propone un diálogo entre el concepto de captura mediática y las dificultades que enfrenta la práctica del periodismo en Chile. A partir del análisis de resultados a preguntas abiertas incluidas en la última Encuesta Estado del Periodismo Nacional, se construye inductivamente un diagnóstico respecto a la práctica de la profesión en la actualidad, revelando claros puntos de tensión y una dificultad general del campo periodístico para operar bajo criterios propios en un sistema de medios que se percibe como restrictivo y limitante.

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la revisión de literatura sobre captura mediática, se propone la necesidad de distinguir entre los medios como campo institucional y el periodismo como campo profesional, reconociendo que un periodismo que opera al interior de medios capturados es uno devaluado y con una capacidad disminuida de aportar al ejercicio del derecho a la comunicación.

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Columna de opinión - Voces CiPP

¿Podrá una Constitución transformar los principios desde una ideología neoliberal a una más comunitaria, y que eso redunde en modos distintos de entender la educación y la organización del sistema educativo?

Cristobal Madero en La Tercera:¿Podrá una Constitución transformar los principios desde una ideología neoliberal a una más comunitaria, y que eso redunde en modos distintos de entender la educación y la organización del sistema educativo?

Esta es una de las preguntas centrales que el investigador CiPP y académico UAH, Cristobal Madero, intenta responder en su columna publicada en La Tercera donde afirma que la lógica neoliberal en educación ha estado presente en los últimos 40 años en Chile.

Ha definido instituciones, reglas del juego, modos de entender la profesión docente, y en qué consiste liderar una escuela, por mencionar solo algunos elementos. Esta lógica no ha dejado de ser cuestionada en estos 40 años, y no han sido pocos los espacios en que la lógica ha cedido a la evidencia y al peso de la historia.

Sobre la oportunidad que representa la discusión constitucional que se vive en el país, Madero señala que la constitución puede claramente señalar caminos que permitan pensar una educación menos anclada en estos principios neoliberales. Y para eso la misma definición de derecho a la educación debe ser reformada en la Constitución.

Fuente: La Tercera

Pensar una educación post-neoliberal: tiempo de política educativa

Por: Cristobal Madero, investigador asociado CiPP y académico UAH

24 de septiembre 2021

El 25 de octubre del año 2020 Chile votó mayoritariamente aprobar la redacción de una nueva Constitución para regir políticamente el Estado. Una Constitución o Carta Fundamental cumple no solo un rol enunciativo sino uno de carácter performativo: la Constitución no solo dice cosas, sino que las hace. La del año 1833 fue, si bien no la primera cronológicamente, si la primera que logró dar término a más de dos décadas de ensayos constitucionales desde la Independencia de Chile en 1810. La de 1925 hizo que el Estado se separase de la Iglesia. La de 1980, redactada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), hizo que Chile abrazase un modelo neoliberal de desarrollo. Es este modelo en el cual buena parte de los llamados derechos sociales se sostienen hoy.

Al hacer evaluación de los años dictatoriales (1973-1989) y post dictatoriales (1990-2021) en Chile, no pocos señalan que lo que en dictadura se diseña e implementa, en democracia se institucionaliza. La profundidad de los cambios en el modelo de sociedad, en el modelo económico, y como consecuencia en la cultura chilena desde 1973 en adelante, produjo cambios estructurales que, si bien buena parte de la social democracia de los años 1990 y 2000 en Chile quiso transformar, no reunieron las voluntades suficientes para hacer los cambios radicales necesarios. Lo que ocurrió en el territorio de la seguridad social y de la salud, también se experimentó en el terreno de la educación.

La lógica neoliberal en educación ha estado presente en los últimos 40 años en Chile. Ha definido instituciones, reglas del juego, modos de entender la profesión docente, y en qué consiste liderar una escuela, por mencionar solo algunos elementos. Esta lógica no ha dejado de ser cuestionada en estos 40 años, y no han sido pocos los espacios en que la lógica ha cedido a la evidencia y al peso de la historia.

Hoy, año 2021, gracias a la Ley de Inclusión de 2015, el financiamiento compartido se va acabando, haciendo que más del 90% de los establecimientos educativos sean gratuitos en Chile. Gracias a esa misma ley, más del 90% de los establecimientos ya no pueden seleccionar a sus estudiantes: son las familias, las que, por primera vez en la historia de Chile, pueden seleccionar el colegio, sin poderles ser negado el acceso gracias a un nuevo Sistema de Admisión Escolar. La Ley de Inclusión prohíbe además el lucro de los sostenedores de los establecimientos, lo cual hace que, si bien el sistema sigue operando con un sistema de financiamiento a la demanda y regulado por la asistencia, son mucho menores los incentivos a aquellos, que sin ser ni de cerca una mayoría, hicieron de la educación un negocio con todas las reglas del juego a su favor por más de 30 años en el país.

Si bien las pruebas Simce siguen siendo relevantes, y es el principal dispositivo en torno al cual se organiza la labor evaluativa y orientadora de la Agencia de la Calidad de la Educación, estás han disminuido desde 2016 en su aplicación tanto en el modo (censal o muestral), como en niveles, y número total de pruebas al año. Son pasos hacia un sistema menos centrado en la estandarización, pero aún lejos de un cambio sustancial en esta materia.

¿Podrá una Constitución transformar los principios desde una ideología neoliberal a una más comunitaria, y que eso redunde en modos distintos de entender la educación y la organización del sistema educativo? ¿Podrá una nueva Constitución demoler una ideología incrustada culturalmente, en la subjetividad de cada chilena y chileno? La Constitución puede claramente señalar caminos que permitan pensar una educación menos anclada en principios neoliberales. Y para eso la misma definición de derecho a la educación debe ser reformada en la Constitución. Como lo han señalado no pocos en el contexto preliminar de la discusión constitucional, el derecho a la educación no puede seguir siendo un derecho a pagar por un establecimiento que yo elijo (lo cual a pesar de la gratuidad del más de 90% de establecimientos se puede seguir haciendo en los establecimientos privados con pago). Sin duda que tiene que haber reforma de instituciones y normativas, pero es la misma definición aquello de lo que adolecemos como sociedad. Es un tiempo más de política que de políticas, en el sentido fuerte del término.

Una vez desarrollada la o las definiciones del derecho a la educación, la nueva Constitución podría orientar hacia la tarea todavía titánica que significaría seguir derrumbando inteligentemente la estructura neoliberal de las instituciones y normativas del sistema educativo escolar chileno. No es una tarea nada fácil, pero tal vez como nunca había habido tantas voluntades y sentido de país, como para continuar tal tarea con decisión.

Enlace directo: https://www.latercera.com/opinion/noticia/pensar-una-educacion-post-neoliberal-tiempo-de-politica-educativa/MKVGCXUQFRG3TKJ2GDK46VBSEA/

Columna de opinión - Voces CiPP

Oportunidades y desafíos para la Formación Técnico Profesional (FTP) de la propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados

[Columna de Opinión] Paola Sevilla en El Dínamo,”Oportunidades y desafíos para la Formación Técnico Profesional (FTP) de la propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados”

En su columna de opinión, la investigadora CiPP y académica UAH Paola Sevilla, señala que la propuesta, difundida por el Ministerio de Educación en mayo pasado, trae consigo dos avances importantes para la FTP en materia de ampliación y flexibilización de trayectorias formativas.

Al entregar, a través de distintas vías, oportunidades de continuidad de estudios a los titulados de carreras técnicas, permite a la FTP potenciar sus carreras de ciclo corto que son el sello de su oferta formativa. Sin embargo, existen múltiples desafíos que deben considerarse.

Fuente: El Dínamo

Oportunidades y desafíos para la Formación Técnico Profesional de la propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados

Por María Paola Sevilla, investigadora CiPP y académica UAH

16 de septiembre, 2021

En mayo pasado el Ministerio de Educación difundió su propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados en la educación superior. Esta propuesta trae consigo dos avances importantes para la Formación Técnico Profesional (FTP) en materia de ampliación y flexibilización de trayectorias formativas.

El primero, la creación de una vía de acceso directa para técnicos de nivel superior a carreras en universidades en áreas afines a sus carreras técnicas. Con ello, quienes desean continuar y ampliar su formación en programas de estudios conducentes al grado de licenciatura podrán, como norma, y no como excepción (que es lo que ocurre hoy en día) convalidar sus estudios previos y hacerlo en un tiempo menor respecto a la vía tradicional de ingreso. Un segundo avance, más innovador, es la creación de grados exclusivos para este sector: los de bachillerato y magíster politécnico. Con el bachillerato politécnico se busca poner un piso común de formación general al amplio abanico de carreras técnicas existentes, favoreciendo transferencias inmediatas o posteriores de estudiantes a carreras distintas a la de su matrícula inicial. Por su parte, con el magíster politécnico se apunta a que los titulados de estas carreras puedan profundizar en el área de desempeño profesional que corresponde a su título. Se facilita, además con ello, la concreción de las aspiraciones institucionales de realizar investigación aplicada, al contar con docentes con mayor especialización en el campo profesional.

Es una propuesta que, al entregar, a través de distintas vías, oportunidades de continuidad de estudios a los titulados de carreras técnicas, permite a la FTP potenciar sus carreras de ciclo corto que son el sello de su oferta formativa. Sin embargo, existen múltiples desafíos que deben considerarse.

Asegurar que los nuevos grados sean bien comprendidos por los empleadores, la comunidad educativa y por los potenciales estudiantes, es uno de estos desafíos; luego, que para el grado de magíster politécnico se cuente con docentes que, junto con poseer un grado equivalente o doctorado, tengan experiencia práctica en el sector económico vinculado; otro desafío importante es que los criterios de acreditación reconozcan su naturaleza específica y no coloquen como estándar de rigurosidad los grados universitarios; y, finalmente, el más importante, que su creación sea selectiva y esté justificada por la existencia de una demanda por una fuerza laboral más calificada en el contexto de cambios económicos, sociales y políticos que nuestro país actualmente vive.

Solo si estos desafíos se enfrentan, la FTP encontrará en estos grados innovadores el trampolín que requiere para dar el salto que la consolide como una formación de alto nivel y el espacio en la estructura de la educación superior para la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología. Todo esto en beneficio de la diversa y numerosa población estudiantil que convoca, con justas aspiraciones a progresar personal, laboral y socialmente.

Link: https://www.eldinamo.cl/opinion/2021/09/16/oportunidades-y-desafios-para-la-formacion-tecnico-profesional-de-la-propuesta-de-actualizacion-de-la-estructura-de-titulos-y-grados-en-la-educacion-superior/

Columna de opinión - Voces CiPP

¿Cuál sería el perjuicio para quienes pretenden la aprobación de las normas constitucionales por dos tercios que la aprobación de la norma que la establece se apruebe por simple mayoría?

Fuente: El Mercurio

Miriam Henríquez en El Mercurio: “¿Cuál sería el perjuicio para quienes pretenden la aprobación de las normas constitucionales por dos tercios que la aprobación de la norma que la establece se apruebe por simple mayoría? “

La investigadora del CiPP y académica UAH, Miriam Henríquez, publicó una columna de opinión en El Mercurio en la que entra de lleno en la polémica por el quórum de dos tercios al interior de la Convención Constitucional, y plantea una reflexión sobre qué viabilidad política y jurídica tienen los anuncios de reclamación ante la Corte Suprema a raíz de la discusión sobre qué se entiende por “reglamento de votación”.

Señala que el tema del quórum de los dos tercios se ha transformado en uno de los más controvertidos al interior de la Convención, lo que era esperable a pesar de que tras las elecciones de constituyentes el temor del veto por un tercio se diluyó cuando ninguna de las fuerzas políticas representadas por sí misma alcanzó esa mayoría.

En la misma línea, la investigadora destaca una segunda controversia generada al interior de la Convención que dice relación con la calificación jurídica de las normas de los reglamentos que deben aprobarse por los dos tercios, que tuvo como resultado la suspensión de la sesión hace algunas semanas atrás. Y explica que el artículo 133 de la Constitución vigente dispone que solo dos materias deben aprobarse por dos tercios: las normas constitucionales y el reglamento de votación de las mismas.

Señala Henríquez que el martes 14 de septiembre, en una jornada histórica, el pleno de la Convención Constitucional aprobó en general y por amplia mayoría los distintos reglamentos y decidió que ninguna de sus normas requiere de una aprobación por dos tercios de los convencionales, sino de mayoría simple.

Posteriormente, el asunto a discutir fue qué se entiende por “reglamento de votación”, lo que desató diferencias y su interpretación no fue pacífica, explica Miriam. Ante las diferencias, en reiteradas oportunidades se anunció una reclamación ante la Corte Suprema.

Sin embargo, y tras lo acontecido, Miriam Henríquez se pregunta ¿es viable política y jurídicamente esta alternativa?

La mayoría que la Constitución actual requiere para la reclamación ante la Corte Suprema -al menos un cuarto de los convencionales- es dudosamente alcanzable, y además, la Carta exige que el vicio sea esencial y que cause perjuicio, explica la investigadora y académica de Derecho Constitucional.

Al cierre de su columna, Henriquez se pregunta: ¿ Cuál sería el perjuicio para quienes pretenden la aprobación de las normas constitucionales por dos tercios que la aprobación de la norma que la establece se apruebe por simple mayoría?

Para poder leer su columna completa puedes ingresar en el siguiente link: https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/Documentos/Crear_Achivo_Pdf.aspx?LPKey=4R2ZYPQBZHQJPWL2TP3VHCRC4YZKBSYKZTDWBOF2O7HBX3IF2QXA

Noticias

Pedro Güell en Bío Bío TV, sobre el liderazgo de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón

Pedro Güell en Bío Bío TV, sobre el liderazgo de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, “no solo lo ha hecho bien, sino que está señalando un estilo de liderazgo distinto a lo que estamos acostumbrados”

En esta onceava edición del programa Veo Veo Constituyente del que los investigadores asociados al CiPP y académicos UAH, Pedro Güell y Miriam Henriquez son panelistas estables, se discutieron temas como las 80 firmas que permiten la creación de la comisión de conocimiento, el liderazgo de Elisa Loncón, y la percepción que tiene la ciudadanía sobre la convención constitucional.

Sobre las 80 firmas que permiten la creación de la comisión de conocimiento, Andrea Gutiérrez, actriz y dramaturga, es enfática en decir que es una muy buena noticia para que efectivamente los derechos culturales sean abordados en el espectro de Derechos Humanos y tengan el lugar que merecen en la discusión constitucional. En esta misma línea, Pedro Güell reafirma la importancia de tener una comisión de cultura y conocimiento que realmente se preocupe de instalar en la constitución la relevancia de los temas que envuelven los derechos culturales y también de la ciencia, en un país que ha rechazado tal reconocimiento y énfasis.

Por otra parte, Carolina Tohá, menciona que hasta el momento las votaciones que se han dado no han tenido que ver con la constitución misma, sino más bien con asuntos metodológicos de cómo se va a funcionar de aquí hasta que se dicten las normas. Esta aclaración surge a raíz de que el presidente Piñera comentó que se estaba restringiendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, cuando todavía no se ha entrado en materia sobre ese asunto. Tohá hace un llamado, entonces, a seguir estos debates de buena forma, pues si se sigue sólo la última polémica se puede perder mucho y al mismo tiempo, se desinforma. Sobre esto, Pedro Güell es claro en decir que hay un intento por encontrar algún argumento que permita desprestigiar el trabajo de la constitución, y sobre todo frente a la opinión pública, y no descarta que haya algo de estrategia en este tipo de situaciones, refiriéndose a las polémicas declaraciones del presidente Piñera.

Sobre el liderazgo de la presidenta de la convención, Elisa Loncón, Güell señala que le sorprende positivamente su prudencia. Los liderazgos se prueban por los efectos y no por las declaraciones, y los efectos hasta aquí han sido muy buenos, dice. Y explica que ha habido prudencia por parte de ella, por ejemplo, en el caso de Rojas Vaden; cómo logró, a pesar de todo, sostener equilibrios muy difíciles; y por otra parte, la reacción que ella ha tenido ante su propio nombramiento como uno de los personajes más influyentes del año en la revista TIMES, mostrando de qué se tratan los liderazgos colectivos. Y continúa: “ creo que no solo lo ha hecho bien, sino que está señalando un estilo de liderazgo distinto a lo que estamos acostumbrados. Y en ese sentido está ocurriendo lo que muchos hemos soñado, que la constitución sea también un espacio de aprendizaje en nuestra cultura política y de nuestros estilos de liderazgo”.

En otro tema, Güell se refiere a la forma en cómo las personas aluden al proceso constituyente. Y es enfático al decir que se debe evitar el uso de palabras terminales, terminantes y radicales para describir lo que ocurre, las diferentes posiciones que hay dentro de la convención y sus eventuales consecuencias. Esto a partir de la declaración del periodista Agustín Squella, quien afirmó que si se rechazan los dos tercios se acaba la convención. Ser tan terminantes anula la mirada sobre ese espacio de ambigüedad en el cual opera la política, explica. Si se rechazan los dos tercios, sigue, será porque hubo una condición política que lo hizo posible, y si eso tiene consecuencias en que no pueden prosperar, también habrá política. “La mejor manera de ver, es más bien usando lentes borrosos y ambiguos y no blancos y negros”, dice.

Finalmente, Pedro Güell llama la atención sobre la necesidad de que la convención desarrolle una estrategia de vocerías capaz de dar cuenta de que se está trabajando bien, cuestión que hasta ahora no ha existido. No se ha logrado comunicar, por ejemplo, que la gente que está allí adentro ha ido aprendiendo no solo sobre los temas de discusión, sino que ha aprendido a relacionarse. Se ha vuelto cada vez más institucional y cada vez menos lleno de slogans. Hay un avance notable, sin embargo, la representación de eso hacia la opinión pública no es buena, y lo están mostrando las encuestas.

Para poder ver esta última edición puedes ingresar en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/veoveo-constituyente/2021/09/20/veoveo-constituyente-las-80-firmas-que-permiten-la-creacion-de-la-comision-de-conocimiento.shtml

Noticias

Pienso que con su sola renuncia a la vicepresidencia no se alcanza a cumplir el estándar superior de transparencia y probidad que la propia convención se ha fijado

Miriam Henríquez en Bío Bío TV, sobre el caso Rojas Vadem “Pienso que con su sola renuncia a la vicepresidencia no se alcanza a cumplir el estándar de transparencia y probidad que la propia convención se ha fijado”.

En la décima versión del programa VeoVeo Constituyente, los panelistas Guillermo Larraín, economista, Susana Sierra, presidenta Chile Transparente y Miriam Henríquez, investigadora asociada al CiPP y académica UAH, analizaron la semana de la Convención Constitucional. En esta oportunidad se centraron en el hecho ocurrido con el convencional Rojas Vade.

Guillermo Larraín enfatizó en decir que es necesario hacer un esfuerzo por proteger a la convención, ya que esto, argumenta, no es un juego ganado ni para bien ni para mal. “Esta es una institución frágil que depende mucho de quienes estamos interactuando en torno a ella”, dice.

Por otra parte, Susana Sierra, siempre en la línea de la transparencia y la confianza, explica que las instituciones que no cuentan con la confianza se deslegitiman, y si la convención se llega a deslegitimar, puede ser muy grave. Todas las instituciones que tenemos en el país cuentan con una confianza baja.

Miriam Henríquez se refiere a los dos tercios y es clara en decir que no todos están de acuerdo con el quórum de los dos tercios, “se sigue considerando alto para algunos y se pretende cambiar”, dice y continúa. “Hay quienes creen que este quórum se tiene que aplicar de manera estricta. Lo que ocurrió el día jueves es que se fijó que el reglamento de la comisión de participación y consulta indígena, algunas de las partes de este reglamento, tenían que aprobarse por los dos tercios.”

Sobre la discusión y cuestionamientos que se han dado al interior de la convención sobre la regla de los dos tercios, Henriquez explica que se presentan dos situaciones; por una parte se aprovecha la situación, en el buen sentido de la palabra, para cuestionar la regla de los dos tercios, por aquellos que nunca estuvieron a gusto con esa regla; y para interpretar cuándo se aplica la regla de los dos tercios. Entonces, si no estamos discutiendo, dice la académica, sobre normas constitucionales porque estamos discutiendo sobre el reglamento, por supuesto que no caben los dos tercios, salvo que se esté aprobando algo que tenga que ver con las reglas de la votación, explica.

Los panelistas se preguntan cuál debería ser el estándar para juzgar a los constituyentes a partir de cómo se ha abordado la situación del constituyente Rojas Vadem y cómo ha afectado la confianza pública de la convención.

Miriam Henríquez es clara en decir que la situación con Rojas Vadem ha sido muy grave, y se ha traicionado la fe pública. Me preocupa, señala, que esto haya sido calificado como un error, sin embargo, el error es algo involuntario, y aquí estamos en presencia de un montaje sobre una enfermedad que no existía y que fue, de alguna manera, la base de su campaña, por la que votaron más de 19.000 votantes. Pienso que con la sola renuncia a la vicepresidencia de Rojas Vadem, no se alcanza a cumplir el propio estándar que la convención se ha fijado, ellos mismos han dicho que quieren tener un estándar más alto de probidad, de transparencia, de participación, para que la convención trabaje con toda la legitimidad necesaria y que pueda transmitirse a la nueva constitución. Por lo tanto, continúa la académica, si simplemente pensamos que esto fue un error, claramente eso no es admisible, porque se trata de una situación inexcusable.

¿Que tiene que hacer la convención para recuperar la confianza ciudadana, se preguntan los panelistas? Se debe exigir que sean coherentes con el anhelo de alcanzar un estándar superior, señala Larraín.

Mi propuesta, señala Miriam Henríquez, es que la convención tiene que concentrarse en el trabajo que le corresponde. De hecho, esta última semana iba bien porque se iba a votar el reglamento en general, y estarían concentrados en eso. Porque la ciudadanía también cuestiona eso, que se asuman cosas que están al margen de la convención. Por ejemplo, dice, se había señalado que no se iba a votar como una norma reglamentaria lo que tenía que ver con levantar el secreto vinculado con la Comisión Valech. “Yo creo que esa decisión es valiosa, pensando que la ciudadanía espera que la convención se aboque a lo que es fundamental, que es presentar un texto de nueva constitución”, dice.

Finalmente la investigadora asociada al CiPP expone su anhelo para la próxima semana y resalta la importancia de que cuando el pleno nuevamente se reúna, el asunto de los dos tercios esté más decantado para que no ocurra que cuando se tengan que votar las normas en general, o las discusiones en general y en particular, no se vuelva a instalar el tema de qué es por dos tercios y qué no es por dos tercios, concluye Henríquez.

Para poder ver esta última edición puedes ingresar en el siguiente link.